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Camila se abraza a su padre. Le premia con besos, caricias, sonrisas… Anton se pasa a la niña de los hombros a los brazos. La levanta por los aires buscando entretenerla mientras le devuelve tanto cariño. Ambos juguetean mientras Elisabeth, la madre, hace cola ante la ventanilla número uno de venta de billetes de la estación de trenes de Kiev. Anton, de 30 años y con el rifle colgando de su espalda, está a punto de despedirse de su mujer y su hija. Ellas se van a Polonia. Él se queda en el frente de Irpin, una de las zonas clave desde donde se ha evitado la toma de Kiev.

La capital de Ucrania trata de adaptarse a una nueva realidad superadas las primeras semanas de guerra en las que los carros de combate rusos no han logrado tomar el centro de la ciudad y derribar el Gobierno del presidente Volodímir Zelenski. La urbe y sus habitantes —la mitad aproximadamente de los tres millones se han ido ya— no logran vivir ajenos a la guerra. Pero tampoco paralizados como muchos se quedaron los primeros días de la invasión del país por tropas rusas el 24 de febrero. Por eso, de una u otra manera, la existencia de todos ellos pasa por vivir bajo la amenaza permanente de un ataque.

No hay según los kievitas a pie buenas intenciones de Moscú en las negociaciones que se llevan a cabo en Turquía entre ambos gobiernos. El anuncio del Kremlin de que va a reducir el hostigamiento a Kiev y Chernihiv, una ciudad muy castigada, no es recibido con optimismo.

La vida ha de seguir mientras tanto su curso. Una de las últimas decisiones la tomó el lunes el alcalde, Vitali Klistchko, que anunció que los alumnos retomaban las clases de manera telemática. Muchos lo han hecho lejos de sus colegios, de su ciudad y hasta de su país. Ya antes algunas universidades, aprovechando la experiencia de la pandemia, habían decidido la vuelta en remoto.

A través de la pantalla, Julia Pidipryhora, licenciada en Filología Española, explica estos días a sus 80 alumnos el Desastre del 98. Al menos tres atienden conectadas desde España. Otros lo hacen desde Polonia o Italia. La mayoría desde fuera de Kiev. “No creo en nada de lo que dicen los rusos. No podemos fiarnos”, añade en perfecto español haciendo gala de las asignaturas que imparte desde hace un cuarto de siglo pese a que el salario público de Ucrania, lamenta, le impide viajar a España desde hace un par de décadas. Y ahora no está en su agenda, pese a que más de tres millones y medio de compatriotas han dejado el país en estas semanas de conflicto. “No pienso salir por el capricho de un loco que quiere adueñarse de mi país”, resuelve esta profesora refiriéndose al presidente Vladímir Putin.

Con mucha menos afluencia porque muchos habitantes se han ido, este mercadillo semanal del barrio de Galagany (Kiev) sigue atrayendo algunos clientes
Con mucha menos afluencia porque muchos habitantes se han ido, este mercadillo semanal del barrio de Galagany (Kiev) sigue atrayendo algunos clientesLuis de Vega

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En Kiev, los principales supermercados siguen funcionando y no hay escasez importante de alimentos; la espera en las gasolineras no es de horas como cuando se pensaba que había que tener el coche lleno por si había que irse a toda velocidad ante una inminente llegada de los rusos. El suministro de agua, luz y calefacción se mantiene. Hoy, sin embargo, sigue habiendo colas en las farmacias, en entidades bancarias o en oficinas de envío y recepción de paquetes, lo que contrasta con las calles medio desiertas. En el barrio de Galagany, el mercadillo semanal agrupaba este martes a una decena de puestos y a unos puñados de clientes. Víctor reconoce mientras despieza a cuchillo carne de cerdo y cordero para despacharla que trata de mantener los precios, pero que hay muchos días en los que no pueden desplazarse y trabajar.

La estación de trenes está lejos de las jornadas en las que decenas de miles de personas se agolpaban a la búsqueda de una plaza que los alejara de la capital. Anton cuenta con Camila en brazos que trabajaba de camionero para una empresa polaca. El comienzo de la guerra le pilló por sorpresa en carreteras francesas. Llevaba seis meses sin ver a su familia. Dio media vuelta y hace ya un mes que regresó para empuñar las armas y defender a su país. La guerra ha supuesto para ellos una vuelta de tortilla. Anton está ahora en Ucrania y su mujer y su hija, en el extranjero. Como él, muchos otros han cambiado su ocupación para adaptarla a los nuevos tiempos.

