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Cuando Vladímir Putin ordenó a sus tropas “desnazificar” toda Ucrania el pasado 24 de febrero, los partidarios más acérrimos de la guerra pensaron que había llegado el momento de su cruzada por la defensa del “mundo ruso”. El mandatario, que denigraba al Gobierno de Volodímir Zelenski tildándolo de “régimen” liderado “por drogadictos y neonazis”, había prometido recuperar Ucrania para su causa. Y un año antes, en un artículo que escribió sobre la hermandad de ambos países, Putin decía que Kiev era “la madre de todas las ciudades rusas” y su pueblo, una nación con 1.000 años de historia. Por ello, unas negociaciones con el enemigo que podrían derivar en un statu quo prácticamente idéntico al de antes de la guerra han provocado conmoción entre los ciudadanos que defienden la invasión y el entorno económico, militar e ideológico del presidente ruso.

Uno de los rostros más visibles del enfado ha sido el del presidente checheno, Ramzán Kadírov, también uno de los protagonistas de la hasta ahora “liberación de Ucrania” en la prensa rusa. “Salam Aleikum [que la paz sea con vosotros], queridos amigos. Leo en distintos canales de Telegram que Ucrania ha ganado, Rusia se marcha y habrá negociaciones”, arrancaba el vídeo que grabó Kadírov por la noche. “Somos luchadores y no estamos de acuerdo ni con estas negociaciones ni con sus acuerdos. Esto es voluntad política de nuestro presidente y así debe ser, pero somos combatientes que combaten y pedimos al Gobierno, al presidente, que nos permita dar fin a lo que él comenzó”, concluía su mensaje.

Horas antes, el jefe del equipo negociador ruso, Vladímir Medinski, bendecía el tono “constructivo” de sus conversaciones con los ucranios, que a cambio de que se garantice su soberanía estarían dispuestos a renunciar a solicitar su ingreso en la OTAN, a negociar el estatus de la región de Donbás ―reconocida independiente por el Kremlin justo antes de su ofensiva―, y a abordar en un periodo de 15 años la situación de Crimea, anexionada por Rusia en 2014. Es decir, una situación muy parecida a la que había antes del ataque, con la salvedad de la franja sur de Ucrania que une la península del mar Negro con Donbás, prácticamente ocupada por Rusia en su ofensiva sobre Mariupol. Como muestra de confianza, el Ministerio de Defensa ruso anunció que iba a “reducir drásticamente las operaciones militares” en las zonas de Kiev y Chernihiv.

Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo con renunciar a la capital ucrania, amenazada desde hace más de un mes por las fuerzas rusas. “Debemos completar lo que comenzamos, no detenernos. Tenemos que llegar hasta Kiev. Si nos situamos alrededor, estoy seguro de que entraremos en Kiev y pondremos las cosas en orden”, dijo también Kadírov este martes en un mitin multitudinario de militares en Grozni. Una vez que conoció el avance de las negociaciones, el líder checheno endureció su tono pese a hablar con una sonrisa cínica. “En Ucrania hay terroristas y extremistas de 52 países. Mientras haya banderistas [colaboradores de los alemanes contra Stalin], nazis o combatientes del shaitán islámico [espíritu maligno], Ucrania no podrá tener una vida normal. O los destruimos o los encarcelamos de por vida”.

Destino histórico

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Aparte de Kadírov, que pasó de luchar junto con su padre contra los rusos en las guerras chechenas a dirigir su propia república y ejército tras dar su apoyo a Putin, en el entorno del Kremlin hay dos camarillas. Una la forman los liberales y oligarcas, más abiertos a Occidente y recelosos de la guerra por las duras sanciones impuestas, y la otra la compone el ala más nacionalista. El sociólogo de ultraderecha Alexánder Dugin es un exponente de este sector. Uno de los referentes ideológicos de Putin, defensor acérrimo de que Rusia es una civilización con un proyecto euroasiático frente al bloque occidental y sus valores, mostró el martes su decepción, igual que hizo en 2015, por no haber avanzado por toda Ucrania en la entonces guerra de Donbás.

“Entiendo la preocupación de todos, pero Kadírov no habla solo en su nombre, ni en nombre de todos los chechenos, ni en nombre de todos los soldados, ni en nombre de nuestro pueblo, sino también en nombre del comandante en jefe supremo [Putin]”, escribió el pensador en su canal de Telegram. “Esto es solo el comienzo de la operación. (…) Debemos hacer acopio de valor. Y adelante, solo adelante”, subrayó.

