Mostrando entradas con la etiqueta humanidad. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta humanidad. Mostrar todas las entradas

Puede que no se cumplan las estimaciones de la ONU, y hayamos alcanzado el punto máximo de población en nuestro planeta. Somos prácticamente ya 8000 millones de personas en el planeta Tierra, un hito que marca un nuevo escalón en nuestra historia pero que podría cambiar durante las próximas décadas con una disminución de la misma.

 

Las últimas informaciones apuntaban a que se alcanzaría en el próximo 15 de noviembre los 8000 millones de habitantes en este planeta, y en concreto se habían estimado que se alcanzarían los 8500 millones para 2030, los 9700 millones para 2050 y hasta los 10.400 millones para el 2100, pero podría no ser el caso.

Y ahora un experto señala al The Wall Street Journal que podríamos haber alcanzado ya la cifra de los 8000 millones de habitantes y por otra parte afirma que igualmente podríamos haber alcanzado también el punto máximo de personas en la población mundial, y tiene una explicación para ello.

En concreto comenta el director fundador del Centro Wittgenstein para la Demografía y el Capital Humano Global de la Universidad de Viena, Wolfgang Lutz, que debido a la educación y al aumento de la calidad de vida se podría reducir drásticamente la fertilidad global en las próximas décadas.

“Hay dos grandes preguntas. Primero, qué tan rápido disminuirá la fertilidad en África. La otra pregunta es China y los países con muy baja fertilidad, si se recuperarán y qué tan rápido se recuperarán”, afirma Lutz al citado periódico.

Y es que a medida que la población crece se causan puntos alarmantes como la bomba demográfica que ya se siente en algunas partes del mundo y que yace provocada por una cohorte que envejece muy rápido y hay insuficientes jóvenes para cuidarlos.

Añade que “la población total, al final, es un número sin sentido porque depende de lo que las personas puedan hacer, de cuáles serían sus habilidades o si tienen suficiente para comer”.

De esta forma no todos están de acuerdo con la ONU, y es probable que la población haya llegado al máximo en estos 8000 millones de habitantes, y que debido al cambio socioeconómico que se está experimentando en muchas partes del mundo, es probable que incluso pueda estancarse o incluso reducirse la población en los próximas décadas.


La ficha del prófugo Emilio Alberto Rimoldi Fraga en el programa Buscar.
La ficha del prófugo Emilio Alberto Rimoldi Fraga en el programa Buscar.

La Justicia argentina ha condenado a 1.058 personas por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura entre 1976 y 1983. Pero aún queda mucho camino por recorrer: hay 20 juicios en curso, medio centenar que aguardan fecha de inicio y una veintena de prófugos de la Justicia. Según el Ministerio Público Fiscal, el Estado argentino desconoce el paradero de 22 acusados por delitos de lesa humanidad y ofrece recompensas por ellos. Por los más buscados está dispuesto a pagar hasta cinco millones de pesos (unos 43.300 dólares) a quien dé alguna pista que facilite su captura, según el anuncio realizado por el Ministerio de Seguridad en vísperas del 46 aniversario del golpe de Estado.

Con el paso de los años, la búsqueda se vuelve cada vez más compleja y es necesario envejecer las escasas fotografías que se disponen de los prófugos. En algunas ocasiones ni siquiera se sabe si el acusado está vivo o ha fallecido, como es el caso del exmarino Jorge Vildoza, acusado de torturas y de la apropiación de Javier Penino Viñas a los pocos días de haber nacido en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada en Buenos Aires, el mayor centro clandestino de detención de la dictadura argentina.

Vildoza escapó del país por la frontera de Paraguay en 1986 junto a su esposa y a su menor apropiado en un automóvil de Inteligencia de la Armada. Pasó por Brasil y varios países europeos hasta llegar a Sudáfrica, donde se instaló. Su familia afirma que Vildoza murió en Johannesburgo en 2005 bajo una identidad falsa, y que fue cremado, pero como el acta de defunción fue falsificada, para la justicia argentina sigue prófugo.

En otros casos, la Justicia busca a acusados que ya estaban detenidos pero se escaparon. El exmilitar Carlos Alberto Arroyo es uno de ellos. En 2013, aprovechó el beneficio de la excarcelación que le había sido concedido y se fugó cuando estaba a punto de ser juzgado por el doble homicidio de Daniel Hidalgo y Olga Silvia Souto Castillo. Esta última estaba embarazada cuando integrantes del Ejército entraron en la vivienda donde se encontraba la pareja y los acribillaron. El cuerpo de Souto Castillo recibió más de 20 disparos y la familia tardó 15 años en dar con su paradero porque fue enterrada bajo el nombre falso de Delia Esther García.