Decenas de voluntarios cubren con sacos de arena el monumento a la princesa Olga en el centro de Kiev para protegerlo de posibles ataques rusos
Decenas de voluntarios cubren con sacos de arena el monumento a la princesa Olga en el centro de Kiev para protegerlo de posibles ataques rusosLuis de Vega

Boris es un abogado reconvertido en voluntario al servicio del Ayuntamiento que está en contra de que Kiev negocie nada con Moscú. No, al menos, antes de que su Ejército ponga fin a la ocupación de Ucrania. En la mañana del lunes, con sus manos cubiertas con guantes, Boris ayuda a cubrir de sacos terreros el monumento de la princesa Olga, en el centro de la ciudad. Junto a él, varias decenas de hombres y mujeres se afanan en llenar los sacos, con el logotipo de una empresa brasileña y originalmente destinados a uso alimentario.

Entre ese ir y venir se encuentra Paul, un guardabosques austriaco de 42 años al que la primera ola de la pandemia dejó en paro. Ahora Kiev, señala, le ha sacado de la depresión. Paul vive acogido desde hace un par de semanas en casa de un particular y se ha puesto a disposición de quien requiera su ayuda. No va a unirse a los extranjeros que se van al frente, lo tiene claro. Se ofrece tanto para llenar sacos como para lavar cacharros en una cocina. “Trato de demostrar que podemos cambiar la sociedad. Mi país ya pasó hace 80 años por una gran jodienda, con perdón”, recalca dejando claro su discurso pacifista. “No quiero tocar un arma”.

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De izquierda a derecha, a Travis McMichael, William "Roddie" Bryan y Gregory McMichael durante su juicio en el juzgado del condado de Glynn en Brunswick, Georgia.
De izquierda a derecha, a Travis McMichael, William «Roddie» Bryan y Gregory McMichael durante su juicio en el juzgado del condado de Glynn en Brunswick, Georgia.AP

Los tres hombres condenados a cadena perpetua por el asesinato del afroamericano Ahmaud Arbery han sido declarados culpables este martes de cargos federales de delitos de odio federales. El jurado ha determinado que Gregory McMichael, de 66 años, su hijo Travis, de 36, y William Roddie Bryan atacaron y violaron los derechos civiles de Arbery porque era negro. Los McMichael persiguieron a Arbery por las calles de un barrio residencial de Brunswick (Georgia) mientras el joven de 25 años corría a plena luz del día, desarmado. Lo interceptaron y Travis le disparó causando su muerte. Bryan grabó la persecución y presenció los disparos que acabaron con la vida Arbey desde su coche. La fiscalía lo describió como “un linchamiento a plena luz del día”.

Los McMichaels y Bryan se declararon inocentes de los cargos de delitos de odio. Los abogados defensores sostuvieron que los tres no persiguieron ni mataron a Arbery por su “raza y color”, sino que actuaron con la sospecha sincera, aunque errónea, de que Arbery había cometido delitos en su vecindario. Los tres fueron declarados culpables en enero de asesinato en un tribunal estatal de Georgia y sentenciados a cadena perpetua por el tiroteo fatal.

El 23 de febrero de 2020 Arbery salió a correr en el barrio de Brunswick. Los McMichael lo vieron pasar delante de su casa y creyeron que era un ladrón. Cogieron sus armas, se subieron a su camioneta con una bandera confederada en la matrícula, y persiguieron al afroamericano por la calle durante cinco minutos. Arbery, que iba desarmado, no se detuvo cuando los hombres se lo ordenaron, fue interceptado por el vehículo. Travis bajó del coche con una escopeta y comenzó un forcejeo por el control del arma que acabó con tres disparos a Arbery, que acabó muerto.

En el vídeo grabado por Bryan se escucha que uno de los presentes dice nigger, considerado el peor insulto hacia la población negra por su pasado vinculado a la esclavitud. Las imágenes no salieron a la luz hasta más de dos meses después del suceso, tiempo en el que los implicados en la muerte del joven gozaron de plena libertad. La impunidad provocó una ola de protestas raciales.

En los argumentos finales del juicio por el delito de odio, los fiscales sostuvieron que el asesinato a Arbery se produjo por la “ira racial reprimida” de los acusados, revelada en mensajes de texto y en redes sociales que se exhibieron en el proceso judicial y en testigos que dijeron haberlos escuchado hacer insultos racistas. Los abogados de los acusados defendieron que las declaraciones anteriores de sus clientes no servían como pruebas de que violaron los derechos civiles de Arbery y lo atacaron por ser negro.

