El Valle del Cauca, pierde fuerza en el Congreso con menos curules en Cámara y Senado. La cuota femenina es en el senadoras.
Pacto Histórico fue el gran vencedor en la región, logró 5 curules y superó por 2 al Partido de la U en el Valle del Cauca, que pierde fuerza en el Congreso. La cuota femenina es en el Senado.
Noticias Valle.
Un total de 67 eran los candidatos que por el Valle del Cauca buscaban obtener más curules en la Cámara de Representantes de Colombia, aumentar la cuota en el Congreso.
Una importante cifra con la que se buscaba mantener o superar el número de escaños obtenidos en los anteriores sufragios del 2018-2022.
Sin embargo, no fue así.
Pacto Histórico, sorpresa y vencedor en la región
El movimiento o partido político que se llevó el protagonismo en el departamento para la Cámara de Representantes fue el Pacto Histórico, del ya candidato presidencial Gustavo Petro.
Esta fuerza política logró un total de 25 representantes en todo el territorio nacional.
Pacto Histórico logró 5 curules en la Cámara de Representantes para el Valle
De los cuales 5 serían del Valle del Cauca:
Jose Alberto Tejada Echeverri
Gloria Elena Arizabaleta Corral
Cristóbal Caicedo Angulo
Jorge Alejandro Ocampo Giraldo
Alfredo Mondragón Garzón
Según datos de la Registraduría, con un total del 97,01% de las mesas informadas hasta tarde de la noche del domingo, obtuvieron 362.127 votos.
Partido de la U
Por su parte el Partido de la U, ha alcanzado un total de 3 curules, las cuales fueron logradas por: Jorge Eliécer Tamayo con 61.459 votos; Julián David López Tenorio con 51.467; y Víctor Manuel Salcedo con 49.739.
Partido de la U
Partido Liberal
En cuanto al Partido Liberal, desde la Registraduría con base al boletín número 32 y con el 97,01% de las mesas informadas, dicha fuerza política obtuvo dos curules en la Cámara para el Valle.
Álvaro Henry Monedero Rivera: 49.551 votos
Leonardo de Jesús Gallego Arroyave: 39.528 votos
Partido Liberal
Alianza Verde, CD y CR una curul cada uno
Las otras tres curules se reparte en tres importantes grupos políticos, Alianza Verde, Centro Democrático y Cambio Radical:
Duvalier Sánchez Arango (AV): 36.687 votos
Christian Munir Garcés (CD): 50.289 votos
Hernando González (CR): 32.688 votos
De 16 a 13 curules en la Cámara de Representantes
En las pasadas elecciones (2018-2022) parlamentarias el panorama para el Valle del Cauca en la Cámara de Representantes no fue muy diferente.
En su momento, además de las 13 curules alcanzadas por la circunscripción ordinaria, fueron incluidos al menos tres nuevos representantes.
Dos de la circunscripción de comunidades afrodescendientes en las que se encontraban Jhon Arley Murillo y Hernán Banguero.
Además de Luis Alberto Albán, que fue cabeza de la lista de FARC en el departamento y que, aunque no alcanzó el umbral para obtener la curul en su momento, le era garantizada por el Acuerdo Paz.
Senado, también perdió curules el Valle del Cauca
El Pacto Histórico logró mantener las curules de Roy Barreras, Wilson Arias y Alexander López.
Cambio Radical: Carlos Abraham Jiménez, Carlos Fernando Motoa y José Luis Pérez.
Partido de la U: Juan Carlos Garcés y Norma Hurtado.
María Fernanda Cabal, será la única senadora del Valle del Cauca por el partido Centro Democrático.
Así pasó el departamento de tener 13 curules en el Senado a 9.
Con esto, las 13 de la Cámara y 9 del Senado, el Valle del Cauca pierde fuerza en el poder de negociación en el Congreso, aunque tenga bancada.
Además, a excepción del Pacto Histórico que igual contó con maquinarias electorales, el único rostro ‘nuevo’ es el de Duvalier, quien ya había sido candidato a la Gobernación del Valle, no hubo más espacios para nuevos políticos ni propuestas.
Por Nariño se eligieron cinco curules que harán parte de la Cámara de Representantes. Hubo sorpresa en los resultados electorales.
