El rasgo más llamativo del próximo Gobierno de Portugal es la apuesta por el feminismo. El socialista António Costa, que ganó con mayoría absoluta las elecciones anticipadas celebradas el pasado 30 de enero, estará al frente de un Consejo de Ministros que será paritario por primera vez en su historia, con nueve mujeres y ocho hombres. No es el único elemento que refuerza el poder político de las mujeres en este gabinete: Costa también ha entregado la cartera del Ministerio de Defensa, crucial tras la invasión rusa de Ucrania y sus efectos sobre la potenciación de las estrategias militares, a Helena Carreira, una especialista en sociología militar del Instituto Universitario de Lisboa que desde 2019 dirigía el Instituto de Defensa Nacional. La tercera decisión relevante es el refuerzo en el organigrama de su número dos, la ministra de Presidencia, Mariana Vieira da Silva, que amplía las competencias de su cartera con misiones estratégicas como la coordinación de los fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia, que supondrá la llegada de 16.600 millones de euros hasta 2026, la fecha en la que también finalizará el mandato del actual ejecutivo.
La difusión del nuevo Gobierno generó un inesperado traspié entre el primer ministro, António Costa, y el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, que tenían previsto una audiencia oficial en el palacio de Belém, sede de la Jefatura del Estado, en la tarde del miércoles. Sin embargo, la filtración de nombres en algunos medios irritó a Rebelo de Sousa, que decidió cancelar la reunión. “Si se confirman las carteras, no hace falta una audiencia. Por lo visto, he de darme por enterado por la prensa”, declaró el presidente de la República. A última hora del martes se anunció la composición del nuevo Gobierno, que tendrá 17 carteras (dos menos que el anterior). La reducción más significativa, sin embargo, se da en el escalón de las secretarías de Estado, que se reducen de 50 a 38. Costa ya había anunciado que optaría por un Gobierno más pequeño que el de la legislatura pasada, interrumpida a medio camino por el desacuerdo de la izquierda para aprobar los Presupuestos de 2022, lo que condujo a la convocatoria electoral.
Con las manos libres gracias a la mayoría absoluta, António Costa ha elegido un equipo con más peso político, donde se sentarán algunos de los socialistas que hasta ahora han sonado como posible recambio del secretario general del PS y primer ministro cuando dé por finalizada su etapa. Nadie le discutirá ahora a Costa, entronizado tras el contundente triunfo de enero, la libertad para elegir cuándo abandona la política doméstica. Su arrolladora victoria ha hecho que el debate sobre una hipotética sucesión que, de cuando en cuando, asomaba a la prensa, haya desaparecido por completo. Aun así, Costa sentará en el Consejo de Ministros a los cuatro que podrían reunir, a día de hoy, perfil para sucederle. Dos de ellos repiten en el Gobierno: Pedro Nunes Santos seguirá al frente de Infraestructuras y Vivienda y Mariana Vieira da Silva se refuerza como una superministra y número dos del gabinete. Además ha dado entrada a otros dos potenciales candidatos: Ana Catarina Mendes, que fue líder parlamentaria en la anterior legislatura, y Fernando Medina, exalcalde de Lisboa que perdió en septiembre pasado frente al candidato de una plataforma de centro derecha, Carlos Moedas (Partido Social Demócrata).
La principal sorpresa del nuevo Gobierno ha sido la incorporación de una brillante científica, Elvira Fortunato, como ministra de Ciencia, Tecnología y Enseñanza Superior. Fortunato, que es independiente, llega avalada por una reconocida carrera en la investigación en la electrónica. Desde su laboratorio en la Universidad de Lisboa, creó el llamado “chip de papel” y patentó junto a Samsung una pantalla transparente realizada con materiales ecosostenibles.
La vida política portuguesa lleva casi dos meses paralizada, tras la decisión del Tribunal Constitucional de anular el recuento del voto de los emigrantes que viven en países europeos y ordenar la repetición de las elecciones legislativas debido a las anomalías registradas en el proceso. El nuevo escrutinio ha dado los dos diputados que estaban en juego al Partido Socialista, que ve así más reforzada aún su mayoría parlamentaria. Paradójicamente, la repetición, decidida tras un recurso del PSD, ha restado un diputado a la oposición para sumarlo a la mayoría del PS, que tendrá 120 escaños frente a los 77 del principal partido de la oposición. La nueva Asamblea de la República se constituirá el próximo martes 29 y el Gobierno tomará posesión al día siguiente.
Coralina informó que según testimonios recogidos en Piscinita en San Andrés, al turista italiano si le advirtieron que había tiburones.
Coralina informó que según testimonios recogidos en Piscinita, al turista italiano si le advirtieron los lugareños, que había tiburones y que no se lanzara a nadar en esa zona. Además, un lugar de fuerte choque de las olas, rocoso en San Andrés y «sin equipos de emergencia cerca» por si pasaba algo.
Noticias Caribe.
El italiano Antonio Roseto Degli, de 56 años de edad, es el turista que murió este viernes tras ser mordido por tiburones -serían dos-, en el sector de Piscinitas en San Andrés.
El ataque
Lo que ha trascendido es que esa zona, aunque no es frecuente que los tiburones lleguen hasta allí, en el lugar no habría ninguna señal de advertencia, pero ese punto «si está cerrado hace rato, ahí no deben bañarse».
Además, que según testimonios recogidos por Coralina, lugares si le advirtieron -verbalmente- al extranjero, no meterse a nadar ahí porque cerca, habían visto tiburones.
«Un residente del sector les advirtió sobre la presencia de tiburones y recomendó no ingresar, sin embargo hizo caso omiso», explicaron desde la Corporación.
Momento en que sacaban al turista herido.
Sobre las 12:45 de la tarde el turista llegó con una herida de aproximadamente 35 centímetros de diámetro en su muslo derecho, producto de la mordida del animal, indica The Archipielago Press tras conocer el informe médico.
“Ingresa en malas condiciones generales, en parada cardiorrespiratoria por lo cual se inician las maniobras de reanimación básicas avanzadas en los protocolos establecidos en un lapso de 20 minutos sin éxito. Por lo cual se declara la muerte del paciente«, detalló el parte médico del Clarence Lynd Newball Memorial Hospital.
Nunca antes había ocurrido una muerte por un ataque así.
⚠️Un ciudadano italiano fue la víctima del ataque mortal de un tiburón en el sector La Piscinita en #SanAndres Islas este viernes.👉🏼 https://t.co/OUAAg6zwHu Minutos después, el animal fue visto merodeando el lugar. Así lo grabaron testigos. pic.twitter.com/Il5rv9MZc7
Este caso también dejó ver los problemas que se están registrando, agravados en parte tras el paso del Huracán Iota, para atender emergencias.
La gente fue la que ayudó al turista a salir del agua, y a que se hiciera su traslado a un centro médico.
«Necesitamos una ambulancia permanente en el sur; el trayecto desde el centro es largo, necesitamos soluciones, señalizar los lugares en los qué hay riesgo y un puesto de emergencia porque es un lugar turístico, cobran por todo pero no hay infraestructura», es el reclamo desde la isla.
