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La necesidad de la Unión Europea y Estados Unidos de asegurarse suministros energéticos alternativos a los de Rusia está teniendo consecuencias en todos los continentes y acelerando negociaciones que solo hace unos meses parecían estancadas. Al margen del Foro Diplomático, que se celebra en la localidad turca de Antalya, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Félix Plasencia, mantuvieron este sábado una reunión en la que, entre otras cuestiones, abordaron las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania, el comercio de petróleo y la posibilidad de un levantamiento de sanciones si Caracas da ciertos pasos hacia un diálogo democrático. Tanto Borrell como Plasencia dijeron a EL PAÍS que el encuentro fue “bien”.

Esas sanciones tienen que ser eliminadas, según la parte venezolana para que se normalicen las relaciones y el comercio de hidrocarburos. “Son inaceptables y violatorias del derechos internacional y de la dinámica entre naciones civilizadas”, afirmó Plasencia. Preguntado por los recientes contactos entre Estados Unidos y el Gobierno de Maduro para explorar la posibilidad de un alivio de sanciones a cambio de retomar la compra de petróleo venezolano, el jefe de la diplomacia venezolana respondió: “Tenemos una relación de negocio petrolero con los Estados Unidos de 100 años. Nosotros no los hemos sacado a ellos del negocio, se fueron ellos para poner medidas coercitivas. Ahora quieren regresar. Bueno, si aceptan que el único y legítimo Gobierno de Venezuela es el que lidera el presidente Nicolás Maduro, bienvenidas las empresas petroleras estadounidenses y europeas”.

Fuentes del equipo de Borrell explicaron que el terremoto geopolítico que ha supuesto la crisis en Ucrania ha abierto “una oportunidad” y que han visto “receptividad” por parte de Venezuela a tratar las demandas europeas. En la reciente votación en Naciones Unidas en la que se condenó la agresión de Rusia a Ucrania, el Gobierno de Nicolás Maduro se abstuvo en lugar de votar en contra, lo que sí hicieron otros aliados de Rusia como Siria o Bielorrusia. Las fuentes europeas consultadas creen que hay en Caracas una actitud “más pragmática” y en caso de que se avance en el diálogo de México con la oposición venezolana y hacia un proceso de “elecciones abiertas y limpias”, se podrían levantar o aliviar las sanciones aplicadas a Venezuela tras la represión de las protestas antigubernamentales de los últimos años.

La Casa Blanca, sin embargo, ya advirtió el jueves que su Gobierno no reconoce a Maduro “como líder de Venezuela” y mantiene el reconocimiento en su lugar a Juan Guaidó, oficializado en enero de 2019. Pese a este enfrentamiento, la intención de reducir la principal fuente de financiación de Rusia —la venta de gas y petróleo— exige la búsqueda de nuevos suministros, y ello ha espoleado a las cancillerías occidentales a buscar alternativas, acelerando los movimientos diplomáticos en varias direcciones.

Venezuela intenta aprovechar la ocasión y se deja cortejar. En Turquía, tanto el ministro de Exteriores como la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, que estuvo en Antalya de jueves a viernes, se reunieron con los ministros de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y turco, Mevlüt Çavusoglu; con el alto representante de Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones, Miguel Ángel Moratinos, y con el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, que ya ha mediado anteriormente con el Gobierno de Maduro.

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El Parlamento ruso ha aprobado este martes reconocer a las autoproclamadas repúblicas separatistas de la región del Donbás (Donetsk y Lugansk). La Duma Estatal ha votado “el envío inmediato” de esta iniciativa al presidente Vladímir Putin, que siete años después de la firma de los pactos de paz de Minsk que sentaron en 2015 las bases de un alto el fuego entre las fuerzas leales a Kiev y los rebeldes prorrusos en el este de Ucrania, ha movido ficha ante el limbo legal en el que se sumió el Donbás, otra región del antiguo espacio soviético, que como Abjasia, Transnistria y Osetia del Sur no son reconocidas internacionalmente. La Duma votaba este martes dos proyectos de ley: uno propuesto por el partido de Putin, Rusia Unida, que instaba a que el borrador fuera revisado antes por el ministro de Exteriores. El otro, introducido por el Partido Comunista en enero, solicitaba acudir directamente al presidente. Esta última iniciativa ha ganado con 351 votos frente a los 310 de la presentada por la formación gubernamental.

