Un memorial en honor a las víctimas en los internados en Canadá, en una imagen del 24 de junio de 2021.Steve Russell (Toronto Star via Getty Images)
Las cifras de la vergüenza y el dolor no dejan de aumentar en Canadá. Las autoridades de la reserva Keeseekoose, ubicada en la provincia de Saskatchewan y habitada por miembros del pueblo saulteaux, anunciaron el hallazgo de 54 tumbas sin marcar en terrenos pertenecientes a dos antiguos internados para niños indígenas. 42 fueron descubiertas en predios del centro Fort Pelly y 12 en el de St. Philip. “No se trata de casos aislados, sino de muertes que se ocultaron. Alguien debe responder por esos actos”, señaló Lee Kitchemonia, jefe de la reserva, en conferencia de prensa.
Kitchemonia afirmó que ha sido muy difícil para su comunidad saber que estas tumbas se encontraban cerca de donde realizan muchas de sus actividades cotidianas. “Es muy hiriente por la forma en que las escondieron”, agregó. El descubrimiento en esta zona de Saskatchewan es el quinto de este tipo. El pasado mayo, 215 tumbas sin marcar fueron halladas en Kamloops (Columbia Británica). En junio, tocó el turno a 751 en el antiguo internado de Marieval (Saskatchewan). Pocas semanas después, se sumaron 182 en terrenos de St. Eugene’s Mission (Columbia Británica). A finales de enero, fueron descubiertas 93 en St. Joseph’s Mission (Columbia Británica).
La red de internados canadienses para niños indígenas estuvo integrada por 139 centros. El primero abrió en 1883; el último cerró en 1996. Su financiamiento corrió a cargo del Gobierno federal, mientras que su administración estuvo en manos de comunidades religiosas (católicas en su mayoría). Unos 150.000 menores autóctonos pasaron por estas instituciones. En 2019, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación estableció que 4.134 niños fallecieron en estos centros. Sin embargo, algunos expertos calculan más de 6.000 decesos. Justin Trudeau, primer ministro canadiense, declaró en julio pasado: “El mayor error que ha cometido este país es la asimilación forzosa de los menores indígenas a través de los internados”.
Ted Quewezance, antiguo líder de la reserva Keeseekoose y coordinador del equipo de búsqueda, indicó que los hallazgos fueron posibles gracias a un radar de penetración terrestre. Quewezance señaló que han circulado historias sobre estas muertes durante décadas en su comunidad. “Todos sabíamos que íbamos a encontrar tumbas”, apuntó. El internado Fort Pelly estuvo abierto de 1895 a 1913, mientras que el de St. Philip operó de 1928 a 1969. Ambos fueron administrados por congregaciones católicas.
Marc Miller, ministro federal de relaciones de la Corona con los grupos indígenas, calificó este descubrimiento como un “doloroso recordatorio” del trauma permanente creado por los internados. Por su parte, Scott Moe, primer ministro de Saskatchewan, dijo que la provincia está de luto y ofreció todo su apoyo a las comunidades autóctonas.
Donald Bolen, arzobispo de Regina (capital de esta provincia), estuvo presente en la rueda de prensa. “Necesitamos escuchar sus historias. Siento sus emociones y su dolor. Lamento de verdad los abusos, el racismo y el trauma intergeneracional que han sufrido”, expresó a los habitantes de la reserva. Una delegación integrada por líderes indígenas y miembros de la Conferencia de obispos canadienses se reunirá en el Vaticano con el papa Francisco a finales de marzo. Los grupos autóctonos del país piden que el Pontífice se disculpe por el papel de la Iglesia en los internados. El encuentro estaba agendado el pasado diciembre, pero fue reprogramado debido a la rápida propagación de la variante ómicron.
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La muerte de una joven de la etnia jiwi en un ataque de la Fuerza Armada venezolana contra un campamento de las llamadas disidencias de las FARC en el Estado de Amazonas hace un año, en febrero de 2021, ofreció un indicio claro de dos hechos: no solo de que los grupos armados colombianos se habían desplazado al sur de Venezuela, sino que, además, contaban entre sus filas con aborígenes reclutados en el sitio.
