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Foto Gobernación de Cali

Tras asumir las competencias de Secretaría de Salud en calidad de Distrito Especial, el Gobierno del Valle del Cauca realizará el acompañamiento y hará la entrega de los procesos en salud a esta entidad.

“Vamos a hacer un excelente empalme porque es la Secretaría Departamental de Salud la que le va a entregar las competencias a la Secretaría de Salud de Cali. Nosotros no los vamos a dejar hasta que esté totalmente integrado el equipo, hasta que estén totalmente asumidas las facultades que hoy se le entregan”, indicó Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle del Cauca.

A partir de ahora las competencias que estaban a cargo de la Secretaría Departamental de Salud pasarán al Distrito.

“Es la oportunidad de adquirir tres componentes principales, primero la gobernanza que nos da la oportunidad para otorgar permisos o en su defecto sancionar aquellas instituciones de salud que no cumplan con los criterios o los requisitos; el segundo componente es la capacidad financiera o administración de recursos del régimen subsidiado, y el tercer componente que es velar por la mejora y el fortalecimiento de las instituciones de salud públicas”, explicó Miyerlandi Torres, secretaria Distrital de Salud Cali.

Cabe destacar que esta es la primera secretaría de la Alcaldía de Cali que alcanza las competencias necesarias para ejercer como Distrito, logrando mayor autonomía administrativa y gobernanza.

Fuente: Michelle Chavaco / Gobernación del Valle

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La luna de miel que mantenían las violentas pandillas de El Salvador con Nayib Bukele ha saltado por los aires en las últimas horas con el asesinato de 76 personas en tan solo dos días. A los 14 muertos del viernes se suman los 62 de este sábado, en lo que supone el día más violento en la historia reciente del país desde el fin de la guerra civil, de acuerdo a cifras oficiales.

La respuesta de Bukele no tardó en llegar y, a medida que se conocía la cifra de muertos, el Congreso de El Salvador decretó la madrugada de este domingo un régimen de excepción con la intención de frenar un “incremento desmedido” de los asesinatos, que ha puesto en jaque la estrategia gubernamental.

Al mismo tiempo, Bukele exigió que “dejen hacer su trabajo” a militares y policías para actuar con contundencia contra los pandilleros. “Deben dejar que los agentes y los soldados hagan su trabajo y deben defenderlos de las acusaciones de quienes protegen a los pandilleros”, escribió.

Para la aprobación de sus nuevos poderes por la vía rápida, el mandatario invocó el artículo 29 de la Constitución que contempla la suspensión de garantías constitucionales en caso de “guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o de graves perturbaciones del orden público”.

El estado de excepción, que inicialmente durará 30 días, permite a Bukele restringir la libertad de entrada y salida del país, la libertad de expresión, la inviolabilidad de la correspondencia o la prohibición de la intervención de telecomunicaciones sin orden judicial. También quedó suspendida la libertad de asociación y el derecho a ser informado de las razones de un arresto y se extendió el plazo de detención a 15 días, cuando el tiempo habitual es de 72 horas.

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La medida, aprobada por 67 diputados de un total de 84, fue un mero trámite para Bukele que ya ejerce con puño de hierro el poder en el Congreso, donde su partido tiene 64 congresistas. Antes de pedir el estado de excepción, Bukele lanzó una amenaza a los jueces que tengan la tentación de atender posibles violaciones a los derechos humanos de la fuerza pública: “estaremos pendientes de los jueces que favorezcan delincuentes”, escribió en Twitter.

Hasta este sangriento fin de semana, el gobierno de Bukele y las tres pandillas salvadoreñas, MS13, La 18 y 18-R, con un ‘ejército’ de casi 70.000 personas dedicadas a la extorsión y el homicidio a lo largo de todo el país, mantenía un pacto secreto con el Gobierno que permitió reducir hasta niveles nunca vistos antes la violencia en El Salvador. El acuerdo concedía privilegios carcelarios y frenar la extradición de los líderes, entre otros beneficios, a cambio de terminar con los homicidios. El pacto, negado insistentemente por Bukele, pero revelado por el periódico El Faro y confirmado por Estados Unidos, le ha permitido hasta ahora gobernar con altas tasas de popularidad gracias, entre otras cosas, a la seguridad lograda en las calles. Los expertos tratan de averiguar ahora qué falló o qué acuerdos se incumplieron para que las pandillas hayan reaccionado de esta forma. La matanza de este finde semana incluyó también un claro mensaje al mandatario donde más le duele, ya que uno de los cuerpos fue abandonado en Surf City, un complejo turístico cercano a la capital con el que Bukele se exhibe al mundo como el Presidente cool de un país que opera en Bitcoin.

