The King of Spain International Journalism Prizes on Wednesday recognized the work of Spanish and Portuguese journalists across Latin America and their important coverage of social movements, the environment and humanitarian work.
The report “The broken promise: the collapse of social security in Venezuela” published on the Prodavinci news site won the prize for International Cooperation and Humanitarian Action Journalism.
Photographer César Luis Melgarejo Aponte scooped the International Photography Journalism award for his photograph “Resistir” (“Resist”) published in Colombia’s El Tiempo newspaper.
The report “The Assassination of the president of Haiti” broadcast on Colombian TV program Noticias Caracol won the Narrative Journalism Award “for sharing exclusive information about the assassination of Jovenel Moise in 2021”.
Spanish non-profit organization Civio was awarded with the Ibero-American Media award for its work based on “transparency, data veracity and accountability”.
The report “Daughter of Cotton: A Profile of Cristina Rivera Garza”, published in the Mexican magazine Gatopardo, was awarded with the Cultural Journalism prize “for its ability to reflect on the contribution of Hispanics to the creation of the culture of the United States .”
Finally, the Environmental Journalism award was given to the report “Engolindo Fumaça” (“Swallowing Smoke”) on the health effects of forest fires published in InfoAmazonia of Brazil.
Created by Spain’s news agency EFE and the country’s agency for international cooperation and development (AECID) in 1983, the annual media awards recognize some of the leading work done by Spanish and Portuguese-speaking journalists.
The jury for this 39th edition of the prize ceremony selected media outlets and reporters from 17 Ibero-American countries spanning topics ranging from humanitarian, social, cultural and environmental. EFE
La Policía indicó que en los operativos fueron capturados 4 personas e inmovilizados 3 vehículos en donde iban los extranjeros. Iban para Antioquia, luego Panamá y tenían como destino final Estados Unidos.
Noticias Valle del Cauca.
Son al menos 43 los migrantes de diferentes nacionalidad los que las autoridades han encontrado circulando a bordo de buses en vías del Valle del Cauca en los últimos días.
Estas personas de acuerdo a la Deval, proviene de Rusia (Georgia), Haití, Senegal, Burkina Faso e India (Jandli Haryana).
Informaron que en medio de estos procesos que se llevaron a cabo a través de unidades adscritas a la Seccional de Tránsito y Transporte del Valle del Cauca, terminaron capturando a 4 personas, quienes están señaladas por el presunto delito de tráfico de inmigrantes.
Pero además de sus capturas, también se realizó la inmovilización de 3 vehículos en los cuales se movilizaban los inmigrantes.
Capturaron a cuatro personas.
Manifiestan que los hoy detenidos eran los conductores y ayudantes de los buses de servicio público y particulares.
Ellos «intentaron evadir los controles policiales que se realizan en las principales vías del departamento», dijeron.
Antioquia, Panamá y Estados Unidos: Destinos
Las autoridades presumen que los extranjeros habrían ingresado al país por la frontera ecuatoriana.
En donde al parecer cancelaron un valor de 3 mil dólares para ser transportados hasta el departamento de Antioquia, después emprenderían otro viaje con destino a Panamá y luego a los Estados Unidos, que sería el destino final.
Luego de hallarlos, los ciudadanos fueron dejados a disposición de Migración Colombia, teniendo a que «no cuentan con permisos migratorios para el transito por nuestro país».
Rodolphe Jaar, sospechoso por el asesinato del presidente de Haití.POLICÍA NACIONAL DE HAITÍ
Seis meses después del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, la fiscalía del sur de Florida ha anunciado el inicio de una acusación contra Rodolphe Jaar, que este jueves se presentó ante una Corte de Miami donde debe responder por delitos relacionados con el magnicidio, que profundizó aún más la crisis política del país caribeño.
Jaar, de 49 años, fue detenido el miércoles a su llegada a Miami y enfrenta los cargos de “conspirar para cometer asesinato o secuestro fuera de Estados Unidos y de brindar apoyo material con resultado de muerte”. Jaar es la segunda persona que afronta un proceso en Estados Unidos por el asesinato del presidente haitiano después de que el exmilitar colombiano Mario Antonio Palacios fuera acusado por ese crimen el pasado 4 de enero, también en una corte de Miami. En el expediente del último de los detenidos, según medios locales, se registra un proceso con las autoridades estadounidenses por tráfico de drogas. Lo último que se sabía de él era que se desempeñaba como informante de la DEA, según informaron algunos medios.
