La guerra contra los jueces y fiscales independientes que luchan contra la corrupción en Guatemala | Internacional

La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, señalada por jueves y fiscales de obstrucción investigaciones contra la corrupción que involucran a funcionarios del Gobierno del presidente Giammattei.JOHAN ORDONEZ (AFP)

Carlos Antonio Videz ha sido el último en irse. El exfiscal especial contra la impunidad hizo público este domingo, a través de una carta, que salía de Guatemala debido al acoso del que es víctima por investigar casos de corrupción y crimen organizado en el país centroamericano. Su renuncia y exilio demuestra la guerra abierta en Guatemala por parte de redes criminales e incluso de altos cargos dentro del sistema judicial contra funcionarios comprometidos contra la impunidad. Según declaró recientemente el exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala (FECI), Juan Francisco Sandoval, ahora exiliado en Estados Unidos, hasta la semana pasada eran al menos 13 exoperadores de justicia los que, como él, tuvieron que huir de su país debido a la persecución que enfrentan.

Videz acusa directamente en su comunicado a la fiscal general Consuelo Porras, un controvertido personaje, quien ya había sido señalada por otros jueces y fiscales por obstaculizar su trabajo. “Ha quedado claro que la fiscal general ha ido avanzando en su plan de garantizar impunidad a las redes criminales que debiera perseguir. Desde el inicio de su mandato complicó la función de fiscales comprometidos e independientes”, acusa Videz, quien además denuncia una cruzada contra defensores de derechos humanos y activistas, quienes enfrentan procesos judiciales que sí avanzan con celeridad dentro del sistema judicial, “mientras que las investigaciones no avanzan contra ciertas personas”, dice el exfuncionario en relación a casos de corrupción pública y crimen organizado estancados.

“Fui uno de los fiscales a cargo de casos emblemáticos, como ‘Construcción y corrupción’, en el que descubrimos maniobras complejas del saqueo al Estado guatemalteco. El avance de las pesquisas permitió descubrir una serie de eventos que se operativizaron [sic] conforme la operación avanzaba”, explica el exfiscal. Videz afirma que, gracias a esta investigación, se pudo determinar un desfalco de al menos 125 millones de quetzales (más de 16 millones de dólares al cambio actual) y una red de corrupción y lavado de activos que involucraba a funcionarios dentro del Estado. “Diferentes tribunales de justicia determinaron la responsabilidad de varios procesados”, afirma.

El exfiscal especial es duro en su denuncia contra las autoridades guatemaltecas. “Lejos de realizar un esfuerzo para apoyar al equipo de trabajo, las autoridades utilizaron la complejidad de la investigación como un arma contra de los fiscales. A petición de los propios señalados de corrupción se utilizaron diversos perfiles falsos en redes sociales para atacar el trabajo realizado. Hay coordinación de los operadores en esas cuentas con la administración del Ministerio Público actual”, afirma.

La acusación contra la fiscal general Consuelo Porras no es nueva. Juan Francisco Sandoval fue cesado el pasado verano de su cargo al frente de la FECI, un organismo que ha logrado grandes avances en la lucha contra corrupción. En una rueda de prensa dada antes de su abrupta salida del país, Sandoval dijo que su destitución era ilegal y que fue ordenada por Porras, para proteger a amigos “que pudieran resultar involucrados en las investigaciones”. El abogado achacó su salida a varias pesquisas que dirigía, que incluyen supuestos casos de sobornos y corrupción, y que tocaban al Gobierno del presidente Alejandro Giammattei. “Me hicieron un llamado de atención con respecto a los perversos planes de la señora fiscal general por antecedentes que han tenido otros operadores de justicia contra quienes realizó conductas adversas y agilizó órdenes de captura. No es que yo no pueda responder ante algún señalamiento, el tema es lo manipulada que está la justicia y el riesgo que correríamos en un centro de detención por la cantidad de personas que han sido sometidas a [algún] proceso por virtud de mis acciones”, afirmó el funcionario exiliado en Washington.

