El Gobierno de Daniel Ortega ha expulsado este jueves de Nicaragua a Thomas Ess, jefe de misión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), ha confirmado el organismo. El Gobierno no ha informado el motivo de esta expulsión, que se da en medio de una cacería contra organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos. El CICR es la única organización a la que se le permite inspeccionar las condiciones en las que están los presos políticos del régimen, al menos 179 personas que, según sus familiares, sufren maltratos, no tienen acceso a atención médica y están en difíciles condiciones en las cárceles del régimen.
“El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) confirma que recibió una carta en la que el Gobierno de Nicaragua notifica que decidió retirar el beneplácito a nuestro jefe de misión de Nicaragua. No conocemos las razones de esta decisión que nos tomó por sorpresa. Pese a esta situación, el CICR ratifica su compromiso de continuar su labor humanitaria en Nicaragua, apegado a sus principios de neutralidad, imparcialidad e independencia”, ha confirmado a este diario una fuente del organismo internacional.
El CICR logró el permiso del Gobierno en 2019 para visitar las cárceles del país e inspeccionar la situación de los detenidos por el régimen, aunque los resultados de sus gestiones son confidenciales. La revista Confidencial, de Managua, ha informado de que los familiares de presos políticos informaron que el CICR solicitó al Gobierno de Ortega el ingreso a las celdas de ‘El Chipote’ —prisión considerada como centro de tortura por organismos de derechos humanos— para conocer la situación de los detenidos, pero las autoridades negaron el acceso. “La última información que tuvimos es que se le ha negado sistemáticamente el ingreso al CICR, a la Dirección de Auxilio Judicial específicamente, a pesar de haber hecho distintas gestiones”, informó Ana Lucía Álvarez, hermana de la presa política Tamara Dávila, citada por Confidencial.
Para los familiares de los presos políticos, el CICR es una de las pocas esperanzas que tienen para conocer las condiciones de salud de sus allegados, dado que el Gobierno es renuente a permitir visitas, dar atención médica o distribuir medicinas para los detenidos, principalmente unas 20 personas consideradas de la tercera edad y otros que sufren enfermedades crónicas. La represión se ha convertido en uno de los pilares para mantenerse en el poder de Ortega, que ha desatado una cacería brutal contra quienes expresen alguna crítica contra el régimen. Los más de 170 presos políticos han sido detenidos, juzgados y sentenciados bajo acusaciones relacionadas a lavado de dinero, menoscabo a la soberanía o crimen organizado.
Los juicios son considerados espurios y en ellos no se han podido probar los delitos que se le imputan a los detenidos. Es el caso, por ejemplo, de Cristiana Chamorro, candidata opositora condenada a ocho años de cárcel. Otros presos políticos han recibido condenas de hasta 15 años por delitos inexistentes.
Organizaciones de derechos humanos y familiares denuncian que estas personas detenidas por criticar al régimen están en condiciones inhumanas en las cárceles, incomunicados y muchos sufren delicadas condiciones de salud. El pasado 12 de febrero falleció en una de estas prisiones el exguerrillero histórico del sandinismo, el general en retiro Hugo Torres, quien estaba recluido en una celda de la cárcel de ‘El Chipote’.
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La expulsión de Thomas Ess se suma a las decisiones del Gobierno de echar de Nicaragua en 2018 a una misión de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), a la misión de expertos la CIDH, y al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni). Estos organismos han denunciado en sucesivos informes que en Nicaragua se han cometido crímenes de lesa humanidad.
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Polonia ha dado este miércoles un paso más en la línea dura contra Moscú que abandera, al anunciar la expulsión de 45 diplomáticos rusos ―en torno a la mitad del personal de la Embajada en Varsovia― por sospechas de espionaje. Los 45 tienen “distintos estatus diplomáticos” y un máximo de cinco días para abandonar el país, salvo uno, que solo goza de 48 horas, ha señalado el portavoz de Exteriores, Lukasz Jasin, en una rueda de prensa en el Ministerio. El anuncio se produce la víspera de que se cumpla un mes de guerra en Ucrania y horas antes de que aterrice en Europa el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que visitará Polonia tras participar en tres cumbres internacionales en Bruselas. Pawel Jablonski, vicesecretario de Estado de Exteriores polaco, ha precisado a este periódico que la expulsión es “una decisión preparada antes y coordinada con otros países”.
