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Ante un juez de control de garantías Arcesio Betancourt aceptó los cargos que en su contra formuló la Fiscalía General de la Nación, que lo judicializa como presunto responsable del feminicidio de su excompañera permanente con quien había convivido por cerca de ocho años.

Los hechos investigados ocurrieron el pasado 13 de marzo en Tuluá (Valle del Cauca) donde el hoy imputado, presuntamente, habría atacado con un arma blanca a Olga Lucía Chud, a quien le provocó heridas a la altura de su cuello las cuales le causaron la muerte.

El presunto implicado fue capturó en flagrancia por la Policía Nacional. En las audiencias concentradas un fiscal de la Seccional Valle del Cauca imputó al procesado cargo por el delito de feminicidio.

Por determinación del juez, Betancourt deberá cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario.


En esta foto de archivo del 26 de septiembre de 2020, el líder de Proud Boys, Henry "Enrique" Tarrio.
En esta foto de archivo del 26 de septiembre de 2020, el líder de Proud Boys, Henry «Enrique» Tarrio.Allison Dinner (AP)

Henry “Enrique” Tarrio, exlíder del grupo de extrema derecha Proud Boys (Chicos Orgullosos), ha sido arrestado este martes por un cargo de conspiración para obstruir un procedimiento oficial, la certificación del triunfo de Joe Biden el 6 de enero de 2021. Tarrio, de 38 años, no estaba en Washington el día del asalto al Capitolio, pero el Departamento de Justicia tiene pruebas de que ayudó a coordinar la insurrección. Esta tarde el jurado del primer juicio penal relacionado con el ataque ha condenado a Guy Wesley Reffitt, de Texas, por intentar obstruir la certificación del Congreso, un delito por el que arriesga hasta 20 años de cárcel.

“A los parásitos del Congreso y a los que quieren robar la Casa Blanca, si queréis una guerra, tendréis una guerra”, sostuvo Tarrio en un evento en la capital estadounidense días antes del suceso. El oriundo de Miami e hijo de padres cubanoestadounidenses, y Stewart Rhodes, fundador y líder del grupo de milicias de extrema derecha Oath Keepers, acusado a mediados de enero de conspiración sediciosa, enfrentan los cargos más graves presentados por el Departamento de Justicia en relación al ataque al Capitolio. Rhodes, de 56 años, permanece en la cárcel a la espera de su juicio.

El 4 de enero de 2021, la policía de Washington arrestó a Tarrio por cargos de destrucción de propiedad relacionados con la quema de una bandera con el lema antirracista Black Lives Matter en una histórica iglesia de la comunidad negra. Al día siguiente fue puesto en libertad con la condición de que abandonara la capital. Siempre según la acusación, Tarrio se reunió ese día con Rhodes y otros ultras durante media hora. ”En el encuentro, un participante hizo referencia al Capitolio”, reza la declaración del Departamento de Justicia.

Tarrio ha sido acusado junto a otros integrantes destacados de Proud Boys, como Ethan Nordean y Joseph Biggs. Es probable que vayan a juicio el 18 de mayo. El exlíder del grupo puede recibir hasta 20 años de prisión en caso de condena.

El FBI califica a los Proud Boys como un “grupo extremista con vínculos con el nacionalismo blanco” y el Southern Poverty Law Center (SPLC), la institución de referencia en el estudio del extremismo en EE UU, lo incluye en la lista de grupos de odio del país. Durante la campaña presidencial sonaron mucho en un debate entre Donald Trump y Biden. Cuando les pidieron que condenaran el supremacismo blanco, el republicano pidió que le dijeran a quién debía condenar. Biden sugirió a los Proud Boys. “Proud Boys, retroceded y quedaos a la espera”, replicó Trump, inspirando a los seguidores del movimiento ultra.

La condena contra Guy Wesley Reffitt, de 49 años, se dio a conocer tres horas después del primer día de deliberaciones del jurado del primer juicio penal relacionado al asalto al Capitolio, que comenzó hace una semana e incluyó testimonios de policías, un agente del Servicio Secreto y uno de sus compañeros del grupo paramilitar Tres por ciento. El jurado también condenó a Reffitt por llevar un arma ilegal durante el ataque y por amenazar a sus hijos para evitar que lo entregaran a las autoridades.

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Detrás de lo que parecía un negocio financiero fabuloso había en realidad una estafa piramidal. Esa es la hipótesis de la Justicia argentina sobre el holding empresarial Generación Zoe, con presencia en más de una decena de países, entre ellos varios de América Latina, España y Estados Unidos. Su director, Leonardo Cositorto, está prófugo y con un pedido de captura internacional emitido por Interpol, mientras que una decena de personas han sido detenidas y la Policía ha realizado allanamientos en algunas oficinas de la empresa en busca de pruebas.

