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En lo alto del Palacio de Montecitorio, sede de la Cámara de Diputados de Italia, hay una campana que solo suena una vez cada siete años. El jueves por la tarde, a las 15.15, el badajo le sacó el polvo al artefacto y comenzó la música que anuncia el comienzo de la más alta ceremonia institucional de Italia. En ese momento, el presidente de la República, Sergio Mattarella, salió de su despacho en el Palacio del Quirinal y recorrió los 900 metros que lo separaban del Parlamento. Justo cuando entró, acompañado de los presidentes de ambas cámaras, la campana dejó de sonar y solo volvió a hacerlo cuando el mismo hombre juró sobre la Constitución como nuevo jefe del Estado, reelegido el pasado sábado tras el caótico intentó por buscarle un sucesor.

El presidente de la República realizó un discurso de 37 minutos, profundo y lleno de referencias progresistas —inmigrantes, mujeres, trabajadores…— en el que tuvo tiempo hasta de acordarse de la actriz Monica Vitti, fallecida 24 horas antes. Un canto a la “dignidad” de un país, señaló, que pasa por el respeto y los principios sagrados de la democracia, de la justicia social y de la centralidad de su Parlamento.

De no haber aceptado un segundo mandato, Mattarella cree que las expectativas de los italianos podrían haberse visto “fuertemente comprometidas” por “la prolongación de un estado de profunda incertidumbre política y tensiones, cuyas consecuencias podrían haber puesto en peligro recursos decisivos y las perspectivas de relanzar el país”. “He intentado atender siempre la Constitución en los últimos siete años. A la garantía de derechos, al apoyo y respuestas al malestar de los que más sufren. Y esas esperanzas habrían sido comprometidas si se alargaba la decisión. Habrían puesto en dificultades las siguientes decisiones”, añadió. Y aquí volvieron los aplausos, que se repitieron decenas de veces, con casi toda la cámara en pie, durante su discurso. Incluso cuando sacudió a la justicia y pidió una importante reforma.

Mattarella (80 años) es el segundo presidente de la República que repite en el cargo (el anterior fue su predecesor, Giorgio Napolitano). Es también el segundo más votado de la historia —tras Sandro Pertini— y el hombre llamado a mantener la senda de estabilidad iniciada hace apenas un año con la elección de Mario Draghi como presidente del Consejo de Ministros. Mattarella, precisamente, lanzó un discurso de unidad y optimismo, pero alertó del reto que afronta el país que más se ha beneficiado de los fondos europeos para salir de la crisis pospandémica. “Es una fase extraordinaria. Italia es el mayor beneficiario del programa Next Generation, debemos relanzar la economía. Hay que construir en estos años la Italia de después de la emergencia. Una Italia más justa y moderna. Que crezca en la unidad y que reduzca las desigualdades”.

Aviones militares forman la bandera italiana sobre el monumento al soldado desconocido este jueves en la plaza Venecia de Roma.
Aviones militares forman la bandera italiana sobre el monumento al soldado desconocido este jueves en la plaza Venecia de Roma. REMO CASILLI (REUTERS)

El aprecio ciudadano por Mattarella pudo verse también con la acogida que tuvo en las calles el desfile que le llevó desde el Quirinal hasta Montecitorio escoltado por un ejército de motocicletas de los carabinieri. Sonaron 21 salvas del cañón del monte del Gianicolo y sobrevolaron Roma los tradicionales aviones caza estampando en el cielo la bandera tricolor. Pero también pudo apreciarse el respeto político del que goza el jefe del Estado, impuesto en una operación parlamentaria sin apenas precedentes surgida desde las bases, con el larguísimo y sentido aplauso que recibió a su llegada al interior de la cámara. Italia, un país siempre fragmentado política y socialmente, ha encontrado en este siciliano surgido del ala progresista de la vieja democracia cristiana una de las pocas piezas que lo mantienen unido.

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El segundo mandato de Mattarella está pensado para durar otros siete años. Pero su edad y el escaso interés que tenía en repetir en el cargo hacen pensar que podría renunciar antes de terminarlo, cuando considere que se dan las circunstancias en el Parlamento para elegir de forma ordenada a su sucesor. Eso fue exactamente lo que hizo Napolitano en 2015. Mattarella, experto constitucionalista, no se lo plantea con ningún plazo. No hubo la más mínima referencia a un posible mandato mutilado, que afronta con cierto sacrificio (había hecho ya la mudanza a su nueva casa).

