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Tiwtter debate racismo Francia Márquez y Marbelle
Una discusión de redes sociales que ha pasado a la interacción personal, y que complica aún más la polarización del país.

Marbelle terminó borrando el trino en el que señalaba a Francia Márquez como ‘king kong’ y a Gustavo Petro también lo descalificaba, la respuesta de cientos a la vallecaucana, fue de burlas a su figura, a su voz, a su carrera y a su vida personal.

Noticias Colombia.

Insultos, burlas y hasta amenazas van y vienen en Twitter teniendo como protagonista a la cantante Marbelle, ferrea defensora del expresidente Álvaro Uribe y detractora de Gustavo Petro, su frase: «Cacas y King kong» en referencia a Francia Márquez, en un trino que duró más de 20 horas publicado, desató toda una ‘guerra’ de insultos, ofensas y demás.

Se refería a Petro, y a su fórmula vicepresidencial.

Delito de discriminación: «Por discriminación y racismo se entiende cualquier acción realizada que arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de su raza (color de piel), nacionalidad, sexo u orientación sexual)».

  • Constituye: prisión de 12 a 36 meses, multa de diez a 15 salarios mínimos legales vigentes (más de $13 millones).

La candidata caucana no ha hablado al respecto, pero el mismo candidato del Pacto Histórico, contestó en la red social: «¿Es libertad de expresión o xenofobia?».

Márquez no se ha pronunciado directamente sobre esos mensajes en tono de racismo y de burlas a su color de piel y figura, que se han disparado estos últimos días. A ella misma algunos también le reclaman, un «lenguaje más moderado» cuando hace sus críticas.

Marbelle si lo hizo en su cuenta de Twitter: «Los mamertos jamás entenderán que no es un tema de color…me aterra esa señora (…)».

Y si se pronunció el Observatorio de Discriminación Racial, que anunció que «iniciará acciones jurídicas por los comentarios discriminatorios publicados en redes sociales».

Piden que las autoridades tomen medidas.

Las respuestas contra Marbelle:

Otros, han preferido ser más mesurados; llevar el debate al tema puntual del racismo, el bullying por el físico de una persona, y los insultos y hasta amenazas disfrazadas de ‘libertad de expresión’.

La misma Marbelle, sigue respondiendo a quienes la atacan, también con insultos, burlas. Y le han denunciado su cuenta aunque no se la han cerrado.

Para muchos, «no todo vale», y menos, si se trata de defender posiciones políticas.

El trino de Gustavo Bolívar, que para unos intentaba defender a Francia pero terminó complicando la polémica, también fue borrado por el reelegido senador.

Una discusión de redes sociales que ha pasado a la interacción personal, y que complica aún más la polarización del país.

Es un problema el racismo, clasismo, bullying por la figura; el cuerpo y la apareciencia de una persona, pero en el marco de la discusión política a puertas de unas elecciones, señalan analistas, han logrado desviar la atención a la discusión sobre el futuro del país.

No hay debates tan acalarados que lleven a la gente a discutir sanamente, con datos, con investigaciones sobre las propuestas de los candidatos, por ejemplo.

El debate sobre los candidatos al Congreso también se centro en candidaturas presidenciales y opiniones partidistas, ahora, la discusión tampoco se centra en lo que vendrá en materia de gobernabilidad.

Eso ha llevado a un debate en el dime y direte, en el que parece que no hay discusión ni racionamiento para decir: «Me equivoqué» ni ofrecer disculpas, que por lo menos ayuden a calmar ánimos.

Al contrario, se suman opiniones, se recuerdan declaraciones.

Twitter se ha convertido en el ‘ring’ y caballo de batalla de diferentes temas.





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La contadora que trabajó con Epa Colombia, contó que hizo un proyecto para organizarle la empresa porque la emprendedora de keratinas, manejaba el negocio «como una tienda» a pesar de que le ingresaban más de 6000 millones de pesos, «es muy recelosa con la plata, manejaba mucho efectivo».