Generación Zoe se presenta en su página web como una escuela de liderazgo y coaching que presta servicios de formación ontológica y financiera, pero el mayor atractivo era su billetera virtual, que vendía con un “beneficio asegurado” y su criptomoneda, Zoe Cash. Quienes querían invertir, debían aportar un mínimo de 2.000 dólares, que quedaban inmovilizados por un año. A cambio, recibían el 7,5% de intereses en dólares cada mes, pero en el caso de que lograsen convencer a otros para seguir sus pasos, el beneficio podía escalar hasta el 20%.

En su alerta, Interpol advirtió de que Cositorto y sus socios indujeron al error a los damnificados “haciéndoles creer falsamente que al realizar un depósito de dinero que se instrumentaba a través de simples recibos, los imputados se encontraban en condiciones de pagar por lo menos un interés de un 7,5% mensual en dólares”. “Sin embargo, los imputados no contaban con los fondos para responder a lo prometido, dejando de asistir a la oficina, la cual fue cerrada definitivamente en febrero de 2022, sin dar respuesta alguna a los requerimientos de las víctimas perjudicadas, ocasionándoles un perjuicio en su patrimonio”, agrega el texto del organismo internacional.

Generación Zoe dio sus primeros pasos cinco años atrás, pero su crecimiento se aceleró en los últimos tiempos. Hasta entonces pasó inadvertida para las autoridades regulatorias argentinas, mientras se expandía por el país —en especial en la céntrica provincia de Córdoba— y cruzaba las fronteras para abrir sucursales también en Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Estados Unidos, entre otros. Además del negocio financiero, Cositorto afirmaba que el holding empresarial se había expandido a la minería, el sector inmobiliario, los servicios de salud y la venta de automóviles.

En estos años, miles de personas asistieron a las conferencias de Cositorto —quien se autodescribe en las redes como “máster coach, consultor internacional, capacitador, conferencista”— y le entregaron sus ahorros al creer en sus promesas económicas. Sólo unas semanas atrás, el líder de Generación Zoe aseguraba en una de sus charlas que podría “hacer 10.000 millones de millonarios”, es decir, un número superior a los habitantes del planeta Tierra. Algunos, aún hoy, mantienen su confianza.

“Mi abuela iba todos los días a la sede de Villa Crespo y hacía cursos de trading y coaching porque la idea original era que vos pagabas para estudiar y recibías un rendimiento mensual del 7,5%. Según ella, todo funciona bien, no desconfía. Mi mamá tampoco. Ayer estuvo viendo el Zoom que dio Cositorto en el que pedía más inversiones y, cada vez que hablaba, lo festejaba”, relató Valentín, familiar de dos inversionistas de Generación Zoe, al diario La Nación. Según Valentín, su abuela cedió al grupo una propiedad y su madre invirtió 1.000 dólares.

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La mayoría de las víctimas, en cambio, han concurrido a las sucursales del grupo para intentar recuperar sin éxito sus ahorros. “Yo puse 4.000 dólares, pero tengo conocidos que pusieron 200.000. Muchísimo. Están muy mal. Y me consta que hubo gente que vendió la casa para entrar. La casa y el auto. Eso es real. Esto pasó en Villa María”, dijo a medios locales una mujer a la puerta de una de las sucursales de Generación Zoe en esta localidad cordobesa. “Engancharon a la gente con la ganancia de 7,5% en dólares de la membresía y le daban el 20% si metían gente y después empezaron con los bots, que pagaban también el 20%. Convencían a la gente con neurociencia, con el discurso de un pastor”, lamentó.

El castillo de naipes construido por Cositorto comenzó a desmoronarse a finales de 2021, cuando no pudieron hacer frente a algunos pagos. En enero, la Comisión Nacional de Valores (CNV) argentina abrió un sumario administrativo a Generación Zoe por “la posible realización de oferta pública e intermediación irregular en el ámbito del mercado de capitales”. El organismo regulador argentino emitió después comunicaciones a sus homólogos de Colombia, España y Paraguay, informando la apertura del sumario y “alertando a los demás reguladores y al público inversor en general” sobre los hallazgos de la investigación.

El viernes pasado, la Fiscalía de instrucción de Villa María solicitó la captura de Cositorto e informó de su imputación por fraude y asociación ilícita. Según la Fiscalía, la investigación había comenzado el pasado noviembre, pero cobró fuerza después de que tres damnificados se acercaran a la Justicia a denunciar que no habían cobrado lo acordado y, por tanto, quedase configurada la estafa.

Cositorto se encuentra en paradero desconocido, aunque se sospecha que abandonó el país y está en algún lugar de Sudamérica o Centroamérica. Desde su escondite, realiza Zooms con sus seguidores. “Teníamos una caja de venta diaria con una estructura de 700 oficinas mundiales. Pero las cosas son como son, no como deberían ser. Si yo me frustro y me deprimo, ¿qué voy a hacer, me voy a suicidar?”, dijo este martes. “Le pedimos a las personas que están ingresando a la comunidad que puedan ayudar a sostener a los que no pueden salir adelante y a nosotros que nos han bloqueado las cuentas bancarias”, solicitó. Mientras él evita entregarse, diez personas vinculadas a Generación Zoe se encuentran detenidas.

