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Brent Renaud, periodista y director de documentales estadounidense, de 50 años, tenía experiencia en cubrir situaciones de guerra. Había documentado las guerras de Irak, Afganistán y Libia, y ahora se encontraba en Ucrania para informar acerca de ese conflicto en el corazón de Europa. Este domingo, cuando atravesaba en coche un control de carreteras en Irpin, localidad situada a 25 kilómetros de Kiev, junto con el fotógrafo estadounidense de origen colombiano Juan Arredondo y su conductor ucranio, su vehículo fue tiroteado. Renaud recibió un disparo en el cuello que le mató, mientras sus dos compañeros de viaje resultaban heridos. Es el segundo reportero que muere cubriendo la guerra en Ucrania provocada por la invasión rusa del pasado 24 de febrero. El operador de cámara ucranio Yevhenii Sakun perdió la vida el pasado 2 de marzo en el bombardeo de la torre de comunicación de Kiev.

“Estábamos cruzando el primer puente en Irpin”, ha explicado Arredondo en un vídeo grabado mientras era atendido en una camilla del hospital de Okhmatdyt, en Kiev. “Íbamos a grabar a otros refugiados que estaban saliendo [de la localidad]. Alguien nos ofreció un coche para llevarnos al otro puente y, al cruzar el puesto de control, empezaron a dispararnos. El conductor dio la vuelta, pero siguieron disparando. Mi amigo Brent Renaud tenía un tiro en el cuello y se quedó atrás. Nos separamos”, ha recalcado el fotógrafo que, en el momento de ofrecer su testimonio, desconocía la suerte que había corrido su compañero.

El testimonio de Juan Arredondo, el periodista herido este domingo que ha contado cómo fue el ataqueVídeo: EPV

La muerte de Renaud fue confirmada inicialmente por la Policía de Kiev, que culpó a las fuerzas rusas del tiroteo. En un primer momento, se divulgó que Renaud trabajaba para The New York Times, un extremo desmentido por ese periódico, que precisó que el periodista había colaborado con ellos en el pasado, pero que no estaba cubriendo la guerra de Ucrania para esa cabecera. El diario atribuyó el equívoco al hecho de que el director de documentales llevaba encima en el momento de su muerte un carné de prensa antiguo que lo identificaba como su colaborador. Con la muerte de Renaud son ya 11 los periodistas muertos en Ucrania desde 2014, año en el que se desató el conflicto en la región del Donbás, en el este del país.

Poco después del fallecimiento del camarógrafo, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) pidió una investigación para esclarecer el ataque, mientras que el Gobierno de Estados Unidos prometió que habría “consecuencias apropiadas” y apuntó que está en contacto con las autoridades ucranias para lograr más información sobre el incidente. Según su página web personal, Renaud trabajaba frecuentemente con su hermano Craig en la producción de documentales y programas de televisión y había recibido el prestigioso premio Peabody por su trabajo.

“Estamos impactados y tristes por la muerte del periodista estadounidense Brent Renaud en Ucrania. Este tipo de ataques son completamente inaceptables y son una violación de la ley internacional”, dijo en un comunicado el director de programa del Comité de Protección de los Periodistas (CPJ), Carlos Martínez de la Serna.

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El ataque en el que ha muerto Brent Renaud estuvo precedido por otros contra periodistas en los 18 días que dura esta guerra. El 26 de febrero, el reportero Stefan Weichert y el fotógrafo Emil Filtenborg Mikkelsen, del periódico danés Ekstra-Bladet, se dirigían a informar sobre un jardín de infancia bombardeado en la ciudad nororiental de Ohtyrka cuando su coche fue tiroteado y ambos sufrieron graves heridas de bala a pesar de llevar chalecos antibalas.

El 4 de marzo, un equipo de la cadena Sky News tuvo que ser evacuado después de que sus cinco integrantes sufrieran otro tiroteo, que atribuyeron a las fuerzas rusas, en Bucha, cerca de Kiev.

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Mujer colombiana asesinada por estadounidense.

Este jueves se conoció que Roberto Colón pasará el resto de sus días en prisión.