Prohibido atacarlos
Se trataría de un tiburon tigre, y fue visto minutos después del atauqe, cerca a la costa, advierten que no está permitida su caza.
«En la zona aledaña a Pox Hole está prohibida la pesca con arpón», recordaron. Y “La pesca ilegal está testificada como un delito en Colombia».
Las autoridades deberán determinar qué pasos seguir.
El tiburón que señalan, atacó al turista italiano.
Preocupa la llegada de un puente festivo donde aumenta la presencia de bañistas en las playas y puntos turísticos del Archipiélago. Por eso recomendaron, no bañarse en la zona occidental de la isla.
Además se les ha visto en la zona norte y sur de San Andrés.
La semana pasada se registró el ataque a una gigante mantarraya, muy cerca de la playa donde estaban los bañistas.
Ambientalistas y piden a las autoridades una intervención adecuada frente a lo que está ocurriendo, «los tiburones están en su espacio».
Coralina tras este incidente, practicamente denunció que el acercamiento de estas especies a la costa y aguas pocos profundas, se debe también a que se están arrojando desechos como comida al mar.
Desde el ataque trabajan Armada Nacional a través de Guardacostas, Policía Nacional, Secretaría de Agricultura y Pesca junto al Personal de Coralina «para la protección de los tiburones, debido a que estos animales tienen protección».
Hay una regulación a nivel nacional «y adicionalmente protección local en el marco de la acción popular que obliga a todas las autoridades a su protección desde hace más de 14 años».
La población de tiburones en la Archipiélago se ha recuperado; «logrando incluso un segundo lugar a nivel mundial de acuerdo con investigaciones científicas recientes. Lo que nos indica que los ecosistemas de la Reserva de Biosfera han tenido mejoría en el tiempo».
Comunicado de Coralina.
En la isla de Providencia (previo al paso del huracán Iota) hubo un incremento del turismo especializado, con el fin de hacer buceo con tiburones, lo que resultó positivo para el turismo.
Los tiburones que merodean estos días cerca a las playas, son de la especie Galeocerdo Cuvier, de gran tamaño.
«Esta es una de las especies, con gran distribución en los países del Gran Caribe que suele permanecer en aguas profundas durante el día y se alimentan en aguas someras durante la noche», explican.
«Es el hombre quien muchas veces ingresa a perturbarlos», advierte Coralina.
Piden además, «no realizar malas prácticas ambientales como arrojar restos de alimentos al mar, pues esto puede atraer tiburones u otras especies cerca a la costa».
Son cerca de 92 familias, un pueblo indígena, que tuvieron que dejar sus viviendas debido a que sus vidas corrían peligro por la violencia.
Son cerca de 92 familias, un pueblo indígena, que tuvieron que dejar sus viviendas debido a que sus vidas corrían peligro por la violencia.
Noticias Nariño
Por cuenta de los constantes combates entre grupos armados, un pueblo indígena de la costa de Nariño fue desplazado completamente de sus territorios, por cuenta de la violencia.
Así lo denunciaron desde el resguardo indígena AWA, tras indicar que cerca de 92 familias tuvieron que dejar sus territorios.
“La violencia nuevamente azota a estos nichos sociales, fueron cerca de 280 indígenas del municipio de Barbacoas, que se ha visto afectado por el conflicto desde hace varios años”, señalaron
Por ello, desde la Coordinación de Asuntos Humanitarios en Colombia, reportaron que estas comunidades pertenecen al resguardo indígena Pipalta Palbí Yaguapi;y que tuvieron que dejar sus tierras debido a que sus vidas corrían peligro al encontrase completamente confinados.
Señalaron que la totalidad de familias mencionadas corresponden al conjunto completo de esta comunidad étnica que se encuentra resguardada en el centro poblado Buenavista.
Sin embargo, denuncian que se encuentrab bajo fuertes condiciones de hacinamiento.
Así mismo, indicatron qué el 30 % de los desplazados son hombres; mientras que el 27 % son mujeres y una elevada cifra corresponde a menores de edad.
El cliente no sospecha que el barbero que en estos momentos le afeita a cuchilla tiene la cicatriz de un balazo en la pierna izquierda. No sabe que hace cuatro años tuvo que salir huyendo de Nicaragua, su país natal, perseguido por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. No puede imaginarse que el joven que esta mañana de febrero le corta el pelo de forma gratuita en un parque de San José, la capital de Costa Rica, tuvo que esconderse en la montaña junto a una veintena de campesinos después de que la policía asesinara a dos de sus compañeros y a él le hiriera de un disparo. Que cruzó la frontera ilegalmente y ha sobrevivido los últimos cuatro años con trabajos mal pagados, cambiando de casa cada pocos meses, aterrado ante la creencia de que pueda haber espías de Ortega tras sus pasos. No se hace una idea de que hoy, David Montenegro, un treintañero de gesto afable, barba y cara pecosa, se gradúa en un curso especial de peluquería impulsado por una ONG que ayuda a exiliados nicaragüenses a integrarse en la vida laboral de Costa Rica, el país de acogida.
David Montenegro, exiliado nicaragüense, una mañana de febrero en un parque de San José, Costa Rica. Alejandro Santos
El sol abrasa sobre San José, pero Montenegro no se inmuta y maneja la cuchilla con soltura sobre el cuello de su cliente. Le limpia la cara con una toalla y da por concluida su labor. Como examen de final de curso, este sábado él y sus compañeros han acudido al parque Centenario, al costado de una iglesia con el descriptivo nombre de Nuestra Señora de los Desamparados. Espera que el título de barbero le ayude a conseguir un trabajo mejor, o por lo menos, le genere un ingreso extra. Ahora mismo se gana la vida como repartidor, pero también ha sido mecánico, jardinero o albañil. Cualquier cosa con tal de sobrevivir.
“Lo más difícil fue abandonar el país donde tenía esperanzas y una vida planeada. La llegada fue muy dura: no conoces a nadie; nadie te espera; apenas tienes dinero. Buscas de obrero con lo poco que sepas. Son países muy distintos” Nicaragua y Costa Rica, dice Montenegro.
San José se ha convertido en la capital del exilio nicaragüense después de que el régimen de Ortega, antiguo revolucionario sandinista reconvertido en autócrata, reprimiera con brutalidad una insurrección popular que se alzó en contra de una polémica reforma del sistema de pensiones en 2018. Las fuerzas policiales y paramilitares asesinaron a 355 personas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Luego de desarticular la rebelión ciudadana, el Gobierno inició una persecución judicial y política que derivó en éxodo hacia el país vecino: 121.850 nicaragüenses han solicitado refugio en Costa Rica desde entonces, el 88% de todas las peticiones que recibe el país centroamericano, de acuerdo con los datos de enero de 2022 de la Dirección General De Migración y Extranjería. Pero menos de un 30% se conceden.
