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Las fuertes subidas de los precios de los carburantes para la ciudadanía le han costado la cabeza al máximo directivo de Petrobras, el general Joaquim Silva e Luna. El presidente Jair Bolsonaro lo destituyó este lunes por la noche después de que desoyera las presiones públicas del propio mandatario y otros políticos para no repercutir a los consumidores las alzas del petróleo en los mercados internacionales. Las acciones cayeron un 2,7% al cierre del lunes. Es el segundo presidente de Petrobras, la mayor empresa estatal brasileña, que Bolsonaro destituye en 13 meses.

El relevo fue anunciado poco antes de que el mandatario brasileño ingresara en un hospital con molestias estomacales. Tras ser sometido a diversas pruebas, recibió el alta. El presidente padece diversas secuelas de una puñalada que sufrió en la anterior campaña electoral.

Bolsonaro ha intentado quitar hierro este martes al relevo diciendo que “es un asunto de rutina, sin ningún problema”. El Gobierno es el principal accionista de la compañía con el 50,26%, que cotiza en las Bolsas de São Paulo, Nueva York y Madrid. El jefe del Ejecutivo, que el año pasado eligió al general Silva e Luna para el cargo porque pensó que sería más modelable que su antecesor, un tecnócrata, va a colocar ahora al frente de la petrolera a un economista partidario de contener los precios, Adriano Pires.

El pasado 10 de marzo la gasolina subió en Brasil un 18% y el diésel casi un 25% tras dispararse el barril de petróleo por la invasión rusa de Ucrania. El precio de los carburantes es un asunto vital para cualquiera que conduce un vehículo en este país descomunal que tiene una fuerte dependencia del transporte de mercancías por carretera. Y es, junto a la inflación, uno de los grandes quebraderos de cabeza de Bolsonaro, que pretende presentarse a la reelección. Y considera fuera de lugar que los precios castiguen a la clientela mientras la empresa reparte jugosos dividendos para su medio millón de accionistas.

El aumento del precio de los combustibles, relacionado en parte con los efectos que está teniendo la guerra en Ucrania y los de la inflación, incomodó a Bolsonaro que llegó a decir que era un “crimen contra la población”. A mediados de febrero declaró en una entrevista: “No tengo poderes sobre Petrobras. Pero, por mí, es una empresa que podría ser privatizada hoy”, pues “me libraría de ese problema”, dijo a la televisión Ponte Negra sobre esa remota posibilidad.

El problema de Bolsonaro es que la mayoría de la ciudadanía le considera responsable de los altos precios de los combustibles, según las encuestas. En Río de Janeiro y otro par de Estados, la gasolina está casi a ocho reales el litro (1,7 dólares o 1,5 euros), un dineral en un país donde el salario mínimo es poco más de mil reales. El descontento y la angustia entre los millones de conductores de aplicativos, motoristas repartidores y camioneros es enorme.

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El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, principal adversario de Bolsonaro de cara a las elecciones de octubre, también está descontento con la política de precios de Petrobras. Es un crítico declarado de que el precio de que el consumidor pague una cantidad vinculada a los mercados internacionales y al dólar. “Si (en Brasil) todo está en reales, ¿por qué pagamos el precio de la gasolina en dólar?”, proclamó hace unos días. Este mismo martes ha participado en Río de Janeiro en un debate sobre el tema con el sindicato de los trabajadores petroleros.

Con más de 46.000 empleados, Petrobras extrae 2,7 millones de barriles de petróleo diarios. Fundada en los cincuenta por Getulio Vargas, se abrió al capital privado en los noventa.

La destitución del jefe máximo de Petrobras se produjo unas horas después de la salida del ministro de Educación, que dimitió este lunes por sospechas de corrupción. Bolsonaro aceptó finalmente desprenderse de Milton Ribeiro, que es pastor evangélico, después de días de desgaste ante revelaciones periodísticas que apuntan a que el ministro dio preferencia en el reparto de fondos públicos para la educación a alcaldes a cambio de sobornos en los que otros dos pastores ejercían de intermediaros.

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La durísima batalla de España y Portugal en Bruselas para bajar los precios de la luz ha dado sus frutos. La UE se abre a dar carta blanca para adoptar medidas para frenar la crisis de los precios de la energía a nivel nacional, aunque la Comisión se reserva la última palabra para aprobarlas. Ambos países han logrado que el resto de socios comunitarios entiendan su particularidad como “isla energética” y que se incluya un cambio de texto en el borrador de las conclusiones del Consejo Europeo que se celebra este viernes en Bruselas que permitirá a España y Portugal poner topes de forma temporal al precio del gas que se usa para generar electricidad, de manera que se espera que baje rápidamente la factura para consumidores y empresas, en menos de un mes.

“Por fin se reconoce la excepción ibérica”, ha señalado un Sánchez eufórico aunque visiblemente agotado en una comparecencia conjunta con el portugués Antonio Costa. “La Comisión Europea permitirá a España y Portugal una medida excepcional, temporal, que no supone subvencionar al gas, que no altera los incentivos a las energías renovables, pero que nos va a permitir a ambos gobiernos rebajar los precios de la energía”. Sánchez, que llegó a levantarse de la reunión temporalmente en el momento de mayor tensión para forzar un desbloqueo, logró así superar las resistencias sobre todo de Alemania, que rechazaba de plano la idea de la excepción ibérica. “Sanchez ha representado de forma muy exitosa los intereses de su país con su colega Costa”, admitió el canciller alemán, el socialdemócrata Olaf Scholz, cuando le preguntaron por la discusión con España.

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que jugará un rol fundamental en los próximos pasos a dar, ha enfatizado las características concretas de España y Portugal: “La península ibérica tiene una situación muy específica”, ha dicho en una comparecencia tras la cumbre. “Tienen un alto porcentaje de renovables, y eso está muy bien, pero muy poquitas interconexiones. Por eso estamos de acuerdo en que haya un tratamiento especial”.

“Se tendrá en cuenta el carácter temporal de las medidas y el nivel de interconectividad eléctrica con el mercado único de la electricidad”, recoge la última versión del texto a la que aludía Sánchez. Las medidas tendrán que ser temporales y España tendrá que demostrar que no distorsionan excesivamente la competencia. La Comisión Europea, por su parte, se compromete a evaluar las intervenciones con un procedimiento de urgencia y a tener en cuenta para su veredicto el volumen de interconexión de los mercados, una variable que favorece a España, que solo llega al 2,8%.

Esta redacción final, según el Gobierno español, permitirá a España y Portugal plantear en poco tiempo una propuesta a la Comisión Europea en la que se ponga un tope al precio del gas que se usa para producir electricidad en la península Ibérica, y solo para uso interno, de manera que baje rápidamente la factura porque ese precio está condicionando todo el resto del mercado que se produce con energía renovable o nuclear, mucho más barata.

El gas solo ocupa el 15% del mercado español pero marca el precio de todo. El pacto que se ha logrado en la cumbre incluye una cierta garantía de que la Comisión Europea aceptará estas propuestas españolas y portuguesas cuando lleguen, porque así se lo permiten las conclusiones aprobadas después de una larguísima negociación.