Noticias Colombia.

Un hombre estadounidense acusado de asesinar a su esposa colombiana fue declarado culpable por una corte del Estado de Florida recibiendo una sanción ejemplar.

Roberto Colón fue condenado a cadena perpetua, por el crimen de María Estela Gómez Mulett, una mujer de 45 años que en marzo de 2021 le fue arrebatada la vida.

Mujer asesinada por su esposo en Estados Unidos.

Su cuerpo fue hallado por las autoridades, enterrado el patio de su casa en Hialeah, ciudad ubicada en el Condado de Miami-Dade.

Por este hecho, Roberto Colón, de 66 años, fue arrestado a las pocas horas.

En la vivienda se hallaron rastros de sangre y este individuo aseguraba que los fluídos eran de su perro. Aunque en primera instancia, advirtió que la sangre era suya y que era producto de la mala instalación de una puerta.

Roberto Colón, sujeto condenadon a prisión.

Inclusive, en tono burlesco le decía a los policía que revisaban su casa ue «encontraran el cuerpo», dando a entender que en el sitio no había ningún cadáver. Finalmente no fue así.

En el interrogatorio comentó que «despidió a Gómez Mulett como cuidadora de su madre porque creía que su esposa le había robado miles de dólares. Dijo que fue a una cita con el médico después de una discusion con ella y que cuando regresó a casa, su esposa no estaba».

Sin embargo, esta version, fue desmentida al conocer que Colón asesinó a la mujer.

Cabe anotar que María Estela se hallaba desaparecida desde el 28 de febrero de 2021.

De acuerdo a los testimonios de amigos de la colombiana, ella se casó con Colón para adquirir la ciudadanía estadounidense. Ambos se conocieron semanas antes.

Ella también cuidadaba de la madre de este hombre, mujer de avanzada edad que padece de demencia senil.

María Estela era natural de Corozal. Sucre. Además bacteriológa de profesión. Tenía dos hijos.

Foto de portada: carlosmahecha

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Un militar ucranio divisa con prismáticos un puesto del Ejército ruso, este domingo a las afueras de Brovary, un suburbio de Kiev.
Un militar ucranio divisa con prismáticos un puesto del Ejército ruso, este domingo a las afueras de Brovary, un suburbio de Kiev.DIMITAR DILKOFF (AFP)

Transcurrieron seis días desde que el presidente de Estados Unidos dijo que creía que, en efecto, Vladímir Putin ya había tomado la decisión de invadir Ucrania, el 18 de febrero, viernes, hasta que se hizo efectiva la ofensiva rusa, la madrugada del jueves 24 de febrero, jueves. La Administración de Joe Biden llevaba semanas advirtiendo de que el dirigente ruso había realizado todos los preparativos necesarios para el ataque. Los servicios de inteligencia habían hecho y compartido el seguimiento milimétrico y en tiempo real del movimiento de las tropas rusas por la frontera del país hoy agredido. También conocían el plan del Kremlin de fabricar un pretexto en forma de ataque falso para justificar su acometida contra Ucrania.

La inteligencia de EE UU ha eliminado el factor sorpresa de la ecuación de la agresión rusa. Contribuyó a preparar la oleada sincronizada de sanciones al Kremlin y a facilitar la evacuación de ciudadanos estadounidenses en Ucrania. También sirvió para enviar tropas de refuerzo a los países miembros de la OTAN en el Este de Europa y, en definitiva, para conformar la postura de la opinión pública, unánime en su condena de la guerra.

Casi dos décadas después de la polémica invasión de Irak con el argumento jamás probado de la existencia de armas de destrucción masiva en ese país, la inteligencia de Estados Unidos se ha apuntado ahora una victoria, que no cumple ninguna función redentora, ni tampoco ha logrado impedir el ataque en la práctica: Putin se encuentra ya asediando la capital, Kiev, sin temblarle el pulso ante las víctimas civiles. Pero la información de la inteligencia estadounidense sí ha ayudado a unir a los aliados ante la amenaza del Kremlin y ha concedido un margen de maniobra para diseñar un programa de sanciones en varios frentes, coordinado y sin precedentes. Todo ello tampoco ha servido para parar lo que parece ser el mayor riesgo de una guerra mundial en 80 años.

