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conductor de Indriver
La multa que le impusieron al conductor de InDriver fue millonaria, le inmovilizaron su vehículo aunque su licencia no fue suspendida.

La ofreció excusas al conductor de InDriver, pero dijo que «lo legal no puede esconderse de lo ilegal», mientras que la vaki que se hizo en favor del conductor, ya supera los 40 millones de pesos.

Noticias Colombia.

El concejal de Manizalez, Juan Osorio, envuelto en una polémica tras tenderle una trampa a conductor de InDriver para que le inmovilizaran su vehículo, habló y dijo que le ofrecía disculpas «a don Carlos por haberlo hecho viral en las redes sociales», pero insistió que el servicio que prestaba es ilegal.

El vacío que existe en la regulación de las plataformas digitales y la falta de una norma clara para el servicio de transporte que se presta a través de esta, ha generado múltiples problemas en varias ciudades del país.

Desde persecuciones de taxista a conductores de aplicaciones, riñas, accidentes y más, y no han faltado las trampas para que inmovilicen vehículos.

Según el concejal de manizales, un extaxista, don Carlos prestaba un servicio ilegal.

«En ningún momento nuestra intención fue que saliera como está saliendo. Ha sido muy incomodo que la gente sea tan pasional y nos esté amenazando hasta de muerte», dijo Osorio.

«No podemos escudarnos en que lo legal, se tenga que esconder entre lo ilegal», señaló. 

La multa que le impusieron al conductor de InDriver fue millonaria, le inmovilizaron su vehículo aunque su licencia no fue suspendida.

Sin embargo, si vuelven a sancionarlo por la misma infracción que si está definida en la ley de tránsito, la perdería por varios años.

Al concejal le han cuestionado duramente la trampa que le tendió al conductor, porque solicitó el servicio para conducirlo hasta un punto de control de la policía de tránsito.

Este caso de nuevo a abierto un duro debate sobre la reglamentación del servicio de transporte de pasajeros a través de plataformas, que algunos señalan, hasta las usan taxis.

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Si Boris Johnson hubiera escuchado alguna vez la célebre frase del expresidente de la Generalitat de Cataluña Josep Tarradellas, aquella de que “en política se puede hacer de todo menos el ridículo”, seguramente habría discrepado. El político conservador británico ha demostrado ya con creces que el bochorno en carne propia es un arma igual de válida que cualquier otra para sobrevivir un día más. El primer ministro dejó atrás 2021 en medio de una sucesión de escándalos que hizo que muchos de sus compañeros de partido comenzaran a cuestionarse su continuidad en el cargo. A las fiestas en Downing Street durante las Navidades de 2020, en el momento más duro del confinamiento por la covid, se sumaba un asunto que el matrimonio Johnson llevaba meses arrastrando: el exceso de gasto, y el dudoso origen del dinero, en la decoración de su apartamento privado oficial, en el número 11 de Downing Street. Dos investigaciones paralelas sobre este último asunto concluyeron antes de fin de año. La de la Comisión Electoral y la del Asesor Independiente del Primer Ministro, Christopher Geidt (Lord Geidt). La primera señaló como principal culpable al Partido Conservador, y le impuso una multa de más de 21.000 euros. El monto total de la decoración, a manos de la diseñadora de moda —con estilo orgánico y campestre, pura country life británica— Lulu Lytle, superó los 120.000 euros. El dinero lo aportó, en su mayoría, el multimillonario empresario y donante del Partido Conservador David Brownlow.

Había una importante diferencia entre las dos investigaciones, que provocó que se torcieran las cosas para Johnson. La Comisión Electoral tiene autoridad total para iniciar pesquisas, reclamar la comparecencia de testigos o exigir la entrega de documentos públicos. El asesor independiente es un cargo nombrado por el propio primer ministro, y su función es la de recomendar mejoras o señalar fallos en el cumplimiento del Código Ético del Buen Gobierno. Es decir, su éxito depende en exclusiva de la propia voluntad individual de ser un Pepito Grillo molesto y del grado de colaboración que obtenga de los miembros del Ejecutivo. Lord Geidt exoneró en un principio a Johnson. Se creyó al político, cuando este le aseguró que, durante los ocho meses previos a las conclusiones de la Comisión Electoral, no estaba informado ni del avance de las reformas en el piso ni de dónde venía el dinero.

Pero con el resultado de la Comisión Electoral se publicaron también los intercambios de WhatsApp que Johnson había tenido con el acaudalado Brownlow, en los que le pedía más ayuda para completar la decoración. “Me temo que partes de nuestro apartamento siguen algo desordenadas, y desearía permitir a Lulu Lytle que las arreglara. ¿Puedo pedirle que se ponga en contacto contigo para que le des tu aprobación?”, pide el primer ministro al empresario en un mensaje directo y personal. “Por supuesto. ¡Dile a Lulu que me llame y lo solucionaremos enseguida!”, es la respuesta. El diálogo se ha hecho público este jueves, junto con las cartas intercambiadas entre Johnson y su asesor independiente.