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Por eso es tan relevante la frase “se tendrá en cuenta el carácter temporal de las medidas y el nivel de interconectividad eléctrica con el mercado único de la electricidad”. Como España y Portugal lo tienen muy bajo, eso permitirá a la Comisión Europea que les aprueben esa fórmula rápidamente. España ha tenido que garantizar que su solución no toca el mercado europeo, es excepcional y consistirá finalmente en unas ayudas para compensar el tope al precio del gas que se pondrá para las centrales de ciclo combinado que producen electrictidad. El Gobierno español asegura que esto bajará rápidamente la factura de la luz y tendrá un coste muy inferior al beneficio que producirá para los ciudadanos.

La propuesta de compromiso ha llegado al filo de las seis de la tarde, después de varios recesos, entre ellos uno que ha forzado el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a mediodía, marchándose de la sala y obligando al presidente del Consejo, Charles Michel, a realizar una pausa técnica.

“En el contexto actual de precios muy elevados de la electricidad, la Comisión está dispuesta a evaluar urgentemente la compatibilidad [con la normativa comunitaria] de las medidas temporales de emergencia en el mercado de la electricidad notificadas por los Estados miembros”, asegura el nuevo texto de conclusiones. “Al evaluar dicha compatibilidad, la Comisión también se asegurará, mediante un procedimiento acelerado, de que se cumplen las siguientes condiciones: las medidas reducen los precios del mercado de electricidad al contado para las empresas y los consumidores y no afectan a las condiciones de los intercambios en una medida contraria al interés común. Al realizar esta evaluación, se tendrá en cuenta el carácter temporal de las medidas y el nivel de interconectividad eléctrica con el mercado único de la electricidad”.

La cumbre de la guerra —con Bruselas reconvertida en el “centro del mundo libre”, en palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen— ha mudado la piel en su segunda jornada. Una vez se ha marchado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y zanjados ya los asuntos de Ucrania y las sanciones contra Rusia, la reunión de los Veintisiete se ha reconvertido en un encuentro monotemático sobre la crisis de los precios de la energía. España ha jugado en esta ocasión el papel protagonista, y finalmente ha logrado buena parte de sus objetivos.

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La batalla de España y Portugal en Bruselas empieza a dar sus frutos. La UE se abre a dar carta blanca para adoptar medidas para frenar la crisis de los precios de la energía a nivel nacional, aunque la Comisión se reserva la última palabra para aprobarlas. Ambos países han logrado que el resto de socios comunitarios entiendan su particularidad como “isla energética” y que se incluya un cambio de texto en el borrador de las conclusiones del Consejo Europeo que se celebra este viernes en Bruselas.

“Se tendrá en cuenta el carácter temporal de las medidas y el nivel de interconectividad eléctrica con el mercado único de la electricidad”, recoge la última versión del texto. Las medidas tendrán que ser temporales y España tendrá que demostrar que no distorsionan excesivamente la competencia. La Comisión Europea, por su parte, se compromete a evaluar las intervenciones con un procedimiento de urgencia y a tener en cuenta para su veredicto el volumen de interconexión de los mercados, una variable que favorece a España, que solo llega al 2,8%.

La propuesta de compromiso ha llegado al filo de las seis de la tarde, después de varios recesos, entre ellos uno que ha forzado el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a mediodía, marchándose de la sala y obligando al presidente del Consejo, Charles Michel, a realizar una pausa técnica.

“En el contexto actual de precios muy elevados de la electricidad, la Comisión está dispuesta a evaluar urgentemente la compatibilidad [con la normativa comunitaria] de las medidas temporales de emergencia en el mercado de la electricidad notificadas por los Estados miembros”, asegura el nuevo texto de conclusiones. “Al evaluar dicha compatibilidad, la Comisión también se asegurará, mediante un procedimiento acelerado, de que se cumplen las siguientes condiciones: las medidas reducen los precios del mercado de electricidad al contado para las empresas y los consumidores y no afectan a las condiciones de los intercambios en una medida contraria al interés común. Al realizar esta evaluación, se tendrá en cuenta el carácter temporal de las medidas y el nivel de interconectividad eléctrica con el mercado único de la electricidad”.

La cumbre de la guerra —con Bruselas reconvertida en el “centro del mundo libre”, en palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen— ha mudado la piel en su segunda jornada. Una vez se ha marchado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y zanjados ya los asuntos de Ucrania y las sanciones contra Rusia, la reunión de los Veintisiete se ha reconvertido en un encuentro monotemático sobre la crisis de los precios de la energía. España juega en esta ocasión el papel protagonista, y sus argumentos amenazan con dilatar las negociaciones hasta el final de la jornada. De momento, la UE se resiste a ir tan lejos como para aceptar las peticiones de España, que reclama ser tratada como una “isla energética” y poder actuar a corto plazo en el mercado de la luz por su cuenta, invocando un artículo previsto por los tratados europeos para situaciones extraordinarias.

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Con todos estos ingredientes, el guiso de un texto de Conclusiones pactado por los Veintisiete se anticipaba muy complejo: “Todo revuelto por ahora”, señala durante el fragor de las negociaciones una fuente del Ejecutivo comunitario, tras más de cinco horas de debate de los líderes este viernes. Otras fuentes son algo más optimistas: “Hay una zona de aterrizaje”, aseveran desde el Consejo. Pero esa pista no contempla, de momento, la iniciativa española, sino compras conjuntas de gas, al estilo de las usadas para la compra de vacunas contra la covid, coordinación en el almacenamiento de combustible y una posible mención de último recurso a límites de precios, pero a nivel comunitario.

Sánchez ha llegado a la cita con sus homólogos con una propuesta rotunda y complicada de negociar: que los Veintisiete permitan a España y Portugal, los dos países de la Península Ibérica, actuar como una “isla energética”, argumentando su escasa interconexión energética con el resto de la UE (por la reticencia de Francia). Pero los Veintisiete no parecen dispuestos a ir tan lejos como para dar soluciones a la medida de cada país: “Estamos buscando una solución que sea válida para los Veintisiete”, indican fuentes del Consejo.

Madrid reclamó en un principio que se pudiera aplicar el artículo 122 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, cuyo texto asegura que el Consejo, a propuesta de la Comisión, “podrá decidir, con un espíritu de solidaridad entre Estados miembros, medidas adecuadas a la situación económica, en particular si surgieran dificultades graves en el suministro de determinados productos, especialmente en el ámbito de la energía”.

Alemania y Países Bajos se resistían a dar su brazo a torcer. La idea de una excepción española no les gusta: se corre el riesgo de que, por una situación coyuntural, se fragmente el mercado y se rompa un sistema que, según argumentan, ha funcionado para todo el mundo y ha permitido energía barata y el desarrollo de las renovables. Los holandeses, además, temen que España se quiera acoger al segundo punto del citado artículo, que menciona “una ayuda financiera de la Unión al Estado miembro en cuestión”. La delegación española asegura, sin embargo, que las medidas que querrían tomar no supondrían ninguna carga económica para la UE. La referencia al artículo 122 se cayó del texto finalmente.