“La calidad de la inteligencia estadounidense es algo que no podemos alcanzar, tienen penetrado hasta el último rincón de lo que ocurre en Moscú, y es evidente que temen sinceramente que algo puede ocurrir”, decía a este periódico un alto funcionario comunitario en Washington a principios de febrero. Sin embargo, en esas fechas las autoridades europeas empleaban aún un tono muy diferente del de Estados Unidos. Mientras los norteamericanos planteaban la retirada de diplomáticos del país, sus socios del Viejo Continente no consideraban que hubiera motivos suficientes. Si Washington exponía el arsenal de sanciones que estaba dispuesto a aplicar, Bruselas escondía las cartas.

En ese momento, en cualquier caso, Estados Unidos no daba por seguro aún que Moscú hubiera tomado la decisión de invadir, pero sí que tenía el plan perfectamente diseñado y que deseaba hacerlo. El 28 de enero el Pentágono advirtió de que Rusia tenía en la frontera con Ucrania plena capacidad militar para invadir todo el país, una acumulación de tropas —entonces cifrada en unos 130.000 militares— inédita “desde los tiempo de la Guerra Fría”. Y alertaba: “Hay múltiples opciones posibles, incluida la toma de ciudades y territorios significativos, pero también actos coercitivos y actos políticos que buscan la provocación como el reconocimiento de la ruptura de territorios”.

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El propio presidente ucranio, Volodímir Zelenski, llegó a prevenir a Occidente contra la difusión de mensajes “alarmistas” sobre un ataque inminente, lo que, unido a los continuos desmentidos de Rusia, contribuyó a generar dudas sobre la solidez de la información que manejaban los aliados. El tiempo ha despejado esas sospechas de un modo atroz.

El 21 de febrero Putin reconoció la soberanía de los territorios prorrusos de Donetsk y Lugansk como dos nuevas repúblicas independientes, y ordenó la entrada de los primeros soldados rusos con el objetivo de “mantener la paz” y proteger a la población, víctimas, según el Kremlin, de un “genocidio” por parte de Kiev. Putin denunciaba ataques terroristas en la zona. Apenas 48 horas después, en plena reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unida en Nueva York (madrugada del 24 de febrero en Ucrania), el presidente ruso declaró la guerra a Ucrania bajo el eufemismo de una “operación militar especial”.

Los primeros avisos de que algo así podía pasar llegaron a la Casa Blanca el pasado mes de octubre a través de reuniones secretas del equipo de Seguridad Nacional. El desaguisado de la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán estaba muy reciente, al igual que el conflicto surgido por el acuerdo militar suscrito con el Reino Unido y Australia a espaldas de los aliados. Biden trató de atajar las suspicacias con Europa. Decidió, en primer lugar, compartir los hallazgos de la inteligencia con los socios al otro lado del Atlántico (Alemania y otros países de la UE muy dependientes del gas ruso asumieron la información y obraron en consecuencia); luego, con la opinión pública. Acto seguido, redobló el envío de ayuda a Ucrania.

Siempre un paso por delante del Kremlin, la inteligencia estadounidense ha debido enfrentarse también a un componente fundamental de la guerra híbrida, la desinformación, sazonado por otro más tradicional, las operaciones de sabotaje. Washington alertó a finales de enero de que Rusia planeaba un ataque falso contra sus fuerzas en el este de Ucrania como pretexto para invadir la antigua república soviética. Un mes después, recurría a presuntos actos terroristas en Donetsk y Lugansk para justificar la “operación militar especial” que hoy ha situado al mundo al borde del abismo. El señuelo del sabotaje sigue siendo utilizado como recurso desinformativo por el Kremlin: el incendio en la central nuclear de Zaporiyia, asaltada este viernes, se debió a un “sabotaje ucranio” para desviar la culpa a Moscú, según el embajador ruso ante la ONU. La información satelital ha desmentido el pretexto.