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En la capital de Estados Unidos también han buscado refugio la exfiscal general Thelma Aldana, la exmagistrada de la Corte de Apelaciones, Claudia Escobar, el exfiscal de la FECI Andrei González y la magistrada electa de la Corte de Constitucionalidad (CC) Gloria Porras. Su denuncia es idéntica a la de Sandoval e incluye el señalamiento contra la fiscal general Porras por su manipulación de la justicia para evitar que avancen los casos por corrupción. Erika Aifán, integrante del Juzgado D de Mayor Riesgo de Guatemala, denunció también en una entrevista con EL PAÍS cómo la fiscalía emprende procesos contra los funcionarios de justicia que luchan contra la impunidad. “Como jueces de mayor riesgo, lo único que pedimos es que haga su trabajo objetivo, que verifique por qué los fiscales que tienen a cargo estas causas contra nosotros no las han archivado. Si estimara que hay fundamentos, ella puede pedir la presentación de un juicio. Sin embargo, estos casos no los archiva, pero tampoco presenta un juicio”, afirmó la jueza.

El abogado Diego García-Sayán, relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la ONU, ha advertido en este diario sobre el peligro al que se enfrentan los jueces y fiscales en Guatemala. “Algo que debe ser seriamente investigado es cómo, y a través de qué personas, se mueven en los altos niveles del poder político estas redes de interferencia grosera en la justicia y de ataque artero y sistemático a la independencia judicial”, recomienda. “La información disponible indica que los altos niveles del poder político habrían demostrado tal grado de corresponsabilidad que parecería que poderes oscuros se han apropiado de poderosas herramientas de control y de sujeción del poder judicial”, advierte el experto.

El acoso contra los funcionarios de justicia ha despertado la atención de Estados Unidos, que la semana pasada expresó su “preocupación” por la persecución que sufren los fiscales en el país centroamericano. Washington criticó lo que considera “el maltrato inaceptable y el abuso persistente” a fiscales y exfiscales por parte del Ministerio Público. La fiscal general Porras ha sido sancionada por Estados Unidos, que la señala de obstrucción en las investigaciones de casos de corrupción que involucran a funcionarios públicos y organizaciones criminales. El Gobierno estadounidense decidió en julio pasado congelar “temporalmente” la cooperación con el Ministerio Público después de que se conociera el cese del jefe de la FECI. Washington ya había expresado su malestar ante la destitución de Sandoval, a quien las autoridades estadounidenses habían elogiado su papel en la lucha contra la corrupción.

La embestida contra los funcionarios independientes que luchan contra la impunidad se recrudece en Guatemala, país que se ahoga en un tsunami de denuncias de corrupción. El diario digital salvadoreño El Faro publicó a mediados de febrero que un “exhombre de confianza” del presidente Giammattei le ha acusado de haber recibido 20 millones de quetzales (2.6 millones de dólares) “provenientes de sobornos de empresas constructoras para financiar su campaña en 2019″. El diario afirma que “a cambio de ese dinero, según el testigo, Giammattei se comprometió con el entonces ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, José Luis Benito, a conservarlo en el cargo un año y mantener operando un millonario esquema de corrupción en contratos de construcción y mantenimiento de carreteras”. El Gobierno guatemalteco desmintió la denuncia y acusó a El Faro de orquestar “un ataque político” contra el mandatario.

El asedio contra los funcionarios que se han enfrentado al poderoso aparato criminal de Guatemala es tal que hasta algunos de ellos que han sido apresados han denunciado violencia en su contra dentro de los penales. Leily Santizo, exintegrante de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), denunció la semana pasada que fue víctima de agresiones por parte de dos abogados, sancionados por Estados Unidos con la prohibición de ingresar a su territorio. “El tema pasó de los insultos, casi a los golpes, y, si no es por los policías del Sistema Penitenciario, no sé hasta donde hubieran llegado”, dijo la exfiscal, en declaraciones recogidas por Efe. Santizo cumple prisión preventiva desde el 10 de febrero por un caso sobre el que el Ministerio Público no ha querido dar detalles. Su detención es una muestra de la difícil situación que sufren quienes han plantado cara a la corrupción en Guatemala. “No sólo nos están criminalizando, sino que ahora a través de agresiones pretenden hacernos callar”, afirmó Santizo, quien además ha denunciado que teme por su vida.

