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La cruzada del Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, contra las pandillas salvadoreñas, que cumple su cuarto día consecutivo, dio este miércoles un paso más al aprobar el Congreso una serie de leyes que endurecen las penas de cárcel para los pandilleros. Mientras los diputados aprobaban los cambios en el código penal, en las calles proseguían las detenciones masivas de sospechosos. La decisión de modificar las penas se une al paquete de medidas puestas en marcha desde que el sábado fueron asesinadas más de 70 personas en zonas controladas por la MS-13, con el que Bukele decidió contraatacar.

La “guerra contra las pandillas” incluye más dinero para la policía, más años de cárcel para los pandilleros y más armamento para el Ejército. Una decisión tomada por la Asamblea en medio de un estado de excepción que limita algunos derechos fundamentales de la población.

Desde este jueves, pertenecer a algunas de las tres pandillas, MS-13, La 18 o la 18 Revolucionarios, estará penado con 30 años de cárcel, independientemente de que se le compruebe delito alguno al detenido. Si el pandillero es “cabecilla”, la pena será de 40 a 45 años. Antes de la reforma, la pertenencia a pandillas se castigaba con prisión de tres a cinco años o de seis a nueve años en el caso de los líderes. En el nuevo Código Penal, un niño de 12 años que pertenezca a una pandilla podrá estar en prisión hasta diez años y, si tiene menos de 16 años, podrá ser condenado hasta a 20 años de cárcel. “Hoy sí se castigará como se debe el pertenecer a las pandillas”, dijo Caleb Navarro, diputado del oficialista Nuevas Ideas.

El endurecimiento de las penas llega después de que el pasado domingo los diputados aprobaran el estado de excepción que restringe libertades y amplía los poderes de la policía y el Ejército, tras la ola de violencia que dejó 87 muertos. La reforma al Código Penal también establece que quienes “promuevan, ayuden, faciliten o favorezcan la conformación o permanencia en las agrupaciones” de pandillas recibirán una pena de 20 a 30 años de prisión.

Según las autoridades, las pandillas, que cuentan con unos 70.000 miembros, además de obtener dinero mediante las extorsiones, también se nutren financieramente de la droga, por lo que serán condenados a 20 años de cárcel los pandilleros traficantes de drogas.

Sobre las reformas, el diputado de Nuevas Ideas Jorge Castro dijo que están “legislando para funcionarios y particulares que hicieron pactos y para los partidos de la esquina que se han sentado con estos grupos”, aseguró señalando a los partidos de la oposición. Castro no mencionó al actual director de Penales, Osiris Luna, y el director de Tejido Social, Carlos Marroquín, quienes han sido señalados y sancionados por Estados Unidos por negociaciones con pandillas, mientras continúan desempeñándose en sus cargos

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Terminar con las pandillas, que dispararon el número de homicidios durante el fin de semana, es la principal obsesión de Nayib Bukele, que incluso se retrató trabajando “24/7″ tal y como señala uno de sus muchos tuits publicados el miércoles. La gran mayoría de ellos estuvieron destinados a detallar las detenciones realizadas en todo el país, más de 2.500 según el jefe de la policía, y a cargar contra los organismos de Derechos Humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El organismo ha expresado su preocupación por las detenciones y la orden de Bukele de reducir a la mitad la alimentación de los presos.

“Salvadoreños recuerden: cuando los pandilleros asesinaron a decenas de personas inocentes, la CIDH no dijo ni una sola palabra. Pero no tardaron ni 1 día en condenar que nos pusimos más duros con ellos en las cárceles. Recuerden siempre qué intereses representan ellos”, escribió en un tuit. En otro mensaje cargó contra la comunidad internacional al decir: “¿Saben cuántos países han decidido ayudarnos en la guerra contra las pandillas? Exactamente: NINGUNO No vengan después a querernos decir qué es lo que debimos haber hecho o dejar de hacer, cuando en el momento que pudimos haberlos necesitado, nos dejaron solos”, escribió.

