Un poco apenada por el pasado episodio de «las catapilas», en 2019 cuando la cantante se enojó porque supuestamente el vallenatero la inhabilitó para cantar en una discoteca, llegó hasta donde estaba el maestro para pedirle disculpas por ese impase.
«Han pasado casi tres años y yo tengo una pena con usted…ahora le doy unas catapilas de amor», el dijo Del Castillo al verlo de frente.
Él la abrazó con un gesto caballeroso.
«Perdóneme yo sé que a veces soy impulsiva y a veces inmadura..», se disculpó del Castillo.
«No habeles de eso, eso no importa ahora», le contestó el intérprete de temas como: ‘El payaso de la esquina’.
La política peruana superó este lunes un nuevo nudo, aunque el episodio se podría repetir en el corto plazo. Desde 2016, cuando el Congreso empezó a usar contra cada presidente la “vacancia por incapacidad moral permanente” —una figura constitucional imprecisa que, de contar con 87 votos, permite destituir al mandatario— los destinos del país parecen entrampados en la eterna lucha entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Este lunes, en 13 minutos, el presidente Pedro Castillo presentó sus descargos ante una moción de vacancia promovida por la oposición debido a denuncias fiscales y periodísticas por tráfico de intereses y colusión, en las que son investigados una gestora de intereses, el exsecretario general de la presidencia, tres de sus sobrinos y empresarios que buscaban contratar con el Estado. Pasadas las 23:15 de la noche hora local, la votación fue de 54 parlamentarios en contra, 55 a favor y 19 abstenciones.
En diciembre, una primera moción contra el mandatario -por similares cuestionamientos- no logró los votos suficientes para ser admitida a debate. Ante el uso continuo de dicha figura por parte del Congreso, el descrédito de ese poder del Estado aumenta cada mes. Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos difundida este lunes, un 79% de consultados desaprueba al Parlamento y un 17% lo aprueba.
El pasado viernes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado para reiterar su preocupación por “el uso de esta figura jurídica de manera reiterada y discrecional”, debido a que “ha sido promovida seis veces desde diciembre de 2017, contribuyendo a los problemas de gobernabilidad del Perú, país que ha tenido cinco presidentes y tres parlamentos desde 2016 como resultado de las confrontaciones entre los distintos poderes públicos”, describió. La moción de vacancia contra el presidente incluía 20 cuestionamientos, algunos en torno a las investigaciones que le abrió la fiscal general por supuesto tráfico de intereses agravado en los ascensos militares, y por colusión al haber intervenido “indebida e indirectamente” en dos millonarias contrataciones estatales, según indicó en enero el Ministerio Público cuando inició la pesquisas, que -de acuerdo a la Constitución- solo podrán continuar contra Castillo cuando deje la presidencia.
Los contratos estatales direccionados hacia determinados proveedores del Estado presuntamente fueron orientados por la gestora de intereses Karelim López, amiga del exsecretario general de la presidencia Bruno Pacheco, a quien la Fiscalía le encontró 20,000 dólares en su despacho, un monto del que ha dado respuestas diferentes sobre su origen. La lobista es desde el mes pasado aspirante a colaboradora eficaz de la Fiscalía. Horas antes del debate de la vacancia en el pleno del Parlamento, la policía buscaba a Pacheco, ex mano derecha de Castillo, para ejecutar una orden de prisión preliminar por diez días como parte de las pesquisas fiscales. Un juez dispuso la prisión preliminar de once personas por estos casos, entre ellos, tres de los sobrinos de Castillo investigados por reuniones con empresarios proveedores del Estado, pero tampoco fueron hallados. Uno de los empresarios que fue favorecido a inicios del Gobierno con una concesión para construir un puente, Zamir Villaverde, ha quedado detenido mientras continúan las investigaciones por tráfico de influencias, colusión agravada, u organización criminal, entre otros cargos, debido a irregularidades en la licitación pública de esa obra.
Durante su intervención en el Congreso este lunes, Castillo rechazó los cuestionamientos a su gestión contenidos en la moción de vacancia, pues -dijo- “son casos en los cuales los aludidos son terceros. Todos están en la fase de investigación preliminar y ninguno de los hechos ha sido siquiera corroborado”, expresó.
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El presidente dijo además que es consciente de sus errores, pero añadió que “no hay ningún hecho que se pueda calificar de incapacidad moral permanente”. Antes de dar paso a los comentarios de su abogado, afirmó que está dispuesto a seguir colaborando con las autoridades en las investigaciones.
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El presidente de Perú, Pedro Castillo, visita la ciudad amazónica de Puerto Maldonado (Perú).Presidencia de Perú (Presidencia de Perú EFE)
Los continuos ataques y amenazas entre el Ejecutivo y el Congreso de Perú son como un par de contrincantes de boxeo que forcejean uno agarrado del cuerpo del otro desde 2018. En consecuencia, los ciudadanos cada vez creen menos en las instituciones, el Parlamento tiene un 82% de desaprobación y el presidente un 63%, según el Instituto de Estudios Peruanos. En los siete meses que lleva Castillo en el Gobierno la crisis es constante. En un nuevo episodio de esta dinámica, la noche del lunes dimitió el ministro de Transportes, Juan Silva, mientras el Congreso debatía una moción de censura en su contra por nuevas investigaciones fiscales de concesiones amañadas. Con Silva, son ya 30 los ministros que han pasado por los gabinetes del maestro rural.
Silva era uno de los cuatro sobrevivientes del primer Gobierno que formó el presidente Pedro Castillo a fines de julio cuando asumió el mandato. Permaneció en el cargo pese a que desde noviembre la prensa había denunciado que una gestora de intereses traficó influencias a favor de una empresa para el contrato de construcción de un puente, por 61 millones de dólares. La concesión infringió las normas de contratación estatal y fue anulada en enero. Sin embargo, como en el Congreso están representados los transportistas informales y Silva promovía normas a su favor, no prosperaron las mociones de censura contra él.
Su tiempo en el Gobierno terminó este lunes, después de que el domingo la prensa de Lima publicara partes de la declaración a la Fiscalía de la lobista Karelim López. La empresaria aseguró que el ministro Silva formaba parte de una red que amañaba licitaciones, junto con cinco congresistas del partido Acción Popular, el ex secretario general de la presidencia, sobrinos de Castillo y el propio jefe de Estado, entre otros.
Castillo negó el domingo ser parte de una red de crimen organizado y arremetió contra el Ministerio Público mientras congresistas de la oposición y medios de comunicación pedían la vacancia presidencial, su renuncia o su destitución. “La Fiscalía estaría formando parte de un complot para desestabilizar al Gobierno”, cuestionó el profesor rural y sindicalista. Además, pidió a esa entidad continuar con la investigación y dar “las explicaciones objetivas en el plazo más breve”. Sin embargo, por ley, la fiscal general no puede investigar al mandatario mientras está en el cargo.
La magistrada Zoraida Ávalos abrió una investigación contra Castillo en enero, y las diligencias avanzan con los otros involucrados, pues el presidente solo puede ser investigado al terminar su mandato -o si el Congreso le hace un antejuicio para retirarle el fuero-. “Estamos investigando al presidente Castillo por el tema de los ascensos (militares) irregulares, el Puente Tarata y PetroPerú. En mi resolución firmada el 4 de enero hay un común denominador y es la señora Karelim López”, comentó la fiscal Ávalos en una entrevista por televisión la noche del domingo.