La operación, denominada precisamente Jiwi por el mando militar venezolano, fue parte de una ofensiva inédita de Caracas contra las guerrillas colombianas. Apenas un mes más tarde, en marzo de 2021, hubo otro ataque de fuerzas aéreas y terrestres combinadas contra posiciones del Frente Décimo de las disidencias de las FARC —comandado por Miguel Botache, alias Gentil Duarte— cerca de la población de La Victoria, sobre la ribera norte del río Arauca que hace frontera con Colombia, en el Estado de Apure.
La escalada puso en evidencia un nuevo elemento en la tensa situación de la frontera sur de Venezuela, en particular en las regiones de Los Llanos y Guayana, donde por mucho tiempo el chavismo se ha mostrado indiferente —o bien dispuesto a la convivencia— con la presencia cada vez más patente de los grupos armados colombianos.
En cualquier caso, la campaña militar coincidió con las noticias de que las disputas internas entre las diferentes facciones guerrilleras por el control de negocios ilícitos y territorios se habían transformado en combates. Y la intervención de las fuerzas armadas venezolanas ha sido, en el mejor de los casos, opaca. Al menos tres destacados líderes de las disidencias de las FARC —Jesús Santrich, El Paisa y Romaña—, fueron asesinados en menos de un año en Venezuela sin que Caracas difundiera una versión oficial sobre esos episodios.
El ataque de febrero de 2021 apuntó a un campamento de la guerrilla en las afueras de la comunidad de Santo Rosario de Agua Linda, una comunidad indígena de 300 habitantes a unos 45 minutos al sur de Puerto Ayacucho, capital del Estado de Amazonas. Estuvo a cargo de tropas de la 52 Brigada de Infantería de Selva del Ejército, con alrededor de 170 efectivos. Por parte de la Fuerza Aérea tuvieron su bautismo de fuego los aviones de entrenamiento y de ataque táctico Hongdu K-8W Karakorum adquiridos a China en 2010.
Comandantes de la Zona Operativa de Defensa Integral #31, presentan armamento incautado en la Operación Jiwi, el 11 de febrero de 2021, en Apure, Venezuela.ZODI APURE
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Según el parte militar, en el asalto murieron seis personas del campamento, incluyendo a la joven jiwi oriunda de la comunidad Coromoto, ubicada en el eje carretero sur del Estado, una vía que desemboca en el puerto de Samariapo, punto de partida para el transporte fluvial hacia el interior del Amazonas. De acuerdo con la información oficial, la muchacha indígena se había enrolado en las filas insurgentes.
La transformación de la zona, por lo general un punto de interés turístico, en un teatro de operaciones de guerra, ha sido la culminación de un proceso iniciado en 2016.
N.G., habitante de la comunidad vecina de Botellón de Agua Linda, recuerda bien el día del ataque. Fue un domingo a las diez de la mañana, en plena ceremonia religiosa en el salón comunal. Primero se escuchó el sobrevuelo de los aviones, “luego vinieron los disparos y un estallido”, relata. Los bombardeos se prolongaron por tres días.
Emiliano Mariño es el capitán o cacique de Santo Rosario, la comunidad afectada por el operativo militar. La economía local depende de la producción de casabe y mañoco, dos preparaciones tradicionales de la yuca. Sus paisanos son jiwi, un pueblo también conocido por los criollos como guahibos, cuyos dominios se extienden desde Los Llanos del oriente de Colombia hasta la margen derecha del Orinoco, en Venezuela.
Apoyado sobre el fogón, mientras remueve los granos de la fibra que se extrae de la yuca amarga para convertirla en harina, Mariño cuenta que los guerrilleros llegaron en 2016, instalaron un gran campamento en las faldas de la montaña y allí permanecieron durante cinco años.
Los guerrilleros se identificaron como miembros de la FARC ante los habitantes de Santo Rosario.Sergio González
“En un principio veíamos a hombres vestidos de militar caminando por las calles de la comunidad a la montaña, pero asumimos que se trataba de militares venezolanos”, dice. La confusión suena verosímil: a escasos cuatro kilómetros del asentamiento indígena, sobre la carretera principal que conecta con Puerto Ayacucho, se encuentra un comando de la Guardia Nacional Bolivariana.
Un día, cuenta Mariño, un uniformado que se identificó como miembro de las FARC llegó a su casa. “Nos dijo que necesitaban permanecer escondidos en la selva porque su gobierno los persigue para matarlos, que su presencia no iba a alterar la dinámica de la comunidad y que, por el contrario, nos querían apoyar con la seguridad y que podíamos confiar en que no se iban a meter o abusar de las mujeres, ni con los conucos”, refiriéndose a las parcelas de cultivo de supervivencia de los campesinos.