Menos claro lo tiene el coronel Ígor Girkin Strelkov, antiguo miembro del Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso, el antiguo KGB, que irrumpió en una operación encubierta en Donbás en 2014 para comenzar la guerra. El exministro de Defensa de la República Popular de Donetsk, que aún tiene su público, fue muy crítico en un debate del canal Roi TV. “En el Kremlin hay muchos que proponen rendirse, pero es imposible. Cualquier desescalada será un paso a la capitulación. Como pasó con los protocolos de Minsk, Kiev firmará y no cumplirá nada”, afirmó.

“Las Fuerzas Armadas rusas han sufrido pérdidas serias. No pueden tomar Kiev, no pueden tomar Járkov, no han podido tomar Mariupol durante varias semanas y Europa observa todo esto. ¿Dónde está el tercer mayor ejército del mundo, tras EE UU y China?”, se preguntaba Strelkov tras afirmar que Moscú tiene dos opciones: la movilización masiva de las tropas y las fábricas de armamento o una tregua que, en su opinión, permitirá a Ucrania rearmarse. “Creo que el Kremlin no ha tomado una decisión aún”, afirmó tras puntualizar que debe llamar “a los reservistas, a 200.000 hombres o más, porque movilizar menos y enfrentarlos a un enemigo armado con un arsenal de gran calidad sería un sinsentido”.

Otro de los impulsores de la primera ofensiva de 2014 fue el empresario ultraortodoxo Konstantín Maloféyev, una más de las voces nacionalistas del Kremlin. Su canal Tsargrad TV (Constantinopla, en eslavo antiguo), abría su portal web con el titular “Ruso, no traiciones al ruso”. “Los resultados de las negociaciones de Estambul con los representantes de la junta de Kiev han causado conmoción entre millones de rusos. ¿Es estupidez, una traición o, incluso peor, un error?”, arrancaba el artículo donde trataba de averiguar “si el pueblo ruso está preparado para rendirse”. En cualquier caso, advertía de que “es demasiado pronto para dar por concluida la operación especial en Ucrania”.

Mensajes en la prensa

En la misma línea iban ayer las opiniones de los lectores de medios favorables al Kremlin en las noticias sobre el encuentro de Estambul. Entre los cientos de comentarios del artículo en la versión rusa de Russia Today destacaba la palabra “traición”. “¿Primero hace falta liquidar a los nazis, y luego llegar a un acuerdo con ellos?”, decía un lector. Otro destacaba que esto era firmar un “Minsk 3.0″ para volver a otro problema no resuelto. Y en el portal Roi TV destacaban frases como: “Muchos patriotas están abatidos con estas negociaciones. ¿Cuántas declaraciones de victoria hubo hoy en la propaganda enemiga?”, y: “¿Resulta que Kadírov es más patriota que nuestros generales?”.

A estas críticas se ha sumado también la confusión entre los ciudadanos por una campaña que ha oscilado entre “la desnazificación de Ucrania” y la “operación especial para la protección de las repúblicas de Donetsk y Lugansk”. “¿Para qué fue emprendida entonces?”, se preguntaba un lector. “Esto significa que nuestros soldados han dado la vida en vano”, lamentaba otro.

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Como un David frente al Goliat que constituye el segundo Ejército del mundo, Ucrania ha logrado detener el avance de las tropas rusas. La resistencia ucrania ―“firme y bien coordinada,”según la ha definido el Ministerio de Defensa británico en su último informe― retiene en sus manos la mayor parte del territorio del país. Los avances de las tropas rusas de los últimos días, añade el texto elaborado por el espionaje británico, son “mínimos”. La invasión rusa está “estancada” y Moscú sigue sufriendo numerosas bajas. Sin embargo, el precio que paga Ucrania es cada vez más alto. En la madrugada del jueves, el servicio de emergencia de Ucrania informó de otro ataque sobre un edificio residencial en Kiev. En Chernihiv (norte) murieron 53 civiles solo este miércoles, según el gobernador de la región, Viacheslav Chaus. En Mariupol, asediada desde hace 13 días, Rusia bombardeó un teatro donde se refugiaban “cientos de civiles”, entre ellos muchos niños, según las autoridades ucranias.

