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El Ejército ucranio no escuchó la petición del presidente ruso de deponer las armas, y ahora Vladímir Putin les pide que den un golpe de Estado. “Tomen el poder en sus manos. Para nosotros será más fácil llegar a un acuerdo con ustedes que con esta pandilla de drogadictos y neonazis que ocuparon Kiev y tomaron como rehén a todo el pueblo ucraniano”, dijo el mandatario con la vista fija en la cámara durante una reunión de su Consejo de Seguridad, donde escuchó las últimas novedades del frente. En el segundo día de la invasión de Ucrania, las tropas rusas ya han llegado a Kiev, pero el Ejército ucranio se resiste a rendirse.

“Hago una vez más un llamamiento al personal de las Fuerzas Armadas de Ucrania. No permitan que los neonazis y los Banderivtsi usen a sus hijos, esposas y mayores como escudos humanos”, afirmó Putin en referencia a Stepan Bandera, uno de los líderes de los nacionalistas ucranios que colaboraron con el Eje en la Segunda Guerra Mundial. Según el discurso del Kremlin, los extremistas ucranios controlan el poder del país, aunque la realidad es que en las elecciones de 2019 el partido de ultraderecha Svoboda, uno de los grandes protagonistas de las protestas del Maidan, apenas superó el 2,1% de los votos.

El Gobierno ucranio propuso al ruso negociar su estatus de neutralidad a cambio de la paz. El portavoz de Putin, Dmitri Peskov, confirmó que el mandatario está dispuesto a hablar con las autoridades ucranias en Minsk, la capital de Bielorrusia, pero ello no significa una tregua. Según la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zajarova, “las acciones que fueron ordenadas por el presidente al inicio de las operaciones especiales no han sido anuladas, son relevantes”.

Horas antes, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, había subrayado durante una rueda de prensa que Zelenski “ya perdió su oportunidad” y que las negociaciones solo se retomarían “después de la restauración del orden democrático”.

El portavoz del presidente ruso insinuó además que la idea de negociar en Bielorrusia bajo la mediación del régimen de Aleksandr Lukashenko podría acabar en agua de borrajas. “Después de una pausa, los ucranios reconsideraron ir a Varsovia, y después desconectaron de nuevo por completo”, afirmó Peskov, que acusó al Gobierno de Zelenski de utilizar la negociación para defenderse: “Esta pausa ha ido acompañada de que los elementos nacionalistas están desplegando lanzacohetes múltiples en áreas residenciales, incluso en Kiev”.

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El propio Putin ahondó en esta idea durante el Consejo de Seguridad para asegurar que si hay más víctimas civiles en las ciudades, será culpa de los ucranios. “Planean devolver el fuego de los sistemas de ataque rusos desde áreas residenciales. Actúan igual que los terroristas en el resto del mundo, se esconden detrás de la gente con la esperanza de culpar luego a Rusia de las víctimas civiles”, dijo el mandatario, y acusó de estar detrás de ello a los consultores extranjeros, “especialmente estadounidenses”.

Las afirmaciones de las autoridades rusas provocan algunas dudas sobre las acciones militares. La prensa recoge por fuentes del Ministerio de Defensa que “ningún cohete cayó sobre Kiev”, aunque horas antes el alcalde de la capital, Vitali Klichkó, mostró una foto de un edificio residencial destruido; y aún no se ha informado de ninguna baja militar rusa, pese a las imágenes de cadáveres en algunos combates. Asimismo, el único avión perdido se debió, según Moscú, a “un error humano”.

El secretario de Defensa británico, Ben Wallace, afirmó este viernes que, según los datos que maneja Londres, Rusia habría perdido unos 450 militares en dos días de ofensiva. El portavoz del Ministerio de Defensa ruso ironizó con que los juicios del alto cargo británico sobre la eficacia de la operación rusa “no son más profundos que su conocimiento histórico de la batalla de Balaclava (Crimea, 1854)”, donde participó el Reino Unido, y aseguró que solo era una justificación por “los millones de libras gastados ineptamente en entrenar a las tropas ucranias”. Sin embargo, dos días después, la guerra continúa.