El paquete de medidas aprobadas este miércoles incluye dotar de más dinero al Ejército y la policía. Paralelamente, el mandatario exhibió la llegada al país de nuevas tanquetas militares destinadas a la vigilancia en las calles y caminos.

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Más de 4.300 ciudadanos han sido detenidos en Rusia este domingo en manifestaciones contra la invasión de Ucrania, según datos de OVD-INFO, un portal creado por periodistas para recopilar la cifra de detenciones en las protestas. Las marchas han sido impulsadas por el principal líder opositor al Gobierno de Vladímir Putin, Alexei Navalni, que permanece encarcelado desde el año pasado. Navalni ha llamado a “ignorar las prohibiciones” y a salir a la calle para reclamar el fin de la guerra.

La cifra de detenidos ofrecida por las autoridades rusas es algo inferior a la que ha dado OVD-INFO. Según los datos oficiales proporcionados por las agencias Tass e Interfax, alrededor de 2.500 personas han salido a protestar el domingo en Moscú y unas 1.500 en San Petersburgo. En Moscú ha sido arrestados unos 1.700 manifestantes y en San Petersburgo, 750, de acuerdo con la información del Ministerio del Interior. Según los datos del Gobierno, otras 1.200 personas se han manifestado en otros puntos de Rusia y entre ellas ha habido 1.061 detenidos.

Con esta nueva ola represiva, ya son más de 10.000 los ciudadanos arrestados en Rusia por protestar contra la guerra desde que empezó la invasión. En una protesta el miércoles pasado en San Petersburgo fue detenida una superviviente del nazismo, la pintora y activista Elena Osipova, de 78 años. Llevaba dos carteles, uno a favor de la paz y otro a favor de la destrucción de todas las armas nucleares del planeta. Al ser detenida, Osipova se negó a seguir a los agentes antidisturbios y fue obligada a caminar hasta una furgoneta que la dejó en su casa, según dijo el Ministerio del Interior a un diario local. La activista ya ha hecho frente a procedimientos sancionadores en otras ocasiones por denunciar la represión y la guerra.

Las autoridades rusas han reiterado en los últimos días que los ciudadanos que salgan a manifestarse contra las políticas gubernamentales podrían enfrentarse a penas de cárcel. El jueves 24 de febrero, cuando comenzó la guerra, no tardaron en advertir de que la ley “prevé un castigo severo por organizar disturbios masivos”. Las leyes sobre manifestaciones se han endurecido tanto que actualmente requiere autorización oficial hasta una protesta de una sola persona.

Esta semana las Cámaras han aprobado una proposición de Ley para castigar con penas de hasta 15 años de cárcel la difusión de “desinformación”. La amenaza se extiende a todo medio que no siga las pautas del Gobierno ruso, unas normas que, por ejemplo, imponen que no se hable de guerra en Ucrania sino de “operación especial”.

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Medios internacionales como BBC, CNN, TVE o la Agencia EFE han suspendido su actividad en Rusia por el recrudecimiento de la represión en el ámbito de la libertad de expresión. Han desaparecido medios rusos independientes como la televisión Dozhd o la histórica Radio Ekho de Moscú. Además, el Gobierno ha interferido en el acceso a Facebook y Twitter.

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Fueron tres los presos que se volaron del centro de reclusión en Pasto, habrían tapado la cañería
“Al parecer los detenidos, taponaron la cañería de aguas residuales para planear la fuga”, dijo el secretario de Gobierno, Carlos Bastidas

Desde la Secretaría de Gobierno informaron que ya fueron recapturados y que «se reforzarán las medidas de seguridad» en el centro de reclusión, que ha generado polémica.

Noticias Pasto.

Tras conocerse sobre la fuga de tres detenidos en un centro de reclusión de Las Américas, zona céntrica de Pasto, autoridades indicaron que dispuso de un dispositivo de seguridad para recapturarlos.

Sin embargo, frente a este suceso que ha generado toda clase de reacciones, autoridades indicaron que los presuntos delincuentes se valieron de artimañas para fugarse.

