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Mijaíl Fridman, en 2019.
Mijaíl Fridman, en 2019.LETTERONE (Europa Press)

El oligarca Mijaíl Fridman (ciudadano de Rusia e Israel nacido hace 57 años en la ciudad ucrania de Lviv) se muestra escéptico sobre la utilidad de las sanciones que Occidente ha impuesto al empresariado ruso, entre ellos él mismo, como respuesta a la invasión de Ucrania. “El populismo es muy atractivo, pero desde el punto de vista práctico las sanciones son contraproducentes porque empujan a estos empresarios a volver a Rusia, puesto que no pueden ir a otra parte”, señala en una conversación con este periódico desde Londres, donde reside desde 2015.

Fridman se siente confinado. El magnate ha dejado sus cargos en empresas, incluido el consejo de administración de LetterOne, grupo de inversión en el que él y su socio Petr Aven controlan algo menos del 50%. LetterOne posee el 77% de la cadena de supermercados Dia. Sus tarjetas de crédito han sido bloqueadas y no puede desplazarse a países de la Unión Europea. “Las autoridades de Gran Bretaña deben asignarme una determinada suma para que pueda ir en taxi y comprar comida, pero será una cantidad muy limitada en relación al coste de la vida en Londres. No sé aún si me bastará para vivir normalmente, sin excesos. Ni siquiera puedo invitar en un restaurante. Tengo que comer en casa y prácticamente me encuentro bajo arresto domiciliario”, dice.

Cuenta el empresario que no sabe aún si podrá seguir manteniendo la casa que compró y restauró cuando se trasladó a la capital británica junto con su familia en una época en la que ya había comenzado el clima de inestabilidad para las inversiones en Rusia. Uno de los fines de su mudanza a Londres era diversificar los activos que había obtenido en la venta (a la empresa estatal Rosneft) de su participación en el gran consorcio petrolero privado TNK-BP. “No está claro que pueda seguir viviendo en Londres o si me veré obligado a irme, algo que ahora no puedo y no quiero hacer por muchas causas”, señala.

“A Occidente no le irá mejor si obliga a muchos brillantes e interesantes empresarios a marcharse a Rusia, en lugar de integrarlos más e intentar que adopten alguna posición, aunque es evidente que el empresariado privado tiene una influencia nula sobre [Vladímir] Putin”, afirma.

Fridman califica de “idiotez” la opinión según la cual los oligarcas pueden obligar al presidente ruso a interrumpir la guerra, una palabra que elude, ya que prefiere referirse a esta realidad sangrienta con eufemismos y expresiones tales como “catástrofe” o “lo que sucede (en Ucrania)”.

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“No estoy dispuesto a que corran riesgos las numerosas personas que dependen de mí”, dice, refiriéndose al contingente de 400.000 a 500.000 empleados que, según él, trabajan o están relacionados con sus compañías en Rusia.

Opina Fridman que, si bien los empresarios privados no pueden influir sobre Putin, sí podrían, en cambio, “intentar trasmitir su punto de vista si tuvieran más libertad de elección”. En las actuales condiciones “los sancionados tendrán que volver a Rusia, donde no les quedará más salida que ser absolutamente leales, y donde seguirán trabajando, porque son gentes enérgicas, brillantes y con talento, y fundarán negocios y crearán puestos de trabajo”, señala.

La conversación se asemeja a un paseo por la cuerda floja, en el que cualquier pérdida del equilibrio —en este caso verbal— puede tener graves consecuencias, sea cual sea la dirección de la caída. En Occidente, las sanciones; en Rusia, la reacción de sus irascibles dirigentes. Fuentes moscovitas afirman que el personal de diversos empresarios rusos residentes en Occidente ha comenzado a ser interpelado por los servicios de seguridad, interesados en saber si sus patrones tienen intención de regresar a la patria.