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El presidente de Túnez anuncia que disolverá el órgano que nombra a los jueces | Internacional

El presidente de Túnez, Kais Said, anunció el pasado domingo que pretende disolver el Consejo Superior de la Magistratura (CSM), un órgano independiente creado en 2016, compuesto de 45 magistrados. Said acusó al Consejo en un mensaje televisado de corruptelas y parcialidad. Declaró que los puestos y las nominaciones se venden según las afiliaciones de cada juez y añadió que algunos magistrados “han podido recibir” un gran suma de dinero como contrapartida a los nombramientos que designan. Esta medida supone un nuevo mazazo en la estructura democrática que ha regido el país desde la Primavera Árabe de 2011. Said ya destituyó al primer ministro, Hichem Mechichi, y suspendió las actividades del Parlamento el pasado 25 de julio. Desde entonces ha ido acaparando más y más poderes bajo la promesa de que pretende devolver el verdadero poder al pueblo.

El Consejo Superior de la Magistratura emitió un comunicado este fin de semana en el que aseguraba que continuaría ejerciendo sus funciones, “para defender la independencia del poder judicial”. Sin embargo, la policía cerró las puertas de la sede del organismo este lunes por la mañana e impidió el acceso del personal a sus puestos de trabajo, según informó la agencia Reuters.

El jurista Kais Said, de 63 años, arrasó en las presidenciales de 2019 con el 72,7% de los votos. Llegó al poder sin la ayuda de ningún partido, sin experiencia política previa, ni dinero para sufragar su campaña. Su bandera fue la lucha contra la corrupción, la lucha por la verdadera democracia. Aunque Said tiene un perfil ideológico muy religioso y conservador, su gran rival político era el partido islamista Ennahda, que ha sido la fuerza dominante en esta en el Parlamento y en el Gobierno.

Una parte del país culpa a Ennahda de las grandes deficiencias del país: la corrupción, el paro entre los jóvenes y el afán por disfrutar de los privilegios del poder a cualquier precio. Esta situación impulsó la popularidad de Said, sobre todo entre los jóvenes, que son quienes más sufren el desempleo. Said supo despertar la esperanza en una gran parte del pueblo. Pero los poderes que le otorgaban la Constitución del régimen parlamentario estaban limitados a Exteriores y a la seguridad interior.

El recurso que ideó Said para solventar ese gran inconveniente fue recurrir al artículo 80 de la Constitución, que permite al presidente tomar “medidas excepcionales” ante una situación de peligro inminente para el país. Los principales partidos de la oposición tacharon a Said de golpista. Pero Said siguió gozando de gran popularidad. Hasta que se ha ido desgastando en los últimos meses con la persistencia de los problemas económicos.

El periodista Nessim Bengharbia, especializado en Derecho Público y antiguo alumno del presidente, indicó desde París a EL PAÍS que la medida de Said contra el poder judicial es una grave violación del principio de separación de poderes y marca “un precedente peligroso”. Respecto a las acusaciones del presidente sobre la parcialidad y corruptelas de los miembros del CSM, Bengharbia señala que esos mismos argumentos de “corrupción” los utilizó Said para disolver el Parlamento. “Aunque ninguna de sus acusaciones ha sido probadas después”.

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Por su parte, Youssef Cherif, director de la filial en Túnez del centro universitario Columbia Global Centers, indicó también a este diario que la corrupción es endémica en Túnez,y afecta a la política, la justicia, el Ministerio del Interior, etc. “Así que, probablemente, el presidente no está equivocado al atacar este sector. Sin embargo, la justicia se ha dotado de cierta independencia gracias al CSM, y este CSM se ha mostrado poco dispuesto a aceptar las maniobras del presidente, en parte porque está compuesto por opositores a Kais Said o partidarios del [partido islamista] Ennahda. Y eso convierte al Consejo una institución a la que hay que derribar”.

