Autoridades investigan presunto tráfico de municiones de uso restringido y privativo de las Fuerzas Armadas.
Noticias Nariño.
Cinco militares del Ejército Nacional y un civil, cuya identidades se mantienen en la más completa reserva, fueron capturados por unidades de inteligencia de la Fuerza de Tarea Hércules que opera en Tumaco.
La investigación se adelanta desde hace varios meses por un fiscal del grupo de crimen organizado de la Fiscalía.
Señalan que los uniformados son investigados por presuntos delitos como concierto para delinquir agravado; peculado por apropiación en concurso homogéneo y sucesivo y tráfico, fabricación y porte de armas, municiones de uso restringido y privativo de las Fuerzas Armadas.
Este es el comunicado que emitió la Fuerza de Tarea Hércules.
La información fue entregada por el propio el comandante de la Fuerza de Tarea conjunta de Estabilización y Consolidación Hércules, general Jaime Alonso Galindo.
Enfatizó en que los capturados de inmediato fueron puestos a disposición de un juez con función de control de garantías quien definirá su situación judicial
“Estas acciones se generan con el propósito de coadyuvar en el fortalecimiento de la política institucional de transparencia y de adelantar acciones de prevención y detección de comportamientos delictivos”, sostuvieron.
Boiko Borisov, el pasado noviembre en Sofía.NIKOLAY DOYCHINOV (AFP)
El populista conservador Boiko Borisov, primer ministro de Bulgaria durante gran parte del período entre 2009 y 2021, fue detenido este jueves durante un operativo de la policía búlgara por supuestos delitos de corrupción, informó el Ministerio del Interior en Sofía.
Junto con Borisov fueron arrestados además varios ex altos cargos de sus Gobiernos, entre ellos, el antiguo ministro de Finanzas, Vladislav Goranov.
Las detenciones se llevaron a cabo tras una visita este miércoles y jueves de la fiscal general europea, Laura Kövesi, quien está estudiando unas 120 denuncias que ha recibido desde el país balcánico por supuestos actos de corrupción, informaron varias emisoras locales.
Además de Borisov y Goranov fueron detenidas la conocida exdiputada y presidenta de la comisión de finanzas en varios Parlamentos desde 2009, Menda Stoyanova, y la portavoz personal del exmandatario, Sevdalina Arnaudova.
Borisov, quien fue detenido en su residencia en la capital búlgara, es el líder del partido Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria (GERB), ganador de todas las elecciones desde el año 2009. El ex primer ministro fue trasladado a la dirección general de la Policía Nacional de Bulgaria, explicó su abogado.
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Según Kövesi, parte de las denuncias recibidas tratan de abusos y fraude con fondos europeos, de subsidios agrícolas, de fondos europeos de recuperación tras la pandemia del coronavirus y de la manipulación de licitaciones públicas.
El partido de Borisov, que forma parte del Partido Europeo Popular (PPE), ya fue objetivo de grandes protestas en verano del año 2020. Decenas de miles de ciudadanos exigieron entonces la dimisión del entonces primer ministro, por su cercanía a supuestos mafiosos locales y por favorecer a la oligarquía económica del país balcánico, el más pobre y considerado como el más corrupto de la UE.
La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, señalada por jueves y fiscales de obstrucción investigaciones contra la corrupción que involucran a funcionarios del Gobierno del presidente Giammattei.JOHAN ORDONEZ (AFP)
Carlos Antonio Videz ha sido el último en irse. El exfiscal especial contra la impunidad hizo público este domingo, a través de una carta, que salía de Guatemala debido al acoso del que es víctima por investigar casos de corrupción y crimen organizado en el país centroamericano. Su renuncia y exilio demuestra la guerra abierta en Guatemala por parte de redes criminales e incluso de altos cargos dentro del sistema judicial contra funcionarios comprometidos contra la impunidad. Según declaró recientemente el exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala (FECI), Juan Francisco Sandoval, ahora exiliado en Estados Unidos, hasta la semana pasada eran al menos 13 exoperadores de justicia los que, como él, tuvieron que huir de su país debido a la persecución que enfrentan.
