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El alza del precio de los carburantes y alimentos básicos como la harina y el aceite está creando gran tensión en las calles de Marruecos. El pasado domingo miles de personas se manifestaron en las principales ciudades del país para conmemorar el aniversario de la primavera árabe en Marruecos, que comenzó el 20 de febrero de 2011. Las concentraciones se convirtieron también en un medio para expresar el rechazo a la subida de los precios y reclamar la dimisión del jefe de Gobierno, el magnate petrolero Aziz Ajanuch, secretario general del partido liberal RNI (Reagrupamiento Nacional de Independientes).

Ese mismo domingo se produjo un saqueo de hortalizas y carnes en el zoco de Alhad, en la región de Kenitra, 50 kilómetros al norte de Rabat. Las escenas de una multitud desvalijando los comercios circulan desde entonces en las redes sociales de un país que no está habituado a este tipo de escenas.

“Hay gente que no puede más después de dos años con las fronteras cerradas, sin turismo, con la sequía…”, denuncia a este diario con la condición de anonimato una activista humanitaria del norte de Marruecos. “Hay mujeres divorciadas y viudas que ganan lo justo para comer. Y a lo mejor trabajan un día y se quedan 10 paradas, porque son trabajos informales. Para mucha gente la vida se está volviendo aún más dura con estas subidas de precios”, añade.

El ministro delegado encargado del presupuesto, Fouzi Lekjaa, explicó el pasado jueves en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros que la subida de los precios de algunos productos se debe, entre otros factores, “al continuo aumento de los precios de los cereales y de los productos petrolíferos en el mercado internacional”, según informó la agencia oficial MAP. Y añadió que, para combatir la carestía de los cereales, el Estado ha suspendido los derechos de aduana sobre las importaciones de trigo en dos periodos, desde febrero hasta el 15 de mayo de 2021 y desde noviembre de 2021 hasta el próximo abril.

Coste para las arcas públicas

El Ministerio de Economía emitió este martes un comunicado en el que asegura que la hogaza de pan de harina de trigo blando va a mantener su precio de 1,2 dírhams (0,11 euros) gracias a la subvención del Estado. Y añadió que tanto ese pan como el azúcar y la bombona de butano continuarán siendo subvencionados por el Estado, a pesar del coste que ello implica para las arcas públicas.

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A diferencia de ciertos productos básicos subvencionados, el precio de los hidrocarburos solo está sujeto a las reglas del mercado. Y en Marruecos ha alcanzado niveles récords. En un año, el litro de diésel ha pasado de costar 8,7 dírhams (80 céntimos de euro) a superar la barrera de los 10 dírhams en noviembre de 2021 y la de los 10,9 dírhams (un euro) en febrero de 2022. El índice de Precios al Consumo (IPC) ha subido en enero un 3,1% respecto al mismo periodo del año anterior, según el Alto Comisariado del Plan, el instituto estadístico marroquí.

El Gobierno ha impedido a los taxis subir las tarifas, una decisión que alimenta el descontento en el sector. Los conductores protestan por ser uno de los sectores más afectados por la subida de precios y no pueden repercutirla en los clientes. Otros profesionales como los carniceros también defienden que tienen que cobrar más a los clientes porque sus costes no dejan de subir.

Marruecos sufre este año la mayor sequía de las últimas tres décadas. Los embalses se encuentran al 34% de su capacidad frente a 46% del año pasado en la misma época. La agricultura es el mayor pilar de la economía del país, con 12% del PIB. A su vez, este sector necesita el 87% del consumo hídrico, según datos del Alto Comisariado del Plan pertenecientes a 2020. El monarca Mohamed VI ordenó el 4 de febrero que se invoque a Dios en todas las mezquitas para la petición de lluvia. Las plegarias no han dado resultados tangibles por ahora.

En las redes sociales circula con fuerza desde hace más de dos semanas la etiqueta Ajanuch Dimite. Es un mensaje que recuerda a la campaña anónima que triunfó en las redes marroquíes en 2018 y que llamaba a boicotear a tres marcas, entre ellas la red de gasolineras Afriquia, propiedad de Ajanuch. Nunca se supo quiénes fueron los impulsores de aquel mensaje, aunque algunas voces apuntaron hacia los islamistas del Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD). En aquella ocasión, Ajanuch optó por el silencio. La tormenta del boicot pasó al cabo de varias semanas y tres años después, en septiembre de 2021, el líder del RNI ganó las legislativas al cosechar 102 escaños sobre un total de 395 diputados. Los islamistas del PJD sufrieron una hecatombe al pasar de 125 escaños a solo 13.

