La instalación del presidente Gabriel Boric en La Moneda ha estado llena de gestos simbólicos –sobre todo a las mujeres, a los pueblos originarios y a los sectores con menos recursos–, en línea con las altas expectativas ciudadanas que despierta su gestión. Este lunes, cuando inició la segunda semana de Gobierno, La Moneda ha presentado un proyecto de ley que busca la amnistía para los presos en el marco de las revueltas sociales, que tiene limitadas opciones de aprobarse en el Parlamento. Pero el aterrizaje en la primera línea del poder de una nueva generación de políticos ha estado marcado por un hecho central y sin precedentes: la compleja visita del martes pasado de la ministra del Interior, Izkia Siches, cuando sufrió una emboscada en La Araucanía, en la zona sur del país, donde el Estado chileno mantiene desde hace años un conflicto con las comunidades mapuches que exigen la propiedad de la tierra.
“El Gobierno debería tener más cuidado. Se observa entusiasmo, pero ha habido muestras de desconocimiento. Estas ganas de querer ir a La Araucanía, pero sin tomar las precauciones del caso, es un problema difícil, que no ha podido resolver ninguna Administración anterior, pero era evitable que este hecho haya marcado la agenda pública de la primera semana”, asegura la politóloga Javiera Arce. “Está bien la luna de miel del Gobierno, pero no se debe tensar tanto el hilo. Esta gestión nos está acostumbrando a vivir de los símbolos –la juventud, las propuestas, las mujeres en el poder, por ejemplo–, pero no se puede abusar, porque los símbolos no hacen sobrevivir un relato político. Es necesario tomar decisiones fuertes y el manejo de expectativas debe ser sustantivo”, agrega Arce, de la Red de Politólogas, que habla del Gobierno desde Instagram, en relación al gusto de esta nueva Administración a esta red social.
La emboscada ha sido el hecho de mayor relevancia de los primeros 10 días de la nueva Administración de izquierda que intenta cambiar el paradigma para resolver un conflicto histórico por las tierras ancestrales en la zona, que en los últimos años ha crecido en intensidad y violencia (en 2021 hubo al menos 1.200 atentados y en 2022 se han registrado ocho homicidios). En busca de diálogo y desmilitarización, Siches se encontró con la resistencia de grupos que no están de acuerdo con ese camino.
La visita a La Araucanía de Siches produjo diversas consecuencias. Primero, la polémica por sus declaraciones, donde se refirió a “presos políticos” de la etnia mapuche, lo que fue matizado por el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson. Luego, el asunto fue corregido por su subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. “No son presos políticos”, aseguró el socialista.
El conflicto en La Araucanía derivó en otra controversia para la ministra Siches, que optó por no denunciar los hechos violentos, pese a las exigencias de la ley, dado que la Fiscalía había abierto de oficio una investigación. Hubo una tercera consecuencia: a propósito del conflicto, Siches anunció la preparación de un manual de buenas prácticas para referirse al pueblo mapuche– lo que llamó la atención, sobre todo de la prensa–, aunque luego aclaró que no sería el propósito de su futuro manual servir como censura a los medios de comunicación.
La visita del Felipe VI
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Uno de los asuntos que marcó el inicio de la instalación fue la polémica que abrió el propio presidente Boric con España al criticar al rey Felipe VI porque, según el mandatario chileno, retrasó la ceremonia de cambio de mando el pasado 11 de marzo, lo que fue refutado por la Casa Real. La canciller, Antonia Urrejola, se refirió a la polémica este lunes y, a nombre del Gobierno chileno, aseguró que lo dicho por Boric “fue un error comunicacional y no debió haber sucedido”. Pese a este incidente, el sociólgo Axel Callís, director del sitio Tuinfluyes.com, piensa que “se valora el silencio que ha mantenido Boric” en este arranque, como contrapunto a sus antecesores, Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, con una marcada presencia mediática. “La palabra presidencial se acota a lo importante y no a la coyuntura”, dice .
En el mismo plano de las relaciones internacionales, Boric ratificó el Acuerdo de Escazú, que busca mejorar el acceso a la información, a la Justicia y la participación pública en materia ambiental en países de América Latina y el Caribe. El acuerdo no fue firmado por el anterior Gobierno, el de Piñera, con el argumento de que podría exponer al país a demandas internacionales, entre otros asuntos. De aprobarse en el Congreso, Chile será el país 25 de la región en sumarse.
El tema del orden público, uno de los principales desafíos del Gobierno de Boric, ha aparecido prontamente en la agenda de La Moneda. Los ministros Siches y Jackson defendieron en el Congreso la extensión del Estado de excepción en la zona norte del país, donde la migración irregular se asoma como uno de las principales urgencias, mientras que en La Araucanía se ha optado hasta ahora por no renovar la medida cuando el 26 de marzo termine la decretada por Piñera.
El pasado viernes, cuando el presidente llevaba recién una semana en el cargo, se repitieron manifestaciones en Plaza Italia, el epicentro de las protestas desde octubre de 2019. El alcalde comunista Daniel Jadue, que perdió en las primarias presidenciales de la izquierda frente a Boric, criticó a la Administración recién asumida por lo que llamó “represión policial”. Para el militante comunista –un partido que compone el bloque original de Boric–, “el Gobierno tiene la responsabilidad de intervenir civilmente las policías para que ejerzan su labor apegados a tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¡A no decepcionar al pueblo!”, escribió en las redes sociales.
Ese es el marco de la amnistía propuesta para los llamados presos del estallido. El Gobierno de Boric busca cumplir su promesa a aquellos que lo respaldaron en las urnas. Lo anunció este lunes el ministro Jackson luego de una reunión con la recién asumida senadora Fabiola Campillai, que quedó ciega por la acción policial. Antes, el ministro de Economía, Nicolás Grau, había ofrecido disculpas en nombre del Estado de Chile a los comerciantes de la zona de Plaza Italia por los destrozos de sus locales durante el estallido social.
Lo de la seguridad pública tendrá otra fecha compleja el 29 de marzo próximo: la conmemoración del Día del Joven Combatiente, en memoria de dos hermanos asesinados en la dictadura de Augusto Pinochet. Históricamente ha sido un día difícil por las protestas que se realizan en distintas zonas del país, pero sobre todo en los barrios populares de Santiago. No resulta evidente si con Boric en La Moneda podrán calmarse las aguas durante la jornada, cuando el Gobierno pretende desplegar una agenda enfocada en los derechos humanos.
No será el único gran desafío inmediato. En los próximos días, el Ejecutivo de Boric deberá mostrar su habilidad política en distintas instancias. En el Congreso, parte de su propio bloque aprobó este lunes discutir un nuevo retiro del 10% de los fondos de las pensiones, lo que ha rechazado el ministro de Hacienda, el socialista Mariol Marcel, por sus consecuencias negativas para la economía. La nueva Administración deberá convencer al Parlamento y a la ciudadanía de la inconveniencia de la medida, pese a que cuando estaba en la oposición el mismo Boric respaldó como diputado los retiros de los ahorros previsionales. “Es el desafío primero del Gobierno, porque si le desordena su propia bancada, tendrá consecuencias complejas a futuro”, opina la politóloga Javiera Arce.
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