El escaso avance de las tropas rusas ha forzado a Rusia a enviar más refuerzos al frente pasadas tres semanas del inicio de la guerra contra Ucrania. La pérdida de tropas y la resistencia ucrania han obligado al Kremlin a movilizar más combatientes pese al masivo despliegue con el que rodeó el país desde noviembre del pasado año, una operación a la que destinó, según los informes de inteligencia occidentales, más de la mitad de sus fuerzas armadas. Pese a ello, ahora ha llegado el turno de mover al terreno soldados de territorios ocupados en Georgia, mercenarios de Oriente Próximo y más reservas del lejano este de Rusia.

La información ha sido confirmada públicamente por personas próximas al Kremlin. “Nuestros muchachos van a Ucrania para acabar con los nazis que están aterrorizando a su gente”, escribió el pasado 15 de marzo en su canal de Telegram el expresidente de la autoproclamada República de Osetia del Sur, Eduard Kokoiti. El exmandatario del territorio reclamado por Georgia y que dio lugar a la guerra de 2008 acompañó su mensaje con imágenes de militares de la 4.ª Base de la Guardia Nacional en camino a Ucrania. “Están muy motivados, he hablado con muchos. ¡Van a vengar a nuestros hermanos! ¡Hay familiares y amigos de los que murieron en Ucrania!”, dijo Kokoiti.

Un informe del Ministerio de Defensa británico del mismo día apuntaba a que el Kremlin “está recolocando fuerzas de lugares tan lejanos como el Distrito Militar Este (en Siberia), Armenia y la Flota del Pacífico. Además, pretende utilizar aún más fuerzas irregulares de compañías militares privadas, Siria y otros mercenarios”.

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Tras ralentizar su ofensiva en el interior de Ucrania, Londres cree que Rusia “pretende utilizar estas fuerzas para mantener el territorio capturado y liberar su ejército para relanzar las operaciones paradas”. Además, considera que la “pérdida continua de personal dificultará a Rusia asegurar el territorio ocupado”.

El presidente ruso, Vladímir Putin, aprobó en una reunión del Consejo de Seguridad celebrada el pasado 11 de marzo que se reclutase a extranjeros para reforzar las operaciones en Ucrania, y el ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, reconoció que su ejército barajaba enviar más de 16.000 mercenarios procedentes de Oriente Próximo.

El envío de tropas de otras regiones del mundo también podría ser un intento del Kremlin de reducir el impacto de las muertes en la sociedad rusa. “Serguéi Kuzhuguetóvich (Shoigú) habló principalmente de voluntarios de Oriente Próximo, Siria y otros países. No se habló de nuestros ciudadanos”, recalcó entonces el portavoz de Putin, Dmitri Peskov. “Eso no se ha comentado”, aclaró al preguntarle la prensa si el Kremlin también contemplaba movilizar voluntarios rusos para una campaña cuya motivación, según ha insistido Moscú todo este tiempo, era luchar contra un supuesto genocidio de la población que considera “prorrusa”.

7.000 bajas rusas

Estados Unidos calcula que 7.000 soldados rusos han muerto en Ucrania, según información de The New York Times. Entre 14.000 y 21.000 podrían estar heridos, de un total de 150.000 militares rusos que participan en la guerra. Eso podría significar que la mayoría de sus unidades de combate están bajo mínimos, incapaces de llevar a cabo acciones de combate.

Ucrania ha alertado, sin embargo, de que para seguir conteniendo a las tropas rusas, precisa de más armas. El presidente ucranio, Volodímir Zelenski, ha pedido más apoyo internacional con sanciones y armamento, incluidos sistemas de defensa aérea, armas y municiones para hacer frente al Ejército ruso. Sigue insistiendo además en reclamar el cierre del espacio aéreo de Ucrania, una medida descartada por la OTAN, que teme una confrontación militar directa con Rusia. “¿Cuántas personas más tiene que matar para que los líderes occidentales digan ‘sí’ a una zona de exclusión aérea o a darnos los aviones de combate que tanto necesitamos?”, deploró el mandatario este miércoles en su habitual discurso nocturno en la televisión de Ucrania.