Los partidos que presentaron en diciembre una moción de “vacancia por incapacidad moral permanente” contra Castillo no lograron los votos suficientes para que la cuestión fuera admitida a debate en el pleno del Congreso, y están buscando firmas para plantear la cuestión otra vez. Si la admitieran, no cuentan con los 87 votos necesarios para echar al presidente. Sin embargo, Hernando Guerra García, parlamentario del fujimorista Fuerza Popular, planteó el lunes que la cuestión sea debatida para que el presidente dé su versión al Parlamento sobre las investigaciones en su contra.
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En otro de los frentes que asedian al presidente, la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso aprobó el lunes investigar a Castillo por el presunto delito de “traición a la patria”, uno de los cinco motivos por los que un presidente puede ser destituido, de acuerdo a la Constitución. Además, la derecha opositora sostiene todavía que hubo fraude en los comicios, pese a que la Fiscalía y los observadores internacionales demostraron que se realizaron conforme a ley. En el Congreso, una comisión sigue investigando ese supuesto fraude entre voces que piden su destitución o vacancia presidencial.
Las amenazas llevaron a Castillo a dar en febrero otro giro a su Gobierno para restituir las relaciones con Cerrón y asegurarse algunos votos y escaños en caso de que prospere alguna moción en su contra. Así, descartó a cuatro ministros competentes y con trayectoria política limpia, para incorporar a cuadros afines al líder de Perú Libre. Dos de ellos ya le están generando problemas con el Congreso, que pide su renuncia. Se trata del ministro de Salud, un promotor de pseudociencia, y el de Justicia, que tiene 70 denuncias por negligencia como procurador de un gobierno regional, reveló el diario El Comercio.
El 8 de marzo el primer ministro Aníbal Torres debe pedir el voto de investidura al Congreso. La necesidad de supervivencia política de los líderes del Ejecutivo y el Congreso podría llevar a una negociación bajo la mesa, como ya ha pasado en anteriores ocasiones, con el argumento de favorecer la “gobernabilidad”. Pase o no, la inestabilidad política de Perú no tiene visos de parar.
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La socióloga Anahí Durand, exministra de la Mujer con el Gobierno de Pedro Castillo en Perú, retratada en Lima, esta semana.Leslie Searles
La izquierda peruana vivió el año pasado un dilema de consecuencias todavía desconocidas. Entonces debió elegir entre apoyar a un candidato semidesconocido, un profesor de escuela venido de los Andes y aupado por un partido leninista, populista y retrógrado, o dejar paso al fujimorismo, el régimen corrupto y clientelar que lleva tres décadas medrando en la política nacional, representado en las elecciones de 2021 por Keiko Fujimori. Optó por lo que consideraba que era el mal menor: Pedro Castillo.
Una vez en la presidencia, Castillo ha tenido siete meses vertiginosos e inestables, con 29 cambios de ministros y mucha improvisación. El Congreso, donde es minoría, amenaza constantemente con destituirlo, como ha hecho años atrás con otros presidentes. La Cámara, de facto, se ha convertido en un instrumento obstruccionista. Para evitar que lo echen, el mandatario ha formado su Gabinete con miembros de los partidos que le dan sus votos para sobrevivir. El resultado es un cuerpo extraño que no ha logrado estabilizar el funcionamiento del Gobierno. En el horizonte, sin embargo, aparece un pañuelo blanco. El Congreso y Castillo se han dado una tregua para atemperar el ambiente.
La socióloga Anahí Durand (Lima, 43 años), presidenta de Nuevo Perú, uno de esos partidos de izquierda que se vio en la obligación de tomar una postura clara, fue la primera ministra de la Mujer que tuvo Castillo, aunque fue destituida a los seis meses para poner a una política de corte conservador. Durand, sin embargo, no es catastrofista acerca de la gestión del presidente y cree que la oposición, que controla el Congreso, trabaja en acabar con él desde el primer día. Considera que este clima de ingobernabilidad conduce a Perú a salidas antidemocráticas.
Pregunta. Hace unos días criticó por injerencista un editorial del Financial Times donde se pedía la destitución de Castillo y nuevas elecciones, pero los problemas del presidente no parecen provenir del exterior…
Respuesta. Es una reflexión importante de hacer en estos momentos. No es que en el caso del Financial Times y la Fundación Neumann haya una conspiración. Era llamar la atención de que dentro de la oposición antidemocrática y vacadora [impulsora del proceso de incapacitación del presidente] que tenemos en el país hay organizaciones internacionales operando y eso juega en un escenario desestabilizador.
P. ¿No existieron los clásicos 100 días de tregua que se le otorgan a un Gobierno cuando llega al poder?
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R. El escenario pudo haber sido distinto si la oposición hubiera dicho: ‘Dejémoslo trabajar’. Hubiera sido muy distinto una oposición democrática que dijera que ellos ganaron, qué vamos a hacer. Que empezaran a trabajar y hacer oposición en lo que haya que oponerse, y trabajar dentro de las líneas en lo que haya que apoyar. Pero ese escenario nunca estuvo en la cabeza de Fuerza Popular o Renovación Popular o Avanza País. Primero negaron cualquier posibilidad de triunfo de Castillo —con el tema del fraude—, y luego ya, instalado en el Congreso, miraron desde el día uno fórmulas legales para sacar al presidente. Nunca estuvo en su cabeza un escenario democrático en el cual ellos pudieran trabajar.
P. Sumado a la coalición minoritaria que apoya a Castillo.
R. Una coalición muy precaria y sin mayoría en un régimen que ya se viene deteriorando desde 2016 va a tener muchas menos posibilidades de hacer un Gobierno exitoso con una oposición de ese tipo. Definitivamente, el tema es más de fondo, ahora dicen: ‘Que se vayan todos’, pero con un sistema cerrado con fuerzas políticas que bloquean el ingreso de nuevas fuerzas, estamos en un momento bien entrampado.
P. Usted y otros políticos tuvieron que apoyar un Gobierno integrado también por personas muy conservadoras y retrógradas. ¿Logró imponer en algún momento su agenda en medio de todas esas voces?
R. Nosotros no llegamos con una lista de cosas que hacer. Hubo una plataforma conjunta que se perfeccionó. En política he aprendido que no hay que atribuirse todo el mérito. Hay cosas fundamentales que se están tratando de sacar adelante a pesar de la crisis que se vive. Lo principal fue la vacunación, cuando había candidatos que decían que había que vender las vacunas, el plan fue bien claro en decir: la vacunación debe ser universal y gratuita, y se trabajó en esa línea. También el plan fue claro en promover la protección de las poblaciones vulnerables, volver a ese rol protector del Estado que había sido devastado en la pandemia: lo hicimos en el Ministerio de la Mujer, y sí, tuve el respaldo del presidente en la ley de orfandad y de la mujer emprendedora.
P. ¿En cuáles no?
R. Es verdad que a otros temas no se les puso el mismo empeño, como a la reforma tributaria. Siempre está muy presente el tema del Congreso, como no vamos a tener mayoría ahí, como no tienes una correlación de fuerzas favorable, eso obliga a un permanente cálculo de cuáles se pueden avanzar más que otras: por ejemplo, la reforma agraria está en curso. Hace falta aún una visión más integral y estratégica que nos diga que este es el Gobierno del cambio. Eso está faltando construir.
P. ¿Pero, cómo se puede llevar a cabo este cambio del que habla?
R. Estamos insistiendo [Nuevo Perú] para ingresar al escenario político como tal, porque la izquierda está representada por Perú Libre y Juntos por el Perú, que a estas alturas casi no tiene vida orgánica. Creemos que podemos tener espacio en una representación de diversidad de luchas sin sumarnos a las voces complacientes ni golpistas y vamos a abrir un debate constituyente. Porque por ahí va la salida a la crisis.