Videz acusa directamente en su comunicado a la fiscal general Consuelo Porras, un controvertido personaje, quien ya había sido señalada por otros jueces y fiscales por obstaculizar su trabajo. “Ha quedado claro que la fiscal general ha ido avanzando en su plan de garantizar impunidad a las redes criminales que debiera perseguir. Desde el inicio de su mandato complicó la función de fiscales comprometidos e independientes”, acusa Videz, quien además denuncia una cruzada contra defensores de derechos humanos y activistas, quienes enfrentan procesos judiciales que sí avanzan con celeridad dentro del sistema judicial, “mientras que las investigaciones no avanzan contra ciertas personas”, dice el exfuncionario en relación a casos de corrupción pública y crimen organizado estancados.
“Fui uno de los fiscales a cargo de casos emblemáticos, como ‘Construcción y corrupción’, en el que descubrimos maniobras complejas del saqueo al Estado guatemalteco. El avance de las pesquisas permitió descubrir una serie de eventos que se operativizaron [sic] conforme la operación avanzaba”, explica el exfiscal. Videz afirma que, gracias a esta investigación, se pudo determinar un desfalco de al menos 125 millones de quetzales (más de 16 millones de dólares al cambio actual) y una red de corrupción y lavado de activos que involucraba a funcionarios dentro del Estado. “Diferentes tribunales de justicia determinaron la responsabilidad de varios procesados”, afirma.
El exfiscal especial es duro en su denuncia contra las autoridades guatemaltecas. “Lejos de realizar un esfuerzo para apoyar al equipo de trabajo, las autoridades utilizaron la complejidad de la investigación como un arma contra de los fiscales. A petición de los propios señalados de corrupción se utilizaron diversos perfiles falsos en redes sociales para atacar el trabajo realizado. Hay coordinación de los operadores en esas cuentas con la administración del Ministerio Público actual”, afirma.
La acusación contra la fiscal general Consuelo Porras no es nueva. Juan Francisco Sandoval fue cesado el pasado verano de su cargo al frente de la FECI, un organismo que ha logrado grandes avances en la lucha contra corrupción. En una rueda de prensa dada antes de su abrupta salida del país, Sandoval dijo que su destitución era ilegal y que fue ordenada por Porras, para proteger a amigos “que pudieran resultar involucrados en las investigaciones”. El abogado achacó su salida a varias pesquisas que dirigía, que incluyen supuestos casos de sobornos y corrupción, y que tocaban al Gobierno del presidente Alejandro Giammattei. “Me hicieron un llamado de atención con respecto a los perversos planes de la señora fiscal general por antecedentes que han tenido otros operadores de justicia contra quienes realizó conductas adversas y agilizó órdenes de captura. No es que yo no pueda responder ante algún señalamiento, el tema es lo manipulada que está la justicia y el riesgo que correríamos en un centro de detención por la cantidad de personas que han sido sometidas a [algún] proceso por virtud de mis acciones”, afirmó el funcionario exiliado en Washington.
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En la capital de Estados Unidos también han buscado refugio la exfiscal general Thelma Aldana, la exmagistrada de la Corte de Apelaciones, Claudia Escobar, el exfiscal de la FECI Andrei González y la magistrada electa de la Corte de Constitucionalidad (CC) Gloria Porras. Su denuncia es idéntica a la de Sandoval e incluye el señalamiento contra la fiscal general Porras por su manipulación de la justicia para evitar que avancen los casos por corrupción. Erika Aifán, integrante del Juzgado D de Mayor Riesgo de Guatemala, denunció también en una entrevista con EL PAÍS cómo la fiscalía emprende procesos contra los funcionarios de justicia que luchan contra la impunidad. “Como jueces de mayor riesgo, lo único que pedimos es que haga su trabajo objetivo, que verifique por qué los fiscales que tienen a cargo estas causas contra nosotros no las han archivado. Si estimara que hay fundamentos, ella puede pedir la presentación de un juicio. Sin embargo, estos casos no los archiva, pero tampoco presenta un juicio”, afirmó la jueza.
El abogado Diego García-Sayán, relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la ONU, ha advertido en este diario sobre el peligro al que se enfrentan los jueces y fiscales en Guatemala. “Algo que debe ser seriamente investigado es cómo, y a través de qué personas, se mueven en los altos niveles del poder político estas redes de interferencia grosera en la justicia y de ataque artero y sistemático a la independencia judicial”, recomienda. “La información disponible indica que los altos niveles del poder político habrían demostrado tal grado de corresponsabilidad que parecería que poderes oscuros se han apropiado de poderosas herramientas de control y de sujeción del poder judicial”, advierte el experto.