Jasin ha señalado dos motivos para la fulminante expulsión: que “cometieron actividades contrarias a la ley polaca” y que “vulneraron las normas de la Convención de Viena”, el texto de 1961 que regula las relaciones e inmunidad diplomáticas. Poco antes de que se hiciera pública la orden, el portavoz de los servicios especiales, Stanislaw Zaryn, había anunciado que la agencia de seguridad interior había identificado a 45 personas que trabajaban como espías para Moscú o estaban relacionadas con esos miembros de los servicios secretos.
Poland’s Internal Security Agency (#ABW) has identified 45 individuals – Russian secret services officers and persons related to them enjoying diplomatic status in Poland.
Their expulsion from the territory of Poland is requested by the Head of the ABW.https://t.co/8KHIWzC45H
“Rusia es nuestro vecino, no va a desaparecer del mapa de Europa, pero la agresión a Ucrania prueba que es un Estado inamistoso, e incluso hostil, con Polonia”, ha agregado el portavoz. Jasin ha señalado que en cualquier caso la representación diplomática rusa no era “acorde” con el estado actual de las relaciones bilaterales entre Polonia y Rusia, históricamente complejas y marcadas por una desconfianza que se ha acrecentado tras la invasión de la vecina Ucrania.
También ha señalado Jasin en su comparecencia que las “actividades ilegales de estos diplomáticos pueden representar una amenaza” para los refugiados ucranios. Desde el inicio de la guerra han llegado a Polonia 2,1 millones de personas procedentes de Ucrania —de los 3,6 millones que han huido a los países vecinos en el éxodo de refugiados más rápido en Europa desde el fin de la II Guerra Mundial—, según los últimos datos de la agencia de refugiados de la ONU, Acnur, del pasado martes. Se calcula que unos 1,8 millones de esos refugiados permanecen en territorio polaco.
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El embajador ruso en Varsovia, Sergey Andreev, fue convocado por el Ministerio de Asuntos Exteriores polaco y aseguró a las puertas de la sede que las acusaciones contra los 45 diplomáticos carecen de base. Aclaró que se marcharán en el plazo establecido porque es una “decisión soberana” a la que “tiene derecho” Polonia, pero advirtió de que su país también tiene derecho a tomar decisiones, sin especificar cuáles adoptará.
Los países bálticos y Bulgaria han tomado medidas similares desde que comenzó la guerra, pero Polonia es el país más importante de la zona y uno de los que más aprietan para que la OTAN y la UE endurezcan su postura hacia Moscú.
Por una parte, cara a la reunión de los Vientisiete de este viernes, Varsovia propone dejar ya de comprar hidrocarburos a Rusia, un paso sobre el que no existe consenso en la UE. Además, en la reunión de la OTAN va a proponer formalmente enviar una misión de paz a Ucrania. Esta idea cuenta con muy pocos amigos por el rechazo de la Alianza a desplegar militares en un Estado que no pertenece a la organización a fin de defenderlo de una potencia nuclear.
Varsovia lanzó esta propuesta a la OTAN por primera vez el pasado día 15 de forma un poco sui generis: no de boca del primer ministro, Mateusz Morawiecki, sino del vice primer ministro y líder del partido ultraconservador Ley y Justicia (PiS), Jaroslaw Kaczynski. Fue durante el viaje sorpresa en tren a Kiev que hicieron los dos con los jefes de Gobierno de República Checa, Petr Fiala; y Eslovenia, Janez Jansa; en una iniciativa de la que se distanció Bruselas. “Creo que es necesario tener una misión de paz. De la OTAN, posiblemente una estructura internacional más amplia, pero una misión que sea capaz de defenderse y que opere en territorio ucranio”, dijo Kaczynski en la rueda de prensa posterior a su reunión con el presidente ucranio, Volodímir Zelenski.
Este miércoles, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, fue preguntado al respecto y respondió que sería “una decisión muy temeraria y extremadamente peligrosa”. Todo contacto entre fuerzas rusas y de la OTAN “podría tener claras consecuencias que serían difíciles de reparar”, agregó. La Alianza mantendrá este jueves una reunión de emergencia en Bruselas en la que estará Biden. También asistirá allí a las del G7 y la UE, de las que saldrá una nueva ronda de sanciones contra Rusia. El presidente de Estados Unidos volará un día más tarde a Polonia, en un claro gesto de apoyo a un país que teme ser la próxima víctima de Rusia, pese a pertenecer la OTAN. El artículo quinto de la Alianza obliga a los países que forman parte de la organización a acudir en defensa de cualquiera de sus miembros si es agredido. El sábado, Biden se reunirá en Varsovia con el presidente de Polonia, Andrzej Duda.