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El Parlamento ruso ha aprobado este martes reconocer a las autoproclamadas repúblicas separatistas de la región del Donbás (Donetsk y Lugansk). La Duma Estatal ha votado “el envío inmediato” de esta iniciativa al presidente Vladímir Putin, que siete años después de la firma de los pactos de paz de Minsk que sentaron en 2015 las bases de un alto el fuego entre las fuerzas leales a Kiev y los rebeldes prorrusos en el este de Ucrania, ha movido ficha ante el limbo legal en el que se sumió el Donbás, otra región del antiguo espacio soviético, que como Abjasia, Transnistria y Osetia del Sur no son reconocidas internacionalmente. La Duma votaba este martes dos proyectos de ley: uno propuesto por el partido de Putin, Rusia Unida, que instaba a que el borrador fuera revisado antes por el ministro de Exteriores. El otro, introducido por el Partido Comunista en enero, solicitaba acudir directamente al presidente. Esta última iniciativa ha ganado con 351 votos frente a los 310 de la presentada por la formación gubernamental.

Rusia ha emprendido este paso justo al mismo tiempo que Putin ha recibido en Moscú al canciller alemán, Olaf Scholz, en su primera visita oficial al país. El líder germano ha acudido al encuentro con la intención de escuchar de boca de Putin la promesa de que el Kremlin comenzará a rebajar la tensión bélica. Scholz se ha encontrado con la noticia del regreso a sus bases de varias unidades rusas que ya han completado sus maniobras, pero el anuncio de la Duma supone un golpe mortal para los pactos de Minsk, de los que Berlín ha sido su gran valedor todos estos años.

El presidente de la Cámara baja rusa, Vyacheslav Volodin, ha explicado que esta iniciativa legislativa permitirá proteger a los habitantes de Donbás de lo que consideró “amenazas externas”. Además de armas y suministros, como han reconocido desde las propias milicias, Moscú ha entregado en la zona más de medio millón de pasaportes rusos desde que comenzó la guerra en 2014, lo que le sirve de casus belli frente al Gobierno ucranio, al que acusa de armarse con la OTAN para intentar retomar en un futuro esta región o Crimea, que sí goza de un reconocimiento pleno por Moscú ―pero no internacional― como parte del país desde su anexión en marzo de 2014.

Las tropas rusas regresan a sus guarniciones militares.Vídeo: REUTERS

El reconocimiento de Donbás puede suponer el fin de los pactos de Minsk. El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitro Kuleba, ha dicho este mismo martes que si esto sucedía, “Rusia se retirará de facto y de iure de los acuerdos con todas las consecuencias correspondientes”. La Rada Suprema (Parlamento) de Ucrania ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional “a no aprobar ninguna decisión de la Federación de Rusia que se relacione con el reconocimiento de independencia de los territorios temporalmente ocupados”, y ha instado a organismos internacionales y Gobiernos extranjeros a reforzar las sanciones como medida para preservar la arquitectura de seguridad europea.

El presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Duma ha quitado importancia al impacto de este reconocimiento en los acuerdos de paz. “No creo que los protocolos de Minsk sean revisados por esto”, ha dicho a la agencia Interfax Leonid Slutski, y ha agregado que “simplemente no hay otro sistema de coordenadas para la normalización de las relaciones entre Kiev y el sureste de Ucrania”.

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El Kremlin ha intentado durante todo este tiempo que el Gobierno ucranio acatase la concesión de un estatus especial a la zona rebelde y la convocatoria de elecciones, a lo que se negó Kiev si Rusia no devolvía el control de las fronteras de Donbás y retiraba el armamento y los grupos armados desplegados allí. Según el Gobierno ucranio, una Donbás controlada por el Kremlin dentro del país amenazaría a su soberanía y una futura adhesión a la Unión Europea y la OTAN.