“Said nunca acusa de corrupción a la policía”

Cherif asegura que esa oposición contra los poderes crecientes del presidente no se da en otros sectores como el Ministerio del Interior ni entre los sindicatos de policía. “Kais Said nunca ataca al Ministerio del Interior, nunca acusa de corrupción a la policía, aunque las acusaciones de corrupción y abuso de poder son tan fuertes como con la justicia”.

El ensayista tunecino Mehdi Kattou señaló a este diario que la disolución del Consejo era previsible, una cuestión de tiempo. Y cree que las acusaciones de Said son fundadas y que el estado de la justicia constituye uno de las grandes plagas de Túnez. Pero también piensa que la disolución del Consejo no arreglará nada. “Yo creo que habrá ahora un gran pulso entre el presidente y los jueces, que hoy por hoy tiene los medios, con razón o sin ella, para no dejarse intervenir por Said”.

Kattou cree que a partir de ahora podrán llegar medidas semejantes en relación a la ISIE (Instancia Superior Independiente para las Elecciones) y también respecto al Banco Central que “conserva aún una apariencia de autonomía e independencia”. “Kais Said ostenta a partir de ahora todos los poderes, lo que es extremadamente peligroso. Quienes le apoyan podrían hacerse una idea de la amenaza que eso supone solo con imaginar que esos mismo poderes estuvieran en manos de un adversario político”. El analista Kattou cree que, a partir de ahora, Kais Said es un hombre solo que pierde cada día apoyos sustanciales y que va tener que enfrentarse a una crisis de varias dimensiones.

El columnista Josh Rogin titula este lunes en una tribuna para The Washington Post del siguiente modo: “La democracia de Túnez está desapareciendo ante nuestros ojos”. El periodista esgrime: “Mientras nos distrae la guerra que se avecina en Europa, los ‘Juegos Olímpicos del genocidio’ en China y la pandemia interminable, la última esperanza de una democracia árabe exitosa en el Oriente Medio se está desvaneciendo”.

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Erika Aifán: Erika Aifán: “En Guatemala la justicia avanza porque hay jueces que, a pesar de los riesgos, hacen su trabajo” | Internacional

La jueza guatemalteca Erika Aifán posa para una fotografía en su despacho en Ciudad de Guatemala, en noviembre de 2019.Moises Castillo (AP)

En el infierno que es Guatemala para quienes luchan contra la impunidad, la jueza Erika Aifán está en el ojo del huracán y parece haberse convertido en el último objetivo de quienes no quieren ver una justicia independiente en el país centroamericano. Como titular del Juzgado D de Mayor Riesgo le ha tocado llevar algunos de los casos más sonados de corrupción, lo que ha levantado odios en su contra. Tanto así, que desde dentro del mismo poder judicial su trabajo es perseguido por funcionarios “que están dispuestos a vender su dignidad o a dejarse atemorizar para que las redes criminales obtengan impunidad”, según denuncia.

En entrevista con EL PAÍS, señala que existen todo tipo de intereses destinados a amedrentar a los jueces, desde la presidencia hasta los empleados de la Fiscalía. En su caso, ejercer la justicia le ha significado ser objeto de amenazas, vivir cada minuto acompañada de seguridad y saber que cada día asume riesgos, pero la jueza Aifán no ceja en su empeño de que impere la justicia en Guatemala. “Creo que la justicia, creo que la población y el país merecen este esfuerzo y el sacrificio. El demostrar que no vendemos la dignidad y que estamos dispuestos a seguir trabajando a pesar de los obstáculos”, asegura en una conversación por videollamada.

Pregunta. Usted ha denunciado amenazas, persecución en su contra, un asedio constante, ¿quiénes son sus enemigos?

Respuesta. No puedo dar un nombre, un apellido, porque temo que todos estos ataques han sido sistematizados, estructurados, diseñados estratégicamente. Y que más allá de ir contra la persona, van contra la institución, los juzgados de mayor riesgo y el trabajo que significan las funciones jurisdiccionales. Van contra la independencia del Poder Judicial.