Cientos de miles de civiles ucranios siguen, mientras tanto, atrapados en ciudades sometidas al hostigamiento de las tropas rusas. La vice primera ministra de Ucrania, Iryna Vereshchuk, ha afirmado este jueves que espera que se puedan abrir nueve corredores humanitarios para evacuar a la población de las ciudades sitiadas y sometidas a constantes bombardeos. Vereshchuk ha dicho que se prevé que una de las localidades en las que las autoridades esperan abrir un camino seguro para sacar a civiles es Mariupol, una urbe del sureste de Ucrania con salida al mar de Azov que contaba con unos 400.000 habitantes antes de la guerra.

Mariupol, precisamente, sufrió el miércoles uno de los peores ataques con el bombardeo de un teatro donde se refugiaban “cientos de civiles”, según las autoridades ucranias, y que tenía pintados dos grandes letreros en el suelo fuera del edificio donde se podía leer en ruso la palabra “Niños” escrita con grandes caracteres, ha revelado la empresa de satélites Maxar Technologies. La situación en la ciudad, que por primera vez esta semana pudo evacuar a unos 20.000 civiles, desde que comenzó el cerco de las tropas rusas hace más de dos semanas, ha sido descrita como “apocalíptica” por la Cruz Roja. Los residentes no tienen agua, electricidad ni calefacción y ya hace días que las autoridades locales informaron de que la escasa comida que quedaba se estaba agotando del todo.

Esta ciudad, convertida en el icono de los ataques a civiles en Ucrania, es clave para el Kremlin, pues es la última gran localidad en manos de Kiev con salida al mar de Azov y su captura permitiría a Moscú crear un corredor desde la región del Donbás, donde se encuentran las entidades separatistas prorrusas de Donetsk y Lugansk, hasta la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014 de forma ilegal tras un referéndum que la comunidad internacional no reconoce

Moscú sigue, mientras tanto, negando los ataques a civiles, a pesar de que las pruebas en su contra se acumulan. No solo en cuanto a los objetivos a los que se dirigen estos ataques -hospitales, escuelas, zonas residenciales- sino también en cuanto a los medios que utiliza, y entre las que se ha denunciado ya, por parte de Naciones Unidas y de organizaciones como Amnistía Internacional- el uso de armas que no permiten discriminar entre blancos militares y civiles, como las llamadas “bombas tontas” (sin sistema de guida inteligente) y municiones de racimo.

El miércoles, una delegación del Tribunal Penal Internacional (TPI), encabezada por su fiscal jefe, Karim Khan, viajó a Ucrania para investigar sobre el terreno la posible comisión de posibles crímenes de guerra y contra la humanidad en el país. Kahn declaró, ya en el país, que “los ataques deliberados contra civiles constituyen un crimen que perseguiremos”. La investigación del TPI se produce a instancias de 40 países miembros, una iniciativa hasta ahora inédita. Ni Ucrania ni Rusia son signatarios del Estatuto de Roma, la convención fundacional del TPI, por lo que en principio, quedan fuera de la jurisdicción de esta corte. Sin embargo, Kiev ha facultado al tribunal para que investigue los posibles crímenes cometidos desde 2014, con la anexión rusa de Crimea. El TPI sí podría perseguir a título individual al presidente ruso, Vladímir Putin, y a la cúpula del poder del Kremlin- de considerar que hay indicios suficientes para ello- lo que impediría al mandatario pisar ninguno de los 130 Estados que forman parte del Tribunal, a riesgo de ser detenido.

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En el intenso fin de semana de llamadas telefónicas con aroma a último recurso y con la tensión global por la crisis de Ucrania al rojo vivo, este domingo ha sido el turno para una conversación entre el presidente estadounidense, Joe Biden, y su homólogo en Kiev, Volodímir Zelenski. Han hablado durante una hora, tiempo que ha empleado el primero en reafirmar su compromiso “con la soberanía y la integridad territorial de Ucrania”, según un comunicado de la Casa Blanca. “El presidente ha dejado claro que responderá rápidamente y con decisión, junto con sus aliados y socios, a cualquier agresión rusa”. Ambos líderes han coincidido también en “la importancia de continuar” con la suma de “diplomacia y disuasión”, como respuesta a la acumulación militar de tropas enviadas por Moscú la frontera con Ucrania.