El éxito se debe a una conjunción de elementos: una red de información reconstruida sobre el terreno en Rusia, los satélites gubernamentales y comerciales —como los de la empresa Maxar Technologies, desde Colorado— que rastrean el movimiento de las tropas, el perfeccionamiento de la capacidad para interceptar comunicaciones e incluso material de código abierto seleccionado de las redes sociales rusas.

Los avances en la criptología y la tecnología de intercepción electrónica durante la última década, junto con una dependencia cada más global de las redes informáticas y las comunicaciones móviles, han reforzado los recursos de inteligencia, según el diario The New York Times. Aunque el propio Vladímir Putin evita el uso de dispositivos electrónicos, sus soldados llevan teléfonos no seguros en sus bolsillos, lo que multiplica los puntos de recolección de datos.

Legisladores demócratas y republicanos han considerado estos días la precisión de las predicciones como un merecido espaldarazo a la comunidad de inteligencia, que arrastraba críticas por fiascos como el de Afganistán o, en 2003, el supuesto arsenal de armas de destrucción masiva de Sadam Husein.

Algunos en EE UU sostienen que Washington y Kiev podrían haber hecho más con esa abundante información recopilada, que la Administración de Biden ha compartido con la de Zelenski pese a una cierta reticencia inicial. La Casa Blanca suministró su inteligencia a Ucrania, incluso antes de que Rusia comenzara a acumular tropas el año pasado, y aceleró el intercambio de información durante la crisis. La Administración Biden rebajó las restricciones habituales en temas de inteligencia para compartir los hallazgos con los ucranios y, a continuación, con los aliados.

Aun así, Estados Unidos y Ucrania a menudo estuvieron en desacuerdo en público y en privado sobre la naturaleza y el alcance de la amenaza rusa y las acciones que debían adoptarse. Zelenski no movilizó a los reservistas hasta el miércoles 23, la víspera de la invasión, cuando decretó el estado de emergencia durante 30 días.



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Un trabajador camina frente a una refinería en Anzoategui, Venezuela, en una imagen de archivo.
Un trabajador camina frente a una refinería en Anzoategui, Venezuela, en una imagen de archivo.Kimberly White (Kimberly White)

Una delegación de alto nivel del Gobierno de EE UU ha viajado este sábado a Caracas con la intención de proponer a Nicolás Maduro un acuerdo económico para suplir algunas demandas energéticas en su economía, tras la imposición de sanciones a Rusia por invadir Ucrania. La información, sin confirmación oficial, ha sido publicada por el diario The New York Times.

La iniciativa contemplaría la introducción de medidas para relajar las sanciones internacionales a Venezuela, dando a Caracas, además, opciones para recuperar su producción petrolera en un contexto global de volatilidad y precios récord. Con la tentadora iniciativa, Estados Unidos mueve sus fichas para intentar mitigar la influencia geopolítica de Rusia entre sus aliados latinoamericanos.

El supuesto viaje de la delegación estadounidense ha sido recibido con hermetismo en Caracas. Fuentes próximas a la negociación, sin embargo, dan por hecho que las conversaciones están en curso. Otras fuentes con acceso a la embajada de Estados Unidos en en Caracas han confirmado la visita oficial, aunque afirmando que el objetivo de la visita —la de más alto nivel en mucho tiempo— sería discutir la posible liberación de presos políticos estadounidenses en Venezuela, incluidos los seis gerentes de la filial Citgo, la filial petrolera de Venezuela en EE UU. En la oposición venezolana hay total hermetismo sobre la noticia.

El mercado estadounidense fue el destino tradicional de las exportaciones petroleras venezolanas antes de la llegada al poder de Hugo Chávez, en 1999. Washington rompió relaciones y cerró su embajada en Caracas en 2019, tras acusar a Nicolás Maduro de fraude electoral. La Administración de Donald Trump impuso duras sanciones al régimen chavista y reconoció como presidente del país al opositor Juan Guaidó.