Insiste el oligarca en la necesidad de que Occidente comprenda que “existen distintos rusos y que no se puede castigar a todos”. “Occidente debe ser más inteligente, porque castigar a los rusos solo por el hecho de ser rusos incrementa la confrontación y también el número de partidarios de la política antioccidental en Rusia”.

“Llevo ocho años en Londres, he invertido miles de millones de dólares en Gran Bretaña y otros países europeos y la respuesta a esto es que me lo confiscan todo y me echan”, se queja. Los oligarcas no están unidos por un sentido gremial. “No existe un club de oligarcas. Todos somos gente diferente. Para tener una iniciativa hay que hablar con alguien y lo más horrible es que nadie aquí habla con nosotros”, exclama Fridman,

“Nos dedicábamos exclusivamente a los negocios y nunca quisimos acercarnos al poder, siempre intentábamos mantenernos a distancia y no participábamos en ninguna discusión que no se refiriera directamente a las condiciones de gestión del negocio. Nos propusimos mantener una relación constructiva con las autoridades y no entrar en ningún conflicto con ellas. Putin no admitía ninguna discusión sobre política interior”, explica sobre sus actividades empresariales en Rusia.

En 2003, cuando Putin marcó los límites al oligarca Mijaíl Jodorkovski (que acabó encarcelado), quedó claro que “cualquier participación en la vida política era inaceptable”. “A partir de entonces no apoyamos a ningún político, porque considerábamos que hubiera sido una transgresión del marco que el Kremlin exigía del empresariado”, continúa.

Aunque asegura no haber financiado a partidos políticos, Fridman afirma haber hecho una excepción con Boris Nemtsov, de la Unión de las Fuerzas de Derechas (SPS, en su abreviatura rusa) cuando esta formación estaba aún representada en la Duma Estatal (Cámara baja del Parlamento). Lo hizo, dice, “porque esta fuerza estaba orientada a la empresa privada”. Y por un segundo motivo: “Nemtsov era muy buen amigo mío, un verdadero político, absolutamente honrado, incorruptible y abierto”. El político fue asesinado al lado del Kremlin en febrero de 2015.

El oligarca admite que “algunas sanciones económicas pueden ser eficaces, porque presionan sobre la economía rusa y en consecuencia influyen en la opinión de los líderes del país. “Pero las sanciones contra empresarios privados no tienen sentido, porque la mayoría de ellos han hecho su negocio gracias a su talento, esfuerzo y cualidades personales”, continúa.

Después de que Bruselas incluyera a Fridman en su lista negra de empresarios sancionados por su supuesta vinculación con Putin, el oligarca ha abandonado todos los cargos que detentaba, tanto en sus empresas como en entidades culturales en las que participaba. Esto incluye el consejo de administración del conglomerado LetterOne, (inversor en la cadena de supermercados Día en España y de Alfa Bank, el primer banco privado de Rusia). El empresario, varios de cuyos antepasados perecieron en el Holocausto, se retiró también del consejo de supervisión del Centro Conmemorativo del Holocausto Babi Yar, un proyecto inaugurado en octubre de 2021, en presencia del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. El memorial se encuentra en el lugar cercano a Kiev donde los ocupantes nazis exterminaron a cerca de 100.000 judíos de 1941 a 1943.

En enero, Fridman asistió en Madrid a una proyección de la película Babi Yar. Contexto, del ucranio Serguéi Loznitsa, organizada por la Fundación Hispano Judía. Entre los proyectos que el oligarca estaba dispuesto a cofinanciar poco antes de ser afectado por las sanciones, está una exposición de material gráfico inédito de la Guerra Civil Española, planeada por la Asociación de Aviadores de la República española (ADAR).

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Su arresto, hace un año, fue el precursor de otros muchos, el descorche de una oleada de represión a la disidencia y a la sociedad civil sin precedentes en la Rusia moderna. El líder opositor Alexéi Navalni lleva un año preso. El feroz enemigo del presidente ruso, Vladímir Putin, que sobrevivió a un gravísimo envenenamiento tras el que la inteligencia occidental aprecia la mano del Kremlin cumple casi tres años de condena por un polémico caso y está encausado en varios procesos más que pueden engrosar su tiempo en prisión.