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Protesta por la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo, el pasado viernes en Caracas.
Protesta por la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo, el pasado viernes en Caracas.Edilzon Gamez

Un tribunal del área metropolitana de Caracas sentenció a 30 años de prisión al teniente Ascanio Antonio Tarascio y al sargento Estiben Zárate, miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgicim), como responsables directos del asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, ocurrido hace dos años y medio.

Acosta Arévalo fue apresado en junio de 2019, acusado de estar involucrado en actividades conspirativas contra el Gobierno de Nicolás Maduro. Era un momento político especialmente delicado para el chavismo por las marchas de cientos de miles de personas que salieron a las calles para pedir un cambio de Gobierno.

El militar murió en los calabozos de la Dirección de Contrainteligencia Militar un día después de haber sido presentado en los tribunales bajo evidentes signos de tortura. Había sido acusado de urdir planes para asesinar a miembros del alto Gobierno y señalado judicialmente de traición a la patria, rebelión e instigación militar. Su muerte ocurrió el 29 de junio, pocos días después de su captura, y causó un enorme impacto e indignación en la opinión pública nacional.

La autopsia reveló que Acosta Arévalo sufrió una insuficiencia respiratoria a causa de politraumatismos producto de los golpes recibidos en los interrogatorios que le hicieron. Se desmayó en plena audiencia judicial y el juez ordenó que fuera atendido en el Hospital Militar. Su familia no pudo ver el cadáver, y su sepelio se llevó a cabo de forma controlada por las autoridades.

Pese a esta sentencia, ni los familiares de Acosta Arévalo, ni los abogados defensores, ni las organizaciones de derechos humanos están conformes con el desenlace del caso. Alonso Medina Roa, abogado de la familia, manifestó que “los funcionarios sentenciados son los únicos que han sido identificados por su participación”. “Es necesario que se identifique la cadena de mando. La Dirección de Contrainteligencia Militar es una dependencia del Ministerio de la Defensa. En ninguna instancia militar ocurren cosas que no sean del conocimiento de los superiores”, añadió.

La defensa de Acosta Arévalo ha manifestado que el expediente por la muerte del militar activo sigue abierto en la Corte Penal Internacional y que el próximo objetivo es, además, investigar a los médicos que callaron las torturas en su contra. El Programa Venezolano en Educación y Acción de Derechos Humanos, la ONG Provea, aseguró en su cuenta de Twitter: “El capitán Acosta Arévalo fue víctima de desaparición forzada y torturas a manos del Dgcim. Tenía la nariz rota, moretones, fracturas y signos de quemaduras, de acuerdo a lo que afirmó la Misión de Naciones Unidas. ¿Dónde está la investigación a las cadenas de mando? Exigimos justicia.”

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El Ministerio Público acusó en un primer momento a Tarascio y Zárate de homicidio preterintencional concausal, bajo el supuesto de que los acusados no tenían intención de matar. La Misión de Determinación de Hechos de la ONU incluyó en su informe el caso y el Tribunal Supremo de Justicia ordenó repetir el juicio en octubre de 2021, donde se presentaron nuevos cargos.

Para muchos observadores y activistas de la oposición, la decisión judicial sobre estos militares, como otras recientes que anteriormente fueron negadas, minimizadas o ignoradas, son consecuencia de las investigaciones de la Corte Penal Internacional en contra del Gobierno de Nicolás Maduro.

“Se ha sentenciado a dos militares subalternos a la pena máxima de 30 años por homicidio calificado y torturas en contra del capitán Acosta Arévalo. Sin embargo, el país sabe que los culpables de que esto ocurriera están en libertad sin haber sido juzgados,” afirmó Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, especializada en temas vinculados al mundo militar.

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De izquierda a derecha, Travis McMichael, William "Roddie" Bryan y Gregory McMichael, acusados en el caso de Ahmaud Arbery, durante su juicio en el juzgado del condado de Glynn en Brunswick, Georgia.
De izquierda a derecha, Travis McMichael, William «Roddie» Bryan y Gregory McMichael, acusados en el caso de Ahmaud Arbery, durante su juicio en el juzgado del condado de Glynn en Brunswick, Georgia.AP

Gregory McMichael, antiguo policía de 66 años, y su hijo Travis, de 35, blancos, han sido condenados este viernes a cadena perpetua por el asesinato de Ahmaud Arbery, un afroamericano de 25 años que corría desarmado en un barrio del Estado de Georgia en febrero de 2020. Los McMichael persiguieron al joven montados en una camioneta, lo amenazaron para que se detuviera y lo acorralaron. Tras un forcejeo, Travis disparó tres veces a Arbery. La fiscalía lo describió como “un linchamiento a plena luz del día”. William Roddie Bryan, de 52 años, un vecino que se sumó a la persecución y grabó el suceso, fue declarado culpable de dos cargos de homicidio, ha sido condenado a cadena perpetua con derecho a libertad condicional.