Noticias Colombia.

Epa Colombia está envuelta en una nueva polémica, tras las declaraciones de quien fuera su contadora y a quien según las pruebas mostradas en una entrevista, ha amenazado, hostigado, y hasta acusó al parecer falsamente, de haberle robado $2000 millones de pesos.

Sobre las versiones de que Daneidi Barrera Rojas lava dinero o tiene algún negocio ilícito camuflado en su prospera empresa de Keratinas Epa, Yenny Saldarriaga dijo que eso le toca aclararlo a las autoridades competentes.

En una entrevista con la revista Semana, si dijo, que esa empresa que nació de un emprendimiento, si manejaba alto volumen de dinero.

También dijo que, «Epa es una máquina comercial, pero demasiado influenciable y escucha personas que debe escuchar».  

La empresa de Epa

Contó que conoció a Epa Colombia a través de una persona, que los contactó para que ayudaran a la empresaria a organizarse porque no estaba debidamente establecida y le habían cerrado una peluquería en Bogotá por falta de pago de impuestos entre otros, de Sayco Acinpro.

La organización según el diagnóstico inicial, debía hacerse desde lo legal civil, penal, comercial hasta todo lo laboral, incluso, hasta la seguridad industrial de la empresa.

La influencer facturando más de 2000 millones de pesos, con peluquerías, la fábrica y bodegas de keratinas, aún no tenía ni facturación legal.

Saldarriaga le hizo el trámite para que hicieran la facturación electrónica.

«Epa es una máquina comercial, pero demasiado influenciable y escucha personas que debe escuchar»: Contadora Yenny Saldarriaga.

Después de los primeros contactos y trámites, la contadora con su equipo de trabajo decidieron hacer un proyecto, presentarselo y consistía en crear una compañía madre para agrupar todos los negocios ahí, «ella tenía todo el poder; para autorizar o no cualquier trámite y el manejo de todo el dinero».

La representante legal es sin embargo, una familiar de la bogotana.

Y es que Saldarriaga, explicó a Semana que Epa Colombia, «es muy desconfiada porque decía que todo el mundo la robaba».

Asimismo señaló que mientras estuvo al servicio de la influencer, no hubo evasión de impuestos.

Aclaró que las altas sumas que tuvo que pagar el año pasado, se debieron al desorden que había en la empresa y que no todo se había formalizado.

De hecho, durante la asesoría de la oficina de contadores de Saldarriaga, ubicada en Medellín, «formalizamos trabajadores».

Para ese momento, organizaron a unos 100 trabajadores, una parte de ellos como empleados directos.

El episodio del ‘secuestro’ de un colaborador

En la sede de una bodega en Bochica, de Keratinas Epa, Barrera Rojas retuvo por varias horas a un colaborador de la empresa de contadores, porque supuestamente no le aparecía un dinero.

Ocurrió el 30 de Julio de 2021.

La excontadora de Epa estaba en Medellín y ante esa situación, decidió tomar un vuelo a Bogotá.

«Ella empezó a amenazarme», incluso, en audios que ya tiene la Fiscalía y están circurlando en redes, la ‘reina’ de las keratinas en Colombia, le dijo que no le robara, que no le afectara su empresa, que pensara en su hija.

Sin embargo, sobre ese episodio de la retención del colaborador, sigue sin estar claro los motivos y qué pasó ese día.

El tema es también materia de investigación en el caso que ya maneja la Fiscalía.

Lo que si aclaró la contadora, es que los 2000 millones de pesos que Epa Colombia aseguró que le robaron, «no se le perdieron, están las constancias de que a ella se le entregaron y ella misma después explicó en qué los había gastado entre otras cosas, pagarle a proveedores».

El acta de entrega fue firmada por una persona de confianza designada por la misma empresaria de las keratinas. La plata estaba en el banco y a disposición suya.

«Ella lo único que hizo conmigo fue pagarme por mis servicios», explicó la profesional.