“Al parecer los detenidos, taponaron la cañería de aguas residuales para planear la fuga”, dijo el secretario de Gobierno, Carlos Bastidas.

Señaló que le introdujeron una cantidad de elementos y cuando  se disponía a instalar un tubo de emergencia, buscaron la manera de escapar.


“En el momento en que se hacía el acondicionamiento, fue cuando decidieron huir”, añadió.

Dijo que tras lo sucedido, implementaron un dispositivo de búsqueda, que permitió dar con la captura de estos tres sujetos.

Así mismo, indicó que se redoblará la seguridad en esta zona, para evitar que se vuelva a presentar esta clase de hechos.

Por otro lado dio a conocer que ya se tiene pensado en la construcción de una nueva permanente, para recluir a los presos que se encuentran en estos distintos centros de reclusión.

Enfatizó en que esto permitirá brindarles condiciones dignas a todos los reos que no han sido condenados.



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Las madres de dos manifestantes que fueron arrestados durante las protestas de julio pasado en Cuba, este martes en La Habana.
Las madres de dos manifestantes que fueron arrestados durante las protestas de julio pasado en Cuba, este martes en La Habana.Ramon Espinosa (AP)

Seis meses después de las masivas manifestaciones del 11 de julio del año pasado, cientos de cubanos detenidos por participar en las protestas contra el Gobierno son juzgados en diversos tribunales del país bajo la acusación de desacato, desorden público, incitación a delinquir, atentado y en algunos casos figuras tan graves como sedición, que puede implicar condenas de hasta 30 años de cárcel.

La información es confusa y difícil de contrastar, pues las autoridades no han dado datos oficiales sobre cuántas personas fueron detenidas durante o después de los incidentes, ni sobre cuántos cubanos siguen en prisión, ni de los juicios ya realizados y las penas impuestas. Tampoco se ha dicho nada sobre los procesos que quedan por ventilarse, y ni si quiera a estas alturas se ha notificado cuántas manifestaciones fueron pacíficas y cuántas violentas el 11-J, cuando decenas de miles de personas se lanzaron a las calles de más de 60 ciudades y pueblos de Cuba para protestar por las duras condiciones de vida y en demanda de libertad, en las mayores manifestaciones contra el Gobierno en 62 años de revolución.

Más allá de las denuncias puntuales de los familiares de los presos, las únicas fuentes que ofrecen datos globales sobre lo que está pasando con los detenidos son ONG anticastristas como Cubalex o Prisoners Defenders, que calculan en al menos un millar las personas encarceladas a raíz de los sucesos del 11 de julio, de las que se estima que siguen en prisión pendientes de juicio entre 600 y 700, algunos menores de edad. De un grupo de más de 200 casos que Cubalex asegura tener documentados, para 25 personas la Fiscalía pide sanciones de hasta 5 años, 63 enfrentan cargos de entre 6 y 10 años de reclusión, otros 27 se enfrentan a peticiones de entre 11 y 15 años, mientras que 49 podrían pasar entre 16 y 20 años entre rejas y otras 46 entre 20 y 30 años por sedición, si se ratifican las solicitudes del ministerio público.

El Gobierno ni confirma estos datos ni los desmiente. La prensa nacional no informa en los medios oficiales de los procesos y la prensa extranjera no ha tenido acceso a las vistas orales, de modo que la información solo fluye a cuentagotas a través de los familiares. Un grupo de ellos informó de que el martes comenzó un juicio contra 21 residentes en Holguín que participaron en las manifestaciones en esa ciudad oriental, que en algunos momentos derivó en hechos violentos. Las peticiones fiscales en este caso van desde 15 hasta 30 años de cárcel, para las acusaciones de sedición.

El lunes empezó otro juicio en la ciudad central de Santa Clara contra 16 jóvenes, mientras que desde la provincia de Artemisa, otro grupo de familiares informó de que 13 manifestantes —que fueron juzgados a mediados de noviembre— recibieron la semana pasada la sentencia: condenas que oscilan entre 4 años de limitación de libertad bajo supervisión, hasta 12 años de cárcel.

