El Instituto Colombiano de Ballet dará inicio a su temporada de ‘Domingos infantiles’ este próximo 3 de abril con la función ‘Colombia majestuoso al ritmo del folclor’ a cargo de los estudiantes del programa de Danza Nacional.
En la presentación se podrá ver el talento de los niños y jóvenes de III, IV, V y VI grado de la línea de Promoción Cultural de la Escuela de Danza Colombiana. «Son niños y jóvenes que están estudiando para ser grandes promotores del folclor y poder llevarlo a todas partes de Colombia», afirmó Ricardo Cosme, docente de Danzas Folclóricas de Incolballet.
La invitación es para programarse el domingo 3 de abril en el Teatro Caliteatro a las 4:00 pm.
Aída Victoria Merlano y joven líder social del Chocó.
El joven presuntamente recibió amenazas y tuvo que huir de su tierra.
Noticias Colombia.
Cristian Córdoba es un joven que lucha por los derechos de su gente en Quibdó, capital del departamento de Chocó.
Recientemente, realizó una videodenuncia en la que evidenciaba una protesta por parte de trabajadores de un hospital, al que presuntamente no les pagan desde hace seis meses.
El joven chocoano en compañía de otros voluntarios del movimiento «Un joven convencido convence», manifestaron su descontento por la penosa situación que viven estos trabajadores y sus familias, ya que no tienen cómo llevar sustento a sus hogares por la falta de sus pagos.
Con sillas, ollas destapadas sin comida y otros utensilios, los emploeados del hospital Ismael Rivera bloquearon la vía para que se les escucháse sus peticiones.
Según denunció el joven en redes sociales, presuntamente recibió algún tipo de intimidación de parte de algún funcionario público del municipio por las actividades que llevaba a cabo, hecho que vio con gran preocupación.
En un «en vivo» desde el lugar de los hechos, Aída Victoria se conectó vía telefónica con Cristian y pudo observar de cerca la situación que viven los trabajadores del hospital que realizaron la protesta.
Al ver la aparente situación de peligro para Cristian, Aída Victoria decidió traerlo hasta su casa para que esté a salvo. Además, lo apadrinó para que estudie en la universidad la carrera de Derecho.
Ella costeará todos los gastos y, además, le brindará posada en su casa para que pueda estudiar con tranquilidad el tiempo que sea necesario, entre 4 y 5 años que dura la carrera.
Es de resaltar que Aída Victoria Merlano viene relizando algunos trabajos sociales con población vulnerable del departamento del Chocó.
En esta oportunidad, hizo visible el hecho de que a algunos trabajadores de un hospital local no les han cancelado sus salarios.
«Que Colombia se entere de que al personal de la salud del Hospital San Francisco de Asís (el único de segunda necesidad del departamento), no le pagan hace 6 meses», publicó el pasado 5 de febrero en su cuenta de Instagram.
«Me enamoré del Chocó, de su gente, de su aguante para enfrentar la vida en medio de las adversidades, de su lucha por recuperar la dignidad que el Estado les arrebató (lucha que siento mía, como si me hubiese visto nacer el río Atrato)», dijo Aída sobre las necesidades de esta zona de Colombia.
Un estudiante camina delante de un cartel en honor de los niños indígenas que sobrevivieron a los albergues, sus familias y comunidades en Ottawa.BLAIR GABLE (REUTERS)
Ha terminado en Canadá una batalla jurídica de más de 14 años. Este martes, autoridades federales anunciaron un acuerdo alcanzado con organismos indígenas. Ottawa desembolsará unos 40.000 millones de dólares canadienses (31.000 millones estadounidenses) en indemnizaciones y apoyo a iniciativas de protección hacia estos grupos. Las negociaciones tuvieron como base una decisión del Tribunal canadiense de Derechos Humanos: el Gobierno federal discriminó a niños autóctonos al financiar de forma insuficiente servicios para la infancia y la familia durante 30 años en las reservas, provocando con ello que miles de estos menores fueran a parar a albergues o vivieran con familias de acogida.
“Ninguna indemnización puede compensar el trauma sufrido, pero este acuerdo reconoce el daño y el dolor causados a los niños sobrevivientes y a sus familias por la discriminación en el financiamiento”, declaró Patty Hadju, ministra de Servicios Indígenas. Este martes se dio a conocer que las partes llegaron a un acuerdo el pasado 31 de diciembre, fecha límite impuesta por el juez para alcanzar un arreglo amistoso. Sin embargo, Marc Miller, ministro de Relaciones entre la Corona y los Grupos Indígenas, había avanzado el 13 de diciembre que un ajuste en el presupuesto contemplaba ya un monto igual al anunciado. “Han sido 30 años de fracaso y discriminación hacia los niños autóctonos”, reconoció ese día Miller.
La mitad del dinero estará destinado a indemnizaciones, tanto a los menores afectados como a sus padres, en un periodo que comprende entre el 1 de abril de 1991 y el 31 de marzo de 2022. Al menos 54.000 niños han sufrido los impactos de este financiamiento insuficiente. El resto del monto servirá para mejorar distintos elementos del sistema de protección infantil en las comunidades. Los indígenas canadienses menores de 15 años representan el 8% del total de esta franja de edad en el país. No obstante, ocupan más de la mitad de los espacios en el sistema de albergues y familias sustitutas.