Termina así una semana que inauguró un infructuoso intento de mediación de Emmanuel Macron en Moscú, y que acaba con los líderes occidentales colgados del teléfono y redoblando su presión sobre Putin, aunque con la sensación de que la vía diplomática se halla estancada. La próxima baza la tiene el canciller alemán, Olaf Scholz, que viajará a Kiev el lunes, y, el martes, a Moscú. El político socialista quiere “aprovechar la oportunidad de hablar” para evitar el estallido del conflicto, según ha anunciado el domingo en Berlín, informa Elena G. Sevillano. Scholz llega consciente de que podría estar ante una de las últimas oportunidades de salir de este embrollo y con una misión declarada: “Tratar de ver cómo podemos garantizar la paz en Europa”, que se enfrenta a su peor crisis de seguridad desde el final de la Guerra Fría.

Rusia, por su parte, sigue negando que tenga planes de atacar y asegura que se limita a permanecer atenta a lo que ocurra en las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk, mientras se reafirma en sus exigencias a Occidente: el fin de la expansión hacia el Este de la OTAN y el compromiso de que no desplegará tropas cerca de sus fronteras.

El miércoles se apunta como otra jornada clave. Algunos medios han publicado que las autoridades estadounidenses consideran, a partir de informes de espionaje, ese día como la fecha más probable para el inicio de las hostilidades, según trascendió de la llamada del presidente Joe Biden a sus aliados del pasado viernes. Tanto Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional, como el portavoz del Pentágono, John Kirby, se han negado este domingo en Washington a confirmar o a desmentir ese extremo.

Ambos han sido hoy los enviados por la Administración de Biden al frente de la guerra informativa, está sí, ya declarada por Washington y Moscú, en torno una posible invasión que es inminente para unos y nada más que un miedo “histérico” para la otra parte. Kirby ha concedido una entrevista a Fox News. Mientras, el consejero de Seguridad Nacional ha asegurado en el matinal de la CNN, State of the Union, ágora dominical predilecto de los políticos de Washington, que Estados Unidos no dará “la oportunidad a Moscú de lanzar un ataque sorpresa”. Y que por eso piensan “seguir compartiendo toda la inteligencia” de la que dispongan. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zajharova, ha contestado en Telegram y Facebook con contundencia: “Los políticos estadounidenses han mentido, están mintiendo y seguirán haciéndolo, creando pretextos para atacar a civiles en todo el mundo”.

Las palabras de Sullivan acentúan una estrategia a la que la Casa Blanca parece haberlo apostado todo en esta crisis global. Una apuesta arriesgada por su arrojo, que tiene ocupados a los analistas geopolíticos, y que pasa por airear datos, normalmente reservados, según van disponiendo de ellos. Ya sea sobre las sanciones severas que le esperan al Kremlin si continúa por ese camino, sobre operaciones de sabotaje falsas o sobre la producción de vídeos ficticios para fingir un ataque ucranio como pretexto. “Les hemos visto hacer esas cosas en el pasado, por eso no dudamos de que pueden perfectamente repetirlas”, ha añadido a la CNN el consejero de Seguridad Nacional.

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Sullivan ha justificado esa suerte de diplomacia del megáfono, porque no difunden esa información “para empezar una guerra, como ha sucedido en el pasado”, sino para “evitar una confrontación”. “Eso”, a su juicio, les “otorga mayor credibilidad”. Por “el pasado”, Sullivan se refiere a la segunda guerra de Irak, cuando en 2003 la Administración de George Bush empleó datos para justificar una invasión que luego se demostraron falsos.

Ahora es distinto, asegura el Pentágono. No solo porque la tecnología permite una recogida de información más fiable. Es también porque, como ha explicado Sullivan a la CNN, esos despachos de espionaje los han compartido “casi al minuto” con sus aliados. “Al revisar nuestras informaciones han llegado a la misma conclusión que nosotros: que el mundo debe estar alerta con Rusia. Y que es altamente probable que fabrique un pretexto que sirva de antesala a una posible acción militar”.

Las autoridades también dicen haber aprendido de los errores de 2014, cuando los asesores del presidente Barack Obama le convencieron de no compartir lo que sabía sobre la intervención rusa en Ucrania. Este cambio de idea se debe, según explicaba The New York Times este domingo, a “la influencia de la directora nacional de Inteligencia, Avril D. Haines, y al director de la CIA”, William J. Burns”. También lo vincula a la supuesta interferencia rusa en las elecciones de 2016. Desde la primera señal de alarma, lanzada en noviembre, Washington no ha temido pasarse de frenada en sus advertencias.