La investigación sobre el caso ha señalado hasta ahora que Joseph Félix Badio, exfuncionario del ministerio de justicia de Haití, fue quien dio la orden a los exmilitares colombianos supuestamente contratados para asesinar al presidente. También están involucrados el exsenador haitianoJohn Joël Joseph, que habría entregado las armas a los mercenarios; el informante de la DEA, Jaar; los empresarios haitianos, Desir Gordon Phenil y Ashkard Peter Joseph; así como la jueza de la Corte Suprema, Windelle Coq Thelot.
Por el asesinato del presidente de Haití también fue detenido John Joël Joseph en Jamaica, a donde había huido para esconderse de las autoridades. Palacios, el exmilitar colombiano, también se escondía en Jamaica, donde fue detenido en octubre pasado. Las autoridades de la isla lo deportaron a Colombia, pero fue capturado durante una escala en Panamá y enviado a La Florida. Allí está a la espera de una audiencia judicial para responder por los cargos de conspiración para cometer asesinato o secuestro fuera de los Estados Unidos y de proporcionar apoyo material que resultó en la muerte de Moïse.
“Jaar fue responsable de proporcionar armas a los cómplices colombianos para facilitar la realización de la operación”, ha detallado la fiscalía, que agrega que varios de los cómplices colombianos también se hospedaron en una residencia controlada por él. Si es declarado culpable, Jaar se podría enfrentar a una pena máxima de cadena perpetua.
Su papel en el magnicidio, según las autoridades
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Jaar aparece varias veces en el relato cronológico del magnicidio, según las autoridades, cuando después del asesinato del presidente supuestamente se comunicó con otro de los implicados para hablar de un plan para ocultarse de las autoridades haitianas.
La Fiscalía señaló este jueves que el acusado y otros, incluido el grupo de colombianos y varios haitiano-estadounidenses, participaron en un complot que se centró inicialmente en secuestrar al presidente haitiano como parte de una supuesta operación de arresto, pero el plan cambió y resultaron asesinándolo.
Un miembro de las Fuerzas Armadas de Haití hace guardia en una de las calles de Puerto Príncipe, en Haití.RALPH TEDY EROL (REUTERS)
Dos periodistas haitianos fueron asesinados este jueves por una pandilla de la periferia de la capital Puerto Príncipe, informó la emisora de radio en la que trabajaban los informadores. Wilguens Louissaint y Amady John Wesley fueron tiroteados y un tercer periodista que los acompañaba logró escapar, aseguró la radioemisora Radio Ecoute FM a AFP.
Los homicidios ocurrieron en Laboule 12, uno de los barrios ricos en Puerto Príncipe, y en medio de las luchas internar entre las bandas criminales en Haití. Los periodistas informaban de estos enfrentamientos por intentar hacerse del control de la zona. Una ruta que atraviesa Laboule 12 es la única alternativa para llegar a la mitad sur del país que está controlada por una de las pandillas con más poder en la isla.
El país registró al menos 950 secuestros en 2021, según el Centro para Análisis e Investigación de los Derechos Humanos. Menos equipada y enfrentando a grupos criminales que poseen fuertes arsenales, la policía de Haití no ha intentado organizar ningún operativo a gran escala contra las pandillas desde marzo de 2021. El 12 de marzo cuatro policías fueron muertos al intentar una operación en un barrio de Puerto Principio utilizado por una banda para esconder a sus secuestrados.
La impunidad de las pandillas muestras las debilidades del sistema de justicia penal de Haití, donde las investigaciones rara vez tienen éxito. El asesinato en abril de 2000 del periodista Jean Dominique, el reportero más famoso de la isla en ese momento, sigue sin resolverse. En junio de 2021, el periodista Diego Charles fue asesinado, junto con un activista político de la oposición y otras 13 personas. Los responsables no han sido identificados por las autoridades.
El fotoperiodista Vladjimir Legagneur nunca regresó de un viaje que emprendió en marzo de 2018 para hacer un reportaje en el barrio Martissant, ahora totalmente controlado por pandillas. La policía aún no reveló los resultados de una prueba de ADN que dijeron que realizaría en un cuerpo encontrado pocos días después de su desaparición.