Entre los más buscados figura también el ex subcomisario de policía Emilio Alberto Rimoldi Fraga, acusado de haber participado junto a otros seis integrantes de esta fuerza en una cacería a lo largo de una noche de octubre de 1977 en la que secuestraron a tres personas y asesinaron a otras tres.

La mayoría de prófugos pertenecieron a las Fuerzas Armadas o de Seguridad pero hay también civiles vinculados a ellas, como Eduardo Rebechi y Gabriel Jesús Isach, por quienes el Estado argentino ofrece también una recompensa de cinco millones de pesos. Ambos fueron personal civil de inteligencia en la ciudad de Rosario y están imputados en causas por crímenes de lesa humanidad perpetrados en esta ciudad, la tercera más importante de Argentina.

Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.

Suscríbete

Una treintena de capturas

La unidad especial de búsqueda de prófugos en casos de lesa humanidad se creó en 2008 y se articuló un fondo de recompensas para quienes brinden información que permita localizar su paradero. Desde entonces se han capturado una treintena de represores.

Uno de los más recientes fue el exteniente coronel Roberto Brunello, de 72 años, que se encontraba prófugo desde el 22 de noviembre del 2013. Brunello, imputado por los delitos de secuestro, aplicación de torturas, ejercicio de violencia sexual y homicidio bajo la modalidad de desaparición forzada de persona, fue capturado el pasado noviembre en Belén de Escobar, a unos 50 kilómetros de Buenos Aires.

Los organismos de derechos humanos presionan para que el Estado argentino intensifique la búsqueda de estos prófugos y también para que acelere los juicios en curso o en fase de instrucción, dada la edad cada vez más avanzada de víctimas y victimarios. Desde el inicio de los procesos hasta la actualidad fallecieron antes de obtener sentencia 964 personas investigadas por crímenes de lesa humanidad.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región



Source link



Éric Zemmour, cuatro días después de ser condenado a una multa de 10.000 euros por provocación al odio racial, afrontó este jueves un nuevo juicio. El motivo era esta vez uno de los temas predilectos del candidato ultra a las presidenciales francesas de abril: su particular versión de la ocupación alemana de Francia entre 1940 y 1944 y el papel del régimen colaboracionista de Philippe Pétain en la deportación de centenares de miles de judíos a los campos de exterminio nazis.

Zemmour, judío de origen bereber, está acusado de haber dicho en octubre de 2019, durante un debate en la cadena CNews, que Pétain había “salvado a los judíos franceses”. La afirmación, según la acusación, contradice “la realidad tangible de 24.000 asesinatos precedidos de otras tantas deportaciones y otros actos inhumanos”.

El polemista de extrema derecha, que en los sondeos recoge en torno al 13% de expectativas de voto, fue absuelto en un primer juicio en enero 2020. El tribunal consideró que, en el fragor de debate que le enfrentaba con el filósofo Bernard-Henri Lévy, se perdieron los matices: Zemmour habría querido decir que Pétain salvó “a judíos franceses”, y no “a todos los judíos franceses”. La voluntad del acusado, según los jueces, no era “cuestionar” un crimen contra la humanidad.

La fiscalía recurrió la absolución y este jueves pidió 10.000 euros de multa. El abogado de Zemmour, Olivier Pardo, intentó sin éxito que se aplazase el nuevo juicio con el argumento de que interferiría con la campaña presidencial. El candidato no acudió a la sesión del juicio. La sentencia no se conocerá hasta pasadas las elecciones.

Zemmour, en sus escritos y declaraciones, ha intentado rehabilitar la figura de Pétain, condenado a muerte tras el fin de la Segunda Guerra Mundial por “alta traición”. El general Charles de Gaulle, que desde Londres y África encabezó la lucha contra el ocupante nazi, le conmutó la pena. Pétain y De Gaulle se convirtieron en símbolos antagónicos de la Francia colaboracionista y de la Francia resistente.

El polemista ultra asegura, retomando la vieja tesis pétainista del escudo y la espada, que en realidad Pétain y De Gaulle eran dos caras de la misma moneda. El primero era “el escudo” que contemporizaba con el ocupante para proteger a los franceses de males mayores; el segundo, la “espada” que mientras tanto combatía a Hitler.

Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.

Suscríbete

Zemmour cree que la Francia de Pétain, con capital en Vichy, “protegió a los judíos franceses” y “entregó [a los nazis] a los [judíos] extranjeros”. El polemista se basa en que en Francia el 75% de judíos (y el 90% de judíos de nacionalidad francesa) sobrevivieron.