También contó que Epa un día «en agradecimiento» le regaló 20 millones de pesos, para que me comprar un carro pero mi carro estaba casi nuevo y yo preferí repartirlo entre mi equipo».

Es decir, la empresa de las keratinas tampoco le regaló ningún carro ni camioneta a Saldarriaga.

Hasta ahora, Epa Colombia no se ha pronunciado por estas declaraciones en las que la contadora tampoco reveló muchos detalles por un contrato de confidencialidad.

Además, por su secreto profesional, «que solo un juez puede decidir si se pueden revelar información o no».

Los audios de amenazas a la contadora:

Esta fue la entrevista completa de Saldarriaga en la revista Semana:

Lea además:

En Rusia comenzó todo, las personas que están detrás del exitoso negocio de ‘Epa Colombia’





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El pasado jueves, al cumplirse el primer mes de la ofensiva que el Kremlin justifica haber emprendido para “desnazificar” Ucrania, un reconocido periodista ruso encontró clavado en la puerta de su casa un emblema con la bandera azul y amarilla del país vecino y la palabra “Judensau”, que significa “cerdo judío” en alemán, escrita sobre ella. Y a sus pies, una cabeza de cerdo con una peluca que emulaba su emblemática melena rizada.

“¿Han decidido intimidarme a mí y a mi familia? ¿A mí, a quien se llevaron para fusilarle los militares de Dudáyev (primer líder separatista checheno)?”, denunció Alexéi Venedíktov en su canal de Telegram. El que hasta hace unas semanas dirigía la decana radio Eco de Moscú, liquidada tras ser bloqueada por las autoridades por su cobertura de la guerra, ha sido uno de los amenazados por mostrarse crítico con el conflicto.

Este viernes fueron atacadas dos activistas de San Petersburgo. “¡Peligro! ¡Aquí vive una traidora a la patria!”, estaba escrito en sendos carteles pegados a la entrada de los domicilios de Daría Heikinen, del Movimiento Mayak, y de Kristina Vorotníkova, antigua ayudante del opositor Alexéi Navalni. En el caso de la primera mancharon su pomo con unos fluidos, mientras que la segunda activista se encontró la puerta pintarrajeada con la palabra “traidora”. Y en el rellano de sus domicilios, estiércol por el suelo.

Del incidente que le afectó, el periodista Venedíktov consiguió una grabación del pasillo interior del edificio en el que vive donde aparecía la persona que puso la cabeza de cerdo en su portal, un hombre que podría haberse disfrazado de repartidor. Según dijo a la agencia de noticias Ria Novosti, la policía “ya estaba al corriente de los hechos” incluso antes de poner la denuncia.

Antes hubo otros casos. El 16 de marzo, la activista Olga Mísik se encontró la puerta de su casa pintada de arriba a abajo. “Mi apartamento ha recibido un tratamiento cosmético”, escribió en Twitter la manifestante, que se hizo famosa por leer la Constitución rusa frente a la policía en las protestas de 2020, cuando aún era adolescente. Mísik mostró tres fotografías donde se podía leer el mensaje dirigido contra ella: “No vendas la patria, puta”.

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Mísik comentó aquella amenaza con una sutil advertencia. “Occidente apostará por la quinta columna. No solo por los que viven allí geográficamente, sino también por los que están con su conciencia esclava. Pero el pueblo de Rusia podrá distinguir a los patriotas de los traidores y tal purificación de la sociedad solo fortalecerá el país. A. Hit… [Adolf Hitler], perdón, V. V. Putin”, publicó Mísik al transcribir, una por una, las palabras que poco antes había dicho el mandatario ruso.

Aquella pintada estaba encabezada por una zeta, la letra que la propaganda ha convertido en el símbolo de los que apoyan la guerra. “Za rodinu” (por la patria, en ruso); “Za presidenta” (por el presidente), son algunos de los lemas promovidos con una letra que antes de comenzar el ataque se hizo viral en las redes sociales. El motivo, estar pintada sobre los camiones y carros de combate rusos como distintivo para el fuego amigo, un indicio de que ya habían acabado los preparativos para la guerra.