P. ¿Qué futuro le augura al Gobierno de Castillo? ¿Va a tener el destino trágico de los anteriores presidentes peruanos?
R. No me atrevo a hacer pronósticos, pero creo que es menos catastrófico que lo que quisieran algunos. La vida cotidiana sigue, lo veo ahora que estoy viajando por el Perú, la gente se ha vacunado, está esperando volver a clases, y eso no coincide con lo que montan en el escenario mediático y de las redes.
P. ¿Se ha convertido el Congreso en un arma de oposición para todos los presidentes?
R. El presidente tiene menos atribuciones y facultades, y eso ameritaría un debate nacional, al menos pasar por un referéndum. No lo veo como un escenario inmediato de aquí a un mes o dos, eso no quiere decir que estén trabajando por ello los sectores que están abiertamente conspirando.
P. La pregunta del destino fatal no es solo sobre la renuncia o vacancia, sino a posibles investigaciones de corrupción, como la que alertó el ministro de Interior, Avelino Guillén.
R. Creo que el presidente es un hombre honesto. Lamentablemente, tiene que afinar mucho más su entorno al trabajar en la gestión pública, esa es una urgencia. Yo creo que no es alguien que está cobrando coimas tipo Odebrecht, o cupos para el contrato de PetroPerú. No lo creo y esperaría que no.
P. ¿El presidente era sensible a sus propuestas en el ministerio? ¿Logró que el presidente tuviese un enfoque más progresista que el que tenía cuando llegó?
R. Para mí fue bastante satisfactorio encontrar una interlocución y un interés del presidente en asumir estos temas. Él me dijo: “Yo tengo una hija de 10 años que quiero que crezca en igualdad, con los mismos derechos”. Había unos puntos más coincidentes que otros que han quedado como líneas de Gobierno. Por ejemplo, la autonomía económica de las mujeres para sacarlas de la pobreza y disminuir las posibilidades de violencia. En esa línea, encontré una buena interlocución con él, y creo que esas bases que sentamos para la gestión van a seguir. Cuando entramos como Nuevo Perú había bastante recelo de que se pudiera avanzar y encontramos bastante respaldo, incluso de Guido Bellido. Por ejemplo, el proyecto de abrir en el ministerio una oficina para las alcaldesas lo conversamos con él…
R. No [ríe], tampoco logré eso. Esas son palabras mayores. Sí se logró coincidencias muy puntuales en temas importantes para las mujeres.
P. Es cierto que en Perú hay muchos cambios en los gobiernos históricamente, pero esto parece haber sobrepasado cualquier límite. ¿Se puede gobernar con esta inestabilidad?
R. ¿Cuándo hubo ese nivel de intromisión a cada uno de los ministros? Hemos tenido a un ministro acusado de asesinato y violación [Daniel Urresti, durante el Gobierno de Ollanta Humala] y a nadie se le ocurrió vacar al presidente por ello. La derecha trabaja desde el día uno para vacar al presidente. No se caen los gabinetes por el “qué pena, el presidente es un inútil que no sabe elegir a sus ministros”. Hay también una intención deliberada de usar la aprobación en el Congreso. Antes era un trámite formal pasar por el Congreso y ahora se ha vuelto un instrumento de censura. El Congreso no deja poner a los ministros para seguir abonando este escenario de desestabilización. Algunos de estos ministros son cuestionables, pero tampoco es que esto sea una exclusividad de Castillo. Este es un giro peligroso, estamos pasando a un régimen parlamentarista sin pasar por una reforma constitucional seria.
P. ¿Hay riesgo de que se convierta Perú en un régimen antidemocrático?
R. Lamentablemente, la irresponsabilidad de varios actores políticos está llevando a eso. La solución no es ni vacancia, ni adelanto de elecciones ni que se vayan todos, sino algo mucho más profundo. Ahora deberíamos tener todo un ejercicio de responsabilidad. No funcionan estas reformas parciales y tecnocráticas que se han ido haciendo, sino un proyecto constituyente que abra la cancha a nuevas organizaciones políticas. Estamos en un mundo en el cual se necesita de esa apertura y de ese debate. La marcha del presidente, que asuma la vicepresidenta, todo eso son parches que vamos a ir arrastrando y que se agudizó en el 2017 por todo el tema de la corrupción. Si no asumimos esto, se van a ir cerrando espacios democráticos. Pasó con la crisis del régimen del 93, se dirimió con un autogolpe de Fujimori. Esto quizá no pase por un autoritarismo violento, militar, pero sí por este tipo de cerrazón de canales democráticos.
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BOGOTA COLOMBIA). Wednesday, February 16, 2022 (RPTV NEWS AGENCY). Two Venezuelan citizens would be guilty of the murder of the journalist from the United Nations Office, Natalia Castillo, which occurred at dawn on December 24, 2021, in the town of Teusaquillo.
According to the investigation, one of the defendants would have participated directly in the crime and in the robbery of which two friends of the communicator in Bogotá were victims. The other would be involved in accessing the banking products of one of the victims to extract money from her.
The defendants are: Ángel Rolando Colina Lugo, alias Ángelo; and Javier Enrique Ramírez Gómez, alias Porky.
Seguidores del presidente Castillo exigen el cierre del Congreso para que el presidente gobierne por decreto, durante una marcha celebrada en Lima, Perú, esta semana.leslie searles
No tiene televisor, ni radio y no está acostumbrado al hábito de la lectura. Para aligerarle la tarea, los asesores le resumen en un documento de Word los principales titulares de los periódicos. El presidente ojea la página en la silla de su oficina de estilo virreinal con acceso a un balcón y vista a un parterre. Los que han visitado el lugar en estos seis meses destacan que dentro reina la tranquilidad de un jardín japonés. “Fuera se derrumba el Perú, pero ahí parece que no pasa nada”, cuenta un ministro que perteneció al Gabinete hasta hace una semana.
La sorprendente llegada al poder en julio del año pasado de Pedro Castillo, un profesor rural de 52 años sin ningún vínculo con el establishment, acaso el presidente más improbable de la historia del país andino, no ha frenado la descomposición institucional de la nación. Su Gobierno, como los anteriores, vive una crisis continua. El presidente ha remodelado su Gabinete (o se ha visto obligado a hacerlo) en cuatro ocasiones. El penúltimo equipo de ministros solo le duró siete días. Son ya 29 los ministros cambiados. El Congreso, controlado por la derecha, maniobra desde noviembre para destituirlo. Castillo, un hombre que siempre aparece con un sombrero con el que reivindica la diversidad cultural del país, podría enfrentar el mismo destino trágico que sus predecesores en el cargo, que acabaron censurados, en la cárcel o quitándose la vida.
Perú, de 33 millones de habitantes, se ha sumido de nuevo en la convulsión. En América Latina se le ha puesto la etiqueta de ingobernable. Se suceden los dirigentes quebrados. Los peruanos se preguntan qué clase de maldición ha caído sobre ellos. El poder está copado por extremos que, bajo la superficie, se sostienen por estructuras corruptas y clientelares. Problemas históricos como la educación, la sanidad o el transporte permanecen irresolubles porque muchos congresistas trabajan como garantes del statu quo de estos sectores, amparados en la informalidad. La palabra gruesa domina el debate público. El Congreso, siempre fragmentado al no existir los partidos políticos tradicionales, es una herramienta para delimitar el poder presidencial y, llegada la hora, guillotinarlo. Perú lleva en esa espiral seis años.
