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La periodista Catharine Belton puso el dedo en la llaga el pasado martes, durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento británico: “Observen el modo en que se está informando hoy sobre los oligarcas rusos, comparado con lo que ocurría hace dos semanas”, dijo a los diputados. “Es tan diferente como la noche del día. Antes era casi como un reinado del terror. Muchos de los oligarcas tenían un batallón de abogados y gestores de reputación que desplegaban con enorme agresividad. Hasta hace poco, era raro escuchar en los medios que Abramóvich tenía una relación muy cercana con Putin o que, hasta hace poco, había contribuido a sostener su régimen”, señalaba Belton.

Lo sabe muy bien. La periodista, que fue corresponsal en Moscú del Financial Times durante siete años, publicó en 2020 Los Hombres de Putin: Cómo el KGB se Apoderó de Rusia y se Enfrentó a Occidente (Península). El libro, una crónica rigurosa y exhaustiva del entorno de poder que habita el Kremlin y del modo en que exmiembros del servicio secreto soviético intentaron infiltrarse y dividir, con un nuevo grupo de oligarcas, en las sociedades de Occidente, adquirió de inmediato relevancia y notoriedad. La suficiente como para poner nerviosos a Roman Abramóvich, Mijaíl Fridman o Alisher Usmánov —todos sancionados hoy por EE UU, la UE y el Reino Unido—, que comenzaron a verter como locos una cascada de querellas contra Belton y la editorial Harper-Collins, así como preavisos legales a los medios de comunicación, para que no osaran poner sus manos en el libro. Harper-Collins tuvo que gastarse casi 1,8 millones de euros en abogados para proteger la publicación. Y aun así, Belton y su equipo jurídico tuvieron que negociar la retirada o suavización de algunas de las informaciones más polémicas del texto, como el hecho de que al menos tres fuentes hubieran asegurado que Abramóvich compró el Chelsea F.C. por orden directa de Putin.

El Gobierno de Johnson, que en su ímpetu por combatir la agresión de Rusia en Ucrania parece además dispuesto a resolver pecados originales que el Reino Unido arrastra durante años, ha anunciado este jueves su intención de combatir con dureza las llamadas SLAPPs: Strategic Lawsuits Against Public Participation (querellas estratégicas contra la participación pública), las batallas jurídicas que montan los financieros más poderosos contra la prensa y las editoriales, con acusaciones de difamación y de ataques a su intimidad, con el fin de intimidarles económicamente y mantenerles paralizados en procesos judiciales largos y complejos.

“La capacidad de una prensa libre de exigir responsabilidad a los más poderosos es fundamental para nuestra democracia, y como periodista que he sido, estoy decidido a que nunca más permitamos que las críticas sean silenciadas”, ha prometido Boris Johnson. “Para todos estos oligarcas y supermillonarios que pueden permitirse estas costas legales astronómicas, la amenaza con querellas y demandas se ha convertido en un nuevo tipo de arma legal. Debemos poner fin a este efecto tan escalofriante”, decía el primer ministro británico.

El Ministerio de Justicia que dirige Dominic Raab, quien actúa además en este caso con su autoridad de vice primer ministro, ha puesto ya en marcha un proceso de consultas con la intención, según han anunciado fuentes del departamento, de que los cambios legales estén listos a mediados de mayo.

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El Gobierno británico pretende reforzar el concepto jurídico de “defensa del interés público”, ya introducido en la Ley de Difamación de 2013, por el que determinadas informaciones, aunque sean erróneas en algunos de sus elementos, pueden ser protegidas frente a posibles querellas en aras de que prevalezca un bien superior, el del interés público de la materia denunciada. Otra posible medida sería la de poner un límite a la cifra total que pueden reclamar los denunciantes para resarcirse de los daños presuntamente sufridos. Y exigir, en el análisis preliminar de cualquier querella por difamación, que se demuestre la “malevolencia real” del demandado, para evitar acusaciones falsas. Finalmente, las nuevas reformas de la ley podrían permitir que jueces y tribunales impusieran Órdenes Civiles de Restricción, para prohibir la repetición constante, como método de presión, de querellas ya descartadas.

