El opositor ruso Alexéi Navalni pasará más años en la cárcel. Un tribunal de Moscú le ha declarado este martes culpable de fraude a gran escala y de falta de respeto a la justicia. La Fiscalía ha solicitado hasta 13 años de prisión para el activista. La sentencia se conocerá más adelante. “Navalni cometió un fraude al robar bienes ajenos mediante engaño y abuso de confianza”, ha asegurado la jueza Margarita Kotova en el veredicto al que ha tenido acceso la agencia de noticias Interfax.
El opositor cumplía actualmente otra condena de dos años y ocho meses de prisión en una cárcel de máxima seguridad por el caso Yves Rocher, cuyo juicio fue considerado “parcial y arbitrario” por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ahora, cuatro denunciantes le habían acusado de enriquecerse con los fondos de su Plataforma contra la Corrupción, a lo que se sumó otro cargo por calumnias contra una jueza durante un proceso anterior.
En un primer momento, la Fiscalía acusó al opositor, a su exjefe de campaña, Leonid Volkov, y al exdirector de la Plataforma contra la Corrupción, Román Rubánov, de haber desviado unos 356 millones de rublos (3,1 millones de euros al devaluado cambio actual) “a fines personales” provenientes de la recaudación de su campaña electoral de 2018 y otras acciones.
Sin embargo, el juicio se limitó finalmente a 2,7 millones de rublos (23.000 euros) entregados por cuatro de sus más de 300.000 donantes. En su defensa, Navalni señaló que podría haber sido una trampa por las grandes sumas de dinero aportadas por un mecánico y dos empresarios sometidos a procesos penales.
A estas acusaciones de fraude se sumaron otras dos más por ofensas a una juez, a una fiscal y a un testigo durante una de sus audiencias judiciales de 2021. Navalni fue arrestado el 17 de enero de aquel año por no haberse presentado a las revisiones judiciales de su libertad condicional por el caso Yves Rocher debido a que había estado en coma en una clínica en Berlín, a donde fue trasladado tras haber sido envenenado con Novichok en agosto del año anterior.
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El uso de esta sustancia contra el activista fue confirmado por la investigación de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas de la ONU. Para su desarrollo se necesitan laboratorios muy avanzados, y un análisis de Bellingcat, The Insider y varios medios más denunció que Navalni había sido seguido en varias ocasiones por el Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB), incluido el viaje en el que cayó en coma. El presidente ruso, Vladímir Putin, justificó su seguimiento meses después aduciendo que trabajaba para intereses extranjeros.
Este nuevo juicio contra Navalni ha tenido lugar en la cárcel de Pokrov, situada en la región de Vladímir y a unos 100 kilómetros al este de Moscú. Los jueces se trasladaron hasta este recinto, donde el activista permanece encarcelado desde que fue detenido, algo que resaltó Navalni durante su defensa. “Nunca en la historia de todos los juzgados de la Federación de Rusia, y creo que incluso en toda la historia de los juicios de la Unión Soviética, se reunió el tribunal en otro territorio, y mucho menos en una cárcel”, dijo Navalni.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Doris Ruth Méndez y el registrador Nacional, Alexánder Vega, este lunes en Bogotá.Carlos Ortega (EFE)
Las inconsistencias en el conteo de votos a las legislativas, que en principio no contabilizaron 400.000 votos del Pacto Histórico, la coalición de izquierda liderada por Gustavo Petro, siguen escalando la tensión en las elecciones colombianas. Tras una semana de denuncias de fraude electoral y el llamado expreso de Álvaro Uribe a no aceptar los resultados, el presidente Iván Duque solicitó el recuento general de las papeletas.
Y este lunes, feriado en Colombia, el registrador nacional Alexander Vega, blanco de todas las críticas por las irregularidades, se sumó al pedido de recontar los votos del Senado. La decisión la tendrá que tomar el Consejo Nacional Electoral, que participará en una reunión de garantías electorales este martes; pero la solicitud de Vega ya ha causado alarmas en distintos partidos que también piden su renuncia.
“Lo que hace el registrador hoy ahora sí se llama fraude. La cadena de custodia de los votos terminó el sábado. A esta hora pueden estar llenando las bolsas de votos. Desobedecen la decisión de 5.000 jueces. Estamos ante un verdadero golpe de Estado impulsado por Uribe”, dijo el candidato presidencial Gustavo Petro, cuya coalición obtuvo 19 escaños en el Congreso por encima de los 13 que logró el Centro Democrático, partido de Gobierno fundado por Álvaro Uribe.
La confianza en la transparencia electoral se ha resquebrajado en la última semana, pero es un proceso que viene en deterioro desde hace meses. Durante la semana posterior a las elecciones, tanto la misión de observación electoral nacional como la de la Unión Europea, confirmaron “comportamientos atípicos en los resultados” que afectaban en su mayoría al Pacto Histórico. “La discrepancia entre los resultados del preconteo para el Senado y los que arroja esta primera etapa del escrutinio, ha sido inusualmente grande. Sobre todo para algunos partidos y coaliciones”, agregó la misión de la UE.