Mattarella se acordó de los jóvenes, de los inmigrantes y de los estudiantes que buscan un futuro. También de quienes han tenido que emigrar de Italia para encontrarlo. “Las desigualdades no son el precio a pagar por el crecimiento, sino el freno a ese crecimiento. Nuestra obligación es quitar los obstáculos. La dignidad tiene un significado ético y cultural. La dignidad incluye erradicar, por ejemplo, las muertes en el trabajo, que hieren a nuestra sociedad y la conciencia de cada uno de nosotros”. La dignidad, dijo, “también es oponerse al racismo y al antisemitismo, agresiones intolerantes. La dignidad es impedir la violencia sobre las mujeres. Pero también un país libre de la Mafia”, señaló Mattarella, cuyo hermano fue asesinado por la Cosa Nostra.

El jefe del Estado, reconocido puente con los Estados Unidos y el espíritu de la OTAN, también se refirió al conflicto en Ucrania, para el que pidió el cese de las pruebas de fuerza y pidió una apuesta decidida por el diálogo como estrategia para la paz. Además, aseguró que no puede faltar la aportación de Italia para contribuir a la paz. “No podemos aceptar que en Europa se levante de nuevo el viento del enfrentamiento”, dijo.

Mattarella se trasladó luego hasta el monumento por los caídos, el Altar de la Patria de plaza Venecia, recorriendo en coche presidencial la via del Corso. Ahí, rindiendo homenaje al soldado desconocido muerto en la Primera Guerra Mundial, estuvo acompañado por el presidente del Consejo de Ministros, Mario Draghi. Ambos tienen una sintonía evidente y la reelección del jefe de Estado ha sido para el expresidente del BCE la mejor de las opciones. “Agradezco a Draghi su compromiso”, dijo Mattarella tras acordarse también del presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, fallecido recientemente. Una vez terminado el homenaje, Mattarella subió a bordo del histórico Lancia Flaminia presidencial y, tras haber fantaseado solo por unos días con poder jubilarse, regresó a trabajar a su oficina.

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Un grupo de patriotas, como se llaman a sí mismos los simpatizantes de Donald Trump, se reunió el pasado 6 de enero en el centro de Phoenix, la capital de Arizona, para celebrar un año de la toma del Capitolio. Para muchos estadounidenses aquel fue un oscuro episodio en la historia del país, pero para los más fervientes seguidores del expresidente fue un momento de “orgullo” y defensa del voto ante lo que consideran el fraude de 2020.

“Aquel fue un día como ningún otro. Tuvimos una epifanía… Fue una protesta pacífica en su mayoría a excepción de la brutal paliza a algunos manifestantes”, afirma Patrick Mcelroy, de 65 años, quien estuvo presente en la vigilia frente al Capitolio local, donde estuvo acompañado por simpatizantes que gritaban con un megáfono “Trump ganó” y mostraban carteles de “Biden no es mi presidente” a otro colectivo que celebraba un homenaje pacífico en memoria de los fallecidos en la insurrección. Entre los trumpistas había también hombres con armas largas, defensores del derecho a llevar pistolas o escopetas en un Estado que permite llevar armamento en público.

“Desde ese día estoy convencido que debemos luchar por nuestro país, que está en peligro”, asegura Mcelroy, originario de la ciudad de Blythe, en California, pero que vive desde hace más de 30 años en Arizona, un Estado que hace varios años era profundamente republicano, pero cuyos cambios demográficos lo han convertido en púrpura, el color del Partido Demócrata. Jubilado y propietario de un negocio de servicio eléctrico, Mcelroy dice estar preocupado por la “invasión” en la frontera entre EE UU y México. “Me siento ofendido con que Kamala Harris [la vicepresidenta] haya mencionado a Pearl Harbor y la protesta del Capitolio en una misma oración. Supongo que como la frontera, tampoco ha visitado el memorial de los caídos en Scottsdale”, afirma.