Las medidas contra las llamadas SLAPPs son muy contundentes en Estados Unidos, Canadá o Australia. En la UE, un grupo de eurodiputados lleva años exigiendo su impulso, después del asesinato en 2017, con una bomba lapa pegada a los bajos de su coche, de la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia, cuya participación en la investigación sobre los Papeles de Panamá fue fundamental para implicar al Gobierno del entonces primer ministro, Joseph Muscat.

El talón de Aquiles de Johnson

El primer ministro británico vive un momento de tregua y gloria con su papel internacional en defensa de Ucrania y contra la invasión de Putin. Atrás parecen haber quedado los días del partygate, cuando el escándalo de las fiestas prohibidas en Downing Street amenazó con arruinar la carrera política del primer ministro. Pero el armario de Johnson tiene tantos esqueletos, y tan variados, que muchas de sus proclamas contra Rusia y sus oligarcas pierden fuelle. El diario The Times reveló la semana pasada que Johnson había hecho oídos sordos a la advertencia del MI5, el servicio británico de inteligencia y seguridad doméstica, de que no debía designar miembro de la Cámara de los Lores a su amigo Evgeny Lébedev, propietario del diario londinense Evening Standard. Aun así, Johnson siguió adelante con su decisión en 2020, y acusó a todos los que le desaconsejaban lo contrario de “rusófobos”. Hijo del oligarca, banquero y exmiembro del KGB Alexander Lévedev, el magnate de la prensa es una figura omnipresente en los actos sociales de la capital británica, y desde las páginas de su periódico ha defendido acciones de Putin como la invasión de Crimea, o ha puesto en duda que el KGB estuviera detrás del asesinato, en 2006, del exagente ruso Alexander Litvinenko.

El exasesor de Johnson y hoy su acérrimo enemigo, Dominic Cummings —el ideólogo de la campaña del Brexit— dispuesto siempre a echar mano de su memoria cuando se trata de cargar contra el primer ministro, ha escrito en su blog personal: “Yo estaba en la habitación cuando altos funcionarios del Gobierno le advirtieron al primer ministro de que los servicios de inteligencia tenían serias reservas sobre sus planes [el nombramiento de Lébedev]. Apoyé esas reservas y pedí a Johnson que no siguiera adelante”, ha escrito Cummings. “Se irritó mucho, y como suele hacer, comenzó a balbucear tonterías: ‘Esto es… esto es… esto es que tú también eres antirruso”, asegura el exasesor que dijo Johnson.

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Era un secreto a voces que los diputados conservadores británicos cada vez tenían menos reparo en airear públicamente. Irritados por el modo en que el entonces speaker (presidente) de la Cámara de los Comunes, John Bercow, reinterpretaba las costumbres parlamentarias para prolongar eternamente el debate sobre el Brexit, iniciaron una campaña en su contra aprovechando lo que, presuntamente, era su punto débil: un exceso de soberbia. Aquel grito de “Order, order!” que dio a conocer por todo el mundo a Bercow y le convirtió en parte del folklore del Reino Unido, revelaba un poso autoritario que en privado resultaba mucho menos simpático. “Corresponde a los historiadores juzgar si el acusado ejerció con éxito el papel de presidente de la Cámara de los Comunes, pero no tenía ninguna necesidad de actuar como un bully (acosador) para lograr ese objetivo. Un puesto institucional como ese puede desempeñarse de un modo pleno y eficaz sin necesidad de caer en un comportamiento como el que se juzga”, ha concluido el Panel Independiente de Expertos, el organismo encargado de atender los recursos y peticiones de sanción contra diputados británicos por casos de acoso laboral, abuso de autoridad o conducta sexual inapropiada.