Fuentes disidentes informaron de que en el pueblo de Bejucal, a 30 kilómetros de La Habana, se celebrará próximamente el juicio por desacato, desordenes públicos, ultraje a los símbolos de la patria y sabotaje contra siete jóvenes de la localidad, entre ellos, el estudiante de música Abel González Lescay, para quien la Fiscalía pide siete años de cárcel. El afectado estudia en el Instituto Superior de Arte y ha sido respaldado por su universidad después de que su caso saltara a la prensa. El joven contó que el 11-J salió a la calle y se manifestó pacíficamente, pero al día siguiente fue detenido en su casa por aparecer en un vídeo. Aseguró que mientras a conocidos suyos les pusieron una multa y salieron en libertad, él fue objeto de una sanción de reclusión domiciliaria en tanto se celebre el juicio. “La única diferencia entre ellos y yo es que tienen un vídeo mío diciéndole maricón a un policía”, aclaró.

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Otros casos fueron recientemente sobreseídos, como el de los artistas que el 11 de julio se reunieron a las puertas del Instituto Cubano de Radio y Televisión para demandar 15 minutos ante las cámaras de televisión, tras lo cual fueron detenidos y sometidos a medidas de reclusión domiciliaria —en este grupo estaba el dramaturgo Yunior García, principal organizador de la frustrada marcha por el cambio del pasado 15 de noviembre, que después se exilió en España—.

El Gobierno cubano inscribe los sucesos del 11-J en su viejo diferendo con EE UU, asegurando que las manifestaciones fueron instigadas y manipuladas por Washington y que en muchos pueblos y ciudades del país derivaron en hechos vandálicos, saqueos y acciones violentas. Sin embargo, numerosas voces dentro de la isla, incluso de personalidades afines al Gobierno como el el trovador Silvio Rodríguez, han demandado a las autoridades proporcionalidad y la liberación de los manifestantes que no participaron en hechos violentos, criticando especialmente el uso de la figura delictiva de “sedición” para procesar a los detenidos.

“Las penas solicitadas son desmesuradas y evidentemente ejemplarizantes”, señala la historiadora y coordinadora del portal La Joven Cuba, Alina Bárbara López Hernández, que opina que “las solicitudes fiscales son muy altas y no sujetas a derecho: por ejemplo, a Abel Lescay, estudiante de la Universidad de Ciencias del Arte, le piden siete años de prisión por manifestarse en su pueblo, gritar ofensas al presidente de la República y negarse a ser arrestado dentro de su domicilio. En otro caso, por romper públicamente un retrato de Fidel Castro pretenden 10 años de prisión. Hay penas más elevadas: 12, 15, 20 y 25 años”.

Familiares de cubanos detenidos a raíz de los incidentes del 11-J pidieron a más de 30 Embajadas en La Habana que acompañaran “como observadores” los procesos, mientras el Gobierno estadounidense sancionó la semana pasada a ocho altos funcionarios cubanos “involucrados en la detención, las sentencias y el encarcelamiento de manifestantes pacíficos del 11 de julio”. Anteriormente, Washington había sancionado a otros nueve funcionarios, en su mayoría mandos del ejército y la policía, relacionados con la represión de las protestas. Medios oficiales calificaron las sanciones como “un nuevo intento del Gobierno estadounidense de interferir en los asuntos internos de Cuba, tratar de mediatizar la impartición de justicia en el país e intentar proteger a los elementos que, en buena parte financiados por Washington, pretenden subvertir el orden político y social de Cuba”.

La falta de transparencia es un tema clave en estos momentos. “La información que recibimos es la que existe en las redes sociales y medios alternativos, consecuencia de denuncia de familiares, amigos o juristas independientes; por tanto, son datos fluctuantes e inexactos. Falta de información oficial sobre el número de detenidos, las fechas de los procesos, las peticiones fiscales y las condenas resultantes”, indicó López.