Pero si en 2018 el silencio del empresario Ajanuch dio sus frutos, estos días incluso parte de la prensa oficialista —como el sitio digital Albayane, muy ligado al Ministerio del Interior— rechaza la táctica del primer ministro. “El jefe del Gobierno está siendo muy criticado por los manifestantes a causa de su incomunicación”, aseguraba este lunes un artículo de Albayane. “Pero es necesario decirlo: esta incomunicación está agravando la situación, porque se dirige directamente hacia la no-comunicación”, concluía el escrito.

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Una mujer usa un móvil ante la sede de NSO, fabricante del programa Pegasus en Herzliya (Israel).
Una mujer usa un móvil ante la sede de NSO, fabricante del programa Pegasus en Herzliya (Israel).JACK GUEZ (AFP)

El escándalo sobre el uso policial ilícito del programa espía Pegasus ha levantado el vuelo en Israel. El software que se apropia de los datos de los móviles sin hacerse apenas notar es fabricado por la compañía israelí NSO, incluida en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por exportarlo a países con regímenes autoritarios que lo han utilizado para intervenir dispositivos de opositores, periodistas o defensores de los derechos humanos. La información sobre el ciberespionaje sin orden judicial a altos cargos y ciudadanos de a pie aireada desde hace un mes por Calcalist, diario económico de referencia, ha sacudido a Israel.

La policía desmintió al principio todas las informaciones, pero nuevas revelaciones han mostrado indicios de que los agentes que investigaron a partir de 2015 al entonces primer ministro, el conservador Benjamín Netanyahu, en varios casos de corrupción se extralimitaron y sobrepasaron los términos de una autorización judicial para pinchar móviles de un alto cargo. Entre las decenas de teléfonos intervenidos figuran el de Avner Netanyahu, hijo del anterior jefe de Gobierno, y el del ex director general del Ministerio de Telecomunicaciones, Shlomo Filber, convertido en testigo de cargo clave tras haber alcanzado un pacto con los fiscales para librarse de una larga condena.

La declaración de este arrepentido es la base de la acusación en el llamado caso 4.000 o caso Bezeq, por el nombre del grupo gigante de telecomunicaciones israelí. También fueron presuntamente intervenidos sin el aval de un tribunal los móviles de directivos y periodistas del portal informativo Walla —al que Netanyahu reclamaba coberturas favorables y el de Iris Elovitch, esposa del propietario del medio digital y principal accionista de Bezeq.

En medio del torrente de revelaciones periodísticas, el ministro de Seguridad Pública, Omer Barlev, responsable de la policía, y el jefe del Ejecutivo, Naftali Bennett, han anunciado la creación de una comisión de investigación oficial. Ambos aguardan el resultado de las indagaciones emprendidas por la Fiscalía General con la asistencia del Shin Bet y el Mosad, los servicios de inteligencia interior y exterior, respectivamente, bien conocidos por su dominio del ciberespionaje.

El tribunal de Jerusalén que juzga a Netanyahu desde 2020 por las acusaciones de soborno, fraude y abuso de poder ha dejado además en suspenso el proceso desde la semana pasada a la espera de que se aclare la legalidad de las pruebas obtenidas mediante pinchazos policiales.

Michael Birnhack, jurista experto en derecho a la intimidad y tecnología, reconoce que “la normativa que regula las intervenciones de la policía israelí es caótica”. “Hay una ley para las búsquedas informáticas, otra para los metadatos y otra que regula las escuchas telefónicas”, precisa en un intercambio de correos electrónicos este profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Tel Aviv, “pero ninguna autoriza el uso de programas espía”.

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Además de altos cargos o familiares de Netanyahu, la sombra de Pegasus se ha proyectado también sobre alcaldes o activistas de la sociedad civil, según las revelaciones de Calcalist. Los agentes arrancaban sus búsquedas aleatoriamente sin permiso judicial. Se intervenían los teléfonos de los supuestos sospechosos con el programa Pegasus, que captura los datos del móvil. Si lograban pescar alguna prueba, solicitaban la autorización del tribunal para blanquear el caso y regularizar la investigación retroactivamente.

“Existe un amplio consenso en Israel sobre la necesidad de aclarar por ley los límites de las investigaciones de la policía. Obviamente, los responsables policiales reclaman mejores herramientas tecnológicas para perseguir a los delincuentes, lo que también va en favor del interés público. Sin embargo, hay que establecer limitaciones y no se debe permitir el uso de todas las tecnologías posibles”, advierte Birnhack, exmiembro del Consejo Público Israelí para la Protección de Datos.