Bercow había sido sancionado por Kathryn Stone, la comisionada parlamentaria de normas y estándares éticos, cuyo rigor e imparcialidad a la hora de juzgar a los diputados la ha convertido, paradójicamente, en la bestia negra de muchos conservadores, y la amenaza permanente a Boris Johnson, ya sea por el asunto de las fiestas en Downing Street o los gastos de redecoración de su apartamento privado. El Panel Independiente de Expertos ha ratificado 21 de las 35 acusaciones vertidas contra Bercow por antiguos empleados suyos en la Cámara de los Comunes. “Hubo un señalado abuso de poder y autoridad por parte del acusado. Decidió ir a por los tres empleados que expresaron sus quejas y les acosó directamente”, asegura el panel en su informe final. “Se trata de un comportamiento tan grave que, si todavía fuera un diputado, habríamos recomendado su expulsión de la Cámara. En las circunstancias actuales, sugerimos que nunca se le permita entrar en el Parlamento mediante un pase”, sugieren el panel. Fueron Robert Rogers (Lord Lisvane), entonces secretario de la Cámara de los Comunes, y dos secretarios parlamentarios privados, Kate Emms y Angus Sinclair, quienes interpusieron las demandas contra Bercow. Los informes en su contra relataban gritos e insultos contra sus subordinados e incluso, en cierta ocasión, cómo le llegó a lanzar un teléfono móvil.

Bercow dio sus primeros pasos en política en el entorno de Enoch Powell, el parlamentario conservador tan brillante como ponzoñoso, que introdujo un elemento xenófobo en el discurso de la formación. Famoso, por infame, es su discurso bautizado como rivers of blood (ríos de sangre) de 1968, en el que criticó la llegada masiva de inmigrantes de las excolonias británicas. Posteriormente se convirtió en un entusiasta acérrimo de Margaret Thatcher y sus políticas neoliberales. Durante larga época como speaker de la Cámara demostró una gran habilidad para conducir los debates y un exhaustivo conocimiento del reglamento parlamentario, que se encargaba de demostrar con una locuacidad en muchas ocasionas pomposa.

Su abierta hostilidad hacia el Brexit le llevó a enfrentarse cada vez más abiertamente con sus compañeros de filas conservadores, y a flexibilizar las reglas de la Cámara a favor de los mayores críticos de la salida de la UE, para que siempre tuvieran amplia oportunidad de debatir y controlar cada nueva decisión adoptada, primero por el Gobierno de Theresa May, más tarde por el de Boris Johnson. El abandono de su puesto por parte de Bercow, anunciado con antelación por él mismo cuando el Brexit pasó a ser un hecho consumado e irremediable, fue acogido con alivio por las huestes conservadoras. Bercow nunca consiguió el título nobiliario de Sir al que aspiraba, porque Downing Street se negó. Acabó anunciando que se pasaba a las filas de la oposición y se afiliaba al Partido Laborista. Para entonces, ni los conservadores sufrieron daño alguno por la deserción, ni los laboristas supieron muy bien qué hacer con un personaje para el que no tenían hueco. De hecho, los laboristas han decidido suspenderle temporalmente como miembro del partido mientras abren su propia investigación.

Bercow ha respondido con un duro comunicado público en el que acusa al Parlamento de haber puesto en marcha una vendetta contra él, a través de una “farsa de tribunal”, y asegura que siempre tuvo una buena relación con el personal de la Cámara de los Comunes. “Si este caso se hubiera procesado en cualquier tribunal ordinario hubiera sido descartado de antemano. Se ha impulsado con unas pruebas muy endebles, basado en rumores sin fundamento, y promovido por dogmáticos de vieja escuela incapaces de admitir ningún cambio y que ahora pretenden ajustar cuentas conmigo”, ha dicho Bercow. “Al final, el panel se ha limitado a recomendar que se me niegue un pase parlamentario que nunca he pedido y que no quiero. En eso consiste lo absurdo de su decisión”, ha dicho. Como exdiputado, tenía derecho a solicitar un pase permanente para la Cámara. Si en alguna ocasión decidiera regresar a los que durante años fueron sus dominios sin género de duda, tendría que humillarse y solicitar un pase de visitante.