Pero después de meses, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha logrado al menos ganar una parte de la batalla: ha colocado la factura de la luz en el debate comunitario. Sánchez ha liderado desde el pasado verano una especie de entente de países golpeados por el alza disparada de los precios del gas y su irremediable contagio al resto de la energía. Mientras, las instituciones comunitarias han cambiado su discurso: si hace unos meses aseguraban que se trataba de una cuestión coyuntural y que el mercado energético europeo funcionaba a la perfección, ahora se han abierto a discutir medidas extraordinarias de emergencia para aplicar en el corto plazo.

En estos momentos las cifras del zarpazo energético ya se sienten en todo el bloque comunitario: en los últimos 12 meses, los precios al por menor del gas natural y la electricidad han subido respectivamente un 65% y un 30%, según cifras del Ejecutivo Comunitario. Y la situación parece agravarse por la guerra en Ucrania y las sanciones contra Rusia, de donde vienen tradicionalmente más del 40% de las importaciones de gas a la UE, que necesita traer de fuera de sus fronteras el 90% del gas que consume.

El panorama ha cambiado en esta cita. Un creciente número de capitales han ido sumándose a una corriente que aboga por intervenir de algún modo los mercados energéticos de forma urgente. A España le acompañan otros como Italia, Portugal y Grecia, o incluso Bélgica, cada uno con propuestas específicas, en función de su mix energético y las particularidades de su mercado.

La Comisión Europea, además, ha aportado combustible al debate al presentar esta semana un menú con seis opciones posibles con las que se podría actuar “a corto plazo” a nivel comunitario o nacional sobre los precios: desde poner un precio de referencia en el mercado mayorista a establecer límites a estos precios o crear “agregadores” (proveedores que negocien precios ventajosos de forma conjunta y en nombre de otros). Todas ellas con beneficios y un buen número de inconvenientes para el mercado interior, el suministro o la competencia. Pero la propuesta ya está sobre la mesa, para que la estudien y quizá le den el visto bueno las capitales. Muchas de estas medidas, hace tan solo unos meses, eran consideradas poco menos que una aberración del libre mercado.

Los tiempos son otros. “Estamos viviendo una guerra”, asevera una fuente del Consejo al tanto del debate. “Son circunstancias excepcionales”. Y muchos de los líderes parecen haber entendido que esas circunstancias extraordinarias también requieren medidas adicionales. Fuentes diplomáticas añaden que el debate sobre la energía ha arrancado precisamente con una presentación de Von der Leyen en la que ha pasado revista a alguna de estas opciones. Al acabar su intervención ha enumerado, a modo de guía, lo que el Ejecutivo comunitario considera una aproximación razonable a la crisis: ir hacia compras conjuntas de gas, al almacenamiento coordinado. Y finalmente: “Si fuera necesario, podrían considerarse límites a los precios”.

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La comunidad internacional tantea, hasta ahora sin éxito, la posibilidad de buscar una salida negociada que ponga fin a la guerra de Rusia contra Ucrania. Tanto en la OTAN como en la Unión Europea se reconoce que las ofertas de mediación tienen pocos visos de prosperar mientras el presidente ruso, Vladímir Putin, siga intensificando sus mortíferos ataques para intentar doblegar la inesperada resistencia de las fuerzas ucranias.

Los potenciales negociadores incluyen desde Israel a Finlandia y hasta el excanciller de Alemania, Gerhard Schröder, que está a sueldo de la gasística rusa Gazprom, ha ofrecido sus servicios. Pero la mayoría de las fuentes consultadas coinciden en que, cuando llegue el momento de sentarse a hablar, China será el interlocutor con más ascendiente para ser aceptado por Putin y por el presidente ucranio, Volodímir Zelenski. Turquía también se ha postulado como posible árbitro, pero su pertenencia a la OTAN y sus choques con Moscú en otros frentes reducen sus probabilidades de éxito.

Rosa Balfour, directora de Carnegie Europe, cree que “en estos momentos, ni siquiera están claras las condiciones para empezar una negociación”. Y apunta que “cualquier futura negociación dependerá totalmente de la situación sobre el terreno: de si el Gobierno de Zelenski logra mantenerse en el poder o es derrocado por Rusia; del territorio que llegue a controlar Moscú; y de lo lejos que llegue la escalada de la confrontación”.

Balfour avisa de que, con independencia del árbitro elegido, los puentes hacia Moscú tienen de momento poco recorrido. “Hasta ahora, todo indica que Putin no quiere negociar de buena fe”, afirma la directora de Carnegie Europe. “Más bien parece que está ganando tiempo para un segundo asalto después de que el primero, que debía ser una rápida toma de Kiev, no haya salido como planeaba”.

A corto plazo no hay posibilidad de mediación, salvo que China se anime a asumir ese papel”, coincide un alto cargo de la UE. Y fuentes de la OTAN añaden que “a China le convendría ejercer de mediador para mejorar su relación con EE UU y demostrar que es un miembro responsable de la comunidad internacional”.

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El planteamiento de una posible mediación china cobró fuerza después de que, el pasado día 5, el ministro de Exteriores ucranio, Dmitro Kuleba, declarara haber recibido garantías de que China “quiere que termine esta guerra”. Kuleba había hablado una semana antes con el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, a quien había pedido la intercesión de Pekín. Desde entonces, otros líderes se han mostrado abiertos a la idea. Desde el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, al primer ministro australiano, Scott Morrison.

“China tiene el potencial de hablar con Moscú dada su relación, y nos gustaría que China usara su influencia para presionar en favor de un alto el fuego y conseguir que Rusia detenga el bombardeo brutal y sin precedentes y la matanza de civiles en Ucrania”, ha declarado un portavoz de la Comisión Europea.

De palabra, Xi se ha mostrado abierto a ello: la idea de una China mediadora proyecta la imagen que quiere promover, la de una potencia global amante de la paz y defensora de la cooperación internacional. Pero preferiría no actuar, salvo que se vea próxima una resolución política al conflicto o el efecto de la guerra en la economía sea de tal magnitud que no le vea más remedio. De momento, Pekín se ha limitado a un pequeño envío de ayuda humanitaria a Ucrania, por cinco millones de yuanes o 717.000 euros.

“China carece de experiencia o de historial de éxito en mediaciones internacionales, especialmente en conflictos de esta magnitud”, apunta Alexander Gabuev, del Centro Carnegie en Moscú. Sobre todo, sus intereses están del lado de Rusia, un socio clave para hacer frente a lo que percibe como los intentos de Estados Unidos por frenar su influencia global y cuya economía es complementaria de la suya. El ministro Wang lo subrayaba en una rueda de prensa el lunes: la relación con Moscú es “sólida como una roca” y la colaboración seguirá profundizándose “por oscura que sea la situación”.

Por tanto, “¿qué ganaría Xi tratando de presionar donde Macron y Biden fracasaron?”, apunta Gabuev. Pekín -sostiene- “intentará hacer ver que desempeña un papel activo, quizá Xi Jinping mantenga alguna otra conversación telefónica con Putin, pero sin hacer mucho”.