En la misma línea, el académico y exdiplomático cubano Carlos Alzugaray, señalaba recientemente que “a estas alturas no hay todavía una cifra de detenidos ni una información de cuántas manifestaciones se produjeron, cuántas fueron pacíficas, cuántas generaron disturbios, ni cuántos ciudadanos participaron. Y, por supuesto, hay voces que reclaman la liberación de todo el que protestó pacíficamente, entre ellas las del cantautor Silvio Rodríguez, muy respetado en círculos gubernamentales”.

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Con estos antecedentes, los uniformados se constituyeron en el lugar, constatando la veracidad de la denuncia y logrando observar a sujetos encapuchados, junto con la existencia de barricadas incendiarias.

Tras ello, al lugar se trasladó personal de Orden Público de la institución, debido a múltiples disparos con armas de fuego en contra de Carabineros que ya se encontraban en el fundo, iniciando un recorrido en el lugar con vehículos blindados, los cuales también fueron atacados por parte de los desconocidos, según consigna la instución.

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Tras el paso de las horas y los distintos patrullajes de los efectivos. estos fueron nuevamente atacados por los antisociales, momento en el que logran detectar su presencia en el predio. Debido a ello, los sujetos individuos se dan a la fuga rápidamente.

Sin embargo, los funcionarios lograron la detención de dos de estos sujetos, los cuales habían abandonado en el lugar una cantidad de objetos como una escopeta, municiones, una motosierra y un machete, además de dos vehículos que estarían situados en los hechos.

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«En este contexto, habían sujetos encapuchados, barricadas incendiarias y portando armas de fuego procediendo a ingresar al predio, instancia en la que personal policial fue vilmente atacado por estos«. resaltó el Jefe de la IX Zona Araucanía, General César Bobadilla Pinilla.

Luego de este hecho, funcionarios policiales consiguieron la detención de un tercer sujeto, el cual había regresado a las inmediaciones del fundo. De acuerdo con el detenido, éste volvió al predio debido a que se le había ««perdido en el lugar una cámara fotográfica y un tripode».

No obstante a ello, los policías que participaron en el procedimiento anterior lo identificaron como participante de la usurpación, y como uno de los sujetos que se dio a la fuga en el momento en el que repelieron el ataquie.

Finalmente los antecedentes y evidencias fueron entregados a Fiscalía, quien instruyó que la investigación sea llevada a cabo por personal especializado del OS9, Labocar y SIAT de Carabineros, mientras que los detenidos pasarán a control de detención durante esta jornada.



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Carabineros de la 1ª Comisaría #Calama, con apoyo de personal @Ejercito_Chile, detiene a 99 personas en fiesta clandestina que se desarrollaba en sector de Quetena.
Los asistentes no mantenían ninguna medida sanitaria contra el #Covid_19.#VEINTICUATROSIETE pic.twitter.com/E5qWfs7cgy

— Carabineros Región de Antofagasta (@CarabAntof) June 6, 2021

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Delincuentes roban vehículo de encomiendas y terminan chocando: Dos resultaron detenidos

Tras impactar una reja, terminaron escapando por los techos de las casas de vecinos del sector en La Florida.

24Horas.cl Tvn

04.06.2021

Cerca de las 13:15 de esta jornada, en la intersección de pasaje Belamonte con Av. Vicuña Mackenna, un vehículo robado terminó chocando tras un escape que terminó con los sujetos corriendo por los techos de las casas del sector.

Un conductor de un vehículo de reparto de DHL fue interceptado en La Florida por un grupo de delincuentes altamente armados, quienes lo intimidaron y le robaron el vehículo para luego darse a la fuga.

En ese escape, terminaron impactando el furgón de reparto con otros autos para luego impactar de lleno con un portón perteneciente a una villa.

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Tras esto, los sujetos intentaron darse a la fuga, escapando por los techos de los vecinos. En ese intento, dos delincuentes fueron detenidos, sin embargo, todavía hay uno que no ha podido ser encontrado.

