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Las autoridades de Irpin, en las afueras al noroeste de Kiev, anunciaron en la noche del lunes que han recuperado el control de la localidad, escenario de feroces combates desde el comienzo de la guerra. Pero los bombardeos y el intercambio de fuego de artillería se mantiene todavía, según fuentes del Gobierno de Kiev. Las tropas del Ejército ruso se encuentran apenas a 800 metros de este enclave por el que los militares del Kremlin quisieron penetrar en la capital de Ucrania, confirmó un asesor del Ministerio del Interior.

El hecho de que Rusia se haya replegado o haya perdido terreno en diferentes zonas de Ucrania, entre ellos en los alrededores de la capital, es interpretado por el Ejército ucranio como que Moscú está intentando reforzarse para volver a atacar con más medios y preparación. El Kremlin, entienden fuentes del Ministerio de Defensa, sigue tratando de tomar el control de las ciudades de la exrepública soviética, incluida Kiev.

A tan solo cinco kilómetros de Irpin, un control de carretera impedía a los vehículos seguir avanzando a mediodía de este martes. Solo se permitía la salida de algunas ambulancias y furgonetas con personas que seguían siendo evacuadas de esa población. De fondo sonaban a cada rato las detonaciones. Junto al control de carretera, entre unos edificios, en un par de carpas, varios sanitarios prestaban atención a los vecinos evacuados. Una parte importante eran personas mayores y algunas necesitaban incluso silla de ruedas.

Un nutrido grupo de agentes de policía seguía de cerca el proceso de salida de quienes llegaban desde Irpin. De una de las ambulancias, descendió un joven cubierto de polvo y cansado. A cada movimiento se quejaba. Solo llevaba una bolsa de plástico con lo que parecía ser algo de pan y unos billetes en su mano izquierda. Tras sentarlo en una silla, varios agentes le cortaron con unas tijeras el pantalón vaquero mientras llegaban los sanitarios. Dentro, la tela aparecía cubierta de sangre seca junto a varias heridas en la pierna derecha. Al mismo, otros policías comprobaban de manera insistente su documentación. Una de las obsesiones de las Fuerzas de Seguridad de Ucrania es tratar de tener controlados a posibles prorrusos infiltrados o a soldados del Kremlin que se hayan quedado atrás en la retirada de sus compañeros en localidades como esta en la que han perdido sus posiciones.

Ese estancamiento de las tropas rusas se interpreta no solo como fruto del avance militar ucranio y de la recuperación de localidades clave como Irpin, sino también como el producto de las trabas logísticas del ejército ruso. De acuerdo con el Instituto de la Guerra de Estados Unidos (ISW en sus siglas en inglés), el Kremlin tiene dificultades para seguir reclutando soldados en Rusia y Moscú podría ser incapaz a corto plazo de proporcionar relevo para los militares que participan en operaciones de combate. Este instituto de estudios bélicos cree que es probable que el ejército ruso haya desplegado la mayor parte de sus tropas ya entrenadas en Ucrania y que puede tardar meses en disponer de otros militares suficientemente formados en combate. Eso no quiere decir que el Kremlin haya dejado de desplegar a más soldados en Ucrania, pero sí se ha observado, recalca el ISW, una “disminución significativa de la intensidad del tráfico desde las profundidades de la Federación Rusa”.

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El informe diario divulgado por el Ministerio de Defensa del Reino Unido a través de sus redes sociales, ha alertado también de que, a pesar de los avances de las fuerzas armadas ucranias en los alrededores de Kiev, “Rusia sigue representando una importante amenaza para la ciudad gracias a su capacidad de ataque”, un punto de vista compartido por el ISW, que ha constatado igualmente que las fuerzas rusas no han dado por el momento muestras de abandonar su objetivo de capturar Kiev, a pesar de que el Kremlin afirmó el pasado viernes que concentraría sus operaciones militares en la región oriental ucrania de Donbás.