Las inconsistencias iban desde tachaduras en los formularios que llenaban los jurados de votación (que son ciudadanos elegidos al azar por una base de datos), manipulación de los datos, en algunos casos, y sobre un problema en el diseño de los formulario y la falta de transmisión de los números que correspondían a ciertos partidos. El registrador atribuyó las irregularidades a errores de los jurados de votación. “La instrucción que se les dio a los jurados fue poner un asterisco al lado de la votación, tenemos información oficial de que varias agrupaciones políticas y los propios jurados no cumplieron con lo ordenado en la capacitación”: dijo. “Hay tachaduras en formularios y esto genera imprecisiones en el preconteo, pero los votos están”, agregó este lunes.
En efecto, tras las evidencias sobre la ausencia de votos que inundaron las redes sociales, líderes políticos como Petro, informaron haber recuperado al menos 486.000 votos que no habían sido reportados inicialmente. De esa manera, se reconfiguró el Congreso y el Pacto Histórico pasó de 16 a 19 escaños, convirtiéndose en la mayor bancada en el Senado.
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Ante ese hecho, el uribismo, cuyo partido perdió poder en el Congreso y pasó de ser de la primera a la quinta fuerza política en el Senado, sugirió que esa recuperación de votos de la izquierda era sospechosa y que al Centro Democrático también le desaparecieron votos en zonas usualmente controladas por el partido de Gobierno. Tanto el expresidente Álvaro Uribe como Andrés Pastrana señalaron la existencia de fraude electoral e insistieron en abrir de nuevo las bolsas de los votos.
De cara a la primera vuelta presidencial, en dos meses, el ambiente está caldeado en unas elecciones donde la izquierda aparece entre los primeros lugares de las encuestas y el partido de Gobierno no tiene candidato propio y se enfrenta a un declive. Vega aseguró que no hubo fraude y que está garantizada la “transparencia” para el 29 de mayo.
“Estamos en una situación delicada. Nadie cree en el resultado del preconteo, ni petristas ni uribistas. Uribe pide desconocer el resultado, lo que es una irresponsabilidad”, dijo Humberto de La Calle, ex negociador de paz y senador electo. “Ha surgido la idea de volver a contar los votos que están ahí, es muy difícil oponerse a eso, en cambio me parece muy grave para la democracia que la duda que hoy existe se prolongue indefinidamente de cara a las elecciones de mayo y junio”, agregó De la Calle, que pide una auditoria y presencia internacional.
Pero la solicitud de Vega ya ha causado efectos en las presidenciales. El candidato de centro, Sergio Fajardo, dijo que el reconteo no solo debe hacerse para el Senado sino también para la Cámara de Representantes y “con todo rigor”. “El caos electoral generado por las fallas de la Registraduría afectó la confianza en la transparencia de las elecciones presidenciales. Se requiere, además, adoptar medidas adicionales para mayo”.
Mientras, Petro informó que no asistirá a debates electorales “hasta que se garantice la transparencia del voto”. El candidato de la izquierda dijo que actuará con prudencia a la espera de la actuación de veedurías internacionales e insistió en que “en este momento no hay cadena de custodia transparente sobre los votos ya escrutados”, que están en poder del Consejo Nacional Electoral “de mayoría uribista”.
Este martes, después de la reunión de la comisión de garantías electorales, se sabrá si el país contará de nuevo las papeletas que han causado tanta desconfianza y temor de cara a los comicios a presidente.
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El viernes la registraduría confirmó el hallazgo de más de 390 mil votos, y errores en los formularios E14. Este lunes pidió el reconteo general de los votos.
El viernes la registraduría confirmó el hallazgo de más de 390 mil votos, y errores en los formularios E14. Este lunes pidió el reconteo general de los votos a la Fiscalía.
Noticias Colombia.
Vienen las elecciones presidenciales y lo que ha ocurrido con los ‘errores’ encontrados en el conteo y escrutinio de votos especialmente en los formularios E14, y las denuncias de «fraude» ha generado alarma, por ello, la Registraduría ha pedido este lunes a la Fiscalía «el recuento general de votos para Senado de la República, a fin de dar transparencia al proceso electoral».
Día de elecciones: preconteo (conteo rápido) de votos.
Luego, escrutinios: en base a los Formularios E14 (se hace a nivel local y con el CNE) para los resultados finales.
El registrador nacional, Alexander Vega Rocha, quien ha sido señalado de (presuntamente) favorecer a un sector político, reiteró que no hay fraude pero si, «errores».
«Aquí no se han perdido votos. En muchos casos, hubo errores humanos en el diligenciamiento del formulario E-14 y la posterior transmisión de la información», aseguró.
Esto en parte puede coincidir con las quejas de muchos miembros de mesa que señalaron que quienes debían llenar esos formularios «en medio de los afanes», terminaron haciendo tachones, marcando números mal, llenando espacios de manera incorrecta.
Los votos en este momento «están en cadena de custodia».
Cada mesa, más de 112 mil que se instalaron, tiene los datos de sus miembros: cada tarjetón era marcado por quien entregaba el tarjetón.
Significa esto, que si en determinada mesa hay irregularidades que van más allá de «errores», tendrá que hacerse le investigación con los involucrados.
El escrutinio de votos no ha terminado.
«No existió fraude. El preconteo es informativo, nadie ha ganado o perdido votos ni curules hasta que el escrutinio termine», advirtió Vega.
Mientras hay partidos, candidatos y ciudadanos hablando de fraude, bajando de las curules a unos y subiendo a otros.