Con el comienzo de la escalada militar de noviembre también se intensificaron las negociaciones del Formato de Normandía, constituido por Rusia, Ucrania, Francia y Alemania. Kiev siempre se mostró tajante con que no aceptaría a las autoridades de Donetsk y Lugansk como interlocutores directos porque los consideraba marionetas de Moscú y no se podían celebrar elecciones libres.

De hecho, no se pudieron presentar varios candidatos separatistas en las últimas elecciones de Donetsk, celebradas en noviembre de 2018 tras el asesinato del anterior presidente, Alexandr Zajárchenko. Entre ellos, el primer “presidente popular” de la autoproclamada región, Pável Gubárev, al que vetaron su registro; ni uno de los líderes de las milicias, Alexandr Jodakovski, retenido en Rusia antes de los comicios, según él mismo denunció.

Está por ver si Rusia desplegará tropas en Donbás oficialmente como ya hace en Transnistria. Preguntado sobre ello, el presidente de la república de Donetsk, Denís Pushilin, afirmó unos días antes en rueda de prensa que con la presencia militar rusa en la línea de contacto “acabaría la guerra ya”, pero es “poco probable” por las implicaciones para las relaciones entre Rusia y la OTAN. En cualquier caso, el partido de Putin ya reavivó el debate en enero, cuando dos altos cargos, el jefe de la agrupación parlamentaria en la Cámara baja, Vladímir Vasiliev, y el secretario del Consejo General de Rusia Unida, Andréi Turchak, grabaron un manifiesto a favor de enviar armas a Donetsk y Lugansk.

La adhesión a Rusia de Donbás tampoco parece factible a medio plazo. Transnistria es independiente de facto de Moldavia desde 1990, y Abjasia y Osetia del Sur lo son de Georgia desde 1992, y en estas tres décadas no han logrado salir de su limbo internacional para perjuicio de ciudadanos y empresas. Durante su intervención, Pushilin afirmó que su intención es “estar lo más cerca posible de Rusia” y recordó las medidas impulsadas por Putin en el último año para fomentar las importaciones de aquella región.

Esta indefinición jurídica perjudica a la economía de ambas repúblicas, donde las empresas extranjeras no se atreven a entrar para no ser sometidas a sanciones y donde los empresarios locales han dependido durante la guerra de un enrevesado sistema de pagos a través de Osetia del Sur para hacer negocios con Rusia.

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Lula da Silva, el pasado enero durante un discurso en el sindicato de los metalúrgicos, en São Bernardo do Campo.
Lula da Silva, el pasado enero durante un discurso en el sindicato de los metalúrgicos, en São Bernardo do Campo.CARLA CARNIEL (REUTERS)

El Partido de los Trabajadores (PT), que al comienzo de siglo fue la máquina electoral mejor aceitada de América Latina, cumple 42 años este jueves con la mirada puesta en desalojar del poder al ultraderechista Jair Bolsonaro. El único líder que ha tenido el PT, el expresidente Lula da Silva, ha aprovechado el aniversario para animar a los militantes de base a echar el resto y movilizarse durante los ocho meses que restan hasta las elecciones presidenciales. Con la resurrección política de Lula y la ventaja con la que lidera desde hace meses las encuestas electorales, el PT pretende recobrar el vigor tras la crisis más profunda de su historia en la que vio a su líder encarcelado y su poder regional cayó a mínimos.