Militares que rechazan participar “en la operación especial”

No solo parte de la sociedad civil ha mostrado su rechazo al conflicto. El 25 de febrero, segundo día de la guerra, un jefe de pelotón y 11 soldados del destacamento ruso Plastún se negaron a cruzar la frontera que separa Ucrania de la región rusa de Krasnodar. Los militares denunciaron que era una acción ilegal, y como resultado, fueron devueltos a su base, se abrió una investigación y fueron despedidos. Ahora luchan ante la justicia por su reincorporación laboral porque consideran que la expulsión fue improcedente.

“Ninguno de ellos tenía el pasaporte para viajar al extranjero ni tenía la intención de salir, dado que sus obligaciones se limitaban al territorio de la Federación de Rusia”, compartió en Telegram su abogado, Mijaíl Benyash. Además, la defensa resaltó que cruzar ilegalmente la frontera es un delito tipificado por el artículo 322 del Código Penal ruso, a lo que se hubieran añadido otros crímenes bajo la legislación ucrania.

Este suceso no es una excepción. “Después de esta noticia nos han llegado historias similares de Crimea, Veliki Nóvgorod, Omsk, Stavropol… trabajadores que buscan ayuda”, escribió en sus redes sociales Pável Chikov, un conocido defensor de los derechos humanos y columnista habitual de la prensa rusa. “Escriban a nuestros abogados; ayudaremos a los oficiales a recuperar sus empleos por haberse negado a ir a las hostilidades de Ucrania”, agregó el también presidente de la fundación Ágora, quien fue expulsado en 2019 junto a otros activistas del Consejo Presidencial de Derechos Humanos, dependiente del Kremlin.

Según Benyash, “hay bastantes otkázniki (los que rechazan ir a la guerra, en un juego de palabras) en toda Rusia, pero solo estos han tenido el coraje de demandar. El resto se unió [a la invasión] sin rechistar, lo que dice mucho sobre ellos como luchadores”. “Su negativa no debe verse como una declaración política”, escribió el abogado, quien defendió que negarse a participar en “una operación especial” (como la denomina el Kremlin) “no es una falta disciplinaria ni una ofensa en absoluto”.

La agrupación Plastún forma parte de la OMON, el acrónimo del cuerpo antidisturbios y antiterrorista de la Guardia Nacional (Rosgvardia), una fuerza mixta militar y policial, creada en 2016 y que solo cumple órdenes del presidente, no del Gobierno y su Ministerio de Defensa. “El capitán Farid Chitav y el resto de los hombres tomaron la decisión por cuenta propia”, según Benyash.

“Ninguno de los demandantes fue informado de su viaje de trabajo a territorio ucranio para participar en una operación militar especial, ni sobre las tareas ni las condiciones de esta operación. Por lo tanto, no dieron su consentimiento”, subrayó Benyash, un letrado conocido por haber sido juzgado en 2018 por supuestamente agredir a un policía al reunirse con un manifestante. Amnistía Internacional y otras ONG como Frontline Defenders dijeron que aquel proceso “tuvo una motivación política”.

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La jueza guatemalteca Erika Aifán posa para una fotografía en su despacho en Ciudad de Guatemala, en noviembre de 2019.
La jueza guatemalteca Erika Aifán posa para una fotografía en su despacho en Ciudad de Guatemala, en noviembre de 2019.Moises Castillo (AP)

La jueza Erika Aifán ha renunciado a su cargo como titular del Juzgado D de Mayor Riesgo de Guatemala debido a las amenazas que ha sufrido de parte de “redes políticas y criminales”, ha denunciado este lunes la magistrada en un video publicado en Twitter. Aifán se ha exiliado en Washington tras afirmar que no cuenta con garantías suficientes de protección a su vida e integridad física. La jueza ha estado en el ojo del huracán porque ha llevado algunos de los casos más sonados de corrupción, que la convirtieron en el último objetivo de quienes no quieren ver una justicia independiente en el país centroamericano. Con Aifán, son ya 14 jueces y fiscales los que han tenido que huir de su país hacia Estados Unidos debido a la persecución que enfrentan.