Noticias Nariño
En medio de la jornada electoral que se vivió en el departamento de Nariño para elegir a los representantes de la Cámara y Senado, fueron elegidas las curules que harán parte del Congreso de la República.
En ese orden de ideas y teniendo en cuenta la votación las la Cámara de Representantes, habría quedado conformado de la siguiente manera.
El partido Conservador logró conseguir dos curules.
Con una votación de más 40 mil votos, encabezó la lista, Ruth Caicedo, viuda del senador Eduardo Enríquez Maya junto con el exdiputado Juan Daniel Peñuela quien alcanzó una votación de 39 mil votos; situación que generó sorpresa en el departamento, debido a que se espera que el excabildante arrasaría con esta votación. Mientras que Felipe Muñoz quien buscaba repetir su curul solo obtuvo
Juan Daniel Peñuela, exdiputado
Por otro lado, la sorpresa también fue en el Pacto Histórico; pues con una votación que superó los 119 mil votos y en medio de una reñida competencia con el partido Conservador por quedarse con la segunda curul; se obtuvo una de las más altas votaciones en Nariño; sin embargo el exconcejal de Pasto Erick Adrián Velasco Burbano quien representará a Nariño por este partido
Erick Adrián Velasco Burbano, Representante a la Cámara.
Mientras que en Cambio Radical, la tolda política se disputaba entre Gilberto Betancourt; el exdiputado Andrés Zúñiga, Román Palacios, Yolanda Cabezas Landazuri, Gloria Amparo Luna, permitió de Betancourt Perez, lograra quedarse con esta curul, tras obtener más de 39 mil votos.
En ese orden, otra de las candidatas que logró repetir su curul, fue la candidata Teresa de Jesús Enríquez, quien logró obtener casi 48 mil votos, tras enfrentarse con el exalcalde de Ancuya Diego Nixón Ortiz; el exdiputado Omar Cerón Leytón, Germán José Torres, y Jenny Almeida López
Teresa de Jesús Enríquez, congresista
El Senado
Entre tanto, se sabe que por el Senado, las curules fueron para
Partido Conservador: La vencedora por Nariño, fue congresista Adiela Liliana Benavides, quien obtuvo una votación de casi 70 mil votos y ahora será la sucesora de la congresista Miriam Paredes Aguirre.
Liliana Benavides.
Así mismo, se sabe que otro de los senadores por Nariño, será el candidato Roberta Daza, Fundador del Coordinador Nacional Agrario (CNA), y uno de sus presidentes. Además, figuró como vocero de la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, integrante del Congreso de los Pueblos y Coordinador Nacional Agrario.
Gracias al trabajo colectivo hoy mantenemos la curul del campesinado, los movimientos sociales y los territorios en el #PactoHistórico. Soy ahora senador. Gracias a todos y todas por su confianza, colombia avanza a una nueva era. pic.twitter.com/q9lY8xC5ru
— Robert Daza Guevara | Construyendo #PactoHistórico (@YSoyCampesino) March 14, 2022
La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, el pasado 20 de enero en el Capitolio.ROD LAMKEY (AFP)
La presidenta de la Cámara de Representantes y líder de los demócratas en Washington, Nancy Pelosi, anunció este martes que planea presentarse a la reelección en los comicios legislativos del próximo 8 de noviembre. Pelosi, de 81 años, no ha especificado si pretende mantener también el puesto como jefa del partido y máxima autoridad del Congreso, si bien meses atrás había señalado que este sería su último mandato como tal. Miembro de la Cámara desde 1987, en representación del Estado de California, Pelosi es un peso pesado del Partido Demócrata, única mujer en la historia que ha sido speaker y, además, lo ha hecho dos veces (entre 2007 y 2011 y desde 2019 hasta ahora).
En el anuncio de este martes, se ha referido a lo “crucial” de la contienda que se avecina en las urnas. Es algo más que un lugar común: los demócratas se juegan el frágil control que mantienen de la Cámara baja y el Senado, lo que marcará lo que queda de era de Gobierno de Joe Biden y la ambiciosa agenda social pendiente, y las batalla política por las leyes de voto elevan la tensión y la incertidumbre.