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Mientras esperan una respuesta, los exiliados se buscan la vida como pueden. Montenegro empezó el curso de barbero en 2019 por una iniciativa de S.O.S. Nicaragua, una ONG fundada por otros exiliados que asegura que ya ha atendido a más de 200.000 nicaragüenses. Ofrece cosas tan básicas como proporcionar alimento, un techo, asistencia sanitaria o acompañamiento jurídico para moverse por el laberinto burocrático que recorren los solicitantes de refugio. También conseguir trabajo, una de las batallas más arduas a las que se enfrentan en un país donde la xenofobia se ha generalizado en los últimos cuatro años de la mano de una grave crisis de desempleo profundizada por la pandemia.
Cuando estallaron las protestas de abril de 2018, Montenegro había retomado sus estudios de secundaria en Estelí. Ya había tenido que abandonarlos más joven para emigrar a Honduras. “Fue una explosión social, una revolución no armada”, dice de las movilizaciones. “Me fui a apoyar un tranque [barricada]. Nos mandaron a la policía y a los paramilitares. Nos enfrentamos con ellos, pero teníamos piedras y valor más que todo”. Fue ahí cuando asesinaron a sus amigos. Pasó en la montaña dos meses y medio, con una herida de bala que no pudo curar bien y armado con un fusil de caza. “Fueron días de hambre, frío, sueño. No podíamos encender una fogata porque el ejército te detecta”.
“Solo nos da para sobrevivir”
Después de la huida llega el exilio. Un camino que para muchos es casi tan crudo como la vida que han dejado atrás. “Subsistimos, solo nos da para sobrevivir”, sintetiza Pablo Hernández (58 años), que malvive junto a su amigo Antonio Silva (50 años) en una cuartería, una nave repleta de habitaciones de apenas un metro de ancho por dos de largo en la que se hacinan decenas de personas. Hernández trabaja por menos de 10 dólares diarios en un puesto callejero de frutas y verduras cerca de la Catedral, en el centro de la ciudad. La cuartería queda a cinco minutos.
Antonio Silva, exiliado nicaragüense, junto a su hijo Edison en la cuartería en la que vive en San José, Costa Rica, este febrero.Alejandro Santos
Por fuera es un edificio naranja con puertas de chapa, pintura raída y grietas en las paredes. Por dentro hay dos pisos en los que se reparten los cuartos. Algunos son individuales, en otros viven familias enteras. Apenas hay luz natural. Una habitación enrejada hace las veces de lavandería. Varias cuerdas cuelgan de un lado a otro y conforman una madeja de ropa tendida. Al fondo, otro espacio funciona como cocina común. En la pared, iluminado por la luz blanca de una bombilla, hay un dibujo de una ventana con un paisaje que trata de aportar un poco de verde entre tanto gris.
Las habitaciones de Hernández y Silva, como todas, no cuentan con ventilación, y al abrir la puerta se nota el ambiente recargado. En varias baldas se acumulan las pocas posesiones que les quedan: ropa, fotografías de la familia que quedó en Nicaragua, calendarios, estampas religiosas… Hernández viste unos vaqueros salpicados de lejía y de su cuello asoma una cruz; Silva lleva ropa de faena. Tiene manos gruesas de obrero manchadas de pintura blanca y un corte de pelo a cepillo.
El exilio se ha hecho presente en sus rostros en forma de marcadas arrugas. “Estamos fregados”, resume Hernández. “El problema es que no solo somos nosotros, tenemos familia allí y también sobreviven. Hay que mandar algo”. Las cuentas no salen: un ingreso mensual de menos de 250 dólares, un alquiler de 142. “Es un estrés constante para juntar cada dólar”. En un cartel encima de su cuarto, el eslogan de una marca de supermercados, “cumple tus deseos”, se burla de ellos.
Antonio Silva, exiliado nicaragüense, en su habitación de una cuartería en San José, Costa Rica, este febrero. Alejandro Santos
Los dos amigos también se involucraron en las protestas de 2018. “Estuvimos tres meses en los tranques. Solo íbamos a casa a ducharnos, comer y salir otra vez”, recuerda Hernández. Se enteraron de que se habían convertido en un objetivo del régimen y salieron del país de incógnito ese mismo año. “En Nicaragua un solo hombre [Ortega] domina todos los poderes. Su palabra es ley. Solo lo apoya un 15%, pero tienen las armas”. Ambos llegaron sin papeles y con apenas unos pocos cientos de dólares en el bolsillo.
“En vez de presos, estamos aquí libres. Con un poco de hambre, pero seguros”, dice Silva. Lo hace como si no se lo creyera demasiado, después de cuatro años como albañil en jornadas que empiezan de madrugada y acaban ya de noche cerrada. Estos días está visitándole su hijo, Edison, que sigue viviendo en Nicaragua y a los 18 años ha tenido que dejar sus estudios y convertirse en vendedor callejero para contribuir al ingreso familiar. Cuando se les pregunta si se puede sacar fotos, exigen ver el carnet de prensa y el pasaporte. El terror a que los brazos de Ortega les alcancen aun en el exilio es constante.
Pablo Hernández, exiliado nicaragüense, en su habitación de una cuartería en San José, Costa Rica, este febrero.Alejandro Santos
Un rato después, en el puesto en el que trabaja, Hernández rebuscará entre las verduras que vende para sacar un cuaderno cuadriculado con pegatinas infantiles en la primera página. Dirá que en su juventud luchó en la Contra, un grupo armado financiado por Estados Unidos que intentó acabar en la década de los 80 con la revolución sandinista.
En el cuaderno enseña el diseño de una operación militar escrita a bolígrafo azul y asegura que forma parte de un grupo de 25 excontras que están buscando financiación para luchar contra Ortega. “Lo que sobra es gente, lo que faltan son armas”. Una alternativa fruto de la desesperación que la mayoría de sus compatriotas exiliados entrevistados para este reportaje no comparten. “Nosotros no queremos estar aquí, queremos volver a nuestro país. Es como decía Rubén Darío: ‘Si pequeña es la patria, uno grande la sueña”, concluye Hernández.
Crisis migratoria
En la otra punta de la ciudad, se encuentra una nave azul a la que se llega por un camino de tierra. El Gobierno costarricense la ha habilitado como centro para solicitar el estatus de refugiado. Decenas de personas esperan sentadas en sillas colocadas a un metro de distancia como precaución ante la pandemia. Allí se encuentra la oficina de Allan Rodríguez, jefe de la Unidad de Refugio, que confiesa que en 2018 la administración se vio superada, y que tras años de recortes no cuentan con los fondos suficientes para afrontar un problema de tal calibre.
Exiliados nicaragüenses rellenan sus solicitudes de refugio en San José, Costa Rica, este febrero. Alejandro Santos
Rodríguez rechaza hablar de crisis migratoria: “El Estado tiene capacidad para atender el tema, pero necesitamos mayor apoyo de la comunidad internacional”. Sin embargo, reconoce que el 95% del personal y la infraestructura empleadas han sido aportadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Carlos Huezo, presidente de S.O.S. Nicaragua, discrepa con Rodríguez. Considera que el sistema de asilo sí que está desbordado, una opinión que comparten otros expertos y oenegés: “Si hubiera un sistema ágil, habría una inserción más rápida. Es una crisis humanitaria que viene de antes”. La realidad es que el proceso de refugio puede alargarse años. El carnet de solicitante otorga de por sí cierta seguridad jurídica, pero encontrar trabajo solo con él es complicado, coinciden todos los entrevistados.