El congresista Guido Bellido, el primer jefe de gabinete que nombró Castillo, conversa con una ciudadana en las calles de Lima, esta semana.Leslie Searles
Castillo llegó con un mensaje de apoyo a los pobres y de lucha contra las empresas extranjeras extractivas que le valió el apoyo de los más desfavorecidos, sobre todo en las regiones andinas. En este tiempo ha confiado la economía a políticos sólidos que han mantenido los mercados al alza. La moneda, pese a todo, ha permanecido estable. La vacilación de sus gabinetes, sin embargo, ha frenado las reformas sociales y económicas que se necesitan.
Los ministros que se han ido en las últimas semanas del Gobierno describen a Castillo como un hombre hermético, rodeado de unos asesores que controlan toda su agenda. Ni la primera ministra Mirtha Vásquez, la número dos, tenía acceso directo a él. “En Palacio tienen una política perversa. Todo el día lo tienen recibiendo gente de su pueblo (Castillo es de un lugar remoto de los Andes), amigos, conocidos…”, describe Vásquez. Ella y otros consultados concuerdan en que predomina la extrema informalidad y la improvisación constante.
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La minoría con la que gobierna Castillo le obliga a buscar alianzas con otros pequeños grupos en la Cámara que, llegado el momento, puedan frenar un proceso de destitución. El resultado es una amalgama de ideologías e intereses contrapuestos. El profesor hizo campaña con un partido marxista-leninista, Perú Libre, integrado por sindicalistas y líderes universitarios de la vieja izquierda, muy conservadores en lo social, homófobos y misóginos. Cuando Castillo llegó por sorpresa a la segunda vuelta se le unió la progresía urbana limeña, que confiaba en imponerle una agenda moderna. Lo ha logrado a medias. A su vez se suman otros grupúsculos regionales con intereses muy particulares, acostumbrados a las pequeñas corruptelas de la política de pueblo. Así se explica que para sustituir a una feminista como Vásquez en el consejo de ministros nombrara a Héctor Valer, un ultraconservador denunciado por maltrato. El clamor popular le hizo rectificar. O que ahora nombre ministro de Sanidad a un médico que publicitaba un agua milagrosa.
Acostumbrado a la libertad del campo, Castillo se queja a menudo de la claustrofobia de vivir encerrado en Palacio. Cuando el anterior presidente Francisco Sagasti le mostró las dependencias dijo, medio en broma, que no había espacio suficiente para una vaca. No le entusiasma la comida sofisticada que prepara el chef de la casa de Gobierno. Prefiere prepararse él mismo una sopa en un apartamento de la ciudad, la que se conoce como la casa de Sarratea. Allí también despachaba como jefe de Estado hasta que le avisaron de que podría estar infringiendo la ley. La Fiscalía ha abierto una investigación por una reunión que mantuvo con una lobista que después medió en una concesión. Alguno de sus ministros le sugirieron que levantara su secreto bancario para despejar cualquier duda de enriquecimiento ilícito.
—¿Qué es eso?—, preguntó Castillo.
—Van a entrar en su cuenta para mirar cuánta plata tiene—, le respondieron.
—Van a ver que traigo deudas porque construí una casa con mi papá.
—Entonces verán que usted es inocente, presidente.
La coincidencia de su presidencia con algunas fechas históricas dispararon las expectativas. Se celebró el bicentenario de la independencia de Perú. Los 500 años de la conquista de México. La gente volvió a creer en las utopías. Por fin, se decía, los oprimidos llegarán al poder. Castillo era un símbolo sociocultural que despertó el temor de las élites. “Hemos bajado la valla en el cerebro de la gente”, explica Guido Bellido, el primer ministro del primer Gabinete. “Ha llegado a la presidencia el último de la clase, el que tenía todas las limitaciones, el más humilde”, añade. Bellido, quechua, cuestionado cuando llegó por sus bravatas homófobas en redes sociales, se pone a sí mismo como ejemplo: “Si yo he sido premier, lo puede ser cualquier peruano”.
Anahí Durand fue la primera ministra de la Mujer de Castillo. En un escenario tan polarizado, su partido de izquierdas, Nuevo Perú, se volvió el centro. Apoyó a Castillo frente a la corrupción histórica de Fujimori y su entorno, que era la otra alternativa. Les criticaron por respaldar a un presidente cuyo entorno era ultraconservador. “La élite estaba en pánico porque es racista, clasista, les asustaba todo lo que implicaba que llegara alguien como Castillo. Desde el primer minuto quisieron acabar con él. En un escenario tan hostil, la precaridad del Gobierno se ha sentido más”. Cree que esta insistencia lanza un mensaje preocupante, antidemocrático. La subsistencia se convierte más en un objetivo que el acto de gobernar el país: “Impone una lógica de supervivencia y una pérdida de rumbo estratégico. Hemos recibido un país devastado con 200.000 muertos, se ha desvalorizado todo lo que hemos hecho. Sea cual sea el escenario, pierde la izquierda”.
En noviembre del año pasado, según una fuente, Castillo quiso declarar el estado de emergencia. La oposición había convocado una marcha en Lima para promover su destitución. Le dijo a su gente de confianza que tenía informantes en provincia y que venían muchos autobuses, que iba a ser una manifestación gigantesca. “¿Cómo vamos a sacar los militares a la calle? Esto no es Centroamérica”, le cuestionó su número dos, Vásquez. Otros ministros, sin embargo, creyeron que era una buena idea. Horas después, el presidente desistió del plan. La marcha fue pequeña y no tuvo apenas repercusión. “¿Ve presidente? No era nada”, le escribieron por chat.
El exministro Avelino Guillén dimitió de su cargo por la poca firmeza que ha demostrado Castillo para combatir la corrupción policial, retratado en su casa de Lima, esta semanaLeslie Searles
Vladimir Cerrón ve en su despacho Willax Tv, un canal de televisión por cable, difusor habitual de bulos de la ultraderecha. El anticastillismo extremo. Cerrón, neurocirujano y presidente de Perú Libre, quería ser candidato el año pasado, pero le inhabilitaron por un caso de corrupción cuando era gobernador de una región. Entonces eligió a un líder sindical de los maestros que tenía cierto carisma. Ese hombre era Pedro Castillo. Su idea era conseguir un número de congresistas decente para ir entrando en la vida política nacional. Sin embargo, se encontró con una victoria que nadie esperaba. “Castillo fue una voz antisistema durante la pandemia, en un momento crítico. Él expresó eso, no solo en cómo habla, camina y se viste. También maneja una sintaxis pueblerina que el pueblo entendió fácil”, explica.
Cerrón se refiere a Castillo como “el del sombrero” o “el ensombrerado”. Por su locuacidad, radicalidad de ideas ultraizquierdistas, muy conservadoras a la vez, sus enemigos siempre han dicho que Cerrón es una especie de presidente en la sombra. Quizá fue así hasta que Castillo destituyó en octubre a su primer gabinete y se alejó de Cerrón. En el cuarto Gobierno, el que vivimos ahora, Castillo vuelve a contar con varios políticos del partido, algunos francamente mejorables. “Considero de que si el presidente se aparta de Perú Libre como lo ha estado las primeras ocasiones definitivamente las malas compañías lo van a llevar al filo de la corrupción. Ahora vuelve a tomar el contacto con el partido, que marca una línea política (marxista). Si el presidente mantiene esa línea, va a terminar su periodo (en 2026)”.
Cerrón se refiere a los vacíos de los que hablan los que han trabajado estrechamente con él: “Por su extracción de clase es lógico que no tenga los conocimientos de un estadista. Pero los líderes nacen con esas cualidades innatas, como Evo Morales. Uno puede llegar con múltiples carencias al Gobierno, pero lo imperdonable es que una vez dentro no se quiera aprender. Yo creo que Pedro está aprendiendo”.
