El proyecto educativo tiene como fin «salvaguardar los oficios y saberes tradicionales del Barniz Mopa – Mopa entre las nuevas generaciones».
Noticias Nariño
El Barniz Mopa – Mopa, es una tradicional técnica artesanal, autóctona del sur de Colombia en San Juan de Pasto, y el objetivo es protegerla para el futuro de las nuevas generaciones.
Esta técnica artesanal es única en el mundo y fue declarada como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.
Los conocimientos y técnicas tradicionales que se abarcan en el Barniz Pasto son tres actividades tradicionales: recolección, carpintería y barnizado decorativo.
Este proceso artesanal permite realizar obras exclusivas y únicas.
Además, durante décadas ha permitido ser una actividad económica de muchas familias nariñenses.
En Nariño se cuenta con talento en dicha técnica. Diversos artesanos se resaltan por sus obras en el Barniz de Pasto. Pero con el paso del tiempo, se ha ido perdiendo este oficio.
Es por ello que la iniciativa de tener una escuela donde se eduque a las nuevas generaciones sobre el conocimiento de la técnica del Barniz, se hizo realidad.
Escuela artesanal
La Alcaldía de Pasto articuló al proyecto desde de distintas acciones que contribuyen a la promoción y difusión del oficio artesanal del Barniz Mopa – Mopa a nivel local, nacional e internacional.
El proyecto está financiado por el Fondo Europeo para la Paz y AECID, en alianza con la Escuela Taller de Popayán para formar a 25 aprendices en Pasto.
Estudiantes de la Escuela del Barniz de Pasto.
“Hasta el 31 de marzo cumpliremos con el plan de formación, recibiremos las cinco piezas que deben entregar como producto final y en el mes de abril iniciaremos con la fase de adecuación de los museos vivos”, explicó.
Museo del Barniz de Pasto
El proyecto permite visibilizar el talento de los nariñenses a través de la entrega de obras finales, donde los estudiantes exponen la técnica del Mopa – Mopa aprendida.
Las obras hechas con la técnica del Barniz de Pasto, serán conservadas y expuestas al público en el museo que tendrá lugar en la capital nariñense.
La colección para el museo vivo, permitirá a los turistas conocer el proceso del barniz en todas sus etapas.
Para la subsecretaria de Formación y Promoción, Dayra Palacios, es «un espacio vital para estos procesos».
Finalizado obras con la técnica del Barniz de Pasto
“Me siento privilegiada por hacer parte de este proyecto. Ser una mujer artesana que enseña la técnica del Mopa – Mopa y contribuir a la salvaguarda del Barniz de Pasto”, dijo la maestra del Barniz de Pasto, Claudia Ximena Mora.
Añadió que los conocimientos entregados a los aprendices en la escuela, tienen como finalidad ser transmitidos a otras personas.
Finalmente Álvaro Andrés Palomino Benavides, uno de los estudiantes, expresó su gratitud y alegria por ser parte de este proceso.
“Me permitió cumplir el deseo de aprender una manualidad, a través de este oficio tan digno que desarrolla nuestro talento artístico”, expresó Palomino.
El respeto a la figura de Isabel II, mucho más en el año en que conmemora el 70º aniversario de su reinado, ha llevado a partidos políticos y medios de comunicación a taparse la nariz al saber que la reina pagará con parte de su patrimonio el acuerdo extrajudicial de su hijo, el príncipe Andrés, en el proceso al que se enfrentaba por abusos sexuales a una menor. El primero en señalar la cifra total del acuerdo alcanzado entre el equipo jurídico del duque de York y los abogados de la demandante, Virginia Giuffre, era el diario The Daily Telegraph, que sugería un montante de más de 14 millones de euros. Otros medios han rebajado a 12 millones la cantidad, pero hay un consenso general sobre la cifra aproximada. Y con la calculadora en la mano, resulta inconcebible que Andrés haya podido lograr de su propio bolsillo el dinero necesario para zanjar el asunto. Oficialmente, cobra 24.000 euros anuales de pensión como veterano de la Armada Real. Y el pasado enero vendió el chalet que tenía en los Alpes suizos, valorado en unos 20 millones de euros pero con una carga hipotecaria de 15 millones.
La presión del Palacio de Buckingham para que Andrés cerrara cuanto antes el asunto era muy grande. 2022 es el año del Jubileo de Platino de Isabel II. Una ocasión que se prolongará durante meses con actos y celebraciones públicas y que la casa real británica contemplaba como la estrategia perfecta para mejorar la imagen de la monarquía. La reina vive su mejor momento de popularidad, a pesar de una pandemia que la mantuvo encerrada en Windsor casi dos años. Y la ciudadanía británica ha aceptado ya la sucesión de Carlos de Inglaterra en el trono, junto a la continuidad que representa su hijo, el príncipe Guillermo. Un asunto turbio como el que suponía un juicio por abusos sexuales a una menor amenazaba con contaminar cualquier esfuerzo de relaciones públicas y estropear un año clave para consolidar la estabilidad de la institución.