El consejero delegado de NSO, Shalev Hulio, aseguró el pasado verano que el programa espía no estaba diseñado para operar en los teléfonos de Israel. Lo garantizó poco después de que una investigación periodística internacional informara de que medio centenar de gobiernos lo habían usado para controlar a disidentes y reporteros. NSO sostiene que sus empleados no operan Pegasus y se limitan a “suministrar tecnología a agencias de inteligencia estatales” en la lucha contra el terrorismo o el crimen organizado, contando siempre con autorización del Gobierno israelí.

Doctrina del “fruto del árbol envenenado”

En un informe preliminar, la Fiscalía General avanzó el domingo ante el tribunal de Jerusalén que juzga a Netanyahu que no ha observado una intervención de teléfonos ilegal por parte de la policía. Se trata de los primeros datos de la investigación ordenada en enero por el fiscal general, con el asesoramiento del Shin Bet y el Mosad, cuyos resultados está previsto que se presenten el miércoles.

“Si se demuestra que alguna evidencia se obtuvo de manera ilegal o sin autorización, esa prueba específica puede declararse inadmisible. No obstante, se pueden permitir otras búsquedas basadas en esos mismos indicios”, sostiene el profesor Birnhack. En Israel no se aplica la doctrina jurídica del “fruto del árbol envenenado”, que establece que una prueba obtenida por medios ilícitos es también ilícita y no puede tener validez en el proceso, surgida hace un siglo en EE UU.

“La incorporación de las evidencias obtenidas mediante tecnologías de software espía queda a discreción del tribunal en un juicio penal”, aclara el profesor de la Universidad de Tel Aviv. “Es pronto para decir si hubo una actuación policial ilícita y si proporcionó pruebas relevantes en el proceso de Netanyahu”, concluye.

Los investigadores de la Fiscalía General han examinando unos 1.500 móviles supuestamente afectados por el ciberespionaje a través de una base de datos interna que ha sido facilitada por la empresa NSO, según anunció el domingo el Ministerio de Justicia israelí, citado por Reuters. La compañía fabricante de Pegasus ha asegurado que el registro de control que ha aportado ofrece información exacta sobre qué teléfonos fueron intervenidos.

El veterano columnista Nahum Barnea recuerda que el uso de este tipo de tecnología coincidió con la llegada a la policía, a partir de 2015, de mandos procedente del Shin Bet, habituados al ciberespionaje masivo en Palestina. “Se transformó en una especie de Stasi”, reflexiona Barnea en las páginas de Yedioth Ahronoth, “una organización que espiaba a cualquiera que no le cayera en gracia [en Alemania oriental]”. Las críticas sobre el empleo de programas de ciberespionaje israelíes en el resto del mundo apenas habían captado la atención de la opinión pública. Hasta ahora.

El Mosad pidió ayuda a NSO para pinchar móviles

A pesar de contar con sus propias herramientas de espionaje de comunicaciones, el Mosad ha intervenido también móviles y dispositivos desde Israel con el programa Pegasus, según informaba el diario Haaretz, que citaba confidencialmente a empleados del grupo NSO. Agentes del servicio de inteligencia exterior solicitaron a técnicos del fabricante de Pegasus que accedieran a algunos teléfonos en su nombre, presumiblemente porque no lograban hacerlo con sus propios programas o para no dejar rastro de su intervención.

Responsables del Mosad solían visitar la sede central de NSO en Herzliya (norte de Tel Aviv) junto con delegaciones extranjeras, en particular de países árabes y africanos, interesadas en adquirir el programa Pegasus. Tras haber servido como herramienta para la expansión de la ciberdiplomacia israelí, la tecnología de espionaje telefónico diseñada por empresas como NSO ha pasado a formar parte del estricto sistema de seguridad interna del Estado de Israel.

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El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en un retrato de junio de 2020.
El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en un retrato de junio de 2020.JOAQUIN SARMIENTO (AFP)

Una vez más, el mediático alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ha hecho una declaración de guerra contra los empresarios de la segunda ciudad de Colombia. Sus palabras han provocado un escándalo en el que salió a terciar el presidente Iván Duque. En una entrevista a la revista Semana, Quintero dijo que el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) se asemejaba a los carteles de la mafia.

En una urbe que padeció años de violencia por el cartel de Pablo Escobar, esas declaraciones han generado reacciones políticas enconadas en el arranque de un intenso año electoral, a meses de las elecciones de marzo al Congreso y las presidenciales de mayo. Una de las empresas del GEA, Argos, ha anunciado una denuncia penal por injuria contra el alcalde. Quintero, además, está a las puertas de un proceso de revocatoria a su mandato. Este lunes, la Registraduría avaló las firmas entregadas para solicitarlo por quienes le acusan de llevar a cabo una mala gestión de la ciudad.