Una protesta contra la invasión rusa en Ucrania, este lunes ante la sede de la ONU en Nueva York.ANGELA WEISS (AFP)
Por actividades que no se corresponden con su estatus y, supuestamente, sin relación alguna con la guerra en Ucrania, EE UU ha anunciado este lunes la expulsión de 12 diplomáticos de la delegación rusa ante Naciones Unidas. La noticia se conoció en plena rueda de prensa del embajador ruso, Vasili Nebenzia, dedicada a analizar la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad ostentada por su país durante el mes de febrero, y que concluye este lunes. Emiratos Árabes Unidos tomará el relevo a partir del martes.
Cuando comparecía ante los periodistas, Nebenzia recibió una llamada telefónica y tras colgar, explicó lo sucedido, afirmando que aún desconocía la identidad de los expulsados y el motivo de la expulsión, y que los afectados tienen de plazo hasta el 7 de marzo para abandonar el país. “Acabo de recibir la noticia de que las autoridades estadounidenses acaban de declarar personas non grata a 12 miembros de la misión”, dijo el representante ruso. “Es una acción hostil y un desprecio y grave violación de los compromisos del país anfitrión [EE UU]” para con los extranjeros que trabajan en Naciones Unidas, dijo Nebenzia, asegurando que Moscú responderá con reciprocidad. La misión rusa está formada por un centenar de personas.
EE UU confirmó la noticia y rechazó que incumpliera sus compromisos con el Acuerdo de País Anfitrión que rige la presencia de la sede de la ONU en territorio estadounidense, dado que esas 12 personas son “agentes de inteligencia” que han “abusado sus privilegios de residencia al involucrarse en actividades de espionaje que son perjudiciales” para la seguridad nacional de Estados Unidos”. Se trata de una acción que lleva “varios meses desarrollándose”, concretó la portavoz estadounidense, Olivia Dalton, dando a entender que la medida no tiene que ver con la actual situación en Ucrania.
En un día de intensa labor negociadora en la sede de la ONU, ante la que se ha desarrollado una protesta contra la agresión rusa, han coincidido una reunión del Consejo de Seguridad a petición de Francia, para votar una resolución que garantice el acceso a la ayuda humanitaria de la población ucrania, y la convocatoria extraordinaria de la Asamblea, el plenario de los 193 países miembros de la organización. Es la undécima en la historia de la organización, y la primera desde 1982, tras la invasión israelí de los Altos del Golán.
La reunión empezó con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de la invasión rusa de Ucrania. António Guterres, secretario general de la organización, recordó el cerco completo de Kiev y los ataques contra infraestructuras civiles, en contra de lo que sostiene el Kremlin. “La mera idea de un conflicto nuclear es inconcebible”, subrayó el portugués. Los 193 miembros votarán una resolución de condena de la invasión de Ucrania similar a la vetada por Rusia en el Consejo de Seguridad celebrado el viernes. La de la Asamblea no tiene carácter vinculante, pero servirá para cartografiar la postura del mundo al respecto.
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“Si Ucrania no sobrevive, que no nos sorprenda si fracasa la democracia”, dijo el embajador de Ucrania ante la ONU, Sergii Kislitsia, al abrir el turno de oradores. “Salven a Naciones Unidas, salven la democracia y defiendan los valores en los que creemos”, imploró. Kislitsia acusó al Gobierno de Bielorrusia de “facilitar” la invasión rusa y comparó al presidente de Rusia, Vladímir Putin, con Adolf Hitler. “El único culpable es la Federación Rusa, que usa todo su potencial militar para atacar Ucrania, con misiles dirigidos a infraestructura [civil], como guarderías”. Kislitsia intercaló el inglés con el ruso para dirigirse directamente a su homólogo Nebenzia, al que leyó una carta de un soldado ruso a su madre justo antes de morir en combate sobre el horror de la guerra. Kislitsia recordó que “Rusia y solo Rusia” ha empezado este ataque contra territorio ucranio y recalcó que la decisión de invadir ha sido tomada por alguien que “ahora está en un búnker”.