Isabel II ha decidido tirar de chequera, y ha contado con la notable ayuda de la prensa conservadora, dispuesta a señalar como único culpable de esta humillación al propio Andrés. Apenas se ha escuchado alguna voz crítica ante la idea de que la Casa de Windsor pague con dinero el silencio de una víctima de abusos sexuales. “Los contribuyentes tienen el derecho a saber de dónde sale el dinero para ese acuerdo [extrajudicial], que debemos asumir que será de varios millones, si no decenas de millones de libras”, ha denunciado Graham Smith, de la minoritaria pero activa organización antimonárquica Republica. A través de internet han logrado recabar más de 3.000 firmas de ciudadanos que exigen una explicación de las cuentas. El líder de la oposición laborista, Keir Starmer, ha decidido sin embargo no hacer leña de la noticia del acuerdo, que “pone fin a un lamentable capítulo”, aunque ha pedido que no se olviden las víctimas de abusos sexuales: “Hay muchas de ellas por todo el mundo, y nunca debemos olvidar esa perspectiva”, ha dicho.
La mayoría de los lujosos gastos del hijo favorito de Isabel II proceden de los ingresos del Ducado de Lancaster. Es una entidad que concentra todos los activos de tierras, patrimonio inmobiliario urbano e inversiones financieras de la reina. Aunque a lo largo de los años ha aumentado el control público de este patrimonio, sigue proporcionando a Isabel II pingües beneficios anuales. La última cifra registrada, en marzo de 2021, era de más de 26 millones de euros. Aunque el Palacio de Buckingham no ha querido hacer ningún comentario al respecto, cualquier ayuda a Andrés, tanto para pagar las costas de su defensa jurídica como para hacer frente al pago del acuerdo extrajudicial, ha tenido que salir necesariamente de ese fondo privado de la reina.
El documento presentado ante el juez estadounidense por las partes, un principio de acuerdo que debe ser ratificado en el plazo de un mes, logra satisfacer las pretensiones del príncipe Andrés y de la demandante, Virginia Giuffre. Sin embargo, el duque de York es claramente el mayor perjudicado en el tribunal que, a todos los efectos, preocupa más al Palacio de Buckingham: el de la opinión pública. El hijo de la reina admite que Giuffre (hoy Roberts de apellido, con 38 años, casada y residente en Australia) “ha sufrido tanto como una demostrada víctima de abusos como por el resultado de los ataques públicos recibidos”, “lamenta su asociación con Epstein [el millonario pedófilo estadounidense] y celebra la valentía que ha tenido Giuffre y otras supervivientes al defenderse a sí mismas y a los demás”. Es decir, aunque evita reconocer expresamente cualquier atisbo de culpabilidad en los presuntos abusos sexuales sufridos por Giuffre, admite su condición de víctima —algo que llevaba años resistiéndose a hacer— y ofrece resarcimiento moral a la manera estadounidense: con una ingente cantidad de dinero. El importe se dividirá en tercios: una parte para la demandante, otra para cubrir la minuta de su abogado David Boies y el equipo que ha trabajado con él y otra tercera para la fundación Victims Refuse Silence (Las Víctimas Rechazan el Silencio) presidida por Giuffre, que ayuda a los supervivientes de abusos sexuales a contar su historia.
Ceremonia de la declaración del monumento por las víctimas como patrimonio nacional del Perú, este martes.Paolo Aguilar (EFE)
Nueve años después de la presión de víctimas de la violencia que afectó a Perú entre 1980 y 2000, el Ministerio de Cultura ha reconocido este martes como patrimonio cultural de la nación El ojo que llora, un lugar de memoria que dignifica a 32.000 personas muertas y desaparecidas durante el conflicto armado interno, cuyos nombres están escritos en cantos rodados. El memorial -compuesto por una gran escultura en granito en forma de montaña y un laberinto en espiral-suele ser visitado especialmente por quienes aún buscan los restos de sus parientes, pero desde su inauguración en 2005 ha sido vandalizado por simpatizantes del fujimorismo.
“Mi hermana sigue desaparecida y yo soy católica, pero este lugar no tiene esa connotación, es tan simbólico que da la posibilidad de reflexionar acerca del tiempo de la violencia, entender y no solo castigar, sino recobrar la humanidad perdida en la atrocidad”, comenta Carolina Oyague, quien va al monumento varias veces al año. Es la hermana de Dora Oyague, una de los nueve estudiantes de la universidad pública La Cantuta que fueron secuestrados y luego asesinados en 1992 por el destacamento militar Colina durante el régimen del autócrata Alberto Fujimori.