Esa estrategia inquieta en Kiev, donde prefieren llamar a la calma que apretar cada día el botón de alarma. Este domingo, el ministro de Exteriores, Dmytro Kuleba, ha recalcado que no hay señales de que se vaya a producir una nueva agresión militar a gran escala en los próximos días. No ha habido “cambio fundamental” en la situación, ha dicho Kuleba, que ha exigido una reunión con Rusia y el resto de los países firmantes del Documento de Viena de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa), destinado a asegurar la transparencia militar. La petición se ha realizado después de que Moscú haya rehuido detallar sus actividades cerca de la frontera con Ucrania y en las maniobras masivas de 10 días que ha emprendido junto a Bielorrusia en ese país.

Ucrania teme, además, que la política alarmista de Biden pueda tener daños colaterales para la economía ucrania y su reputación de seguridad. El presidente Zelenski cree que todavía hay margen para la diplomacia y le preocupa que, incluso si no se llega a producir una agresión militar, Rusia consiga otro de sus objetivos con esta guerra de asfixia: desestabilizar el país.

De momento, las patadas estadounidenses al avispero ya han tenido efectos prácticos: este fin de semana, Washington, Ottawa y Londres han empezado a retirar también a los instructores en materia de defensa que tienen sobre el terreno en Ucrania, así como a sus observadores de la misión de la OSCE en el este del país, en las regiones de Donetsk y Lugansk, donde los separatistas prorrusos luchan contra el ejército ucranio desde hace ocho años en una guerra que ha causado ya unos 14.000 muertos, según la UE. La misión, que entre otras cosas observa cómo se desarrolla el alto el fuego (incumplido constantemente), se mantendrá, ha dicho la OSCE, que ha confirmado la salida de observadores de “varios países”.

Fuentes diplomáticas explican que la retirada de estadounidenses, canadienses y británicos que estaban sobre el terreno como instructores y en la misión de observación se debe no solo a preocupaciones de seguridad, también persigue evitar que se les culpe o se les utilice de pretexto en el caso de una operación de falsa bandera rusa contra Ucrania. Moscú ha incrementado estos días las acusaciones a Kiev y a “terceros países” de estar preparando una maniobra para recuperar el Donbás.

Mientras, una veintena de capitales urge a sus nacionales a que abandonen Ucrania y han comenzado a reubicar sus embajadas al oeste del país, en la ciudad de Leópolis, este domingo han llegado a Kiev dos nuevos cargamentos de material de defensa: un envío de sistemas de misiles antiaéreos Stinger y municiones de Lituania y 180 toneladas más de munición de Estados Unidos. Ucrania, que sigue pidiendo ayuda en forma de envíos de armamento para tratar de competir con el poderoso Ejército ruso y como una forma de disuasión, ha recibido ya 1.500 toneladas de municiones en 17 vuelos, según el ministerio de Defensa ucranio.

Suspensión de vuelos sobre el espacio aéreo de Ucrania

La aerolínea holandesa KLM ha suspendido sus vuelos a Kiev y ha informado de que no operará vuelos en el espacio aéreo ucranio, mientras las alertas de EE UU sobre una posible invasión rusa se suceden. El Gobierno de Ucrania recalcó que su espacio aéreo sigue abierto, pero las decisiones de varias aseguradoras de dejar de cubrir aeronaves que sobrevuelen el país del este ha provocado ya complicaciones. La aerolínea ucrania SkyUp Airlines informó de que se vio obligada a realizar un aterrizaje no programado en Chisnau (Moldavia) en vez de en Kiev de un vuelo procedente de Moldavia por la retirada de la aseguradora.
Desde que el vuelo MH27 de la compañía Malaysia Airlines, que cubría el trayecto Ámsterdam-Kuala Lumpur, fue derribado sobre el este de Ucrania en 2014, con un misil de fabricación rusa, el tráfico aéreo sobre el país ha sido un tema delicado. En la catástrofe murieron 298 personas, entre tripulación y pasajeros. Con esa tragedia como antecedente, ya en enero, KLM, Lufthansa y otras grandes aerolíneas modificaron sus vuelos a Ucrania para evitar que sus tripulaciones pasasen la noche en Kiev por las aseguradoras, que pueden alegar causa de fuerza mayor en caso de conflicto militar y dejar de cubrir las aeronaves si son atacadas durante las hostilidades o quedan atrapadas. Para “estabilizar la situación del mercado de pasajeros”, el Gobierno ucranio anunció un fondo de 592 millones de dólares para ofrecer garantías de seguridad a las aseguradoras. De momento, la mayoría de las 29 aerolíneas extranjeras que operan en Ucrania lo hacen con normalidad. Kiev sí ha aconsejado que eviten sobrevolar de lunes a sábado partes del Mar Negro y el Mar de Azov por maniobras navales de Rusia.

