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El nuevo recurso de Rusia en la escalada de la tensión con Occidente incluye explosiones ficticias, actores haciéndose las víctimas y equipamiento militar falso, según denuncia la inteligencia estadounidense. Un funcionario de la Administración de Joe Biden ha trasladado este jueves a los medios detalles sobre un supuesto plan de Moscú para urdir un pretexto de agresión falsa que justificase una invasión de Ucrania. Washington ya denunció a mediados de enero la existencia de un plan de similares características, sobre el que no dio más detalles.

Según los informes del servicio de inteligencia, las autoridades rusas proyectaban filmar y difundir un vídeo falso que recogiera las consecuencias de un ataque del ejército ucranio sobre suelo ruso o contra población de habla rusa en el Este de Ucrania. Moscú pretendía basar en esa filmación sus acusaciones a Kiev. Eso serviría de pretexto, según el citado funcionario, que ha hablado bajo la condición del anonimato, para una intervención de las tropas rusas o para que los líderes separatistas de la región del Donbás la reclamasen.

La inteligencia estadounidense, que no ha ofrecido pruebas de esas maniobras de distracción ni tampoco ha compartido información sobre cómo se ha llegado a esa conclusión, confía que airear esos planes disuada al presidente Vladímir Putin de continuar con la estrategia denunciada. Sí establecen un vínculo entre estas revelaciones y las “recientes campañas de desinformación” sobre falsas “campañas genocidas” en suelo ucranio. También citan las últimas medidas adoptadas por el parlamento ruso para reconocer a los Gobiernos simpatizantes en la región. “Para aportar argumentos a la independencia [de esas zonas], los políticos rusos promueven legislaciones sobre la base falsa de que Ucrania está preparándose para recuperar por la fuerza esos territorios y que Kiev niega sistemáticamente sus derechos básicos a los ciudadanos”.

Según la inteligencia estadounidense, la intención de las autoridades rusas era que el video tuviera una apariencia “muy elaborada”. Planeaban emplear cadáveres reales, fingir explosiones e intercalar imágenes de lugares destruidos. Los funcionarios también han hablado de que la filmación incluiría equipo militar falso, ucranio o perteneciente a la OTAN, drones Bayraktar de fabricación turca y actores de habla rusa para interpretar a las víctimas. No se han ofrecido detalles de quién, dentro de la Administración, está detrás de ese proyecto, pero sí se ha afirmado que la inteligencia rusa estaba “íntimamente involucrada”. Un funcionario del Gobierno británico citado por The New York Times da crédito a las acusaciones de Estados Unidos tras realizar su propio análisis de los datos, “creíbles y extremadamente preocupantes”.

Para Jon Finer, asesor adjunto de Seguridad Nacional, estas evidencias “muestran el nivel de cinismo del que es capaz una de las partes de este conflicto”. “No estamos diciendo definitivamente que esto fuera lo que pensaban a hacer. Estamos diciendo que barajaban esa opción, y que no sería la primera vez que emplean un pretexto de ese tipo para justificar una acción militar”, ha aclarado Finer en declaraciones este jueves a la cadena MSNBC.

El anuncio añade tensión a la crisis iniciada por la concentración de tropas rusas a lo largo de las fronteras con Ucrania y abona las sospechas de Estados Unidos de que el Kremlin puede iniciar “en breve” una nueva agresión militar a la antigua república soviética.

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El Gobierno de Estados Unidos ha alertado este viernes de que Rusia está planeando una operación de sabotaje falsa contra sus fuerzas en el este de Ucrania con el fin de construir un pretexto para invadir la antigua república soviética. Fuentes de la Administración de Joe Biden han trasladado esta acusación a los medios el mismo día en que el Gobierno de Kiev denunció un ciberataque a gran escala contra sus sistemas en una señal de que el conflicto sigue agudizándose.

“Rusia ha situado a un grupo de operativos con el fin de llevar a cabo una operación fingida en Ucrania oriental. Estos operativos están entrenados en guerrilla urbana y el uso de explosivos para llevar a cabo actos de sabotaje contra sus propios agentes rusos”, ha señalado un funcionario del Gobierno estadounidense. El objetivo consiste, según esta fuente, en “acusar a Ucrania de preparar un ataque inminente contra fuerza rusas” y crear así “un pretexto para la invasión”. Esa invasión podría tener lugar entre mediados de enero y febrero.