El embajador ruso, como ha venido haciendo en las reuniones del Consejo de Seguridad -cuatro la semana pasada-, negó que tuviesen objetivos civiles y desmintió la ofensiva militar sobre Jarkov y Kiev. “Los bombardeos sobre Jarkov deberían ser verificados y las explosiones en Kiev no son ciertas; no tengo información [al respecto], pero nuestros misiles no están atacando edificios residenciales”, dijo, en contra de lo manifestado por Guterres. Con respecto a la alerta nuclear, “Dios no lo quiera”, subrayó, sostuvo que Putin la declaró a modo de “disuasión”.
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Lino Rojas y Yudith Pérez ante la estatua de Alejandro Magno, en octubre en Salónica, en una fotografía cedida por ellos.Cedida
José y Reinaldo jamás tuvieron entre sus planes llegar a Estambul. Y, sin embargo, aquí están: sin pasaportes, sin dinero, sin su ropa, y con las esperanzas de reconstruir su vida fuera de Cuba truncadas a medio camino. “Durante el camino tuvimos miedo al atravesar Serbia y Macedonia [del Norte]. Al llegar a Grecia pensamos, ya está, la Unión Europea, defensores de los derechos humanos y la democracia. Y no es así. Cuando te crees ya a salvo en Grecia, es cuando peor la pasas, cuando tu vida ya no vale nada”. Aún, tres meses después de lo sucedido, les es difícil encontrar un sentido a lo que les ha pasado, a cómo han sido forzados a vivir indocumentados en Turquía tras ser expulsados ilegalmente por Grecia. Aún les cuesta digerir el trauma, las palizas sufridas y la indefensión a la que se les ha sometido.
Debido al desplome de la economía cubana durante la pandemia y, especialmente, después de la represión de las protestas sociales del pasado verano, miles de cubanos han abandonado la isla. Con numerosas rutas aéreas canceladas por la covid-19 y ante la imposibilidad para los cubanos de lograr visados para la mayoría de países, muchos han decidido tratar de alcanzar Europa vía Moscú. Fue lo que hicieron José y Reinaldo después de vender sus respectivos apartamentos en La Habana. No solo buscaban una vida mejor, sino que también temían la persecución por haber participado en las protestas que comenzaron el 11 de julio: Reinaldo asegura que perdió su último trabajo por no inscribirse en una lista de voluntarios para reprimir a los manifestantes (los nombres de ambos han sido modificados porque temen que sus familias en Cuba sufran represalias).
Tras un mes en Rusia buscando diferentes vías, el 28 de octubre volaron a Serbia, de allí atravesaron caminando la frontera con Macedonia del Norte y, en un taxi, llegaron hasta la frontera griega, que también cruzaron irregularmente a través de las montañas. En Polikastro (Grecia) tomaron un autobús a Salónica y, de allí, otro a Atenas. Sin embargo, siete minutos después de partir, la policía ordenó detener el vehículo y arrestó a Reinaldo, José y un tercer conciudadano que viajaba con ellos, además de a otra familia cubana de cuatro miembros que también iba en el autobús y a un paquistaní. “Nos pidieron los teléfonos y los pasaportes. Les dijimos que estábamos en Grecia para solicitar asilo político y un policía nos aseguró que era un mero trámite y que al día siguiente quedaríamos libres. Nunca más volvimos a ver nuestros teléfonos ni nuestros documentos”, explica José.
Entonces estaban demasiado cansados —llevaban 48 horas de viaje ininterrumpido sin dormir, casi 700 kilómetros, más de 50 kilómetros a pie— para darse cuenta de que habían entrado en un complejo mecanismo de deportaciones masivas puesto en marcha por las autoridades griegas, que incumple todos los parámetros de la legislación nacional, europea e internacional. Un sistema que, según los testimonios recabados por este diario, por organizaciones de derechos humanos y por investigaciones independientes, se compone de numerosos sitios de detención oficiales e irregulares gestionados por agentes de policía y militares a lo largo de más de 400 kilómetros en el norte de Grecia, donde los migrantes sufren palizas y robos por parte de las propias fuerzas del orden y se les despoja de documentos y teléfonos móviles para evitar que quede rastro de estas prácticas.
Los detenidos fueron transportados durante algo más de media hora hasta un calabozo donde pasaron la noche. En las siguientes horas llegó una veintena más de detenidos, la mayoría sirios y afganos, aunque también otra familia cubana con un niño de tres años. “Pedimos telefonear a un abogado, pero nos lo negaron. Tampoco nos hicieron firmar un documento conforme a que estábamos detenidos. Lo tienen todo bien pensado para que, a partir de ahí, dejes de existir”, apunta Reinaldo.