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El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández fue detenido la tarde del martes en su casa de Tegucigalpa horas después de que Washington solicitara su extradición. Estados Unidos acusa al exmandatario de introducir miles de kilos de cocaína provenientes de Sudamérica durante el periodo en que fue presidente del país centroamericano (2014-2022). Su arresto se produce solo dos semanas después de que acabara su mandato.

En la madrugada de este martes, tras conocerse la solicitud de extradición de Washington, Hernández había reconocido en un audio difundido en sus redes sociales que “no son momentos fáciles” y que estaba dispuesto a “colaborar voluntariamente” con las autoridades después de que decenas de policías se presentaran en la madrugada en su casa de Tegucigalpa fuertemente armados. Su condición de diputado del Parlamento Centroamericano no fue suficiente para garantizar su inmunidad y ahora todo indica que será extraditado en las próximas horas para afrontar una acusación que incluye tráfico de drogas y posesión de armas.

Cubierto con una gorra, una mascarilla y un chaleco antibalas, el exmandatario salió de su vivienda rodeado de uniformados y en un contexto de relativa calma, aunque la imagen en sí supone una chocante sacudida en un contexto de impunidad de un país en el que rara vez hay detenidos y menos aún culpables. La noticia sobre las intenciones de Estados Unidos de llevárselo cuanto antes se conocieron el lunes por la noche, después de que la Cancillería de Honduras informara que había recibido una petición de ese país solicitando formalmente el arresto provisional de “un político hondureño”, del que no se daba su nombre, con el “propósito de extradición”.

La justicia estadounidense ya pisaba los talones del expresidente desde mucho antes de dejar el poder el 27 de enero. En concreto, desde que hace un año su hermano Tony Hernández fue condenado a cadena perpetua en una corte de Nueva York. El nombre de Juan Orlando Hernández fue citado durante el juicio más de cien veces por distintos criminales. Desde el verano pasado, el expresidente fue incluido en el listado de personas señaladas de corrupción o de socavar la democracia y poco después Estados Unidos le retiró el visado. “Estados Unidos está promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en Centroamérica al hacer públicas las restricciones de visa contra el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández debido a actos corruptos. Nadie está por encima de la ley”, dijo hace unos días el jefe de la diplomacia estadounidense Antony Blinken. Blinken marcó el camino al decir que Hernández se había involucrado de forma significativa “al cometer o facilitar actos de corrupción y narcotráfico, y al utilizar las ganancias de actividades ilícitas para campañas políticas”.

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Según difundió la prensa local, Hernández tiene que responder a cuatro delitos que van desde tráfico de drogas a posesión de armas. Según el documento emitido por Estados Unidos, Hernández conspiró para recibir múltiples cargamentos con toneladas de cocaína enviadas a Honduras desde Colombia y Venezuela, mediante rutas aéreas y marítimas para llevar las drogas hacia el occidente de Honduras y de ahí hacia la frontera con Guatemala y finalmente a Estados Unidos. En total, desde 2004, esa alianza politico-criminal movió más 500.000 kilogramos de cocaína a través de Honduras con destino a Estados Unidos. A cambio de todo ello, el ex gobernante recibió millones de dólares por sobornos y ganancias de múltiples organizaciones de narcotráfico en Honduras, México y otros lugares. Hizo que miembros de la Policía Nacional y de las fuerzas militares protegieran cargamentos de drogas en Honduras y permitió que se cometieran actos de violencia brutales.

Fruto de esta alianza, Hernández recurrió incluso a Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, según denunciaron sus cómplices en Nueva York. En una reunión en 2013 Tony habría pedido un millón de dólares para financiar la campaña de su hermano a cambio de seguridad para sus mercancías, dijo a los fiscales Alexander Ardón, exalcalde de El Paraíso (Copán) detenido en Estados Unidos en 2019. El Secretario de Seguridad de Honduras, Ramón Sabillón, confirmó que la acusación contra Juan Orlando “no son cinco kilogramos (…) sino más de 100″. Una cantidad considerable y bastante fuerte”, dijo Sabillón.

En su última entrevista antes de dejar el poder, la concedida a EL PAÍS el 22 de diciembre, Juan Orlando Hernández se defendió diciendo que era víctima de los narcotraficantes a los que había combatido durante años. Hernández insistió en que pagaba el precio de haberse atrevido a aprobar la extradición de capos y que la oficina antidrogas de Estados Unidos, la DEA, poseía grabaciones secretas que confirmaban su beligerancia contra los grandes cárteles de la droga. Menos de dos meses después de aquella respuesta, Estados Unidos llama a su puerta.