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Periódicos de izquierdas y de derechas han definido a Jonathan Sumption como “la mente más brillante del Reino Unido”, y fue él quien defendió al oligarca Roman Abramóvich frente a su exsocio y luego enemigo acérrimo, Boris Berezovsky. En los mentideros legales se habló de una minuta que rondó los seis millones de euros. Fue en 2012. Un año después, Berezovsky, el oligarca que prosperó con Boris Yeltsin pero tuvo que huir de Rusia por su enfrentamiento visceral con Vladímir Putin, apareció ahorcado en el baño de su mansión de Sunninghill, en la campiña inglesa. Abramóvich disfrutó de una década de triunfos deportivos, al frente de su Chelsea F.C., y un establishment británico dispuesto a mirar para otro lado, ignorar el origen de su fortuna, y ponerle la alfombra roja.

El bombardeo en 2014 del rutilante Dombas Arena de Donetsk, único estadio de fútbol con categoría de seis estrellas de la UEFA, alertó a los viejos dirigentes ingleses que periódicamente se reunían en las oficinas del Chelsea sobre la guerra indescifrable que dividía el sudeste de Ucrania. Cuando el dueño del club les invitó a un café, lo primero que hicieron fue preguntarle por la postura de su amigo Putin. Según uno de los presentes en esa reunión informal, su respuesta fue sombría. “No creo que esta guerra tenga solución”, les dijo Abramóvich. “Entre Putin y Yeltsin hay una diferencia importante. Yeltsin tenía cosas negativas que son muy positivas en este tipo de conflictos, mientras que Putin tiene cosas positivas que se convierten en negativas en situaciones así. Putin debería leer menos libros de historia y ver menos películas del Telón de Acero”.

La opinión pública británica, en mayor o menor grado, jamás dejó de relacionar a Abramóvich con la mafia rusa. Pero el consejo de sabios del Chelsea le tuvo por un benefactor excéntrico. Alguien poco amigo de sonreír, dueño de un sentido del humor cáustico, adusto pero cortés, sin pretensiones de clase y sensible para escuchar, incluso cuando le advertían de que estaba tirando su dinero a la basura porque invertía constantemente en proyectos y bienes sobrevalorados o deficitarios, repartido como andaba entre el ocio, el arte, y sus obsesiones altruistas, como la financiación con decenas de millones de euros del Museo del Holocausto de Yad Vashem.

Hablaba poco de política rusa pero cuando lo hacía, sin darse mucha importancia, todos sabían que su autoridad era insuperable. Ese día del verano de 2014 sus interlocutores interpretaron que mientras que a Yeltsin le gustaba más la vida que el poder, a Putin no había manera de comprarle cuando se interponía su sueño bizantino de recuperación de la Unión Soviética. “Esto”, dice esta fuente; “para los oligarcas rusos, que son los más hedonistas, siempre fue un problema”.

El que se convertiría en el más poderoso y célebre de los oligarcas rusos fue un personaje casi anónimo hasta 1999. Tan huidizo que cuando aquel año Putin se hizo cargo de la jefatura del Gobierno de Boris Yeltsin, ningún medio de comunicación había publicado una foto suya, aunque para entonces ya era el propietario de Sibneft, la mayor productora de petróleo de Rusia.

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Alexei Venediktov, entonces director de Radio Ekho de Moscú, advirtió movimientos inusuales en el Kremlin, cuando en la mañana del 9 de agosto de 1999 Putin se bajó del coche oficial que lo dejó en la puerta del Edificio de la Presidencia, en su primer día en el cargo. Agonizaba el segundo mandato de Yeltsin y los funcionarios de alto rango se apelotonaban en los pasillos como actores esperando la llamada del supervisor del casting. Por turnos entraban en el despacho donde Abramóvich, por entonces un joven barbudo de 33 años, les interrogaba pacientemente antes de certificar su idoneidad para ocupar los distintos ministerios.