Rusia ha emprendido este paso justo al mismo tiempo que Putin ha recibido en Moscú al canciller alemán, Olaf Scholz, en su primera visita oficial al país. El líder germano ha acudido al encuentro con la intención de escuchar de boca de Putin la promesa de que el Kremlin comenzará a rebajar la tensión bélica. Scholz se ha encontrado con la noticia del regreso a sus bases de varias unidades rusas que ya han completado sus maniobras, pero el anuncio de la Duma supone un golpe mortal para los pactos de Minsk, de los que Berlín ha sido su gran valedor todos estos años.

El presidente de la Cámara baja rusa, Vyacheslav Volodin, ha explicado que esta iniciativa legislativa permitirá proteger a los habitantes de Donbás de lo que consideró “amenazas externas”. Además de armas y suministros, como han reconocido desde las propias milicias, Moscú ha entregado en la zona más de medio millón de pasaportes rusos desde que comenzó la guerra en 2014, lo que le sirve de casus belli frente al Gobierno ucranio, al que acusa de armarse con la OTAN para intentar retomar en un futuro esta región o Crimea, que sí goza de un reconocimiento pleno por Moscú ―pero no internacional― como parte del país desde su anexión en marzo de 2014.

Las tropas rusas regresan a sus guarniciones militares.Vídeo: REUTERS

El reconocimiento de Donbás puede suponer el fin de los pactos de Minsk. El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitro Kuleba, ha dicho este mismo martes que si esto sucedía, “Rusia se retirará de facto y de iure de los acuerdos con todas las consecuencias correspondientes”. La Rada Suprema (Parlamento) de Ucrania ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional “a no aprobar ninguna decisión de la Federación de Rusia que se relacione con el reconocimiento de independencia de los territorios temporalmente ocupados”, y ha instado a organismos internacionales y Gobiernos extranjeros a reforzar las sanciones como medida para preservar la arquitectura de seguridad europea.

El presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Duma ha quitado importancia al impacto de este reconocimiento en los acuerdos de paz. “No creo que los protocolos de Minsk sean revisados por esto”, ha dicho a la agencia Interfax Leonid Slutski, y ha agregado que “simplemente no hay otro sistema de coordenadas para la normalización de las relaciones entre Kiev y el sureste de Ucrania”.

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El Kremlin ha intentado durante todo este tiempo que el Gobierno ucranio acatase la concesión de un estatus especial a la zona rebelde y la convocatoria de elecciones, a lo que se negó Kiev si Rusia no devolvía el control de las fronteras de Donbás y retiraba el armamento y los grupos armados desplegados allí. Según el Gobierno ucranio, una Donbás controlada por el Kremlin dentro del país amenazaría a su soberanía y una futura adhesión a la Unión Europea y la OTAN.

Con el comienzo de la escalada militar de noviembre también se intensificaron las negociaciones del Formato de Normandía, constituido por Rusia, Ucrania, Francia y Alemania. Kiev siempre se mostró tajante con que no aceptaría a las autoridades de Donetsk y Lugansk como interlocutores directos porque los consideraba marionetas de Moscú y no se podían celebrar elecciones libres.

De hecho, no se pudieron presentar varios candidatos separatistas en las últimas elecciones de Donetsk, celebradas en noviembre de 2018 tras el asesinato del anterior presidente, Alexandr Zajárchenko. Entre ellos, el primer “presidente popular” de la autoproclamada región, Pável Gubárev, al que vetaron su registro; ni uno de los líderes de las milicias, Alexandr Jodakovski, retenido en Rusia antes de los comicios, según él mismo denunció.

Está por ver si Rusia desplegará tropas en Donbás oficialmente como ya hace en Transnistria. Preguntado sobre ello, el presidente de la república de Donetsk, Denís Pushilin, afirmó unos días antes en rueda de prensa que con la presencia militar rusa en la línea de contacto “acabaría la guerra ya”, pero es “poco probable” por las implicaciones para las relaciones entre Rusia y la OTAN. En cualquier caso, el partido de Putin ya reavivó el debate en enero, cuando dos altos cargos, el jefe de la agrupación parlamentaria en la Cámara baja, Vladímir Vasiliev, y el secretario del Consejo General de Rusia Unida, Andréi Turchak, grabaron un manifiesto a favor de enviar armas a Donetsk y Lugansk.

La adhesión a Rusia de Donbás tampoco parece factible a medio plazo. Transnistria es independiente de facto de Moldavia desde 1990, y Abjasia y Osetia del Sur lo son de Georgia desde 1992, y en estas tres décadas no han logrado salir de su limbo internacional para perjuicio de ciudadanos y empresas. Durante su intervención, Pushilin afirmó que su intención es “estar lo más cerca posible de Rusia” y recordó las medidas impulsadas por Putin en el último año para fomentar las importaciones de aquella región.