Contraofensivas ucranias en todo el país

Este martes, han seguido los ataques rusos y las contraofensivas ucranias por todo el país, cuando la nueva ronda de negociaciones entre los equipos ucranio y ruso se ha celebrado en Estambul y ha logrado los avances más significativos hasta la fecha, con una propuesta ucrania concreta de renunciar a la membresía de la OTAN a cambio de garantías de seguridad de terceros países en acuerdos bilaterales, y que abre la puerta por primera vez a negociar el estatus de Crimea dentro de 15 años y de Donbás.

Tras la ronda de diálogo en Estambul, Alexandr Fomin, viceministro de Defensa ruso, ha anunciado que Moscú ha decidido “reducir drásticamente las operaciones militares” en las áreas de Kiev y Chernihiv, en el noreste del país no lejos de la frontera con Bielorrusia. Fomin ha asegurado que el objetivo de esta medida es avanzar en el diálogo y “aumentar la confianza mutua”. Ucrania ha tomado estas declaraciones con escepticismo, aunque lo cierto es que los analistas apuntan que con sus tropas estancadas y con los avances mucho más lentos y renqueantes, el Kremlin busca cambiar de estrategia.

Poco antes de sentarse a la mesa de diálogo, un ataque ruso ha destruido el edificio de la Administración regional de Mikolaiv, en el sur de Ucrania y una ciudad clave para la estrategia rusa de dominar el flanco sur del país y el mar Negro. Hay al menos siete muertos y varios heridos, según las autoridades locales. Las fuerzas de Vladímir Putin, que han puesto en la diana los Gobiernos locales —ya bombardearon la Administración de Járkov la primera semana de marzo—, intentaron destruir la sede del Gobernador de Mikolaiv el pasado lunes, pero el ataque terminó por alcanzar un hotel. El gobernador de Mikolaiv, el carismático Vitaly Kim, célebre por sus mensajes en las redes sociales y por su resistencia y la de la ciudad a la invasión, no estaba en el inmueble porque este martes ha dormido más de la cuenta, según comentó en las redes sociales.

Las tropas ucranias están lanzando a su vez una feroz contraofensiva en el frente sur, hacia Jersón, la única capital regional ocupada y la mayor conquista rusa. En el eje que une la castigada Chernihiv y Sumi, por donde los rusos han tratado de avanzar hacia Kiev desde el este, la contraofensiva ucrania también ha logrado detener a las tropas del Kremlin. Después de días de batalla en Brovari, Ucrania podría haber paralizado allí el avance ruso. Moscú no ha dado señales de reducir su ofensiva en el este de Ucrania ni sobre la ciudad de Mariupol, en el mar de Azov, donde sus tropas controlan ya varias zonas y desde donde ya realizan retransmisiones los medios de la órbita del Kremlin, que difunden imágenes de la localidad destruida, afirmando que todo es obra de los “nacionalistas” ucranios.

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Rusia ha intensificado este sábado los ataques en Ucrania, con el foco puesto en su infraestructura estratégica y las ciudades. Al tiempo, estrecha el cerco en torno a la capital, Kiev. Cuando la guerra de Vladímir Putin ha superado ya las dos semanas, las tropas rusas han lanzado varios ataques contra aeródromos de distintos puntos del país y almacenes de suministros para tratar de dificultar la logística ucrania y el transporte. El Ejército ruso ha hecho algunos avances en el flanco este y trata de avanzar en el sur, donde busca arrebatar el control de la salida al mar a Ucrania.

Los bombardeos sobre Mikolaiv, una importante ciudad portuaria del mar Negro, bajo ataque desde hace días, han causado este sábado daños en un hospital oncológico y en varios edificios residenciales de la localidad, que Rusia trata de ocupar para lanzar y afianzar el asalto a Odesa, la perla del mar Negro. Es en este flanco sur donde el Kremlin ha hecho los avances más significativos.