Cerca del poder

Abramóvich formaba parte de lo que en Moscú llamaban La Familia, un grupo tan allegado a Yeltsin que acabó por reunirse sistemáticamente en su dacha. “Te prometo que no estoy interesado en la política”, le dijo a Venediktov cuando le vio por última vez, según contó el periodista a los autores del libro Abramóvich, el milmillonario de ninguna parte. “Cuando le recordé cómo le vi con mis propios ojos mientras ayudaba a seleccionar al primer gabinete de Putin, él me dijo: ‘Eso nunca sucedió”.

Nació en Saratov en 1966 en el seno de una familia pobre de origen judío. Antes de cumplir tres años se quedó huérfano de madre y de padre y pasó al cuidado de tíos y abuelos. Abandonó el colegio a los 16 años, trabajó como mecánico e incluso probó suerte en el Ejército Rojo. Su aventura empresarial comenzó con la venta de juguetes de plástico en mercadillos callejeros. Pero cuando Mijaíl Gorbachov legalizó la iniciativa empresarial privada fundó Uyut, una compañía de fabricación de juguetes que le permitió ganar 20 veces más que un funcionario medio y le puso en contacto con la Administración en el momento en que colapsaba la Unión Soviética.

Abramóvich detectó su oportunidad haciéndose con una licencia de exportación de hidrocarburos. “Una licencia de exportación a comienzos de los noventa en Rusia equivalía a una licencia para imprimir dinero”, observó Christia Freeland, del Financial Times. Empezó a comerciar con petróleo y gas, dos recursos abundantes en Rusia y mal gestionados durante la época soviética. Su privatización, en connivencia con la autoridad del momento, creo gran parte de esa saga de mega multimillonarios, los llamados oligarcas.

Ahogado por la crisis económica de 1995, Yeltsin necesitaba fondos para reconstruir la confianza en su Gobierno y ganar las siguientes elecciones. Los consiguió mediante un plan de préstamos por acciones que se convirtió en el programa privatizador más colosal de la historia. Fue así como Abramóvich y su socio, Boris Berezovsky, pidieron un crédito y mediante el diseño de múltiples sociedades simularon la puja que les permitió adquirir el 49% de Sibneft por 100 millones de dólares. El Gobierno se financió a cambio de malvender las compañías estatales en un marco repleto de lagunas legales. Si la operación no fue revisada fue porque el propio Yeltsin ignoró al chivato de la Cámara de Auditoría de la Federación Rusa, que en 1998 estimó que “el valor de mercado del 51% de Sibneft era de 2.800 millones de dólares, 25 veces superior al precio inicial subastado”.

Son pocos los oligarcas rusos que salieron indemnes de la transición de Yeltsin a Putin. Si Abramóvich prosperó fue por su olfato para interpretar que debía ponerse del lado de Putin en los sucesivos conflictos que enfrentaron al presidente con los capitalistas. Cuando Putin se propuso nacionalizar la producción de energía, cedió de inmediato. En septiembre de 2005, tras recoger 1.000 millones en dividendos, vendió Sibneft a Gazprom por unos 9.000 millones de euros. La operación le convirtió en el hombre con más liquidez del mundo un año después de comprar el Chelsea por 150 millones. “Para nosotros fue como ganar la lotería”, recuerda un dirigente del club que prefiere el anonimato.

Por sus vínculos con la comunidad judía de Ucrania, el Gobierno de Volodímir Zelenski le propuso como intermediario en las negociaciones de paz que mantiene con Rusia desde hace una semana. La presencia de Abramóvich en la conferencia de Bielorrusia contrasta con su precipitado distanciamiento de Londres y con la puesta en venta del Chelsea.

