Mostrando entradas con la etiqueta conspiración. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta conspiración. Mostrar todas las entradas


En esta foto de archivo del 26 de septiembre de 2020, el líder de Proud Boys, Henry "Enrique" Tarrio.
En esta foto de archivo del 26 de septiembre de 2020, el líder de Proud Boys, Henry «Enrique» Tarrio.Allison Dinner (AP)

Henry “Enrique” Tarrio, exlíder del grupo de extrema derecha Proud Boys (Chicos Orgullosos), ha sido arrestado este martes por un cargo de conspiración para obstruir un procedimiento oficial, la certificación del triunfo de Joe Biden el 6 de enero de 2021. Tarrio, de 38 años, no estaba en Washington el día del asalto al Capitolio, pero el Departamento de Justicia tiene pruebas de que ayudó a coordinar la insurrección. Esta tarde el jurado del primer juicio penal relacionado con el ataque ha condenado a Guy Wesley Reffitt, de Texas, por intentar obstruir la certificación del Congreso, un delito por el que arriesga hasta 20 años de cárcel.

“A los parásitos del Congreso y a los que quieren robar la Casa Blanca, si queréis una guerra, tendréis una guerra”, sostuvo Tarrio en un evento en la capital estadounidense días antes del suceso. El oriundo de Miami e hijo de padres cubanoestadounidenses, y Stewart Rhodes, fundador y líder del grupo de milicias de extrema derecha Oath Keepers, acusado a mediados de enero de conspiración sediciosa, enfrentan los cargos más graves presentados por el Departamento de Justicia en relación al ataque al Capitolio. Rhodes, de 56 años, permanece en la cárcel a la espera de su juicio.

El 4 de enero de 2021, la policía de Washington arrestó a Tarrio por cargos de destrucción de propiedad relacionados con la quema de una bandera con el lema antirracista Black Lives Matter en una histórica iglesia de la comunidad negra. Al día siguiente fue puesto en libertad con la condición de que abandonara la capital. Siempre según la acusación, Tarrio se reunió ese día con Rhodes y otros ultras durante media hora. ”En el encuentro, un participante hizo referencia al Capitolio”, reza la declaración del Departamento de Justicia.

Tarrio ha sido acusado junto a otros integrantes destacados de Proud Boys, como Ethan Nordean y Joseph Biggs. Es probable que vayan a juicio el 18 de mayo. El exlíder del grupo puede recibir hasta 20 años de prisión en caso de condena.

El FBI califica a los Proud Boys como un “grupo extremista con vínculos con el nacionalismo blanco” y el Southern Poverty Law Center (SPLC), la institución de referencia en el estudio del extremismo en EE UU, lo incluye en la lista de grupos de odio del país. Durante la campaña presidencial sonaron mucho en un debate entre Donald Trump y Biden. Cuando les pidieron que condenaran el supremacismo blanco, el republicano pidió que le dijeran a quién debía condenar. Biden sugirió a los Proud Boys. “Proud Boys, retroceded y quedaos a la espera”, replicó Trump, inspirando a los seguidores del movimiento ultra.

La condena contra Guy Wesley Reffitt, de 49 años, se dio a conocer tres horas después del primer día de deliberaciones del jurado del primer juicio penal relacionado al asalto al Capitolio, que comenzó hace una semana e incluyó testimonios de policías, un agente del Servicio Secreto y uno de sus compañeros del grupo paramilitar Tres por ciento. El jurado también condenó a Reffitt por llevar un arma ilegal durante el ataque y por amenazar a sus hijos para evitar que lo entregaran a las autoridades.

Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.

Suscríbete

Sigue toda la información internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.





Source link



Donald Trump y algunos de sus asesores participaron en una “conspiración criminal” para engañar a la ciudadanía y revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, según un documento presentado este miércoles por el comité de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero ante un tribunal. Si el Departamento de Justicia revisa el material y considera que existen suficientes pruebas, el republicano podría ser acusado de conspiración para defraudar a Estados Unidos y obstrucción a un proceso oficial del Congreso al intentar bloquear la certificación de la victoria del demócrata Joe Biden.