Un día después de que el Kremlin bombardease varios puntos del oeste del país, con ataques cada vez cercanos a las fronteras de Rumania y Polonia, Moscú ha elevado su amenaza contra los aliados que suministran armas a Kiev. Cualquiera de esos convoyes serán “objetivos legítimos”, ha dicho el viceministro de Exteriores, Serguéi Riabkov, que acusó a Washington de calentar el conflicto. “La transferencia irreflexiva de armas como sistemas portátiles de misiles antiaéreos y antitanques” a Ucrania podría tener graves consecuencias, ha recalcado Riabkov en una entrevista con un canal estatal ruso.

El número de bajas civiles aumenta en Ucrania, donde varias ciudades, como la portuaria Mariupol, en el mar de Azov, están en una situación crítica por el asedio ruso; también crece el éxodo de quienes huyen de la guerra, que según la ONU roza ya los 2,6 millones. El presidente ucranio, Volodímir Zelenski, ha acusado al Kremlin de aterrorizar a la ciudadanía para doblegar su voluntad y emprender “una guerra de aniquilación”.

El líder ucranio ha asegurado este sábado que su Ejército ha infligido “pérdidas significativas” a las fuerzas rusas. En un nuevo videomensaje, Zelenski exigió a Moscú respetar el alto el fuego acordado para permitir las evacuaciones de la asediada Mariupol, y también la liberación del alcalde de la localidad sureña de Melitopol, Ivan Fedorov, quien supuestamente fue secuestrado por las fuerzas rusas que se hicieron con el control de la ciudad. El presidente ucranio aseguró que estaba al habla con el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Olaf Scholz, sobre el secuestro. “Hablaré con todas las personas necesarias para liberar a nuestra gente. Esperamos que los líderes mundiales nos muestren cómo pueden influir en la situación”, ha dicho.

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Se espera que Macron y Scholz hablen este sábado de nuevo con Putin, que también conversó el viernes con el presidente de Finlandia, Sauli Niinistö, que le pidió un alto el fuego para Ucrania. La vía del diálogo, sin embargo, ha fracasado y el Kremlin —que denomina la invasión “operación militar especial” y que ha prohibido utilizar la palabra “guerra” en Rusia para referirse a la ofensiva contra Ucrania— mantiene que todo va conforme a su plan de “desnazificar” y “desmilitarizar” el país de 44 millones de habitantes. Según sus palabras, Putin lanzó la ofensiva para “proteger” a la población rusoparlante y a la ciudadanía del Donbás, que aseguró que estaba sufriendo un “genocidio”.

Pese a la retórica del Kremlin, lo cierto es que en las zonas ocupadas no se ha recibido a los ocupantes con la alfombra roja de los supuestos liberadores. Este sábado, pese al temor a las fuerzas rusas, decenas de personas han salido a las calles en la ocupada Melitopol para protestar contra el secuestro del alcalde, según varios vídeos. La ciudad —muy cerca de Crimea, que Rusia se anexionó ilegalmente en 2014 y que el Kremlin ha utilizado como lanzadera en su invasión y la ofensiva al sur— fue de las primeras en caer. La protestas y la ira contra los ocupantes rusos se han repetido en otras ciudades controladas ahora por Rusia, como las costeras Jersón o Berdiansk, donde Moscú, además de ofrecer pasaportes rusos a la población, ya ha hecho varias detenciones y empiezan las represalias, según varias fuentes.

En Mikolaiv, las tropas ucranias resisten la ofensiva desde hace casi dos semanas. Este sábado, las fuerzas del Kremlin han endurecido la ofensiva con ataques a zonas residenciales del norte de la ciudad, de 475.000 habitantes, según las autoridades locales. La estratégica localidad es la pieza que le falta a Putin para avanzar a lo largo de la costa ucrania del mar Negro y lanzar una ofensiva contra Odesa, con una población de un millón de habitantes y con el puerto más importante del país. En esta ciudad han sonado en la mañana del sábado de nuevo las sirenas de aviso de ataque aéreo.