El origen de la última polémica de Quintero fueron unas declaraciones en las que también fustigaba al expresidente Álvaro Uribe y al exalcalde y candidato presidencial de centro Sergio Fajardo. A pesar de estar enfrentados, ambos son figuras nacionales con orígenes en Medellín. “Aquí lo que había era unos carteles, unas mafias, donde se sumaban el GEA, el uribismo, el fajardismo, y todos tenían un acuerdo de hacerse pasito y llegó alguien independiente, puso el dedo en la llaga y eso les ha dolido mucho”, le dijo Quintero a la publicación.

Aunque no lo mencionó con nombre propio, el presidente Iván Duque se refirió a la controversia. “El matoneo de políticos a la iniciativa privada, a los emprendedores y a las empresas es propio de los métodos fracasados del Socialismo del Siglo XXI. No a la estigmatización empresarial, ni a las expropiaciones, ni al odio de clases que ha arruinado varios países de la región”, tuiteó el mandatario este lunes. “Los resentidos socialistas y sus colaboradores esconden su corrupción y sus fracasos con descrédito calumnioso a la actividad privada y a defensores de la democracia”, reaccionó previamente el expresidente Uribe, el mentor político de Duque.

Una semana crucial

Medellín vive momentos de suma agitación. Esta semana se conocerá también el resultado de dos ofertas públicas de adquisición (OPA) que lanzó el banquero Jaime Gilinski para tomar el control de los activos más importantes del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), la compañía de alimentación Nutresa y el holding financiero Grupo Sura.

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La ofensiva de Gilinski, el segundo empresario más importante de Colombia después del banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, ha tocado también el orgullo regional. El GEA cuenta con 14.000 accionistas, un 40% con una participación por debajo del 2% y entre los minoritarios se encuentran los fondos de pensiones. Pero, además, tras la época del terrorismo vivido bajo Pablo Escobar, se desarrolló en la ciudad una alianza entre empresa, Estado y academia, que aún se mantiene.

Por eso también han dolido las palabras del alcalde, pronunciadas precisamente en la revista que es propiedad de Gilinski. Argos, una de las empresas mencionadas, ha difundido un comunicado en el que señala que las declaraciones de Quintero en medio de la OPA “pueden incidir negativamente en la percepción de los inversionistas nacionales e internacionales al ser falsas y engañosas”. Y anunció acciones legales.

Mientras tanto, artistas, gestores culturales y otras figuras de la ciudad también se han pronunciado a favor del GEA. Varios de ellos hablan de los 125.000 empleos directos que dan estas empresas y otros de la destrucción del capital social durante la administración de Quintero. “La mentira hiere a la ciudad, la dignidad de los medellinenses, desconoce la historia de horror que padecimos y de la que logramos sobreponernos con la suma de esfuerzos, capacidades, liderazgos, recursos, bondad y solidaridad”, dijo también Proantioquia, una alianza público-privada para la generación de empleo en la ciudad.

No es la primera vez que Quintero enfila contra este grupo. Hizo campaña criticando a los empresarios y ha dicho que la junta de Empresas Públicas de Medellín (EPM) tenía intereses que no favorecían a los ciudadanos. Y en agosto del año pasado demandó a los constructores de la represa Hidroituango, pero sin informar a la junta directiva de las EPM, lo que ocasionó la renuncia de todos sus integrantes indignados por considerar que el alcalde se saltaba una histórica tradición de Gobierno corporativo, el sello de una de las empresas más emblemáticas de Colombia.

El alcalde no ha respondido a las críticas ni al mensaje del presidente Iván Duque. Al final de la tarde del lunes, solo se refirió a la revocatoria que podría enfrentar y dijo que la Registraduría no permitió que sus “grafólogos accedieran a las firmas originales”.

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Espoleada por las últimas encuestas, que la encumbran hasta la segunda posición en intención de voto, la ultraderechista Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR, acrónimo de oro en rumano) comienza a exhibir sin tapujos el negacionismo que anida en sus filas. La formación considera que el Holocausto fue una “cuestión menor” y rechaza que su estudio se convierta en obligatorio en las escuelas a través de una asignatura complementaria, como ha aprobado el Parlamento. El líder de la formación, George Simion, señaló el lunes que “elevar cuestiones menores a rango de asignatura” —en este caso las muertes de centenares de miles de judíos y romaníes bajo el Gobierno del país, aliado de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial— es “una acción sistemática para socavar la calidad de la educación”. En su opinión, basta con tratar el Holocausto en “lecciones sencillas en materias existentes”.