Aunque la MOE había informado inicialmente que encontraron hallazgos que debían llevar a una investigación.
Puede haber:
Alteraciones de los resultados
Falsedad en documento público
Fraude al sufragante
Sin embargo, luego advirtió que lo que se ha encontrado no permitía establecer un fraude planificado.
Pacto Histórico, Fuerza Ciudadana y Nuevo Liberalismo los que más votos «encontraron» haciendo un barrido con sus jurados, otros como el Centro Democrático habrían perdido alguna curul y así otras organizaciones denuncian irregularidades.
Hubo sitios en los que incluso, no se registraba ni un solo voto a favor de de determinada coalición, aunque mucha gente reporta «yo voté por ella».
Una mujer cuenta votos en un puesto de votación durante las elecciones legislativas en Chocó, Colombia. El pasado 13 de marzo.ERNESTO GUZMAN JR (EFE)
Una semana después de las elecciones al Congreso y consultas presidenciales, miles de colombianos están revisando en la web de la Registraduría Nacional si sus votos fueron contados correctamente y varios líderes políticos piden reconteo general. Las alarmas de que algo no salió bien han sido lanzadas desde varios partidos políticos, y van desde enmendaduras, votos desaparecidos hasta denuncias de fraude.
La Misión de Observación Electoral (MOE) ha señalado “comportamientos completamente atípicos en los resultados electorales del Pacto Histórico, en lo que tiene que ver con el gran número de mesas donde no se reportan votos”, pero llamó a la mesura. Esas denuncias polarizan aún más la campaña electoral a dos meses de la primera vuelta presidencial en la que Gustavo Petro, líder de la coalición de izquierda, se sitúa como el candidato más opcionado a ocupar la Presidencia.
Las críticas desde todas las orillas arrecian contra el registrador nacional Alexander Vega, que se ha defendido diciendo que son “errores humanos de los jurados de votación”. El registrador ya arrastraba críticas por las fallas de la plataforma durante la inscripción de cédulas y los problemas de acceso a la página el día de los comicios. Él mismo había denunciado que la web de la entidad había recibido 400.000 ataques cibernéticos meses atrás. En el Congreso ya anunciaron un debate de control político y él se mantiene en que no renunciará.
Tras una semana de denuncias en redes sociales, miles de votos han ido apareciendo. “En este momento se han recuperado 486.000 votos por el Pacto Histórico al Senado que no fueron reportados. Nos acercamos a tres millones de votos por la lista al Senado”, dijo Gustavo Petro, ganador indiscutible de las primarias, con 4.5 millones de votos. Sin embargo, no abandonó su denuncia de fraude. “A los abogados escrutadores les pido cuidar la votación de Fuerza Ciudadana, hubo fraude contra ellos”, agregó.
Tras las denuncias, la MOE ha revisado miles de formularios E14, donde se suman los votos de todos los candidatos. Esta veeduría ha explicado que las anomalías van desde “el diligenciamiento inadecuado de las casillas de los formularios y sumas incorrectas de los votos depositados, captura inadecuada de los mismos en el sistema de preconteo, hasta casos de manipulación y alteración de los resultados depositados en el formulario por parte de jurados de votación, que incluso lo han sido reconocidos públicamente”.
Sin embargo, la irregularidad más evidente, que afecta al Pacto Histórico, está en el diseño de los formularios y en la transmisión de la información. La lista de Gustavo Petro se encuentra en las últimas páginas, como si fuera un pie de página después de la lista de otro partido. “Eso facilita que exista el error humano y que al momento de dictar de forma telefónica los datos se salten los números de esa casilla”, explica a este diario Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la Democracia, de la MOE.
El registrador Nacional, Alexánder Vega, ofreciendo declaraciones en Bogotá, Colombia, el pasado 18 de marzo. Carlos Ortega (EFE)
En Colombia, los jurados de votación son personas elegidas en el cruce de una base de datos de empresas, universidades y funcionarios públicos. Para estas elecciones hubo 700.000 que recibieron una capacitación de la Registraduría. Una vez se cierran las urnas, cuentan los votos en presencia de voluntarios de cada partido que funcionan como testigos. Llenan tres copias de los formularios E14 y luego, esos números son transmitidos por teléfono desde los puestos de votación por empleados de una empresa contratista de la Registraduría, para estas elecciones la Unión Temporal Disproel. Esos son los datos que el país conoce al final de la jornada. Pero el escrutinio oficial, que sí tiene validez jurídica, se hace días después. “El error de transmisión se dio entonces en las llamadas para comunicar esos datos y en el cargue que se hizo para alimentar la base del preconteo, a cargo del contratista”, dice Rubiano.
La Unión Europea, que también tiene una Misión de Observación Electoral, se ha sumado a las críticas por las anomalías en el preconteo de los votos y la complejidad de los formularios. “La MOE UE quiere señalar que la discrepancia entre los resultados del preconteo para el Senado y los que arroja esta primera etapa del escrutinio, ha sido inusualmente grande. Sobre todo, para algunos partidos y coaliciones”.
Pero además de las inconsistencias en la transmisión de los datos, otros líderes políticos denuncian un supuesto fraude en el software. La MOE, sin embargo, ha seguido algunos casos y encontró errores técnicos que se han solucionado. “Es innegable que todos estos problemas quebrantan la confianza en el proceso electoral. Aún así, en un sistema tan complejo como este, que se presta malos entendidos, el llamado a fraude es irresponsable, porque estamos en una parte del proceso no completa”, dice Rubiano.