Helena Legarda, del centro de estudios alemán Merics, cree que Pekín también intentará preservar sus lazos con la UE, su segundo socio comercial, pero sin implicarse en exceso en el conflicto. “Sigue habiendo cierta esperanza en Europa de que China podría colaborar en la búsqueda de un alto el fuego”, señala. Pero concluye que “la posibilidad de que China sume fuerzas con Occidente para mediar es ahora mismo bastante baja”. “Para el liderazgo chino, esta crisis no solo va del futuro de Ucrania. También atañe a mayores interrogantes sobre la competición geopolítica y cómo China quiere posicionarse de cara a Rusia y a Occidente ahora y en el futuro”, recuerda la experta.

Más difícil aún lo tiene el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, aunque Ankara se ha anotado un buen tanto al propiciar la reunión celebrada esta semana entre los ministros de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y Ucrania, Dimitro Kuleba, en la provincia turca de Antalya. Ha sido el encuentro de más alto nivel celebrado entre ambos países no solo desde el inicio de las hostilidades sino en los últimos años: “Independientemente del resultado, ha sido un éxito de la diplomacia turca”, apunta un diplomático. “Sinceramente, no pensábamos que lo fueran a conseguir”, confiesa la misma fuente.

Ya desde antes de que el presidente de Rusia ordenase la invasión de la vecina Ucrania, Turquía había propuesto reunir a los líderes de ambos países para hallar una solución negociada a sus diferencias. Empezó la guerra, y los turcos siguieron insistiendo en proponerse como mediadores.

Turquía también ha logrado convertirse este fin de semana, gracias al Foro Diplomático de Antalya, “en el centro político del mundo por dos días”, en palabras del diputado del Parlamento Europeo y relator para Turquía Nacho Sánchez Amor. La cita ha contado con la presencia de muchos de los dirigentes internacionales implicados en la actual crisis de seguridad en Europa, como el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, el jefe de la política exterior de la UE, Josep Borrell, o el director general de la Organización Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, que trató con rusos y ucranios el estado de las centrales nucleares afectadas por la guerra.

El foro ha permitido multitud de contactos: no solo entre rusos y ucranianos, también entre Ucrania y la OTAN, turcos e iraníes, venezolanos y la UE… todos ellos con el telón de fondo de la guerra en Ucrania

Uno de los secretos de esta intensa actividad diplomática es la “simpatía” y el “trabajo incansable” del jefe de la diplomacia turca, Mevlüt Çavusoglu (en el cargo desde 2015), explica una fuente que lo conoce. Está continuamente de viaje y en contacto con sus colegas de otros países (“es accesible mediante mensajes de teléfono”, explicaba una exministra europea). En la propia Bruselas, frente a los exabruptos de Erdogan, que generan gran desconfianza, el titular de Exteriores de Turquía tiene buena prensa y variados contactos desde su paso por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de la que fue vicepresidente y presidente entre 2007 y 2012.

A diferencia de Pekín, Turquía cuenta además con cierto currículum como mediadora. Ankara estuvo a punto de lograr que Siria e Israel firmasen una paz definitiva en 2008, proceso que se fue al traste cuando fuerzas israelíes atacaron Gaza en diciembre de ese año. La mediación de Ankara también ha logrado limar diferencias entre Estados de la antigua Yugoslavia y entre Afganistán y Pakistán.

Fuentes aliadas dudan, sin embargo, de que Moscú acepte la intervención de Erdogan como pacificador del conflicto. “Turquía es miembro de la OTAN y ha vendido muchos drones a Ucrania”, recuerdan esas fuentes. En la crisis de Ucrania, Turquía ha utilizado la baza de ser el único país de la OTAN que no ha secundado las sanciones contra Moscú, aunque sí ha vendido material militar a Ucrania y ha cerrado el acceso al mar Negro a los buques militares rusos.

Pero esto no ha bastado para lograr un acercamiento entre Moscú y Kiev: las negociaciones del pasado jueves en Antalya pusieron en evidencia que Rusia no se siente tan cómoda como Ucrania en el formato negociador de Turquía. Lavrov exigió retornar los contactos a Bielorrusia, país bajo la órbita de Moscú y sin tantos testigos como Antalya, repleta de periodistas y diplomáticos de todo el mundo. El Gobierno turco, con todo, sigue insistiendo en mediar y ha extendido la invitación a un eventual futuro encuentro entre los presidentes rusos y ucranio.

Las dudas también cunden en cuanto a los posibles puntos de regateo con Moscú que sería necesario abordar para detener la guerra. Putin aseguró el 24 de febrero que el objetivo de su “operación militar especial” es “desmilitarizar y desnazificar Ucrania”. El presidente ruso añadía: “Nuestro plan no es ocupar el territorio ucranio ni imponer nada a nadie”. Y enmarcaba la ofensiva en una supuesta amenaza occidental para Rusia y una OTAN cada vez más próxima a sus fronteras. Como consecuencia de esa expansión, concluía Putin, “se está configurando una hostil antirrusa en territorios adyacentes a Rusia que son, debo decir, históricamente nuestra tierra”.

El propio Gobierno de Zelenski ha ofrecido después del inicio de la guerra el compromiso de que Ucrania nunca ingresará en la Alianza, una neutralidad que se compara al estatus de Finlandia tras la II Guerra Mundial. Pero algunos analistas dudan de que esa oferta calme al inquilino del Kremlin. “A la vista de la situación sobre el terreno, el debate sobre la neutralidad inútil”, descarta Balfour. “Está claro que Putin ha utilizado el argumento de la OTAN como una excusa”, afirma esa analista. Y añade que “no hay razón para creer que el objetivo final de Putin habría sido mantener a Ucrania fuera de la OTAN”. Y lo que es más inquietante: “Eso significa que no sabemos cual es su objetivo final”.

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La imprudencia del ciclista fue grabado por el conductor de un camión.

Noticias Colombia.

Durante las últimas horas se hizo viral a través de redes sociales el vídeo en el que un grupo de ciclistas denunció estuvieron a punto de ser atropellados por el conductor de una mula en vías del Valle del Cauca.

Esas imágenes no solo generaron indignación en internautas y comunidad; sino que desataron una ola de críticas.

Hubo comentarios de lado a lado, sin embargo, muchos de ellos contra el conductor del vehículo pesado.

Luego de ese episodio, este viernes se conoció otro vídeo en el que se observa otro llamativo caso.

En las imágenes, que fueron captadas por el conductor de otro camión se observa a un ciclista que se encuentra practicando el deporte.

Sin embargo manifiestan se encontraba cometiendo un peligrosa imprudencia.

El ciclista iba en la parte de atrás del camión

El ciclista se moviliza a una considerable velocidad y conduce mientras se encuentra en la parte trasera del camión.

Quienes graban las imágenes expresaban «mire a ese angelito vea, no lleva ni 30 centímetro de distancia de la mula».

Donde llegue «a frenar ahí queda el angelito», decían.