Posible corredor humanitario a Mariupol

Tras la condena internacional por el bombardeo de un hospital materno-infantil en Mariupol, las autoridades ucranias han vuelto a intentar este sábado enviar un convoy de medicamentos y bienes de primera necesidad. La ciudad —clave para las aspiraciones rusas de controlar las costas y de trazar un puente terrestre desde la península de Crimea y la zona del Donbás que controla a través de los separatistas prorrusos— lleva diez días sin suministros básicos, según las pocas organizaciones sanitarias sobre el terreno.

“Hemos visto personas que han muerto por falta de medicamentos y hay muchos casos así dentro de Mariupol”, explica Olexander, un trabajador de Médicos sin Fronteras, en un audio que ha escuchado EL PAÍS. “Hay muchas personas muertas y heridas, tiradas por el suelo. Los vecinos cavan el agujero en el suelo y ponen sus cuerpos dentro”, dice el sanitario, que explica que no hay agua potable ni medicamentos desde hace casi 10 días en la ciudad. La población carece de alimentos adecuados. Tienen que usar madera para preparar el fuego y para cocinar la escasa comida de la que dispone. Además, no hay ninguna higiene disponible, así que solo tenemos un poco de agua para lavarnos las manos”, apunta Olexander.

Al menos 1.582 civiles han muerto en Mariupol por el asedio, según el consejo de la ciudad, una cifra que no puede verificarse por el cerco al que la localidad portuaria está sometida.

La viceprimera ministra ucrania, Irina Vereshchuk, ha afirmado este sábado que algunos corredores humanitarios para evacuar civiles ya están funcionando, y que hay planes de agilizar las salidas de la población que lo desee de pueblos y alrededores de Kiev y Sumi y otras zonas cercanas a los combates más calientes. “Espero que el día transcurra bien, que todas las rutas previstas estén abiertas y que Rusia cumpla con sus obligaciones para garantizar el régimen de alto el fuego”, ha dicho Vereshchuk.

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La acumulación de tropas rusas junto a las fronteras de Ucrania ha logrado un primer objetivo. El cerco militar del presidente ruso, Vladimir Putin, ha desestabilizado la economía del país vecino y ha obligado al Gobierno ucranio a pedir ayuda financiera internacional. El vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, llegó el 31 de enero a Kiev con la promesa de hasta 1.400 millones de euros. Pero Ucrania podría necesitar una ayuda mucho mayor: al menos 4.000 millones de euros para estabilizar su economía y afrontar, este año, pagos de más de 13.000 millones de euros por su deuda.

“La Comisión va a adoptar mañana un paquete de emergencia de 1.200 millones de euros y esperamos desembolsar el primer tramo de 600 millones tan pronto como sea posible”, ha anunciado Dombrovskis en una rueda de prensa en Kiev junto al primer ministro ucranio Denys Shmyhal. La Comisión también ha ofrecido 120 millones de euros en subvenciones a fondo perdido que se suman a los 160 millones que ya estaban previstos.

Dombrovskis ha subrayado que la rapidez del programa no solo busca cubrir las necesidades presupuestarias de Kiev, sino también “garantizar a los inversores que la UE sigue apoyando a Ucrania porque hemos visto que la acumulación de tropas rusas en la frontera, además de las implicaciones militares y de seguridad, está también socavando la confianza y creando una situación complicada en los mercados financieros”.

La economía ucrania ya se encontraba con respiración financiera asistida desde que la pandemia puso fin, en 2020, a cuatro años consecutivos de crecimiento. La Unión Europea aprobó en mayo de aquel año un programa de asistencia macrofinanciera dotado con 1.200 millones de euros, desembolsados completamente a finales de 2021. El Fondo Monetario Internacional (FMI), por su parte, extendió una línea ya en marcha que pasó de 5.500 millones de dólares a 10.000 millones y que se prolonga hasta junio de este año.