Linterna Verde, una organización independiente que investiga cómo se construye la opinión pública en los entornos digitales coincide en lo delicado de la narrativa de “gran fraude” y asegura que ésta comenzó en 2018, impulsada principalmente por el petrismo, pero en estas elecciones se ha convertido también en una estrategia para algunos candidatos de derecha y sectores cercanos al Centro Democrático. “Lo natural es que las denuncias de “Gran Fraude” estén en boca de las figuras partidistas que están encontrando diferencias significativas de votos y cuyas dudas son legitimas, pues la cancha ha estado tradicionalmente desnivelada para sectores políticos que representan la oposición o grupos tradicionalmente no representados en Colombia”, explica Cristina Vélez, directora de Linterna.
Pero ahora, aclara, “sectores del Centro Democrático, del partido del Presidente en ejercicio, y que en teoría debería ser el garante de la transparencia del proceso, también quieren pescar en este río revuelto y cuestionar de raíz el sistema electoral”. Desde la derecha, también se ha visto con suspicacia que Petro estuviera en una reunión en España con funcionarios de Indra, la empresa elegida por el Consejo Nacional Electoral para desarrollar el software del escrutinio general de las votaciones y el expresidente Álvaro Uribe dijo en sus redes que, estas elecciones, cuyo ganador fue el petrismo, le generan desconfianza y llamó a no “aceptar este resultado”.
Ante la polémica, este sábado, el gobierno de Iván Duque ha decidido convocar a la comisión nacional de garantías electorales, con presencia de miembros de los partidos y misiones de observación nacionales e internacionales.
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‘Matamba’ es considerado, por los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, un narcotraficante con un extenso poder, pues tenía el control del 10 % de los cultivos ilícitos de la región oriental.
‘Matamba’ cuenta con un extenso prontuario delictivo; lleva más de 20 años cometiendo innumerables crímenes, sobre todo, en Nariño según la investigación judicial.
Noticias Nariño.
Otro caso de corrupción volvió a rondar al Inpec y la cárcel La Picota, con la fuga de Juan Larrison Castro Estupiñan, alias ‘Matamba’, jefe del Clan del Golfo y mano derecha de alias ‘Otoniel’.
Estos hechos se presentan en medio del escándalo por presunto fraude electoral, lo cual ha desatado todo tipo de reacciones.
Según el Ministerio de Justicia, el hombre se habría fugado del pabellón de extraditables, con la complicidad de un guarda del INPEC.
Las primeras versiones indican que ‘Matamba’ habría salido en horas de la madrugada.
Y según se conoció, el hombre no estaba recluido en el pabellón de alta seguridad, pese a ser uno de los principales criminales del país y a donde se había pedido, lo llevaran.
En un primer conteo de los internos, el narcotraficante —cuyo caso destapó una olla de corrupción con militares y exmilitares— no apareció.
En otro patio apareció otro interno que al parecer sería ‘Matamba’ y se le estaban tomando las huellas dactilares para hacer las verificaciones legales del caso, pero se trataría de otro hombre.
Ante esta nueva fuga, de inmediato se activó el plan candado, con colaboración de la Policía Nacional.
Duque se pronunció
Frente a este hecho, el presidente Iván Duque se mostró indignado por la fuga.
“Ya hablé con el fiscal general de la nación para que se hagan todas las capturas que sean necesarias a los que propiciaron esa fuga por parte de la guardia del centro de reclusión ya no hay más acciones de paños de agua tibia frente al Inpec”. dijo.
Hablé con @FiscaliaCol para que se hagan las capturas de los responsables que propiciaron esa fuga. No más paños de agua tibia en @INPEC_Colombia, vamos a proponer una reforma integral administrativa al sistema penitenciario y carcelario, y ordené plan para recapturar ese bandido pic.twitter.com/jgD7mGjhsz
Anunció además que propondrá una reforma integral administrativa del sistema penitenciario y carcelario de Colombia.
“Es muy importante que nosotros tengamos claro que el sistema no puede seguir teniendo esas conductas sin que hayan sanciones ejemplarizantes (…) Son muchos fenómenos que se han presentado así en Colombia, pero ya no más. Ya se nos llenó la coronilla”, aseveró el presidente.
‘Matamba’ es considerado, por los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, un narcotraficante con un extenso poder, pues tenía el control del 10 % de los cultivos ilícitos de la región oriental y contaba con cerca de 140 hombres bajo su mando.
También cuenta con un extenso prontuario delictivo, con más de 20 años cometiendo innumerables crímenes, sobre todo, en Nariño. Su vida delictiva comenzó en la década de los 90, cuando se enroló en las Farc.
El domingo el Pacto Histórico se convirtió en la principal fuerza política del país, y denuncian que les «robaron votos». Foto de referencia.
El debate después de las elecciones se ha direccionado al presunto fraude, aunque la mayor parte de denuncias señala que fue contra el Pacto Histórico, otros muestran formatos E14 señalando que también lo cometió ese movimiento.
Noticias Colombia.
«Fraude» es la denuncia que ha inundado las redes sociales y que ha llevado a que en varias ciudades de Colombia aún se esté haciendo reconteo de votos y revisión de formularios E14, con tachones, números extraños y varios errores más, el Pacto Histórico denuncia que les «robaron votoso».
