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Concentración de partidarios de Hezbolá, el pasado miércoles en Beirut.
Concentración de partidarios de Hezbolá, el pasado miércoles en Beirut.WAEL HAMZEH (EFE)

Un dron hizo saltar las alarmas tras penetrar en el espacio aéreo de Israel desde Líbano. Cazabombarderos y helicópteros fueron despachados con urgencia a su encuentro el viernes mientras los interceptores del sistema defensivo Cúpula de Hierro estallaban sobre el cielo de Galilea. Hezbolá se atribuyó de inmediato la incursión del avión no tripulado. Regresó a su base “intacto”, según aseguró el partido-milicia proiraní, después de haber alcanzado las orillas del lago Tiberiades, a unos 70 kilómetros de la divisoria internacional.

La Línea Azul, frontera no oficial entre Israel y Líbano, separa a dos países que siguen técnicamente en guerra. Al mando de los más de 10.300 cascos azules de la ONU que supervisan el alto el fuego estará pronto el general español Aroldo Lázaro Sáez. Pero a pesar de que las armas han callado formalmente desde 2006, al término de un conflicto que se cobró la vida de 1.200 libaneses y 165 israelíes, los incidentes bélicos jalonan a menudo este escenario de tensión.

Ese mismo viernes, los reactores de los aviones de combate israelíes rugieron al romper la barrera del sonido a baja altura sobre Beirut, cuyos habitantes aún siguen conmocionados por el estruendo de la explosión que mató a más de 200 personas y arrasó el puerto en el verano de 2020.

Otro dron que se adentró desde territorio libanés había sido derribado el día anterior por las defensas antiaéreas, al igual que ocurrió en enero con un aparato teledirigido. Desde el miércoles de la semana pasada el Ejército de Israel se hallaba en estado de alerta ante la amenaza de un ataque con drones suicidas de fabricación iraní cargados de explosivos.

El clérigo chií Hasán Nasralá, líder de Hezbolá, lo había advertido ese mismo día. “Hemos estado fabricando drones en Líbano […] con expertos de la República Islámica de Irán”, aseveró en un mensaje televisado antes de redoblar su desafío a Israel con el anuncio de que sus fuerzas estaban en condiciones de transformar miles de cohetes convencionales en misiles con sistema de guía de precisión.

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Era la respuesta al reto lanzado la semana anterior por el ministro de Defensa israelí, el exgeneral Benny Gantz, al imponer sanciones a empresas libanesas que suministran a Hezbolá materiales esenciales para la producción de armamento. La denominada orden de incautación dictada por Gantz supone ante todo una medida de presión para incluir en la lista negra de los mercados financieros internacionales a compañías libanesas señaladas por Israel.

Partidarios de Hezbolá en un museo militar con réplicas de drones, el sábado en Mlita (sur de Líbano).
Partidarios de Hezbolá en un museo militar con réplicas de drones, el sábado en Mlita (sur de Líbano).Mohammed Zaatari (AP)

El nuevo comandante de la Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano (FINUL), en la que España ha desplegado su mayor contingente militar en el exterior (más de 600 cascos azules), está familiarizado con la conflictiva frontera tras haber participado en tres misiones sobre el terreno. Además de apoyar a las Fuerzas Armadas de Líbano y garantizar la ayuda humanitaria a la población civil, el general Lázaro deberá estar pendiente de la creciente tensión en el espacio aéreo, ante la amenaza de drones y cohetes con tecnología cada vez más avanzada. Una escalada bélica con bombardeos aéreos y de artillería israelíes y lanzamiento de cohetes, en respuesta de Hezbolá, ya estuvo a punto de desencadenar un conflicto a gran escala el pasado verano.

Las aguas territoriales en disputa entre ambos países parecen, sin embargo, más calmadas. Nasralá ha acabado por desentenderse de las negociaciones indirectas entre los gobiernos libanés e israelí, con mediación de EE UU y de la ONU, para fijar la frontera marítima común en una zona con importantes yacimientos de gas natural. Fuentes citadas por la prensa israelí no apuntan esta vez a un acuerdo de delimitación de una línea divisoria, que lleva atascado desde 2013, sino a la designación de un mediador internacional que reparta los beneficios. Las cuotas de suministro de gas y los ingresos por derechos de explotación quedarían así distribuidos entre ambas partes mediante un arbitraje independiente.

Poner en explotación comercial los yacimientos, por compañías como la francesa Total, una vez alcanzado un pacto puede llevar hasta ocho años. Entre tanto, la población libanesa que se halla bajo el umbral de la pobreza se ha casi duplicado, al pasar del 42% en 2019 al 82% en 2021, según Naciones Unidas. El coste de los alimentos ha aumentado un 628% en los dos últimos años, de acuerdo con los datos del Programa Mundial de Alimentos. Y la compañía estatal Electricidad de Líbano solo garantiza dos horas diarias de suministro mientras la carencia de combustible ha convertido en un lujo el uso de generadores.