La mayoría de los principales aliados de Navalni están hoy fuera de Rusia y los que no, afrontan serios procesos judiciales; sus organizaciones han sido declaradas “extremistas”, ilegalizadas y cerradas. Y la represión ha ido alcanzando, gota a gota, a multitud de otras voces y redes críticas y disidentes en un país con un régimen que no admite una oposición real. El Kremlin, embarcado ahora también en una crisis con Ucrania, la OTAN y la UE por la concentración de tropas junto a las fronteras de la vecina antigua república soviética y la sombra de una nueva agresión militar, liquida así a la oposición en casa.

Navalni, pese al desenlace, ha asegurado que volvería a recorrer el camino emprendido. “No le tengan miedo a nada”, ha dicho este lunes en un mensaje en sus redes sociales que sus abogados han pasado a su equipo. “Este es nuestro país, no tenemos otro”, ha añadido. El opositor está internado en una colonia penal —una prisión donde los reclusos trabajan— a unas tres horas de Moscú, conocida por su severidad y donde ha denunciado la falta de acceso a tratamiento médico y que se le sometió a privación del sueño. Navalni no lamenta, sin embargo, haber regresado a Moscú, donde sabía que con toda probabilidad sería detenido. “Hice todo lo que pude para tirar de mi extremo de la cuerda, tirando hacia mi lado a los que son honestos y ya no tienen miedo”, dice Navalni desde prisión. “No me arrepiento ni por un segundo”.

Abogado y activista anticorrupción, el disidente, de 45 años, estaba en busca y captura por haber violado los términos de la libertad condicional de una antigua condena por fraude —y que denunció como “motivada políticamente”— mientras estaba en Alemania. Navalni, que se hizo un nombre destapando y publicando en Internet investigaciones y escándalos de la élite política y económica rusa, había estado desde el verano en Berlín. Allí fue trasladado en agosto de 2021, en coma y de urgencia —y tras la mediación de la canciller Angela Merkel— desde Siberia, donde fue envenenado con una neurotoxina militar de la familia Novichok, como indican los informes de la Fiscalía alemana y de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Se trata de la misma empleada con el exespía ruso Serguéi Srkripal en 2018 en suelo británico por espías de la inteligencia militar rusa, según Reino Unido.

Activistas de Amnistía Internacional se manifestan para pedir la liberación de Navalni, este lunes en Bruselas.
Activistas de Amnistía Internacional se manifestan para pedir la liberación de Navalni, este lunes en Bruselas.
DPA vía Europa Press (Europa Press)

Una investigación de varios medios señaló más tarde, cuando el opositor ya estaba en prisión, con nombres y apellidos a varios agentes del FSB (el servicio de inteligencia ruso, heredero del KGB) como responsables del ataque químico. El Kremlin ha negado su implicación, ha llegado a acusar a Navalni de ser un agente de la CIA y ha asegurado que Alemania no le ha entregado pruebas sobre el caso del opositor, galardonado el año pasado con el premio Sájarov a los derechos humanos del Parlamento Europeo.

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El arresto de Navalni hace un año sacó a decenas de miles de personas a la calle, recuerda el politólogo Alexander Morozov. No solo partidarios del opositor, indignados por su detención y el envenenamiento, también a una ciudadanía cansada, desencantada por la corrupción, la falta de renovación en las instituciones y la pérdida de poder adquisitivo, que se ha cebado con las clases medias en Rusia, donde los ingresos reales han caído casi un 13% desde 2013. Aquellas manifestaciones fueron duramente reprimidas, miles de personas detenidas. Y se inició el proceso contra el equipo de Navalni y sus organizaciones, declaradas en verano “organizaciones extremistas”.