Nayib Bukele, que llegó al poder en junio de 2019, atribuye la pacificación del país a su ‘Plan de control territorial’, un programa de seguridad que implica el despliegue del Ejército en las calles y que ha logrado reducir drásticamente la tasa de homicidios pasando de diez muertos diarios a tres, lo que ha permitido a El Salvador salir del listado de naciones más violentas del mundo. Esas cifras saltaron por los aires este fin de semana al sumar diez muertos el viernes y más de 60 el sábado, algunos de ellos elegidos al azar. Según una fuente de seguridad citada por La Prensa Gráfica y que prefirió hablar en condición de anonimato, entre los muertos de este fin de semana “Hay víctimas elegidas al azar. Un señor que estaba haciendo agujeros en la calle y sin mediar palabra lo mataron. Un vendedor de fruta, un panadero, el cliente de un taller. Es un mensaje claro al Gobierno. Ellos, las pandillas, quieren algo y, al parecer, el Gobierno no se lo ha dado”, dijo. Hasta el momento, las autoridades no han dado las razones que esconden el incremento, pero las cifras del fin de semana no dejan lugar a la duda de que el mensaje está lanzado.

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Gabriel Boric ha asumido este viernes como nuevo presidente de Chile. Ha sido una ceremonia atravesada por la épica y llena de simbolismo: hace solo diez años, Boric era un dirigente estudiantil que se manifestaba en las calles por la educación gratuita. Hoy, con 36 años, lidera la irrupción en La Moneda de una nueva izquierda en Chile, con dirigentes nacidos en democracia y dispuestos a pasar página de la herencia de la dictadura de Augusto Pinochet. El país sudamericano entra así en una etapa política sin precedentes en América Latina, cargada de desafíos por la magnitud de los cambios estructurales prometidos. Los chilenos esperan que Boric entierre el legado neoliberal de los años setenta y avance hacia un país más equitativo, con mayor presencia del Estado en cuestiones básicas como la salud, y promueva la defensa del medio ambiente y una agenda feminista.

Puntual al mediodía de Chile, Boric subió la escalinata del Congreso Nacional, ubicado desde 1990 en Valparaíso, a unos 110 kilómetros de la capital Santiago. Allí se siguió la tradición chilena de cambios de mando y sus históricos ritos republicanos, como el traspaso de la estrella de cinco puntas –una reliquia que lleva el nombre del libertador Bernardo O’Higgins–, considerada como el verdadero símbolo del poder en Chile y que cuelga de la banda presidencial. Boric prometió entonces “ante el pueblo y los pueblos de Chile” desempeñar fielmente el cargo de presidente. Se le vio contento y emocionado y, como se le suele observar desde que resultó electo, con traje, pero sin corbata.

En el público estaba su familia y su pareja, la que será a partir de hoy la nueva primera dama en Chile, Irina Karamanos, militante feminista del partido de Boric, Convergencia Social. En la testera se encontraba, como indica la tradición, el presidente saliente, Sebastián Piñera, y ambos intercambiaron unas breves palabras. Al salir del edificio, a la primera persona que saludó Boric fue a la recién asumida senadora Fabiola Campillai, la mujer que quedó ciega por la actuación policial en el marco del estallido social de 2019. Le siguieron los expresidentes Ricardo Lagos y Eduardo Frei, que ingresaron juntos al Congreso, y la que fue mandataria de Brasil, Dilma Rousseff, invitada especialmente a la ceremonia por Boric. También estuvo el precandidato presidencial Gustavo Petro, quien llegó junto con la comitiva argentina. El presidente Alberto Fernández fue el único que habló con la prensa. Fuera de protocolo, el argentino dijo que pensaba llevarse muy bien con Boric. “Pensamos igual”, explicó. Faltaron a la cita los presidente de Colombia, Iván Duque, y de Venezuela, Nicolás Maduro. El rey Felipe VI, representante de España, fue uno de los últimos en la larga fila de autos oficiales que se formó frente al Congreso.

“Sepan que vamos a dar lo mejor de nosotros para estar a la altura del desafío que tenemos como país. Es difícil encontrar las palabras”, fueron las primeras declaraciones de Boric como presidente, en un encuentro improvisado con la prensa. Esta tarde dará su primer discurso desde La Moneda.

Las bandas militares recibieron a cada uno de los invitados. Pero fuera del Congreso, el ambiente era desangelado, sin público ni “vivas” para el nuevo presidente. Solo se escuchaba el canto de las gaviotas. La gente que intentó acercarse al edificio, como ha ocurrido en cada uno de los traspasos de mando en Chile, se encontraron con un vallado policial colocado a unos 300 metros del lugar. Cuatro mujeres fueron el único público presente frente a las escalinatas. Habían llegado muy temprano, cuando todavía la seguridad era mínima y allí se instalaron. “Nos quisieron sacar, pero somos mujeres y nadie nos va a echar. Nos pusieron excusas: que el covid, que la seguridad, pero aquí estamos”, repetían apresuradas cuando les consultaban cómo habían logrado burlar el cordón de seguridad.