Hasta ahora, la Registraduría no ha actualizado datos.
El CNE tampoco se ha pronunciado.
El Movimiento de Obseración Electoral respondió que no se había pronunciado hasta este miércoles, porque estaban revisando las denuncias y elementos de pruebas.
Informó el MOE que dado que hay varios vídeos donde personas reconocen que «llevaron a cabo maniobras engañosas», debe haber una investigación.
Puede haber:
Alteraciones de los resultados
Falsedad en documento público
Fraude al sufragante
Uno de esos vídeos, fue este:
Suani Lefevre Bessudo, estudiante de la Universidad De Los Andes, hijo de Sandra Bessudo y nieto del presidente de Aviatur Jean Claude Bessudo, en su cuenta «privada» de instagram nos explica como hizo fraude electoral. pic.twitter.com/SFxr5xiEC7
Ante esto, el MOE pide reconteo de votos donde esas personas que señalan que cometieron fraude estuvieron de jurados de votación o miembros de mesa.
El movimiento señala que además, debe evaluarse el daño hecho al no habérse entregado la tarjeta que solicitó el elector, «para respetar su preferencia política».
Hubo denuncias de que llegaban a pedir un tarjeton de un determinado candidato, partido, para elegir curul afro, indígena u otras, y supuestamente se las escondían o les daban otros.
Iván Cepeda, señaló que: «Existe abundante evidencia de múltiples modalidades de fraude electoral que persiguen disminuir al máximo los resultados de la gran votación del Pacto Histórico. Se deberá determinar si existe un plan concertado para ese fraude y esclarecer responsabilidades penales».
Gustavo Bolívar asegura que en el reconteo se han recuperado por lo menos 300 mil votos, para su movimiento, el Pacto Histórico.
Sin embargo, hasta ahora, esos hallazgo que ha hecho el partido con sus votantes y seguidores, no ha sido oficializado por la Registraduría.
Un debate complicado
Desde el Pacto Histórico se mantienen en la exigencia del reconteo de votos, si se han mostrado documentos E14 con aparentes irregularidades.
Hubo sitios en los que incluso, no se registraba ni un solo voto a favor de esa coalición.
Sin embargo, no es el único que denuncia pero si, el que hasta ahora, ha pedido con más vehemencia que se recuenten los votos.
Algunos de los miembros de mesa, han respondido que enmuchos casos, «los errores» en los E14 no son «producto de un fraude planeado», se trata de fallas a la hora de dar los datos, «por las carreras, y por otras circunstancias.
Otros explican que, «en el escrutinio le van a dictar todos los votos que hay en el formulario E14», por tanto, señalan que la teoría de que se basaron solo en las fotos que se enviaron «no sería una base con sustento» para declarar fraude.
Ante todo esto del presunto fraude, tendrán que interponerse las denuncias de rigor.
No puedo guardar silencio ante esta absurda e injusta situación. El fraude electoral atenta contra la democracia, la legitimidad de las instituciones y contra la paz de Colombia. pic.twitter.com/ln1J5MKCQX
— Iván Marulanda🌻20 Senado (@ivanmarulanda) March 16, 2022
Es increíble que en Colombia hablemos hoy de fraude electoral con 12 millones de votos en la consulta y casi 6 millones de votos para el pacto histórico. Haciéndole el juego a partidos que no lograron el umbral o congresistas que no lograron elegirse. Seamos serios.
Nadie me robó las elecciones, sacamos lo que sacamos, pero es bochornoso lo que se está conociendo sobre fraude electoral en todo el país. Da vergüenza, da pena un sistema tan permeable. El domingo, desafortunadamente, nada cambió. Es hora de reaccionar!
— Gabriel Cifuentes 🌻 103 🕊️ (@gabocifuentes) March 16, 2022
Vamos a serenarnos. Una cosa es el conteo y otra el escrutinio donde seguro van a aflorar todas las irregularidades detectadas. Y es ese proceso es en el que cada grupo político afectado puede subsanar errores , descuidos, o manipulaciones criminosas al violar el voto ciudadano
Alexéi Navalni, a las puertas de una comisaría de policía de Khimki, a las afueras de Moscú, el 18 de enero de 2021.SERGEI ILNITSKY (EFE)
El opositor ruso Alexéi Navalni, de 45 años, condenado a dos años y ocho meses de prisión, podría pasar hasta 10 años y medio más en la cárcel por una nueva acusación de fraude. “Seguiré luchando contra el poder. No temo ni al FSB, ni a las armas químicas, ni a Putin. No tengo miedo”, exclamó ante el tribunal que lo juzgaba en una prisión de alta seguridad a un centenar de kilómetros de Moscú. “Nunca en la historia de todos los juzgados de la Federación de Rusia, y creo que incluso en toda la historia de los juicios de la Unión Soviética, se reunió el tribunal en otro territorio, y mucho menos en una cárcel”, afirmó el activista, cuya situación ha vuelto a ser noticia en Rusia tras haber quedado relegado a un discreto segundo plano en los últimos meses por la escalada militar en la frontera con Ucrania y el vertiginoso encarecimiento de los bienes básicos.
Con un deterioro físico visible, pero enérgico al arremeter contra sus acusadores, el opositor pudo abrazar por primera vez en mucho tiempo a su mujer, Yulia Naválnaya, quien le acompañó durante toda la sesión.