El acoso contra los funcionarios de justicia ha despertado la atención de Estados Unidos, que la semana pasada expresó su “preocupación” por la persecución que sufren los fiscales en el país centroamericano. Washington criticó lo que considera “el maltrato inaceptable y el abuso persistente” a fiscales y exfiscales por parte del Ministerio Público. La fiscal general Porras ha sido sancionada por Estados Unidos, que la señala de obstrucción en las investigaciones de casos de corrupción que involucran a funcionarios públicos y organizaciones criminales. El Gobierno estadounidense decidió en julio pasado congelar “temporalmente” la cooperación con el Ministerio Público después de que se conociera el cese del jefe de la FECI. Washington ya había expresado su malestar ante la destitución de Sandoval, a quien las autoridades estadounidenses habían elogiado su papel en la lucha contra la corrupción.
La embestida contra los funcionarios independientes que luchan contra la impunidad se recrudece en Guatemala, país que se ahoga en un tsunami de denuncias de corrupción. El diario digital salvadoreñoEl Faro publicó a mediados de febrero que un “exhombre de confianza” del presidente Giammattei le ha acusado de haber recibido 20 millones de quetzales (2.6 millones de dólares) “provenientes de sobornos de empresas constructoras para financiar su campaña en 2019″. El diario afirma que “a cambio de ese dinero, según el testigo, Giammattei se comprometió con el entonces ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, José Luis Benito, a conservarlo en el cargo un año y mantener operando un millonario esquema de corrupción en contratos de construcción y mantenimiento de carreteras”. El Gobierno guatemalteco desmintió la denuncia y acusó a El Faro de orquestar “un ataque político” contra el mandatario.
El asedio contra los funcionarios que se han enfrentado al poderoso aparato criminal de Guatemala es tal que hasta algunos de ellos que han sido apresados han denunciado violencia en su contra dentro de los penales. Leily Santizo, exintegrante de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), denunció la semana pasada que fue víctima de agresiones por parte de dos abogados, sancionados por Estados Unidos con la prohibición de ingresar a su territorio. “El tema pasó de los insultos, casi a los golpes, y, si no es por los policías del Sistema Penitenciario, no sé hasta donde hubieran llegado”, dijo la exfiscal, en declaraciones recogidas por Efe. Santizo cumple prisión preventiva desde el 10 de febrero por un caso sobre el que el Ministerio Público no ha querido dar detalles. Su detención es una muestra de la difícil situación que sufren quienes han plantado cara a la corrupción en Guatemala. “No sólo nos están criminalizando, sino que ahora a través de agresiones pretenden hacernos callar”, afirmó Santizo, quien además ha denunciado que teme por su vida.
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El presidente de Argentina, Alberto Fernández, se ha sentado este martes ante un juez. No como acusado, sino como testigo. Lo hizo en forma presencial, cuando pudo hacerlo por escrito. Durante dos horas y media, defendió a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner de las acusaciones de corrupción que enfrenta. Habló como exjefe de Gabinete entre 2003 y 2008, parte del período en que se produjeron los presuntos delitos investigados: un desvío discrecional de fondos de obra pública a favor de Lázaro Báez, un empresario ligado al kirchnerismo que en pocos años pasó de ser un ignoto cajero de banco a multimillonario.
Báez cumple en la cárcel una condena de 12 años por lavado de dinero. En marzo de 2021, la justicia argentina lo encontró culpable de blanquear activos por 60 millones de dólares entre 2010 y 2013, cuando su nombre figuraba entre los contratistas del Estado preferidos por el kirchnerismo. Báez era en aquel tiempo dueño de Austral Construcción, una empresa con sede en Santa Cruz, la provincia patagónica que fue bastión político de los Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner es ahora investigada en una causa paralela por supuestamente beneficiar a Báez con contratos millonarios a cambio de sobornos. Las acusaciones se basan en una auditoría encargada por el Gobierno de Mauricio Macri, referidas a 51 obras públicas de seguridad vial. Austral se encargó del 82% de las licitaciones en Santa Cruz durante la Presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007) y percibió en total más de 4.000 millones de pesos (equivalente a unos 300 millones de dólares al cambio monetario de 2015, cuando Cristina Kirchner entregó el poder a Macri).
La defensa de Cristina Kirchner pidió que declarasen todos sus exjefes de Gabinete para que explicasen al juez cómo se resuelve el reparto de fondos para obras de infraestructura. Alberto Fernández estaba entonces alejado de Kirchner y la criticaba con crudeza en los canales de televisión. Luego se amigaron, Fernández fue candidato y ganó la presidencia. Las idas y vueltas de la política argentina terminaron en un hecho sin precedentes: un presidente en funciones declaró como testigo presencial a pedido de su vicepresidenta.