“Francia perdió menos población judía que Bélgica u Holanda”, ha explicado en Le Monde el historiador estadounidense Robert Paxton, autor de La Francia de Vichy, libro de referencia sobre el periodo. “Es el resultado de una falta de medios de los alemanes, que afrontaban una guerra a muerte con la Unión Soviética. Podríamos imaginar que en la Francia ocupada había un alemán en cada esquina. Estaba muy lejos de ser así”.

La tesis de Zemmour es que la Francia de Vichy, que puso en marcha su propia política antisemita, no fue responsable de las deportaciones de judíos (mayoritariamente refugiados pero también franceses). “Francia no es culpable, la culpable era Alemania”, decía en septiembre en la cadena radiofónica Europe 1.

La visión zemmouriana no solo ignora medio siglo de trabajo de los historiadores que han establecido el papel activo de Vichy en la persecución de los judíos y en las deportaciones. Zemmour rompe el consenso político que fijó un presidente conservador, Jacques Chirac, al admitir que Francia “cometió lo irreparable” y “entregó a sus protegidos a sus verdugos” en las redadas de 1942.

“Ningún historiador puede defender que Pétain salvase a los judíos franceses y que la deportación fuese solo cosa de los alemanes”, decía en otoño, antes de que Zemmour declarase su candidatura, el politólogo Jean-Yves Camus. “¿Por qué lo hace? Es un misterio”. “Políticamente, es suicida hablar así”, admitía, en alusión a las palabras de Zemmour su amigo Geoffroy Lejeune, director de la revista conservadora Valeurs Actuelles.

Zemmour considera que se fustiga a Francia sin motivo para criminalizar cualquier política contra los inmigrantes o distinción entre franceses y extranjeros. “¡Es criminal! Permanentemente, se intenta culpabilizar al pueblo francés”, dijo en Europe 1. “¿Y por qué se le culpabiliza? Para que se someta a la invasión migratoria y a la islamización del país”.

El historiador Laurent Joly, especialista en Vichy, ve un vínculo entre la reescritura de la historia y el programa político de Zemmour. “Lejos de tratarse de un extravío o una salida de tono”, escribe en el ensayo La falsification de l’Histoire, “esta rehabilitación del régimen pétainista y de su política antisemita es un elemento fundamental en su construcción política. Busca liberar a la derecha de sus supuestos complejos; a hacer aceptables medidas hasta ahora impensables a causa del recuerdo de los crímenes de la colaboración; a levantar la hipoteca de Vichy para reunir a la derecha y a la extrema derecha; a preparar a los espíritus para una reacción nacionalista y antimusulmana”.

Zemmour hace saltar un tabú, e intenta romper un muro infranqueable entre la derecha clásica gaullista y la extrema derecha pétainista. Para el candidato que sueña con deshacer para siempre el cordón sanitario que aislaba a los ultras en Francia, el discurso sobre el pasado, y sus manipulaciones, son un discurso para el presente.

Sigue toda la información internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.





Source link


Alaa M., este miércoles tras su llegada a un tribunal de Fráncfort.
Alaa M., este miércoles tras su llegada a un tribunal de Fráncfort.BORIS ROESSLER / POOL (EFE)

Alaa M., un médico sirio de 36 años que fue capturado en 2020 en el Estado federado de Hesse (Alemania), y que es sospechoso de haber cometido crímenes contra la humanidad, incluida la tortura de prisioneros en hospitales militares en Siria, ha comparecido este miércoles en un tribunal de Fráncfort, en el segundo caso de este tipo que lleva a cabo la justicia alemana. Hace una semana, un tribunal de Coblenza condenó a un exoficial de los servicios de espionaje sirios a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad. El acusado llegó a Alemania en 2015 para trabajar como médico, gracias a un visado expedido por este país para los sirios que trabajan en determinados sectores en los que falta mano de obra cualificada. Alaa M. trabajó como cirujano ortopédico en varios hospitales antes de ser reconocido por unos refugiados sirios. En el momento de su detención, en junio de 2020, ejercía en una clínica de rehabilitación en Bad Wildungen, una tranquila ciudad balneario de Hesse. Sus colegas desconocían su pasado.

La Fiscalía acusa a Alaa M. de “haber torturado e infligido graves daños físicos y psicológicos” a por lo menos 18 detenidos entre 2011 y 2012 en el hospital militar de la ciudad siria de Homs y en los calabozos de los servicios secretos en la misma localidad. Además, se le imputa un asesinato y otros cuatro de lesiones graves. El acusado, según dos testigos, estaba en formación médica en el hospital militar cuando, como médico asistente, vertió alcohol sobre los genitales de algunos prisioneros y luego les prendió fuego. Supuestamente golpeó, pateó, colgó del techo y azotó a varios detenidos.