La sensación de que Downing Street le había tomado el pelo descaradamente llevó a Lord Geidt a considerar seriamente la posibilidad de dimitir. Era un momento delicado para Johnson, y esa renuncia hubiera sido un clavo más en el calvario que estaba sufriendo. Aquí es donde surge la magia de un político que, como el Gran Houdini, se ha especializado en salir de las encerronas más complejas. Johnson explicó personalmente a Lord Geidt que, por aquellos días, se había publicado –EL PAÍS también se hizo eco de la información– que, durante varios años, el número del móvil del primer ministro había circulado libremente por la red. “Podrá comprender que, dados los problemas de seguridad a los que tuve que enfrentarme, me fue imposible acceder a mi teléfono previo y por eso no recordé los mensajes [con Brownlow]”, se justifica Johnson en su carta al asesor independiente. Es decir, el primer ministro se olvidó de unos mensajes, aunque su equipo en Downing Street fue capaz de entregarlos a la Comisión Electoral, e incluso de discutir si su contenido alteraba las conclusiones que ya había publicado el asesor independiente. Y, por supuesto, se olvidaron convenientemente de comunicarle estos hechos.

“Si se me hubiera informado de ese intercambio de mensajes extraviado [la cursiva es del asesor], habría realizado nuevas preguntas, y habría incluido este hecho en mi informe. Dudo que hubiera llegado a la misma conclusión redactada, en la que afirmé que el primer ministro tomó las medidas para hacer públicas las cuentas en cuanto se enteró de lo sucedido”, ha escrito Geidt en una carta hiriente para Johnson, pero —en lo que a él más le importa— no condenatoria. El asesor agradece la oferta del primer ministro de buscar los modos para reforzar su cargo, y admite las excusas ofrecidas por Johnson. Y, sobre todo, no dimite. Se mantiene en el puesto.

“Boris Johnson tiene escaso respeto por la verdad. El Código de Buen Gobierno exige un comportamiento transparente y honesto. Es simplemente imposible, después de leer ese intercambio [de wasaps], llegar a la conclusión de que el primer ministro no ha violado aspectos claves de ese código”, ha denunciado Angela Rayner, la número dos del opositor Partido Laborista. “Las patéticas excusas del primer ministro no engañan a nadie. Es simplemente el último de una serie de episodios lamentables”, ha afirmado.

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Johnson se mantiene de pie en la cuerda floja. Un día más. Pero no ha logrado aún quitarse de encima un asunto delicado. Los laboristas quieren que abra de oficio una nueva investigación Kathryn Stone, la comisionada parlamentaria para Asuntos Éticos. Es la bestia negra de los conservadores. La alta funcionaria impuso la condena sobre el diputado Owen Paterson por defender en la Cámara de los Comunes intereses empresariales privados. La que Johnson quiso eliminar con un escandaloso cambio legal del que tuvo que echarse atrás, para enojo y rabia de muchos parlamentarios conservadores que, este jueves, no han celebrado la enésima resurrección de su desgastado líder.

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Chile vota en plebiscito histórico: apruebo o rechazo, el dilema de los ciudadanos que eligen si cambian la Constitución de Pinochet (y qué sigue después)

  • 4 claves para entender qué está en juego en la consulta para cambiar la Constitución de Pinochet
  • En BBC Mundo analizamos por qué la Carta Magna chilena estuvo en el punto de mira durante la ola de protestas.

     

    Herencia de Pinochet

    Una de las principales razones por las que los manifestantes demandaron cambiar la Constitución tiene que ver con el origen de la misma.

    «Una de las cuestiones que más se critican, y por lo mismo se quiere cambiar, tiene que ver con su ilegitimidad de origen: es justamente el hecho de que haya sido dictada durante una dictadura militar», le dijo a BBC Mundo Miriam Henríquez Viñas, profesora de Derecho Constitucional y Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago.

    «La Constitución de 1980 fue obra del régimen militar y entonces para un sector muy relevante de la sociedad chilena tiene un origen ilegítimo», coincidió Gilberto Aranda, profesor del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.

    El general Pinochet durante el referendo para aprobar la Constitución de 1980.
    El general Pinochet durante el referendo para aprobar la Constitución de 1980.

    Pero tal y como apuntan ambos expertos, la Carta Magna fue modificada sustancialmente en 1989 y en 2005.

    Por ejemplo, en 1989 se derogó la parte que establecía un pluralismo político limitado, que suponía que ciertas ideologías políticas, como el marxismo, estaban prohibidas.