El intento de Irán de sacar partido del caos político y económico en el que se halla sumido Líbano para reforzar a sus aliados de Hezbolá no ha dado frutos. El combustible de los petroleros enviados por Teherán el año pasado para paliar la crisis de energía apenas sirvió para cubrir necesidades urgentes, como las de los hospitales.

De nuevo, la mediación estadounidense ha sido determinante para fraguar un acuerdo regional por el que Jordania y Egipto se comprometan a suministrar a Líbano electricidad y gas, respectivamente, a través de Siria. Las dificultades han sido casi insalvables. Washington ha dejado sin efecto sanciones a Damasco para poder encaminar la ayuda, de la que Beirut responderá con el aval del Fondo Monetario Internacional. Siria, a cambio, retendrá parte de la energía ―una cuota de entre el 8% y el 19%― como peaje de paso.

Plataforma del yacimiento de gas israelí Leviatán, en 2019 en aguas del Mediterráneo.
Plataforma del yacimiento de gas israelí Leviatán, en 2019 en aguas del Mediterráneo.POOL (Reuters)

Este acuerdo a cuatro bandas refleja también la complejidad de la extraña guerra entre Israel y Líbano. El gas israelí procedente de los yacimientos del Mediterráneo oriental, en aguas próximas a la frontera marítima libanesa, alimenta las turbinas de las plantas de producción eléctrica jordanas. Egipto enviará gas natural a Líbano a través del llamado Gasoducto Árabe, pero a su vez recibe gas desde Israel para satisfacer su creciente consumo.

Aunque medios árabes e israelíes han especulado con un acuerdo secreto entre dos países que siguen estando técnicamente en guerra, el silencio oficial rodea los anunciados flujos de gas y electricidad. “Nadie va a inspeccionar las moléculas [de gas] para saber si proceden de Egipto o Israel”, zanjó la cuestión la ministra de Energía israelí, Karine Elharrar, en declaraciones a la radio estatal hebrea tras asistir la semana pasada a la Muestra Internacional del Petróleo en El Cairo. “Líbano sufre una gran crisis de energía”, apostilló, “y si la exportación de gas trae algo de calma a la región no seré yo quien ponga objeciones”.

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Meseret Hailu tenía 29 años cuando llegó a Líbano desde Etiopía para servir como doméstica interna en 2011. Como tantos migrantes, buscaba una vida mejor para ella y su familia, pero lo que encontró fue una pesadilla que empezó con un espejismo: los 13 meses en los que percibió su salario y pudo llamar a casa. Después, llegó un silencio que duró siete años. Según su relato, todo ese tiempo estuvo encerrada en una habitación del piso de madame —como deben referirse a sus señoras las empleadas domésticas en Líbano—. De ese cuartucho solo salía para limpiar hasta 15 horas diarias, a menudo bajo una lluvia de golpes e insultos. Sin sueldo, sin vacaciones y sin un solo día libre. Madame le arrebató su pasaporte y hasta su pelo, que le cortaba a la fuerza. Hailu pensó en escapar, pero el vacío que se abría bajo el balcón, en un cuarto piso, la disuadió.

La familia de esta mujer en Etiopía nunca dejó de buscarla y al final llamó a una puerta que se abrió: la de la organización de defensa de estas trabajadoras migrantes This is Lebanon (Esto es Líbano), que amenazó a su empleadora con hacer públicos los abusos si no la liberaba. Dos semanas después, en septiembre de 2019, Hailu volvió a su tierra solo con la ropa que llevaba puesta.

La migrante había escapado de su cautiverio, pero “quedó rota”, explica por videoconferencia desde Amán (Jordania) Antonia Mulvey, directora ejecutiva de Legal Action Worldwide (LAW), la organización internacional que, en representación de esta trabajadora, ha conseguido un hito en Líbano. Por primera vez en la historia del país, la querella de una empleada de hogar contra su empleadora y contra la agencia de trabajo que la contrató, ha prosperado en un tribunal, el de Baabda, cerca de Beirut. Los acusados afrontan cargos muy graves: esclavitud, trata, torturas y discriminación racial y de sexo. El pasado jueves, la empleadora —la odontóloga May Saade— compareció en la segunda audiencia del juicio, pospuesto finalmente al 31 de marzo. De ser considerada culpable, esta mujer podría pasar hasta 15 años en prisión.

El hecho de que este caso haya llegado a juicio va más allá de la “búsqueda de justicia” de Hailu, recalca la directora de la organización legal. La razón es que el calvario que vivió esta migrante, lejos de ser una excepción, se acerca a lo que las organizaciones humanitarias en Líbano consideran una norma. “El 90% de las trabajadoras domésticas migrantes en este país sufre abusos similares”, sostiene por teléfono desde Beirut la también empleada de hogar Julia, cofundadora de la Alianza de Trabajadoras Domésticas Migrantes en Líbano, que pide que no se revele su apellido.