Aifán, que lleva 19 años trabajando en el sistema de justicia de Guatemala —seis de ellos a cargo del Juzgado D de Mayor Riesgo—, ha denunciado que recibió “amenazas y presiones” por su trabajo, al que, ha afirmado, le ha dado “una dedicación casi absoluta”. La jueza ha recordado que desde su despacho ha llevado casos de crimen organizado y estructuras de corrupción “en todos los niveles del Estado”, lo que la ha convertido en el objeto de serias amenazas. “He decidido presentar mi renuncia al cargo porque no cuento con garantías suficientes de protección a mi vida y a mi integridad ni a la posibilidad de defenderme con el debido proceso”, ha informado Aifán. “Tras varios casos emblemáticos de corrupción, las redes políticas y criminales que se vieron afectadas por los avances de la justicia decidieron cooptar nuevamente las instituciones y perseguir a quienes nos atrevimos a combatir la impunidad”, ha advertido.

La renuncia y exilio de la jueza Aifán es la última muestra de la guerra abierta en Guatemala por parte de redes criminales e incluso de altos cargos dentro del sistema judicial contra funcionarios comprometidos contra la impunidad. Varios exjueces y exfiscales han señalado a la fiscal general Consuelo Porras, un controvertido personaje, por obstaculizar su trabajo. A finales de febrero, el exfiscal especial contra la impunidad, Carlos Antonio Videz, dejó Guatemala y acusó directamente en un comunicado a la fiscal general Porras como responsable de su salida. “Ha quedado claro que la fiscal general ha ido avanzando en su plan de garantizar impunidad a las redes criminales que debiera perseguir. Desde el inicio de su mandato, complicó la función de fiscales comprometidos e independientes”, señaló Videz. Una denuncia similar hizo el exfiscal general Juan Francisco Sandoval, quien fue cesado el pasado verano de su cargo al frente de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala (FECI), un organismo que ha logrado grandes avances en la lucha contra corrupción. En una rueda de prensa dada antes de su abrupta salida del país, Sandoval dijo que su destitución era ilegal y que fue ordenada por Porras, para proteger a amigos “que pudieran resultar involucrados en las investigaciones”.

En una entrevista concedida a este diario a finales de enero, Aifán denunció que Porras ha permitido que se desarrolle una especie de cacería dentro del sistema de justicia contra jueces y fiscales que llevan importantes casos de corrupción. “Le hemos dirigido un escrito en junio del año pasado pidiéndole que mande a archivar y desestimar procesos que se han venido acumulando en contra de por lo menos cuatro de los jueces de mayor riesgo del país, quienes hemos llevado el juzgamiento de los casos de más acto impacto desde 2015. En el trabajo que ella desarrolla, ella puede archivar esos procesos, porque no tienen ningún fundamento. Sin embargo, no hemos encontrado ninguna respuesta”, dijo Aifán.

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En Washington también han buscado refugio la exfiscal general Thelma Aldana, la exmagistrada de la Corte de Apelaciones, Claudia Escobar, el exfiscal de la FECI Andrei González y la magistrada electa de la Corte de Constitucionalidad (CC) Gloria Porras, entre otros, quienes han convertido a la capital de Estados Unidos en el refugio de exoperadores de justicia perseguidos por sus empeño en combatir la corrupción y luchar contra la impunidad en el país centroamericano.

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La violencia acecha una vez los sembradíos de aguacate en Michoacán. A la intromisión del narco en la producción del llamado “oro verde” y a las reiteradas extorsiones a productores por parte de la delincuencia organizada se ha sumado ahora la amenaza directa a inspectores norteamericanos que trabajan en el campo mexicano. La semana pasada un oficial estadounidense recibió una llamada intimidante a su celular, en el municipio de Uruapan, Michoacán. Una llamada intimidante ha bastado para frenar en seco los millonarios envíos de aguacate mexicano al otro lado de la frontera: desde el pasado 11 de febrero el Gobierno de EE UU ordenó la suspensión temporal de la importación del fruto más codiciado en la Super Bowl, lo que ahora tiene en vilo a más de 300.000 productores de la región.