Fernández llegó a los tribunales federales antes de las 10 de la mañana. Contestó una a una las preguntas del juez y discutió con el fiscal, responsable de la acusación. Dijo que al empresario Báez lo había visto una sola vez en su vida “en el parque de la casa de [el expresidente] Néstor Kirchner”. Aclaró que no hay una norma que diga cómo deben repartirse los fondos nacionales para obras de infraestructura en las provincias, pero negó que se trate de una decisión arbitraria del presidente.
“Lo que están discutiendo son decisiones políticas no judiciables, y esas decisiones presupuestarias de ningún modo pueden ser arbitrarias”, dijo. Explicó entonces que el presidente, cualquiera sea, no está al tanto de los contratos, sino apenas de una versión general del presupuesto. “No se tiene en cuenta cómo funciona la aprobación de un presupuesto, no es decisión de un presidente decidir dónde se gasta la plata. Eso va al Congreso y se genera un debate enorme dentro del Congreso, porque cada diputado y senador pelea para llevar recursos a sus provincias”, dijo Fernández. “Definitivamente, no”, respondió cuando el abogado de la defensa le preguntó si Cristina Kirchner integraba una asociación ilícita para favorecer a Báez, como sostiene la querella.
Cuando Cristina Kirchner se convirtió en vicepresidenta en diciembre de 2019 enfrentaba 10 investigaciones por presunta corrupción. Desde entonces, las causas cayeron una a una, ya sea por falta de pruebas, ausencia de delito o problemas de procedimiento. Solo el expediente de la obra pública sigue en pie. El 21 de mayo de 2019 iniciaron las audiencias presenciales y Cristina Kirchner se sentó en el banquillo. El país estaba en pleno proceso electoral y el kirchnerismo acusaba a Macri de presionar en los tribunales para sacarla de la carrera política. El juicio siguió su curso y está ahora en la etapa final de la ronda de testigos. Restan los alegatos de los abogados y el veredicto. La sentencia final no tiene fecha.
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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la semana pasada en Caracas.Rayner Peña R (EFE)
Las autoridades venezolanas anunciaron el arresto de dos diputados y dos alcaldes, pertenecientes al oficial Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), acusados de los delitos de corrupción y narcotráfico, y de dos fiscales del Ministerio Público, junto a otros trabajadores de la estatal Petróleos de Venezuela, por formar parte de una red de traficantes de gasolina. Las detenciones responden a una iniciativa anticorrupción denominada operación Mano de Hierro, que ha sido muy comentada estos días por el presidente Nicolás Maduro, y por otros mandos de la revolución bolivariana, como Diosdado Cabello, Tarek El Aissami y Jorge Rodríguez.
El Gobierno ha dado a entender que se trata de un operativo en desarrollo, a gran escala, que busca combatir a las mafias enquistadas en el Estado venezolano que trafican con gasolina y sustancias ilícitas en algunas zonas del país. Estos grupos han sido responsabilizados de ser los causantes de la escasez de ciertos bienes en el pasado.
La alcaldesa judicializada es Keyrineth Fernández, del municipio Jesús María Semprún, y junto a ella dos diputados, Taína González y Luis Viloria. Fernández es una dirigente indígena juvenil del Estado Zulia con un discurso político comprometido e intransigente. La Policía Nacional Bolivariana informó tras detenerla de que portaba seis kilos de cocaína. Algunas versiones informativas han denunciado que Fernández ya había sido señalada por esas causas en el pasado y a pesar de eso estaba en libertad. Se acusa a los tres de formar parte de una red de narcotráfico que operaba entre los Estados occidentales de Zulia y Falcón.
Tarek El Aissami, actual Ministro de Petróleo –exministro del Interior y abogado criminalista-, está a cargo de esta operación y ha declarado que el Gobierno de Maduro “llevaba varios meses” trabajando para dar con los hilos de esta organización. “Presentamos este duro golpe al pueblo para que quede claro que no se aceptará ni se dará tregua a los funcionarios corruptos que fueron electos por voluntad soberana”, añadió.