Diferentes internautas, dentro de los que se encuentran otros ciclistas aseguran el hombre trataba de realizar la popular práctica corta viento, pero ponía en riesgo su propia vida.

Otros casos:

 

 

 



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Entre el horror, incredulidad y rabia, dos preguntas recurrentes golpean nuestras cabezas ¿Qué puede frenar a Putin? ¿Quién puede detenerle? Maya y Xi, quizás.

El Ejército ucranio está respondiendo con fuerza. Detrás del vigor de la resistencia de Kiev, se vislumbra la determinación de unas tropas mucho mejor preparadas que en 2014. Además, los ciudadanos ucranios están cogiendo valientemente las armas, se movilizan. Pero seamos claros, parece muy difícil frenar a las poderosas Fuerzas Armadas rusas, cuya prioridad no es precisamente evitar víctimas civiles.

Con una batería de sanciones extenuantes para la economía y los líderes de Rusia, Occidente presiona. Aunque está claro que serán insuficientes. Pero, cualquier mecanismo de sanción debe ser gradual, técnicamente impecable y con el impacto bumerán bien calibrado. Hay que preparar a la opinión pública para alzas de precios de la energía y de los cereales. Bien lo saben los productores de fruta de temporada de Lérida, cuando en verano del 2014 perdieron los prósperos mercados rusos para sus peras, melocotones y nectarinas. Es el precio que pagar para defender nuestros valores.

Lamentablemente, la irracionalidad destructora del presidente Putin es difícil que vaya a detenerse, pese a la valiente respuesta del Ejército ucranio, apoyado por las recién organizadas milicias ciudadanas. Y la historia, densa en experiencias, nos enseña que las sanciones por sí solas no cambian a los autócratas. Deben formar parte de un paquete y, sobre todo, sirven de presión para una eventual negociación que, en cualquier caso, deberá abrirse.

En este peligroso y barbárico momento contra un país soberano, sus instituciones y su población civil, hay que contar con las sanciones y la determinación de los soldados ucranios. Pero, hay que pensar más allá. En el presidente chino Xi Jinping y en Maya.

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China se abstuvo la noche del 25 de febrero en la votación de condena del Consejo de Seguridad que Rusia vetó. ¿Qué gana China con este voto? ¿Qué pierde? ¿Qué intereses tiene? Hace sólo tres semanas, con una declaración conjunta, el 4 de febrero, Putin y Xi pusieron los cimientos de una peligrosa alianza, interpretada como una gran sacudida al orden liberal desde la Segunda Guerra Mundial. Redefinieron la democracia, revivieron las esferas de influencia y asestaron un duro golpe al multilateralismo nacido y desarrollado durante 75 años. Es su visión de cómo debe ser una nueva era de las relaciones internacionales.

Junto al poderoso Xi, aparece Maya (nombre ficticio), con poco más de seis meses Las imágenes de la detención de su joven madre durante una protesta en San Petersburgo, de cuyo regazo sobresalía la diminuta cabeza de la bebé, eran impactantes. Los policías pegaron a madre e hija para separarla de los manifestantes. Las fuerzas de seguridad rusas pretendían desalojar a los manifestantes y la madre protegía como podía a Maya.

Si la anexión de Crimea fue visiblemente vitoreada en Rusia, en esta ocasión, pese al férreo control mediático y la represión virulenta, las protestas han sido significativas, no numerosas pero vigorosas. Se sabe de manifestantes identificados por los servicios secretos y que poco después la intimidatoria policía se ha presentado en sus casas. En las redes sociales se ha visibilizado la oposición de líderes de la cultura, de la música… Incluso la hija del portavoz del Kremlin Peskov publicó un mensaje anti-guerra en sus redes sociales, aunque poco después se borró.

Xi tiene un papel que jugar. Difícilmente EE UU puede movilizarle, pero Europa sí. Hace solo una semana, su ministro de Exteriores Wang Yi hablaba a favor de la inviolabilidad de las fronteras. Xi necesita estabilidad para llegar bien a octubre del 2022 ello quiere decir con un país con un crecimiento económico fuerte. En ese momento, está prevista la celebración del 20 Congreso del Partido Comunista, que debe acordarle un tercer mandato, algo sin precedentes en la reciente historia del país. Una cita que nadie ni nada debería estropearle. Y menos una guerra desestabilizadora de la economía mundial y de los planes de recuperación chinos. Cínicamente, tener un tiempo distraído a Washington del Pacífico, puede serle útil. Pero sólo un tiempo.

Xi y Maya no pueden ser polos más opuestos. La fuerza del poder, la fuerza de la sociedad ¿Se podrán conjugar los intereses de ambos para parar el horror?

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El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, en una imagen del 23 de enero.
El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, en una imagen del 23 de enero.KAY NIETFELD (AFP)

La crisis de seguridad en el este de Europa entra en una nueva fase tras el portazo de la OTAN y Estados Unidos a las exigencias de Vladímir Putin para frenar la actividad militar de los aliados occidentales en el flanco oriental del Viejo continente. El secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, ha anunciado este miércoles en rueda de prensa que ha transmitido por escrito a Moscú la negativa a suscribir un acuerdo internacional con Moscú que limitaría la expansión y la capacidad de actuación de la OTAN. “Afrontamos un momento clave para la seguridad en Europa”, ha afirmado Stoltenberg con tono solemne. El secretario general de la Alianza ha recordado que “hay más de 130.000 efectivos rusos junto a la frontera de Ucrania y están llegando más tropas”. Y ha añadido que también hay despliegues de fuerzas rusas en Bielorrusia, el país dominado por Alexandr Lukashenko, cuya suerte depende del presidente ruso, Vladimir Putin, desde las revueltas contra su dictadura en 2020.

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, también ha comunicado este miércoles en Washington que su Gobierno ha trasladado al Kremlin la respuesta que reclamaba por escrito, que va en el mismo sentido que la de los aliados. Aunque no ha querido precisar el contenido del documento, ha pronunciado unas palabras clave: “La puerta de la OTAN sigue abierta”, en referencia a la posible entrada de nuevos miembros.

El rechazo de las demandas de Putin abre la incógnita sobre la reacción del Kremlin, con los analistas divididos sobre la inminencia de un ataque armado fulgurante contra Ucrania, una negociación de incierto recorrido o un conflicto latente que podría desangrar al país agredido durante años.

Moscú reclama garantías de que la OTAN no se expandirá hacia sus fronteras, no incorporará a Ucrania y Georgia y, además, paralizará toda actividad militar en Europa del Este, Asia Central y el Cáucaso. La Alianza Atlántica no tiene bases en Europa del Este, pero sí despliega batallones plurinacionales en rotaciones en Polonia y los países bálticos.

Stoltenberg ha subrayado que “cada país es libre de elegir su camino”. Y ha exigido que Rusia no ejerza ningún tipo de coerción sobre los Estados que aspiren a ingresar en la OTAN y que retire las tropas desplegadas en Ucrania, Georgia y Moldvia sin permiso de los gobiernos de esos países.