Y en efecto: transcurrieron cinco años de una convivencia pacífica que solo fue interrumpida por las bombas.
Alistamiento de jóvenes
El reclutamiento forzoso de menores y de indígenas no es noticia en el contexto de la guerra interna colombiana. Pero en Venezuela no se había reconocido nada semejante. Hasta ahora.
“Aquí hay chamos de hasta quince años que se han ido a trabajar con los guerrilleros”, dice A.Q., una madre de 23 años que trabaja en un comercio ubicado a las orillas del río Orinoco, en el cruce de chalana que conecta Puerto Nuevo —sector del municipio de Atures también conocido como El Burro— con Puerto Páez, en el Estado de Apure.
Vendedores de pescado, esperan a la orilla del río Orinoco, en la ciudad amazónica de Puerto Ayacucho, Venezuela.FERNANDO LLANO (AP)
Junto a su madre, A.Q. atiende un negocio que se dedicaba a la venta de víveres y alimentos, pero que a causa del aumento del precio de la gasolina subsidiada en Venezuela y las fallas en el suministro en los Estados al sur del país, debió mutar a la venta clandestina de gasolina proveniente de Colombia. Una actividad que se ha convertido en fuente de sustento para muchos en la entidad.
“La mayoría de los comercios en El Burro trabajan con contrabando de gasolina. Por ahí pasan los autobuses que vienen de Ciudad Bolívar y de Caicara cargados de vendedores bachaqueros que cruzan a Puerto Carreño a comprar mercancía colombiano al por mayor para luego venderla en Venezuela. Ayer llegaron tres autobuses”, detalló.
La joven madre asegura que en ese paso desde Los Llanos al Estado de Amazonas “todos conocen quién es quién. Todos sabemos quiénes son la gente del monte”, señala, en referencia a los guerrilleros. “Ellos tratan con uno, con la gente normal, no nos piden vacuna [o cobro extorsivo de protección]. Ellos en su mundo. Pero sí ayudan. Por ejemplo, si una mujer tiene un hijo enfermo y recurre a ellos, le ofrecen apoyo económico”.
Una de sus hermanas tiene 16 años y está embarazada de un muchacho venezolano que se sumó a las filas de la guerrilla, relata. Y una amiga de la infancia también trabaja para ellos.
En Amazonas las fuerzas irregulares colombianas controlan los negocios ilegales que prosperan en cuatro de los siete municipios del Estado.Sergio González
“A mi amiga se la llevaron a Cabruta [población situada sobre la margen norte del Orinoco, en el estado Guárico] Allí las mujeres hacen lo mismo que los hombres: cargan armas, montan guardia, lavan, cocinan. Yo no lo haría. En eso es fácil entrar, lo difícil es salir”.
“La guerra vino por mí”
A M.L. su mamá la fue a buscar al campamento guerrillero. Pidió hablar con el comandante jefe para exigirle que su hija regresara a la comunidad. No fue fácil, relató E.R., uno de los profesores de la joven, pero la madre se plantó en el campamento decidida a no abandonar el lugar sin su hija. Lo consiguió.
M.L. fue, junto con la joven muerta en el bombardeo y una tercera compañera, una de tres mujeres indígenas de la comunidad Coromoto que optaron por unirse a la guerrilla. E.R., que le dio clases, es un docente de una comunidad vecina, llamada Rueda.
E.R. relata que le preguntó a M.L. por qué había corrido el riesgo de irse con la guerrilla. La respuesta que quedó grabada en su memoria no parece sorprenderle: “Creí que trabajando para ellos podría ayudar a mi familia, estamos pasando mucha necesidad”, recuerda el docente que le dijo la muchacha.
La pobreza y la presencia de grupos irregulares en sus territorios está empujando a los indígenas a migrar a Colombia.Sergio González
Una encuesta socioeconómica aplicada por la Delegación de la Red de Defensores Indígenas en esa comunidad de Rueda, así como en otra aldea cercana, Platanillal (a casi cinco kilómetros al oeste de Coromoto, la residencia de M.L.), reveló que 80 de las 286 personas que participaron en el estudio presentaban algún nivel de desnutrición.
