Marruecos ya no se conforma con ser un aliado estratégico clave de Estados Unidos y ha firmado un acuerdo de cooperación comercial con China, gran rival de Washington. A su vez, Pekín no se contenta solo con ser el primer suministrador de Argelia y constructor de sus grandes infraestructuras, sino que pretende potenciar en Marruecos, gran rival geopolítico de Argelia, su nueva Ruta de la Seda. Ese es el nombre que el presidente chino Xi Jinping utilizó por primera vez en 2013 para referirse a un amplio plan de infraestructuras que se extiende ya por los cinco continentes. La ruta también está muy presente en el Magreb.
El acuerdo entre Rabat y Pekín fue suscrito el pasado 5 de enero mediante videoconferencia por el ministro de Exteriores marroquí, Naser Burita, y Ning Jizhe, vicepresidente de la Comisión para la Reforma y el Desarrollo Nacional. La firma consolida el encuentro que mantuvo el rey marroquí, Mohamed VI, con Xi Jinping en Pekín en mayo de 2016. Al año siguiente, Marruecos firmaba un memorando de entendimiento sobre la nueva Ruta de la Seda, conocida en inglés como la Belt and Road Initiative (BRI).
Ese memorando no se ha traducido hasta el momento en una lluvia de inversiones ni préstamos chinos para Marruecos. Aquel mismo año el monarca impulsó el gran proyecto de la Ciudad Mohamed VI Tanger Tech, una zona industrial de 200 hectáreas prevista en las afueras de Tánger para acoger a 200 empresas chinas en los sectores de la aeronáutica, el textil, el automóvil, y la electrónica. El proyecto ha resultado hasta el momento un fiasco. Pero no ha sido abandonado.
El nuevo convenio pretende dar nuevo aliento a ese y otros proyectos. Entre algunos de los planes favoritos de Marruecos se encuentra la extensión hasta Marrakech del tren de alta velocidad, que llega ahora a Casablanca desde Tánger. El objetivo de Rabat es llevar los grandes proyectos ferroviarios hasta el Sáhara Occidental.
Una de las grandes obras en las que China ha mostrado interés, según varios medios locales, es la construcción de una terminal de Gas Natural Licuado (GNL). Desde que Argelia cortó en octubre el gasoducto Magreb-Europa (GME), Marruecos se ha visto obligado a buscar alternativas. Y una de ellas podría ser la construcción de esa terminal, para lo que sería clave acceder a créditos de entidades chinas.
El ministro Burita dijo al firmar el convenio que este tiene como objetivo “promover el acceso a la financiación china proporcionada por la nueva Ruta de la Seda para los proyectos de gran envergadura”. Por su parte, Ning declaró que la firma “marca una nueva era en la cooperación entre China y Marruecos”. Y destacó que ese país magrebí es el único de la región que cuenta con tres institutos Confucio, que promueven la difusión de la cultura y la enseñanza de la lengua china.
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Los intercambios comerciales han crecido un 50% en este último lustro. Y la exención de visados para los turistas chinos ha incrementado sus visitas desde los 10.000 turistas de 2015 a los más de 200.000 de 2018, según señaló Burita, en declaraciones recogidas por la agencia Efe.
Es cierto que la presencia china en Marruecos no es equiparable a la que mantiene en Argelia, donde ha construido buena parte de las principales infraestructuras del país y donde residen 40.000 chinos. Pero la colaboración de China, a través de la empresa farmacéutica pública Sinopharm, ha sido clave para que Marruecos se haya convertido en el país de África con mayor número de vacunados contra la pandemia, con el 63% de la población inmunizada con la pauta completa.
Derechos humanos
El entendimiento entre los dos países va más allá de los negocios. Y afecta a la cuestión de los derechos humanos. La visita de Mohamed VI a China en 2016 recogía un acuerdo de extradición. La firma fue ratificada por la Asamblea Nacional Popular china en enero de 2021. Poco después, el pasado julio, fue detenido en el aeropuerto de Casablanca el activista chino Idriss Hassan, de 33 años, perteneciente a la minoría étnica uigur, que profesa en su mayoría la religión musulmana. Hassan, diseñador informático, vivía en Turquía desde 2012 con su esposa y tres hijos en calidad de refugiado. Fue detenido en Casablanca después de que Interpol emitiera una notificación roja que posteriormente anuló. China, censurada internacionalmente por abusos contra la minoría uigur, le acusa de pertenecer a una organización terrorista que Hassan dice desconocer por completo.
Amnistía Internacional difundió en septiembre las palabras de Zaynura, esposa del activista: “Temo que si envían a mi esposo de vuelta a China, no lo veré nunca más. Ahora que no está aquí, mi hija mediana se despierta cada día diciendo que ha soñado con su papá, y a menudo llora sin motivo alguno”. La ONG asegura que el activista corre un alto riesgo de sufrir tortura si es extraditado.
El Tribunal de Apelación de Rabat se pronunció el pasado 15 de diciembre a favor de la extradición de Hassan y ahora todo depende del Ejecutivo marroquí. Amina Bouayach, presidenta del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) —un organismo que se define en sus estatutos como independiente y cuyas atribuciones son equiparables a las del Defensor del Pueblo en España— ha solicitado por carta al jefe del Gobierno marroquí, Aziz Ajanuch, que no extradite a Idriss Hassan.
Los defensores de Hassan solo confían en que la presión internacional pueda influir en la decisión de Marruecos. Y no será fácil. El semanario local Tel Quel ha señalado que China ha tomado en los últimos meses “otra dimensión” entre los socios estratégicos de Marruecos. Ha recordado, asimismo, que al aeropuerto Mohamed VI de Casablanca, donde el activista fue detenido en julio, han llegado ya más de 40 millones de dosis de la vacuna china Sinopharm. Además, existe un acuerdo desde el año pasado entre Sinopharm y la sociedad marroquí Sothema, para que se puedan producir vacunas en Marruecos con destino al África subsahariana. Hasta el momento, Marruecos no ha dado ningún signo de estar dispuesto a poner en peligro los privilegios de su relación con la segunda potencia comercial del mundo.
China es, además, uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU –junto a Francia, Estados Unidos, Rusia y Reino Unido–, órgano clave para arbitrar en torno al conflicto sobre el que gira la política exterior del país: el Sáhara Occidental.
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