“Aunque hemos hecho progresos, se necesita hacer mucho más para mejorar la vida de la gente. Nuestra democracia está en riesgo por las agresiones a la verdad, el asalto al Capitolio y al derecho al voto Estado por Estado. Estas elecciones son cruciales”, señaló Pelosi en el vídeo publicado en su cuenta de Twitter. “Nosotros”, continuó, “no agonizamos, nos organizamos, y por eso me postulo a la reelección”.
Además de presidenta de la Cámara de Representantes, lo que la convierte en la tercera autoridad de Estados Unidos, Pelosi lleva 19 años como líder de los demócratas en el Capitolio, tanto en la oposición (durante las Administraciones de George W. Bush y Donald Trump) y cuando ha tenido en la Casa Blanca a un miembro del partido (Barack Obama y Joe Biden). Durante estos años se encargado de lograr la unidad de progresistas y moderados para sacar adelante leyes como la reforma sanitaria de Obama.
Chile vota en plebiscito histórico: apruebo o rechazo, el dilema de los ciudadanos que eligen si cambian la Constitución de Pinochet (y qué sigue después)
4 claves para entender qué está en juego en la consulta para cambiar la Constitución de Pinochet
En BBC Mundo analizamos por qué la Carta Magna chilena estuvo en el punto de mira durante la ola de protestas.
Herencia de Pinochet
Una de las principales razones por las que los manifestantes demandaron cambiar la Constitución tiene que ver con el origen de la misma.
«Una de las cuestiones que más se critican, y por lo mismo se quiere cambiar, tiene que ver con su ilegitimidad de origen: es justamente el hecho de que haya sido dictada durante una dictadura militar», le dijo a BBC Mundo Miriam Henríquez Viñas, profesora de Derecho Constitucional y Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago.
«La Constitución de 1980 fue obra del régimen militar y entonces para un sector muy relevante de la sociedad chilena tiene un origen ilegítimo», coincidió Gilberto Aranda, profesor del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.
El general Pinochet durante el referendo para aprobar la Constitución de 1980.
Pero tal y como apuntan ambos expertos, la Carta Magna fue modificada sustancialmente en 1989 y en 2005.
Por ejemplo, en 1989 se derogó la parte que establecía un pluralismo político limitado, que suponía que ciertas ideologías políticas, como el marxismo, estaban prohibidas.
Más tarde, en 2005, bajo el gobierno de Ricardo Lagos, se llevó a cabo una importante reforma constitucional que acabó con la figura de los senadores designados, que eran elegidos por instituciones como las Fuerzas Armadas o la Corte Suprema, «lo que de alguna manera le restaba su dimensión democrática a la composición política de la Cámara del Senado», dijo Aranda.
«Diría que en 2005 (la Constitución) ya quedó purgada de los enclaves autoritarios», opinó el doctor en Estudios Latinoamericanos.
«Sin embargo, no deja de ser la Constitución que fue preparada por el régimen militar y, por lo tanto, en ese contexto, para una parte muy importante de la sociedad chilena tendría una ilegitimidad de origen».
Los manifestantes salieron por primera vez a las calles el 18 de octubre.
En las declaraciones de los manifestantes que participaron en las protestas se reflejó ese pensamiento.
«Yo no voy a parar de protestar hasta que se cree una nueva Constitución y se termine con la herencia de Pinochet», le dijo en noviembre del año pasado a BBC Mundo Nohlan Manquez, un fotógrafo que salió a las calles en aquellos días.
Pero más allá de su origen, también se cuestiona el contenido de la propia Carta Magna.
La rigidez y los «enclaves autoritarios»
Según Henríquez, la Constitución «fue concebida originalmente con una democracia protegida de la irracionalidad del pueblo».
«Hay una desconfianza, que está presente en la Constitución, a la posibilidad de que el pueblo pueda tomar decisiones razonables por sí mismo» y, según la constitucionalista, esa desconfianza se expresa a través de una serie de mecanismos, como por el ejemplo el que el rol de los partidos políticos sea mínimo en la Carta Magna.
En cuanto a contenido, otra de las cuestiones es que se trata de una Constitución «muy rígida»: para modificarla se requieren mayorías de dos tercios o de tres quintos de los diputados y senadores en ejercicio.
Los manifestantes exigen la puesta en marcha de profundas reformas sociales.