Francisco Monaldi, economista especialista en petróleo y consultor internacional, explica que la influencia de la producción petrolera de Venezuela en el mercado internacional —unos 800.000 diarios— es modesta. “En el corto plazo, difícilmente Venezuela pueda mantener de forma sostenible la producción de un millón de barriles diarios” afirma. “Las escalas de producción de Rusia y Venezuela son incomparables; no hay un experto capaz de sostener que Venezuela tenga una influencia en el mercado energético en los próximos seis meses.”

El acuerdo puede tener sentido, según Monaldi, a medio plazo: el fin de las sanciones internacionales podría ofrecer a Venezuela la posibilidad de aumentar su producción actual. El Gobierno venezolano parece decidido a cambiar el marco institucional de inversiones para fomentar la participación privada en sus yacimientos, que son los más abundantes en reservas de todo el mundo.

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“Ahora mismo, a Estados Unidos le interesa especialmente suplir unos 500.000 barriles diarios de crudo pesado y derivados que Rusia venía vendiéndole, para sus refinerías en el golfo de México, y que años atrás producía Venezuela”, recuerda Monaldi, mientras subraya que ninguno de estos factores va a resolver, por sí solo, el encarecimiento del precio de los combustibles.

Durante la presidencia de Donald Trump, mientras Maduro consolidaba su autocracia y Washington respondía con sanciones, Caracas ha enviado numerosos mensajes conciliadores a la Casa Blanca proponiendo acuerdos en materia energética con facilidades para la inversión, que también supongan el fin de las sanciones. Tras negar durante años la crisis, el discurso oficial achaca hoy a las sanciones internacionales el derrumbe de la economía.

Pero a la vez, en los dos últimos años, Venezuela ha reforzado su alianza con Moscú, con un capítulo muy sobresaliente en el campo militar. Maduro ha justificado y respaldado de forma expresa la invasión rusa a Ucrania. Venezuela no participó en la votación de una resolución de condena adoptada el miércoles por la Asamblea General extraordinaria de la ONU.

Una fuente vinculada al sector privado de la producción local de petróleo, en el anonimato, apunta que, con esta iniciativa, la Administración de Biden puede ofrecer a Caracas el levantamiento de las sanciones, o reducirlas significativamente, a cambio de que Maduro organice una elecciones limpias y verificables en 2024 que supondrían el principio del fin de las tensiones bilaterales.

Pero Diosdado Cabello, número dos del régimen, reiteró recientemente que “no se sabe” cuándo serán las elecciones presidenciales en Venezuela, argumentando que el acoso de Estados Unidos y la Unión Europea al régimen dificulta el escenario.

Tras conocer la existencia de las negociaciones, el senador republicano estadounidense Marco Rubio ha declarado que “Biden está usando la excusa de Rusia para proponer el acuerdo que siempre quiso hacer a Maduro. En lugar de producir más petróleo local, quieren reemplazar el petróleo que comparaba a un dictador asesino [Putin], comprando a otro dictador y asesino [Maduro]”.

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En medio de una de las peores crisis económicas de la historia de Cuba, con el país bajo una inflación desatada y la convulsión de las protestas del 11 de julio que todavía colea —con su secuela de juicios contra al menos 790 manifestantes, parte de ellos encausados por el delito de sedición—, este 3 de febrero se cumplieron 60 años del día en que el entonces presidente norteamericano John F. Kennedy firmó la orden número 3447, que proclamó el “embargo a todo el comercio con Cuba” un año después de que ambos países rompieran relaciones diplomáticas.

Con motivo del aniversario, el Archivo Nacional de Seguridad de EE UU (NSA, por sus siglas en inglés) acaba de publicar una docena de documentos desclasificados que arrojan luz —y no pocas sombras— sobre la que seguramente es la medida punitiva contra un país más larga de la historia moderna. Los papeles oficiales dados a conocer por el NSA —institución académica adscrita a la Universidad George Washington— registran los orígenes, justificación y evolución de las sanciones económicas adoptadas por el Gobierno norteamericano desde que Fidel Castro llegó al poder, comenzando por el famoso memorándum del 6 de abril de 1960 del subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, Lester Mallory, dirigido al entonces presidente Dwight Eisenhower y titulado “El declive y la caída de Castro”, en el que argumenta sin tapujos la necesidad de aplicar medidas coercitivas contra la naciente revolución para derrocarla.