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Policías custodian al grupo de sospechosos de haber participado en el asesinato del presidente haitiano, Jovenel Moise, en Puerto Príncipe (Haití).Jean Marc Hervé Abélard (EFE)
Han pasado ya seis meses desde que el magnicidio del presidente Jovenel Moïse sacudiera Haití. Y las investigaciones sobre los autores intelectuales del atentado parecen haber caído en saco roto. El país sigue sumido en la delincuencia y comenzó 2022 con otro intento de magnicidio: el primer ministro, Ariel Henry, resultó ileso de un ataque con disparos cuando salía el día de Año Nuevo de una misa en la Catedral de Gonaïves, 100 kilómetros al norte de la capital, Puerto Príncipe.
Para los 19 exmilitares colombianos que fueron capturados por su supuesta participación en el asesinato de Möise también está detenido el tiempo. Así lo aseguran los familiares del grupo de mercenarios que, según la Fiscalía haitiana, fue contratado por la empresa CTU Security, con sede en Miami, y el 7 de julio mató a tiros al mandatario en su residencia. “Se nos van a morir en esa cárcel (la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe). Están mal de salud, desnutridos, con diarrea y tuberculosis”, señala a EL PAÍS Nataly Andrade, esposa del coronel retirado Giovanny Guerrero. Andrade viajó a Haití para llevarles ropa y comida y denuncia que siguen sin abogados.
Del grupo original de 22 exmilitares que viajó a La Española —la isla cuyo territorio se reparten Haití y República Dominicana— tres murieron a manos de la policía haitiana. Medio año después del asesinato, aún no han sido repatriados sus cadáveres. “Yo viajé a hacer el reconocimiento de mi hermano. Pero aún no nos dicen cuándo los van a entregar”, dice Yenny Capador, familiar del sargento Duberney Capador, quien supuestamente lideraba el grupo de mercenarios y acabó muerto.
El caso del exsoldado Mario Palacios, que huyó en un barco hacia Jamaica y estuvo detenido allí, también es confuso. El Gobierno del país caribeño ordenó su deportación a Colombia este lunes, pero fue detenido al hacer escala en Panamá y llevado este martes a Florida. Horas después, un comunicado del Departamento de Estado estadounidense informó de que ha sido acusado de “conspiración para cometer un asesinato o un secuestro fuera de Estados Unidos” en relación con el crimen de Moïse.
“Los tres países (Panamá, Colombia y Estados Unidos) estuvieron en constante contacto coordinando esta deportación y la última extradición a EE UU”, había dicho antes este martes el director general de la Policía Nacional de Colombia, el general Jorge Luis Vargas.
La Policía de Haití busca al exmilitar colombiano Mario Palacios por el magnicidio del presidente Jovenel Moïse. Foto tomada de la Policía Nacional de Haití.PNH (Policía Nacional de Haití)
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De acuerdo con la Fundación para la Defensa de la Fuerza Pública y sus Familias, que asesora legalmente a estos exmilitares, Palacios era requerido por EE UU, de donde procedían las armas usadas por los mercenarios. Este martes, la policía colombiana agregó que tras ser detenido en Panamá, el propio Palacios “solicitó ser trasladado a la ciudad de Miami para cumplir la orden de captura emanada de una corte para el distrito Sur de La Florida”.
La orden previa de no enviarlo a Puerto Príncipe sino a Bogotá fue del Tribunal Superior de Jamaica. Y levantó muchas críticas entre los que creen que los acusados deberían ser juzgados en Haití. El ex primer ministro interino Claude Joseph aseguró que era un “duro golpe para la investigación” y que, a pesar de contar con la colaboración de las autoridades colombianas, “el equipo actual no ha realizado ningún seguimiento”. “No hay voluntad política para avanzar en la investigación del asesinato de Jovenel Moïse”, denunció el político haitiano. Según The New York Times, Moïse fue asesinado por intentar enviar a EE UU una lista de personas vinculadas al narcotráfico.
En una carta enviada al presidente colombiano, Iván Duque, los familiares de los detenidos pidieron que Palacios volviera a Colombia. “Lo que sí es cierto es que cualquier cosa que el soldado profesional Mario Palacios pueda decir de forma libre, sin riesgo a torturas o la misma muerte, puede salvar a nuestros 18 militares en Haití y puede poner de frente a la misma tortura que ellos viven actualmente a los verdaderos responsables de la muerte de Jovenel Moïse”, dijeron los familiares a través de la Fundación para la Defensa de la Fuerza Pública y sus Familias.
La organización también denunció que los exmilitares han sido torturados y que se incumplen sus derechos. “Llevan seis meses detenidos en condiciones infrahumanas, han sido obligados a confesar bajo tortura y sin la presencia siquiera de un abogado de oficio, que en Haití son estudiantes de segundo año de Derecho”, dijo la abogada Lorena Lázaro.