Por ello, pese a las reformas de 1989 y del 2005, la especialista discrepó de Aranda y consideró que la Constitución «persiste en lo que se llaman enclaves autoritarios, es decir, hay ciertas normas que hacen prácticamente imposible, sino muy dificultoso, reformar ciertas disposiciones».
«Entonces prácticamente se ha generado una suerte de congelamiento de asuntos como derecho a la seguridad social, libertad de enseñanza, que son justamente los derechos sociales que hoy se demandan».
Los ciudadanos se echaron a la calle para protestar por la desigualdad y exigir la puesta en marcha de profundas reformas sociales.
Estado social
El otro cuestionamiento a la Constitución tiene que ver con los derechos sociales, ya que el texto constitucional consagra un «Estado subsidiario» que no provee directamente las prestaciones que tienen que ver con salud, educación o seguridad social, sino que esta provisión queda en manos privadas.
«Este Estado subsidiario es un Estado mínimo que se limita únicamente a vigilar o supervisar cómo los particulares proveen esos derechos», explicó Henríquez.
La privatización fue uno de los pilares del modelo de Pinochet: en su Constitución política, servicios básicos como la luz y el agua potable pasaron a manos privadas.
También hubo una fuerte privatización en áreas como la educación y la salud.
Una de las demandas de los manifestantes fue que el Estado tenga una mayor participación e involucramiento en la prestación de los bienes básicos.
Aranda coincidió en que la función social está «infrarrepresentada» en la Constitución, que le otorga solo «funciones en lo que es resguardo del orden público, seguridad, defensa, garantía de justicia, etc.»
«Hay un sector importante de las personas que están demandando cambios estructurales y profundos en Chile respecto a declarar y garantizar el ejercicio de determinados derechos sociales, es decir, incorporar a una Constitución de democracia liberal elementos de un Estado social, como en parte están, pero además garantizar su ejercicio», explicó el experto.
Ambos analistas coincidieron en que una nueva Constitución no solucionaría todos los problemas, pero sí sería un primer paso muy importante.
Este fin de semana, casi 15 millones de personas están habilitadas para elegir a los 155 representantes de la convención constitucional que redactará la nueva Carta Magna.
En esta convención no participarán representantes del Congreso y sus miembros serán electos bajo un mecanismo de paridad de género único en el mundo, que garantizará que la asamblea esté compuesta mitad por hombres y mitad por mujeres.
Los 155 miembros tendrá 9 meses (prorrogables a tres más en una sola oportunidad) para presentar un nuevo texto constitucional.
Luego, ya en 2022, Chile vivirá un nuevo plebiscito de salida para aprobar o rechazar la nueva Constitución.
*Esta nota fue publicada originalmente en noviembre de 2019, en pleno estallido social, y fue actualizada el 11 de mayo de 2021 con motivo de la elección de los miembros de la Convención Constituyente.
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Candidatos independientes y de la oposición dominan la asamblea que redactará la nueva Constitución en Chile
Además, deberá definir el reglamento sobre cómo se trabajará en la redacción de la nueva Carta Magna; por ejemplo, si incorporará o no algún tipo de participación ciudadana, o si abordará los temas a través de comisiones específicas, entre otras cosas.
La convención tendrá un plazo de nueve meses para presentar la nueva carta fundamental, pudiendo ser ampliado por otros tres meses en una sola oportunidad.
Desde que comenzó la ola de protestas, en octubre de 2019, una de las principales demandas de los chilenos ha sido el cambio de Constitución.
Luego, a mediados de 2022, los chilenos se someterán a un plebiscito de salida para aprobar o rechazar el nuevo texto propuesto.
Este deberá respetar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas, y los tratados internacionales ratificados por el país liderado por Sebastián Piñera y que se encuentren vigentes.
Pero entonces ¿cuáles son los temas que sí entrarán en debate y que son claves para sentar las reglas del juego que regirán esta nación por los próximos años o décadas? En BBC Mundo te lo contamos.
1. Rol del Estado
«Hay temas claves que sí o sí estarán en la Convención», señala la politóloga chilena Pamela Figueroa, quien trabajó en el proceso constituyente desarrollado en el segundo gobierno de Michelle Bachelet.
«Uno de los cuestionamientos importantes hoy en Chile es hacia el rol del Estado en la Constitución, que es subsidiario. Toda la agenda política apunta a un Estado que tenga un rol más social, un Estado social de derecho«, dice la académica.