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En el largo proceso judicial en marcha por los atentados yihadistas del 13 de noviembre de 2015 en París todavía se está lejos de buscar respuestas sobre el papel concreto de los 20 acusados en la noche que dejó 130 muertos y cientos de heridos, decenas de ellos en la sala Bataclan. Pero en el primer interrogatorio en el que se profundizó sobre su radicalización y el periodo inmediatamente anterior a los ataques yihadistas, el único terrorista que sobrevivió a la terrible noche parisina, Salah Abdeslam, arrojó este miércoles luz sobre una de las principales incógnitas que penden desde hace más de seis años sobre esas horas de horror: ¿Sobrevivió porque le falló el cinturón explosivo que llevaba o porque se arrepintió en el último momento y no lo hizo detonar?

La respuesta, que no habían logrado dilucidar los expertos pese a que han analizado minuciosamente todas las pruebas y tratado de reproducir las circunstancias, la dio de forma inesperada el propio Abdeslam. En una “declaración espontánea” al comienzo de dos días de interrogatorio, dijo que el hecho de afrontar una pena grave (la perpetua) aunque no haya “matado a nadie, herido a nadie, ni un rasguño”, según subrayó, envía el mensaje a futuros arrepentidos de que da igual que no den el paso, porque se les castigará como si lo hubieran hecho.

“En el futuro, cuando un individuo se encuentre en el metro, en un autobús o en otro lugar con una maleta con 50 kilos de explosivos, y que en el último momento se diga que quiere dar marcha atrás, ese individuo sabrá que no tiene derecho a pensar eso, porque se le va a perseguir, a matar o a humillar como se me está haciendo a mí hoy”, dijo mirando fijamente al presidente del tribunal, Jean-Louis Périès. Horas después, confirmó que decidió no activar los explosivos. “Cuando se está las 24 horas del día en aislamiento [en la cárcel], uno se dice: ‘Debería haber detonado esa cosa’. Uno se dice: ‘¿Hice bien en dar marcha atrás o debería haber ido hasta el final?”, agregó durante las preguntas de uno de los abogados de la acusación, que le recriminó “chantajear” al tribunal insinuando que si le cae una pena dura, otros futuros terroristas arrepentidos acabarán accionando sus explosivos.

La locuacidad de Abdeslam en el juicio sigue sorprendiendo tras el férreo silencio que mantuvo desde su detención en marzo de 2016, incluso durante su primer juicio en Bélgica en 2018, donde fue condenado a 20 años de cárcel.

Pero en París rompió a hablar el primer día del proceso, en septiembre, para proclamar que lo había dejado “todo” para convertirse en un “combatiente del ISIS” y desde entonces no ha desaprovechado una sola oportunidad de manifestarse, hasta el punto de que Périès ha tenido que silenciarle en varias ocasiones.

Este miércoles, sin embargo, el juez quería saber más de este hombre de 32 años que, como contó en un primer interrogatorio sobre su personalidad, en noviembre, tuvo una infancia “sencilla” en el barrio bruselense de Molenbeek, donde creció “impregnado de valores occidentales”. ¿Cómo acabó este chaval al que le gustaba “vivir como un libertino, sin temor de Dios” convertido en un miembro de un comando suicida preparado en el bastión sirio-iraquí del Estado Islámico?, se preguntan Périès y millones de franceses hasta hoy. Algo más, aunque no demasiado, se averiguó este miércoles durante un fluido y curiosamente educado debate entre el “señor presidente” y el acusado que se prolongó varias horas.

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Pese a su eventual arrepentimiento final y a que, aunque se le “pasó por la cabeza”, no llegó a viajar a Siria (como sí hizo su hermano Brahim, otro de los terroristas que murió el 13 de noviembre), Abdeslam se dijo convencido hasta este miércoles de la legitimidad de la lucha del Estado Islámico y justificó su violencia —para él los ataques como los de París no son atentados sino “operaciones militares” que responden a las “agresiones” de Francia y Occidente— porque “combate”, según él “para restablecer el orden islámico”.

“El mundo occidental impone su ideología al resto. En muchos países, los valores occidentales pasan por encima de los islámicos. Para nosotros los musulmanes, eso es una humillación”, afirmó. Por eso hizo su juramento de lealtad al Estado Islámico “48 horas antes” de los atentados, declaró, si bien algo más tarde se desdijo y aseveró que lo había hecho en su “corazón”, pero “sin seguir las reglas”. Aun así, insistió en otro momento, no se considera un “peligro para la sociedad”.

Sus palabras indignan a las víctimas. “Quiere hacernos creer que no es quien pensamos porque no ha matado a nadie y no se ha hecho estallar”, dijo Philippe Dupeyron, presidente de la asociación 13onze15 Fraternité et verité. Como recordó, Abdeslam “hizo lo que hizo, estaba donde estaba”.