“Alaa M. no es una excepción en Siria”, ha dicho Annsar Shahhoud, un refugiado sirio, a Tagesschau, el informativo de televisión con mayor audiencia en el país “Los médicos han participado sistemáticamente en la violencia desde 2011. Supervisan las torturas, los asesinatos y emiten certificados de defunción falsos”, ha señalado.

Alaa M. está en prisión preventiva desde su detención en 2020 y podría ser condenado a cadena perpetua. Los fiscales alemanes se han acogido a las leyes de jurisdicción universal que les permiten solicitar juicios para los sospechosos de crímenes contra la humanidad cometidos en cualquier parte del mundo. Alemania se ha convertido en un país pionero en juzgar los crímenes del régimen del presidente sirio, Bachar el Asad.

La acusación más grave a la que se enfrenta Alaa M. tiene que ver con la muerte de un opositor. Según la Fiscalía, un preso, que había sido detenido por participar en una manifestación contra el régimen, sufrió un ataque epiléptico al cabo de una sesión de tortura. Alaa M. fue llamado para prestarle auxilio, pero en lugar de ello le golpeó y pateó en al menos dos ocasiones. El preso murió al poco tiempo, sin que se determinase la causa exacta de la defunción.

Según informaciones del semanario Der Spiegel, que difundió en 2020 la verdadera identidad de Alaa M. en una investigación conjunta con la cadena catarí Al Jazeera, los dos testigos en cuyas declaraciones se fundamenta el caso se encontraban detenidos donde el acusado realizó sus torturas.

Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.

Suscríbete

Los fiscales consideran que Alaa M. es un partidario fanático de El Asad, que llamaba “cucarachas” a los opositores y participaba “de todo corazón” en la represión. “La apertura del segundo juicio en Alemania por crímenes de lesa humanidad cometidos en Siria muestra que los esfuerzos para hacer justicia por las atrocidades cometidas en ese país están ganando impulso”, ha señalado en un comunicado la ONG Human Rights Watch antes de que comenzara la audiencia.

El abogado sirio Anwar al-Bunni, que dirige una organización en Berlín en defensa de los derechos humanos y que ayudó a preparar el caso contra Alaa M., dijo en vísperas de la apertura del juicio que la presencia del médico ante el tribunal arrojaría más pruebas de que el Gobierno sirio instigó la tortura para sofocar el levantamiento contra El Asad.

“Esperamos que se le condene a cadena perpetua”, dijo al-Bunni, quien añadió que el tribunal podría emitir un veredicto antes de que termine este año.

Sigue toda la información internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.





Source link

Colombia: denuncian a Gobierno ante CPI por crímenes de lesa humanidad

Además de Iván Duque, señalan al ministro de Defensa, Diego Molano; al comandante del Ejército, Eduardo Zapateiro, y al director de la Policía, Jorge Luis Vargas, como los «máximos responsables».

Deutsche Welle

14.05.2021

Organizaciones sociales y el senador de izquierda Iván Cepeda denunciaron ante la Corte Penal Internacional (CPI) y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas crímenes de lesa humanidad ocurridos en las manifestaciones contra el Gobierno del presidente colombiano, Iván Duque, según trascendió este jueves (13.05.2021).

Además de Duque, los demandantes señalan al ministro de Defensa, Diego Molano; al comandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro, y al director de la Policía, el general Jorge Luis Vargas, como «máximos responsables».

La denuncia de Cepeda -fuerte opositor de Duque y de Álvaro Uribe- fue acompañada por varias ONG como Temblores; la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Bord.

En un comunicado, el grupo de querellantes dice que «teniendo la capacidad material para prevenir la comisión de estos delitos o promover el castigo efectivo de los presuntos responsables, no lo hicieron». Igualmente, señalan al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) como de ser uno de los «principales instigadores» de crímenes de lesa humanidad que supuestamente ocurrieron en las protestas. Según el informe hay evidencias de delitos contra la población civil reflejado en «homicidios, torturas, privaciones graves de la libertad física, violencia sexual y desapariciones forzadas».

«Se documentaron 24 casos de asesinato y 50 de víctimas de tentativa de asesinato; 16 víctimas de violencia sexual; 11 víctimas de desaparición forzada; 129 víctimas de tortura y 1.365 víctimas de detención irregular», sostiene la denuncia.