“El Comité también tiene una base de buena fe para concluir que el presidente y los miembros de su campaña participaron en una conspiración criminal para defraudar a los Estados Unidos”, reza el documento presentado ante un Tribunal de Distrito en California. Además de los esfuerzos para entorpecer la certificación, “también hay pruebas de que la conspiración se extendió a los insurgentes involucrados en actos de violencia en el Capitolio”.

La comisión investigadora —formada por siete demócratas y dos republicanos— no tiene el poder de presentar cargos penales, pero sí puede recabar pruebas de un posible delito y recomendarle al Departamento de Justicia que actúe.

“La evidencia respalda que el presidente Trump y los miembros de su campaña sabían que no había ganado suficientes votos electorales legítimos para ser declarado ganador de las elecciones presidenciales de 2020 durante la sesión conjunta del Congreso el 6 de enero, sin embargo, el presidente trató de usar el vicepresidente para manipular los resultados a su favor”, apunta el documento. El abogado John Eastman, que asesoró a Trump en los últimos meses de su presidencia, presionó a Greg Jacob, representante del entonces vicepresidente Mike Pence, para que éste interviniera y detuviera la ceremonia de certificación de los votos electorales, según la nueva documentación.

El documento judicial surgió de una demanda presentada por Eastman, que está intentando bloquear la entrega de sus documentos al comité alegando una invasión “muy partidista” de su privacidad. El abogado ha revelado cerca de 8.000 páginas de correos electrónicos, pero aún mantiene en secreto 11.000 documentos, citando el privilegio abogado-cliente. El comité ha basado su caso para obtener el material solicitado argumentando que el que ese privilegio no es aplicable cuando la información confidencial busca promover u ocultar un delito.

La comisión ha entrevistado a más de 550 personas relacionadas con las elecciones presidenciales de 2020, entre ellos funcionarios estatales, altos cargos del Departamento de Justicia y parte de la cúpula de Trump. Richard Donoghue, el número dos del Departamento de Justicia durante el mandato del republicano, sostuvo en su interrogatorio que él mismo había intentado disuadir a Trump de sus acusaciones sobre un supuesto fraude electoral. “Le dije varias veces al presidente que las denuncias sobre el contrabando de votos en una maleta y contados varias veces en las máquinas no era verdad. Le dije varias veces que lo habíamos mirado, que habíamos revisado los vídeos, entrevistado a los testigos, y que no era cierto”.

Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.

Suscríbete

Esta es la información más detallada y reveladora que ha presentado hasta ahora el comité que trabaja desde hace nueve meses en intentar aclarar qué pasó el 6 de enero de 2021 y cómo pueden evitar que vuelva a ocurrir algo así. Está previsto que la comisión investigadora publique todos sus hallazgos antes de las elecciones legislativas de noviembre.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región.



Source link


La manifestación del convoy de la libertad, como tal, no ha tenido lugar este lunes en Bruselas. Distintos grupos han pululado desde primera hora de la mañana por la ciudad de un lado a otro, a pie, en busca del reencuentro con sus colegas. El núcleo más numeroso, a media tarde, quizá reuniera a un centenar de personas frente al Parlamento Europeo. Pero ha quedado lejos del teórico bloqueo de la capital de la UE al que aspiraban, emulando el movimiento nacido en Canadá para luchar contra las medidas impuestas por la pandemia. No ha habido ni siquiera vehículos: los manifestantes los han dejado en las afueras para evitar los controles, después del aviso de prohibición de las autoridades belgas.

Uno de los puntos de encuentro, en teoría, es la rotonda de Schuman, epicentro de las instituciones europeas, donde flamean las banderas azules con estrellas. Allí, hacia las 10.30, esperan cuatro amigos junto a una tanqueta de policía, de las que dispersan protestas con chorros de agua. Se conocieron en 2018, en las manifestaciones de los chalecos amarillos que sacudieron Francia contra la subida de una tasa en el diésel, según cuentan. Llevan tantas protestas a sus espaldas que han perdido la cuenta. Han venido desde Marsella hasta Bruselas, los cuatro en una caravana, con dos perros y en su opinión el convoy se parece mucho al movimiento de los chalecos: “Es un basta ya”, sostienen. “Al principio era un movimiento económico. Con la pandemia ha pasado a otro nivel: político y sanitario. Francia se ha convertido en una dictadura”.