La invasión de Ucrania ha colocado a los poderosos del Reino Unido ante la evidencia de sus relaciones con los multimillonarios rusos a los que ahora amenaza con sanciones. Abramóvich es el epítome de esta riqueza. El Gobierno de Boris Johnson, sin embargo, ha sido incapaz hasta ahora de ir a por el oligarca más famoso de todos.

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La Comisión de Cuentas Públicas del Parlamento británico ha advertido este miércoles al Gobierno de Boris Johnson de que le queda mucho trabajo por hacer para reducir las consecuencias negativas que ha traído consigo el Brexit. El impacto que la pandemia ha tenido sobre la economía, el comercio internacional y el tránsito de mercancías y viajeros durante casi dos años ha camuflado los problemas ocasionados por la salida de la UE, que el 31 de diciembre de 2020 fue ya una realidad jurídica definitiva. Pero no las ha tapado por completo. “Los nuevos controles impuestos al movimiento de bienes desde el Reino Unido a la Unión Europea han supuesto costes adicionales para las empresas y han afectado el flujo del comercio internacional”, concluye el informe de la comisión, EU Exit: UK Border Post Transition (Salida de la UE: La Frontera del Reino Unido después del Periodo de Transición).

El texto analiza los problemas surgidos hasta la fecha, pero, sobre todo, concentra sus advertencias en los inconvenientes que se anticipan en el horizonte cercano. Mientras Bruselas puso en marcha por completo, desde el fin del periodo de transición, sus controles aduaneros y sanitarios para los productos procedentes del Reino Unido, el Gobierno de Johnson ha ido autoconcediéndose periodos de gracia —hasta tres veces— para prorrogar el cumplimiento de sus obligaciones. Como conclusión, no será hasta mitad de este año cuando la importación de productos de la UE sea sometida a un control estricto.

“[El Gobierno] debe centrarse ahora en la preparación de los operadores de comercio internacional y transportistas de la Unión Europea para los controles de importación que se impondrán a lo largo de 2022″, avisa la comisión en su informe. “Cerca de un 15% de las empresas —unas 90.000— están poco familiarizadas con los procedimientos aduaneros internacionales, y hay que asegurar que, llegado el momento, sean conscientes de lo que hay que hacer”.

Respecto a las empresas británicas, la comisión hace hincapié en los datos facilitados por la Oficina Nacional de Estadística. En el primer y en el segundo trimestre de 2021, cuando los efectos de la pandemia comenzaban a aminorar, el intercambio comercial entre el Reino Unido y la UE se redujo un 25% y un 15%, respectivamente, respecto a los mismos periodos de 2018, el año en que se considera que hubo plena normalidad previa a la irrupción del Brexit y del coronavirus. “Fueron caídas muy superiores a la del comercio del Reino Unido con otras zonas del mundo”, señala el informe.

Muchos negocios han tenido que enfrentarse a costes adicionales derivados de la tramitación burocrática de las declaraciones aduaneras. Frente a la capacidad y habilidad de las grandes empresas para gestionar con su propio personal estas nuevas obligaciones, los negocios pequeños y medianos han debido contratar intermediarios especializados para que les ayudaran a superar las nuevas trabas. La Agencia Tributaria y Aduanera británica (HMRC, en sus siglas en inglés) ya estimó en 2019 que los nuevos controles supondrían un coste anual extra para las empresas de casi 18.000 millones de euros, y, como señala la comisión en su informe, la cifra no ha sido aún revisada oficialmente, “aunque la HRMC ha indicado que cree el coste será menor”. Las empresas agroalimentarias, que exportan a la UE animales vivos, carne o pescado fresco y plantas deben someterse, además, a controles sanitarios y fitosanitarios extra que incrementan la facturación, por las necesarias tasas en los puestos de control físico de los puertos.