El grupo Colina justificaba sus actos como parte de la lucha contra el terrorismo del grupo maoísta Sendero Luminoso, pero tuvo como blancos a personas ajenas a la subversión y opositores al Gobierno. “Vengo aquí en su cumpleaños porque no tengo otro lugar donde rezarle, o a veces cuando había momentos difíciles de la judicialización del caso La Cantuta, porque siempre ha habido un ataque constante”, añade Oyague refiriéndose al juicio que concluyó con la condena de 25 años de prisión para Fujimori y su ex asesor y jefe de facto de las fuerzas armadas, Vladimiro Montesinos.
El ojo que llora fue una creación de la artista plástica holandesa Lika Mutal, que residía en el país andino desde 1968 y fue reconocida como personalidad meritoria de la cultura en 2015 por el Estado peruano, un año antes de fallecer. El espacio de conmemoración fue una iniciativa de la asociación civil Caminos por la Memoria, formada por defensores y activistas de derechos humanos, quienes desde 2013 gestionaron que el monumento fuera reconocido como patrimonio cultural, pero no había una norma que lo permitiera, explicó Carlos del Águila, director general de Museos del Ministerio de Cultura. La legislación existe desde 2020. El reconocimiento del memorial como patrimonio se debe a su valor artístico, histórico e intelectual, indica la resolución ministerial publicada en el diario oficial este martes.
El sitio está incluido desde hace algunos años en el mapa de la UNESCO de los Lugares de memoria vinculados a graves violaciones de los derechos humanos, en la categoría de monumento. En su realización colaboraron autoridades locales y la cooperación internacional, pero es administrado desde 2005 por la asociación civil. La primera ministra Mirtha Vásquez participó en la ceremonia de entrega de la resolución de declaratoria de patrimonio cultural, y calificó el monumento como “una obra que representa la resistencia de las personas que buscan justicia y reparación” y el trabajo heroico de sobrevivientes y familiares de víctimas de la violencia.
Vásquez dijo además que el período 1980-2000 del conflicto armado interno “ha dejado una serie de discursos hirientes”, en alusión a los sectores conservadores y fujimoristas que atacan el espacio ubicado en Lima y desacreditan llamando “terroristas” a los familiares de las víctimas de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos (de 1991, también a manos del Grupo Colina). “Durante muchos años nuestro Estado no estuvo a la altura del resarcimiento”, añadió la primera ministra.
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Los grupos de choque de ultraderecha que atacan el memorial suelen destruir las piedras que llevan los nombres de las víctimas o las retiran del espacio. En 2009, simpatizantes del fujimorismo echaron pintura naranja a la escultura y rompieron el mecanismo por el que brotaba agua de la piedra. “Era pintura de buque porque cepillábamos con aguarrás y no salía, me quedé con las manos lastimadas de tanto raspar”, recuerda Oyague, quien entonces fue una de las voluntarias que limpió la escultura.
“Los seres humanos tenemos un peso evolutivo porque somos capaces de enterrar a los muertos, pero quienes atacan este espacio de memoria no han sido capaces de respetar las pérdidas, lo han hecho incluso en ceremonias aquí. Un grupo de choque fujimorista se lanzó encima de la hija del líder sindical Saúl Cantoral (asesinado en 1989) cuando ella estaba hablando durante una conmemoración”, detalla la víctima del caso La Cantuta.
En los guijarros hay nombres de víctimas civiles, policías y militares, entre ellos, el de Rigoberto Tenorio, asesinado en una carretera en Ayacucho en 1984. “Mi esposo era instructor premilitar en un colegio y había sido policía. Han pasado 40 años y aún sigue desaparecido, desgraciadamente las autoridades dicen que no hay presupuesto suficiente para buscar sus restos. Hace cuatro años una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos recomienda al Estado peruano que repare a sus deudos y haga justicia, yo no pierdo la esperanza”, dice su viuda Cipriana Huamaní, de 74 años.
“He venido al Ojo que llora muchas veces, a todos los lugares de los desaparecidos en los últimos 40 años”, añade Huamaní. Durante la ceremonia del martes, la exintegrante de la Comisión de la Verdad y Reconciliación -que actuó entre 2002 y 2003- Sofía Macher destacó el aporte de la escultora Mutal como motivo para el reconocimiento del sitio como patrimonio cultural. “Ella creó este espacio que significa tanto para miles de personas, es un lugar para encontrarnos con las personas que ya no están y que deberían estar -civiles, policías, militares, ronderos, hombres, niños, mujeres-”, remarcó.
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