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Al día siguiente, sin dejarles recoger sus mochilas —tampoco los medicamentos que Reinaldo necesita para tratarse una enfermedad crónica—, cargaron a todos los detenidos en una furgoneta blanca sin ventanas ni distintivo (similares a las que este periodista ha visto en la zona fronteriza entre Grecia y Turquía y que son utilizadas para llevar a cabo las devoluciones ilegales de migrantes). “Íbamos muy apretados y conducían muy rápido, nos dábamos golpes contra los lados y no se podía apenas respirar”, asegura José. Al cabo de dos horas de recorrido, se detuvieron, cambiaron de furgonetas y separaron a los cubanos del resto. Siguieron otros 45 minutos de trayecto y llegaron a lo que identifican como un campamento militar cercano a Alejandrópolis, según pudo ver José en los carteles de la autopista a través de una rendija en la furgoneta: “Era un lugar con un gran portón, con un muro alto de hormigón que impedía ver hacia afuera. Los militares llevaban pulóver verde olivo y pantalones de camuflaje. Se pusieron pasamontañas y no les pudimos ver la cara”, añade.
Según el relato de ambos cubanos —que coincide con otros testimonios del grupo recabados por la ONG Josoor—, los agentes griegos apartaron en una sala a las mujeres y el niño de tres años con su padre, e hicieron desnudarse al resto, dejando las ropas en un montón. Cuando se desnudaron comenzaron a golpearles entre varios agentes con bastones de plástico y varas de madera. “Me quitaron el reloj, los aretes, las cadenas, las manillas (pulseras) y un anillo. Tengo un piercing en la tetilla, pero no podía desenroscarlo y entonces me acercaron una especie de taser eléctrico (arma de electrochoque). Uno me preguntó: ¿Eres cristiano o musulmán? Cuando les dije cristiano no lo prendieron”, narra Reinaldo, y José añade: “A los que respondían ‘musulmán’, era como si mentasen al diablo. Era increíble cómo les pegaban, una escena muy desagradable, algo que yo únicamente había visto en películas”.
Otro grupo de cuatro cubanos que fue expulsado de Grecia en una fecha anterior denunció un trato similar y publicó en las redes un vídeo en el que se percibe la espalda y la cabeza de uno de ellos con numerosos hematomas, incluidos varios de ellos con heridas abiertas y una mano completamente hinchada, todo ello supuestamente resultado de los golpes de los agentes griegos.
Tras la paliza, los agentes obligaron a José, Reinaldo y al resto a vestirse rápidamente con lo primero que encontrasen en el montón de ropa, pero ni siquiera les permitieron enfundarse los abrigos o calzarse, tampoco recuperar su dinero: 7.680 euros que, según su testimonio, llevaban para continuar su ruta hasta España. Los volvieron a meter en furgonetas y siguieron rumbo al Este. Un joven sirio que se introdujo en la furgoneta de los cubanos, trató de calmarles diciendo que iban a ser devueltos a Turquía, que él ya sabía el procedimiento, porque era la cuarta vez que lo sufría. “Yo no le creía. ¿Qué tiene que ver Grecia con Turquía? No entendía nada. Siempre pensamos que nos iban a llevar a un aeropuerto para deportarnos a Cuba o a Macedonia del Norte, que era por donde habíamos entrado”, dice José.
Ya era de noche cuando los desembarcaron en una zona boscosa junto al río Evros. “Íbamos en fila, por grupos de a 10, descalzos, con un agente con uniforme azul [el de la policía griega] custodiándonos delante y otro detrás. Había un chico sirio, muy joven, al que no dejaron vestirse, ni siquiera los calzoncillos. Iba con sus manos tapándose. Esa imagen no se me va a olvidar. No solo el frío que pasaba, sino todo lo que le hicieron. Le metían la cara contra una alambrada de púas, le metieron la cabeza al río varios minutos, le daban golpes, sobre todo un policía en particular. Sin necesidad. Por gusto. ¿Por qué tuvieron que hacerle eso?”, rememora José, y se estremece al recordarlo: “Los policías iban con la mano en la pistola, y yo pensé que nos llevaban ahí para matarnos. Después de todo lo ocurrido, pensé que nos mataban. Así que le dije a mi amigo: ‘Si sacan la pistola, echamos a correr por el bosque”. Pero no, lo único que querían los agentes griegos era deshacerse de ellos enviándolos a Turquía: los montaron en botes hinchables, por turnos y en absoluto silencio para burlar la vigilancia de los turcos, y los trasladaron a la orilla oriental del río. Desde allí estuvieron vagando varias horas hasta que los militares turcos los descubrieron y les indicaron cómo llegar a Estambul, donde llevan tres meses viviendo de manera absolutamente irregular.