Blinken sí ha abierto la puerta, no obstante, a algún tipo de negociación. De forma muy críptica, ha señalado que el documento identifica áreas “de reciprocidad” en las que las partes pueden avanzar en la seguridad común. A principios de año, la Administración de Joe Biden ya envió señales de que estaba dispuesta a negociar con el Kremlin asuntos como el despliegue de misiles y el alcance de las maniobras militares si afloja la presión sobre Ucrania.

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Washington no hará público el documento de respuesta, entregado este miércoles en Moscú por su embajador, John Sullivan. Aun así, el secretario de Estado ha recalcado que la respuesta incluye muchas de las ideas que se han estado repitiendo todas estas semanas. Eso significa, por una parte, que las aspiraciones de Putin de contener la OTAN no se verán satisfechas y, por otra, que Estados Unidos y los aliados aún apuestan por la vía diplomática para frenar la escalada de tensión. El temor que Rusia invada Ucrania no deja de aumentar, con alrededor de 100.000 soldados rusos apostados en la frontera de la antigua república soviética. Blinken insistió este miércoles en que los ciudadanos estadounidenses deberían abandonar ese país cuanto antes.

“Afrontamos un momento clave para la seguridad en Europa”, ha afirmado Stoltenberg con tono solemne. El secretario general de la Alianza ha recordado que “hay más de 130.000 efectivos rusos junto a la frontera de Ucrania y están llegando más tropas”. Y ha añadido que también hay despliegues de fuerzas rusas en Bielorrusia, el país dominado por Alexandr Lukashenko, cuya suerte depende del presidente ruso, Vladimir Putin, desde las revueltas contra su dictadura en 2020.

La respuesta de la OTAN a las exigencias de Moscú también ofrece ciertas áreas para la negociación, sobre todo, en lo relativo al control mutuo de armas, el intercambio fluido de información sobre maniobras militares para evitar incidentes o el establecimiento de una suerte de “teléfono rojo” como línea de emergencia en los casos de máximo riesgo. Pero ninguna de esas ofertas colma las demandas cursadas por Putin bajo amenaza de recurrir a la fuerza para conseguir sus objetivos si la OTAN y EE UU no las aceptaban.

Rusia publicó el pasado 17 de diciembre un proyecto de Tratado internacional “sobre las medidas para garantizar la seguridad de la Federación rusa y de los Estados miembros de la OTAN”. El texto, de nueve artículos, proclama que los firmantes confirman que “no se consideran entre sí como adversarios”.

Y para apuntalar esa convivencia pacífica, los aliados occidentales se comprometerían con la firma del Tratado “a evitar cualquier nueva ampliación de la OTAN, incluida la adhesión de Ucrania u otros Estados”; a no desplegar tropas ni armamento, sin previo consentimiento de Moscú, en los países que ingresaron en la Alianza después de 1997, y a no realizar maniobras militares en territorio de Ucrania y de otros países de Europa del este, del Cáucaso sur y de Asia Central.

Fuentes aliadas mostraron desde el primer momento su estupor ante unas propuestas que calificaron como “inadmisibles”. Y durante semanas, la Alianza se resistía responder oficialmente a unas propuestas que sonaban en Bruselas a provocación o a mera excusa para justificar una futura agresión militar contra Ucrania.

Tanto EE UU como la OTAN han decidido finalmente responder por escrito, como vía para mantener la búsqueda de una salida negociada a la mayor crisis de seguridad en Europa desde el final de la guerra fría. Stoltenberg ha señalado la necesidad de buscar una solución “por la vía diplomática, no recurriendo a la fuerza o a la amenaza de utilizar la fuerza”. Y ha exigido a Rusia que dé pasos “para desescalar la situación”.

Stoltenberg ha subrayado que la OTAN “es una alianza defensiva, no buscamos confrontación”. Pero ha advertido que el artículo 5 de la organización prevé la defensa colectiva para garantizar la seguridad de cualquier aliado que sea atacado. Ese artículo no cubre a Ucrania, que no forma parte de la Alianza, pero sí a los aliados que se sienten amenazados por Rusia o Bielorrusia, como es el caso de Lituania o Polonia.

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El domingo pasado, en una entrevista en la NBC, el periodista Chuck Todd preguntó al secretario de Estado estadounidense al hilo de la crisis de Ucrania: “¿Por qué parece que Estados Unidos está más preocupado por la seguridad de Europa que Europa?”. Anthony Blinken respondió raudo y veloz que no es así, que la preocupación es grave para todos los aliados, y que, de hecho, debería inquietar al mundo entero. Sin embargo, sí parecen mucho más preocupados los estadounidenses, pese a que son los europeos los que tienen el incendio en el umbral de su puerta.

La Unión Europea y EE UU comparten el objetivo de evitar a toda costa una agresión de Rusia contra Ucrania, pero los caminos para llegar a esa meta son a veces divergentes, cuando no contradictorios. Bruselas aboga por mantener la presión sobre el presidente ruso, Vladímir Putin, pero sin romper los canales de comunicación ni transgredir ninguno de los principios fundacionales de la seguridad europea después de la guerra fría.

Washington, por su parte, combina una retórica belicista que retroalimenta la de Putin con señales de que está dispuesto a negociar con Moscú los despliegues en Europa del Este, lo que, de facto, pone en cuestión la arquitectura de seguridad europea de los últimos 30 años. EE UU no deja de enviar mensajes que cimentan la idea de una intervención rusa inminente, mientras al otro lado del Atlántico los portavoces tratan de rebajar el peligro.

La cacofonía se ha hecho evidente en las últimas 72 horas. La OTAN informó el lunes de que los países aliados habían puesto a sus tropas “en alerta” para una posible movilización, pero EE UU fue más allá: cifró en 8.500 los soldados preparados y detalló las zonas dónde las desplegaría en caso de necesidad. El Gobierno de Joe Biden avanzó el domingo que reduciría el personal de su Embajada en Kiev ante el riesgo creciente de conflicto —medida secundada por Londres— y Bruselas prefirió mantener la calma. De hecho, tiene previsto redoblar su presencia política e institucional. “Mientras continúen las negociaciones, no creo que debamos salir de Ucrania. Pero quizá el secretario Blinken tenga información que compartir con nosotros”, replicó Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea.

EE UU lleva al menos dos semanas dando detalles del paquete de sanciones con que golpearía a Moscú si interviene la antigua república soviética —”Sería un desastre para Rusia”, advirtió Biden— como forma de disuasión, pero Europa prefiere no mostrar aún esas cartas y no dice ni pío de las posibles penalizaciones.

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La dependencia energética de Europa respecto a Rusia ayuda a comprender parte de esta diferencia ante el Kremlin. Prueba de que ese elemento flota en el ambiente es que EE UU ha abierto conversaciones con países grandes productores de energía sobre un posible desvío de suministros a Europa en caso de que se produzca la invasión rusa, según informaron este martes fuentes de la Administración norteamericana.

Las diferencias entre Bruselas y Washington no llegan, de momento, a poner en peligro el frente occidental, del que también forman parte el Reino Unido y Canadá, contra una posible agresión militar rusa. Pero la apreciación de los riesgos y, sobre todo, la forma de neutralizarlos, revela una brecha transatlántica que podría agrandarse si el conflicto se encona o se prolonga en una negociación sin límites claros.

