Concejal del partido Verde, Sandra Arrubla, denuncia irregularidades en recaudo de Industria y Comercio, mientras crece la sensación de que los bandidos se apoderaron del control de la ciudad.
Por: Robert Posada Rosero
Algo huele muy mal en Tuluá, por dónde se mete la cabeza sale un olor nauseabundo de podredumbre que indigna pero sobre todo mantiene en zozobra permanente a sus habitantes, quienes hoy se preguntan, quién o quienes son los nuevos «patrones» del pueblo.
Justo en el momento que el país está crispado por la discusión de una nueva Reforma Tributaria, Juan Manuel Santos hizo seis en ocho años, y los ciudadanos claman por menos corrupción para evitar aumentar la tributación, se denuncia que en Tuluá se estarían cometiendo irregularidades en el recaudo de impuesto de Industria y Comercio.
La cifra de los supuestas ilegalidades en este primer año del gobierno de John Jairo Gómez Aguirre ascenderían a más de $1.500 millones de pesos, según denunció la concejal del partido Verde, Sandra Arrubla, quien con el apoyo de otros ediles independientes y de oposición citó por escrito a control político a la secretaria de Hacienda, Eliana Andrea Bedoya Bueno.
Sus denuncias no han sido escuchadas, muy por el contrario, los concejales del partido de la U, el mismo que en cabeza de su líder Dilian Francisca Toro, salió a anunciar una oposición férrea a la Reforma Tributaria, cerraron filas para negar la citación a debate de Control Político, imponiéndose por mayoría, sin siquiera dar un solo argumento para tal negativa.
«aquel a quien beneficia el crimen es quien lo ha cometido»,
El presidente de la Corporación Diego Fernando Suaza (de la U) rápidamente olvidó los insultos que esa misma semana su colega Consuelo Cifuentes, (también de la U) le había gritado en plena sesión. Los dos comandaron la votación de los esbirros del «Régimen» para evitar que la secretaría de Hacienda tuviera que asistir al recinto a explicar las supuestas irregularidades por más de $1.500 millones, de las que dice, tiene pruebas la concejal Arrubla.
En este punto es preciso citar a Juan Carlos Flores, quien en su columna de este domingo en Semana, acotó, «aquel a quien beneficia el crimen es quien lo ha cometido», una manera muy lógica de intentar demostrar las motivaciones de las actuaciones de los funcionarios, tan dados a creer que siempre se pueden salir con la suya.
Empero, la nueva realidad de Tuluá es más turbia, hasta ahora como en el caso del Concejo Municipal, nadie ha podido descifrar quien manda en la Galería, pese a que desde medios nacionales han denunciado la existencia de «cárteles» o estructuras criminales que controlan los precios del cilantro, la cebolla, la papa, entre otros productos perecederos.
En ambos casos, Concejo Municipal y Galería, se escuchan voces de segundones que salen a decir nada, pero los tulueños continúan sin saber quién o quienes son los verdaderos patrones que hoy tienen sumido a Tuluá en el miedo y la zozobra, mientras crece la sensación de que los bandidos se están apoderando del control de la ciudad.
Adenda: en la sesión de hoy en el Concejo de Tuluá quedó en evidencia que «poderes oscuros» no van a tolerar cuestionamientos a la Administración Municipal y sus aliados, pues hasta un contratista se siente con «alas» para hablarle en tono amenazante a los concejales que exigían claridad sobre contrato de actualización del reglamento interno de la Corporación.
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