La letrada insiste en que los colombianos fueron utilizados como “chivos expiatorios o ganchos ciegos”. “Es pertinente hacer la claridad, no cuentan con abogados que puedan defenderlos en Haití (…) es violatorio de todos los tratados sobre derechos humanos y el derecho al debido proceso”, escribió Lázaro la carta.
Del Gabinete del presidente Duque respondieron que enviarían la información a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. Y el pasado agosto, la canciller Martha Lucía Ramírez dijo que su vicecanciller, Francisco Echeverri, estaría en Haití “para concretar la repatriación de los cadáveres de los fallecidos y la asistencia jurídica de los detenidos”. El viaje de Echeverri no supuso ningún avance.
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El primer ministro de Haití, Ariel Henry, durante la inauguración del Ministerio de Cultura y Comunicación en Puerto Príncipe, el pasado 26 de noviembre.RALPH TEDY EROL (REUTERS)
Haití empieza 2022 sumido en la violencia. El primer ministro, Ariel Henry, ha asegurado que tuvo que huir de la ciudad norteña de Gonaïves tras un tiroteo entre sus fuerzas de seguridad y un grupo armado que había advertido al mandatario que no pisara la ciudad. Una persona murió y al menos dos más resultaron heridas.
El atentado se produjo cuando el primer ministro salía de una iglesia tras un acto para celebrar el aniversario número 218 de la independencia de Haití de Francia. “Hoy, nuestros enemigos, los enemigos del pueblo haitiano, son los terroristas que no dudan en utilizar la violencia para matar a la gente con todas sus fuerzas, o para secuestrarla, quitarle la libertad, violarla. Y lo hacen todo por dinero”, escribió Ariel Henry en su cuenta de Twitter. Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que Henry sale de la iglesia y empiezan a escucharse los disparos.
El ataque obligó al primer ministro a cancelar los actos que tenía programados en la ciudad, sobre la que grupos armados habían advertido que no querían su presencia. La oficina del primer ministro, contactada por The Associated Press, dijo este lunes que “bandidos y terroristas” atentaron contra la vida de Henry y acusó al grupo de esconderse detrás de los muros para atacar el convoy y de amenazar al obispo rodeando la iglesia . “Esto es intolerable”, dijo la oficina, que anunció que órdenes de arresto, sin precisar quiénes estuvieron detrás del atentado.
Haití sufre una fuerte ola de violencia que se vio incrementada tras el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en julio pasado. Hay varias bandas criminales como el G9 an fanmi (G9 y familia), 400 Mawoso (los 400 vulgares) o Izo 5 Segonn (Izo cinco segundos), que se han convertido el nuevo Estado que controla el comercio, el transporte, los préstamos entre particulares o el sistema de justicia y que se financian, en parte, gracias a los secuestros.
Del 1 de enero al 15 de diciembre de 2021, 949 personas fueron secuestradas, entre ellas 55 extranjeros de cinco países, según datos del Centro de Análisis e Investigaciones de Derechos Humanos (CARDH). Entre esos casos ha estado el reciente de los 17 misioneros norteamericanos secuestrados en octubre, que fueron liberados el mes pasado. Las peleas entre bandas rivales de secuestradores para ganar control del territorio están incrementando la inseguridad de un país con unas fuerzas policiales muy débiles.
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En medio de una crisis que parece no tener fin, tras el asesinato del presidente Moïse en su propia habitación por parte de un grupo de sicarios colombianos, los grupos criminales también han golpeado a la población, afectada además por la escasez de combustible que ha obligado al cierre de algunas empresas y hospitales, que dependen de generadores diésel para garantizar la electricidad debido a los apagones constantes operan al límite.
Uno de los líderes de las bandas criminales, el poderoso Jimmy Cherisier, alias Barbecue, ha exigido la dimisión del primer ministro Henry a cambio de levantar la asfixia sobre el país, pero éste parece decidido a seguir al frente del país hasta que se celebren elecciones a mediados de 2022.
A finales de diciembre, una investigación de The New York Times desveló que el expresidente Moïse fue ejecutado por intentar enviar a EE UU una lista de personas vinculadas al narcotráfico. Según el periódico estadounidense, los asesinos se llevaron varios documentos de su habitación después de matarlo en la residencia presidencial. Casi un mes después, el 14 de agosto, un terremoto de 7,2 grados golpeó el sureste del país, reviviendo la pesadilla de 2010. El país más pobre de América resiste en medio del caos político, los desastres naturales y la crisis económica.
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