Mcelroy esperaba con ansías el primer mitin de Trump de 2022. El expresidente eligió Arizona, el Estado de siete millones de habitantes que perdió en las presidenciales ante Joe Biden por solo 10.457 votos, para comenzar el año electoral en el que los republicanos pueden arrebatar a los demócratas el control de la Cámara de Representantes y el Senado en los comicios del 8 de noviembre. En Arizona están en juego nueve distritos de la Cámara Baja, cinco en manos de los demócratas. También se decidirá el escaño del senador demócrata y astronauta Mark Kelly. La polémica Kyrsten Sinema, demócrata centrista que se ha convertido en un obstáculo para Biden y su agenda, culmina su periodo en 2025.

El exmandatario pretende usar el escenario está noche en Florence, 80 kilómetros al sureste de la capital de Arizona, para dibujar las que serán las líneas de discurso de su año político: “Las elecciones amañadas de 2020, los corruptos medios de comunicación, el desastre de Afganistán, la inflación y la falta de respeto que se le tiene a nuestra nación y sus líderes”, según informó la campaña Save America.

Para su primera aparición en público, Trump tenía previsto rodearse de varios miembros de su corte. Entre ellos, el legislador de Arizona, Paul Gosar, que provocó un escándalo a finales del año cuando publicó en las redes sociales un video de animación donde asesinaba a la estrella progresista, la parlamentaria Alexandria Ocasio-Cortez. También del empresario Mike Lindell, un vendedor de almohadas de posturas radicales, que es una celebridad entre los fanáticos del expresidente.

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Trump, quien ya ha anunciado que su segundo mitin se celebrará el 29 de enero en Texas, está usando estos eventos para respaldar públicamente a sus candidatos rumbo a las elecciones de medio mandato. Como candidata a gobernadora de Arizona ha elegido a Kari Lake, una veterana presentadora con 22 años de trayectoria en la pantalla de la cadena conservadora Fox News. “Las redacciones de este Estado y de este país están llenas de activistas liberales, lo que hace que la gente común no tenga información de calidad. No les dicen la verdad. Era poco ético e inmoral quedarme en los medios”, contaba recientemente Lake sobre qué le llevó a dejar el periodismo y saltar a la política. La aspirante va a la cabeza de los sondeos entre los republicanos para relevar al gobernador conservador Doug Doucey, quien no puede presentarse a la reelección después de dos mandatos.

Doucey, aunque republicano, cayó de la gracia de Trump porque validó los resultados electorales que dieron el triunfo a Biden, el primer demócrata que ganó el Estado desde 1996. A pesar de esto, legisladores de su partido en el Senado local ordenaron una auditoría de 2,1 millones de votos en el condado de Maricopa, el más grande de Arizona, con la esperanza de que reflejara el supuesto robo. No hubo tal. La revisión arrojó incluso 99 votos más para el actual presidente y 261 menos para Trump. Y estos resultados se obtuvieron a pesar de que la empresa encargada de hacer el nuevo recuento no tenía experiencia en la materia y está financiada por grupos republicanos. Lejos de haberse ido evaporando con el tiempo, la gran mentira de que Biden ganó con un fraude se ha enquistado en la mente de los trumpistas.

Lake ha sido criticada por sus declaraciones extremistas sobre varios temas. Ha reclamado la encarcelación de Katie Hobbs, la secretaria de Estado de Arizona que validó los resultados de 2020 y que podría convertirse en su rival demócrata para gobernar el Estado. Lake sigue a rajatabla el guion que Trump escribió desde la Casa Blanca. Ha prometido que si llega al poder continuará la construcción del muro fronterizo y ejercerá mano dura ante la inmigración que llega de México y Centroamérica, que superó los 1,7 millones de detenciones, una cifra que rompió los récords de ingresos ilegales en la frontera sur.

“Hay tantos menores que están siendo alquilados o prestados a otros individuos para cruzar. Nadie en Estados Unidos haría eso. Si pones a tu hijo en peligro te enfrentarías a cargos penales, pero aquí tenemos gente que presta a sus hijos a los carteles y traficantes de personas”, explica Art del Cueto, que forma parte de un sindicato de agentes de la patrulla fronteriza que simpatiza con las políticas de mano dura de Trump. Del Cueto y los 14.000 integrantes del grupo afirman que Biden ha abierto las puertas del país a los inmigrantes y piden la ampliación de los centros de detención para lo que llaman “una crisis sin precedentes”.