Yolanda Morales, exiliada nicaragüense, muestra su carnet de solicitante de refugio, este febrero en San José, Costa Rica. Alejandro Santos
Yolanda Morales (33 años) señala que su solicitud de refugio puede no resolverse hasta 2027. Aun así, muestra con una sonrisa radiante su carnet de solicitante mientras hace cola en el recinto habilitado por Migración. Se gana la vida como trabajadora del hogar. En Nicaragua era empleada del Gobierno, pero después de la represión de 2018 renunció. Ahí comenzó “el asedio”, explica: acoso de la policía, pedradas contra su casa. Decidió huir con su hijo en agosto de 2021. “Sufrimos discriminación por ser migrantes. Y no podemos ayudar a nuestra familia, apenas vivimos aquí como para mandar plata”, narra.
Las miles de historias personales repartidas por la ciudad aportan la dosis de realidad que las cifras oficiales no pueden contar. Y el goteo de exiliados no cesa. Manuel Salvador (22 años) cruzó a Costa Rica en una lancha hace un mes y quiere retomar los estudios que tuvo que abandonar por oponerse al régimen. Devanire Cárdenas (36 años) formaba parte de la Juventud Sandinista; renunció después de ver la represión y ahora solo le da para pagar el alquiler y la comida. José Huerta (47 años) trabaja de estibador, pero el dinero no le alcanza; necesita un empleo estable y con el carnet de solicitante no lo consigue. Sandra (43 años) ni siquiera se atreve a dar su nombre real. Ha dejado en Nicaragua a sus dos hijos universitarios, y teme que sean un objetivo fácil para la policía. Dice que han sido años muy duros. Y que ojalá ocurra un milagro que se lleve a Ortega.
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La mansión del oligarca Roman Abramóvich en Antibes, en la Costa Azul francesa.Albert Garcia
Iba a ser su gran retorno. Después de dos años de pandemia que han mantenido a la mayoría de oligarcas rusos alejados de su lugar favorito de recreo estival, la Costa Azul se preparaba para su regreso. Y con ello, la vuelta a la normalidad de esta región del sureste de Francia de celestes aguas, la de los yates sobredimensionados desde Saint-Tropez a Mónaco y el trasiego de coches de lujo entre fastuosas mansiones,adquiridas no siempre en condiciones claras por los magnates enriquecidos a la sombra del Kremlin. Sin embargo, ya no vendrán. Las fuertes sanciones impuestas a Rusia por su invasión unilateral a Ucrania, que incluyen una lista negra de dirigentes y oligarcas cercanos al presidente Vladímir Putin —cuyos bienes en Europa, el Reino Unido y Estados Unidos están siendo investigados y congelados—, se han asegurado de que la Riviera francesa sea, a día de hoy, el paraíso perdido de los millonarios rusos.
Como cada invierno, muchas de las persianas permanecen cerradas en Saint-Jean-Cap-Ferrat, un coqueto pueblo al norte de Niza. Se calcula que al menos medio centenar de poderosas familias rusas poseen una mansión en esta localidad a tiro de piedra de Mónaco. “Aquí no hay nadie ahora, los rusos solo vienen en verano”, confirma el dueño de un taller próximo a Villa Shosana, la mansión de Arkadi Rotenberg, cerrada a cal y canto. Este oligarca y su hermano Boris —que también posee varias casas de lujo y hasta un hotel en la Costa Azul francesa— están sancionados por Estados Unidos por su proximidad a Putin.
En Cap-Ferrat se encuentra también la inmensa propiedad de Aleksander Ponomarenko, uno de los 511 nombres de la lista negra europea, al igual que Gennadi Timchenko, considerado por la UE como uno de los “confidentes” de Putin y dueño de una mansión al sur de Cannes. “De todos modos, ni en verano vemos” a los oligarcas, cuenta una vecina, porque permanecen en sus mansiones rodeadas de altos muros y cámaras de vigilancia que impiden cualquier mirada curiosa. Stephan Slazansky, que lleva 20 de sus 60 años asentado en Cap-Ferrat, ha colgado una gran bandera ucrania en su balcón “en apoyo a los ucranios” y “para que se vayan los rusos” del pueblo. “Hay demasiados aquí, desde hace 10 años lo compran todo” en la zona, lamenta este hombre de origen checo al que la invasión trae muy malos recuerdos.
Francia no dice a qué oligarcas rusos tiene en su mira. Pero no permitirá que se le cuele “ni uno”, promete el ministro de Economía, Bruno Le Maire. Esta semana, anunció la incautación del yate Amore Vero, del principal accionista de Rosneft, Igor Sechin, otro sancionado de la UE. También la policía italiana ha congelado ya villas y yates por al menos 140 millones de euros de oligarcas en la lista negra europea, informa la agencia Reuters.
Aunque sus principales intereses e inversiones estén en Londres o Suiza que, como Mónaco, se ha unido de forma inédita a las sanciones, el corazón de muchos oligarcas rusos —y otros ciudadanos menos poderosos y nada vinculados a Putin— está en una Costa Azul en la que durante décadas desembolsaron cientos de millones de euros para construirse sus mansiones a su capricho o hacerse con las más icónicas, como el Château de la Croëde Roman Abramóvich en Antibes, donde se alojaron Eduardo VIII y su esposa, Wallis Simpson, entre 1938 y 1949.
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Yates de lujo en el puerto de Antibes, en la Costa Azul francesa. Albert Garcia
Un vínculo que viene de largo: en 1856 desembarcó por primera vez en Villefranche-sur-Mer, al lado de Niza, Alejandra Fiódorovna, la viuda del zar Nicolás I. Alegando motivos de salud, su viaje escondía una misión estratégica que resuena hasta hoy: tras la derrota de su marido en la Guerra de Crimea, su hijo y nuevo zar, Alejandro II, buscaba un acceso mediterráneo para su flota y había puesto el ojo en ese puerto en el que Rusia acabaría teniendo en usufructo una base naval hasta 1870. La zarina arrastró a la francófila y aristocracia rusa y muchos nobles eligieron la Riviera gala para pasar los inviernos. Muestra de su huella es la catedral de San Nicolás, la iglesia ortodoxa rusa más grande de Europa occidental, en Niza, construida en el lugar donde murió, en 1865, el hijo mayor de Alejandro II, el zarévich Nicolás Aleksándrovich, enviado a Francia por su mala salud. Ahí se instalaron también muchos rusos blancos que huían de la revolución bolchevique. Hasta hoy, sigue siendo el punto de encuentro de los alrededor de 15.000 miembros de la comunidad rusa en la Costa Azul.
Uno de los primeros oligarcas en retomar la tradición iniciada por los zares fue Borís Berezovski, el aliado de Borís Yeltsin que en 1996 se hizo con el Château de la Garoupe, también en Antibes.