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Después de ocho rondas negociadoras, Irán y Estados Unidos han acabado 2021 sin haber sido capaces de reactivar el acuerdo que puso coto al programa nuclear iraní. Las posturas de ambos están tan distantes que ni siquiera se sientan a la misma mesa en Viena (Austria), donde se celebran las conversaciones con la mediación de la UE y los otros países firmantes del pacto abandonado por la Administración de Donald Trump hace tres años. Numerosos analistas alertan de que no hay alternativa a la vía diplomática porque recurrir a la acción militar sería un desastre para ambos. El problema es que el tiempo apremia.

Al poco de iniciarse la octava ronda el pasado lunes, el ministro iraní de Exteriores, Hossein Amirabdollahian, dio a entender que se estaba avanzando. “Las conversaciones de Viena van en la buena dirección”, declaró a los periodistas antes de manifestar que el acuerdo dependía de la “buena fe” de la otra parte. Sin embargo, el negociador estadounidense, Rob Malley, ha asegurado que apenas quedan “unas semanas” para avivar el acuerdo si Irán continúa con su actual ritmo de actividades nucleares.

No está claro si el tono positivo de Amirabdollahian busca evitar que se responsabilice a Irán de una eventual ruptura del diálogo, o intenta enviar una señal de mayor flexibilidad ante la impaciencia de estadounidenses y europeos. Para estos, el desarrollo del programa iraní amenaza con dejar sin sentido el Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC), el nombre oficial del pacto, que Joe Biden ha tratado de recuperar desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2021.

El progreso logrado en la primera mitad del año pasado quedó interrumpido con la elección del ultraconservador Ebrahim Raisí como presidente de Irán. La formación de un nuevo equipo negociador retrasó la vuelta a Viena hasta finales de noviembre. Desde entonces, los avances han sido imperceptibles, algo que tanto los funcionarios estadounidenses como europeos atribuyen a que el nuevo Gobierno ha rechazado los compromisos alcanzados por su predecesor, Hasan Rohaní.

La periodista iranoestadounidense Negar Mortazavi, autora de un podcast titulado Irán, admite que los nuevos gobernantes iraníes tienen “una postura más dura hacia Occidente, especialmente Estados Unidos, y también respecto a las negociaciones nucleares”. Para los conservadores, la decisión de Trump confirmó su recelo hacia cualquier compromiso con aquel país. Aun así, defiende que “quieren un acuerdo, y prefieren el PIAC [a otra alternativa], porque traerá alivio de las sanciones, la economía iraní está bajo mucha presión y para mejorarla, no hay otra forma”.

El problema es que las posiciones de partida de unos y otros son muy distantes. Teherán insiste en que se levanten todas las sanciones antes de frenar su actividad nuclear y quiere garantías de que un futuro presidente de EE UU no volverá a renegar del pacto. Mientras, Washington, bajo su exigencia de “cumplimiento por cumplimiento”, lo que quiere, según explica a EL PAÍS el analista político Ali Ahmadi, es que “Irán dé marcha atrás a los avances tecnológicos que ha hecho” desde que Trump se retiró del PIAC e impuso durísimas sanciones a Irán.

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La República Islámica respondió a esa política de “máxima presión” acelerando de forma significativa su programa atómico. Su calculado goteo de violaciones ha esquivado hasta ahora la denuncia del resto de los firmantes del PIAC (China, Rusia, Reino Unido, Francia, Alemania y la UE) ante el Consejo de Seguridad de la ONU, pero ha ido vaciando de contenido el acuerdo.

Según los últimos informes del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) —encargado de supervisar el cumplimiento técnico del acuerdo—, Teherán regresó a la mesa de negociaciones el pasado noviembre con 11 veces más de uranio enriquecido de lo permitido. Además, buena parte de ese combustible alcanza hasta el 60% de pureza, un grado muy por encima del 3,67% que le autorizaba el pacto y más cerca del 90% que se requiere para un eventual uso militar. El plazo para que Irán disponga de suficiente uranio enriquecido para una bomba atómica se ha reducido de un año a uno o dos meses.