“Un negocio bien montado”
No son los únicos, en los últimos meses, la ONG Josoor ha documentado la deportación ilegal de 35 cubanos de Grecia a Turquía. Y cada semana siguen siendo expulsados más: hombres y mujeres de todas las edades e incluso familias con niños menores de edad, pese a las frías temperaturas que, esta semana, provocaron que 19 personas murieran de hipotermia durante la travesía del río Evros.
La modelo Tsunami Valiente, residente desde hace 14 años en Turquía y que ha organizado a la comunidad cubana de Estambul para ayudar a sus compatriotas indocumentados, afirma que hay más de 50 de los que ella tiene noticias: “Están aterrorizados, llegan psicológicamente traumatizados porque los agreden, los encierran y aparecen en un lugar que no conocen sin saber lo que les ha pasado. Yo entiendo que han entrado ilegalmente a Grecia, porque escapan de la dictadura cubana, pero para deportar a alguien hay que seguir unas normas, y Grecia está violando las leyes europeas y los derechos humanos”.
Entre los últimos en ser deportados están Yudith Pérez Álvarez y Lino Antonio Rojas Morell, que llegaron a Grecia irregularmente, por la misma vía que José y Reinaldo. Después de tres meses residiendo en Salónica, con ayuda de una amiga de nacionalidad griega decidieron entregarse a las autoridades helenas para iniciar el proceso de solicitud de asilo en Grecia. El jefe de policía de la Unidad de Extranjería de Salónica, Dimitrios Savvidis, dio instrucciones de que se desplazaran hasta el centro de internamiento de migrantes de Fylakio, en la provincia de Evros (fronteriza con Turquía). Explicaron su caso a los oficiales a cargo del centro, pero inmediatamente fueron detenidos y despojados de sus teléfonos, sus zapatos, sus medicinas e incluso de la compresa de higiene íntima que llevaba puesta Yudith, para alojarlos en una celda en la que pasaron la noche. Al día siguiente, fueron trasladados en barcas a través del río Evros.
“Un oficial me tomó la billetera con 375 euros y únicamente me devolvió los documentos, dos estampitas y una foto de mi nieto. El resto se lo metió en el bolsillo”, dice Lino: “A mí esto me parece un negocio bien montado por ellos. Porque a mi amiga de Salónica le dijo la policía que podíamos llevar dinero, que en ese campo se vendían cosas, que había quioscos de alimentos. Y nosotros pedimos a parientes que nos girasen dinero. Es un negocio preparado para robarte, porque las personas cuando llegan ahí desaparecen, no quedan registrados”. Sin embargo, en el caso de Lino y Yudith ambos tienen documentación que prueba su paso por Grecia: fotografías en Salónica, la compra de tarjetas SIM con su número de pasaporte, y una inscripción en la oficina de Médicos Sin Fronteras para recibir la vacuna contra la covid-19 a través de un organismo oficial griego.
Grecia niega de plano la existencia de estas prácticas, pese a que incluso el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y el Consejo de Europa se han quejado de ellas (en este caso, el Ministerio de Migración no respondió a las preguntas planteadas por EL PAÍS). Al quedarse los migrantes sin teléfonos móviles y sin documentos resulta muy difícil probar su paso por Grecia. “Pero, ¿cómo puede ser que yo, sin papeles, termine en Turquía, un país que exige visado a los cubanos?”, pregunta José de forma retórica.
Desde 2020, la Red de Monitorización de la Violencia Fronteriza (BVMN en sus siglas inglesas), en la que participan una docena de ONG y asociaciones europeas, ha documentado más de un centenar de casos en los que unas 8.000 personas fueron devueltas ilegalmente de Grecia a Turquía, la mayoría a través del río Evros. Natalie Gruber, portavoz de Josoor, asegura que en el 98 % de las deportaciones que documentaron en 2021 desde Grecia “hubo violencia”.
Una fuente del Gobierno turco, que contabilizó 16.000 devoluciones de refugiados y migrantes el pasado año, asegura que se ha empezado a detectar también el envío a territorio turco de personas que entraron a Grecia por un tercer país, como es el caso de los cubanos: “Grecia debe cumplir sus responsabilidades internacionales y poner fin a los pushback y expulsiones colectivas, y tratar a los solicitantes de asilo como seres humanos con derechos. Repetimos constantemente nuestras quejas en los foros internacionales. Por desgracia, ni Grecia ni la Unión Europea nos han hecho caso”.