Hasta Putin tiene vínculos con el sur de Francia. En Biarritz, en el País Vasco francés, su exmujer Liudmila tiene una mansión que, dos días después de la invasión ucrania, amaneció con pintadas contra Putin y en apoyo de Ucrania. Una de las dos hijas de la pareja también tiene residencia en Biarritz. Mientras, en la Costa Azul la prensa sitúa sendas viviendas de lujo de al menos dos de sus presuntas antiguas novias, la excampeona olímpica de gimnasia artística Alina Kabáyeva y Svetlana Krivonogikh, adquiridas con una fortuna que nadie parece saber cómo forjaron. Según revelaron los Papeles de Pandora [una investigación periodística sobre la creación de sociedades en países como Panamá], Krivonogikh posee un apartamento de cuatro millones de euros en Mónaco donde, dicen los lugareños, se concentran más rusos por metro cuadrado de toda la Costa Azul y cuyo club de fútbol, el AS Monaco, está también en manos de un ruso, Dmitri Ribolovlev, por el momento no investigado.
Los primeros golpes no han despejado la duda de si las sanciones lograrán su objetivo: provocar una ruptura entre los oligarcas y Putin. Aunque este llegó al poder gracias al apoyo de los millonarios que temían el regreso de los comunistas tras la caída de Yeltsin, el nuevo presidente se encargó de “atacar a todo oligarca con pretensiones políticas”, recuerda la historiadora Françoise Thom. El resultado, dice esta especialista en Rusia, es que “a partir de 2003, Putin consigue dominar a los oligarcas, les hizo comprender que podían seguir haciendo dinero a condición de que fueran instrumentos dóciles del Kremlin”. Por eso, aunque las sanciones atacan uno de los tabúes de los oligarcas, el de “la pasta no me la toques”, como dice el experto en defensa francés Pierre Servent, no está nada claro que los afectados vayan a volverse contra Putin.
Algunos han comenzado a distanciarse de la guerra. “Pero son declaraciones muy flojas y no es una acción organizada”, advierte la historiadora que, aunque piensa que una “revolución de palacio” sería una de las pocas cosas capaces de frenar a Putin, no cree que los oligarcas sean capaces de liderarla. “No están contentos (…), pero son fuerzas solitarias incapaces de una acción concertada porque no tienen un pensamiento político, son depredadores que quieren enriquecerse, me cuesta creer que tengan una responsabilidad política o cívica”, afirma Thom.
Por el momento, su prioridad parece ser salvar lo que puedan. Abramóvich no ha querido esperar a entrar en alguna de las listas negras internacionales: el mismo día en que Putin ordenó atacar Ucrania, hizo que su avión privado despegara de Niza rumbo a Rusia, según el diario Nice-Matin. La barcelonesa Mireia González, que lleva 10 años trabajando en yates de lujo y vive en Antibes, donde muchos de estos “hoteles flotantes”, como los llama, suelen atracar, confirma este intento de evasión. “Se comenta que muchos de los grandes barcos se están yendo para Maldivas o Seychelles“, cuenta antes de dirigirse a su propio barco que, “por suerte, no es de un ruso”, dice aliviada.
Las sanciones, una oportunidad para acabar con los paraísos fiscales
La sección francesa de la ONG Transparencia Internacional espera que las sanciones contra los oligarcas rusos sean un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción y el blanqueo de dinero. “Tenemos la oportunidad de lograr un giro de 180 grados. Hay que aprovecharlo, porque si no, sea Rusia u otro país, en unos años tendremos el mismo problema”, advierte la especialista de la organización Sara Brimbeuf. “La corrupción es un arma estratégica para muchas dictaduras y regímenes cleptócratas y las democracias tienen ahora la ocasión de contrarrestarla”, insiste por teléfono desde París. Pero para ello, alerta, se debe acabar también con los paraísos fiscales y sociedades pantalla tras los que se ocultan muchas fortunas. “Si nos limitamos a emitir una lista que solo contenga una tercera parte de los bienes, porque el resto está escondido tras marañas jurídicas y judiciales, entonces las sanciones no serán eficaces. Se necesita voluntad política”.
Rodrigo Chaves, candidato a la presidencia de Costa Rica, el pasado 6 de febrero.RANDALL CAMPOS (AFP)
En 2020, la Asamblea de Costa Rica tipificó como delito el acoso callejero. Silbidos, palabras o incluso gestos con connotación sexual son castigados con multas o cárcel. La decisión fue vista entonces como un paso importante para frenar la violencia de género. Dos años después, los grupos feministas dicen que gran parte de la población todavía no entiende la gravedad del acoso sexual ni le importa proteger a las mujeres. Lo dicen porque Rodrigo Chaves, a pesar de haber sido señalado por acoso, está cerca de alcanzar la presidencia. Fue una sorpresa electoral y una muestra de que la violencia de género sigue sin ser un tema principal en el debate político del país centroamericano.
Chaves, candidato del movimiento Progreso Social Democrático, fue sancionado por el Banco Mundial por hacer “insinuaciones sexuales” y llevar “un patrón de comportamiento inapropiado”. Su mala conducta le costó una sanción en 2019, que terminó en su salida del organismo. “Que Chaves esté cerca de llegar a la presidencia del país es el reflejo de una sociedad que todavía no trata a la violencia sexual con la seriedad que amerita”, dice por teléfono Larissa Arroyo Navarrete, abogada costarricense experta en derechos humanos y de género. “Es preocupante que alguien con esos antecedentes sea el presidente. ¿Cuál será el rumbo de Costa Rica en materia de derechos humanos? ”, cuestiona la abogada.
Chaves era un “conocido acosador” dentro del Banco Mundial, según un testimonio recogido por el mismo organismo en el informe que le costó la sanción. Según reveló en 2021 The Wall Street Journal, el comportamiento del aspirante a la presidencia siguió un patrón de hostigamiento que duró al menos cuatro años e involucró a mujeres menores que él. El candidato ha minimizado las denuncias diciendo que los actos que se le reprocha solo fueron “bromas”. “Yo no digo que no cometí errores, pero no era mi intención. Eso es muy tico [los comportamientos por los que el banco le sancionó]. “Así somos los ticos”, dijo a inicios de este mes. Su defensa ha sido decir que los “chistes” con connotación sexual son parte de la cultura de los costarricenses. “Es desalentador darse cuenta de que para un gran grupo de la población ese comportamiento no tiene peso a la hora de votar, es frustrante saber que, a pesar de que llevamos años haciendo un esfuerzo para hablar de la violencia de género, es aceptado e incluso aplaudido el comportamiento de un hombre que tiene un discurso abiertamente misógino”, dice Sofía Álvarez, del colectivo feminista Acción Respeto.
El enfrentamiento, cuyo escenario ha sido Twitter, entre los grupos de derechos humanos y el candidato ha escalado tras la revelación del diario nacional Extra de los extractos de una sentencia del juicio de divorcio del economista con su primera esposa. En varios textos, sobre los que todavía Chaves no confirma su autoría, el candidato se refiere a las mujeres con desprecio. “El hombre exige menos de lo que merece, la mujer merece menos de lo que exige” o “la mujer es el animal de pelo largo, pero de inteligencia corta”, son algunos de los mensajes que se han vuelto virales en redes sociales.