El Gobierno estadounidense no ha dado detalles ni mostrado las pruebas que le llevan a tal conclusión, si bien ha citado algunas comunicaciones interceptadas y movimientos de personas como origen de la información. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha desestimado las acusaciones. “Hasta ahora, todas estas declaraciones han sido infundadas y no han sido confirmadas por nada”, ha señalado Peskov a la agencia estatal TASS, informa María R. Sahuquillo.

La noticia pone el broche final a una semana de negociaciones entre Rusia, Estados Unidos y los aliados europeos en la OTAN que no han arrojado ni resultados ni señales de progreso. Un Kremlin desafiante ya advirtió el lunes, en la reunión bilateral con Washington mantenida en Ginebra, que los Gobiernos occidentales cometerían “un gran error en perjuicio de la seguridad europea” ―en palabras del jefe de la delegación rusa, Serguéi Riabkov― si no acceden a sus deseos, que consisten esencialmente en reducir la presencia de la OTAN en el este de Europa.

Washington advierte de que Vladímir Putin también está haciendo la guerra a través de las redes sociales y los medios, “fabricando provocaciones ucranias” para justificar una intervención militar que cada vez parece más plausible. Dicha propaganda, según Washington, versa sobre un supuesto empeoramiento de la situación de los derechos humanos en Ucrania y una radicalización de los líderes ucranios. El jueves, el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ya advirtió de que Rusia estaba recurriendo “al mismo manual de instrucciones que en 2014″.

Siete años después de la anexión de la península ucrania de Crimea, Rusia ha multiplicado su presencia en la frontera con el país en la región separatista del Donbás, con hasta 100.000 soldados, y las promesas de Moscú de que no planea invadir el territorio gozan de poca credibilidad en Europa y Estados Unidos. Al Kremlin le molesta el acercamiento del Gobierno de Kiev a la OTAN y pide garantías de que no se integrará en la Alianza Atlántica, algo que esta no está dispuesta a aceptar.

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Ningún país dictará la política exterior de otro”, ni puede prohibirle “tejer alianzas”, recalcó el lunes Wendy Sherman, subsecretaria de Estado estadounidense, tras la reunión mantenida con Riabkov. Sherman insistió en la necesidad de mantener este canal de conversaciones abierto, pero el tono de Moscú no deja de subir con el paso de los días.

Este viernes, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ha recalcado que a Moscú se le ha “acabado la paciencia” y busca garantías por escrito de que la OTAN no se expandirá hacia las fronteras rusas. “Occidente se ha visto impulsado por la arrogancia y ha exacerbado las tensiones en violación de sus obligaciones y el sentido común”, ha insistido Lavrov. Aunque da una pincelada de cal, el tono de Rusia es cada vez más elevado. El jueves, el viceministro de Exteriores Serguéi Riabkov se negó a descartar un despliegue militar en Cuba y Venezuela si aumentan las tensiones con Estados Unidos.

El presidente ucranio, Volodímir Zelenski, ha propuesto celebrar una cumbre virtual con Putin y Biden con el fin de abordar la crisis y tratar de frenar la escalada de tensión.

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Lo que no mata, hace más fuerte. Y en el caso del Brexit, nada mejor que una dosis de homeopatía para intentar revitalizar un proyecto político y económico que ha perdido mucho fuelle en 2021. Si la razón última del resultado de un referéndum nacionalista y reclusivo fue el miedo a la inmigración —Downing Street endureció las restricciones legales de entrada al país nada más abandonar la UE—, va a ser la inmigración el principal cebo para convertir de nuevo al Reino Unido en un socio atractivo. “Hemos reemplazado la libertada de movimiento [de los ciudadanos de la UE] por un nuevo sistema de inmigración basado en puntos (…). Desde Singapur a Suiza, estamos negociando tratados de libre comercio ambiciosos para impulsar aquí, en casa, el empleo y la inversión”, anunciaba Johnson en su discurso de Año Nuevo. Doce meses después de la entrada en vigor del acuerdo comercial que firmaron Londres y Bruselas ―que hasta ahora se ha traducido en trabas burocráticas al comercio, encarecimiento de las importaciones y exportaciones o una situación políticamente explosiva en Irlanda del Norte―, el primer ministro conservador promete que 2022 será el año en que se comience a construir sobre los avances y conquistas que ha supuesto el Brexit.