Por su parte, el Fiscal General del régimen chavista, Tarek William Saab, anunció la detención de Jorge Peña, Fiscal Superior del estado Delta Amacuro, y Manoel Gil Da Silva, Fiscal Superior del Estado Bolívar, al oriente y sur oriente del país, acusados, junto al alcalde del municipio Independencia, Carlos Vidal, de traficar y contrabandear gasolina, un bien escaso en la Venezuela de Maduro en los últimos años. En el operativo fue apresado también Juan Carlos Barragán, un trabajador de Petróleos de Venezuela.
“El PSUV condena de manera absoluta, clara, diáfana, total, cualquier acto de desviación de los valores revolucionarios, más cuando estos actos tengan que ver con hechos de corrupción, de narcotráfico, de delincuencia organiza”, ha declarado a su vez Diosdado Cabello, numero dos del régimen chavista y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Cabello ha confirmado que estas personas han quedado expulsadas de la organización.
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El agravamiento de la corrupción como un mal endémico en Venezuela ha sido uno de los argumentos más usados por la oposición venezolana cuando toca hacer un diagnóstico sobre las causas del derrumbe de la economía venezolana y el fracaso del modelo de desarrollo chavista. Lo habitual es que la dirigencia bolivariana no dé respuesta a estas acusaciones. El tono de algunos altos dirigentes del chavismo estos días, sin embargo, indica que esta operación está en desarrollo y que puede caer más gente, dirigentes políticos o funcionarios comprometidos en delitos graves.
“Si a algún otro diputado lo cazamos, no necesitará una carta astral para saber su futuro”, ha declarado en una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hombre de confianza de Nicolás Maduro. “Yo se lo voy a decir de una vez: irá a la cárcel si se convierte en un nauseabundo traidor.”
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El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, visita un submarino en Haifa en 2016.Baz Ratner
Globos hinchables en forma de submarino sobrevolaron cada sábado al atardecer las protestas frente a la residencia del primer ministro de Israel en Jerusalén. Miles de manifestantes exigieron durante casi un año la salida del poder de Benjamín Netanyahu, quien fue jefe de Gobierno durante más de una década hasta quedar apeado por una coalición de la oposición el pasado mes de junio. La imagen de los sumergibles flotando en el aire simbolizaba las acusaciones de corrupción contra el mandatario conservador, juzgado ahora por cohecho, fraude y abuso de poder en tres casos distintos.
Ninguno de ellos es el denominado caso 3.000 o de los submarinos. A finales de 2018, el fiscal general de Israel exoneró a Netanyahu tras la investigación abierta por la brigada policial anticorrupción por el supuesto pago de comisiones en la compra de tres submarinos alemanes para la Armada por unos 1.800 millones de euros. Algunos de sus más estrechos colaboradores fueron, sin embargo, imputados tras el escándalo. El abogado personal y primo de Netanyahu, David Shimron; el exjefe de su gabinete interno David Sharan; el exministro de Infraestructuras Eliezer Zandberg, o un exjefe de la Marina de Guerra, el almirante Eliezer Marom, figuraban en la lista de sospechosos presentada por la policía al fiscal general.
Pese al lodazal de irregularidades descrito por los agentes en su entorno, el entonces primer ministro salió aparentemente impoluto e indemne –tocado pero no hundido– de la larga investigación por el escándalo de la compra de sumergibles a los astilleros alemanes ThyssenKrupp. Netanyahu fue interrogado en varias ocasiones por el presunto tráfico de sobornos en la adjudicación.
El Gobierno que le sucedió en el poder, encabezado por su antiguo aliado ultraconservador Naftali Bennett, acaba de sacar de nuevo a flote el caso de los submarinos. El anterior primer ministro se encontraba negociando ahora un acuerdo con el fiscal general para cerrar el juicio en su contra y librarse de la cárcel a cambio de declararse culpable de cargos menores.
La orden dada el domingo por el Ejecutivo de crear una comisión de investigación oficial sobre la compra de los sumergibles alemanes equivale a un torpedo en la línea de flotación de supervivencia política de Netanyahu. Este mismo lunes, el veterano dirigente advertía en un vídeo publicado en las redes sociales de que no piensa apartarse del liderazgo del partido Likud, la principal fuerza de la derecha israelí, ni aceptará un acuerdo con la Fiscalía que implique inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Todos los ministros, que representan corrientes ideológicas enfrentadas, votaron a favor de iniciar las pesquisas, según informa la prensa hebrea, salvo el jefe del Gabinete, que se abstuvo, y su aliada y ministra de Interior, Ayelet Shaked, que votó en contra. “Este es el caso de corrupción más grave en materia de seguridad registrada en Israel”, reconoció el ministro de Exteriores y arquitecto de la coalición de Gobierno, Yair Lapid. Bennett había aplazado la decisión sobre el caso de los submarinos hasta que se firmó, el pasado jueves, un nuevo contrato para adquirir a ThyssenKrupp otros tres submarinos más modernos, esta vez por cerca de 3.000 millones de euros, de los que 600 estarán subvencionados por el Gobierno alemán.