La necesidad de contar con un Estado más fuerte en lo social fue reclamado en las masivas protestas que comenzaron en octubre de 2019, donde se pedía mayor protección en áreas como la salud o educación.
Para los expertos consultados por BBC Mundo, ahora la pandemia vino a evidenciar aún más la importancia de tener un Estado más protagónico y que garantice algunos servicios básicos para los chilenos.
La necesidad de contar con un Estado más fuerte en lo social fue reclamado en las masivas protestas que comenzaron en octubre de 2019, donde se pedía mayor protección en áreas como la salud o educación.
«Con la pandemia se ha agudizado la demanda sobre el rol del Estado en la provisión de protección social, de bienestar. De esta forma, va a haber una discusión muy fuerte respecto a los derechos sociales y económicos, y el rol del Estado en la provisión de los servicios públicos en general», dice Marcela Ríos, representante asistente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Chile.
En esta discusión, lo central será definir cuáles son los derechos que garantizará el Estado y de qué forma lo hará.
«Hay amplio consenso en incorporarlos de forma más explícita: educación, salud, seguridad social. Surgirán nuevos, como el de vivienda. Y derechos de segunda generación: relativos al medioambiente, la no discriminación, la participación. Eso también será importante», dice Figueroa.
Pero ¿cómo la Constitución podría asegurar que el Estado garantice esos derechos?
Claudio Fuentes, académico de la escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, pone ejemplos.
«La Constitución actual dice que el Estado debe garantizar el acceso a las prestaciones de salud. Ahora probablemente se va a hablar de que el Estado debe proveer servicios básicos a la salud y estos deben ser pertinentes territorialmente», le dice a BBC Mundo.
2. Régimen de gobierno
Para Pamela Figueroa, el debate sobre el régimen político y la distribución del poder es «el más importante».
Actualmente, Chile cuenta con un régimen presidencial, donde el jefe de Estado (en este caso Piñera) ostenta el poder Ejecutivo.
Sin embargo, en los últimos años han surgido cada vez más cuestionamientos hacia este modelo por quienes consideran que el mandatario tiene demasiadas atribuciones.
«Una de las grandes causales de la crisis en Chile fue la rigidez institucional que generó un régimen hiperpresidencial, que es bicameral pero donde las cámaras no tienen peso real y los partidos políticos son muy débiles», explica Figueroa.
Actualmente, Chile cuenta con un régimen presidencial, donde el jefe de Estado ostenta el poder ejecutivo. En la foto, el palacio de La Moneda.
«Se requiere transformar el equilibrio de poder entre presidente y Congreso, y ampliar la participación política abriendo mecanismos de democracia directa entre elecciones. Cómo se defina la distribución del poder afectará cómo la nueva Constitución se irá convirtiendo en nuevas leyes, se irá expresando en políticas públicas», afirma.
Así, ya han comenzado a asomar algunas propuestas de cambio, entre ellas, un semipresidencialismo o parlamentarismo.
«Yo diría que la mayoría hoy está por un semipresidencialismo. Su lógica detrás es que las mayorías gobiernen. Que se elija a un primer ministro que dependa del Congreso y que, ante una crisis, se pueda reemplazar», explica Claudio Fuentes.
Para el académico, la baja aprobación de Piñera (que, según las últimas encuestas no supera el 9%) ha hecho que este debate esté mucho más presente.
«Como está tan latente el fracaso de Piñera, mucho apoyan este sistema semipresidencial que flexibilice la rigidez del sistema actual», dice.
Hay otras propuestas sobre la mesa como un «presidencialismo parlamentarizado», donde el presidente podría disolver el Congreso por una sola vez, o el Congreso podría censurar al presidente.
«Debe plantearse un diseño integral, con incentivos y herramientas que incentiven la colaboración entre el Ejecutivo y el Congreso. Hoy la figura presidencial llega al poder con la ilusión de la mayoría y se encuentra con un Congreso que no le permite llevar adelante su agenda. Hay una disociación entre el poder ejecutivo y el legislativo», dice Figueroa.
Dentro de este debate, será importante lo que se decida respecto al Tribunal Constitucional (TC), cuya misión es ejercer el control de constitucionalidad de las leyes.