En teoría, Ucrania debería haberse encontrado en 2022 en condiciones de financiarse en gran parte por sí misma. La remisión de la pandemia en Europa y la evolución al alza del precio de las principales exportaciones ucranianas (acero, productos agrícolas, minerales) permitieron al país lograr superávit comercial en 2020; mantener ese impulso económico el año pasado; registrar una apreciación de la moneda; y acumular unas reservas de hasta 27.000 millones de euros.

Pero la grave crisis de seguridad provocada por el Kremlin ha dado al traste con las posibilidades de recuperación económica, ha asustado a los inversores internacionales y ha disparado la prima de riesgo hasta el punto de que algunos analistas creen que Ucrania ha perdido el acceso a los mercados financieros internacionales. Las alarmas de Occidente sobre un ataque ruso inminente ha agravado desconfianza de los inversores internacionales. Y el gobierno ucranio, según fuentes europeas, ha tenido que pedir a Bruselas y, sobre todo, a Washington que moderen su retórica belicista para no provocar una espiral de pánico que aleje aún más la inversión del país.

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Moscú también ha recortado el envío de gas hacia Europa a través del gasoducto que atraviesa territorio ucranio, lo que deja a Kiev sin las millonarias comisiones que abona la compañía rusa Gazprom por ese tránsito. En los últimos años, Ucrania ingresaba unos 2.500 millones de dólares anuales por ese concepto, según el FMI. Pero en 2021 esa remesa fue un 40% menor. Rusia, además, veto en junio del año pasado la entrada de algunas exportaciones ucranias (sobre todo, productos alimentarios y agrícolas) dando otro pequeño golpe a la economía del país asediado.

“Hemos visto los esfuerzos de Rusia por desestabilizar Ucrania, con desinformación, ciberataques y otras maniobras”, ha señalado este lunes la eurodiputada Nathalie Loiseau en Mariúpol, el puerto ucranio en el mar Negro y uno de los puntos codiciados por las fuerzas prorrusas del Donbás. Loiseau, presidenta de la subcomisión de Defensa del Parlamento Europea, forma parte de una delegación de nueve eurodiputados que visita esta semana Ucrania. “Estamos aquí para mostrar nuestra solidaridad en estos tiempos de incertidumbre”, ha afirmado el eurodiputado y presidente de la comisión de Exteriores, David McCallister también presente en el país.

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Hasta el último momento la Policía Metropolitana de Londres (la Met, o New Scotland Yard, como se conoce su sede) se había resistido a entrar en el escándalo de las fiestas prohibidas en Downing Street durante el confinamiento. En parte por la excusa de mantener la regla de no investigar infracciones en la pandemia de modo retrospectivo. En parte por esperar a las conclusiones de Sue Gray, la alta funcionaria que ha tomado las riendas de la investigación interna. Pero sobre todo, por el tremendo impacto político que tendría revestir de sospecha criminal una crisis política de tal magnitud. Hasta este martes. La directora de la policía, Cressida Dick, ha confirmado ante la asamblea municipal de Londres que su departamento investiga ya varias de las fiestas que tuvieron lugar en la sede del Gobierno. “Puedo confirmar que la Met investiga en estos momentos varios eventos que ocurrieron en Downing Street y Whitehall [como se conoce al complejo donde se concentran los principales ministerios, antiguo Palacio de Whitehall] en los últimos dos años, en relación con la posible violación de las reglas de distanciamiento social para combatir la covid-19″, ha dicho la comisaria.

La decisión, que incrementa notablemente la presión sobre Johnson, ha sido una combinación de la información compartida entre Sue Gray, la vicesecretaria permanente de la Oficina del Gabinete que conduce las pesquisas internas, y la propia Cressida Dick. Esta última, presionada en los últimos días por la oposición laborista por su pasividad ante el escándalo, ha valorado además “las opiniones de sus propios agentes” para dar un paso tan delicado, según ha explicado.