El horror comenzó a las 21.16 de aquel viernes 13 de noviembre de 2015 cuando, cerca del Estadio de Francia, donde se jugaba un amistoso Alemania-Francia en presencia del presidente François Hollande y con más de 80.000 personas en las gradas, un kamikaze hizo estallar el chaleco con explosivos que portaba. Poco después, los teléfonos empezaron a sonar en todas las instancias francesas: se habían registrado disparos y explosiones en otras partes de París, una zona de bares del centro y en la sala de conciertos Bataclan.

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Las autoridades migratorias de Argentina ordenaron la expulsión del país del principal acusado de distribuir la cocaína envenenada que desde el miércoles ha matado a 24 personas. Joaquín Aquino, alias el Paisa, deberá regresar a su país, Paraguay, “cuando cese el interés de la Justicia sobre su persona”, explicó la Dirección Nacional de Migraciones en una comunicación oficial. Este viernes, el número de víctimas pasó de 23 a 24 tras el fallecimiento de un hombre que llevaba dos días agonizando en un hospital del extrarradio oeste de la ciudad de Buenos Aires. Fue en esa zona donde las víctimas compraron la droga, cortada con un potente opiáceo que les provocó la muerte.

Los investigadores sospechan de la presencia de fentanilo, un droga sintética 50 veces más potente que la heroína, pero 48 horas después de iniciadas las muertes el examen de laboratorio aún no está listo. Una fuente del ministerio de Salud aclaró que “no se trata de un estudio sencillo”. Las autoridades saben que el contaminante es un opiáceo porque los ingresados respondieron a la naloxona, su antídoto, pero no están seguros de cuál se trata. Carlos Damin, jefe de Toxicología del Hospital Fernández, duda de que se trate de fentanilo. “El fentanilo tiene una vida media corta y hemos visto que los pacientes a los que se le aplicó la naloxona se despertaban y volvían a dormirse. Hubo que aplicarla entonces por goteo, y eso habla de un opiáceo de vida más larga”, explica. En cualquier caso, el fentanilo en Argentina se utiliza solo en hospitales como anestesia, no se consigue en farmacias y no forma parte de la oferta de los narcotraficantes.

Las autoridades no saben aún por qué la droga estaba cortada con un componente que en el mercado local es más caro que la cocaína. Primero se sospechó de un ajuste entre bandas, pero crecen también las hipótesis de un ensayo para introducir los opiáceos en el mercado local o un simple error de manipulación. Llama la atención el perfil de las víctimas: gente muy pobre, de barrios marginales y adicta a una droga que compraban a menos de la mitad de su valor de mercado en Puerta 8, una pequeña barriada de corredores angostos de tierra donde funcionaba la “cocina” donde se cortó la droga envenenada. 23 intoxicados aún están ingresados y ocho sobreviven conectados a un respirador mecánico. Solo tres de las víctimas eran mujeres.

Al día siguiente de producidas las primeras muertes, la policía detuvo a una decena de personas en Puerta 8, ubicado en los alrededores de los hospitales donde se repartieron las víctimas. Luego cayó Joaquín Aquino, de 33 años. En la casa donde fue detenido, la policía incautó 5.000 dosis de estupefacientes embaladas en el mismo nailon rosa que tenían las muestras entregadas por familiares de las víctimas.

La banda criminal a la que pertenece Aquino, de acuerdo a la Policía, está encabezada por Max Alicho Alegre. Disputa el control de varias villas miseria del oeste de la periferia bonaerense a otra liderada por Iván Villalba, hijo del histórico narcotraficante Miguel Ángel Mameluco Villalba. Villalba está preso y Aquino sería el encargado de ejecutar sus órdenes en la calle. Llevaba un año y medio prófugo de una condena de cuatro años; enfrentaba además una expulsión del país y una prohibición de reingreso por ocho años. “Ahora se amplifica la prohibición de reingreso de manera permanente”, dijo la directora de Migraciones, Florencia Carignano, al canal de noticias A24. “Tendrá que cumplir una condena de cuatro años y habrá que ver cuánto más está preso [por esta nueva causa], pero el día que quiera salir en libertad no podrá estar un minuto en Argentina”, aclaró.

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Benjamin Brière, un turista francés al que Irán acusa de espionaje, ha comparecido este jueves ante un Tribunal Revolucionario de la ciudad de Mashhad, en el este del país. Brière, que lleva encarcelado casi 20 meses, se encuentra entre la veintena de detenidos extranjeros que, según las organizaciones de derechos, Teherán intenta utilizar como moneda de cambio en sus relaciones con Occidente.

El juicio a Brière, de 36 años, se ha celebrado a puerta cerrada, pero ha sido grabado en vídeo, según ha revelado uno de sus abogados, Saeid Dehghan. El letrado ha declarado a EL PAÍS que no cree que haya otra sesión y que espera la sentencia para la próxima semana. También ha manifestado su preocupación porque el juez haya empleado la palabra “intercambio” durante la vista. En su opinión, eso significa “intercambio de prisioneros”.