Arizona también es escenario de una de las reformas republicanas que dificultan el voto. En mayo de 2021, los legisladores aprobaron una norma que les permite depurar el padrón de votantes por correo, compuesto por tres millones de personas. Los críticos de la norma aseguran que esta eliminará entre 100.000 y 200.000 votantes en los próximos comicios, principalmente negros y latinos. Los hispanos, que representan el 24% de los votantes del Estado y han sido claves para las victorias demócratas en la entidad, estarían entre los principales afectados. En julio, la mayoría conservadora del Tribunal Supremo se negó a anular esta reforma.

El activista Martin Luther King III, hijo del fallecido líder de los derechos civiles, encabezó el sábado en Phoenix una protesta en contra de lo que considera la supresión de un derecho para las minorías. “Los latinos están votando y cada vez se involucran más. Pronto tendremos los números para arrebatar el Estado a los conservadores. Están muy preocupados, por eso no quieren que voten”, dice Dan O’Neil, que encabeza una coalición progresista en Arizona que busca arrebatar el escaño a la senadora Sinema y lograr el primer gobernador demócrata en el Estado desde 2009.



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Una ilustración de un móvil infectado con el sistema Pegasus.
Una ilustración de un móvil infectado con el sistema Pegasus.Fernanda Castro

Los teléfonos celulares de más de la mitad de los trabajadores del medio digital salvadoreño El Faro estuvieron intervenidos entre junio de 2020 y noviembre de 2021, según pudieron verificar The Citizen Lab, un laboratorio especializado en ciberseguridad de la Universidad de Toronto, y Access Now, una organización que vela por la protección de los derechos digitales. Ambas organizaciones examinaron durante tres meses, de septiembre a diciembre de 2021, los teléfonos iPhone de todos los miembros de El Faro y la conclusión es contundente: los aparatos telefónicos de 22 miembros del periódico fueron intervenidos con Pegasus, el software de espionaje de la empresa israelí NSO Group.

El espionaje detectado y que este miércoles reveló El Faro fue dirigido contra todos los estamentos posibles del diario: editores, redactores, miembros de Junta Directiva y hasta personal administrativo. En casi todos los casos, el equipo permaneció bajo constante vigilancia a lo largo de 226 intervenciones distintas.

Desde su llegada al poder en junio de 2019, el diario salvadoreño está en el centro de las iras del Presidente Nayib Bukele después de que el periódico digital revelara, entre otras cosas, el acuerdo entre su Gobierno y las pandillas para la pacificación del país, así como otros casos de corrupción que afectan a sus colaboradores.

La empresa dueña del software, NSO Group, ha declarado que solo vende el programa de espionaje Pegasus a Gobiernos bajo la autorización del Ministerio de Defensa de Israel. Las organizaciones internacionales que han hecho el peritaje de los teléfonos de El Faro han liderado procesos similares con periodistas, activistas u opositores de otros países en las que concluyeron que todo apuntaba que fueron los respectivos gobiernos los que estuvieron detrás de las intervenciones. EL PAÍS ha tratado de obtener la versión del portavoz del Gobierno salvadoreño, Ernesto Sanabria, sin que haya habido respuesta alguna.

En un comunicado enviado a la agencia Reuters, la oficina de comunicaciones de Bukele dijo no ser cliente de NSO Group. Además, asegura que su Gobierno está investigando el supuesto ataque cibernético y que tienen indicios de que algunos altos funcionarios podrían también tener sus teléfonos intervenidos y ser “víctimas de ataques”.

En el caso de El Faro, entre los más espiados destacan el jefe de redacción, Óscar Martínez, víctima de 42 pinchazos, el subjefe de Redacción, Sergio Arauz, con 14; el corresponsal de El Faro en Estados Unidos, José Luis Sanz, 13 y el editor mexicano, Daniel Lizárraga, antes y después de que el Gobierno salvadoreño lo expulsara del país en julio.