Ellos cuatro son una pequeña muestra de un heterogéneo movimiento que aglutina a gente de todo tipo: antivacunas en general, gente del sector agrario, herederos del movimiento de los chalecos amarillos, amantes de las teorías de la conspiración… Los cuatro tienen su forma de ver el mundo, que van desgranando mientras deambulan por las grandes avenidas del barrio europeo, en busca de compañeros de fatigas. Por ejemplo: “Es el doctor Anthony Fauci quien ha fabricado la covid”, explica Daniel Guirado, 70 años, extrabajador de una fábrica de aluminio, hoy cerrada, que viste de chándal y sombrero. Asegura haber visto pruebas en intercambios de correos publicados por Wikileaks. Según su versión, no contrastada, Fauci, responsable del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos y experto en el VIH, habría creado el coronavirus y después lo habría llevado hasta Wuhan (China) con la treta de los Juegos Mundiales Militares de 2019 celebrados en esa ciudad. A partir de ahí arranca la historia que todos conocemos, y las consiguientes restricciones cuyo objetivo, o uno de ellos, según estos cuatro manifestantes, es controlar a la población.

Los cuatro prosiguen su peregrinaje, confundidos entre el edificio de la Comisión Europea, el del Consejo Europeo y el del Parlamento Europeo. La zona está blindada de policías: la última manifestación contra las restricciones de la pandemia reunió a 50.000 personas y acabó en enfrentamientos con los agentes y edificios públicos atacados. A Guirado lo acompañan su esposa Agnès Guirado, 63 años, enfermera jubilada; Alain Gouin, 62 años, responsable de mantenimiento en un hospital; y otro Alain, que prefiere no dar el apellido, 55 años, reponedor de supermercado. Solo Gouin está vacunado. Le costó, pero accedió tras semanas suspendido de empleo y sueldo: es obligatorio para seguir trabajando en el centro médico.

“Todo está conectado”

Durante el paseo recorren infinidad de asuntos: supuestos apocalipsis leídos en la dark web, aquella vez que les gasearon en una manifestación en Montpellier, lo que esconde el ataque a las Torres Gemelas, la manipulación de las pruebas PCR… hablan como si hubiera un plan previsto. “Hay un plan”, replica el Alain sin apellido. “Empezó en 1956 con la primera reunión del club Bilderberg”. En esta versión no contrastada del mundo, el objetivo de este club es “eliminar a los seres humanos de la Tierra”. Añade: “¿Has leído la Biblia? Hay un pasaje en el que dice que el bien se convertirá en el mal y el mal en el bien. Estamos en ese momento”. Y también hace notar: “Todo está conectado”.

Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.

Suscríbete

De vez en cuando se cruzan con otros manifestantes —una chica de Lille, otra de Dunquerque; dos de Niza que han pasado por París y muestran vídeos de sus hazañas—. Siguen sin saber dónde tendrá lugar el gran encuentro, así que deciden ir a comer. Un empleado de la Comisión les recomienda la mejor friterie de la zona, famosa por haber vendido un cucurucho de patatas a la excanciller alemana, Angela Merkel. Allí se encuentran con otros miembros del convoy, se dan ánimos. Se sientan en un banco con los cucuruchos, sacan unas Leffe de la mochila y sirven la cerveza en unas tacitas desechables. Luego hacen sus necesidades en unas cabinas portátiles. Y prosiguen sin rumbo fijo.

Alain dice que protesta porque se corre el riesgo de que desaparezca una forma de vida en libertad. Quiere evitar que sus hijos “sean sumisos”. Él es divorciado, tiene una hija de 17 años. “¿Por qué prohíben hacer cosas si no te vacunas?”, protesta. “No pueden obligar a hacer algo que no quieres”.