Las inspecciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos a los aguacates de exportación procedentes del Estado mexicano de Michoacán permanecerán suspendidas durante “el tiempo que sea necesario” para garantizar la seguridad de los inspectores que trabajan en México, ha declarado este lunes la oficina estadounidense a Reuters. La Embajada de EE UU declaró a través de su cuenta de Twitter que se trabajará con el Gobierno mexicano para garantizar las condiciones de seguridad.

Michoacán es el epicentro de las exportaciones de aguacate a territorio norteamericano por lo que, al menos, trabajan unos 30 inspectores norteamericanos garantizan que se cumplan con los requisitos sanitarios para el ingreso del fruto a territorio estadounidense. Del lado mexicano, la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate han hecho hincapié en la afectación a la industria de la región y a los miles de empleos que dependen de ella. “Exhortamos a todos aquellos actores en esta cadena de valor, al cuidado y vigilancia extrema para preservar tan importante programa de exportación”, declararon por escrito el pasado viernes.

Juan Carlos Anaya, director de Grupo Consultores de Mercados Agrícolas (GCMA), reconoce el clima de tensión en la zona por la intervención del narcotráfico y por la continua triangulación de producto de otros estados a Michoacán para participar en la tajada de un negocio boyante que solo el año pasado significó envíos por más de 3.500 millones de dólares. “Principalmente, la amenaza es porque detectaron aguacate de Puebla y no está permitida la triangulación, esto no le gustó a algún empacador, esto no debe hacerse ya ha habido quejas porque Michoacán es la única entidad autorizada para la exportación (a EE UU)”, explica Anaya.

Desde hace más de una década los sembradíos de aguacate en Michoacán se han convertido en tierra de disputa entre diversos cárteles del crimen organizado. Apenas en junio pasado la oleada de violencia obligó a los productores a tomar las armas para defender sus sembradíos. Integrantes de Los Viagras y el Cartel Jalisco Nueva Generación han tomado el relevo de la violencia en la zona a la Familia Michoacana o Los Caballeros Templarios, quienes desde hace una década comenzaron a sembrar el terror en la zona. Incluso, en 2019 el Gobierno de EE UU amagó con retirar la certificación a Michoacán como exportador del fruto si no frenaba la escalada de violencia del cual estaba siendo víctima su personal.

Mientras en el campo toman las armas en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador achaca la suspensión a intereses comerciales de Estados Unidos. “En todo esto hay muchos intereses económicos, políticos, hay competencia, hay otros países interesados en vender el aguacate y así pasa en otros casos, las hortalizas, entonces hacen lobbying, es decir, buscan a senadores, a funcionarios públicos, a las agencias, para estar poniendo obstáculos”, declaró.

Michoacán es el primer productor del mundo de aguacate, alrededor del 80% de la producción sale de este Estado al oeste de México. Desde el inicio del año a la fecha, los productores michoacanos han exportado a Estados Unidos más de 135.000 toneladas de aguacate. Solo en esa entidad, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) ha certificado casi 153.000 hectáreas óptimas para enviar el fruto al país norteamericano.

Hasta el año pasado el aguacate se posicionó como el tercer producto de exportación en nuestro país —solo detrás de la cerveza y el tequila— con envíos valuados en más de 3.000 millones de dólares, una cifra que supone un aumento del 14% respecto a 2021. Un ascenso que ha significado no solo la bonanza de la región, sino también ha despertado el interés de las bandas del narcotráfico.