Irán ha recurrido a esa fórmula en el pasado. El último caso conocido fue en junio de 2020 cuando logró que Estados Unidos excarcelara al científico iranoestadounidense Majid Taherí, acusado de violar las sanciones al país asiático, a cambio del regreso a casa del veterano de la Marina de Estados Unidos Michael White. Pero no hay constancia de que algún ciudadano iraní se encuentre encarcelado en Francia en la actualidad.

La policía iraní detuvo a Brière en mayo de 2020 cuando volaba un pequeño dron con cámara (helicam) en una zona desértica cercana a la frontera con Turkmenistán, aunque las autoridades no lo hicieron público hasta febrero del año siguiente. Un mes después, fue acusado de “espionaje y propaganda contra la República Islámica”.

Dehghan explicó entonces que el cargo de espionaje se fundaba en que “estaba haciendo fotos en zonas prohibidas” y el de propaganda en que había suscitado en sus redes sociales “la cuestión de por qué el hiyab es obligatorio en la República Islámica, pero opcional en otros países islámicos”. El abogado también difundió una imagen de Brière y la autocaravana en la que viajaba por Irán.

La detención de Brière se sumó a la de una veintena de ciudadanos extranjeros o con doble nacionalidad que se encuentran atrapados en el sistema judicial iraní bajo acusaciones que los activistas de derechos humanos cuestionan. Entre ellos está también la antropóloga iranofrancesa Fariba Adelkhah, condenada a seis años de cárcel en mayo de 2020 por acusaciones relacionadas con la seguridad nacional.

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Poco después, debido a su estado de salud, Adelkhah, de 62 años y a quien también defiende Dehghan, fue autorizada a cumplir esa pena en su piso de Teherán controlada con un brazalete electrónico. Sin embargo, la semana pasada, el poder judicial volvió a ordenar su ingreso en prisión por “violar las condiciones del arresto domiciliario”.

El juicio a Brière y el regreso a la cárcel de Adelkhah se producen cuando Irán negocia con las grandes potencias en Viena la vuelta de Estados Unidos al acuerdo nuclear de 2015. Algunos analistas consideran que no se trata de una coincidencia. “Es una forma de presionar a Francia”, estima una periodista iraní que sigue el proceso. “Teherán considera que los franceses no están cooperando en las negociaciones, que representan el punto de vista de Israel”, añade.

En un gesto que subraya el carácter político de estas detenciones, el exrehén estadounidense Barry Rosen ha iniciado esta semana una huelga de hambre en Viena para pedir la liberación de todos los extranjeros y binacionales detenidos por Irán. “Son seres humanos, no piezas de un juego. Su libertad debiera preceder a cualquier acuerdo que hagamos con un régimen que no es de fiar”, asegura en su cuenta de Twitter.

Rosen, de 77 años, fue uno de los 52 secuestrados por los revolucionarios iraníes durante la toma de la Embajada de Estados Unidos en Teherán hace 42 años. El entonces consejero de prensa lleva tiempo haciendo campaña para que no se olvide a quienes considera también rehenes. El enviado especial de EE UU para Irán, Robert Malley, le aseguró durante una visita el miércoles que el asunto tiene toda su atención y le instó a cesar su huelga.

Malley ha hecho varios llamamientos a la liberación de los ciudadanos con pasaporte iraní y estadounidense. Pero Irán, que no reconoce la doble nacionalidad, responde que se trata de una interferencia en los asuntos judiciales de la República Islámica.

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El fundador de Oath Keepers, Stewart Rhodes, habla durante el mitin sobre libre expresión en 2017 en Berkeley, California.
El fundador de Oath Keepers, Stewart Rhodes, habla durante el mitin sobre libre expresión en 2017 en Berkeley, California.Jim Urquhart (REUTERS)

Stewart Rhodes, fundador y líder del grupo de milicias de extrema derecha Oath Keepers, ha sido arrestado y acusado este jueves de conspiración sediciosa en relación al ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. El miembro de más alto rango de un grupo extremista imputado por el suceso también ha sido acusado de planear un complot para interrumpir la sesión de certificación de Joe Biden como vencedor de las elecciones presidenciales en el Congreso. Una decena de otros asociados a Oath Keepers también han sido imputados por conspiración sediciosa, el cargo más grave presentado hasta ahora por el Departamento de Jusiticia en el marco de las investigaciones sobre el asalto ejecutado por una turba de simpatizantes de Donald Trump.

Además de Rhodes, de 56 años, el FBI también detuvo esta tarde a Edward Vallejo, de 63 años. Los otros nueve miembros de la milicia acusados ya habían sido imputados por otros cargos. El cargo de conspiración sediciosa requiere que los fiscales demuestren que al menos dos personas acordaron usar la fuerza para derrocar la autoridad del gobierno o retrasar la ejecución de una ley estadounidense. Conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.