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Lejos de la policía, lo seguidores de Boric acusaban al presidente saliente, Sebastián Piñera, de aislar el Congreso para neutralizar las protestas en su contra. “Aquí, en Valparaíso, muchos querían despedir a Piñera no de buena gente”, dice Andrea Cortés, una empleada del Congreso. “Antes, uno podía llegar hasta un lado del Congreso, para manifestarse, pero hoy en día es tal el descontento que hay en contra de Piñera que muchos quieren pedirle cuentas por los derechos humanos y su mal manejo. Pero la policía lo sigue protegiendo”, agrega Silvio Cúneo, un profesor de 46 años. A su lado, Luigi Antonucci, un chef vecino de Valparaíso, seguía la ceremonia desde su teléfono celular. “Ahora tenemos un presidente de verdad”, dijo cuando Boric se colocó la banda presidencial. Y Boric finalmente se acercó a la gente. Al salir del Congreso, recorrió 100 metros en el auto descapotable oficial, ordenó que se detuviese, caminó hacia las rejas de seguridad y saludó a su seguidores.

Así fue el cierre de la ceremonia, antes de regresar a Santiago. La jornada había arrancado temprano en Cerro Castillo, la residencia presidencial de descanso en Viña del Mar, al lado de Valparaíso, donde Boric y su pareja se alojaron la noche del jueves y el viernes desayunaron con un grupo de dirigentes sociales. Fue un símbolo de la apertura del palacio a la cuidadanía, en la línea de las señales que Boric ha dado desde que resultó electo el pasado 22 de diciembre. En los jardines de esta residencia, el presidente y sus 24 ministros –14 de ellas mujeres– se sacaron la foto oficial.

La llegada de Boric a La Moneda marca varios hitos. Por primera vez, una mujer, Izkia Siches, será ministra de Interior, una cartera de primera línea que tiene a su cargo la conducción política y la seguridad pública. La nieta de Salvador Allende, Maya Fernández, ocupará el ministerio de Defensa, en un gesto simbólico y político considerando el trágico golpe militar de 1973. Con el nuevo Gobierno, a su vez, regresa el Partido Comunista a la primera línea del poder político, un espacio que no ocupaba desde la Unidad Popular de Allende. Lo hará con Camila Vallejo en la vocería, uno de los cargos de mayor relevancia de La Moneda, y con la integración de dos militantes comunistas al frente de las carteras de Ciencias y Trabajo. El Ejecutivo de Boric debuta a su vez con la incorporación del mundo socialista, que no pertenece al bloque de origen que lo llevó a la presidencia, pero que ha sido incluido en esta nueva coalición que debuta este viernes, todavía sin nombre.

El nuevo Gobierno tendrá que lidiar con las grandes expectativas que ha generado –fue electo con el 55% de los votos–, y con enormes desafíos inmediatos, como una economía en declive, la crisis migratoria en el norte y episodios de violencia en la Araucanía, en el sur. Para reducir el temor de la derecha a una Administración que tendrá entre sus socios al Partido Comunista, Boric puso la economía en manos de Mario Marcel, un moderado socialista respetado por todo el espectro político. Boric convivirá además en el arranque de su mandato con una convención constituyente que deberá tener listo en julio el texto de una nueva Constitución. De ser finalmente aprobada en un referendo, representará un cambio profundo al entramado constitucional actual –que data de 1980, del régimen de Augusto Pinochet, aunque con múltiples reformas– y, por lo tanto, de todas las instituciones vigentes.

Una de las primeras decisiones del actual Gobierno, anticipada en la noche del jueves, fue retirar las 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado (LSE) presentadas en el marco del estallido social contra personas detenidas por violencia, algunas acusadas o condenadas por delitos graves. La decisión, en línea con las promesas de campaña, provocó la crítica de la actual oposición: “Es una mala señal hacia justificar la violencia”, lamentó Jaime Bellolio, que hasta hoy era el portavoz de Piñera.

La ceremonia en el Congreso ha sido el primer paso de una jornada que terminará esta noche, frente al Palacio de La Moneda. Boric tendrá allí el baño de masas que no tuvo en Valparaíso: cuando el sol esté ocultándose, saldrá al balcón de la sede del Gobierno y hablará a la multitud. Será su primer acto público como presidente de Chile.

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