    Más tarde, en 2005, bajo el gobierno de Ricardo Lagos, se llevó a cabo una importante reforma constitucional que acabó con la figura de los senadores designados, que eran elegidos por instituciones como las Fuerzas Armadas o la Corte Suprema, «lo que de alguna manera le restaba su dimensión democrática a la composición política de la Cámara del Senado», dijo Aranda.

    «Diría que en 2005 (la Constitución) ya quedó purgada de los enclaves autoritarios», opinó el doctor en Estudios Latinoamericanos.

    «Sin embargo, no deja de ser la Constitución que fue preparada por el régimen militar y, por lo tanto, en ese contexto, para una parte muy importante de la sociedad chilena tendría una ilegitimidad de origen».

    Protestas en Chile.
    Los manifestantes salieron por primera vez a las calles el 18 de octubre.

    En las declaraciones de los manifestantes que participaron en las protestas se reflejó ese pensamiento.

    «Yo no voy a parar de protestar hasta que se cree una nueva Constitución y se termine con la herencia de Pinochet», le dijo en noviembre del año pasado a BBC Mundo Nohlan Manquez, un fotógrafo que salió a las calles en aquellos días.

    Pero más allá de su origen, también se cuestiona el contenido de la propia Carta Magna.

    La rigidez y los «enclaves autoritarios»

    Según Henríquez, la Constitución «fue concebida originalmente con una democracia protegida de la irracionalidad del pueblo».

    «Hay una desconfianza, que está presente en la Constitución, a la posibilidad de que el pueblo pueda tomar decisiones razonables por sí mismo» y, según la constitucionalista, esa desconfianza se expresa a través de una serie de mecanismos, como por el ejemplo el que el rol de los partidos políticos sea mínimo en la Carta Magna.

    En cuanto a contenido, otra de las cuestiones es que se trata de una Constitución «muy rígida»: para modificarla se requieren mayorías de dos tercios o de tres quintos de los diputados y senadores en ejercicio.

    Protesta en Santiago de Chile.
    Los manifestantes exigen la puesta en marcha de profundas reformas sociales.

    Por ello, pese a las reformas de 1989 y del 2005, la especialista discrepó de Aranda y consideró que la Constitución «persiste en lo que se llaman enclaves autoritarios, es decir, hay ciertas normas que hacen prácticamente imposible, sino muy dificultoso, reformar ciertas disposiciones».

    «Entonces prácticamente se ha generado una suerte de congelamiento de asuntos como derecho a la seguridad social, libertad de enseñanza, que son justamente los derechos sociales que hoy se demandan».

    Los ciudadanos se echaron a la calle para protestar por la desigualdad y exigir la puesta en marcha de profundas reformas sociales.

    Estado social

    El otro cuestionamiento a la Constitución tiene que ver con los derechos sociales, ya que el texto constitucional consagra un «Estado subsidiario» que no provee directamente las prestaciones que tienen que ver con salud, educación o seguridad social, sino que esta provisión queda en manos privadas.

    «Este Estado subsidiario es un Estado mínimo que se limita únicamente a vigilar o supervisar cómo los particulares proveen esos derechos», explicó Henríquez.

    La privatización fue uno de los pilares del modelo de Pinochet: en su Constitución política, servicios básicos como la luz y el agua potable pasaron a manos privadas.

    También hubo una fuerte privatización en áreas como la educación y la salud.

    Una de las demandas de los manifestantes fue que el Estado tenga una mayor participación e involucramiento en la prestación de los bienes básicos.

    Aranda coincidió en que la función social está «infrarrepresentada» en la Constitución, que le otorga solo «funciones en lo que es resguardo del orden público, seguridad, defensa, garantía de justicia, etc.»

    «Hay un sector importante de las personas que están demandando cambios estructurales y profundos en Chile respecto a declarar y garantizar el ejercicio de determinados derechos sociales, es decir, incorporar a una Constitución de democracia liberal elementos de un Estado social, como en parte están, pero además garantizar su ejercicio», explicó el experto.

    Ambos analistas coincidieron en que una nueva Constitución no solucionaría todos los problemas, pero sí sería un primer paso muy importante.

     

    Este fin de semana, casi 15 millones de personas están habilitadas para elegir a los 155 representantes de la convención constitucional que redactará la nueva Carta Magna.

    En esta convención no participarán representantes del Congreso y sus miembros serán electos bajo un mecanismo de paridad de género único en el mundo, que garantizará que la asamblea esté compuesta mitad por hombres y mitad por mujeres.

    Los 155 miembros tendrá 9 meses (prorrogables a tres más en una sola oportunidad) para presentar un nuevo texto constitucional.

    Luego, ya en 2022, Chile vivirá un nuevo plebiscito de salida para aprobar o rechazar la nueva Constitución.