Ruta de los Balcanes para llegar a España
Los grupos de Facebook de cubanos en Rusia, están repletos de mensajes de personas que ofrecen rutas aparentemente fáciles para llegar desde Moscú a Grecia y España: «Manden privado y les explico». Y otros tantos, de personas denunciando haber sido estafados tratando de hacer esas rutas. “Hay algunos a los que les ofrecen pasaje en un supuesto tren de Moscú a Madrid que no existe por 4.000 dólares (3.500 euros)”, explica José.
Hay quienes intentan llegar a la UE a través de la frontera rusa con los países bálticos o a través de la frontera entre Bielorrusia y Polonia, pero la mayoría se inclina por la llamada “ruta de los Balcanes” (de Turquía y Grecia a Europa Central), si bien en sentido contrario al utilizado desde la crisis de los refugiados de 2015. Aquel año, cerca de un millón de refugiados y migrantes llegaron a la UE a través de esa ruta, pero el control fronterizo se ha reforzado desde entonces y los cruces irregulares se han reducido drásticamente.
Desde Moscú, los cubanos vuelan a Serbia, otro de los países que no les exige visado. Luego, cruzando las fronteras de manera irregular atraviesan Macedonia del Norte —donde en los últimos tres meses han sido detenidos unos 200 cubanos sin papeles— o Kosovo y Albania, para llegar a Grecia en extenuantes caminatas a través de las montañas. Desde ahí intentan llegar a Italia en ferri o en avión, o directamente a España usando documentos falsos y aprovechando la menor vigilancia dentro del espacio Schengen. En octubre, un centenar de cubanos fueron detenidos cuando trataban de tomar un vuelo hacia Milán en la isla griega de Zante (las embajadas de Cuba en Grecia y Turquía no han respondido a las preguntas de EL PAÍS).
«En Atenas deben haber llegado unos 1.000», explica un cubano que pasó por Grecia y ahora se halla en España; una cifra que confirma otro migrante cubano que logró montarse en un avión hacia España tras 20 intentos infructuosos: “Yo tuve suerte, pero cada vez está más difícil salir de Grecia”. Según confirman varias fuentes, la vigilancia ha aumentado y las policías griega y española han iniciado investigaciones sobre las redes de tráfico de personas que, en su opinión, manejan este nuevo flujo migratorio. Los cubanos entrevistados, sin embargo, aseguran haber empleado la ayuda de los traficantes solo en algunos tramos de la ruta y que la mayor parte del camino la hacen siguiendo los consejos de otros compatriotas y guiándose por Google Maps.
Pese a las dificultades de la ruta y a que muchos pierden sus ahorros a manos de traficantes sin escrúpulos o policías con aún menos criterios éticos, las imágenes de aquellos que lo consiguen, posando orgullosos en España en sus publicaciones de Facebook, seguirán animando a otros a intentarlo.
Las autoridades rusas prometieron una “respuesta espejo” a la prohibición de la emisión del canal estatal Russia Today en Alemania (RT DE) por carecer de licencia. Apenas un día después, el Kremlin ha ordenado el cierre de las oficinas del canal alemán Deutsche Welle, que no podrá emitir más en Rusia y será declarado agente extranjero. “Esto es otra señal de que el Gobierno ruso no está interesado en la libertad de prensa ni en la libertad de opinión”, ha lamentado su director general, Peter Limbourg, en una entrevista publicada por el propio medio.
Moscú advierte de que esta decisión solo es su primer movimiento. “La información sobre los próximos pasos se publicará en el momento oportuno”, ha subrayado el Ministerio de Exteriores ruso, que además de estas medidas ha anunciado la cancelación de las acreditaciones de todos los empleados del grupo mediático alemán y la prohibición de entrar al país “de todas las personas involucradas en la restricción de la retransmisión de RT DE y de aquellas que han ejercido presiones sobre el operador ruso”.
La Comisión para la Supervisión de Medios de Comunicación alemana había anunciado el bloqueo de RT DE porque el canal comenzó a emitir por satélite el 16 de diciembre “sin tener un permiso legítimo bajo las leyes europeas”, licencia que tampoco solicitó, según el regulador. Por su parte, el canal estatal ruso afirmó contar con una autorización serbia válida para emitir en Europa, aunque también dispone de instalaciones en territorio germano.