“Es como si yo y el PT estuviéramos resucitando”, ha dicho antes de recalcar que “nada es capaz de destruirnos”. En un discurso que, cosa rara, ha leído, ha recordado los estragos causados por Bolsonaro, las conquistas sociales de los cuatro gobiernos petistas y sus 580 días en prisión. La misión de Lula es, en palabras del PT, reconstruir Brasil para que sea de nuevo un país más justo y más democrático. Con el lema “Brasil tiene solución”, el expresidente ha instado a los militantes mantener la esperanza. El partido espera crear en los próximos meses 5.000 comités populares que reactiven la fuerza callejera desplegada por el PT durante los mandatos de Lula y Dilma Rousseff, de 2004 a 2016.

Lula todavía no ha oficializado su candidatura pero lo que lastra ahora mismo su campaña no es eso, sino la pandemia. Ante la aparición de la ómicron y para cumplir los protocolos de la pandemia, el PT aparcó los planes originales de celebrar el 42 aniversario con una gran fiesta. Tuvo que contentarse con un acto virtual con saludos grabados por dirigentes y militantes pero sin el calor del público. Mientras sus principales adversarios, Bolsonaro y el antiguo juez Sérgio Moro, recorren el país protagonizando actos públicos, Lula participa en incontables entrevistas con emisoras de radio y medios digitales y reuniones con otros políticos, pero no en actos multitudinarios por el momento. El PT considera que la pandemia en Brasil “se ha visto agravada por la gestión criminal de un presidente y un Gobierno negacionistas”, como ha dicho la presidenta de la formación, Gleisi Hoffmann.

El acto virtual del PT, difundido vía YouTube, ha coincidido con el directo semanal que el presidente Bolsonaro hace cada jueves en esa misma red. El mandatario ha presumido de haber finalizado una emblemática obra que inició Lula en el Nordeste, el gran granero de votos de la izquierda. Bolsonaro ha exhibido de nuevo su poderío en el mundo digital al reunir a 17.000 personas en su canal, mientras 1.200 esperaban el discurso de Lula en el del PT. Para el ultraderechista, esta disparidad de audiencia “prueba que los sondeos son una farsa”. “Todo el mundo lo sabe”, ha insistido.

Lula sigue completamente inmerso en las negociaciones para que un antiguo adversario, el centroderechista Geraldo Alckmin, sea su compañero de candidatura como vicepresidente para suavizar las reticencias que suscita en sectores alejados de la izquierda y allane una victoria.

El exmandatario ha reivindicado la figura de Rousseff, convertida en objetivo preferencial de los críticos. El PT no ha podido librarse de la polémica sobre el papel que ocupará la expresidenta en la campaña de Lula en vista de que es acusada de haber agravado la crisis económica en los meses finales de su mandato, antes de ser destituida por el Congreso.

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El PT es casi una anomalía en el panorama político brasileño, donde pertenecer a una u otra sigla es a menudo irrelevante porque las formaciones nacen y mueren a una velocidad asombrosa, suelen tener poca sustancia ideológica y los políticos se mudan con facilidad de unas a otras.

El PT fue creado el 10 de febrero de 1980 en plena dictadura para defender los derechos del pueblo trabajador. Fue presentado en el colegio Sión, una escuela judía de São Paulo, gracias al impulso de una combinación de sindicalistas, movimientos católicos e intelectuales de clase media alta incluidos los padres de Chico Buarque, Sérgio y Amelia Buarque de Hollanda.

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En un decreto publicado en el Boletín Oficial de Turquía la noche del viernes al sábado, el presidente de Turquía instó a todos los organismos del Estado a tomar medidas urgentes para acabar con “la influencia extranjera y la corrupción de la cultura nacional” y proteger “los valores morales y nacionales” en las producciones audiovisuales y los medios de comunicación. Los críticos con el Gobierno islamista consideran que se trata de un intento de aumentar la censura.

La circular exige imponer sanciones y llevar a cabo los cambios legales necesarios para evitar “la erosión de los valores morales y nacionales y la estructura social y familiar a través de las publicaciones abiertas o encubiertas de los medios”, y exige a los directivos de las cadenas evitar este tipo de contenidos. La formulación del texto presidencial, con referencia a los debates de los últimos días sobre un programa de televisión, ha dirigido todas las miradas a la versión turca del programa Mask Singer: adivina quien canta, de origen surcoreano, en el que personajes famosos actúan ocultando su identidad bajo vistosos disfraces y máscaras.