Según el Ministerio de Trabajo libanés, unos 250.000 migrantes trabajan en el servicio doméstico en el país, que cuenta con 6.825.000 habitantes; de ellos, 1,5 millones son refugiados sirios, de acuerdo con datos del Banco Mundial —en España, cuya población supera los 47 millones de personas, las empleadas de hogar son unas 550.000—. En ambos Estados, esta profesión está feminizada pero, en Líbano, presenta otro rasgo: su racialización. El 99% de estas trabajadoras son migrantes de Asia y África, calcula la ONU. La mayor parte procede de Etiopía, Filipinas. Bangladés y Sri Lanka. A falta de estadísticas, se desconoce cuántas sufren abusos, pero organizaciones como Human Rights Watch (HRW) denuncian que se trata de una práctica extendida. HRW define a estas mujeres como “esclavas modernas”.

Los abusos —cuando no la tortura, la violación o el asesinato— no estarían tan extendidos si las empleadas de hogar no estuvieran al margen de una ley del trabajo que las excluye en su artículo 7, lo que las priva del derecho al salario mínimo, de un día semanal de descanso y de la posibilidad de sindicarse. Tampoco si el estatus legal de estas mujeres no estuviera sometido a un entramado de leyes y normas de la costumbre conocido como kafala (apadrinamiento), que las supedita a un control casi absoluto por parte de sus empleadores. Las empleadas de hogar migrantes no pueden, por ejemplo, dejar su empleo sin autorización de sus jefes. Si lo hacen, no solo pierden su permiso de trabajo y se arriesgan a ser expulsadas, sino que pueden “acabar en un centro de detención”, explica por teléfono la antropóloga Mariela Acuña, que durante seis años ha investigado este fenómeno en el país árabe. El término kafala, cuyo origen se remite a la hospitalidad de las tribus beduinas, denota protección, acogida. La paradoja es que, en Líbano y en los países de la Península Arábiga, el sistema así bautizado ampara la explotación de estas trabajadoras migrantes.

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La tolerancia a los abusos, el racismo y el machismo que las activistas describen como sistémicos en Líbano cierran el círculo de esta lacra: “Si la joven tiene suerte, recibirá su sueldo y será bien tratada. Si no la tiene, estará sometida a cualquier abuso, sobre todo porque su lugar de trabajo, el domicilio, las vuelve invisibles”, deplora Acuña, que relata cómo el que “una familia deje a la trabajadora salir sola o tener un día libre es visto como una rareza”. Además, estas empleadas cobran según su nacionalidad y el color de su piel. Cuanto más oscura es la tez, peor es el salario. Una etíope puede ganar el equivalente de 130 euros mensuales por el mismo trabajo por el que una filipina obtiene 300 (el salario mínimo en el país es de unos 395 euros). En Líbano, hay playas y piscinas segregadas y lugares donde las migrantes negras son obligadas a limpiar los baños después de usarlos por la creencia de que “están sucias”, denuncia LAW.

La deshumanización es tal que hace unos años “una publicidad proponía a una de estas empleadas como regalo para el día de la madre”, recuerda Acuña. En otra ocasión, un empleador puso en venta a su interna nigeriana en una página de objetos de segunda mano en Facebook.

Un “derecho de vida y muerte”

This is Lebanon recoge en su cuenta de Facebook decenas de relatos de migrantes esclavizadas, golpeadas y encarceladas por delitos que no habían cometido. Una de esas denuncias se acompaña de un vídeo en el que se oye a una mujer a quien se identifica como empleadora decir: “Son esclavas. En mi familia, si alguna hace algo, las matamos”.

La organización cree que muchos casos de muertes de migrantes que se cierran como suicidios son, en realidad, homicidios. Otras fallecen al tratar de escapar, en muchos casos al saltar de un piso alto. Mariela Acuña sostiene que “durante años, ha muerto así una migrante cada día”. En 2008, Human Rights Watch calculó que una empleada de hogar migrante fallecía cada semana por esas dos causas. Tanto Acuña como Julia, la empleada de hogar, coinciden en que la kafala ampara “un derecho de vida y muerte” sobre estas trabajadoras sin que, hasta ahora, ninguna denuncia de una víctima prosperara. Por eso, el proceso del caso de Hailu es “una puerta de la justicia que se abre”, celebra Julia. “Este juicio lanza un mensaje claro y advierte a los empleadores de que si encierran a un ser humano sin pagarle, si confiscan su pasaporte, existe la posibilidad de que sean acusados de graves delitos”, corrobora Antonia Mulvey.

La kafala ha escapado hasta ahora a los intentos de abolirla. El negocio que mueven las agencias de reclutamiento tiene mucho que ver con ello. Un informe del centro de Investigación Triangle, con sede en Beirut, elevó los beneficios de estas agencias en 2019 a más de 50 millones de euros. Cuando la ministra de Trabajo Lamia Yammine propuso en septiembre de 2020 un contrato unificado para las empleadas de hogar que hubiera marcado el inicio del fin de ese sistema, la más alta instancia judicial libanesa, el Consejo de la Shura, lo anuló al admitir el recurso presentado por las agencias. La kafala, ese sistema que LAW describe como hecho “por y para los poderosos”, sigue vigente en Líbano.

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