Todo ocurre durante una semana crítica para el primer ministro. A la espera del informe de Gray, que todos daban por sentado que sería antes del viernes, aunque no tenga una fecha oficial de publicación, Johnson intenta recuperar una apariencia de normalidad, mientras su equipo transmite la idea de que nada está perdido y de que su jefe pretende plantar cara y resistir en el puesto. Las pruebas, sin embargo, se acumulan en su contra. Como la fiesta sorpresa de cumpleaños que organizó su esposa en pleno confinamiento. Carrie Symonds compró una tarta el 19 de junio de 2020 y convocó a unas 30 personas en el Cabinet Room (la sala del Consejo de Ministros con su mesa ovalada) para sorprender al primer ministro, que ese día cumplía 56 años. Entre los invitados estaba Luly Lytle, la cotizada diseñadora de interiores a la que el matrimonio Johnson había encargado la redecoración de su apartamento privado, en el número 11 de Downing Street.

Hubo comida preparada, procedente de los almacenes Mark&Spencer, y se cantó el Cumpleaños Feliz. Hasta el ministro de Economía, Rishi Sunak, a quien todas las quinielas sitúan como principal candidato a suceder a Johnson, se dejó ver por la fiesta, “aunque no fue invitado”, según uno de sus portavoces. ITV asegura que varios familiares de Johnson pasaron esa noche en Downing Street, y la fiesta se prolongó. Fuentes del Gobierno ya han admitido que los hermanos del primer ministro compartieron esa noche con él y su esposa una barbacoa en el jardín de la residencia, pero que el número de personas nunca superó el límite de seis que estaba entonces vigente.

“Un grupo del personal que trabaja normalmente en el número 10 de Downing Street se reunió brevemente en el Cabinet Room, después de una reunión, para desear al primer ministro un feliz cumpleaños. Él no estuvo presente más de 10 minutos”, aseguran los portavoces de Johnson en su respuesta oficial a las nuevas informaciones. Ya no niegan ni la celebración sorpresa, ni la tarta, ni las 30 personas convocadas en un espacio interior, ni el hecho de que todo eso ocurriera mientras las reglas, para el resto de británicos, prohibían los encuentros en sitios cerrados de individuos procedentes de distintos domicilios.

“Es completamente nauseabundo que el primer ministro dedicara esa tarde a compartir pastel con 30 amigos en un espacio interior. A pesar de que ya nada nos sorprende, todavía nos trae al recuerdo un dolor muy vivo. Mientras decenas de personas le cantaban el cumpleaños feliz, algunas familias no podían siquiera cantar juntas en recuerdo de sus seres queridos en un funeral”, ha dicho Jo Goodman, la mujer que contribuyó a fundar la asociación Justicia para los Familiares de Víctimas de la Covid-19. “Si tuviera alguna decencia, haría lo que nosotros y el resto del país le está reclamando y dimitiría”, ha exigido Goodman. “El primer ministro se ha convertido en una distracción para la nación. Mientras millones de personas luchan por pagar sus facturas, Boris Johnson y su Gobierno dedican todo el tiempo a intentar limpiar su rastro de engaños, corrupción y quebranto de la legalidad”, ha asegurado el líder de la oposición laborista, Keir Starmer.

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Fuentes de Downing Street han confirmado que la polémica fiesta de cumpleaños ya formaba parte de la investigación de Gray, y por tanto no se trata de un episodio nuevo que pudiera retrasar aún más su investigación. Sin embargo, la decisión de New Scotland Yard de entrar a investigar varias de las fiestas puede provocar un efecto inesperado: el equipo de Johnson, según ha adelantado SkyNews, retrasará la publicación del informe hasta que concluyan las pesquisas policiales, que podrían llevar semanas o meses.

La funcionaria, que en última instancia depende directamente del primer ministro, tenía previsto entregar a Johnson una copia de su informe horas antes de hacerlo público. La estrategia del político conservador y de su equipo pasaba por preparar de inmediato una intervención ante la Cámara de los Comunes en la que vuelva a ofrecer sus disculpas e intente “controlar el relato final” de todo lo ocurrido. Por eso muchas voces, comenzando por los editoriales del diario The Times, exigen la publicación íntegra del informe, y no el sumario de conclusiones que Downing Street pretendía presentar.