El juez Timothy Walmsley guardó un minuto de silencio antes de dar a conocer la sentencia del caso de alto perfil en Estados Unidos. Enseguida, describió a Arbery como un “joven con sueños” que “salió de casa a correr y terminó corriendo para salvar su vida”. A finales de noviembre, un jurado popular deliberó que los implicados en la muerte de Arbery eran culpables. Gregory McMichael fue declarado culpable de cuatro cargos de homicidio involuntario, agresión agravada, detención ilegal, e intento de cometer un delito grave. Su hijo Travis, de los mismos cargos, sumando al de asesinato intencional.

La defensa de los McMichael intenó aferrarse a la figura del “arresto ciudadano”, una ley de Georgia que permite que una persona arreste a otra si esta comete un delito “en su presencia o dentro de su conocimiento inmediato”. “Si el delito es un delito grave y el delincuente escapa o intenta escapar, una persona privada puede arrestarlo por motivos razonables y probables de sospecha”, reza la normativa. El juez Walmsley aseguró que “tomar la ley en sus propias manos es una comportamiento peligroso”.

Wanda Cooper-Jones, madre del joven fallecido, afirmó en el tribunal antes de que se conociera la sentencia: “Este veredicto no te trae de vuelta, pero sí ayuda a cerrar este capítulo tan difícil de mi vida”. “¿Sabes algo que no me sienta bien en este momento? Que el hombre que mató a mi hijo se ha sentado en esta sala todos los días junto a su padre. Yo nunca más tendré esa oportunidad. Ni en la cena, ni en las vacaciones, ni en una boda“, dijo Marcus Arbery, padre de Ahmaud. Su esposa dijo antes de entrar a la sala que no quería “escuchar nada” de los acusados, quienes también tenían la oportunidad de hablar. “No hay nada que puedan decirme hoy que me haga sentir mejor. Extraño a Ahmaud más y más cada día”, sostuvo Cooper-Jones. Los imputados no hablaron, pero la abogada de Gregory McMichael describió a su cliente como un “hombre bondadoso” que no tenía la intención de matar a Arbery. “Si nunca quisiste que otra persona muriera no puedes ser lo peor de lo peor”, afirmó la defensa.

El 23 de febrero de 2020 Ahmaud Arbery salió a correr por un suburbio residencial de Brunswick (Georgia). Los McMichael lo vieron pasar por casa y, según su defensa, pensaron que era un ladrón que había estado rondando por el barrio. Ambos cogieron sus armas, se subieron a su camioneta con una bandera confederada en la matrícula, y persiguieron al joven durante cinco minutos. El padre conducía, y su hijo iba subido a la parte trasera descubierta. Arbery, que no se quiso detener cuando los hombres se lo pidieron, fue interceptado. Travis bajó del vehículo con una escopeta y comenzó un forcejeo con el perseguido por el control del arma. Durante la disputa, hubo tres disparos que acabaron con la vida de Arbery.

Momentos después del tiroteo, uno de los presentes dice “nigger”, según se escucha en el vídeo, considerado el peor insulto hacia la población negra por su pasado vinculado a la esclavitud. El vídeo no salió a la luz hasta más de dos meses después del suceso. Durante ese tiempo los hombres implicados en la muerte gozaron de plena libertad. Las imágenes provocaron una ola de indignación en las calles, a principios de mayo de 2020, solo unas semanas antes la muerte de George Floyd en manos de la policía, que desencadenó la mayor ola de protestas raciales en medio siglo en Estados Unidos.

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El jurado popular que halló culpables a los McMichael y Bryan estuvo integrado por 11 miembros blancos y uno negro. Los abogados de los acusados rechazaron a 11 de los 12 posibles jurados afroamericanos en un condado del Estado de Georgia donde cerca del 25% de los residentes son negros. Otro factor de controversia en un caso marcado por la “mancha en el alma de Estados Unidos”, como define el presidente Joe Biden al racismo sistemático que padece el país.

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