La revolución de Fidel Castro, argumenta Mallory en el escrito, es “bastante popular”, y dado que no hay una “oposición efectiva” contra él, la única forma de socavar el apoyo es “a través del desencanto y la desafección basada en la insatisfacción económica y las dificultades”. Mallory, señala el NSA, aboga en ese momento por un conjunto de sanciones económicas diseñadas para negar “dinero y suministros a Cuba, para disminuir los salarios monetarios y reales, para provocar el hambre, la desesperación y el derrocamiento del Gobierno”.

Este temprano memorándum, básico para entender la justificación política del embargo norteamericano que sigue vigente hoy, es complementado por el NSA con otros documentos, mensajes y deliberaciones secretas de diversas administraciones norteamericanas, incluidas las consideraciones del exsecretario de Estado Henry Kissinger en 1975 de usar el embargo como moneda de cambio para normalizar las relaciones con Cuba.

Un original revelador es el informe secreto de la CIA titulado “Sanciones de Estados Unidos y la OEA contra Cuba (1962-presente)”, elaborado en 1982. Este concluye que “desde el principio las sanciones comerciales fueron significativamente perjudiciales para el crecimiento y el desarrollo general de Cuba”, si bien admite que el embargo no “había cumplido” con sus objetivos y que “los costos políticos superaban sus beneficios”. El documento dado a conocer por la NSA considera que “si bien Estados Unidos promueve públicamente el objetivo de una Cuba verdaderamente libre e independiente, el objetivo final siempre ha sido sacar a Castro del poder y hacer que el apoyo a Cuba sea lo más costoso posible para los soviéticos”.

Otro memorándum de Harry Shlaudeman, subsecretario adjunto para América Latina durante la Administración Gerald Ford (que sustituyó a Nixon tras su dimisión), recomienda a Kissinger “moverse rápidamente para negociar con Cuba, utilizando el levantamiento del embargo, en etapas, como moneda de cambio”. El documento, de 1975, propone restablecer relaciones diplomáticas y consulares como parte de un acuerdo inicial que incluiría un levantamiento parcial del embargo y compromisos mutuos sobre la no intervención y negociaciones para resolver las reclamaciones de EE UU.

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“Nuestro interés es dejar atrás el tema de Cuba, no prolongarlo indefinidamente”, indica Shlaudeman, estableciendo una serie de pasos para normalizar relaciones y finalmente sacar el “tema intrínsecamente trivial” de Cuba “de las agendas internas e interamericanas”.

Otro dossier de la etapa de la Administración Carter (1977-1981) describe el debate secreto sobre si excluir o no los alimentos y medicinas del embargo. En ese momento la flexibilización de las sanciones era defendida por varios congresistas y senadores estadounidenses, y el entonces secretario de Estado, Cyrus Vance, aconsejó al presidente “retrasar” la exención de alimentos y medicinas “hasta que los cubanos tomen medidas para contribuir al proceso de mejora de las relaciones”. El argumento era que Cuba necesitaba “demostrar la seriedad de su propio interés en mejorar las relaciones”.

Según el centro académico, el asesor de Seguridad Nacional de ese momento, Zbigniew Brzezinski, pidió a Carter permanecer “neutral” en el proyecto de ley del Senado para eximir a esas categorías del embargo, recomendando que su postura no fuese “la de la neutralidad benevolente, sino más bien la de la neutralidad escéptica”, por temer que la suavización del embargo dejara a Vance con “poca o ninguna influencia para lograr concesiones necesarias para hacer que la normalización sea políticamente aceptable para Estados Unidos”.

De acuerdo con Peter Kornbluh, director del Proyecto de Documentación de Cuba del NSA y responsable de la investigación, “el embargo interminable se ha convertido en un símbolo perdurable de hostilidad perpetua en la postura de Estados Unidos hacia Cuba”.