El opositor, su exjefe de campaña, Leonid Volkov, y el exdirector de la Plataforma contra la Corrupción, Román Rubánov, fueron acusados por el Comité de Investigación ruso de haber desviado 356 millones de rublos (4,14 millones de euros) “para fines personales” del dinero recaudado para la campaña electoral de 2018 y otras de sus iniciativas. Sin embargo, en este juicio se acotó la demanda a apenas 2,7 millones de rublos entregados por cuatro de sus más de 300.000 donantes, quienes han causado unas sospechas enormes en la defensa: según el informe de la acusación, tres de ellos transfirieron entre 665.583 y 1,2 millones de rublos cada uno, cifras muy elevadas teniendo en cuenta que según el equipo de Navalni uno de ellos era un mecánico y otros dos empresarios que tenían pendientes procesos penales.
“No recibimos dinero público y estoy muy orgulloso de ello. Existimos porque tenemos apoyo”, dijo Navalni en otro momento de su intervención, que ha sido publicada en las redes sociales. “Hemos visto cómo se han divulgado por primera vez todos los gastos de un político durante cinco años. En total gasté ocho millones, lo que supone una media de 130.000 rublos al mes (algo más de 1.500 euros), menos que mis ingresos oficiales”, explicó Navalni.
Además de los dos cargos por el supuesto fraude, al activista se le imputan otras dos acusaciones más por ofensas a una juez, a una fiscal y a un testigo durante una de sus audiencias judiciales de 2021.
Un día antes del juicio, Yulia Naválnaya escribió una publicación en Instagram en homenaje a su marido. “La gente del Kremlin le teme tanto que él es la primera persona en Rusia a la que juzgan directamente desde la cárcel”, decía en un texto acompañado por la foto de su último encuentro juntos en prisión. Naválnaya lamentó que hubieran fijado la sesión justo un día antes de una de las cuatro jornadas al año a las que tienen derecho los reclusos para tener encuentros largos con familiares, “el día más importante del año para la persona encarcelada”, como recalcó en su mensaje. “Le quieren alejar de toda la gente, de los ayudantes, de los periodistas”, denunció su mujer en la red social, donde afirmó que este proceso “es tan terrible que el tribunal no tiene valor a hacerlo en Moscú” porque “Alexéi se mostrará orgulloso ante la acusación y se reirá de todo”.
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La abogada de Navalni Olga Mijaílova denunció a través de un comunicado que su defendido es víctima “de una persecución penal arbitraria, irrazonable e ilegal” dirigida “a su desprestigio y su alejamiento de la actividad política”, lo que viola el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.
Navalni se encuentra en prisión desde hace más de un año. El activista fue arrestado el 17 de enero de 2021 nada más aterrizar en Moscú por no haberse presentado a las revisiones judiciales de su libertad condicional, impuesta en 2014 por el caso Yves Rocher, cuya condena fue declarada “injusta y arbitraria” por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2017 al considerar que ni él ni su hermano recibieron un juicio justo. Sin embargo, en vez de acatar esta decisión, la justicia rusa decidió sustituir la pena por la libertad condicional.
El opositor fue detenido cuando regresaba de su convalecencia en un hospital de Berlín tras ser envenenado con Novichok, según confirmó la investigación de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Una pesquisa del proyecto de periodismo de investigación Bellingcat y varios medios digitales como The Insider reveló antes de su regreso que el opositor había sido seguido por un grupo del Servicio Federal de Seguridad (FSB) hasta el día que entró en coma, algo que reconoció el propio presidente ruso, Vladímir Putin, el 17 de diciembre de 2020.
Desde que fue condenado a prisión en febrero de 2021, todas las organizaciones de Navalni han sido liquidadas una tras otra bajo la etiqueta de “organizaciones extremistas”, y muchos de sus aliados se han visto obligados a abandonar el país por temor a ingresar en la cárcel.
Uno de ellos, Leonid Volkov, quiso destacar en Twitter el lado “simbólico” de este proceso. “En el tribunal no está la ‘jaula’ habitual para prisioneros porque toda la corte es una jaula. El juez está en una jaula. El fiscal está en una jaula. Solo Alexéi Navalni es un hombre libre”.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, saluda a Aníbal Torres, nuevo primer ministro, este 8 de febrero.Martin Mejia (AP)
Pedro Castillo ha nombrado este martes primer ministro a Aníbal Torres, el abogado que dirigió después de las elecciones la estrategia con la que el maestro rural rebatió las acusaciones de fraude electoral que le lanzó su rival, Keiko Fujimori. Hasta ahora ejercía de ministro de Justicia. Se trata del cuarto primer ministro en 194 días de mandato, todo un récord en la democracia peruana. Frente a los grandes bufetes de abogados que prepararon los recursos para Fujimori, el presidente de Perú contó entonces con juristas como Torres, un exdecano de Derecho de formación sólida con un marcado interés por la justicia social. Tras la designación errática del anterior en el cargo, un funcionario acusado de violencia de género, el nombramiento de Torres tiene cierta lógica política y parece guardar detrás una estratégica.