De ahí el temor de los expertos a que la crisis nuclear que el PIAC trataba de evitar se haga realidad a principios de 2022. Algo distinto es la capacidad o la voluntad de convertir ese material en un arma. El director general del OIEA, Rafael Mariano Grossi, ha declarado que no tiene “ninguna información de que Irán cuente con un programa de armas nucleares o alguna actividad que lleve a un programa de armas nucleares”. Los dirigentes iraníes siempre han negado que sus ambiciones nucleares, que preceden a la fundación de la República Islámica en 1979, tuvieran objetivo militar.

Mortazavi reconoce que “la brecha es grande”, pero estima que “ambas partes son serias sobre querer la diplomacia y alcanzar un acuerdo”. En su opinión, la diferencia estriba en que Estados Unidos abandonó el acuerdo por completo, mientras que Irán “tardó un año en responder” y “no se ha salido del todo”. De ahí que considere que, si bien el pacto firmado en 2015 se mantiene “con respiración asistida”, todavía no está muerto.

La periodista insiste en la necesidad de que ambos hagan concesiones. Pero la desconfianza recíproca dificulta el primer paso. Tampoco ayuda la imagen distorsionada que cada uno tiene del otro. Estados Unidos sigue esperando que la presión económica fuerce la determinación de Teherán, mientras que los dirigentes iraníes han interpretado la retirada norteamericana de Afganistán como una prueba de que Washington no tiene estómago para una nueva guerra en Oriente Próximo. Ese empecinamiento en imponerse al otro bloquea cualquier salida.

Para Ahmadi, lo que hace que, a pesar de todo, Irán y EE UU “sigan negociando es que no hay una alternativa real al PIAC para ninguna de las partes”. Mortazavi coincide. “La alternativa a una solución diplomática será más costosa y peligrosa, ya que probablemente incluirá una escalada militar dañina tanto para Irán como para Estados Unidos, y otros países de Oriente Próximo”, asegura.

Según Ahmadi, Estados Unidos “hace mucho que sabe que los ataques militares solo retrasarán el programa y, al mismo tiempo, probablemente convenzan a Irán de que necesita una disuasión nuclear y que la política de máxima presión ha fracasado”. Por otra parte, Irán necesita que se levanten las sanciones para reavivar su economía. “Incluso sus lazos con China dependen de que las empresas chinas sepan que no van a ser sancionadas”, afirma el analista.

De ahí que una de las medidas que se han puesto sobre la mesa para acercar posiciones sea un entendimiento para que Irán congele su actividad nuclear a los niveles actuales a cambio de algunos beneficios económicos. Pero sea cual sea el resultado de las negociaciones, la investigación y el desarrollo que Teherán ha obtenido durante los dos últimos años es irreversible.

Detenciones controvertidas

Coincidiendo con el inicio de la octava ronda de las negociaciones nucleares, la familia de Benjamin Brière, un francés encarcelado en Irán, anunció el pasado lunes que este había iniciado una huelga de hambre para protestar contra sus condiciones de detención. Brière, de 36 años, fue arrestado en un parque natural del norte del país en mayo de 2020 y acusado de espionaje y propaganda contra el régimen iraní por “fotografiar zonas prohibidas”, algo que su familia rechaza.

Al menos una docena de ciudadanos con pasaportes occidentales, la mayoría binacionales, se encuentran detenidos en Irán. Varios grupos internacionales de derechos humanos consideran que se trata de una forma de presión para obtener concesiones. Al hilo de la huelga de hambre de Brière, algunos activistas recuerdan que todos los países democráticos que negocian con Teherán en Viena tienen algún ciudadano en esa situación. Tal es el caso de Nazanin Zaghari-Ratcliffe, Anush Ashuri y Morad Tahbaz (irano-británicos); Nahid Taghavi y Jamshid Sharmahd (irano-alemanes), y los irano-franceses Fariba Adelkhah y Nazak Afshar. Incuso el país anfitrión de las conversaciones, Austria, cuenta con los casos de Kamran Ghaderi y Massud Mossaheb. Pero Irán no reconoce segundas nacionalidades. 

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