En febrero de 2007, la Asamblea de Primeras Naciones de Canadá (que reúne a más de 600 líderes de comunidades indígenas) y la Sociedad de apoyo a la infancia y a la familia de los grupos autóctonos presentaron una demanda contra el Gobierno federal ante el Tribunal canadiense de Derechos Humanos por el financiamiento insuficiente de los programas, un ejemplo para ellos de discriminación. Dicha institución judicial dio la razón a los demandantes en 2016, autorizando en 2019 las negociaciones para alcanzar un acuerdo. Ottawa hizo uso de distintos recursos de apelación. Sin embargo, un juez volvió a solicitar al Gobierno canadiense el pago de los montos. Tras apelar de nueva cuenta, las autoridades federales se comprometieron a llegar a un acuerdo a más tardar el 31 de diciembre, fecha establecida por el tribunal.
Este martes, la Asamblea de Primeras Naciones de Canadá reaccionó a través de Cindy Woodhouse, jefa de las comunidades indígenas de la provincia de Manitoba e integrante del equipo negociador de este arreglo. “Hemos esperado este acuerdo desde hace mucho tiempo. Los grupos indígenas del país han trabajado muy fuerte para alcanzarlo”, declaró Woodhouse. El ministro Miller comentó que, pese a que no pueden revertirse los daños sufridos, “las injusticias históricas requieren de reparaciones históricas”.
El acuerdo alcanzado refleja una vez más el conjunto de condiciones adversas para un importante número de indígenas canadienses. Políticas desatinadas por parte de Ottawa y acciones alimentadas por la discriminación han tenido profundo impacto en comunidades autóctonas desde hace décadas. El hallazgo el año pasado de más de 1.200 fosas sin marcar en terrenos de cuatro antiguos internados para niños indígenas mostró como nunca este rostro sombrío de Canadá. Una red de 139 centros de este tipo operó en el país norteamericano entre 1883 y 1996 para asimilar a estos menores por la fuerza. Su financiamiento provino del Gobierno federal, mientras que su administración estuvo a cargo de grupos religiosos. La negligencia, la violencia sexual, los castigos físicos y el racismo fueron comunes dentro de sus muros. Algunos expertos calculan que más de 6.000 niños fallecieron en estas instituciones.
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El país lanzó la campaña que busca asegurar el derecho a la salud sexual y reproductiva de todas las mujeres.
Deutsche Welle
07.05.2021
La estatal Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) anunció que brindará de manera gratuita la pastilla anticonceptiva de emergencia a las mujeres que la requieran, como parte de los esfuerzos para garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva, según trascendió este jueves.
«A partir de hoy la CCSS habilita otorgar anticoncepción de emergencia para toda mujer que lo requiera. Este método previene el embarazo del mismo modo que las pastillas anticonceptivas regulares. Un importante avance para la salud sexual y reproductiva de las mujeres», escribió el 5 de mayo el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado.
La CCSS detalló que introdujo la opción de acceder a la anticoncepción de emergencia -conocida como pastilla del día después– para cualquier mujer que haya tenido una relación sexual con posibilidad de embarazo. Hasta ahora este tipo de anticoncepción estaba disponible solamente para las mujeres víctimas de agresión sexual.
«Es importante aclarar a la población que estos medicamentos no son abortivos. Como parte de la educación es necesario decir que impiden la concepción, pero no malogran una concepción ya realizada», afirmó en un comunicado de la CCSS la ginecóloga Angélica Vargas.
El anticonceptivo de emergencia previene el embarazo de la misma manera como lo hacen las pastillas anticonceptivas regulares: impide o demora la liberación de un óvulo de los ovarios de una mujer o impide que el espermatozoide fertilice al óvulo, indicó la CCSS.
Según el lineamiento oficial, la anticoncepción de emergencia puede ser usada por cualquier mujer en edad fértil que la necesite y debe tomarse lo antes posible después del coito sin protección y dentro de un plazo máximo de 120 horas. «El objetivo de abrir el acceso a este recurso anticonceptivo es brindar diversas posibilidades para ajustarse a la situación, las características y las necesidades de cada persona y para impactar de forma positiva en la salud sexual de la población», explicó la CCSS.
La entidad detalló que, según la Organización Mundial de la Salud, las mujeres con riesgo de embarazo indeseado tienen derecho a la anticoncepción de urgencia y por eso los métodos deben integrarse en todos los programas nacionales de planificación familiar. La CCSS también explicó que la anticoncepción de emergencia pretende favorecer la disminución de la alta tasa de embarazos no deseados en el país.
La Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva de 2015 reveló que entre las personas entrevistadas el 49,8 % de las mujeres y el 32,2 % de los hombres no deseaban su último embarazo. Por ello, quienes trabajan en Salud brindarán a las pacientes información acerca de la anticoncepción de emergencia, así como asesoría sobre el uso de los métodos anticonceptivos regulares disponibles.
El procedimiento de consejería para realizar un acompañamiento integral busca que la usuaria tome una decisión informada, autónoma y responsable, agregó la CCSS y dijo que también se podrá activar el protocolo de atención a víctimas de violación sexual, en caso de descubrir hechos de ese tipo durante las charlas con las pacientes.