Vecinos del sector indicaron «fue un accidente y un robo (…) se metieron por el otro pasaje, por arriba por los techos y se metieron a la casa del vecino (…) por suerte lo pillaron (…) pero falta uno, por eso estamos con miedo (…) andan armados»



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Carabinero balea en el rostro a conductor que lo intentó atropellar en Macul: Hay cinco detenidos

Tras denuncia de vecinos: 27 detenidos en fiesta clandestina en Recoleta

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El procedimiento culminó en calle el Roble con El Tranque, luego que los antisociales perdieran el control del vehículo, chocando contra 2 autos estacionados.

En el lugar se logró la incautación de un arma y la detención de 3 hombres, entre los cuales se encuentra el cantante chileno Pablo Chill-E (Pablo Acevedo).



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Hermanos detenidos por matar a ladrón en Lo Espejo
 

Si bien los protagonistas huyeron al ser descubiertos, residentes del sector, quienes son hermanos según se informó a 24horas.cl, los siguieron y lograron alcanzar a los antisociales «a la altura de la caletera, frente al terminal pesquero», dijo Tur.

Fue en ese momento en que uno de los antisociales fue golpeado con patadas y un fierro por los hermanos, provocándole la muerte en el sitio.

Los agresores fueron detenidos por personal de la PDI, mientras que el resto de los ladrones lograron escapar.



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Portaban 7 kilos de cocaína: Tres sujetos fueron detenidos tras persecución en Santiago

Los individuos se dieron a la fuga al advertir la presencia de personal policial y municipal que se encontraba realizando labores de fiscalización a vehículos de la capital. Terminaron chocando contra un árbol. Entre los detenidos hay un adolescente de 15 años.

24Horas.cl Tvn

05.05.2021

Durante la noche de este martes, tres sujetos fueron detenidos tras una persecución que inició luego de que estos evadieran una fiscalización e incluso intentaran atropellar a un funcionario municipal de la comuna de Santiago.

De acuerdo con antecedentes preliminares, personal de la 2°Comisaria de Santiago en compañía de personal municipal se encontraban realizando fiscalizaciones a distintos automovilistas, cuando cerca de las 20:20 horas, uno de los conductores se dio a la fuga al advertir la presencia de los efectivos en la intersección de las calles Gorbea con Almirante Latorre, incluso casi atropellando a un funcionario municipal.

Tras esto se dio inicio a una persecución por distintas arterias de la capital que terminó con el choque del vehículo de los sujetos contra un árbol ubicado entre las calles Rozas y la Avenida Brasil, logrando además la detención de tres individuos en el lugar, donde uno de estos era un adolescente de solo 15 años de edad.

Los funcionarios procedieron a la revisión del vehículo y las vestimentas de los sujetos, logrando la incautación de una mochila que mantenía en su interior bolsas plásticas que contenían cocaína. Tras periciar el hallazgo, personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) determinó de forma preliminar que la droga pesó 7 kilos.

Además de ello, en el móvil se encontró dinero de diferentes denominaciones, por lo que también fue incautado por los uniformados.

Todos los imputados fueron puestos a disposición del Ministerio Público.



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Revisa aquí los permisos temporales entregados las últimas 24 horas: pic.twitter.com/kcsELLH6Rb

— Carabineros de Chile (@Carabdechile) May 2, 2021

La disminución más notoria respecto a jornadas anteriores se detecta en los permisos generales, que autorizan para salir en comunas en Cuarentena o Transición a hacer compras o diversos trámites.

Sin embargo, eso se puede deber a que el pasado sábado era feriado irrenunciable por el Día del Trabajador, donde el comercio e instituciones no atiende al público.