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El caso más llamativo es el del periodista Carlos Martínez, quien ha firmado todas las publicaciones relacionadas con pactos de políticos y pandillas desde 2012. El reportero estaba siendo escuchado en el momento mismo en que Citizen Lab y Access Now analizaban su teléfono en noviembre de 2021. En esos momentos, Martínez ya investigaba las negociaciones de la MS-13 con el Gobierno y había publicado que las negociaciones incluyeron a las tres pandillas. Este pinchazo revela para los investigadores “un caso sin precedentes”, según el laboratorio de Toronto. “Es muy raro agarrar una infección cuando está viva”, según el investigador de The Citizen Lab Scott-Railton. Contactado por EL PAÍS, el periodista Carlos Martínez considera que Bukele está detrás del robo de información. “Esta operación de espionaje ilegal contra el periódico es coherente con los distintos ataques de Bukele contra El Faro desde que comenzó su gestión. Este ataque tiene que ver con las campañas de difamación contra nosotros, con la utilización de instituciones públicas para atacar al periódico y las abusivas auditorías o las acusaciones en televisión sobre que somos lavadores de dinero. Las escuchas a las que somos sometidos son coherente con esta forma de actuar”, explicó.

Otro de los casos destacados es el de Carlos Dada, director de El Faro y presidente de la junta directiva, quien fue víctima de 12 pinchazos. Por la duración de los mismos, la investigación permite concluir que éstos se mantuvieron activos durante 167 días distribuidos entre julio de 2020 y junio de 2021. Cada uno de estos pinchazos, que cuesta miles de dólares, permite al programa el acceso completo al contenido del teléfono: extracción de mensajes, imágenes o cualquier archivo, activación de la cámara y el micrófono, robo de sesiones en aplicaciones de redes sociales, acceso a los adjuntos de los mensajes de texto, aplicaciones de mensajería, de correo electrónico, y también la posibilidad de que acceder a las bitácoras de geolocalización, registros de llamadas y actividad de navegación en sitios de internet.

Entre los periodistas con diez o más robos de información están Gabriel Labrador, con 20, Julia Gavarrete, con 18 (incluidas 15 intervenciones en su teléfono personal y tres en el institucional), Gabriela Cáceres, con 14; Roxana Lazo, con 12: y Efren Lemus, con diez. Además, hay implicados periodistas del medio Gatoencerrado contra quien Bukele ha dirigido varios de sus ataques.

Fernanda Castro

Durante los meses en que los periodistas fueron espiados, se realizaron investigaciones sobre la negociación entre el Gobierno y las pandillas, el robo de alimentos destinados a la pandemia por parte del director de Centros Penales y su madre, las negociaciones secretas de los hermanos de Bukele para el desembarco del Bitcoin o el patrimonio de algunos funcionarios del actual Gobierno.

El espionaje contra El Faro, sin embargo, no se limitó a la redacción. El teléfono del gerente general, Carlos Salamanca, estuvo intervenido entre septiembre y octubre de 2020, justo cuando se intensificaron las auditorías de Hacienda contra el periódico. Lo mismo sucedió con el gerente administrativo, Mauricio Sandoval. Sandoval fue intervenido, en otros momentos, el 6 de julio día que recibió la notificación institucional enviada por Migración que ordenaba al editor Daniel Lizárraga abandonar el país en 24 horas.

Precisamente Lizárraga representa uno de los casos más sangrantes del espionaje contra los periodistas. Lizárraga ha sufrido el brutal espionaje de Pegasus en dos ocasiones: la primera en México, como miembro del equipo de la periodista Carmen Aristegui y la segunda en El Salvador como parte de El Faro. Su caso puso por primera vez el escándalo de Pegasus sobre la mesa cuando se descubrió que el gobierno de Peña Nieto utilizó el programa para espiar a Lizárraga, quien participó en las revelaciones sobre la ‘Casa Blanca’ como se conoció el escándalo que implicaba a la esposa de Peña Nieto en la compra de una mansión con dinero de un constructor agraciado en la concesión de obras públicas. El escándalo reveló que, para espiar, Pegasus es el arma favorita de los gobiernos con tentaciones autoritarias.

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Una mujer pasea con sus hijos delante de un mural de Daniel Ortega, este lunes en Managua.
Una mujer pasea con sus hijos delante de un mural de Daniel Ortega, este lunes en Managua.OSWALDO RIVAS (AFP)

Daniel Ortega y Rosario Murillo prestarán juramento presidencial en la tarde de este lunes en soledad. La comunidad internacional no solo ha rechazado la elección en la que se eligieron sin competencia en noviembre de 2021, después de apresar a todos sus contendientes, sino que esta mañana Estados Unidos y Canadá aplicaron sanciones conjuntas contra funcionarios del régimen sandinista. Se trata de una acción como respuesta a la perpetuación en el poder de la pareja presidencial, a la que también se sumará el Reino Unido, de acuerdo con fuentes diplomáticas consultadas por EL PAÍS.