El anterior Gabinete, al mando de Héctor Valer, se había formado por las concesiones a pequeños grupos de poder en el Congreso. El invento no funcionó. Castillo buscaba evitar las maniobras en la Cámara para destituirle, el destino fatal de otros dos presidentes en los últimos cinco años. La designación de Torres guarda coherencia con la trayectoria del profesor rural de la sierra, que salió casi de la nada hace un año para alzarse con la victoria en las elecciones. Castillo apareció sin sombrero en la ceremonia del nombramiento, algo extraño en él. Los peruanos apenas han visto su pelo.
El anterior intento de darle consistencia a un Gobierno a la deriva no funcionó, fue un fiasco. El miércoles, un día después de su juramentación, la prensa reveló que Valer agredió a su esposa e hija en 2016 y que un juez otorgó a la cónyuge medidas de protección en 2017. El funcionario lo negó y echó más leña al escándalo y el rechazo. El viernes, Castillo anunció en un mensaje a la nación la recomposición del Gabinete, sin embargo, no dijo una palabra sobre la condición de agresor de Valer, quien cuenta con otras 15 investigaciones fiscales por otros delitos. Tampoco hizo un mea culpa por haber, nuevamente, elegido mal a un alto cargo.
En una entrevista al semanario Hildebrandt en sus trece, Castillo reconoció que había cometido un error al nombrar al congresista de Perú Libre Guido Bellido como su primer presidente del consejo de ministros al inicio del gobierno. El mandatario tuvo que forzar la dimisión de dicho funcionario, quien fue reemplazado a inicios de octubre por la abogada y defensora de derechos humanos Mirtha Vásquez. Esta se fue acusando a Castillo de ser permisivo con la corrupción estatal, y el intento de sustituirla fue la maniobra infructuosa de Valer.
El presidente trata de reconducir la crisis con este golpe de efecto. Torres es hombre de confianza de Castillo desde junio del año pasado, cuando Fujimori pidió anula miles de votos en mesas donde había ganado el profesor rural y líder sindical. La candidata conservadora contó con la élite de la abogacía peruana para preparar cientos de impugnaciones, argumentando que los interventores habían sido suplantados, o sus firmas, falsificadas. El hoy nuevo premier fue uno de los tres abogados que litigaron para defender los sufragios. La Fiscalía en el último mes ha archivado casi todas las denuncias planteadas por el fujimorismo, ha reportado el tribunal electoral, derribando la versión que aún mantiene la lideresa opositora de que hubo fraude.
Del gabinete con el que Castillo inauguró su mandato a fines de julio, solo han quedado -además de Torres- otros cuatro ministros. En esta ocasión ha dejado ir al ministro de Salud, el médico y excongresista de izquierda Hernando Cevallos, el de mayor aprobación según las encuestas debido a la sostenida vacunación contra la covid-19. Sonó como posible nuevo primer ministro por segunda vez en los últimos 15 días.
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Según el diario La República, cuando renunció la primera ministra Vásquez, Castillo le planteó a Cevallos ser el nuevo primer ministro, pero este puso como condición que el presidente sacara de su entorno a dos asesores. La ex primera ministra y el exministro Avelino Guillén revelaron al dejar el gobierno que los consejeros presidenciales hacían cambiar de opinión a Castillo sobre asuntos acordados con los miembros del gabinete o que dificultaban el despacho con el presidente.
La inestabilidad que ha generado el constante cambio de altos cargos del Ejecutivo y los indicios de corrupción en el anterior secretario general de la presidencia han sido motivo para que el Congreso pida la renuncia o la “vacancia” de Castillo, es decir, sacarlo del cargo. El lunes, cuando se mantenía la incertidumbre del nuevo gabinete y las críticas por un Estado paralizado, el presidente difundió un comunicado vía Twitter. En este descartaba que hubiera un gabinete paralelo, como exfuncionarios comentaron en las últimas dos semanas.
“Rechazo rotundamente ciertas teorías sobre la injerencia de mi equipo de confianza en la toma de decisiones. Sus afirmaciones son en todos sus extremos, falsas. Desde el inicio de mi gestión he sido respetuoso de las decisiones de los ministros de Estado. Además, denuncio los intentos golpistas que se están orquestando con más fuerza desde esta semana”, señaló.
Como nuevo ministro de Salud ha asumido Hernán Condori, un ex funcionario de la sanidad en la región Junín, donde el fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, fue gobernador. La prensa de Lima indica que Condori es simpatizante del dirigente de dicho partido.
Otro de los nuevos ministros es el congresista de Perú Libre Óscar Zea, en el despacho de Desarrollo Agrario y Riego. Y en el ministerio de la Mujer, Castillo ha prescindido -luego de una semana- de una parlamentaria del partido de Cerrón, la ultraconservadora Katy Ugarte. La substituye la abogada Diana Miloslavich, una de las referentes del movimiento feminista de Lima.
Para el politólogo Paolo Sosa el cuarto gabinete de Castillo ha sido “casi diseñado con calculadora -sumando los votos necesarios para evitar una vacancia- para reconstruir algún tipo de relación con Perú Libre”. Una apuesta para que el Ejecutivo tenga continuidad, anota.
Sin embargo, Sosa anota que Castillo no cumplió con su promesa de un gabinete “de ancha base”. “(El Ejecutivo) No sale del espacio seguro porque tiene contradicciones internas. Esta conformación no tiene los escándalos que generó el gabinete Valer, pero no resuelve la necesidad de construir un puente con algunos sectores externos al Parlamento, para generar confianza en la sociedad civil”, comentó por teléfono Sosa, investigador del Instituto de Estudios Peruanos.