Círculos ultraconservadores habían criticado en las redes sociales el programa asegurando que promovía “el satanismo, el paganismo y el chamanismo” y, de hecho, el Consejo Superior de la Radiotelevisión Turca (RTÜK) ha iniciado una investigación sobre la base de que el programa puede dañar a la infancia.

“Se trata de un texto inconstitucional: no se pueden recortar derechos protegidos por la Constitución mediante una circular presidencial”, sostiene Veysel Ok, copresidente de la Asociación de Estudios sobre los Medios y las Leyes (MLSA). Aunque el decreto no incluye ninguna medida con valor legal real, para este abogado el peligro radica en que “será tomado como una orden” por diversos organismos del Estado, desde RTÜK a la Fiscalía: “Así que podemos esperar más investigaciones contra cadenas de televisión y periodistas, incluso el cierre del algún medio. Erdogan podría haber logrado esto haciendo algunas llamadas de teléfono, pero lo hace público para reforzar la polarización política e instilar el miedo en la sociedad”.

La prensa opositora considera estos debates parte de la “guerra cultural” de los islamistas para galvanizar a su electorado en un momento en que la crisis económica ha reducido el apoyo a Erdogan. De hecho, el decreto llega tras una semana de ataques contra la popular cantante Sezen Aksu -considerada la reina del pop turco desde la década de 1980- por una canción estrenada hace cinco años en la que calificaba de “ignorantes” a Adán y Eva. Según la prensa local, directivos de RTÜK telefonearon a todos los canales turcos para que no emitiesen la canción y el propio Erdogan llamó a “arrancar la lengua” de aquellos que “difamen” a Adán y Eva, aunque posteriormente se retractó parcialmente y dijo no referirse a la cantante.

Sustitución del ministro de Justicia

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El Boletín Oficial turco de este sábado va cargado de ceses y nuevos nombramientos en la cúpula de siete organismos oficiales. El ministro de Justicia, Abdülhamit Gül, es sustituido por Bekir Bozdag, quien ya ocupó esa cartera entre 2013 y 2017. No queda claro si se trata de una dimisión del propio Gül o un cese ordenado por Erdogan, ya que desde hace un año y medio la salida de ministros viene siempre precedida de un mensaje del propio ministro en el que este solicita al presidente “ser exonerado de la misión encargada”. El medio opositor T24 atribuye la salida de Gül -procedente del movimiento islamista- a sus fricciones con el grupo de los “pelícanos”, dirigido por Berat Albayrak, yerno de Erdogan, y con el ministro de Interior, el ultranacionalista Süleyman Soylu, así como con el otro socio de la coalición gubernamental: el partido ultraderechista MHP.

El Instituto de Estadística de Turquía (TÜIK) también tendrá nuevo director y subdirector, tras los cambios decretados por Erdogan la pasada medianoche. Erhan Çetinkaya será así el cuarto encargado de la institución en los últimos tres años. El instituto ha sido acusado por la oposición de maquillar las estadísticas, especialmente las de la inflación, pero aun así Erdogan está insatisfecho porque cree que los cálculos de precios de TÜIK son más altos de lo que deberían.

También se ha nombrado como nuevo presidente del Instituto de Medicina Forense a un profesor que está entre los directivos de una fundación islamista de beneficencia dirigida por Bilal Erdogan, hijo del presidente. La oposición y los medios críticos denuncian que, desde la entrada en vigor del sistema presidencialista en 2018, los nombramientos de altos cargos se basan en la lealtad y la cercanía al presidente o al partido gobernante en lugar de en los méritos.