El candidato ha dicho que la publicación hace parte de una campaña sucia y, a inicios de febrero, difundió una carta en la que insinuaba que estaban usando a las mujeres con fines electorales. Sin decir mucho más, pedía perdón por las “incomodidades” que causaron los actos por los que fue suspendido del Banco Mundial. Para los grupos feministas, sus excusas no han sido suficientes. “El candidato ha empoderado a ese sector de la sociedad que cree que la mujer tiene menos valor. Los vemos en redes sociales, los mensajes son violentos y están respaldados por el discurso de un hombre que aspira a ser presidente”, dice Sofía Álvarez. “Ha sido un golpe el resultado de la primera vuelta, fue una bofetada para las mujeres darnos cuenta de que, aunque lo sabíamos, el país no nos escucha. La sociedad ignora las violencias que sufrimos las mujeres poniendo a un candidato como Chaves, contra el que no solo están las acusaciones que se hicieron por parte de subalternas”.
El economista, que tras su salida del Banco Mundial estuvo un corto periodo como ministro de la anterior presidencia, se ha ubicado en las últimas semanas como el favorito para ganar las elecciones del próximo 3 de abril. Según una encuesta de Opol Consultores, de la primera semana de febrero —la única publicada hasta el momento desde la primera vuelta—, a Chaves lo apoya el 49% de los votantes, frente a su rival José María Figueres del Partido Liberación Nacional, que obtendría el 33% de los votos. “La candidatura de Rodrigo Chaves a la presidencia de la República en este país es una verdadera ofensa para las mujeres costarricenses”, decía en un video publicado este mes Gloria Valerín, exdiputada y expresidenta del Instituto Nacional de la Mujer. “Es grave, además de ofensiva esa candidatura. Significa un retroceso en nuestros derechos. Ninguna mujer en este país debería votar por este señor y ningún hombre, que apoye y entienda los derechos de las mujeres como personas, debería apoyarlo”, señalaba la exdiputada.
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La abstención marcó la primera vuelta de las elecciones, celebradas a principios de febrero. Fue la más alta en 60 años. En la primera vuelta, más del 40% de costarricenses se quedaron en sus casas. “La decisión sobre los candidatos que pasaron a segunda vuelta quedó en pocas manos, pero no esperábamos que a Chaves le alcazaran los votos para llegar hasta acá, fue una sorpresa”, dice la vocera de Acción Respeto. La segunda vuelta de las elecciones en Costa Rica enfrentará al expresidente Figueres, señalado por sus opositores de tener prácticas corruptas, contra Chaves.
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Una misión de expertos de Naciones Unidas calcula que las consecuencias del derrame de petróleo de Repsol en el mar peruano afectarán el entorno de la costa central de seis a diez años, indicó el viernes al presentar al Ejecutivo sus hallazgos y recomendaciones en torno al desastre ambiental, según una fuente presente en la reunión. “La misión presentó un adelanto de su informe, que será entregado al Gobierno durante esta semana. Mostró su interés en asesorar el trabajo multisectorial que se realiza para enfrentar los problemas causados por el derrame”, comentó a este diario el nuevo ministro del Ambiente, el científico Modesto Montoya.
El vertido se produjo el 15 de enero y ya afecta a 112 kilómetros cuadrados de mar y litoral, incluidas dos áreas naturales protegidas. La oficina local de la ONU difundió un comunicado el mismo viernes con sus principales hallazgos y recomendaciones. En él no se especifica un periodo de duración del impacto, aunque sí se advierte de posibles efectos “a largo plazo”, sin especificar fechas, en especies como mariscos o conchas de modo que pide un plan de monitoreo con el que determinar cuándo es saludable consumir de nuevo los productos marinos.
El Ministerio de Ambiente de Perú cifra el vertido en 11.900 barriles de petróleo que llegaron al mar de la región Callao cuando el buque italiano Mare Doricum descargaba casi un millón de barriles a la tubería de cuatro kilómetros de la infraestructura submarina de la refinería La Pampilla. Repsol señala que fueron 10.396. El 26 de enero hubo una fuga adicional de seis a siete barriles en el mismo terminal. El fiscal a cargo de la investigación por delito ambiental dispuso que un perito revisara un tramo de la infraestructura para determinar la causa del derrame, pero para moverlo necesitan que el ducto esté vacío. El diario La República informó de que el magistrado suspendió la diligencia de retiro del ducto debido a que en las instalaciones aún quedaban a finales de la semana pasada 2.200 barriles de petróleo. Como ha adelantado EL PAÍS, Repsol ha iniciado acciones legales contra el armador del petrolero y su aseguradora, alegando que un desplazamiento brusco del buque arrancó de cuajo las mangueras y el sistema de descarga de crudo, que según el supervisor peruano estaban “en perfecto estado” en la última revisión.
Mientras tanto, miles de pescadores y comerciantes han perdido su fuente de sustento, y las aves y mamíferos marinos continúan muriendo en las regiones Callao y Lima.
Los expertos de Naciones Unidas estiman que 600 toneladas métricas de crudo afectaron a la costa y han generado más de 40.000 toneladas métricas de residuos contaminados. La misión, formada por 11 especialistas latinoamericanos y europeos, elaboró la evaluación con corte al 7 de febrero, y planteó sus hallazgos el viernes al primer ministro, Aníbal Torres, cinco ministros y autoridades de las seis entidades que participan en la contención del desastre ambiental, entre ellas la Dirección de Capitanías y Guardacostas (Marina) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental.
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Después de tres días de recorrer la zona, el equipo calificó el derrame como “grave”, un “nivel que pone a dura prueba las capacidades de respuesta de cualquier país”, adelantó entonces un comunicado de Naciones Unidas. En su comunicado del viernes indica que “producto de los procesos naturales y las operaciones de limpieza, a 15 días del derrame ya no se evidenciaba la presencia de una gran mancha continua de crudo en el mar. Lo que se observa es la presencia de pequeñas zonas aisladas de contaminación”.
La misión identificó en un mapa -de las regiones Callao y Lima- las zonas de cuevas, acantilados y rocas con hidrocarburo, otras con espuma emulsionada que crea contaminación en la costa, irisaciones en el mar, manchas metálicas cerca de la línea del litoral, y espuma emulsionada entre islas y la costa. Citando a Repsol, dijo que ha avanzado la limpieza de la polución en un 60%.
Los expertos han propuesto como acciones prioritarias la elaboración de un padrón de afectados; un sistema de comando del incidente -en el que participen el Estado y Repsol-; un análisis de necesidades postdesastre; un plan de monitoreo ambiental; y un plan de trabajo y comunicación con las comunidades afectadas. Además, la misión mencionó que el marco legal estatal no ha permitido al Estado abordar de manera integral la emergencia, sino que ha constatado una respuesta fragmentada, no sistemática. Los especialistas destacaron que es necesario poner un foco mayor en la población damnificada.