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El Jurado Nacional de Elecciones de Perú informó este viernes que la fiscalía archivó seis denuncias que presentó en junio el partido Fuerza Popular contra el tribunal electoral, alegando fraude electoral después de que el escrutinio diera como ganador de los comicios generales al maestro rural y sindicalista Pedro Castillo, por una diferencia de más de 44.000 votos sobre la candidata conservadora Keiko Fujimori. En cuatro regiones, los fiscales comprobaron que no hubo falsificación de firmas ni suplantación de miembros de mesa -interventores- como aseguraban la lideresa opositora, sus aliados políticos nacionales y extranjeros y la mayoría de los medios de comunicación de la capital, dilatando la proclamación de los resultados oficiales de las elecciones.
El tribunal electoral señala que el Ministerio Público le notificó que no halló elementos que justificaran continuar la investigación por el supuesto delito contra la fe pública -en la modalidad de falsificación de documentos- en mesas de votación de las regiones Ancash, Cajamarca, San Martín y Arequipa. El fujimorismo y políticos de otros partidos conservadores realizaron mítines entre junio y julio pasados, antes de la proclamación de Castillo como presidente, reclamando que les estaban robando la elección con trampas en las mesas de votación. Como parte de la campaña, los simpatizantes de la candidata realizaron escraches en la casa del presidente del tribunal electoral, presionándolo para que anulara los sufragios a favor de Castillo en las mesas que impugnaron con el argumento del fraude.
“En las diligencias fiscales, entrevistaron a los miembros de mesa presuntamente agraviados, puesto que las firmas de las actas electorales aparentemente no correspondían con las de su DNI, y en todos los casos estos ciudadanos aseveraron categóricamente que las rúbricas les pertenecen”, indicó un comunicado del Jurado Nacional de Elecciones. Las notificaciones de archivo de las denuncias por supuestas falsificaciones de firmas fueron emitidas entre septiembre y diciembre. En una de ellas, una ciudadana de la provincia Mariscal Luzuriaga (región Ancash), Teresa Rojas Valverde, interrogada por el fiscal el 18 de octubre, explica por qué su firma no se parece a la registrada en su DNI. “A veces no firmo igual porque soy nerviosa y mi mano se mueve mucho, por eso habré hecho una firma diferente, pero sí reconozco que mi persona ha firmado dichas actas porque he sido presidenta de mesa y he estado presente”, respondió.
Los fiscales también dijeron que los miembros de mesa acreditaron con pruebas -las credenciales y certificados que recibieron de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)- que estuvieron en los locales de votación desempeñando su función y no fueron suplantados.
El politólogo Mauricio Zavaleta explica que, pese a la débil institucionalidad de la democracia peruana, el sistema electoral garantizó unos comicios limpios por varios motivos. “Luego del Gobierno de Alberto Fujimori -en el cual los organismos del sistema electoral fueron copados- hubo un compromiso de las fuerzas políticas de fortalecer estas instituciones y despolitizarlas. En los años siguientes, ya sea debido a este acuerdo inicial o la propia debilidad de los gobiernos, no hubo una injerencia sistemática de los ejecutivos en estos organismos, y se manejaron de manera relativamente autónoma. Esto fue acompañado de un proceso de fortalecimiento institucional tanto en el JNE y la ONPE, donde sus direcciones nacionales o gerencias han sido por lo general ocupadas por personal profesional y especializado”, comenta.
Pero para Zavaleta, más allá de ello, las acusación en sí misma de fraude era muy débil. “Ni siquiera los jurados electorales especiales -que por su naturaleza temporal son el punto más débil del sistema electoral- dieron mérito a los reclamos de Fuerza Popular porque no había elemento probatorio alguno”, añade. El investigador también destaca que el resultado final de la elección fue respetado por el resto de la institucionales estatales.
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Consultada la ONPE, refirió que entregó a los fiscales las listas con los nombres de los interventores que actuaron en la segunda vuelta electoral: “quienes firmaron, eran los que estuvieron ese día en las elecciones”, dijo un vocero. Por primera vez en las elecciones de 2021, Perú hizo un pago a los miembros de mesa para reconocer su esfuerzo, debido a que eran comicios en medio de la segunda ola de la covid-19 y en una jornada mayor de 12 horas, por tanto había documentación disponible para verificar qué ciudadanos cumplieron ese rol. Dado que el Ministerio Público archivó dichas denuncias, el tribunal electoral precisa que así queda descartada “la comisión de ilícitos y fraude en los comicios”.
Las alegaciones de fraude por parte del fujimorismo se expresaron en una estrategia en cuatro frentes: actuaron en las calles con manifestaciones pacíficas y otras violentas -a cargo de fuerzas de choque de ultraderecha-; en los medios de comunicación nacionales, y aliados internacionales de la candidata fujimorista también desinformaron sobre las elecciones peruanas. En el cuarto frente, el legal, los más poderosos bufetes de abogados ayudaron a Fuerza Popular a presentar cientos de reclamaciones a los jurados electorales especiales para anular miles de votos de Castillo. Cuando los pedidos eran rechazados, apelaban ante la última instancia, el Jurado Nacional de Elecciones.
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