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La sede del diario 'El Nacional', en Caracas (Venezuela).
La sede del diario ‘El Nacional’, en Caracas (Venezuela).Rayner Peña R. (EFE)

El primer vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, amenazó este jueves en su programa de televisión con ir ahora a “por la página web de El Nacional”, conocido diario opositor venezolano. Las declaraciones se produjeron en el desenlace de una prolongada querella judicial interpuesta por Cabello contra el medio, que acabó a favor del mandatario chavista y con la sede y las propiedades del diario confiscadas.

El dirigente político interpuso una demanda millonaria por difamación contra El Nacional y otros medios de comunicación y, a pesar del fallo, continúa en su ofensiva: “Con el valor de El Nacional no me pagaste, creo que ahora voy a ir por la página, creo”. Cabello se estaba dirigiendo directamente al presidente editor del diario, Miguel Henrique Otero, que vive en el exilio en Madrid. “Me estás provocando a que vaya un paso más adelante”, le advirtió.

A finales de enero, un tribunal en Caracas adjudicó formalmente a Cabello la sede de El Nacional, ubicada en la urbanización Los Cortijos de Lourdes, en Caracas. El Tribunal Supremo de Justicia falló por “daño moral” del periódico contra Cabello y condenó al diario a pagar al dirigente revolucionario 13 millones de dólares por difamación. Tras ordenar el embargo, según cifras que ofrece el propio medio, la cantidad adjudicada es de 30 millones.

Cabello, segundo al mando en la jerarquía chavista, demandó a El Nacional, el portal digital La Patilla y el rotativo Tal Cual por reproducir informaciones publicadas por el diario español ABC y replicadas en medios extranjeros en las que se vinculaba al político con el narcotráfico. Diosdado Cabello, que también ha reiterado sus amenazas contra La Patilla, dirigida por Alberto Federico Ravell, ha asegurado que no quiere el dinero ni el valor de la sede para él, y que piensa destinar esas instalaciones a la creación de una universidad para la comunicación.

“Usted señala a alguien de delitos muy graves y yo fui señalado”, dijo en su momento Cabello dirigiéndose a Otero. “Pensaron que sería como otras personas, que cuando las señalan se meten en una cueva. A mí las peleas me gusta dando y dando, yo no tengo hábitos de perseguir y asesinar, si tengo que acudir a la ley y a los tribunales, voy. Después dicen que son perseguidos. Es una lucha por la verdad, yo voy a seguir adelante, si ellos no tienen moral yo sí para seguir adelante”, manifestó.

Miguel Henrique Otero, propietario de El Nacional, uno de los periódicos referenciales y con mayor tradición editorial de Venezuela, aseguró esta semana que en el país se estaba llevando a cabo “un genocidio comunicacional”. “Se amañan expedientes que son ventilados en tribunales que están a cargo de gatilleros disfrazados de jueces, luciendo togas y birretes, comprometidos a dictar sentencias para condenar inocentes y absolver a culpables, según las instrucciones que reciban de los jerarcas de un régimen que liquidó el principio de separación de poderes en Venezuela”, dijo en entrevista en su periódico.

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Otero también se refirió a la noticia que motivó las acciones legales de Cabello: “Allí se decía que un fiscal federal del Estado de Nueva York había abierto una averiguación a Diosdado Cabello por sus vinculaciones con el narcotráfico. Eso decía la nota, que publicaron 80 periódicos. Era una noticia importante. Cabello era el presidente de la Asamblea Nacional”. Para el propietario, el juicio “ha estado lleno de irregularidades y no ha tenido ninguna lógica desde el punto de vista legal.”

Tanto Otero como sus abogados han denunciado esta semana que la jueza encargada de ejecutar el embargo, Lisbeth Amoroso Hidrobo, es hermana de Elvis Amoroso, contralor general del Gobierno de Maduro, exdiputado y también miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela. “Con un mínimo de justicia esto no hubiera ocurrido”, señaló Juan Garantón, abogado defensor de El Nacional, quien agregó que es una circunstancia “terriblemente injusta y triste”.

