¿Y dónde está el alcalde de Tuluá?

Comandante de Policía Valle ofreció $10 millones a quien de información sobre atentando terrorista a CAI de la Transversal 12, pero no expresó ni una palabra sobre la muerte de ‘Monito’, la mascota que permanecía en el lugar.   

Por: Robert Posada Rosero  

La situación de desgobierno que vive Tuluá en todos los frentes, “es la crónica de una muerte anunciada”, muchas veces advertimos sobre la situación que podría devenir si se permitía que impusieran en el primer cargo del municipio a una persona sin capacidad de decisión amarrado a compromisos electorales.   

La actual situación de la Villa de Céspedes es francamente deplorable: no hay nada importante para mostrar en estos 15 meses, más allá de las acciones normales, que casi, por la fuerza de la dinámica se deben realizar en la función pública, lo demás ha sido improvisación, caos, confusión y corrupción.  

Lo único que al parecer hoy tienen claro los tulueños, es que no hay un líder que guie los destinos de la ciudad, no hay autoridad que infunda respeto en sus subalternos y mucho menos en la ciudadanía, y ni que decir de los bandidos, todos se sienten con “alas” para actuar a sus anchas, los hechos y las cifras no mienten ni dan lugar a discusiones estériles.    

Desde el inicio de la pandemia por covid se dieron bandazos, hubo confusión y falta de reacción, al final se apegaron únicamente a todo lo que ordenaran desde Cali o Bogotá; las cifras de criminalidad del 2020 son contundentes, presentó un aumento del 40 por ciento, con 151 homicidios frente a los 108 del 2019, y solo con el inicio de la temporada de lluvias ocasionada por el fenómeno de la Niña la situación en la zona rural ya es calamitosa.  

La inseguridad campea en la ciudad, al punto que desperté con el mensaje de un ciudadano que se quejaba porque “Estamos sitiados en la zona rural y urbana”, una radiografía que no necesita mayor ampliación ni explicación, ese es el sentir de muchos habitantes de Tuluá. 

John Jairo Gómez y su exgerente de campaña, coronel (R) Jorge Gallego Chávez.

Y como no sentirse angustiados con lo que está aconteciendo en materia de seguridad, el pasado 14 de marzo cuatro uniformados resultaron heridos tras un atentado terrorista de disidencias de las Farc en la vereda La Diadema y la noche del 20 de marzo los hampones se hicieron sentir en el propio caso urbano de Tuluá, donde al parecer detonaron una granada hiriendo a un subintendente y matando a ‘Monito’ el perrito que permanecía en el CAI. 

El fracaso en el manejo de la seguridad es innegable e incontrovertible, con esos resultados y un alcalde con AUTORIDAD hacia rato habría habido relevo en la secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad, y el coronel (R), Jorge Gallego Chávez, ya tenía que haber dado un paso al costado para que alguien más capaz en la materia asumiera la dirección de dicha dependencia. 

Pero esto no va a pasar y no pasará, sencillamente porque Gómez Aguirre no tiene el control, no manda, no dirige, no lidera. Es uno más que cumple órdenes, como lo hace el hermano de una concejal en el hospital Rubén Cruz Vélez, donde se dan el lujo de devolverle hojas de vida el mandatario local, advirtiéndole que solo las reciben si las trae el pariente de la concejal con el visto bueno de la ‘Patrona’ de Guacarí, mientras la edil aplaude como foca todos los desaciertos de la actual administración. Situación que se repite en varias secretarías.

En esta columna de opinión no quise referirme a la evidente incompetencia del alcalde John Jairo Gómez Aguirre, hoy siento la necesidad de expresar mi solidaridad con él, quien debe estar pasándola muy mal: despreciado y rechazado por una amplia franja de la ciudadanía tulueña y maniatado para sacudirse de los amarres que no lo dejan ni lo dejarán avanzar. 

Adenda: Contraloría, Procuraduría y Fiscalía deben poner los ojos sobre las actuaciones realizadas en Tuluá amparados en la declaración de calamidad publica y urgencia manifiesta, figuras utilizadas para contratar de manera directa y a dedo, saltándose los controles habituales ordenados por la ley.    

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