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La investigación policial del Caso 3.000 se centró en el testimonio de un arrepentido. El representante de ThyssenKrupp en Israel, Michael Ganor, se libró de una dura condena tras haber aceptado colaborar con los agentes y convertirse en testigo de cargo. Reconoció haber entregado al almirante Morom 150.000 euros por “recomendar” la adjudicación a los astilleros alemanes de tres submarinos. También admitió que había pagado al abogado Shimron —a quien Ganor tenía precisamente en nómina en calidad de letrado asesor— otros 75.000 euros por “abrir puertas” burocráticas. El abogado personal y primo de Netanyahu fue finalmente exculpado el pasado mes de mayo, cuando fueron procesadas siete personas por su implicación en el caso 3.000.
Un exdelegado de ThyssenKrupp en Israel, el general en la reserva Shaike Bareket, declaró este lunes a una emisora de radio israelí que le parecía “inconcebible” que Netanyahu no hubiese estado al tanto de los pagos irregulares en la adjudicación de los tres primeros submarinos. “Shimron se presentó en la empresa como abogado, familiar y asesor privado del primer ministro”, aseguró Bareket, quien fue apartado de su puesto en la compañía alemana tras la irrupción de Ganor y los hombres de confianza de Netanyahu.
Manifestación de protesta contra Netanyahu, en 2020 en Jerusalén.RONEN ZVULUN (Reuters)
Respuesta de última represalia
La Marina israelí ha adquirido en los últimos años submarinos de las clases Dolphin y Dakar a los astilleros ThyssenKrupp. Los sumergibles, que pueden portar misiles con cabezas nucleares tras las modificaciones técnicas efectuadas en Israel, forman parte de la denominada estrategia de “segundo ataque” o de última represalia a un bombardeo nuclear devastador sobre territorio israelí. Están diseñados para disuadir a un eventual enemigo dotado del arma atómica (como Irán, si llega a contar con de ella en un próximo futuro) de lanzar una agresión nuclear a gran escala con la intención de anular toda capacidad de respuesta israelí. Los submarinos ocultos bajo el mar se encargarían de hacer cumplir al final la ley de Talión.
El expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, es escoltado a los juzgados en una imagen de 2016.Moises Castillo (AP)
La justicia de Guatemala inició un proceso contra el expresidente Otto Pérez Molina, acusado de haberse enriquecido durante su mandato gracias a la formación de una sofisticada red de contrabandos en las aduanas del país. El caso es conocido como La Línea y fue destapado por la ahora extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en 2015. Junto al general retirado también es procesada la exvicepresidenta Roxana Badeltti. El proceso se lleva a cabo en un momento en que la justicia guatemalteca lucha por mantener su independencia.
Las investigaciones de la Cicig y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad iniciaron en mayo de 2014, tras recibir denuncias de que varios grupos de importadores eran privilegiados con trato especial por parte de funcionarios de las aduanas, que permitían ingresar los productos burlando al fisco. En este entramado participaban una treintena de altos personajes del Estado, incluyendo al capitán retirado Juan Carlos Monzón, quien era secretario privado de la vicepresidencia y directores de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT. Como explicaron los investigadores en su momento, el caso fue denominado La Línea en referencia a un número de teléfono que era el contacto de los defraudadores con los funcionarios que participaban en el entramado.
El destape generó tal indignación entre la población, que desató la llamada Revolución de la Dignidad, con decenas de miles de guatemaltecos exigiendo la renuncia de los funcionarios corruptos. Presionado por las protestas, Pérez Molina dimitió el 3 de septiembre de 2015 y un día después un juez local ordenó presión preventiva en su contra. Roxana Baldetti fue capturada en agosto de 2014 en un hospital privado, donde se había refugiado argumentando problemas de salud. Este lunes, Baldetti volvió a argumentar problemas de salud al argumentar que padece síntomas de covid-19 y que su presencia en los juzgados era un riesgo para los trabajadores.