Junto a los documentos publicados, el NSA adjunta una cronología de la historia de las sanciones norteamericanas contra Cuba realizada por el académico William Leogrande (coautor junto a Kornbluh de Back channel to Cuba [Canal negro a Cuba, en inglés], libro que recopila las múltiples negociaciones secretas realizadas entre Washington y La Habana en el último medio siglo). Leogrande repasa los hitos de la política de embargo desde Eishenhower hasta Biden, que después de abogar por un cambio en las relaciones con Cuba en la línea normalizadora de Obama sigue instalado en la política de presión de su antecesor, Donald Trump.

“Durante la campaña de 2020, Joe Biden prometió revertir las sanciones de Trump que perjudican a las familias cubanas, especialmente las restricciones a las remesas y los viajes familiares. Una vez en el cargo, a pesar de sus repetidas promesas de restaurar los servicios de remesas, no hizo nada, dejando todas las sanciones de Trump en su lugar”, señala Leogrande.

La proclama presidencial 3447 de John F. Kennedy entró en vigor el 7 de febrero de 1962. Seis décadas después, el embargo se mantiene y La Habana y Washington siguen entrampados: el Gobierno cubano achaca al “bloqueo genocida” casi todos sus males, y EE UU dice que es una excusa y que no habrá cambios si Cuba no cambia primero. Febrero de 2022, y en esas estamos.

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Desfile de combatientes del ISIS en Raqa (Siria) tras la proclamación del califato, a principios del verano de 2014.
Desfile de combatientes del ISIS en Raqa (Siria) tras la proclamación del califato, a principios del verano de 2014.

La estadounidense Allison Fluke-Ekren organizó y dirigió un batallón militar exclusivamente femenino en las filas del Estado Islámico (ISIS, en sus siglas inglesas), ha informado el Departamento de Justicia este sábado. Una denuncia presentada en 2019 en el tribunal federal del Distrito Este de Virginia, acusa a la mujer, que viajó a Siria para enrolarse en la organización yihadista, de proporcionar y conspirar para proporcionar apoyo material al ISIS. Fluke-Ekren, de 42 años, llegó supuestamente a presentar al líder del autodenominado califato, Abubaker al Bagdadi, planes para atentar contra una universidad estadounidense sin precisar que finalmente no se concretaron al quedarse embarazada. Su esposo, comandante de los francotiradores en Siria en 2014 y cuya identidad no ha sido revelada, resultó muerto en un bombardeo contra posiciones del ISIS. La pareja se conoció en EE UU y llegó al país árabe con 15.000 dólares para comprar armas.

La acusada, que fue detenida en Siria en una fecha indeterminada, fue puesta a disposición del FBI este viernes y posteriormente trasladada a Virginia. Se espera que comparezca en el juzgado federal de Alexandria el lunes a primera hora de la tarde. Originaria de Texas, donde fue profesora, la mujer estuvo involucrada en actividades tales como la planificación y el reclutamiento de agentes para un potencial ataque contra un campus universitario dentro de Estados Unidos. También fue la líder del batallón Khatiba Nusaybah, que entrenaba a mujeres en el uso de rifles de asalto AK-47 y granadas y en la comisión de atentados suicidas mediante cinturones de explosivos. También instruyó a menores en el uso del Kaláshnikov. Uno de los testigos explicó que los líderes del ISIS y los responsables militares estaban orgullosos de tener una instructora estadounidense.

Basada en el testimonio de seis personas, la demanda establece que la acusada estuvo activa entre 2014 y 2017. En ese periodo, la mujer indicó también su intención de volar un centro comercial de su país con un coche bomba, pues consideraba que un atentado que no matase a un gran número de personas era un desperdicio de recursos. Inspirada en los atentados del ISIS que golpearon varias capitales europeas, Fluke-Ekren aspiraba a replicar los golpes en su país de origen, según uno de los testigos de la fiscalía.