¿Qué flota en el ambiente cuando un presidente está a punto de que lo destituya el Congreso?
De eso debe saber algo Martín Vizcarra, un señor alto, con el pelo tintado de negro. Lo echaron después de dos años y ocho meses de gestión, tras haber sustituido a Pedro Pablo Kuczynski, investigado por tráfico de influencias en el caso Odebrecht. “Era lunes, 9 de noviembre de 2020″, recuerda la fecha funesta. Nos observa un retrato suyo gigantesco incrustado en el mural de la sede de su partido. Más tarde le inhabilitaron para ejercer un cargo público al descubrirse que se había vacunado cuando no le tocaba, en un momento en el que las morgues estaban llenas. Su popularidad tocó fondo. En las librerías hay varias novedades demoledoras en su contra, sobre todo porque una buena parte de la población le creyó, le vio como el político que venía a acabar con la condena de la ingobernabilidad. No resultó. Sin embargo, aspira a volver a presentarse y ganarse de nuevo a los peruanos. ¿Se merece Castillo pasar por donde pasó él? “Sí, son cosas diferentes. A mí me apoyaba la gente, a él ya no”, sostiene con los ojos brillosos.
El expresidente Matín Vizcarra, el último presidente peruano destituido por el Congreso en 2020, retratado en la oficina de la sede de su partido, en Lima, Perú, esta semana.Leslie Sears
Castillo es un presidente que toma decisiones en aguas turbias. O más bien, que no las toma. El ministro de Interior, Avelino Guillén, empezó a alertarle hace meses de que el jefe de policía comandaba una mafia que vendía ascensos y traslados de oficiales por 20.000 dólares. Además, había debilitado las unidades anticorrupción. Guillén, narra en el salón de su casa, esperaba horas en la puerta de su oficina hasta que le daba entrada para hablar del asunto. Después descubrió, por el registro de visitas, que el presidente despachó en más ocasiones con el mando policial que con él. “Se maneja de manera errática. Y lo que es chocante es que está desconectado de la realidad. Él depende solo de la información que le dan sus asesores, que se la dan sesgada”, agrega. Guillén dimitió después de que el presidente le dejara en visto un mensaje de WhatsApp. Antes mantuvieron una última reunión, según otros testigos presentes, en la que se discutió la reforma policial.
—La policía es una institución muy corrupta— le volvió a advertir el ministro de Interior.
—¿Sí? Yo ni sé cómo funciona la policía— contestó, de acuerdo a esta versión.
—Sí lo sabe, le he hecho llegar documentos donde le explico— insistió Guillén.
En ese momento, Castillo trata de abrir sin éxito un cajón de su escritorio. Y dice:
—Lo guardé acá, pero he perdido la llave.
De acuerdo con el testimonio de la gente que ha frecuentado el palacio, vive obsesionado con la intercepción de sus comunicaciones. Borra todos los mensajes instantáneos que envía por teléfono cuando la otra persona ya lo ha leído. Pretendía instalar una oficina del servicio secreto peruano cerca de su despacho. En ese cargo ha colocado a un jefe de policía de Chota, de donde es él, con poca experiencia en el mundo de los espías. El funcionario envía los informes confidenciales a través de WhatsApp, que viene a ser como subirlos a un foro de Internet. Suya era la idea de instalar un polígrafo y Castillo estaba de acuerdo, pero finalmente le convencieron de que no resultaba de ninguna utilidad.
La popularidad de Castillo se ha desplomado. Algunos indicadores de su Gobierno, no. La vacunación de los peruanos ha seguido a un buen ritmo y las clases presenciales volverán el mes que viene. La sensación alrededor del Gobierno, sin embargo, es de caos e ingobernabilidad. Las reformas en los transportes, las pensiones y la Constitución que prometió el presidente en campaña ni siquiera han echado a andar. Sus enemigos del Congreso lo quieren destituir, pero si ocurre eso, ¿con qué nos encontraremos? “Después de esta crisis, otra crisis. Así nos hemos acostumbrado a vivir aquí”, resume un intelectual peruano.
Con la colaboración de Jacqueline Fowks.
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El presidente de Perú, Pedro Castillo, saluda a Aníbal Torres, nuevo primer ministro, este 8 de febrero.Martin Mejia (AP)
Pedro Castillo ha nombrado este martes primer ministro a Aníbal Torres, el abogado que dirigió después de las elecciones la estrategia con la que el maestro rural rebatió las acusaciones de fraude electoral que le lanzó su rival, Keiko Fujimori. Hasta ahora ejercía de ministro de Justicia. Se trata del cuarto primer ministro en 194 días de mandato, todo un récord en la democracia peruana. Frente a los grandes bufetes de abogados que prepararon los recursos para Fujimori, el presidente de Perú contó entonces con juristas como Torres, un exdecano de Derecho de formación sólida con un marcado interés por la justicia social. Tras la designación errática del anterior en el cargo, un funcionario acusado de violencia de género, el nombramiento de Torres tiene cierta lógica política y parece guardar detrás una estratégica.
El anterior Gabinete, al mando de Héctor Valer, se había formado por las concesiones a pequeños grupos de poder en el Congreso. El invento no funcionó. Castillo buscaba evitar las maniobras en la Cámara para destituirle, el destino fatal de otros dos presidentes en los últimos cinco años. La designación de Torres guarda coherencia con la trayectoria del profesor rural de la sierra, que salió casi de la nada hace un año para alzarse con la victoria en las elecciones. Castillo apareció sin sombrero en la ceremonia del nombramiento, algo extraño en él. Los peruanos apenas han visto su pelo.
El anterior intento de darle consistencia a un Gobierno a la deriva no funcionó, fue un fiasco. El miércoles, un día después de su juramentación, la prensa reveló que Valer agredió a su esposa e hija en 2016 y que un juez otorgó a la cónyuge medidas de protección en 2017. El funcionario lo negó y echó más leña al escándalo y el rechazo. El viernes, Castillo anunció en un mensaje a la nación la recomposición del Gabinete, sin embargo, no dijo una palabra sobre la condición de agresor de Valer, quien cuenta con otras 15 investigaciones fiscales por otros delitos. Tampoco hizo un mea culpa por haber, nuevamente, elegido mal a un alto cargo.
En una entrevista al semanario Hildebrandt en sus trece, Castillo reconoció que había cometido un error al nombrar al congresista de Perú Libre Guido Bellido como su primer presidente del consejo de ministros al inicio del gobierno. El mandatario tuvo que forzar la dimisión de dicho funcionario, quien fue reemplazado a inicios de octubre por la abogada y defensora de derechos humanos Mirtha Vásquez. Esta se fue acusando a Castillo de ser permisivo con la corrupción estatal, y el intento de sustituirla fue la maniobra infructuosa de Valer.
El presidente trata de reconducir la crisis con este golpe de efecto. Torres es hombre de confianza de Castillo desde junio del año pasado, cuando Fujimori pidió anula miles de votos en mesas donde había ganado el profesor rural y líder sindical. La candidata conservadora contó con la élite de la abogacía peruana para preparar cientos de impugnaciones, argumentando que los interventores habían sido suplantados, o sus firmas, falsificadas. El hoy nuevo premier fue uno de los tres abogados que litigaron para defender los sufragios. La Fiscalía en el último mes ha archivado casi todas las denuncias planteadas por el fujimorismo, ha reportado el tribunal electoral, derribando la versión que aún mantiene la lideresa opositora de que hubo fraude.