El juicio contra ambos políticos se celebra en el Tribunal de Mayor Riesgo B, donde Pérez Molina llegó arropado por una treintena de personas y afirmó que espera demostrar su inocencia, porque no existen pruebas en su contra, informa Efe. Ambos son procesados por enriquecimiento ilícito y otros cargos de corrupción.
El proceso contra los exmandatarios se da justo cuando han saltado las alarmas a nivel internacional por la persecución de fiscales que en Guatemala luchan contra la corrupción. Una persecución que ha hecho que varios de estos funcionarios tuvieran que exiliarse. Un informe de Human Rights Watch (HRW) alertó de que “autoridades están impidiendo la transparencia y amenazan la independencia judicial”. El organismo cita el caso de Juan Francisco Sandoval, quien fue fiscal anticorrupción de Guatemala, pero debido a sus investigaciones, la fiscal general, Consuelo Porras, lo destituyó del cargo. Sandoval tuvo que dejar Guatemala rumbo a El Salvador casi de manera clandestina el 23 de julio, en un coche diplomático, escoltado por el procurador de derechos humanos y el embajador de Suecia. El exfuncionario ahora vive en Washington, donde se ha refugiado junto a otros a cuatro juristas —jueces y fiscales— reconocidos a nivel internacional por su lucha anticorrupción, que tuvieron que huir de Guatemala por presiones y amenazas. En Washington buscan protección también la exfiscal general Thelma Aldana, la exmagistrada de la Corte de Apelaciones Claudia Escobar, el exfiscal de la FECI Andrei González y la magistrada electa de la Corte de Constitucionalidad (CC) Gloria Porras.
La persecución de estos juristas preocupa a Estados Unidos, que a finales de julio decidió congelar “temporalmente” la cooperación con el Ministerio Público de Guatemala. Washington ya había expresado su malestar ante la destitución de Sandoval, a quien las autoridades estadounidenses habían elogiado su papel en la lucha contra la corrupción. “En los últimos años, las investigaciones realizadas por la CICIG (que terminó su mandato en 2018) y el Ministerio Público, pusieron al descubierto tramas de corrupción en los tres poderes del Estado. Sin embargo, medidas adoptadas recientemente por el Congreso, el Ministerio Público y otras autoridades obstaculizan que haya rendición de cuentas y amenazan la independencia judicial”, alerta HRW.
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El ex primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su esposa, Sara, el día 10 de enero en un tribunal de Jerusalén.Avshalom Sassoni/POOL (AP)
El ex primer ministro Benjamín Netanyahu lo niega todo. Se ha declarado inocente de los tres cargos por corrupción por los que está siendo juzgado desde 2020. Pero durante casi dos años ha negociado en secreto con la Fiscalía General un acuerdo para cerrar el juicio con una condena que no conlleve su ingreso en prisión. El líder conservador que gobernó en Israel durante 12 años consecutivos hasta que fue apeado del poder en junio pasado por una amplia coalición opositora se resiste, sin embargo, a aceptar hasta siete años de inhabilitación para todo cargo público, lo que implicaría su salida definitiva de la escena política a los 72 años.
La salida del líder del Likud de la política, si se acaba confirmando su acuerdo con la Fiscalía, forzará un inmediato relevo al frente del partido conservador hegemónico, tras unas disputadas primarias entre barones de la organización, así como una previsible reagrupación de las fuerzas de la derecha nacionalista y religiosa, liberadas de los vetos personales suscitados por la dominante figura de Netanyahu. La derecha suma una clara mayoría en la actual Kneset (Parlamento) como recambio al actual Gabinete de heterogénea coalición.
Aireadas estos días por la prensa hebrea, las negociaciones emprendidas por los letrados de Netanyahu en busca de un pacto que libre a su cliente de largos años de incierto proceso judicial fueron confirmadas el domingo por el expresidente del Tribunal Supremo Aharon Barak, considerado uno de los jurisconsultos israelíes más influyentes, quien ha actuado durante meses con discreción como mediador del ex primer ministro con la Fiscalía.
Netanyahu fue procesado en 2019 por el fiscal general de Israel, Avichai Mandelblit, por soborno, fraude y abuso de poder en tres casos en los que estaba imputado por recibir valiosos regalos e influir para conceder ventajas económicas y fiscales a altos cargos empresariales a cambio de mejorar su imagen en medios de comunicación que estos controlaban. Se arriesga a ser condenado hasta a 10 años de prisión.