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha enviado un mensaje contundente este martes al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. El organismo ha instado al popular mandatario que elimine el bitcoin como moneda de uso legal en el país centroamericano, lo que aumenta la tensión en las relaciones entre el Fondo y el Ejecutivo de Bukele. Para el presidente la implementación de bitcoin como moneda de pago es uno de sus principales proyectos, que promociona con intensidad tanto desde su cuenta de Twitter —plataforma favorita para comunicar sus decisiones— como en las giras que ha emprendido para vender a su país como una tierra de oportunidades para los empresarios. Bukele no ha reaccionado inmediatamente a la exigencia del FMI.

El Fondo ya había alertado a inicios de enero de los riesgos que implica para El Salvador asumir la criptomoneda y había pedido a Bukele una reunión para discutir su implementación como moneda de curso legal. “La adopción del bitcoin como moneda genera una serie de cuestiones macroeconómicas, financieras y legales que requieren un análisis muy cuidadoso”, dijo Gerry Rice, portavoz del Fondo. El popular presidente ya había anunciado en noviembre sus grandes planes para convertir a su país en un laboratorio mundial de la criptomoneda. Bukele se ha mostrado entusiasta con el proyecto y ha prometido a sus ciudadanos que llevará desarrollo económico para su país. Desde su Gobierno se ha afirmado que esta iniciativa pretende convertir a El Salvador en la Singapur de América Latina.

El salvadoreño viajó la semana pasada a Turquía en su búsqueda de atraer apoyos en momentos cuando su relación con Estados Unidos —el principal socio de su país— pasa por horas bajas. Bukele se reunió con Recep Tayyip Erdogan, con quien firmó seis acuerdos de cooperación bilateral en los sectores de economía, comercio, defensa, diplomacia y educación. Pero el tema que más expectativa levantó durante la visita fue el uso de las criptomonedas, en un país donde sus habitantes están en plena fiebre inversora para proteger sus ahorros, cuando la lira turca ha sufrido una fuerte pérdida en su valor.

La exigencia del FMI se da en momentos cuando el valor de las criptomonedas va en caída libre. La semana pasada el bitcoin perdió más del 10% de su valor, mientras las bajas continúan. La criptomoneda bajó a 35.000 dólares, lo que representa el valor más bajo desde julio. Bukele ha reaccionado con mofa a quienes critican la caída en el valor de la moneda virtual y su decisión de adoptarla. “La mayoría de la gente entra [a comprar] cuando el precio sube, pero el momento más seguro y rentable para comprar es cuando el precio baja. No es ciencia espacial. Así que invierta una parte de su sueldo de McDonald’s en Bitcoin”, escribió Bukele el 24 de enero. El presidente cerró su mensaje con un “Drama queens” [reinas del drama] para sus críticos.

Rice, del FMI, ya había advertido a inicios de enero que “los activos cripto pueden traer riesgos significativos”, por lo que sugirió que debería haber “medidas efectivas de regulación”. Para Bukele, sin embargo, se trata de una “oportunidad de oro” para su país. A inicios del pasado junio la Asamblea Legislativa salvadoreña adoptó una ley que hace del bitcoin una moneda de uso legal. Un hecho que el presidente Bukele celebró con entusiasmo. “En cada restaurante, hotel, banco, transacción personal, si quieres vender un auto, todo podrá pagarse con bitcoins o dólares. El bitcoin será tratado como moneda nacional, todos tendrán que aceptarlo”, auguró. Entonces, sus planes comenzaron a crecer y Bukele lanzó su idea de convertir al país centroamericano en un gran centro de minado de la moneda virtual. Para ello prometió ofrecer “energía muy barata, 100% limpia, 100% renovable, con cero emisiones, de nuestros volcanes”. El 10 de junio, Bukele hizo público en Twitter un proyecto geotérmico que servirá como sede del minado.

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Narváez insta a Provoste a definir «por transparencia» su opción presidencial

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