Del gabinete con el que Castillo inauguró su mandato a fines de julio, solo han quedado -además de Torres- otros cuatro ministros. En esta ocasión ha dejado ir al ministro de Salud, el médico y excongresista de izquierda Hernando Cevallos, el de mayor aprobación según las encuestas debido a la sostenida vacunación contra la covid-19. Sonó como posible nuevo primer ministro por segunda vez en los últimos 15 días.
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Según el diario La República, cuando renunció la primera ministra Vásquez, Castillo le planteó a Cevallos ser el nuevo primer ministro, pero este puso como condición que el presidente sacara de su entorno a dos asesores. La ex primera ministra y el exministro Avelino Guillén revelaron al dejar el gobierno que los consejeros presidenciales hacían cambiar de opinión a Castillo sobre asuntos acordados con los miembros del gabinete o que dificultaban el despacho con el presidente.
La inestabilidad que ha generado el constante cambio de altos cargos del Ejecutivo y los indicios de corrupción en el anterior secretario general de la presidencia han sido motivo para que el Congreso pida la renuncia o la “vacancia” de Castillo, es decir, sacarlo del cargo. El lunes, cuando se mantenía la incertidumbre del nuevo gabinete y las críticas por un Estado paralizado, el presidente difundió un comunicado vía Twitter. En este descartaba que hubiera un gabinete paralelo, como exfuncionarios comentaron en las últimas dos semanas.
“Rechazo rotundamente ciertas teorías sobre la injerencia de mi equipo de confianza en la toma de decisiones. Sus afirmaciones son en todos sus extremos, falsas. Desde el inicio de mi gestión he sido respetuoso de las decisiones de los ministros de Estado. Además, denuncio los intentos golpistas que se están orquestando con más fuerza desde esta semana”, señaló.
Como nuevo ministro de Salud ha asumido Hernán Condori, un ex funcionario de la sanidad en la región Junín, donde el fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, fue gobernador. La prensa de Lima indica que Condori es simpatizante del dirigente de dicho partido.
Otro de los nuevos ministros es el congresista de Perú Libre Óscar Zea, en el despacho de Desarrollo Agrario y Riego. Y en el ministerio de la Mujer, Castillo ha prescindido -luego de una semana- de una parlamentaria del partido de Cerrón, la ultraconservadora Katy Ugarte. La substituye la abogada Diana Miloslavich, una de las referentes del movimiento feminista de Lima.
Para el politólogo Paolo Sosa el cuarto gabinete de Castillo ha sido “casi diseñado con calculadora -sumando los votos necesarios para evitar una vacancia- para reconstruir algún tipo de relación con Perú Libre”. Una apuesta para que el Ejecutivo tenga continuidad, anota.
Sin embargo, Sosa anota que Castillo no cumplió con su promesa de un gabinete “de ancha base”. “(El Ejecutivo) No sale del espacio seguro porque tiene contradicciones internas. Esta conformación no tiene los escándalos que generó el gabinete Valer, pero no resuelve la necesidad de construir un puente con algunos sectores externos al Parlamento, para generar confianza en la sociedad civil”, comentó por teléfono Sosa, investigador del Instituto de Estudios Peruanos.
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Pedro Castillo saluda a Mirtha Vásquez tras jurar su cargo como primera ministra, el 6 de octubre en Lima.PERU PRESIDENCY (Reuters)
Pedro Castillo vive su momento más difícil desde que llegase a la presidencia, que en su caso no es decir poco. La falta de firmeza del profesor rural contra la corrupción policial de la que le había alertado en repetidas ocasiones su ministro de Interior ha provocado una cascada de dimisiones en su gabinete que amenaza con llevárselo a él también por delante. Castillo se encuentra más solo que nunca.
La última en presentar su renuncia ha sido su mano derecha, Mirtha Vásquez. Se va denunciando que la estructura del Estado permanece secuestrada por elementos incontrolados que torpedean investigaciones por corrupción. El deep state peruano. La primera ministra confiaba en llevar a cabo reformas y cambios en la jerarquía para combatir estas mafias enraizadas en el corazón del sistema. Ante la falta de acción del presidente, al que en repetidas ocasiones sus colaboradores le han presentado pruebas de lo que estaba ocurriendo, Vásquez se va del Gobierno, lo que supone una nueva remodelación de todo el gabinete. La segunda en apenas seis meses.
La inestabilidad en la que está inmersa Perú desde hace cinco años no ha hecho sino incrementarse con Castillo. Casi a presidente por año, el país no ha terminado de encontrar un rumbo político que pueda hacer las reformas necesarias. El líder de izquierdas llegó al poder de forma accidentada por las acusaciones de fraude en las urnas de su rival, Keiko Fujimori, denuncias que no tenían ninguna base, pero que enrarecieron el ambiente. Una vez tomó posesión en verano del año pasado, creó un gabinete repleto de gente cercana a Vladimir Cerrón, el dueño del partido con el que Castillo llegó al poder. Se trata de un extremista con ideas retrógradas en lo social que fungía como una especie de presidente en la sombra.
Sin embargo, a los pocos meses, el presidente cortó con los cercanos a Cerrón. La tensión entre ellos fue máxima. Entonces pareció un golpe audaz. Daba la sensación de que el profesor quería volar por libre. En lugar de uno de los hombres de Cerrón, colocó a políticas con un perfil más socialdemócrata. Entre ellas, Mirtha Vásquez. El Gobierno parecía tomar un rumbo claro. Los problemas, de todos modos, han continuado. No hay semana en la que no haya una crisis, un escándalo, la dimisión de algún ministro que cometió alguna torpeza. Aunque es cierto que Perú devora ministros y presidentes como ningún otro país en América Latina, hasta para sus estándares esta situación resulta excesiva.
La ola la vio venir Castillo en el horizonte desde la semana pasada, aunque por lo visto no calculó su dimensión. El ministro de Interior, Avelino Guillén, le presentó el viernes su renuncia. Guillén llevaba un mes enfrentado al comandante general de la policía, Javier Gallardo, que actuaba por libre y no respondía ante el ministro. El jefe de los policías sacó a más de 1.700 agentes experimentados en unidades claves de la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. El ministro, el fiscal que llevó a prisión a Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, pensaba que era una estrategia para disminuir la capacidad de investigación del cuerpo y le pidió su cabeza al presidente. Castillo no le escuchó, ni siquiera le respondía los mensajes al ministro.
La primera ministra trató de mediar. Le dijo a Castillo que lo mejor era mantener a Guillén y jubilar al policía. Ni así actuó el presidente, que confía más en sus asesores que en sus ministros. La consecuencia es que ella también se va y deja al gabinete a merced de una nueva aprobación en el Congreso, la tercera en medio año. La oposición ha tratado de dinamitar el Gobierno de Castillo desde el exterior, pero no hay duda de que los mayores enemigos los tiene dentro. Castillo no parece necesitar que nadie lo acerque al abismo, él se asoma solito.
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El presidente comunicó en Twitter la remodelación del Gobierno como si fuera una idea suya. En realidad, la hace obligado. Horas antes, Vásquez habían hecho saltar todo por los aires. En ese intervalo de tiempo, el ministro más sólido de ese Gobierno, el economista Pedro Francke, anunció en redes sociales que se ponía de parte de los que exigen más contundencia contra la corrupción. Castillo nunca estuvo antes tan aislado. Su supervivencia está en el aire.
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Mexican Julio César ‘Rey’ Martínez, flyweight world champion, and Nicaraguan Román ‘Chocolatito’ González will fight on March 5 at the Pechanga Arena in the US city of San Diego, the World Boxing Council (WBC) announced on Wednesday. ).
“I am delighted to be able to move up in weight and fight the best right away. ‘Chocolatito’ is a living legend and a fighter I have always admired. Going with him in my first fight at super flyweight is special: The night will be a war and I’m ready for her,” Martinez wrote.