Foto: ATON



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Al menos 60 detenidos por participar en fiestas clandestinas en la capital

14 detenidos por fiesta clandestina en calle Sánchez Fontecilla. Trataron de arrancar y esconderse. @LC_seguridad pic.twitter.com/hZflwmpB0N

— Joaquín Lavín (@LavinJoaquin) May 1, 2021
 

Más tarde en Lo Barnechea detuvieron a 32 adultos, en una fiesta clandestina en un edificio en construcción que se encuentra a pocos días de ser entregado.

El capitán Ignacio Ramírez de la Prefectura Santiago Andes explicó que vecinos alertaron de esta reunión al percatarse de la entrada de vehículos al subterráneo de este edificio.

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Carabineros comentó que el organizador de esta fiesta «dice ser hijo del dueño del proyecto», y que al encontrarse a cargo de las instalaciones invitó a algunos amigos.

Además, en horas de la madrugada se desarrolló otra fiesta, esta vez en la comuna de Santiago Centro donde Carabineros detuvo al menos a 30 personas tras concurrir al lugar.

El capitán Darby Beltrán, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Central explicó que «al ingreso de Carabineros se dieron a la fuga de la fiesta clandestina, logrando la detención de cerca de 30 personas».

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El capitán además informó que el lugar estaba acondicionado para la realización de fiestas, con equipos de amplificación, luces y «plantas de marihuana que van a ser periciadas por personal especializado».

El lugar también contaba con cámaras de seguridad que «alertan la presencia de Carabineros y personal municipal».

 



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#Providencia: al momento se han detenido a más de 80 personas en las inmediaciones de Plaza Baquedado por infringir la normativa sanitaria vigente y poner en riesgo la salud pública. pic.twitter.com/NZTafc4R1l

— Carabineros Prefectura Oriente (@CarabPrOriente) April 30, 2021
 



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Aclaró que «los imputados van a ser puestos a disposición del tribunal el día de mañana» y que todavía «hay diligencias pendientes».

Por su parte, el prefecto inspector de la PDI, Lautaro Arias, entregó más detalles, asegurando que «se recogieron evidencias suficientes más el empadronamiento, trabajo de campo, que permitió a la fiscal tener la convicción de solicitar al juzgado de garantía de Linares, dos órdenes de detención para dos sujetos mayores de edad los cuales fueron detenidos en las inmediaciones de la ciudad de Talca el día de hoy».

Agregó, que el Servicio Médico Legal también ya realiza pericias sobre el cuerpo del menor.

Niño de 12 años hallado muerto en Longaví: PDI confirma «lesiones atribuibles a terceras personas»

La Fiscalía se hizo presente durante esta jornada en el lugar donde fue hallado muerto el niño de 12 años desaparecido desde la jornada de ayer y encontrado fallecido al interior de lo que sería un pozo.

Fue la Fiscal jefe de Linares, Carola D’Agostini, quien llegó hasta Longaví para coordinar los peritajes junto a la Policía de investigaciones.

Al respecto, indicó que, por ahora, «están todas las hipótesis abiertas a la investigación, no hay nada que se haya excluido (…) esto se está gestando desde ayer en horas de la tarde, no llevamos ni 24 horas desde la pérdida del menor así que hay muchas cosas que investigar».

Consultada sobre la posibilidad de que ya haya sospechosos de un eventual crimen, dijo: «hay varias líneas investigativas, pero no me voy a referir a eso por el éxito de la investigación».

Sobre cómo fue encontrado el cuerpo del niño, dijo que habría sido hallado por «civiles que dieron cuenta inmediatamente a carabineros con el cuerpo semi sumergido» en lo que calificó como «una especie de pozón o pantano que se forma en la ribera del río Liguay».

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En el lugar, también estuvo presente el inspector efe de la región policial del Maule de la PDI, Lautaro Arias, quien adelantó que se han «encontrando lesiones atribuibles a terceras personas, se están barajando diversas líneas investigativas (…) teniendo los resultados se los vamos a dar a conocer».

Indicó que ya desde esta mañana «la PDI se hizo cargo para hacer el trabajo científico del cuerpo en sí y del sitio del suceso», aseverando que en la zona «hay harta evidencia»

 



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