La discrepancia más evidente es el pronóstico sobre una posible invasión militar de territorio ucranio. Para EE UU, esa amenaza es “inminente”, según repite Blinken. Para Borrell, esa amenaza parece mucho más lejana. “No, no creo que haya nada nuevo que indique un aumento del temor a un ataque”, dijo el lunes. Borrell tampoco dispara las alarmas por el hecho de que Putin haya desplegado tropas rusas en Bielorrusia.

Viajes de apoyo

El comisario europeo de Ampliación, Olivér Verhály, viajará miércoles y jueves a Kiev para mostrar el apoyo europeo al Gobierno de Volodimir Zelenski. También irán a Ucrania en los próximos días los ministros de Exteriores de Francia y Alemania. Una delegación de parlamentarios europeos llegará a la capital ucrania a finales de mes. Y algunos socios europeos incluso han propuesto celebrar en Kiev una reunión extraordinaria de los 27 ministros de Exteriores de la UE. Esta nutrida agenda parece destinada tanto a mostrar la solidaridad con Ucrania como a poner en duda la tesis del ataque inminente defendida por Washington.

Bruselas tampoco se muestra satisfecha con los vaivenes de Joe Biden. A finales del año pasado, el presidente de EE UU se apresuró a descartar una intervención militar para defender Ucrania. El anuncio, según fuentes comunitarias, sonó, deliberadamente o no, a un desentendimiento de Washington sobre el conflicto en Europa. Biden ha retomado después un tono mucho más beligerante, pero con tropiezos tan graves como el de haber admitido en público las diferencias en el seno de la OTAN sobre la respuesta a Moscú o la posibilidad de que Rusia proceda a una “incursión menor” en territorio ucraniano que podría resultar aceptable. Biden rectificó este desliz acto seguido y recalcó que cualquier traspaso de fronteras causará serias represalias.

“Rusia quiere una negociación bilateral con EE UU que deje aparte a los europeos”, señaló este martes el ministro francés de Asuntos Exteriores, Yves Le Drian, que consideró “inadmisible” que Putin busque arrastrar a Biden hacia “una especie de Yalta 2″, en alusión a una de las cumbres que tras la Segunda Guerra mundial fijó el reparto de influencia de las tres potencias vencedoras (EE UU, Reino Unido y la URSS) en el continente europeo. Ese marco quedó superado tras el desmoronamiento del bloque soviético. Y el orden geoestratégico europeo de la posguerra fría quedó fijado por el acta de Helsinki, la carta de París y el acuerdo de entendimiento entre la OTAN y Moscú. Bruselas considera innegociables esos tres textos.

“El concepto de ‘esferas de influencia’ no tiene espacio en el siglo XXI”, señalan las conclusiones aprobadas el lunes, de manera unánime, por los 27 ministros de Exteriores de la UE. El documento, uno de los más duros aprobados por la UE en relación Rusia, condena la incesante agresividad de Moscú contra Ucrania y reitera la amenaza de imponer unas sanciones económicas sin precedentes si el Kremlin consuma un ataque armado. EE UU, mientras, trata de recalcar que no hay división entre los aliados.

Sanciones en una mano y disposición a pactar en la otra

Entre las sanciones a Moscú que planea EE UU figura una medida inédita: la activación de una regla de productos producidos en el extranjero que restringiría el acceso de Rusia a los escasos y valioso microchips, básicos para la economía, así como un reguero de sanciones a los grandes bancos rusos. Otra medida resultaría trascendental para toda Europa: la cancelación del proyecto de gasoducto Nord Stream (NS2), un proyecto controlado por Gazprom que busca transportar gas de Rusia a Alemania directamente por el lecho del mar Báltico sin pasar por Ucrania. Biden señaló este martes que también se plantea sanciones individuales contra el líder ruso.
Para Bruselas, el empeño de Washington de airear las sanciones contrasta con la disposición a entrar con Putin en un regateo sobre la estructura de seguridad en el viejo continente. El dirigente ruso se permitió a finales de año publicar dos proyectos de tratados internacionales, con EE UU y la OTAN, respectivamente, que supondrían un cambio radical al marco europeo de los últimos 30 años.
“Solo los vencedores de una contienda se permiten poner unos textos así sobre la mesa”, apunta una alta fuente diplomática. Para Bruselas ambos textos son innegociables. Pero EE UU aceptó una primera reunión en Ginebra para estudiar los términos planteados por Moscú. Y Blinken se ha comprometido a dar una respuesta por escrito, algo que también hará la OTAN.

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Alejandro Riaño dialogando con uno de los cocheros.

Sin que se vea afectado el trabajo de quienes viven de esta actividad en La Heróica.

Noticias Colombia.

Frente a los últimos casos de presunto maltrato animal que se han registrado en Cartagena con los caballos que hacen parte de las actividades de los cocheros en la «Ciudad Amurallada», el comediante Alejandro Riaño se dio una pasada por la capital bolivarense para apoyar la causa que proponen animalistas: El cese de la utilización de equinos para este tipo de actividades.

Riaño en su estadía en La Heróica intentó dialogar con las autoridades competentes para recoger información acerca de los paseso en coches tirados por animales, sin embargo, su intento fue infructífero ya que ningún funcionario de la Alcaldía, estuvo presto para entregar sus opiniones al respecto.

Vea: Sí tenían caballos en mal estado y así los usaban para paseos en carruajes en Cartagena

Sobre esta situación, el comediante asegura que lleva alrededor de cuatro años denunciando el maltrato y abuso al que son sometidos estos animales producto de extensas jornadas de trabajo a pleno sol y sin la alimentación e hidratación requerida.

No obstante, un cochero con el que conversó por algunos minutos sobre los presuntos casos de maltrato, manifiesta que los caballos son «bien tratados» y que incluso «comen primero que ellos».

A su vez, señaló que los animales «no se han desplomado», sinon que han sufrido resbalones producto de la humedad de las calles o del aceite que riegan los carros en ocasiones.

Sin embargo, Riaño refutó esta aprecicación poniendo en evidencia las precarias condiciones físicasque presentan otros animales utilizados para esta actividad.

Solución que plantea Riaño.

Alejandro Riaño propone que los caballos sean sustituidos por una máquina eléctrica que pueda hacer este trabajo.

Carruaje eléctrico.

«Ya tenemos una Vaki para lograr nuestro recaudo de $90.000.000 y entregarle a Cartagena el primer coche eléctrico de le ciudad. Ya hice mi aporte y tenemos $20.000.000 ayúdenme a lograr la meta y dar el ejemplo para que en otras ciudades acaben con esta práctica y repliquen este modelo», publicó Riaño en su cuenta de Instagram.

El comediante hizo énfasis en que la idea no es dejar a los cocheros sin trabajo, sino modificar el modelo de negocio:

«No es dejar a los cocheros sin trabajo, al contrario, es entregar un nuevo medio de transporte, amigable con el medio ambiente y que no necesita exponer a un animal a largas horas de trabajo en condiciones deplorables. Esto traerá muchos beneficios a la ciudad y mayor demanda a este medio de transporte. No es pelear, es solucionar. ¡Gracias a todos por la ayuda», agregó.