Tras la noche electoral, Rhodes predijo que EE UU se encaminaba hacia una guerra civil y que nunca reconocerían como legítima la victoria del presidente electo Joe Biden. El exmiembro del Ejército y licenciado en derecho en la Universidad de Yale no ingresó al edificio federal. Sin embargo, mantuvo comunicaciones con sus compañeros de grupo que sí accedieron al Capitolio, según le informó al FBI la pasada primavera durante un interrogatorio en Texas.

Los fiscales han recopilado contundente evidencia en contra de los imputados, incluidos chats encriptados en aplicciones móviles y grabaciones de reuniones en línea. Las autoridades acusan a los miembros de la milicia de entrar por la fuerza al edificio y de montar una “fuerte de reacción rápida” con armas en un hotel en Virginia, muy cerca de Washington, con personas dispuestas a desplazarse rápidamente a la capital estadounidense. La acusación contra Rhodes describe que los miembros de Oath Keepers formaron dos filas militares cuando ingresaron al edificio del Congreso. La primera se dividió para acceder a la Cámara de Representantes y al Senado. La segunda se enfrentó con los agentes de la policía del Capitolio.

The Oath Keepers y los Proud Boys son los principales grupos ultra involucrados en el ataque que dejó cinco muertos y 140 heridos. Un año después, hay más de 700 acusados y solo 71 condenas. Ese día, Rhodes envió un mensaje a sus seguidores: “Acumulen municiones” y prepárense para una “guerra total en las calles”, según la comisión investigadora del Congreso sobre el 6 de enero. Dos días antes del asalto, publicó un artículo en el sitio web de Oath Keepers llamando a “todos los patriotas” a “mantenerse firmes en apoyo de la lucha del presidente Trump para derrotar a los enemigos extranjeros y nacionales que están intentando llevar a cabo un golpe de estado”.

Previo a las elecciones de noviembre de 2020, según los fiscales federales, Rhodes instó a sus compañeros a apoyar a Trump, llamándolo el “presidente debidamente elegido” y agregó: “Pueden llamarlo insurrección o pueden llamarlo guerra”. Cuando la victoria de Biden ya era un hecho, el hombre le pidió a Trump que invocara la Ley de Insurrección en un mitin a favor del republicano en Washington, sugiriendo que si no lo hacía, se iba a desencadenar una “guerra mucho más sangrienta”.

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Otra escalada en las pesquisas sobre el ataque vino desde la comisión investigadora del Congreso. Los legisladores emitieron esta tarde citaciones a Meta (ex Facebook), Google, Alphabet y Reddit por no proporcionar información completa sobre cómo sus plataformas difundieron falsedades que fomentaron la insurrección. “No podemos permitir que nuestro trabajo se retrase más”, dijo en un comunicado el presidente del comité, el demócrata Bennie Thompson. “Dos preguntas clave para la comisión son cómo la difusión de información errónea y el extremismo violento contribuyeron al ataque contra nuestra democracia, y qué medidas, si las hubo, tomaron las empresas de redes sociales para evitar que sus plataformas se convirtieran en caldo de cultivo para radicalizar a las personas hacia la violencia”, apuntó.

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Fiscalía de Chile, «para el Ministerio Público el imputado tiene participación en calidad de autor de todos los delitos que se le imputan, por ello se requirió una condena de 20 años de presidio mayor en su grado medio por los delitos de violación y 15 años de presidio por el delito de abuso sexual, más las penas de accesorias legales».

Sin embargo, para determinar la participación del acusado en los delitos que se le imputan, se debe esperar que la sala integrada por el magistrado Cristóbal Lira como presidente, Claudia Ortíz y Sergio Ortíz, valoren las pruebas de la Fiscalía.

Cabe señalar que Maureira Gallardo salió el año 2016 bajo libertad como parte de la Comisión de Libertad Condicional desde el Centro Penitenciario de Valparaíso, cuando llevaba 17 años de presidio, dado que había sido condenado el año 1999 a cinco penas de 15 años y 1 día, y 5 años de y 1 día por varios delitos de violación y robos.



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24Horas.cl Tvn

18.05.2021

La Policía de Investigaciones (PDI) mantiene intensos trabajos para hallar al sospechoso del brutal crimen ocurrido este lunes en El Bosque, donde una madre encontró sin vida a sus dos hijos al interior de su casa.

Según los antecedentes del caso, las víctimas de 14 y 18 años habrían sido asesinadas cerca de las 15:00 horas, puesto que la madre de los fallecidos llamó a la vivienda y no tuvo respuestas de estos.

Tras volver de su trabajo, la mujer dio con los cuerpos de los jóvenes, quienes presentaban cortes en su cuello, iniciándose una compleja investigación policial.

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El principal sospechoso es un compañero de trabajo de la mamá de los fallecidos, quien arrendaba y vivía en la misma casa que la familia.

Las dudas respecto al hombre surgieron luego de que, tras conocerse el crimen, se le perdió el rastro y no volvió más a trabajar a sus labores.