Un año después de su creación, el partido extremista irrumpió como cuarta fuerza en el Parlamento rumano tras las legislativas de diciembre de 2020. En diciembre pasado, después de una larga crisis política marcada por la pandemia y que se saldó con un pacto de gobierno entre socialdemócratas y conservadores, una empresa demoscópica lo situaba tan solo por detrás del Partido Social Demócrata (PSD) y por delante del Partido Nacional Liberal (PNL), mientras que otro sondeo proyectaba un empate técnico con esta última formación. El partido ultra, euroescéptico y defensor a ultranza de su soberanía frente a la UE y la OTAN, remarca que “si el Ministerio de Educación elude formar a los jóvenes sobre los acontecimientos fundamentales de la cultura y espiritualidad rumanas, sería mejor cambiar su denominación a Ministerio de Reeducación de la Población para el Mercado Global”.

Las polémicas afirmaciones, que se producen a raíz de que el Parlamento de Rumania votara el 16 de noviembre a favor de que la historia del Holocausto sea materia obligatoria en las escuelas, ha generado una gran controversia. El partido ultranacionalista, que votó en contra de la ley, pidió el fin de los “experimentos ideológicos sobre los niños rumanos”, y su posición ha desatado fuertes críticas por parte de sus adversarios políticos.

El líder de los ultras de AUR George Simion en una imagen que colgó en Twitter durante una manifestación en Rumanía.
El líder de los ultras de AUR George Simion en una imagen que colgó en Twitter durante una manifestación en Rumanía. @georgesimion

El representante gubernamental contra la xenofobia y el antisemitismo, el diputado del PNL Alexandru Muraru, ha calificado a la formación de extrema derecha como “una amenaza contra el orden constitucional”. “AUR ha elogiado a criminales de guerra desde la tribuna del Parlamento; ultrajado mediante símbolos la memoria de las víctimas del Holocausto; y sus representantes reproducen de manera frecuente, tanto en Internet como en declaraciones públicas, mensajes antisemitas o niegan y relativizan la Shoá”, ha subrayado el político liberal. Por su parte, el actual hombre fuerte del PSD, Marcel Ciolacu, opina que no se debe proscribir a AUR porque ha recibido la confianza de más de medio millón de ciudadanos. Sin embargo, ha instado a la formación radical a explicar con claridad si condena el Holocausto.

La ilegalización del partido, como insinuó Muraru, no es imposible, pero sí complicada. Esa vía judicial solo se ha utilizado una vez en el país para prohibir al Partido Comunista. Además, los partidarios de las ideas antiliberales y ultraconservadoras de la formación muestran su fuerza en las urnas, pero también en la calle. Hace dos semanas, simpatizantes de AUR, contrarios a las vacunas de la covid-19, violaron el perímetro del Parlamento y dibujaron una esvástica en una bandera de la Unión Europea. Sus partidarios protestaban contra los planes de hacer obligatorio el pasaporte covid en centros de trabajo. Una idea con la que el Ejecutivo pretendía presionar para aumentar la tasa de vacunación, aunque dio marcha atrás rápidamente. En Rumania, algo más del 40% de la población dispone de la pauta completa.

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“¿Cómo puede considerarse un tema menor que pueda impartirse en una sola lección el genocidio, la destrucción de una comunidad por criterios étnicos?”, plantea el Instituto Elie Wiesel, que lucha por conservar la memoria de la Shoá. En Rumania persiste un desconocimiento generalizado sobre las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial y el papel que jugó este país de Europa del Este. Precisamente, el Instituto Nacional Elie Wiesel para el estudio del Holocausto reveló una encuesta el pasado 23 de diciembre en la que resalta que el 59% de los entrevistados considera al mariscal Ion Antonescu, fiel colaborador de Adolf Hitler, “un gran patriota”. Incluso, un 41% se mostró a favor de su rehabilitación.

Según datos del comité internacional de este centro rumano, que lleva el nombre del premio Nobel, las autoridades locales fueron responsables de la muerte de entre 280.000 y 380.000 judíos y 11.000 romaníes, entre 1940 y 1944. Además, unos 135.000 judíos que vivían bajo control húngaro en el norte de Transilvania también fueron asesinados en el Holocausto. La mayoría de los supervivientes emigraron a Israel durante la dictadura comunista que siguió a la invasión nazi. En la actualidad, en Rumania viven unos 3.000 judíos. “Negar el Holocausto escondiéndose detrás de la inmunidad parlamentaria significa mantener vivo el odio antisemita, cuyas consecuencias políticas llevaron al Holocausto”, subraya el Instituto Elie Wiesel.

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