También puede leer: ¿Maltrato o turismo?, se abre la polémica en Cartagena por caballo desplomado mientras transitaba por la vía

Hasta el momento de esta publicación, el Vaki que abrió el comediante ha recaudado cerca de 57 millones de pesos.

La meta es poder llegar a los 90 millones para con este dinero adquirir un carruaje eléctrico, solución planteada por Riaño para ponerle freno a esta situación.

Vaki de Alejandro Riaño.

Foto de portada: Captura de video

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El Gobierno de Boris Johnson se ha encontrado de bruces, en el mismo periodo en que prometió que el Brexit ayudaría a recuperar el control de sus fronteras, con la tragedia inesperada de la inmigración masiva en aguas del canal de la Mancha. Las cifras empequeñecen frente al aluvión de personas que llegan cada año a las costas del continente europeo, pero con más de 29.000 migrantes que intentaron alcanzar el Reino Unido en 2021, según cálculos de diversos medios como la BBC, el Ministerio del Interior británico se enfrenta, sin experiencia ni mano izquierda, ante un inusitado problema para el que solo ofrece leyes más duras. “Los ciudadanos llevan dos décadas exigiendo una reforma, y eso pretende nuestro nuevo plan para la inmigración”, ha dicho el secretario de Estado de Justicia y Control de la Inmigración Ilegal, Tom Pursglove. La definición de su cargo ya da una idea clara de la estrategia de Downing Street frente a la inmigración irregular. “La Ley de Nacionalidad y Fronteras definirá como delito el intento deliberado de entrar ilegalmente en el Reino Unido, e impondrá penas de prisión permanente a aquellos que faciliten este acceso”, ha asegurado Pursglove.

El texto legal se encuentra actualmente en el estadio final de su tramitación, en la Cámara de los Lores, donde muy probablemente se verá sometido a enmiendas que la mayoría conservadora de los Comunes deberá rechazar, cuando regrese para su consideración definitiva. La propuesta, desarrollada por el ministerio de Priti Patel, juega con un doble discurso que apenas logra ocultar su intención de construir una respuesta de “ley y orden” ―más centrada en la seguridad que en el lado humanitario del asunto―; un lenguaje duro para contentar a las bases electorales que respaldaron el Brexit.

Aunque el discurso de Patel, responsable de Interior, carga las tintas contra las bandas criminales que promueven y organizan las travesías del canal, la idea de fondo es que, gran parte de las personas que intentan llegar al Reino Unido son “inmigrantes económicos” ―no huyen por causas políticas―, que no necesitan realmente ningún tipo de protección internacional y que, con sus acciones, lo único que hacen es “saltarse la fila” de los que aspiran legítimamente a lograr un estatuto de refugiado. “[Un 70% de las personas que han llegado en los últimos 12 meses] son hombres solteros (…). No son verdaderos solicitantes de asilo. Son capaces de pagar a las mafias y contactar con ellos, ya sea en el norte de Francia o en Alemania. Son ellos los que expulsan a codazos a mujeres y niños que sí están en riesgo y huyen de la persecución”, afirmaba Patel el pasado 27 de octubre en su comparecencia ante la Comisión de Justicia e Interior de la Cámara de los Lores.

La ministra con mayor fama de dureza del Gobierno de Johnson pasa por horas muy bajas de popularidad en el Partido Conservador. Sus promesas redobladas de atajar las entradas irregulares se han visto desmentidas una y otra vez con las cifras que llegaban del canal de la Mancha, que en 2020, en pleno parón de la movilidad internacional, rondaron las 8.500 personas, según la organización británica Refugee Council (Consejo para los Refugiados). Su falta de tacto con las autoridades francesas, de donde provienen en la última travesía la mayoría de los inmigrantes, ha provocado un deterioro casi irreparable de las relaciones diplomáticas y de colaboración con el Gobierno de Emmanuel Macron. La muerte de una treintena de inmigrantes a finales de noviembre, al hundirse la embarcación que los transportaba, se convirtió en un amargo cruce de críticas entre Londres y París. El Gobierno de Johnson reprochó al francés que no hacía lo suficiente para impedir la salida de personas de sus costas, y amenazó incluso con retirar la ayuda financiera comprometida para reforzar la vigilancia policial.

Todo se agravó aún más al publicar el propio Johnson en Twitter la carta que había enviado a Macron, en la que pedía que el Reino Unido pudiera devolver a Francia sin problemas los inmigrantes que llegaran desde ese país, y sugería incluso que la policía británica patrullara conjuntamente con la francesa la costa al otro lado del canal. El ministro francés del Interior, Gérald Darmanin, retiró de inmediato la invitación que había cursado a Patel para participar esa semana en una reunión de ministros europeos que debía abordar la crisis migratoria en el canal. Y Macron llegó a acusar a Johnson de poco serio. “Me sorprenden los métodos, cuando no son serios”, dijo el presidente de Francia. “Entre líderes no nos comunicamos a través de tuits, ni hacemos públicas las cartas que nos enviamos”.

Las verdaderas cifras de asilo

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Frente al argumento reiterado por el Gobierno británico de que las actuales leyes permiten un abuso en los trámites de solicitud de asilo y refugio, organizaciones como Refugee Council (Consejo para los Refugiados) han realizado una profusa tarea estadística para desmentir los prejuicios. El 70% del número total de personas que llegaron a las costas británicas, o fueron interceptadas en su intento de cruzar el canal, durante el año pasado, procedían de cinco países: Irán, Irak, Sudán, Siria y Vietnam. Uno de cada cuatro era iraní. Entre los diez países de los que proceden la mayoría de los inmigrantes se encuentran también Afganistán o Yemen. El Consejo para los Refugiados señala que prácticamente el 98% de las personas que llegan a las costas británicas a través del canal acaban solicitando asilo. Y entre los refugiados que proceden de los diez principales países, hasta un 61% logra esa protección oficial, frente a una media del 52% del resto de nacionalidades que llegan por otras vías.

Los cálculos desmienten de ese modo que los inmigrantes que se lanzan al canal sean en su mayoría “inmigrantes económicos”. “El Gobierno aspira a dar rango legal a una política brutal y peligrosa, como la que representa su ley antirrefugiados, que solo logrará que más gente muera ahogada en el canal”, ha dicho Tim Naor Hilton, el director ejecutivo del Consejo para los Refugiados. Simplemente, el mayor control policial en otras vías habituales de acceso, como el transporte ilegal de inmigrantes a través de camiones y contenedores por el Eurotúnel, ha reducido drásticamente las cifras, y ha desviado el flujo de personas hacia el paso del canal de la Mancha, que hasta hace pocos años era una vía minoritaria. El Gobierno de Johnson se ha topado con una tragedia que la UE ya conoce desde hace tiempo, y su primera respuesta ha sido la de endurecer el discurso inmigratorio que alimentó el Brexit.

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