La Unión Europea fue la primera en despuntar con la ampliación de sanciones contra siete funcionarios más (entre ellos los hijos de la pareja presidencial Camila y Laureano Ortega Murillo) y tres instituciones claves en el esquema represivo del sandinismo: la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), entidad encargada de una granja de troles para generar desinformación, según reveló una investigación periodística en junio de 2021. Es la primera vez que la Unión Europea sanciona a organismos nicaragüenses.

Seguidamente, Estados Unidos puso la nota dura al sancionar a seis personas más, en especial a tres generales del ejército de Nicaragua, una institución que siempre ha alegado que se mantiene al margen de la represión política, aunque muchas organizaciones de derechos humanos la acusan de complicidad e inacción ante el desarme de grupos paramilitares que operan al margen de la Constitución. Posteriormente, EE UU también anunció que cancelaba las visas a 116 personas “cómplices de socavar la democracia en Nicaragua”, incluidos alcaldes, fiscales, administradores universitarios y funcionarios policiales, penitenciarios y militares.

Los tres generales del ejército sancionados son Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz (jefe del Estado Mayor General), Bayardo de Jesús Pulido Ortiz, y Ramón Humberto Calderón Vindell (exinspector general). Los tres militares son directivos del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), el fondo público de inversiones del ejército y en el cual se concentran los grandes negocios castrenses. El IPSM es uno de los grupos inversionistas con mayor rentabilidad en Nicaragua. De acuerdo a fuentes militares, la sanción golpea a la primera línea de mando, concretamente al jefe del Estado Mayor, que en teoría es el eventual sucesor del jefe castrense Julio César Avilés.

“Es un mensaje bastante directo al ejército”, le dice a EL PAÍS Elvira Cuadra, socióloga y experta en seguridad, en referencia a que los militares son considerados un factor clave de estabilidad para Ortega. “Está claro que el aislamiento internacional, comparado con el de los años ochenta, durante la revolución sandinista, es mayor. En los ochenta había gobiernos europeos que mantenían relaciones y reconocimiento al Gobierno. Ahora no”, añadió.

Por su parte, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos argumentó sus sanciones en que las “elecciones nacionales fraudulentas” de noviembre consolidan “aún más su control del poder en detrimento del pueblo nicaragüense”. “Estados Unidos y nuestros socios están enviando un mensaje claro al presidente Ortega, a la vicepresidenta Murillo y a su círculo íntimo de que continuamos apoyando al pueblo nicaragüense en sus llamamientos para la liberación inmediata de estos presos políticos y el retorno a la democracia”, dijo el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera Brian E. Nelson.

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López Obrador trastabilla

Aunque la vicepresidenta Murillo dijo que unas 300 personas de diferentes delegaciones los acompañarán en el juramento presidencial, hasta ahora en Managua solo ha aterrizado el aliado de siempre: el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Está prevista la llegada de Nicolás Maduro, el mandatario venezolano. Bolivia enviará al viceministro de Relaciones Exteriores, Erwin Mamani. Argentina y México dijeron en su momento que enviarían delegaciones, pero primero el país austral se retractó y el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha realizado una serie de declaraciones contradictorias.

Rosario Murillo anunció primero que el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, los acompañaría. Este domingo, fuentes de la Cancillería mexicana aseguraron que enviarían a Martín Borrego Llorente, director general para América Latina de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sin embargo, en un giro sorpresivo durante la noche del domingo se retractaron al decir que ningún funcionario acudiría a Managua. La primera información generó críticas y controversia porque el Gobierno mexicano prestara apoyo a uno de los regímenes que más viola los derechos humanos en la región.

No obstante, en la conferencia de prensa matutina de López Obrador se volvió a cambiar la versión oficial al decir que su país enviaría a Ramiro Ayala, jefe de la cancillería en la Embajada de México en Nicaragua. “De una vez lo voy a decir, es el encargado de negocios, porque no tenemos embajador, pero ya vamos a pedir el beneplácito”, sostuvo el mandatario mexicano, quien se apuró a decir que mantienen buenas relaciones con todos los países de la región.

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