A este enfrentamiento se sumó que YouTube también bloqueó en diciembre la emisión de RT DE a través de su plataforma por “incumplimiento de las normas de la comunidad”. La compañía, que actuó por cuenta propia como empresa privada atendiendo a sus reglas, explicó que el medio estatal ruso violó sus restricciones contra la desinformación con la covid-19 y posteriormente intentó eludir tramposamente su veto temporal. Moscú acusó entonces a Berlín de censura.
Deutsche Welle comenzó a emitir en ruso en 1962, cuando Nikita Jruschov lideraba la Unión Soviética. El anuncio a bombo y platillo del jueves de las autoridades rusas no ha ido acompañado por una notificación a los propios afectados, según ha denunciado Limbourg. El directivo prometió que su filial rusa continuará con su actividad “hasta que se anuncien oficialmente las medidas”, y aseguró que su retransmisión “no se verá afectada de ninguna manera, sino que será seriamente fortalecida”. En su opinión, estas acciones “son incomprensibles e inadecuadas”.
Hace ya dos años y medio, en agosto de 2019, el propio Ministerio de Exteriores ruso insinuó que podía adoptar medidas con Deutsche Welle por su “inaceptable” cobertura de las protestas que vivió Moscú a raíz de unas elecciones locales.
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El medio alemán no es el primero en ser prohibido en Rusia. Por ejemplo, el regulador de internet bloquea el acceso a todos los periódicos y televisiones ucranianos, igual que hace Kiev con los rusos y algunos emporios como el del empresario prokremlin Víktor Medvedchuk. Además, en el último año han sido expulsados varios periodistas europeos de Rusia. Una es la reconocida reportera de la BBC Sarah Rainsford, que tras haber informado desde Moscú durante más de dos décadas vio no le renovaron su visado en agosto de 2021 después de cubrir las protestas de Bielorrusia. El corresponsal del diario holandés De Volkskrant, Tom Vennik, también fue expulsado por “varias violaciones de las normas administrativas”.
Por su parte, la emisión de Russia Today está prohibida en Letonia y Lituana desde 2020 por supuestamente tener lazos con el editor jefe del grupo Rossiya Segodnia, Dmitri Kisiliov, sancionado por la Unión Europea por su papel en la anexión de Crimea en 2014. RT negó esta vinculación y el portavoz del presidente ruso, Vladímir Putin, acusó a aquellos países de intimidar a los periodistas.
El máximo responsable de Deutsche Welle destacó además que no es una “respuesta simétrica”, ya que los periodistas rusos seguirán acreditados y podrán trabajar en Alemania, a diferencia de sus empleados en Rusia. Asimismo, destacó que Deutsche Welle es un servicio público independiente del Gobierno, mientras que Russia Today es un canal estatal.
“¡Gracias, cariño!”, publicó la directora de RT, Margarita Simonián, en su perfil de Telegram junto al comunicado del Ministerio de Exteriores. La jefa del canal estatal ruso, que ha llegado a referirse a Putin con el sobrenombre de Vozhd, el mismo título que recibía Iosif Stalin, advirtió sobre la posibilidad de vetar a más medios alemanes si Berlín responde y lanzó un aviso a Francia y España. “(Emmanuel) Macron ha dicho varias veces que el canal ruso interfiere en su campaña electoral e intentará hacer todo lo posible para suspender RT. Además, ahora cuenta con el apoyo de Berlín. No se puede descartar que le siga Madrid”, agregó sin matizar que ambas filiales emiten sin problema con sus licencias en regla.
El cierre del medio se produce en vísperas de la primera visita oficial a Rusia del canciller alemán, Olaf Scholz, según revela el medio Süddeutsche Zeitung. El veto a Deutsche Welle se produce además pese a la política de apaciguamiento de Berlín en torno a la tensión que se vive en el Este de Europa entre Rusia y los países de la OTAN, papel en el que ha llegado a impedir el envío de armas a Ucrania a través de su territorio.
Además, Berlín es el gran promotor y lobbista en la Unión Europa del gasoducto Nord Stream 2, que conecta el bombeo de gas ruso directamente con su territorio sin pasar por otros socios del bloque. El veto a Deutsche Welle se produce precisamente dos días después de que Bruselas suspendiera indefinidamente la autorización del proyecto, del que aún analiza su posible uso como arma de presión por el Kremlin.