Acaban de recibir una pista: los manifestantes se van a reunir en una plaza en el centro, a media hora. Allí se dirigen a pie. Pero uno de ellos, agotado, se acabará volviendo a la caravana; otro se irá con él para echarle una mano. Y Alain Gouin, entre tanto, continúa con la explicación del plan global (no contrastado): “El objetivo es disminuir la población mundial para que quede en un 10% de la que hay hoy; dejarla en 750 millones de personas”. Esto, asegura, ocurriría para 2030. Habría, además, un Gobierno dirigido por la ONU, y el resto serían Estados esclavos. Cuando se le pregunta dónde encuentran pruebas de todo lo que afirma, responde: “Llevamos tres años en esto. Tenemos verdaderas fuentes internas”. Su objetivo, dice, es que las mentiras queden expuestas, para que la verdad aflore “y la gente se despierte”.

Para dar fuerza a sus argumentos, subraya por ejemplo que el recientemente fallecido Nobel de medicina Luc Montagnier, célebre por sus investigaciones del VIH, afirmó que el coronavirus fue creado artificialmente. Esto sí es contrastable: “No es natural, es el trabajo de un profesional, un biólogo molecular, un relojero de secuencias. ¿Con qué fin? No lo sé”, aseguró Montagnier en televisión, según recogió en 2020 Le Monde. Tras estas declaraciones, la comunidad científica repudió al investigador francés, muy crítico con las vacunas.

En el lugar señalado, la plaza de Sainte Catherine, tampoco son muchos: unas decenas de personas. Comienzan a ser conscientes de que hay distintos grupos repartidos en diferentes puntos de la ciudad. Algo ha debido de fallar. “Divide y vencerás”, rumia Agnès Guirado. “Han conseguido que no nos juntemos”.

En la plaza, una mujer toma un megáfono y lee un manifiesto contra los medios de comunicación “mainstream”, colaboradores de “un plan diabólico”, que han contribuido, según acusa sin pruebas, a “instaurar el terror” y que “mentira tras mentira ha permitido hacer perder la cabeza al pueblo sumiso”. Hay aplausos —breves— y enseguida se corre la voz de que la protesta continúa frente el Parlamento Europeo. Los dos marselleses que quedan tuercen el gesto: de allí vienen; hay otra media hora de caminata de vuelta, y cuesta arriba. Llegarán pocos y cansados. La jornada concluirá sin que una manifestación del convoy de la libertad, propiamente dicha, tenga lugar en Bruselas.

Sigue toda la información internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.

Contenido exclusivo para suscriptores

Lee sin límites





Source link


Dora María Tellez retratada en su casa en Managua, en julio de 2018.
Dora María Tellez retratada en su casa en Managua, en julio de 2018.Carlos Herrera

La exguerrillera sandinista Dora María Téllez, una de las figuras claves en la liberación de Nicaragua de la dictadura somocista, ha sido condenada en la tarde de este jueves por la justicia de Daniel Ortega bajo por los supuestos delitos de “menoscabo a la integridad nacional” y “conspiración”. El juez Ángel Jancarlos Fernández realizó un audiencia exprés, de menos de siete horas y, enseguida, la Fiscalía pidió para la historiadora y crítica de la actual administración 15 años de cárcel, más la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La condena de Téllez, inmortalizada por el Nobel Gabriel García Márquez en la crónica Asalto al Palacio, ocurre en un ciclo de juicios políticos programados contra los 47 opositores que Ortega encarceló a partir de junio de 2021 para eliminar toda competencia de las elecciones generales de noviembre pasado, en las que se declaró ganador sin competencia, perpetuándose en el poder junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

La histórica y emblemática exguerillera de 66 años fue sometida a un juicio sin garantías procesales, de acuerdo a defensores de derechos humanos. Pero también agravado por varios factores: la audiencia fue realizada a puertas cerradas en El Chipote, la misma cárcel donde está encerrada y sufriendo torturas, según sus familiares, a quienes les impidieron ingresar al juicio.

Los únicos que tuvieron acceso fueron los abogados de Téllez, pero fueron incomunicados. De acuerdo al artículo 121 del Código Procesal Penal, los juicios deben celebrarse en la sede de los tribunales y no en prisión. Sin embargo, los familiares de los reos de conciencia creen que este hermetismo es para que no se filtren imágenes del deterioro físico y emocional de los acusados producto de los malos tratos que han recibido durante el encierro.