P. ¿Pero a quiénes les interesa que usted no siga con su trabajo judicial?

R. Los ataques a la independencia judicial vienen tanto de factores externos a la institución como de poderes que están en la misma institución. He presentado las denuncias correspondientes en cada uno de los casos. Por ejemplo, el licenciado Rodrigo de la Peña, un abogado a quien no conozco en el plano personal, en 2018 comenzó a interponer una serie de denuncias en mi contra por los diversos procesos que yo conocí en ese momento, sin que él fuera parte procesal dentro de alguno de ellos o hubiésemos podido detectar que pudiera tener algún parentesco con las partes. Era una persona totalmente ajena, que conocía las incidencias que se estaban dando en los casos de alto impacto que estaban bajo mi conocimiento y las acciones concretas que ejecutaba. Y él presentaba denuncias y acciones legales en mi contra, hasta que la prensa local lo evidenció en un reportaje y ese fue el último día en el que él ejerció estas acciones. Posteriormente, en esta secuencia de ataques hacia mi persona, encontramos que el personal que estaba asignado al juzgado a mi cargo hacía grabaciones, filtración de información sensible y también encontramos la pérdida o sustracción de actuaciones. Frente a estas graves acciones que se generaron en el año 2019, no se encontró una respuesta positiva de las autoridades de la institución. A la presente fecha todavía las acciones que han sido impuestas a este personal no se han ejecutado.

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P. ¿Esas personas siguen trabajando dentro del sistema de justicia?

R. Pongo uno de los ejemplos más claros. La notificadora recibió 14 sanciones de destitución. La destitución es la sanción más fuerte que puede haber y se aplica en casos extremos. A ella, la última sanción se le notificó hace más de un año y a la presente fecha, ella sigue laborando en el organismo judicial. El Ministerio Público, a más de dos años de estos hechos tan graves como la pérdida de actuaciones, no ha realizado ninguna acción.

P. Parece que el sistema está en su contra.

R. Vemos en este momento que el Ministerio Público está tomando acciones en contra mía, presentando un juicio cada semana. Pero esto tampoco lo hace de una manera aislada, porque vemos los mensajes en las redes sociales a través de los net centers, que en algunos países también los llaman troles, y que son personas que ocultan la identidad y se dedican a generar odio y descrédito. Hemos detectado concretamente que un día antes de que el Ministerio Público ejerce las acciones contra los jueces, los net centers las celebran y las anuncian.

P. ¿Cómo es su relación con con la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras?

R. Nosotros como jueces no tenemos ninguna relación directa con ninguna fiscal. La relación con todos ellos es de índole profesional. Yo ni siquiera conozco en persona a la señora fiscal general. Sin embargo, le hemos dirigido un escrito en junio del año pasado pidiéndole que mande a archivar y desestimar procesos que se han venido acumulando en contra de por lo menos cuatro de los jueces de mayor riesgo del país, quienes hemos llevado el juzgamiento de los casos de más acto impacto desde 2015. En el trabajo que ella desarrolla, ella puede archivar esos procesos, porque no tienen ningún fundamento. Sin embargo, no hemos encontrado ninguna respuesta.

P. ¿Ella le ha buscado para explicarle por qué toma una actitud como esta? ¿Se ha solidarizado con usted en algún momento?

R. No lo ha hecho, aunque creo que no corresponde hacer ese acercamiento y esa solidaridad por los roles que tenemos dentro del sistema de administración de justicia. Como jueces de mayor riesgo lo único que pedimos es que haga su trabajo objetivo, que verifique por qué los fiscales que tienen a cargo estas causas contra nosotros no las han archivado. Si estimara que hay fundamentos, ella puede pedir la presentación de un juicio. Sin embargo, estos casos no los archiva, pero tampoco presenta un juicio. Para nosotros cualquiera de las dos salidas es importante, porque en el juicio podríamos acudir a nuestras autoridades, que conocen estos procedimientos, y pedir que los archiven. Pero el hecho de que ella los mantenga significa mantener el acoso e intimidación contra los jueces de mayor riesgo.