En los últimos años, este órgano ha sido puesto en duda en repetidas ocasiones por quienes critican que actúa con intereses políticos —se le ha tildado de «tercera cámara»— y beneficia a una minoría.
En los últimos años han surgido cada vez más cuestionamientos hacia el régimen presidencial chileno por quienes consideran que el primer mandatario tiene demasiadas atribuciones. En la foto, el presidente Sebastián Piñera.
«Si hay un acuerdo político hoy es que hay que restringirle los poderes al TC. Incluso, entre los de derecha. Los de izquierda quieren eliminarlo y pasarle esas atribuciones a la Corte Suprema», explica Claudio Fuentes.
De alguna forma, el TC le otorga más poderes al presidente de la República pues este puede tomar la iniciativa de enviar ciertos proyectos de ley para que sea revisados.
«Además de que el presidente tiene mucho poder, tiene la posibilidad de recurrir a un tribunal que al final es un órgano contra mayoritario», dice Fuentes.
3. Reconocimiento de los pueblos originarios
La definición de los derechos para las comunidades originarias y el debate sobre un Estado plurinacional serán otros de los temas «fundamentales» de la Convención, plantea Juan Pablo Luna, doctor en ciencia política y profesor en la Universidad Católica de Chile.
La Convención Constitucional recién electa incorpora a 17 representantes indígenas pertenecientes a los 10pueblos originarios chilenos reconocidos por el Estado, entre ellos, los mapuches, aimaras, quechuas y diaguitas.
Entre las demandas de estas comunidades está la de crear un Estado plurinacional, con el que se acepte su autonomía y sus derechos. Además, plantean la necesidad de contar con garantías en términos territoriales y el reconocimiento de su cultura y su lengua, entre otras cosas.
Los mapuches tienen reclamos centenarios sobre tierras.
«Este es un tema grande, que va a costar, donde habrá que hacer mucha reparación histórica. Y obviamente es complicado, porque toca derechos de propiedad. Pero es fundamental. Los modelos de Nueva Zelanda y Canadá son los más interesantes», propone Luna.
Chile y Uruguay son de los pocos países de América Latina que carecen de un reconocimiento explícito de los pueblos indígenas en su Carta Fundamental. En la otra vereda están Bolivia y Ecuador, dos naciones que no sólo reconocen a estos pueblos, sino que han optado por consagrar el carácter plurinacional del Estado en sus Constituciones.
Luna dice que el resultado sobre la inclusión de derechos garantizados y reconocidos en la Constitución para las comunidades indígenas no representa sólo un fuerte efecto simbólico.
«Hay varios países de América Latina que incorporaron esos derechos y que hoy se hacen justiciables como ocurre en Brasil o Colombia, donde la salud se empieza a litigar en cortes a partir de su reconocimiento como un derecho constitucional», recuerda.
4. Medioambiente y derechos del agua
La Constitución actual chilena estipula el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y el deber del Estado de tutelar la preservación de la naturaleza.
El cuidado por el medioambiente ha sumado apoyo en Chile.
Sin embargo, para algunos esta declaración no es suficiente para abordar de forma más integral la problemática detrás del cambio climático.
«Las disposiciones actuales son muy limitadas. Están escritas bajo una lógica de etnocentrismo (ideología a través de la cual el individuo analiza el mundo de acuerdo con los parámetros de su propia realidad), están centradas en la persona y aborda la contaminación solamente», dice Claudio Fuentes.
El académico agrega que ahora «hay toda una tendencia hacia el ecocentrismo, de buscar en las constituciones un equilibrio entre las especies». «Y eso te lleva a la protección de ecosistemas, te lleva a distribuir poder territorial, marítimo y espacial».
Este debate no sólo es importante por los efectos en el medioambiente sino porque también puede afectar el modelo de desarrollo chileno.
«El modelo chileno tiene que ver con extractivismo y, con una nueva Constitución, eventualmente se le podría poner algunas posiciones como que la empresa se tenga que hacer cargo del equilibrio ecológico; el estándar sube», dice Fuentes.
Quienes han estado a favor de una nueva Constitución en Chile, proponen que el texto señale explícitamente que el agua es un bien nacional de uso público.