    *Esta nota fue publicada originalmente en noviembre de 2019, en pleno estallido social, y fue actualizada el 11 de mayo de 2021 con motivo de la elección de los miembros de la Convención Constituyente.


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    Deutsche Welle

    12.05.2021

    Tras haber sido aplazada por la emergencia sanitaria del COVID-19, Chile realizará el 15 y 16 de mayo una de las elecciones más complejas e importantes desde el regreso a la democracia hace poco más de 30 años. No solo escogerá a concejales, alcaldes o gobernadores regionales, sino también a 155 ciudadanos que estarán encargados de redactar una nueva Constitución.

    La selección de los constituyentes será compleja: son más de 1300 candidatos, distribuidos en más de 70 listas y en 28 distritos a lo largo del país, divididos en diferentes coaliciones, con gran presencia de independientes, y muchos de ellos poco conocidos por el electorado. Hasta ahora no hay encuestas que anticipen un resultado claro ni revelen intención de voto.

    ¿Están realmente preparados los chilenos para la elección de los constituyentes? «No», respondió tajantemente a DW Marta Lagos, directora de Latinobarómetro. «Nosotros calculamos que un tercio del país no sabe que hay elecciones este fin de semana. La gente no sabe cómo tiene que votar. Hay gente que pregunta si tiene que marcar por más de una persona en una papeleta. Cuando la gente se encuentra con 65 nombres y 15 coaliciones, bien puede pensar que se debe votar por más de uno, lo que es un error», agregó.

    Simone Reperger, representante de la Fundación Friedrich Ebert en Chile (FES, por sus siglas en alemán), concuerda: «Los datos que han surgido en distintas encuestas hablan de muchos vacíos de información por parte de la población. Muchos no tienen claro qué y cómo se elige en esta crucial elección».

    Una elección marcada por la participación de los independientes

    Ante la crisis social, la desaprobación del presidente y la desconfianza de la ciudadanía hacia los partidos políticos y las instituciones del Estado,los independientes sobresalen. De hecho, su irrupción «es algo que no solo se da a través de listas independientes, sino que también tienen un grado notable de participación en las listas de partidos políticos», explicó Reperger.

    «Luego de la elección veremos un momento de reajuste en torno a temas específicos, en que habrá también un sinceramiento de posturas por parte de muchos independientes que no han explicitado sus posiciones. Muchos de ellos hoy aparecen como los independientes ‘más independientes’ entre los postulantes», añadió.

    En conversación con DW, Miriam Henríquez, candidata constituyente de Independientes No Neutrales por el distrito 4, aseguró que los candidatos independientes serán fundamentales «no solo para demostrar que los ciudadanos de a pie, comunes y corrientes podemos llegar la Convención, sino también por el anhelo de la ciudadanía de una Convención representativa de todos los sectores de la sociedad».

    El desconocimiento de los electores, un problema para muchos candidatos

    Una de las mayores dificultades para los candidatos constituyentes ha sido dar a conocer sus candidaturas en poco tiempo. Muchos de los que trabajan en gremios, en organizaciones sociales o en la docencia no tienen los mismos recursos para competir con figuras de la televisión, políticos reconocidos o del mundo intelectual, que incluso reciben aportes millonarios de grandes empresarios del país.

    «Es muy difícil», confesó a DW Macarena Letelier, candidata constituyente por el distrito 10, quien integra como independiente la coalición Vamos por Chile. «Los recursos para hacer campaña son escasos y los distritos son grandes. Son más de 80 candidatos en mi distrito para solo 7 cupos. Si tú eres parte de un partido político sin duda que tienes una plataforma más grande. Sin embargo, yo creo que ha habido bastante voluntad de las personas para informarse de los candidatos, aunque nunca es suficiente», señaló.

    Una Constitución con escaños reservados para pueblos originarios y con paridad de género

    Asimismo, dentro de los 155 elegidos para redactar una nueva Carta Magna, 17 plazas están reservadas para candidatos que representen a los pueblos originarios. Elisa Loncon, quien busca ocupar uno de los 7 cupos destinados al pueblo mapuche, propone cambiar el «modelo social económico que le ha causado mucho sufrimiento al pueblo de Chile».

    «El modelo instalado no nos sirve para proyectar el futuro de este país, y por eso es necesario cambiar la estructura política y convertirla en una plurinacional e intercultural que implique el reconocimiento de los derechos de todas las naciones que conforman este Chile», subrayó Loncon.

    Además, muchos ojos están puestos en la distribución igualitaria de hombres y mujeres en el equipo para la elaboración de una nueva Carta Magna: «La paridad y los escaños reservados nos hablan de lo iluminador que puede resultar este proceso constituyente para otros países en el mundo; por primera vez tendremos un órgano constituyente con paridad efectiva de género y esto está siendo visto con mucho interés», destacó Simone Reperger.


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