El grupo expresa preocupación porque Cali -la tercera ciudad del país- ha sido «escenario de los más graves hechos» y remarca que las principales autoridades de Gobierno y Estado no condenan en «forma enfática los crímenes y las graves violaciones de DD. HH. que presumiblemente implican a miembros de la fuerza pública».

En la misiva, piden que se active la competencia de la CPI para conocer estos crímenes, ya que el Estado colombiano «no tiene voluntad de adelantar las investigaciones en la comisión de acusaciones de la Cámara y demás organismos, debido al exceso de concentración de poder en cabeza del presidente Iván Duque, lo que ha quebrantado el principio de separación de poderes».


TE PUEDE INTERESAR

Ciper Chile.

Según señaló el propio Baltasar Garzón al medio mencionado, se trataría de hechos que «revisten categoría, creemos, de crímenes de lesa humanidad. La denuncia ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional quiere poner de manifiesto la impunidad que se esta viviendo en Chile”.

En particular, la acusación pide la intervención por los casos que «erróneamente» son calificados como delitos comunes y cuya investigación ha sufrido demoras injustificadas y actuaciones que no se ajustarían al principio de igualdad ante la ley.

Al respecto se lee en el documento: «los organismos del Estado encargados de investigar y juzgar, como lo son el Ministerio Público y el Poder Judicial, han tenido una demora injustificada en la sustanciación de estos procesos y sus actuaciones no revisten la necesaria independencia e imparcialidad y el debido respeto por el principio de Igualdad ante la Ley. Todo ello hace procedente y necesario el ejercicio de la jurisdicción complementaria de la Corte Penal Internacional”.

En el detalle, se buscarían sanciones para la máxima autoridad del país, incluyendo a ministros del Interior y Defensa, y generales directores de Carabineros.

De acuerdo a Carlos Margotta, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos: “Los tribunales chilenos han incumplido su deber de administrar justicia”.

Ahora, la Corte Penal Internacional deberá definir si la acción es admisible para proceder a la investigación, proceso que puede incluso tomar años.

En la investigación la corte deberá analizar si los hechos son de su competencia, si hay motivos para sostener que hubo crímenes de lesa humanidad y, finalmente, si se cumplen los requisitos de admisibilidad, en especial el carácter complementario de este tribunal frente a la Justicia nacional.

Uno de los argumentos presentes en el texto es que “las conductas denunciadas no son aisladas o independientes entre sí, sino que se enmarcan en un plan destinado a llevar a claro un ataque organizado, masivo, extenso y sistemático contra la población civil, con el objetivo de reprimir las manifestaciones de disenso y contener las demandas sociales, ejerciendo intimidación política mediante el uso de la brutal violencia policial”.

Aton_490103.jpg 

Sin embargo, el fondo del asunto sería la supuesta «impunidad» que habría en el país frente a las violaciones cometidas contra los derechos humanos durante el estallido social en la que se sumarían 8.510 denuncias y querellas ante el Ministerio Público.

En ese sentido, explican que «los hechos delictivos cometidos por los agentes del Estado chileno, principalmente miembros de la policía militarizada Carabineros de Chile, han sido calificados como delitos comunes, esto es como homicidios, mutilaciones o lesiones, violaciones o abusos sexuales, en circunstancias que debieran serlo, dado que concurren todas las exigencias, como crímenes de lesa humanidad. De esta manera, para orientar y fundamentar el principio de complementariedad invocado, podemos señalar que las actuaciones del Estado de Chile y sus diversos organismos, en relación con la ausencia de respuesta adecuada ante los ilícitos cometidos por sus agentes, han derivado en un grave comportamiento asimétrico y consecuencialmente, grave vulneración al principio de igualdad ante la ley, por parte de los distintos poderes del Estado encargados de la persecución penal, comportamiento asimétrico que es particularmente complejo en las investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público, respecto de los delitos cometidos por agentes del Estado (Carabineros de Chile) contra manifestantes civiles”.

En definitiva, quienes acusan hablan de una falta de voluntad del sistema judicial chileno para investigar los hechos.

En sus antecedentes, aseguran que casi la mitad de las causas por violaciones de derechos humanos fueron terminadas sin avances: «unas 3.050 investigaciones en procedimientos por ‘violencia institucional’ fueron finalizadas por la vía administrativa en su inmensa mayoría y sólo marginalmente con la aprobación del correspondiente Juez de Garantía, lo que corresponde a un 46% del total de líneas investigativas por delitos cometidos en el período por agentes del Estado contra la población civil”.

Revisa el documento completo:

 



TE PUEDE INTERESAR

top