Una misión de expertos de Naciones Unidas calcula que las consecuencias del derrame de petróleo de Repsol en el mar peruano afectarán el entorno de la costa central de seis a diez años, indicó el viernes al presentar al Ejecutivo sus hallazgos y recomendaciones en torno al desastre ambiental, según una fuente presente en la reunión. “La misión presentó un adelanto de su informe, que será entregado al Gobierno durante esta semana. Mostró su interés en asesorar el trabajo multisectorial que se realiza para enfrentar los problemas causados por el derrame”, comentó a este diario el nuevo ministro del Ambiente, el científico Modesto Montoya.
El vertido se produjo el 15 de enero y ya afecta a 112 kilómetros cuadrados de mar y litoral, incluidas dos áreas naturales protegidas. La oficina local de la ONU difundió un comunicado el mismo viernes con sus principales hallazgos y recomendaciones. En él no se especifica un periodo de duración del impacto, aunque sí se advierte de posibles efectos “a largo plazo”, sin especificar fechas, en especies como mariscos o conchas de modo que pide un plan de monitoreo con el que determinar cuándo es saludable consumir de nuevo los productos marinos.
El Ministerio de Ambiente de Perú cifra el vertido en 11.900 barriles de petróleo que llegaron al mar de la región Callao cuando el buque italiano Mare Doricum descargaba casi un millón de barriles a la tubería de cuatro kilómetros de la infraestructura submarina de la refinería La Pampilla. Repsol señala que fueron 10.396. El 26 de enero hubo una fuga adicional de seis a siete barriles en el mismo terminal. El fiscal a cargo de la investigación por delito ambiental dispuso que un perito revisara un tramo de la infraestructura para determinar la causa del derrame, pero para moverlo necesitan que el ducto esté vacío. El diario La República informó de que el magistrado suspendió la diligencia de retiro del ducto debido a que en las instalaciones aún quedaban a finales de la semana pasada 2.200 barriles de petróleo. Como ha adelantado EL PAÍS, Repsol ha iniciado acciones legales contra el armador del petrolero y su aseguradora, alegando que un desplazamiento brusco del buque arrancó de cuajo las mangueras y el sistema de descarga de crudo, que según el supervisor peruano estaban “en perfecto estado” en la última revisión.
Mientras tanto, miles de pescadores y comerciantes han perdido su fuente de sustento, y las aves y mamíferos marinos continúan muriendo en las regiones Callao y Lima.
Los expertos de Naciones Unidas estiman que 600 toneladas métricas de crudo afectaron a la costa y han generado más de 40.000 toneladas métricas de residuos contaminados. La misión, formada por 11 especialistas latinoamericanos y europeos, elaboró la evaluación con corte al 7 de febrero, y planteó sus hallazgos el viernes al primer ministro, Aníbal Torres, cinco ministros y autoridades de las seis entidades que participan en la contención del desastre ambiental, entre ellas la Dirección de Capitanías y Guardacostas (Marina) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental.
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Después de tres días de recorrer la zona, el equipo calificó el derrame como “grave”, un “nivel que pone a dura prueba las capacidades de respuesta de cualquier país”, adelantó entonces un comunicado de Naciones Unidas. En su comunicado del viernes indica que “producto de los procesos naturales y las operaciones de limpieza, a 15 días del derrame ya no se evidenciaba la presencia de una gran mancha continua de crudo en el mar. Lo que se observa es la presencia de pequeñas zonas aisladas de contaminación”.
La misión identificó en un mapa -de las regiones Callao y Lima- las zonas de cuevas, acantilados y rocas con hidrocarburo, otras con espuma emulsionada que crea contaminación en la costa, irisaciones en el mar, manchas metálicas cerca de la línea del litoral, y espuma emulsionada entre islas y la costa. Citando a Repsol, dijo que ha avanzado la limpieza de la polución en un 60%.
Los expertos han propuesto como acciones prioritarias la elaboración de un padrón de afectados; un sistema de comando del incidente -en el que participen el Estado y Repsol-; un análisis de necesidades postdesastre; un plan de monitoreo ambiental; y un plan de trabajo y comunicación con las comunidades afectadas. Además, la misión mencionó que el marco legal estatal no ha permitido al Estado abordar de manera integral la emergencia, sino que ha constatado una respuesta fragmentada, no sistemática. Los especialistas destacaron que es necesario poner un foco mayor en la población damnificada.
En la nota de prensa difundida la noche del sábado, la oficina de Naciones Unidas de Perú describe que el derrame ha afectado a las costas de cinco distritos al norte del punto del derrame y a 80 kilómetros de litoral, y ello “lo convierte el peor desastre ecológico que ha afectado al país en su historia reciente”. La ONU agrega que el impacto en la vida silvestre y los recursos naturales ha afectado “duramente a las comunidades locales, especialmente pero no solo a las familias que viven de la pesca y de actividades relacionadas con el turismo”.
En el comunicado la entidad urge a que se realice un análisis integral de la población afectada -por daños, impacto por lucro cesante, género, edad y ubicación-, debido a que hasta el 11 de febrero no existía evidencia de que éste se hubiera realizado. Con dicha evaluación, agrega, podrían garantizarse mecanismos de comunicación y participación de las comunidades en los planes de asistencia y recuperación económica.
Desde que ocurrió el vertido el 15 de enero, debido a la inestabilidad y la crisis política del Gobierno de Pedro Castillo, ya han pasado tres ministros del Ambiente. El viernes, la autoridad ambiental reportó que ha impuesto a Repsol una primera multa de 122.000 dólares por no haber identificado e informado -en el plazo legal- cuáles son las zonas afectadas por el vertido. El director ejecutivo de Repsol en Perú, Jaime Fernández-Cuesta, informó el viernes de que terminarán la limpieza en marzo y que luego pasarían a la fase de reparación ambiental. Los parlamentarios pidieron información sobre el destino final de los residuos contaminados, pero los ejecutivos de la compañía respondieron que no contaban con esa información.
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó también una declaración debido al impacto social a causa del derrame y llamó a las instituciones financieras y de desarrollo y a la comunidad internacional “a cooperar con Perú para brindar ayuda humanitaria de emergencia”.
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