A finales de 2016, la estadounidense había llegado arriba en la cadena de mando del ISIS gracias a los servicios prestados como responsable de la Khatiba, formada únicamente por esposas de combatientes del ISIS. Según uno de los testigos, la dirección del autodenominado Estado Islámico ordenó a las mujeres que se quedaron en Raqa durante el asedio de 2017, para continuar con el entrenamiento. La ofensiva fue lanzada por las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) para expulsar a los yihadistas de la antigua capital de facto del califato en Siria (la otra era Mosul, en Irak, donde fue proclamado). La batalla comenzó en junio y concluyó en octubre de 2017, momento en el que las FDS recuperaron el control de la arrasada ciudad.

El descubrimiento de que una ciudadana estadounidense llegó a escalar en las filas del ISIS se produce la misma semana que el ISIS resurgía en Siria, con un prolongado asalto contra una cárcel en la que estaban internos gran número de combatientes de la organización. Aunque la identidad del marido de Fluke-Ekren no ha sido revelada, el caso de la mujer es uno más entre las ciudadanas extranjeras asimiladas al ISIS, la mayoría de las cuales ha acabado, junto con sus hijos, en campos del noreste sirio tutelados por las fuerzas kurdas. Varios de los nombres de guerra que usó Fluke-Ekren la presentan como madre, entre otros, de Mohamed y Jabril. Se ignora el paradero de los menores.

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Donald Trump, durante un mitin para impugnar la certificación de los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.
Donald Trump, durante un mitin para impugnar la certificación de los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.JIM BOURG (REUTERS)

El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó el miércoles una solicitud del expresidente Donald Trump para bloquear la entrega de documentación de la Casa Blanca relacionada con el asalto al Capitolio. La decisión del máximo tribunal —de mayoría conservadora, y con tres magistrados nombrados por el exmandatario republicano— despeja el camino legal para que la comisión investigadora del Congreso pueda acceder a casi 800 páginas de registros sobre el ataque del 6 de enero de 2021.

Entre los documentos solicitados por el comité a los Archivos Nacionales, la institución que custodia esos registros, figura información relacionada con los principales asesores de Trump y los memorandos a su secretaria de prensa. También el llamado diario de la Casa Blanca, un registro de las actividades, viajes, reuniones informativas y llamadas telefónicas del entonces mandatario. Los abogados de Trump fracasaron en su intento de ocultar la información invocando el privilegio ejecutivo, una disposición legal que protege las comunicaciones del presidente estadounidense con su equipo.

“El presidente Trump es más que un ciudadano común”, dijeron los abogados del republicano en una carta dirigida al Supremo para bloquear el acceso a los documentos mientras continuaba la batalla legal en los tribunales de menor rango. “Él es uno de los cinco estadounidenses vivos a quienes, como expresidentes, se les otorga autoridad especial para tomar determinaciones con respecto a la divulgación de registros y comunicaciones creados durante sus mandatos”, agregaron. Según el exmandatario, si los documentos solicitados se hacen públicos, la seguridad nacional estará en peligro. El presidente Joe Biden rechazó invocar el privilegio ejecutivo para este caso.

Los abogados de la comisión investigadora, formada por siete congresistas demócratas y dos republicanos, argumentaron ante el alto tribunal que este no debería torpedear su investigación. El trabajo del comité “es de la mayor importancia y urgencia: investigar uno de los episodios más oscuros en la historia de nuestra nación, un asalto mortal al Capitolio y al Congreso de Estados Unidos, y una interrupción sin precedentes de la transferencia pacífica de poder de un presidente a otro”, defendieron.

Solo el juez Clarence Thomas dejó constancia de que estaba en contra de rechazar la solicitud de Trump, pero no explicó por qué. Los magistrados tampoco dejaron por escrito las razones de su decisión.

El 9 de noviembre, una jueza federal le quitó la razón a la defensa de Trump. La magistrada Tanya Chutkan concluyó entonces que la comisión del Congreso tenía derecho a recibir la documentación y defendió que “la posición de Trump de que puede anular la voluntad expresa del poder ejecutivo [en alusión a la decisión de Biden de autorizar la publicación de los registros] parece basarse en la noción de que su poder existe a perpetuidad”. “Pero los presidentes no son reyes”, sentenció. Los abogados de Trump recurrieron el fallo y, un mes después, un tribunal federal de apelaciones ratificó la decisión de la magistrada Chutkan.

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