Esta indefinición jurídica perjudica a la economía de ambas repúblicas, donde las empresas extranjeras no se atreven a entrar para no ser sometidas a sanciones y donde los empresarios locales han dependido durante la guerra de un enrevesado sistema de pagos a través de Osetia del Sur para hacer negocios con Rusia.

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Los acuerdos de paz para la región del Donbás permanecen en un punto muerto desde hace casi siete años, y el Gobierno ruso aprieta las tuercas. “El reconocimiento (de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk) debe tenerse en cuenta en el contexto de nuestra línea firme para que Occidente fuerce a Kiev a cumplir los acuerdos de Minsk. En ese caso todo estará en orden”, ha advertido el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, durante una mesa redonda con medios rusos emitida por Internet. El aviso de Moscú llega nueve días después de que la cúpula del Partido Comunista presentara en la Duma Estatal una petición a Vladímir Putin para reconocer a las regiones separatistas.

Lavrov ha subrayado que en los protocolos de Minsk está consagrada la unidad de Ucrania. Los acuerdos de paz fueron firmados por primera vez en septiembre de 2014 por Rusia, Ucrania, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y los entonces jefes de Donetsk y Lugansk (ambos sin reconocimiento oficial, uno fallecido en un atentado en 2018 y otro huido tras un golpe interno en 2017 en una disputa de los servicios de inteligencia). No obstante, la prolongación de la guerra llevó a la revisión de lo pactado en febrero de 2015, Minsk II, tras varias derrotas de Kiev ante los separatistas apoyados por las fuerzas armadas rusas.

“Rusia no quiere una guerra, pero no descarto que alguien quiera provocar acciones militares. El régimen de Kiev no controla a gran parte de sus militares en el frente”, afirmó el ministro de Exteriores ruso, que estimó en unos 100.000 soldados la fuerza desplegada por Kiev en la línea de contacto, donde la tregua no ha impedido un goteo constante de disparos y muertos estos siete años. “Si depende de Rusia, no habrá guerra. No queremos una guerra, pero no permitiremos que se pisoteen nuestros intereses, que sean ignorados”, subrayó Lavrov durante el encuentro.

Los protocolos de Minsk son 13 puntos que contemplan no solo la concesión de un estatus especial a los territorios de Donetsk y Lugansk, sino también la retirada de todas las fuerzas extranjeras de la zona, el intercambio de prisioneros y una ley que garantice la amnistía “de las personas conectadas con los eventos que tuvieron lugar” en la región.

El problema para su implantación es quién cede primero. El diplomático Alexándr Jara, asistente del ministro de Defensa en 2020 y antiguo miembro del Consejo de Seguridad de Ucrania, señala que es imposible celebrar elecciones libres en aquellos territorios con Rusia controlando los resortes del poder regional. “Con soldados rusos y proxies allí no podemos tener tribunales, policía o delegaciones del Gobierno ucranios, por no hablar de partidos políticos y medios”, asegura Jara a El País.

“Nos dicen: cambiad la constitución, legitimizad a los agentes de las fuerzas rusas, y entonces retiraremos a las tropas de la frontera. Es como si en la Segunda Guerra Mundial se celebran elecciones en un campo de concentración. ¿Cómo las vas a legitimizar?”, dice el experto.

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“Nací en Donetsk, soy rusoparlante”, agrega Jara, que subraya que “no es una guerra civil”. “Rusia introdujo fuerzas especiales para minar la soberanía ucrania. Fracasaron en Járkov, Odesa, Dnipropetrovsk… pero lograron crear esta apariencia de revuelta en Donetsk y Lugansk”, puntualiza el analista antes de señalar que lo principal es la desescalada militar en la frontera. “Nuestros Gobiernos han cambiado muchísimo la legislación desde 2014 y se ha descentralizado el poder hacia las regiones. Lugansk y Donetsk podrían beneficiarse de eso, tendrían más autonomía que en 2014″, agrega Jara.

Durante su rueda de prensa, el ministro de Exteriores ruso afirmó que el Kremlin está dispuesto a abordar las relaciones bilaterales con el presidente ucranio, Volodymir Zelenski, pero no sobre ese conflicto. “Si quieren hablar del Donbás, diríjase al Grupo de Contacto que, como decidió el Formato de Normandía (formado por Ucrania, Rusia, Alemania y Francia), debe tratar todas las cuestiones entre Kiev y Donetsk, y Kiev y Lugansk”.