Todo empezó, según el relato judicial, con un correo anónimo recibido el 24 de septiembre de 2015, casi tres meses después de la increíble fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán del penal de máxima seguridad El Altiplano: el mensaje advertía a las autoridades que la actriz Kate del Castillo planeaba encontrarse con el líder del cártel de Sinaloa porque quería producir una película sobre su vida. “El próximo 25 de septiembre del 2015 se reunirá con él en el poblado de la Tuna, en Badiraguato, Sinaloa”, se lee en la transcripción, “solo necesitarán seguirla o intervenir sus teléfonos para que verifiquen lo que les estoy diciendo”. Más que un soplo, aquel mensaje parecía una instrucción (“recorrerán el pueblo ese día y visitarán a la madre”, dice en otra parte, “si no hay fuerzas armadas cerca”). Como sea, desde aquel día, la actriz se volvió oficialmente un objetivo de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), y lo siguió siendo mucho después de que el narcotraficante fuera recapturado unos meses más tarde, en enero de 2016.
El repaso de la indagatoria que las autoridades emprendieron a finales de 2015 contra Kate del Castillo, al que tuvo acceso EL PAÍS, deja abierto un interrogante sobre los motivos o las pistas que impulsaron aquella investigación tras la caída del Chapo: durante 17 meses, la PGR se valió de intervenciones telefónicas, policías de inteligencia, auditorías fiscales, entrevistas testimoniales y cooperación con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) para ver si era posible procesar a Del Castillo por delitos como delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y encubrimiento, tomando como punto de partida sus intercambios y su encuentro con El Chapo Guzmán. Nada funcionó: las pruebas no sirvieron para asociarla con el cártel de Sinaloa ni revelaron que hubiera dinero del capo detrás del tequila que promocionaba la actriz, pero el proceso dio lugar a una larga novela con filtraciones de chats, acusaciones cruzadas, demandas y un encuentro surrealista entre uno de los mayores narcotraficante del mundo, el actor Sean Penn, Kate del Castillo y dos productores de Hollywood.
Fotografía tomada durante el encuentro entre Kate del Castillo, Joaquín «El Chapo» Guzmán y el actor Sean Pen en 2015.
La génesis de aquel encuentro es conocida: en 2012, la protagonista de La reina del sur publicó una carta abierta en Twitter donde decía que confiaba más en El Chapo que en el Gobierno, y le sugería al capo que empezara a “traficar con amor”. Guzmán acusó recibo y terminó convirtiendo a Del Castillo en una nueva obsesión para completar una vieja obsesión: la de hacer una película sobre su propia vida. El primer contacto entre la actriz y los abogados del Chapo para discutir la posibilidad de colaborar en la filmación biográfica se dio en 2014, cuando Guzmán ya estaba detenido en El Altiplano. Desde entonces, ella y el capo —con sus abogados como intermediarios— comenzaron un intercambio que fue seguido de cerca por las autoridades. Sin embargo, el relato sobre el inicio de la indagatoria es candoroso: según los documentos, el día que las autoridades recibieron el supuesto correo anónimo —septiembre de 2015— policías federales de la División de Inteligencia acudieron a los aeropuertos de la Ciudad de México y de Guadalajara para preguntar en las aerolíneas si había reservaciones a nombre de Kate del Castillo. Y, casualmente, sí había: en un módulo les informaron que la actriz tenía un vuelo que llegaría a Guadalajara.
“El día 25 de septiembre de 2015, a partir de las 10:00 horas nos constituimos en el aeropuerto de la ciudad de Guadalajara montando una vigilancia fija”, se lee en el informe policial. Cuando la actriz arribó al aeropuerto de la capital tapatía, los agentes la siguieron al hotel y luego al restaurante del hotel, se sentaron en una mesa contigua a aquella donde Del Castillo mantenía una conversación con uno de los abogados de El Chapo, y —siempre según el informe— lograron captar fragmentos del diálogo. Así pudieron escuchar que la actriz supuestamente decía: “Será un honor ser ‘socia del señor’”. Para entonces, la Policía Federal sabía bien a quién estaba siguiendo: después de recibir la denuncia anónima, una de las primeras cosas que hicieron fue buscar la biografía de Kate Del Castillo en Wikipedia, según figura en otro de los informes de la indagatoria.
De acuerdo con los chats que la fiscalía filtraría después a la prensa, ese 25 de septiembre fue el día en que la actriz les dijo a los abogados de Guzmán que quería llevar al actor Sean Penn cuando se encontraran en persona para discutir el proyecto de hacer una película. Los abogados tuvieron que explicarle al capo quién era Penn y en qué film aparecía (“el que hizo la película 21 gramos”). Le dijeron que también era activista y que había sido “crítico de la administración de los Bush”. Guzmán aceptó que fueran todos (Del Castillo, Penn y “los mechudos”, como les decían a los productores), dio instrucciones para que le compraran un teléfono a la actriz para comunicarse (“hay que ver qué colores hay para comprar un color de mujer”, y acordaron una fecha para el encuentro: el 2 y 3 de octubre.
En los días posteriores, los policías volvieron a ambos aeropuertos a realizar tareas de vigilancia. El 2 de octubre vieron que la actriz aterrizó a las 13:20 en Guadalajara en un vuelo privado acompañada por otras personas, entre ellos Sean Penn. Los agentes los siguieron hasta el hotel, donde apenas si dejaron sus maletas y volvieron a salir en tres vehículos por una carretera federal rumbo a Tepic, Nayarit. En el camino “ingresaron a una brecha donde se ubicó una pista aérea observándose minutos después la salida de dos avionetas”, quedó anotado en el informe. Hasta ahí llegaron los agentes aquel día. Lo que sucedió a partir de ese momento ha sido narrado tanto por Del Castillo en la revista Proceso como por Penn en la revista Rolling Stone, y ambos artículos figuran en la indagatoria.
Afiche promocional de la serie que protagonizaba Kate del Castillo.
El 2 y 3 de octubre de 2015, los dos actores se reunieron con Guzmán Loera en una zona montañosa de México que no fue revelada, y donde estuvieron vigilados por más de 100 miembros del cártel. En su crónica larguísima, autoindulgente y ampliamente cuestionada para la revista Rolling Stone, publicada el 10 de enero de 2016, un día después de que El Chapo fuera recapturado, Penn habla de la “sonrisa cálida” del capo y de su “carisma indiscutible”. “Trafico más heroína, metanfetaminas, cocaína y marihuana que nadie en el mundo. Tengo una flotilla de submarinos, aviones, camiones y botes”, le dijo el capo durante la conversación. Aquella entrevista fue el origen de la discordia entre Kate del Castillo y Sean Penn —que se terminaron acusando mutuamente—, y una humillación pública para el Gobierno de Enrique Peña Nieto: tres meses después de escapar del penal de máxima seguridad, mientras era el criminal más buscado de norteamérica, el líder del cartel de Sinaloa se daba el lujo de recibir a visitas famosas para tomar tequila, hablar de su sueño de hacer una película sobre su vida y jactarse de sus logros criminales frente al el exmarido de Madonna y a una actriz que había dicho públicamente que confiaba más en él que en el Gobierno mexicano.
Cuando la entonces procuradora dio a conocer que habían capturado al Chapo luego de seis meses prófugo, dijo que un aspecto importante que permitió precisar su ubicación fue “el haber descubierto la intención de Guzmán Loera de filmar una película biográfica, para lo que estableció comunicación con actrices y productores”. De un modo u otro, su afirmación volvía a todos los involucrados en parte del problema.