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La cruzada de la fiscal del condado de Fulton, en Georgia, para lograr llevar ante los tribunales a Donald Trump por su papel en las elecciones de 2020, que el expresidente aún reclama sin pruebas que le fueron robadas, va dando sus frutos. Fani T. Willis solicitó la semana pasada la convocatoria de un gran jurado especial para que estudiase el caso. El Tribunal Superior del Estado sureño, donde Joe Biden consiguió 306 votos electorales (frente a los 232 de Trump), ha aprobado este lunes esa solicitud, lo que implica en la práctica estrechar el cerco sobre el magnate. El sistema judicial estadounidense reserva esa figura para los casos más complejos. Está previsto que el proceso empiece el 2 de mayo, y que no se prolongue más de un año.

Detrás de esa decisión está una frase para la historia: “Necesito encontrar 11.780 votos”, dijo Trump en una llamada telefónica del 2 de enero, cuando aún era presidente, al republicano Brad Raffensperger, entonces secretario de Estado y máxima autoridad electoral de Georgia. La grabación de la conversación, de una hora, la reveló The Washington Post en enero de 2021. En ella, se le escucha suplicar que encuentre suficientes sufragios para alterar el resultado de las elecciones en un territorio que fue clave para su derrota. También amenazar a su interlocutor con que puede estar cometiendo un delito si no atiende a sus deseos. El secretario de Estado responde a esa petición defendiendo la validez del recuento que dio a Biden una ventaja de 11.779 votos. “La gente de Georgia está enfadada, la gente del país está enfadada”, dice Trump en la llamada. “Y no hay nada malo en admitir, ya me entiendes, que has vuelto a contar y que estabas equivocado”. A lo que Raffensperger responde: “Bueno, señor presidente, el problema es que los datos que usted maneja son incorrectos”.

Fani Willis, fiscal del distrito de Fulton (Georgia), el 4 de enero de 2022.
Fani Willis, fiscal del distrito de Fulton (Georgia), el 4 de enero de 2022.Ben Gray (AP)

Pese a tan flagrante injerencia, a Willis, que se puso a la tarea tras conocer el contenido de esa conversación, le está costando reunir pruebas para su caso. En la carta en la que pedía la constitución del gran jurado especial, que adelantó el periódico local The Atlanta Journal Constitution, habla de un “número significativo de testigos y posibles testigos [que] se han negado a cooperar con la investigación si no media una citación que requiera su testimonio”. “El gran jurado especial estará autorizado a investigar todos y cada uno de los hechos relacionados directa o indirectamente con las presuntas violaciones de las leyes del Estado de Georgia [tras las elecciones de 2020]”, ha indicado en el documento que da la razón a la fiscal Christopher S. Brasher, juez titular del Tribunal Superior del Condado de Fulton, el más poblado de Georgia, que incluye a la ciudad de Atlanta. Esa figura judicial no puede emitir acusaciones, pero sí citar a testigos, presentar documentos e investigar.

“Vamos a conocer los hechos, a conocer la ley, a ser muy metódicos, muy pacientes y, en cierta medida, poco emotivos en esta búsqueda de justicia”, dijo recientemente a la agencia Associated Press Willis, que también se mostró confiada de que el caso dará sus frutos en la primera mitad de este año.

Un portavoz de Trump ha calificado este movimiento de “caza de brujas”. No es el único quebradero judicial al que se enfrenta el expresidente. Está también la investigación de una comisión de la Cámara de Representantes sobre los disturbios del Capitolio del 6 de enero de 2021 y su presunta implicación en ellos. La fiscalía de Nueva York, por su parte, citó a principios de enero a sus dos hijos mayores, Ivanka Trump y Donald Trump Jr., como parte de una investigación sobre los negocios del magnate.

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