Estados Unidos no forma parte de esa estructura de negociaciones. Según Lavrov, el presidente norteamericano, Joe Biden, prometió a Putin en su encuentro del pasado 16 de junio en Ginebra que presionaría a Zelenski para hacer cumplir el acuerdo de Minsk y conceder un estatus especial al Donbás. Ayer, Biden y Zelenski conversaron por teléfono y reiteraron una vez más el compromiso que ha guiado las negociaciones de estos meses entre Rusia y los miembros de la OTAN: “Nada sobre Ucrania sin Ucrania”.

Discrepancias sobre un ataque inminente

No obstante, Kiev y Washington difieren sobre la inminencia de un ataque contra Ucrania, que según el país de Europa del Este no es factible ahora. Durante su rueda de prensa, Lavrov insinuó que algo podría suceder. “¿Quién ha evacuado sus embajadas? Estadounidenses, británicos y canadienses. Saben algo que el resto no sabe. Tal vez nosotros también deberíamos tomar precauciones en previsión de alguna provocación de ellos”, se preguntó retóricamente.

Lavrov acusó a Occidente de alimentar una guerra con la entrega de armas a Ucrania, algo que el partido de Putin también ha propuesto esta semana con los separatistas, aunque en este caso sería oficialmente porque hay numerosos indicios de que ya recibían suministros anteriormente.

Tras varios años de cierta tranquilidad, en los últimos meses han aumentado las acusaciones contra Kiev de preparar provocaciones para justificar una guerra. En un encuentro con el presidente ruso celebrado el 27 de diciembre, el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, afirmó tener información de que Occidente preparaba un ataque químico en el Donbás, y en la misma cita Putin aseguró que Estados Unidos “podría armar a los extremistas del país vecino y empujarlos contra algunas regiones rusas”, donde aludió explícitamente a Crimea.

Asimismo, estas semanas se han producido más detenciones en Rusia de supuestos saboteadores ucranios, y la prensa comenzó a divulgar hace dos días que la explosión de un autobús en Vorónezh del verano pasado, atribuida hasta ahora a motivos que nada tienen que ver con Ucrania, podría haber sido provocada por presuntos agentes de Kiev.

El ministro de Exteriores ruso anunció durante la rueda de prensa que habrá nuevas negociaciones entre las delegaciones de Moscú y Washington en el transcurso de las próximas dos semanas. Preguntado sobre la posibilidad de nuevas sanciones, como la desconexión de la banca rusa del sistema internacional, Lavrov advirtió de que esto “equivaldría a romper relaciones”. “No creo que este interese a nadie”, agregó.

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Nueva legislación en el Reino Unido busca reconocer a los animales como seres sensitivos

El Reino Unido quiere ser líder en la protección y derechos de los animales a nivel mundial aplicando restricciones más estrictas. El proyecto incluye la prohibición del foie gras o tráfico de animales, entre otros.

Deutsche Welle

12.05.2021

El gobierno británico presentó el miércoles (12.05.2021) un amplio plan de defensa de los derechos de los animales, que incluye, entre otras cosas, la lucha contra el tráfico de cachorros, la prohibición de importar trofeos de caza de especies protegidas y la venta del foie gras.

«Ahora que hemos abandonado la Unión Europea, el Reino Unido tiene nuevas libertades para seguir reforzando las normas de bienestar animal y consolidar su lugar como campeón mundial de los derechos de los animales», afirmó el gobierno en un comunicado.

El ejecutivo introducirá una legislación que, entre otras cosas, reconocerá que los animales son seres «sensitivos».

«Lideraremos la protección de los animales en el extranjero aplicando la prohibición de marfil más estricta del mundo y prohibiendo los trofeos de caza para proteger las especies emblemáticas», aseguró el ministro de Medio Ambiente, George Eustice.

 

Las medidas van desde modificar las normas de importación de cachorros hasta la prohibición de tener monos como mascotas, pasando por la restricción de la caza de aves con substancias adhesivas o la prohibición de la venta de marfil y la importación de aletas de tiburón.

El gobierno también está estudiando la posibilidad de prohibir la venta de foie gras, denunciado por los defensores de los animales como producido mediante «tortura», y planea prohibir los anuncios en el Reino Unido de atracciones poco respetuosas con el bienestar animal, como los paseos en elefante.

También quiere frenar el robo de mascotas, una lacra durante la pandemia, y garantizar que el bienestar animal no se vea comprometido en las futuras negociaciones comerciales que Londres quiere llevar a cabo con numerosos países.

«No podemos seguir ignorando los vínculos inextricables entre el modo en que tratamos a los animales, nuestra propia salud y la salud del planeta», afirmó Chris Sherwood, director ejecutivo de la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (RSPCA).


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