Con lo que nadie contaba era con que el argumento que alimentó el divorcio acabaría siendo la moneda de cambio para atraer nuevas relaciones. Las ventajas migratorias se han convertido en el cebo para lograr nuevos acuerdos comerciales con países de todo el mundo, y la estrategia apunta a un posible enfrentamiento entre ministras en el seno del Gobierno de Johnson. La titular de Exteriores, Liz Truss, frente a la de Interior, Priti Patel. Ambas igual de convencidas en la defensa del Brexit, pero la primera, popular en el Partido Conservador, es partidaria de una línea pragmática frente a la rigidez ideológica de Patel, en horas bajas entre los suyos. El enfrentamiento, en cualquier caso, es el fruto de contemplar la inmigración como un arma comercial o como una amenaza a la seguridad.

El primer gran acuerdo comercial de la era Brexit, pionero en construirse de cero, fue el que se alcanzó con Australia. Parte fundamental del pacto fueron los “compromisos para facilitar una entrada temporal, que contribuya a la recuperación económica, amplíe las posibilidades de los viajes negocios y anime a los ciudadanos a viajar y a trabajar en los territorios respectivos, sobre la base de la reciprocidad”, según celebraba en su información oficial el Gobierno australiano. En la práctica, las empresas multinacionales ya no tendrán que demostrar que el puesto vacante no puede cubrirlo un nacional para obtener el visado de trabajo; o se permitirá a los jóvenes (y no tan jóvenes: la oferta va dirigida a todos los menores de 35 años) a poder desplazarse a trabajar o estudiar por un máximo de tres años sin necesidad de visado, y con la posibilidad de que la extensión de la estancia sea relativamente fácil de lograr. Los universitarios de la UE necesitan ahora un visado para poder residir en el Reino Unido más de seis meses.

El camino abierto por el tratado comercial con Australia ofrece ventajas para que el Reino Unido cierre pactos de mayor potencial. Por ejemplo, con la India, que lleva camino de ser en 2050 la tercera economía del mundo y es un mercado muy atractivo para las empresas británicas. Sus normas comerciales, sin embargo, son muy proteccionistas. El Gobierno indio siempre ha puesto sobre la mesa la exigencia de una política migratoria más laxa para la antigua colonia. Las leyes de la pasada década de los sesenta, alimentadas por la ola xenófoba y racista que vivió Gran Bretaña, restringieron las facilidades de entrada a los ciudadanos de la Commonwealth. La ministra británica de Comercio Internacional, Anne-Marie Trevelyan, viajará este mes de enero a Nueva Delhi para comenzar a negociar un tratado de libre comercio. Depende directamente de Truss, quien ya ocupó ese puesto y logró, con la apertura de conversaciones por todo el mundo para firmar o consolidar pactos comerciales, una gran popularidad entre los conservadores euroescépticos.

Las dos ministras, según el diario The Times, están de acuerdo en ofrecer a la India ventajas migratorias atractivas, en la línea de las esbozadas en el acuerdo con Australia, para atraer al gigante asiático. Es incluso una estrategia respaldada por razones geopolíticas: Londres ve en esta alianza un modo de contrarrestar el peso y la influencia adquiridos por China en los últimos años. Johnson ya desplegó toda su simpatía como anfitrión, en la pasada Cumbre del Cambio Climático de Glasgow, cuando le tocó recibir al primer ministro indio, Narendra Modi, a pesar de que el Gobierno de Nueva Delhi fue uno de los más reacios en impulsar avances en la COP26. El pasado mayo, Londres alcanzó ya un primer acuerdo de comercio e inversión directa con el gigante asiático de más de 1.000 millones de euros, que aseguraba, según Downing Street, cerca de 6.500 nuevos empleos.

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