Jorge Makriniotis, gerente general del diario, afirmó desde Caracas que el periódico seguirá existiendo, incluso si le llegaran a bloquear la página. “Seguiremos luchando y estamos con ustedes, El Nacional es la voz del venezolano. Aunque nos quiten la sede. No tenemos 77 años de gratis. Aquí estamos. Si nos bloquean la página los invito a que usemos el VPN. El Nacional va a continuar“. El Nacional fue fundado en 1941 por el escritor venezolano Miguel Otero Silva. Su página web sigue siendo una de las más visitadas dentro del universo de los portales informativos del país.

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Fueron dos los sujetos que capturó la Policía a la altura del denominado ‘Puente Nuevo’. En Colseguro a otros presuntos delincuentes les quemaron la moto.

Noticias Cali.

«No hubo golpiza, pero al menos los cogieron«…Así reportaban sobre la captura de dos presuntos asaltantes en el barrio Ciudad 2000, sur de la ciudad de Cali.

La situación se presentó sobre las 4:45 de la tarde de este martes 1 febrero a la altura del denominado ‘Puente Nuevo’.

Allí dos sujetos que al parecer estaban llevando a cabo un hurto fueron atrapados por la comunidad y patrullas de la Policía Metropolitana de Cali.

Uno de los sujetos que fue capturado por la Policía.

Uno de ellos iba en una motocicleta en medio de un conductor y un policía.

Mientras que el otro estaba esposado y sentado sobre una de las patrullas desde donde gritaba.

El otro de los capturados.

El sujeto era agresivo y a pesar de encontrarse con las esposas puestas, gritaba una gran cantidad de insultos y hasta amenazas a varias personas que lo estaban grabando con sus teléfonos celulares.

  • «Cuál es tu grabadera ome sapo hijuep#$X, cuál es tu grabadera…al venir hablamos vos y yo», se le alcanzaba a escuchar al sujeto mientras que la gente pedía que los siguieran grabando.

Según los reportes que se conocieron tras el hecho, se asegura que los dos hombres se encontraban cometiendo un hurto pero fueron descubiertos.

«Se escucharon disparos y salieron huyendo», pero los uniformados de la Policía Metropolitana de Cali los lograron capturaron.

Así fue el momento:

Sobre la situación que se registró en este sector de la ciudad no se conoce hasta el momento un informe oficial por parte de las autoridades. Si hubo denuncia de las víctimas o si finalmente se cometió el hurto.

Además de este, hubo otro hecho similar que se presentó en otra zona de la capital vallecaucana.

Pues sobre la carrera 31A con calle 10A le quemaron la moto a otros dos presuntos asaltantes.

 

 

 

 





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Grave: denuncian miles de amenazas y acosos homofóbicos contra activistas LGBTI para desinformar y burlarse del crimen del niño Emilio en Longaví. Fotos de los imputados es difundida junto a la bandera LGBTI y al lado de nuestros activistas. ¡Basta» https://t.co/YKImhmKHHY pic.twitter.com/oLRtQUEPrr

— Movilh Chile (@Movilh) May 6, 2021
 

«Esta campaña ha llegado al extremo de indicar que los asesinos son activistas LGBTI, lo cual es totalmente falso, además de difundir las fotos  de los imputados junto a otra del líder del Movilh, Rolando Jiménez, o junto a la bandera LGBTIQ+, vinculando así a la lucha contra la discriminación con los abusos de menores (…) Muchos de los responsables de estos discursos de odio se declaran seguidores de José Antonio Kast”, añadió el vocero.

Finalmente, Rementería sostuvo que «llamamos a la sociedad como conjunto a rechazar y repudiar estas groseras y funestas campañas homofóbicas cuyo fin es atacar la lucha por la igualdad de derechos, echando mano para ello al asesinato de un niño, con lo cual se violentan la memoria de él sin ningún escrúpulo, ni respeto  a sus familiares y seres queridos. La desinformación es siempre grave, más aún cuando la mueve el odio a la diversidad y altera la verdad en torno al crimen de un niño”.



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