Obsesiones y traiciones
Tras revelarse el encuentro secreto del narcotraficante con los famosos actores, la PGR le confirmó al diario Reforma que ambos se encontraban bajo investigación. Sin embargo, la única que estaba inmersa en una investigación desde meses atrás era Del Castillo. Y una pieza clave para acceder a información confidencial de ella fue Andrés Granados, abogado del capo. Una de las primeras diligencias que realizó el ministerio público en la indagatoria fue pedir información de los chats resguardados en el equipo telefónico del litigante.
Estas conversaciones habían sido captadas tras una autorización de un juzgado penal para que la Procuraduría pudiera intervenir las comunicaciones privadas del abogado. En su teléfono se encontraron fotografías con la actriz y también había chats. En una de las conversaciones, Granados le dice a la actriz: “Estamos checando bien el poder. Reciba un saludo del sr. y su servidor”. Posteriormente, al ser interrogado por los fiscales, el abogado explicó que se trataba de un poder notarial que Guzmán Loera le daría a ella para pleitos, cobranzas y negociaciones, pero no precisaba si se concretó. Lo que el capo le había ofrecido a la actriz, según reportaron entonces distintos medios, eran los derechos exclusivos para hacer una película sobre su vida.
Del Castillo ha insistido siempre en que eso fue lo que motivó su acercamiento al narcotraficante: “Eso me parecía oro puro para mi carrera, para hacer algo grande y poder hacer cosas”, dijo en una entrevista en 2018. Pero la captura del capo y la publicación de la entrevista en Rolling Stone trastocaron todo. Según la actriz, Sean Penn no le dijo que iba a intentar entrevistarlo hasta que ya estaban reunidos con el capo, lo que la hizo sentirse traicionada. Así lo contó en el documental que estrenó en 2017, Cuando conocí al Chapo, donde se da a entender que la participación del actor habría contribuido de algún modo a la captura del narcotraficante. Así lo creyeron también los abogados de Penn, que advirtieron a Netflix que la emisión del documental ponía en riesgo la vida de su defendido. En un libro publicado en 2020 —El Jefe: The Stalking of Chapo Guzmán—, el reportero del New York Times Alan Feuer pone en duda la posibilidad de que Penn haya colaborado en algo, al igual que la afirmación de las autoridades mexicanas de que la reunión entre el capo y los actores fue clave para volver a detenerlo: en realidad, dice Feuer, las fuerzas mexicanas y las de Estados Unidos ya sabían dónde estaba escondido Guzmán, y aquella visita de famosos fue un obstáculo antes que una pista.
Kate del Castillo posa durante un rodaje en San Miguel de Allende en el año 2011.Clasos/CON (LatinContent via Getty Images)
Pero la procuraduría siguió dando a entender esa versión y siguió adelante con la indagatoria. Entre otras diligencias, requirieron información a la oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de Estados Unidos y a la dirección regional adjunta de la DEA. Esta última remitió un informe donde destacaba: “Ninguna de las personas mencionadas posee antecedentes penales en nuestras bases de datos por tráfico de drogas”. En México, la PGR requirió información de las cuentas bancarias de Del Castillo a diversas instituciones a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, solicitó las declaraciones de impuestos al SAT y documentación certificada referente a un “acto de fiscalización practicado a la contribuyente”.
Se solicitó a cada una de las oficinas de los registros públicos de la propiedad en las 32 entidades del país que se buscaran bienes inmuebles o terrenos inscritos a nombre de la actriz, se requirió al Instituto Nacional de Migración un reporte de todas sus entradas y salidas al país y se pidió al representante legal de la empresa Black Berry sábanas de llamadas telefónicas relacionadas con los números telefónicos que utilizó Del Castillo.
Las autoridades gastaron recursos económicos y humanos para intentar demostrar que la protagonista de La Reina del Sur había hecho una sociedad con el líder del cártel de Sinaloa y que este habría invertido recursos económicos para la patente de una marca de tequila de la actriz y para una película sobre su vida, pero los testimonios recabados fueron desdibujando esta hipótesis. Pese a ello, la fiscalía continuó con la indagatoria y fueron filtrando a los medios de comunicación lo que ya no les servía para sostener el caso, pero generaba morbo en la prensa, como aquella conversación donde Guzmán Loera le decía: “Te cuidaré más que a mis ojos”.
El 19 de febrero de 2017, el agente del ministerio público encargado del caso analizó cada una de las pruebas y decidió ponerle fin a la indagatoria. En el dictamen emitido, donde se enumeran más de 200 pruebas analizadas, se decretó el no ejercicio de la acción penal. Con ello el expediente terminó archivándose sin haber sido enviado siquiera a un juez. Sobre el delito de delincuencia organizada, el fiscal señaló que no se demostró que la actriz se hubiese organizado con tres o más personas de forma permanente o reiterada o que hubiese pertenecido al grupo criminal. “El material probatorio tampoco arroja actos concretos de intervención de la implicada conforme a los fines de la agrupación que lidera El Chapo Guzmán y ni siquiera evidencian su pretensión para formar parte de dicha banda criminal”, quedó asentado en el documento.
El Chapo Guzmán es escoltado por agentes de la Marina durante su detención en 2016.Anadolu Agency (Getty Images)
Lo único que arrojaron las pruebas que durante meses recabó la Fiscalía es que Kate del Castillo tenía interés de realizar una película relacionada con Guzmán Loera para documentar la vida de este. “Esa circunstancia no implica la realización de actividades ilícitas, sino que únicamente refleja que la reunión con la persona citada era solo con la finalidad de realizar una película y en ejercicio de una profesión”, dice el documento.
Después de descartar los delitos por delincuencia organizada y lavado de dinero, analizaron si Del Castillo había cometido delitos contra la salud y por encubrimiento, pero tampoco pudieron incriminarla porque concluyeron que el hecho de que en un momento determinado se hubiera reunido con el Chapo Guzmán para la realización de un proyecto sobre su vida no implicaba que los inculpados supieran dónde se encontraba oculto ni que hubieran proporcionado un sitio para esconderlo. “Tampoco se advierten indicios con los que se pueda advertir la forma en que los sujetos activos ayudaban o apoyaban a éste a esconderse, por lo que no se observa conducta dirigida a ocultar o favorecer el ocultamiento de dicha persona”, indicó el ministerio público.
Kate del Castillo llora durante una conferencia de prensa en el Club 51 el 20 de diciembre de 2018 en la Ciudad de México, México. La actriz Kate del Castillo regresaba a México a un acto público luego de 3 años de ausencia acusada por el Gobierno de Enrique Peña Nieto de supuestos vínculos con el narcotraficante más poderoso del mundo.Carlos Tischler (Getty Images)
Una vez que se emitió el dictamen de no acción penal, la actriz ha buscado la forma de tener acceso al documento y ha buscado la protección de la justicia para lograrlo. Uno de los jueces que vio su amparo concluyó que las autoridades de la Procuraduría General de la República utilizaron las filtraciones en los medios de comunicación como “una forma de penalizarla desproporcionadamente” mediante una supuesta vinculación afectiva con el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, sin juicio previo. La actriz también ha señalado que la PGR en el sexenio de Enrique Peña Nieto la puso en peligro e incluso presentó una querella por lo que calificó como un acoso oficial a raíz de su encuentro con el narcotraficante.
En 2020, el reportero Alan Feuer contó que desde la prisión de alta seguridad donde cumple su condena en Estados Unidos, El Chapo seguía intentando vender su película. “No puedo decir exactamente cómo lo sé”, explicó, “pero él está buscando absolutamente hacer la película hasta el día de hoy”.
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