Los medios israelíes apuntan a que el acuerdo debe alcanzarse antes de que termine enero, ante el inminente fin del mandato de Mandelblit, un jurista que fue nombrado para el cargo por el mismo Netanyahu y que antes ejerció como secretario legal de varios de sus Gobiernos.
La Fiscalía ofrece la retirada de una de las acusaciones: la del llamado caso 2.000, en el que el jefe del Ejecutivo trató de influir en la línea editorial del diario Yedioth Ahronoth, el de mayor circulación de pago del país, a cambio de restringir la competencia publicitaria del periódico gratuito Israel Hayom, el de mayor difusión y el más próximo a su política. Al mismo tiempo, el Ministerio Público también se muestra dispuesto a retirar los cargos por cohecho y a limitar las acusaciones de fraude que pesan contra el exgobernante.
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“Los acuerdos con la Fiscalía dependen de los detalles, principalmente de la pena que esté dispuesto a admitir Netanyahu”, advierte el analista político Daniel Kupervaser. La condena residual a unos seis meses de cárcel, una vez dejada en suspenso la condena principal, sería sustituida además por la de trabajos en beneficio de la comunidad. “Lo más candente”, agrega Kupervaser, “es su alejamiento forzado de la política. Existe el temor a que continúe al frente del [partido] Likud, representado por un títere y a que en la práctica él siga siendo primer ministro de facto”.
La declaración de “bajeza moral”, que la Fiscalía exige a Netanyahu que se reconozca expresamente en el acuerdo, sigue siendo el principal escollo para poder cerrarlo, ya que conlleva pena de inhabilitación y la privación de los privilegios concedidos a un ex jefe del Ejecutivo, como oficina y asistentes, escolta policial y vehículo oficial. La gravedad de los hechos jugados obligaría además al tribunal a imponer en el pacto con la Fiscalía una elevada multa para el procesado.
Desde que los agentes de la brigada anticorrupción de la policía comenzaron a investigar las supuestas irregularidades de Netanyahu en 2016, Israel entró en un ciclo de inestabilidad y bloqueo político que desembocó en cuatro elecciones legislativas celebradas entre 2019 y 2021. Tras los últimos comicios, tres partidos de la derecha que habían apoyado al bloque del Likud antes de romper con Netanyahu se unieron a una coalición participada por dos fuerzas centristas, otras dos de izquierda y un partido islamista de la minoría árabe para conformar un Gobierno alternativo.
Rechazo al pacto con la Fiscalía
Un 52% de los israelíes se opone a un eventual acuerdo para cerrar el juicio por corrupción contra el ex primer ministro, según una encuesta difundida el lunes por el canal estatal de televisión Kan. La Fiscalía aceleró el proceso en noviembre al presentar a su testigo de cargo más sólido, Nir Hefetz, quien durante cinco años ejerció como asesor de prensa y hombre de confianza del entonces jefe del Gobierno. Hefetz ha aportado un testimonio clave en el llamado caso 4.000, que implicaba al conglomerado de telecomunicaciones Bezeq.
El afán por el control de los medios de comunicación desde el poder y una hedonista afición al lujo gratuito marcan los tres casos contra Netanyahu. En el primero, el llamado caso 1.000, el multimillonario israelí y productor de Hollywood Arnon Milchan estableció con otros magnates una “línea de suministro” de regalos —puros habanos Cohiba, champán francés o joyas— evaluados en cientos de miles de euros para el encausado y su familia.
Netanyahu ha sido el primer jefe de Gobierno en ejercicio del cargo que se ha sentado en el banquillo de los acusados en la historia de Israel. Tras el inicio de la vista fue apeado del poder. Su predecesor inmediato, Ehud Olmert, pagó con 14 meses de cárcel el cobro de comisiones por un escándalo urbanístico en su etapa como alcalde de Jerusalén, aunque dimitió tras ser imputado.
Fiscales Víctor Núñez y Leonardo Zamora @fiscalia_RMSur formalizarán este sábado por negociación incompatible y cohecho reiterado a uno de los imputados investigados por corrupción en municipalidad de San Ramón, que intentaba salir del país por el aeropuerto @FiscaliadeChile
— Fiscalía Metropolitana Sur (@fiscalia_RMSur) May 8, 2021
Sin embargo, tras este intento de fuga, el exconcejal ahora será formalizado este sábado por «delitos de negociación incompatible y cohecho reiterado», detalló Núñez.