P. ¿Por qué se da ese acoso contra ustedes, que ven casos de corrupción en un país con altos niveles de impunidad?

R. Porque los juzgados y tribunales de mayor riesgo conocen los delitos de alto impacto en el país, lo que involucra delitos transnacionales; conocemos crimen organizado, investigación de estructuras criminales —algunas muy complejas —, lavado de dinero, delitos de lesa humanidad… Los procesos que nos son asignados deben tener dos características: que van dirigidos a delitos graves y que representan un riesgo para los sujetos procesales, porque hay grupos de crimen organizado con una gran capacidad operativa y de logística.

P. ¿Estas estructuras han penetrado al sistema judicial?

R. En las investigaciones que se han realizado dentro de diversos casos de los juzgados de mayor riesgo, y que han sido de conocimiento público, han sido señaladas personas que pertenecen no solo al sistema judicial, sino que se ha señalado participación de fiscales y de otros funcionarios y empleados. Han sido señalados presidente y vicepresidente en funciones, diputados, ministros, alcaldes, jueces y magistrados, fiscales, etc. Esto se va conjugando contra este sistema de administración de justicia que había avanzado desde 2015 en el juzgamiento de casos complejos.

P. ¿Se siente en confianza, segura, con la gente que la ayuda en su trabajo?

R. Definitivamente, no puede una persona sentirse segura. Estoy trabajando con un equipo totalmente nuevo. Y es relativamente reciente el tiempo que llevamos trabajando juntos. Eso conlleva la necesidad de ir conociendo a cada uno de ellos para poder tener confianza plena en el trabajo que realizan.

P. ¿Ha tomado alguna medida de seguridad frente a su personal?

R. Sí. He ordenado que todos los expedientes sean escaneados para tener copias. Y desde que lo hemos hecho, las actuaciones que están ingresando al juzgado se reciben en ventanilla e inmediatamente se escanean y se suben a nuestro sistema y ya no se ha perdido ninguna actuación. Eso ha sido muy importante. También he adoptado nuevas formas de verificación de todo aquello que ingresa al juzgado y he reforzado todos los controles.

P. ¿De los procesos que ha llevado, cuál cree que es la que más ha generado molestias?

R. Casos relacionados a corrupción. Estos casos vinculan a muchas personas, por ejemplo, en los casos de delitos de lavado, en los que estas estructuras criminales tienen una capacidad de crear entramados con entidades de cartón y hablamos de que pueden crear hasta 50 entidades en diferentes países. Y nosotros, durante el proceso de juzgamiento, encontramos muchos obstáculos, sin hablar con la complejidad que conllevan y del poco apoyo institucional que ha existido. No estábamos preparados institucionalmente para enfrentar estos procesos de estructuras tan complejas y tampoco la respuesta que se ha dado en este momento ha sido lo suficientemente contundente. Hemos dicho que en Guatemala la justicia ha avanzado, pero no es porque las condiciones del país lo hayan permitido, sino porque hay jueces que a pesar de los riesgos y las dificultades continúan haciendo su trabajo.

P. ¿Cree que en el Gobierno del presidente Giammattei haya personas a las que les conviene que no haya jueces como ustedes que luchan contra la corrupción?

R. Hay una unión de intereses y de personas que pertenecen al crimen organizado. Sí creo que puede haber personas del Estado que pueden estar detrás. Uno de los casos que tengo asignado, la causa 359, involucra investigaciones de hechos delictivos cometidos en los tres poderes del Estado. Hay funcionarios del Poder Judicial o del Ministerio Público que están dispuestos a vender su dignidad o a dejarse atemorizar para que las redes criminales obtengan impunidad. Los jueces no respondemos a esos intereses y por eso buscan las maneras de removernos, de quitarnos de su camino.

P. Esos ataques continúan en su contra.

R. Sí, persisten. En las últimas semanas han aumentado los niveles de riesgo y también la frecuencia.

P. ¿Vale la pena vivir con este constante nerviosismo?

R. Tengo sistemas de seguridad que han sido reforzados desde que soy jueza de mayor riesgo. Y creo que sí, creo que la justicia, creo que la población y el país merecen el esfuerzo y el sacrificio. El demostrar que no vendemos la dignidad y que estamos dispuestos a seguir trabajando a pesar de los obstáculos. Creo que representa una esperanza para la nación. Y eso trasciende a la persona.

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