El juicio de Téllez ha seguido la misma tónica de los primeros cuatro opositores procesados esta semana: Yader Parajón, Yaser Vado González, Alexis Peralta y la activista Ana Margarita Vijil quien, tras ser declarada culpable por “conspiración”, escribió en el acta de culpabilidad “soy presa política” debajo de su nombre.

Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.

Suscríbete

En paralelo a Téllez, también fue juzgado el líder estudiantil Lesther Alemán, reconocido por haber enfrentado cara a cara Daniel Ortega en 2018 en una mesa de diálogo. En aquella ocasión, el estudiante emplazó al mandatario, lo conminó a cesar la represión de las protestas sociales y a salir del poder. El universitario fue también condenado por cometer “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y la Fiscalía, igualmente, ha pedido la pena máxima de 15 años.

Lesther Alemán en una foto de archivo de mayo de 2018 cuando se enfrentó públicamente a Daniel Ortega.
Lesther Alemán en una foto de archivo de mayo de 2018 cuando se enfrentó públicamente a Daniel Ortega. Alfredo Zuniga (AP)

“Hoy que Lesther es condenado cumple 213 días encarcelado arbitrariamente. El debido proceso es inexistente y le han violado todos sus derechos humanos. Lesther no ha podido hablar con su abogado ni recibir visitas de sus familiares. Ha sido sometido a interrogatorios extenuantes como mecanismo de tortura, a una mala alimentación y condiciones sanitarias que han afectado su salud”, expresó el grupo estudiantil del que Alemán es integrante. “El juicio contra Lesther ha sido ilegal e ilegitimo; una farsa judicial propia de una dictadura cuyo poder emana de la farsa electoral y violación sistemática a los derechos humanos de los nicaragüenses”, añadieron en un comunicado.

Juez sin competencia

La veterana defensora de derechos humanos Vilma Núñez de Escorcia, no solo cataloga como políticos estos juicios, sino que asegura que son “farsas y montajes”. Primero porque cuando la Fiscalía anunció la reactivación de los procesos en un comunicado, el tono era condenatorio de antemano al catalogar a los presos políticos como “criminales y delincuentes”. El Ministerio Público arrolló la presunción de inocencia antes de que los procesados pudieran estar frente a un juez.

Para los defensores de derechos humanos y familiares, los acusados tienen que enfrentar una defensa a ciegas. Entre las anomalías judiciales que han detectado está que los únicos testigos aportados por la Fiscalía son policías y simpatizantes sandinistas. Además, las pruebas presentadas son capturas de pantalla de redes sociales, algunas trucadas, mientras que los abogados defensores no han podido visitar a los acusados de previo y tampoco las querellas han sido cargadas en el sistema del poder judicial.

“Los juicios de Dora María y Lesther, aparte de todas las nulidades que se han venido cometiendo en la tramitación, y repetidas hoy en esta audiencia exprés, tienen un grave contrasentido con el Código Penal: el delito de ‘Menoscabo a la integridad nacional’ debe ser conocido por un tribunal de jurado y no por un juez técnico. Es decir, que estos jueces no tienen competencia. Entonces hay nulidad… pero ya sabemos que en Nicaragua los alegatos jurídicos no sirven para nada”, explicó la doctora Núñez a EL PAÍS.

El régimen Ortega-Murillo reanudó los juicios políticos este primero de febrero, mientras familiares de detenidos y el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) hicieron el llamado a un diálogo con el fin de liberar a los encarcelados. El régimen ignoró dicha disposición y apuró los procesos contra los opositores, los que –de momento– están agendados hasta el 24 de febrero. Lejos de mostrarse dispuesto a ablandarse, Ortega ha radicalizado su represión y procesa a las voces críticas con algunas de las leyes creadas para cazar disidentes, como la Ley de Defensa a los Derechos del Pueblo o Ley de Ciberdelitos, ambas aprobadas por la Asamblea controlada por el sandinismo.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región



Source link


El fundador de Oath Keepers, Stewart Rhodes, habla durante el mitin sobre libre expresión en 2017 en Berkeley, California.
El fundador de Oath Keepers, Stewart Rhodes, habla durante el mitin sobre libre expresión en 2017 en Berkeley, California.Jim Urquhart (REUTERS)

Stewart Rhodes, fundador y líder del grupo de milicias de extrema derecha Oath Keepers, ha sido arrestado y acusado este jueves de conspiración sediciosa en relación al ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. El miembro de más alto rango de un grupo extremista imputado por el suceso también ha sido acusado de planear un complot para interrumpir la sesión de certificación de Joe Biden como vencedor de las elecciones presidenciales en el Congreso. Una decena de otros asociados a Oath Keepers también han sido imputados por conspiración sediciosa, el cargo más grave presentado hasta ahora por el Departamento de Jusiticia en el marco de las investigaciones sobre el asalto ejecutado por una turba de simpatizantes de Donald Trump.