Además, se instalará uns fuerte discusión respecto a los derechos del agua. Entre quienes han estado a favor de una nueva Constitución proponen, entre otras cosas, que esta debería garantizar explícitamente que el agua es un bien nacional de uso público.
De acuerdo con las autoras del libro «El negocio del agua: cómo Chile se convirtió en tierra seca», Tania Tamayo y Alejandra Carmona, Chile es uno de los pocos países que tiene una privatización casi completa de sus aguas, tanto en el origen como en la gestión del recurso.
«Hay un debate muy fuerte respecto de si mantener los derechos privados sobre el agua o si debería ser un derecho humano básico y ser público en su totalidad», explica Marcela Ríos.
*Esta nota está basada en un artículo previamente publicado en octubre del 2020, escrito por la periodista Paula Molina.
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El pasado 23 de diciembre se promulgó en el Diario Oficial la Ley 21.298, la creación de los 17 escaños reservados para los representantes de los pueblos originarios de Chile en la Convención Constitucional que redactará una nueva Carta fundamental.
Según el documento, para ser parte de la elección del 15 y 16 de mayo el votante debe ser miembro de uno de los pueblos reconocidos en la Ley 19.253 y tener la acreditación de la calidad indígena de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).
El pueblo Chango también tendrá un escaño reservado. Sin embargo, como el Estado de Chile los reconoció oficialmente en septiembre del 2020, no figuran en los registros de la corporación.
Para esta elección 1.239.295personas estarían habilitados para votar por su calidad indígena de los pueblos: Mapuche, Aymara, Diaguita, Atacameña o Licán Anta, Colla, Quechua, Rapanui, Kawashkar y/o Yagán, según las cifras del Servel.
Las regiones en las que viven más personas con esta identificación son la Metropolitana, La Araucanía y Los Lagos. Y, quienes predominan son los mapuche con un poco más de un millón de personas a lo largo del país.
¿Quiénes pueden votar?
Para poder participar en la elección de los constituyentes de pueblos originariosdebes acreditar tu calidad indígena en la Conadi o haber presentado una declaración jurada en el Servicio Electoral (Servel) donde se indicaba expresamente que cumplía con cualquiera de las condiciones que establece la ley N° 19.253, antes del 25 de febrero.
¿Cómo será la votación?
Al momento de ir a votar, cada persona acreditada como miembro de un pueblo ancestral podrá optar a recibir la cédula electoral general del distrito donde vota o la particular de su pueblo originario.
Los vocales de mesa solo le entregarán una cédula, la voluntariamente escogida para la elección de Convencionales Constituyentes.
Cabe destacar que «cada elector podrá sufragar sólo por un candidato o candidata del pueblo al que pertenece, independiente de su domicilio».
Por ejemplo, un diaguita de La Florida podrá elegir si vota por los representantes del pueblo Diaguita o por los candidatos del distrito 12, pero no podrá hacerlo por alguien del pueblo Mapuche.
Para la elección de los constituyentes de los pueblos originarios se creó un distrito único, el cual tendrá los 17 escaños reservados de los 155 totales de la Convención Constitucional.
Paridad de género
Para asegurar la paridad entre hombres y mujeres en la distribución final de escaños reservados a los pueblos originarios, la ley estipula que cada candidatura titular deberá presentar un par alternativo del sexo opuesto para poder aplicar la corrección de ser necesaria.
Tras la elección, una vez determinados representantes con mayor votación, se garantizará esta paridad en los siguientes sub grupos: Mapuche, Aymara y el resto de pueblos originarios.
En el caso del pueblo Mapuche y Aymara, si es que un género supera al otro en más de un escaño, se corrigirá de la siguiente forma: «la candidatura del sexo sobre representado de menor votación cederá su cupo a su candidatura alternativa paritaria», según indica la ley. Esto cuantas veces se requiera.
Si sumados todos los escaños de los otros pueblos indígenas no se logra el equilibrio de género, se sustituirá «a la o las candidaturas menos votadas del sexo sobre representado por su candidatura paritaria alternativa hasta alcanzarse el equilibrio».
¿Quiénes son lo/as candidato/as?
Un total de 95 candidaturas titulares se presentará para disputar los 17 escaños reservados para los diez pueblos originarios.
Revisa aquí quiénes buscan ser los representantes de cada cultura y cuáles son sus propuestas.