Acusado de matar a hermanos borró redes sociales 

De hecho, el aludido borró todas sus redes sociales, presumiéndose esta acción como una acción para evitar un seguimiento.

Jorge Márquez, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI Metropolitana, ambas víctimas tenían lesiones cortantes en la zona cervical.

Por su parte, el fiscal Christian Toledo, de la Fiscalía Sur, consignó que se están buscando las circunstancias en las que se habría generado el ataque.



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Félix Verdejo Sánchez compitió en los Juegos Olímpicos de Londres 2012

BBC Mundo se puso en contacto con la oficina del FBI, desde la que remitieron al documento oficial en el que consta la acusación.

Según la denuncia federal firmada por el agente especial del FBI Lorenzo Vilanova Pérez, el boxeador profesional se puso en contacto con el testigo y le pidió ayuda «para poner fin al embarazo».

Siempre según la declaración jurada, Verdejo, el testigo y Rodríguez Ortiz se encontraron el jueves por la noche en el vehículo negro del boxeador.

En algún momento, todavía dentro del auto, Verdejo golpeó a la joven en la cara y le inyectó «una jeringuilla con sustancias» que no fueron detalladas en la acusación.

Entonces, Verdejo y el testigo le amarraron las manos y los pies con cables.

También le ataron un bloque, según la acusación, y pusieron el cuerpo en el vehículo que ella había conducido para encontrarse con Verdejo.

Cierre del puente Teodoro Moscoso en Puerto Rico por la muerte de Keishla Rodríguez Ortiz
En el mes de enero, Puerto Rico declaró el estado de emergencia por los feminicidios.

El boxeador y el testigo manejaron ambos vehículos hacia el puente Teodoro Moscoso, que se extiende sobre la laguna de San José, cerca de la capital puertorriqueña.

Allí, los dos hombres lanzaron el cuerpo de la mujer al agua y Verdejo le disparó desde el puente.

Después abandonaron el auto de ella, que fue hallado al día siguiente.

El FBI pudo establecer que Verdejo y Rodríguez Ortiz se comunicaron telefónicamente el día del secuestro.

Imágenes de vigilancia de una cámara de seguridad muestran un automóvil similar al del boxeador aparcado en el carril de emergencia del puente, algo que respalda la declaración del testigo y las sospechas expresadas por la familia de la joven.

Sin fianza

Este lunes, Verdejo compareció ante la magistrada federal Camille Vélez de forma virtual desde la prisión federal de Guaynabo.

Félix Verdejo, boxeador puertorriqueño, de espaldas
Félix Verdejo fue «persona de interés» para las autoridades desde el principio.

El abogado José Fernando Irizarry indicó al tribunal que la madre de Verdejo, Madeline Sánchez Bonilla, lo contrató para la defensa de su hijo.

El fiscal del caso es Jonathan Gottfried, quien solicitó que Verdejo permaneciera detenido hasta la vista preliminar.

«Debido a la naturaleza de los cargos y las circunstancias de este caso, señor Verdejo, usted permanecerá detenido sin fianza», ordenó la jueza.

Se trataba de la vista inicial, en la que Verdejo no tenía que declararse culpable o inocente todavía.

Rastreando los últimos pasos

Según el informe de persona desaparecida, Rodríguez Ortiz habló por última vez con su madre, Keila Ortiz, alrededor de las 7 de la mañana, hora local, del jueves.

Cierre del puente Teodoro Moscoso en Puerto Rico por la muerte de Keishla Rodríguez Ortiz
El jefe de Rodríguez Ortiz llamó a la hermana de la joven para decir que no había ido a trabajar.

Ortiz le dijo al diario El Nuevo Día que en esa última conversación, la joven le dijo que Verdejo estaba de camino para ir juntos a ver los resultados del test de embarazo.

«Le dije ‘ten cuidado’ porque la había amenazado para que no tuviera el bebé, diciendo que él tenía su familia, que es un boxeador, que es una figura pública», contó Ortiz Rivera al periódico puertorriqueño.

Funcionarios de las fuerzas de seguridad rastrearon los datos del celular de la joven para averiguar cuáles fueron sus últimos pasos y con quién habló antes de su desaparición.

La información del teléfono de Rodríguez Ortiz condujo a las autoridades hasta Verdejo y el puente.


Quién es Félix Verdejo

Félix Verdejo, boxeador puertorriqueño
Félix Verdejo Sánchez, apodado «Diamante», compitió como boxeador en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

El record de boxeo de Verdejo es de 27-2, con 17 nocauts, según Top Rank, una empresa de promoción del boxeo de Las Vegas.

Top Rank, que tiene a Verdejo como uno de sus boxeadores, emitió un comunicado el sábado por la noche:

«Los pensamientos y oraciones de Top Rank están con la familia y amigos de Keishla Marlen Rodríguez Ortiz y con la gente de Puerto Rico en este momento de duelo.

«Estamos profundamente perturbados por las noticias y continuaremos monitoreando la evolución del caso».


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