Además de Rhodes, de 56 años, el FBI también detuvo esta tarde a Edward Vallejo, de 63 años. Los otros nueve miembros de la milicia acusados ya habían sido imputados por otros cargos. El cargo de conspiración sediciosa requiere que los fiscales demuestren que al menos dos personas acordaron usar la fuerza para derrocar la autoridad del gobierno o retrasar la ejecución de una ley estadounidense. Conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.

Tras la noche electoral, Rhodes predijo que EE UU se encaminaba hacia una guerra civil y que nunca reconocerían como legítima la victoria del presidente electo Joe Biden. El exmiembro del Ejército y licenciado en derecho en la Universidad de Yale no ingresó al edificio federal. Sin embargo, mantuvo comunicaciones con sus compañeros de grupo que sí accedieron al Capitolio, según le informó al FBI la pasada primavera durante un interrogatorio en Texas.

Los fiscales han recopilado contundente evidencia en contra de los imputados, incluidos chats encriptados en aplicciones móviles y grabaciones de reuniones en línea. Las autoridades acusan a los miembros de la milicia de entrar por la fuerza al edificio y de montar una “fuerte de reacción rápida” con armas en un hotel en Virginia, muy cerca de Washington, con personas dispuestas a desplazarse rápidamente a la capital estadounidense. La acusación contra Rhodes describe que los miembros de Oath Keepers formaron dos filas militares cuando ingresaron al edificio del Congreso. La primera se dividió para acceder a la Cámara de Representantes y al Senado. La segunda se enfrentó con los agentes de la policía del Capitolio.

The Oath Keepers y los Proud Boys son los principales grupos ultra involucrados en el ataque que dejó cinco muertos y 140 heridos. Un año después, hay más de 700 acusados y solo 71 condenas. Ese día, Rhodes envió un mensaje a sus seguidores: “Acumulen municiones” y prepárense para una “guerra total en las calles”, según la comisión investigadora del Congreso sobre el 6 de enero. Dos días antes del asalto, publicó un artículo en el sitio web de Oath Keepers llamando a “todos los patriotas” a “mantenerse firmes en apoyo de la lucha del presidente Trump para derrotar a los enemigos extranjeros y nacionales que están intentando llevar a cabo un golpe de estado”.

Previo a las elecciones de noviembre de 2020, según los fiscales federales, Rhodes instó a sus compañeros a apoyar a Trump, llamándolo el “presidente debidamente elegido” y agregó: “Pueden llamarlo insurrección o pueden llamarlo guerra”. Cuando la victoria de Biden ya era un hecho, el hombre le pidió a Trump que invocara la Ley de Insurrección en un mitin a favor del republicano en Washington, sugiriendo que si no lo hacía, se iba a desencadenar una “guerra mucho más sangrienta”.

Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.

Suscríbete

Otra escalada en las pesquisas sobre el ataque vino desde la comisión investigadora del Congreso. Los legisladores emitieron esta tarde citaciones a Meta (ex Facebook), Google, Alphabet y Reddit por no proporcionar información completa sobre cómo sus plataformas difundieron falsedades que fomentaron la insurrección. “No podemos permitir que nuestro trabajo se retrase más”, dijo en un comunicado el presidente del comité, el demócrata Bennie Thompson. “Dos preguntas clave para la comisión son cómo la difusión de información errónea y el extremismo violento contribuyeron al ataque contra nuestra democracia, y qué medidas, si las hubo, tomaron las empresas de redes sociales para evitar que sus plataformas se convirtieran en caldo de cultivo para radicalizar a las personas hacia la violencia”, apuntó.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región



Source link

top