Caos en la frontera

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Las restricciones impuestas al tránsito de personas durante la pandemia han reducido drásticamente el volumen de viajes internacionales. La recuperación gradual, durante 2022, de las cifras habituales de pasajeros va a provocar un grave problema en las fronteras terrestres —por el tránsito rodado a través del canal de la Mancha— de Dover y Folkestone. La Unión Europea tiene previsto implantar definitivamente en la primera mitad de este año su sistema de control fronterizo EU Entry and Exit (Entrada y Salida de la UE), con el que actualizará y homologará la identificación de viajeros con datos biométricos (huellas dactilares y reconocimiento facial), que serán registrados y compartidos en una red informática de datos.

Mientras la mayoría de aeropuertos disponen ya de la logística y las máquinas para realizar este control, el problema puede surgir con camioneros, vehículos particulares o incluso autobuses que transporten viajeros. El nuevo sistema requerirá obligatoriamente que las personas deban abandonar los vehículos para el proceso de reconocimiento, con lo que supondrá de tiempo añadido. “Los modelos matemáticos independientes señalan que cualquier retraso de dos minutos en la frontera puede acabar creando colas de tráfico de más de 50 kilómetros. Es inevitable que exista cierta fricción después de la salida del Reino Unido de la UE, pero el nuevo sistema puede resultar desastroso para unas cadenas de suministro tan interconectadas como son las de este país”, ha dicho Sarah Laouadi, directora de Política de la UE de LogisticsUK, la patronal más importante de la industria logística británica.

La comisión parlamentaria señala finalmente en su informe los problemas surgidos en torno a la aplicación del Protocolo de Irlanda del Norte, especialmente en lo que se refiere al traslado de productos desde Gran Bretaña a la isla de Irlanda, pero otorga un voto de confianza a Downing Street en sus negociaciones con Bruselas. “El Gobierno nos asegura que la UE ha comenzado a ser más receptiva respecto a ideas que, previamente, aseguró que no podían ser llevadas a cabo. Las negociaciones siguen su curso y el Ejecutivo nos dice que, con buena voluntad y planteamientos constructivos por ambas partes, tiene esperanza de alcanzar una solución”, asegura el informe.

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El fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha logrado este lunes una victoria en el proceso judicial sobre su extradición a Estados Unidos. El Alto Tribunal británico ha concedido al editor australiano el derecho a apelar contra esta posible extradición ante el Supremo de Reino Unido. Sin embargo, Assange no ha recibido el permiso para presentar una apelación directa, lo que implica que el Supremo tendrá que pronunciarse sobre si acepta escuchar la apelación, tal y como ha informado la cadena de televisión británica Sky News.

Estados Unidos reclama a Assange por 18 cargos, que incluyen presuntos delitos de conspiración y espionaje, y que pueden acarrear hasta 175 años de cárcel.

En caso de haber perdido el derecho a apelar, el caso habría ido directamente a manos de la ministra del Interior, Priti Patel, para una decisión final sobre su extradición. Sin embargo, el derecho ha sido garantizado debido a que se trata de un asunto de “importancia pública general”.

La decisión ha sido dada a conocer más de un año después de que un tribunal británico rechazara por primera vez y por motivos de salud la petición de Estados Unidos para extraditar al fundador de Wikileaks, acusado de espionaje por las autoridades norteamericanas por difundir miles de documentos oficiales y secretos a través de su portal.

El pasado 10 de diciembre, la justicia británica revirtió el fallo de la magistrada Vanessa Baraitser y, tras aceptar la apelación de Estados Unidos, abrió la puerta a la extradición de Assange contemplando cuatro condiciones presentadas por los abogados de Washington. Ahora, el equipo legal del australiano podrá presentar una apelación contra su entrega a la justicia estadounidense.

Assange se encuentra detenido actualmente en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, en el sureste de Londres, “casi en total aislamiento”. La defensa del australiano ha advertido que su salud se ha deteriorado gravemente en los últimos años, víctima de una concatenación de acusaciones que tienen como origen los documentos filtrados en 2010.

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