En la nota de prensa difundida la noche del sábado, la oficina de Naciones Unidas de Perú describe que el derrame ha afectado a las costas de cinco distritos al norte del punto del derrame y a 80 kilómetros de litoral, y ello “lo convierte el peor desastre ecológico que ha afectado al país en su historia reciente”. La ONU agrega que el impacto en la vida silvestre y los recursos naturales ha afectado “duramente a las comunidades locales, especialmente pero no solo a las familias que viven de la pesca y de actividades relacionadas con el turismo”.
En el comunicado la entidad urge a que se realice un análisis integral de la población afectada -por daños, impacto por lucro cesante, género, edad y ubicación-, debido a que hasta el 11 de febrero no existía evidencia de que éste se hubiera realizado. Con dicha evaluación, agrega, podrían garantizarse mecanismos de comunicación y participación de las comunidades en los planes de asistencia y recuperación económica.
Desde que ocurrió el vertido el 15 de enero, debido a la inestabilidad y la crisis política del Gobierno de Pedro Castillo, ya han pasado tres ministros del Ambiente. El viernes, la autoridad ambiental reportó que ha impuesto a Repsol una primera multa de 122.000 dólares por no haber identificado e informado -en el plazo legal- cuáles son las zonas afectadas por el vertido. El director ejecutivo de Repsol en Perú, Jaime Fernández-Cuesta, informó el viernes de que terminarán la limpieza en marzo y que luego pasarían a la fase de reparación ambiental. Los parlamentarios pidieron información sobre el destino final de los residuos contaminados, pero los ejecutivos de la compañía respondieron que no contaban con esa información.
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó también una declaración debido al impacto social a causa del derrame y llamó a las instituciones financieras y de desarrollo y a la comunidad internacional “a cooperar con Perú para brindar ayuda humanitaria de emergencia”.
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El expresidente de Costa Rica(1994-1998) y actual candidato, José María Figueres, este domingo en San José.LUIS ACOSTA (AFP)
El expresidente de Costa Rica José María Figueres se ha impuesto este domingo en las elecciones presidenciales de Costa Rica, al sumar el 27,3% de los votos con el 79% del conteo. El exmandatario, del histórico Partido Liberación Nacional (PLN), se batirá en la segunda vuelta, que se celebrará el 3 de abril, con el exministro de Hacienda Rodrigo Chaves, que ha cosechado el 16,7% de los votos. El predicador evangélico Fabricio Alvarado, con el 15,4%, y que ya pasó a la segunda vuelta hace cuatro años, es el tercer contendiente más votado. Los comicios registraron la mayor abstención en 60 años, con más del 40%.
“Estamos a un paso de empezar la transformación de Costa Rica. Ganamos esta primera ronda por un robusto margen y eso nos da también una enorme responsabilidad. Mañana mismo continuaremos el trabajo incansable para el triunfo final el próximo 3 de abril”, dijo Figueres, que ya gobernó el país en los 90, al conocer los resultados.
El de Chaves es un partido nuevo que escaló sorprendentemente en las últimas semanas. Si se confirman los resultados, el contendor de Figueres para gobernar Costa Rica entre 2022 y 2026 sería un economista que fungió seis meses como ministro de Hacienda en el Gobierno actual, tras llegar al país en 2019, cuando renunció a un cargo en el Banco Mundial después de ser sancionado por conductas inapropiadas de tipo sexual. Chaves aparecía en cuarto lugar en intención de voto en la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), solo una semana antes de los comicios de este domingo, en los que también se eligieron los 57 escaños de la Asamblea Legislativa. El 32% de indecisos que había en la última semana ha podido favorecer al exministro, un hombre con discurso de mano dura que alojó su aspiración presidencial en el debutante Partido Social Democrático (PSD). “El partido más joven de esta campaña pasa a segunda ronda”, aseguró el candidato al verse segundo.
Costa Rica celebró este domingo una jornada electoral a la usanza, con ambiente tranquilo y algo de colorido de banderas en las calles, a pesar de la oferta partidaria tan amplia como insatisfactoria para los electores, reflejada en los elevados índices de indecisión que mostraban las encuestas a pocos días de los comicios presidenciales y legislativos. Todo el mundo daba por hecho que habría una segunda vuelta, que solo se habría impedido si alguno de los candidatos hubiera alcanzado el 40% de los votos.
A las seis de la tarde se cerraron las puertas de los 2.100 centros de votación habilitados en el país. La incertidumbre no evitó que al final de la jornada comenzaran caravanas festivas en varios centros urbanos del país. Los costarricenses, cuyo apoyo a la democracia supera los promedios del continente, confirmaron la ventaja del expresidente José María Figueres Olsen en las encuestas. La cantidad récord de 25 candidaturas para un padrón de solo 3,5 millones de personas ha complicado la decisión para escoger al sustituto del mandatario Carlos Alvarado.
“Mire, yo era el único de mi familia que estaba decidido desde hace dos meses, pero hoy al tomar la papeleta con las manos pensé que no podía arriesgarme y cambié como con una corazonada”, contó Alberto Arroyo, un oficinista bancario de 46 años en La Garita de Alajuela, al oeste de San José, mientras la fila para la votación se mantenía constante. Junto a él, otro hombre llamado Emilio Eduarte, transportista de carga, aseguró que lo suyo sigue siendo fácil: “siempre he votado por el PLN y moriré votando por el PLN”.
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La sensación entre propios y extraños en los centros de votación era que el PLN sí tenía ventaja, pero no la suficiente para triunfar en primera rondas. A pesar del mensaje optimista que dio Figueres al votar a las 7.20 de la mañana, en el que dio por hecho que ganaría en primera vuelta, pocos veían realista que superara el 40%.
“No podemos darnos el lujo de posponer las decisiones importantes”, dijo el expresidente. “Ir a una segunda ronda nos costaría más de 3.000 millones de colones (4,6 millones de dólares) en la organización y dos meses más de indecisión y parálisis”, ahondó al salir de su centro de votación en San Cristóbal Sur de Desamparados, antes de cumplir el rito de visitar la tumba de su padre, el caudillo, estadista y tres veces gobernante de la Costa Rica del siglo XX, José Figueres Ferrer.
El deseo de Figueres, sin embargo, contrastaba con el de sus adversarios, que menos ambiciosos aseguraban que lograrían el acceso al balotaje. El ambiente en las calles no permitía pronosticar el nombre del contendor de Figueres para el 3 de abril. Menos aún la composición de la nueva Asamblea Legislativa, con la previsión de que se perpetúe la fragmentación y de que el nuevo presidente, sea quien sea, gobierne con minoría parlamentaria.
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La mayoría absoluta del socialista António Costa en Portugal está en el diván del análisis desde hace una semana. Los especialistas encuentran dos motivaciones principales para este resultado que nadie previó: la concentración del voto de la izquierda en el Partido Socialista (PS) para cerrar la puerta a un Gobierno conservador que pudiese incorporar a la extrema derecha del Chega y la penalización a los socios minoritarios de la antigua geringonça (la alianza parlamentaria de la izquierda) por no apoyar los Presupuestos.