La red de entidades que el opositor tejió en muchas regiones rusas —y que logró réditos políticos inéditos en algunas provincias— ha quedado desmantelada. Su cuartel general, finiquitado. Y las detenciones se suceden entre los activistas y políticos que se han quedado en Rusia, como Ksenia Fadeyeva, diputada provincial por Tomsk, arrestada a finales de año por “extremismo”. Aunque el núcleo duro de su equipo sigue manteniendo sus proyectos desde el exilio, explica Ruslan Shaveddinov. Investigaciones anticorrupción, proyectos de medios y la aplicación de “Voto Inteligente”. Con esta aplicación —que fue correspondientemente prohibida, y que las autoridades lograron incluso vetar de los buscadores de Internet y de Telegram—, trataron de arrebatar al partido de Putin, Rusia Unida, votos en las elecciones parlamentarias de septiembre al identificar a la persona candidata con más posibilidades de derrotar a la formación gubernamental. “No importa dónde estemos, podemos trabajar en cualquier lugar e interactuar con nuestros seguidores. Nuestro trabajo es muy necesario porque en Rusia ahora hay una gran demanda de cambios y de una opinión alternativa”, asegura Shaveddinov.

El líder opositor ruso Alexei Navalny (c) a las puertas de la comisaría de policía de Khimki a las afueras de Moscú, el 18 de enero de 2021, un día después de ser arrestado a su llegada al aeropuerto de Moscú desde Alemania.
El líder opositor ruso Alexei Navalny (c) a las puertas de la comisaría de policía de Khimki a las afueras de Moscú, el 18 de enero de 2021, un día después de ser arrestado a su llegada al aeropuerto de Moscú desde Alemania.
SERGEI ILNITSKY (EFE)

Con CNN y HBO han filmado un documental —Navalni: el veneno siempre deja rastro— que se estrenará pronto, ha contado María Pevchij, que lidera el grupo de investigación que hace casi un año, poco después del arresto del opositor, sacudió Rusia con la publicación en YouTube de una pesquisa sobre el supuesto palacio multimillonario de Vladímir Putin en un entorno protegido a orillas del Mar Negro.

Pero lo cierto es que con Navalni en prisión, sus principales aliados en el exilio o procesados y sus organizaciones liquidadas, el movimiento opositor ha perdido mucho fuelle en Rusia, pese a que el disidente nunca logró registrar un partido político. Su caso fue la espita y el aviso a navegantes que se ha ido repitiendo en un sistema político cada vez más controlado. “En el año transcurrido desde la detención de Aleksei Navalny en un aeropuerto de Moscú, el político, sus seguidores y otras organizaciones de la sociedad civil rusa han sufrido una implacable embestida de represión”, abunda Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central. Más de 1.500 activistas y periodistas han abandonado Rusia por motivos “políticos”, según un informe de la Fundación Rusia Libre, que no incluye en su recuento a las familias de los exiliados.

Las autoridades han sofocado a la oposición y añadido a decenas de activistas, opositores, periodistas, medios de comunicación independientes y ONG a su lista de “agentes extranjeros”, una etiqueta que tiene unas connotaciones muy negativas en Rusia y que dificulta a través de grandes trabas administrativas el trabajo; tanto que puede desencadenar, como ha sucedido, el cierre de las entidades. También ha ampliado su índice de “organizaciones extremistas”, una de las últimas, la reputada ONG Memorial, que se ocupa de los crímenes del estalinismo.

Según la sentencia, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos —que llegó a pedir en su momento que se indemnizase al activista por el fallo— declaró “arbitraria e injusta”, Navalni debería salir de prisión en otoño de 2023, a más tardar. Sin embargo, desde hace meses, las autoridades han encausado al opositor en otros procesos penales: desacato al tribunal, fraude a una escala especialmente grande, y lavado de dinero en relación con la supuesta malversación de donaciones a sus ONG. También ha sido acusado de crear una organización que “atenta contra los derechos de los ciudadanos”. “No sé cuándo terminará mi ‘viaje espacial’ ni si terminará en absoluto”, ironizaba el opositor en otra publicación de Instagram.

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