Si alguna lectura puede extraer de esto la política española, el catedrático de Ciencia Política del Instituto Universitario de Lisboa, André Freire, la sitúa en la coalición que gobierna. “En el caso de España, Unidas Podemos tiene que gestionar bien su papel en el Gobierno y evitar crisis porque puede resultar fatal”, sostiene Freire, que considera el resultado portugués como coyuntural. “Nuestro sistema electoral es poco propicio a las mayorías absolutas. Mi hipótesis es que se ha producido como reacción a las encuestas que daban la posibilidad de un Gobierno de derechas con el apoyo de partidos de extrema derecha”, expone por teléfono Freire, que en 2017 publicó Para lá da “geringonça”: o governo de esquerdas em Portugal e na Europa (Más allá de la geringonça: el gobierno de izquierda en Portugal y Europa).
Portugal y España comparten península, pero no realidad. Todos los entrevistados, en distinto grado, se encargan de advertirlo. “El caso portugués no es un modelo para España. Soy muy escéptico respecto a los paralelismos. España tiene una Guerra Civil y una derecha con una agresividad distinta a la portuguesa. El mapa político español es muy diferente por las nacionalidades”, aclara Francisco Louça, catedrático de Economía de la Universidad de Lisboa, miembro del Consejo de Estado y fundador en 1999 del Bloco de Esquerda, muy penalizado en estas elecciones. Louça, que ha diseccionado la sociedad y la economía portuguesa en una veintena de libros, opina que la reciente crisis política se ha provocado de forma artificial: “Era el objetivo del PS para no tener que depender de acuerdos a la izquierda. España estuvo muchos meses sin acuerdo presupuestario y no pasó nada”.
Primacía de los partidos tradicionales
Las elecciones confirmaron la primacía de los partidos tradicionales. “A pesar de los resultados de Chega e Iniciativa Liberal, en Portugal sigue siendo hegemónico el Partido Social Demócrata (PSD) mientras que el PP español tiene una competencia importante de Vox”, compara Robert Fishman, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III y autor del libro Práctica democrática e inclusión: la divergencia entre España y Portugal (La Catarata), publicado en 2021. “Los socialistas pierden el poder en los dos países en 2011, pero en Portugal se han recuperado plenamente mientras que los españoles no han podido hacerlo”, agrega.
En la misma península conviven uno de los países más centralistas de Europa y otro de los más descentralizados. “No existe una estructura política entre el Gobierno de la República y los municipios portugueses, que sin embargo tienen mucha más autonomía y poder que los españoles. Por otro lado, eso hace difícil hacer inversiones territorializadas y al no tener una política regional se generan problemas de vertebración y de escala”, plantea en una conversación telefónica Gabriel Moreno, profesor de Derecho en la Universidad de Extremadura y con la doble nacionalidad hispano-lusa. Acaba de publicar Cómo se gobiernan los portugueses. Historia constitucional y sistema político de Portugal (Comares), donde analiza el sistema político desde la primera Constitución en 1822, muy condicionada por la de las Cortes de Cádiz de 1812. “Entre los dos países hay influencias recíprocas, pero más en el siglo XIX que en el XX”, sostiene.
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Si la historia corrió de la mano durante las longevas dictaduras de Salazar y Franco, la democracia llegó por caminos distintos. En Portugal se dio un golpe militar en 1974 al que siguió un proceso revolucionario que duró 19 meses y que cortó amarras con el pasado. En España se pactó entre los opositores y los franquistas una salida que incluyó en la nueva democracia a todos por igual, ya fuese el preso político que más cárcel padeció (23 años) como el poeta comunista Marcos Ana o un policía del régimen especializado en hacer hablar con torturas como Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño. Ese pasado condiciona el presente, según Robert Fishman. “Históricamente se han parecido muchísimo en algunos momentos y hay elementos comunes en la sociedad y las costumbres, pero las diferencias han crecido a partir de los setenta de forma inesperada. En algunos aspectos Portugal se ha convertido en el país más exitoso del sur de Europa”, afirma por teléfono.
Hay dos distinciones que Fishman percibe con nitidez. Una tiene que ver con los políticos y su gestión: “Los gobernantes portugueses piensan que es normal escuchar al ciudadano de la calle, mientras los españoles creen a veces que para gobernar bien tienen que desoír a la población, como fue el caso de [José Luis] Rodríguez Zapatero durante la crisis económica”. La segunda es la relación de la ciudadanía con la desigualdad: “Portugal tiene una mayoría social a favor de la distribución de la riqueza a través de las políticas públicas, la opción social hegemónica está a la izquierda”. “Es cierto”, añade, “que en España hay un intento de promover un cambio cultural que trata de incluir a sectores excluidos, pero mientras en Portugal la estrategia de la inclusión de la geringonça se aceptó, la estrategia de la inclusión del Gobierno de España da lugar a conflictos importantes”.
La crispación parlamentaria que se observa en el Congreso de los Diputados no se da en la Asamblea de la República, aunque la próxima legislatura podría asistir a otra atmósfera tras el fortalecimiento ultra. “Aquí hay una especie de flema británica, aunque la ira exista, la expresión de la crispación es distinta en ambos países”, argumenta Pilar del Río, presidenta de la Fundación Saramago, que tiene la doble nacionalidad luso-española y la residencia en Lisboa desde que murió su marido y único Nobel de literatura en portugués, José Saramago, en 2010.
“Es curioso”, comenta por teléfono, “que en España, que siguió el modelo de la geringonça cuando hizo la moción de censura, haya funcionado y en Portugal, no. España está haciendo una buena negociación de las diferencias dentro del Gobierno y en Portugal no lo han conseguido”.
Las divergencias entre la derecha ibérica están condicionadas, según el politólogo Andre Freire, por la propia historia. “No es que en Portugal hubiese purgas muy prolongadas, pero se llevó a cabo una renovación del personal de la administración, la judicatura y los partidos que en España no ocurrió. Los herederos de la dictadura fueron reintegrados en la democracia española y las fundaciones franquistas continuaron siendo financiadas por el Estado, mientras que la rehabilitación de los vencidos solo llegó de forma tardía”, observa. Esto explica, en su opinión, una mayor ideologización de la derecha española respecto a la portuguesa, aunque también destaca que el auge de Vox “está muy ligado a la crisis constitucional” del procés catalán.
El modelo territorial difícilmente abrirá una crisis entre los portugueses, que incluso rechazaron regionalizar el país en un referendo en 1998. Tampoco el 25 de Abril provoca las divisiones que causa la Transición en España. En 2013, en plena crisis económica y social, se registró una reacción del contestado primer ministro, el conservador Pedro Passos Coelho, ante una protesta contra sus recortes en la Asamblea que acaso ilustre más sobre las diferencias entre el PSD y el Partido Popular que un estudio político. Decenas de personas cortaron su discurso desde el palco del público mientras cantaban Grándola vila morena, la canción de Jose Afonso que sirvió de contraseña para activar la Revolución la madrugada del 25 de abril de 1974. Cuando finalizaron, Passos Coelho dijo: “De todas las formas en que una sesión pueda ser interrumpida esta me parece significativamente la de mejor buen gusto”.