A.S., un indígena jiwi que vive en Platanillal y que forma parte de la Red de Defensores, explica que la ausencia del Estado y la crisis humanitaria que azota al país son las causas principales de la dramática situación que viven las comunidades indígenas. Y no pueden paliar sus necesidades ni siquiera con la caza y pesca tradicionales porque la presencia de grupos irregulares en su territorio les ha vedado el acceso.
“Los indígenas no quieren ir al conuco a pescar porque en el camino se encuentran con los guerrilleros, tienen miedo. La bolsa CLAP llega, con suerte, cada dos meses”, explica A.S. en referencia al programa gubernamental de distribución de alimentos y productos de la canasta básica a precios subvencionados.
Un informe presentado por el Grupo de Investigaciones sobre la Amazonía (Griam), en abril de 2021, alerta sobre el desplazamiento masivo de poblaciones indígenas desde Venezuela a Colombia. Los indígenas migran sobre todo a los departamentos fronterizos del Vichada y Guainía. “De las 34 comunidades del eje carretero sur, seis fueron abandonadas completamente, todos se fueron”, detalla A.S.
“De las comunidades de Rueda, Coromoto, Platanillal y Brisas del Mar, sabemos que 350 indígenas migraron a Puerto Carreño, y 400 a Cumaribo [poblaciones del lado colombiano]. Solo entre octubre y noviembre del 2020, un estimado de 200 indígenas, jóvenes y adultos, han salido del Estado por vía fluvial”, explica el defensor indígena.
Sentado en una minúscula oficina, Michelle Beath Zurfluh, secretario del despacho de la Gobernación de Vichada, reconoce que la entidad enfrenta un problema con la migración de indígenas provenientes de Venezuela. Explica que los jiwi completan ahora un segundo éxodo, pues muchos habían cruzado el Orinoco años antes rumbo a Venezuela.
Ahora, a la inversa, los hijos y nietos de esos migrantes están regresando a Colombia. Allí ocupan asentamientos con precarias viviendas hechas de láminas de zinc, plástico y telas que no cuentan con ningún tipo de servicio público. Según datos recopilados por Griam, producidos por la Secretaría de Desarrollo Social y Asuntos Indígenas de la Gobernación de Vichada, existen 25 asentamientos jiwi en la capital de ese departamento colombiano.
Los hijos de la guerrilla
Desde que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) instaló en 2017 tres campamentos cerca de Betania Topocho, una comunidad habitada por 1.200 indígenas Piaroa al norte de Puerto Ayacucho, las cosas empezaron a cambiar de formas inesperadas.
El ELN llegó a la comunidad indígena Betania Topocho en el 2017, allí instalaron tres campamentos a apenas cinco kilómetros de distancia.Sergio González
Con el tiempo, los forasteros se fueron mezclando con la comunidad. Captaron a jóvenes indígenas para trabajos menores. Entre una cosa y otra, mientras entablaban relaciones con los muchachos locales, empezaron a conocer a las chicas solteras de la comunidad.
“Poco a poco los jóvenes empezaron a hablar como los guerrilleros, se expresaban y comportaban como los guerrilleros”, cuenta J.S., un poblador.
De forma voluntaria, algunos se sumaron a sus ejércitos: “Se les veía portando el uniforme y en muchas ocasiones iban armados”.
El vínculo entre los guerrilleros y los jóvenes de la comunidad cobró otra dimensión, y comenzó a normalizarse en cierta medida, con el nacimiento de los primeros niños producto de relaciones entre combatientes irregulares y las mujeres piaroa de Betania. Según testimonios de los lugareños, al menos siete hijos de miembros del ELN integran hoy la comunidad.
En una oportunidad se vio a un uniformado haciendo fila en un operativo especial llevado a la comunidad por la Alcaldía del municipio de Atures venezolano para el registro de identidad de un hijo.
Vista aérea del bosque cerca de Puerto Ayacucho, Estado de Amazonas, Venezuela.DEA / P. JACCOD (De Agostini via Getty Images)
Dividida en dos polos —el de quienes apoyan la presencia de los irregulares y hasta trabajan para ellos, contra aquellos que la rechazan de plano—, en Betania Topocho ya son varios los debates comunitarios que se han dado para sopesar y atenuar el impacto que están teniendo los vecinos recién llegados sobre sus formas tradicionales de vida.
En agosto de 2021 se dio una situación así. Entonces se identificó a una muchacha de la comunidad que servía de intermediaria para organizar citas amorosas y encuentros íntimos entre insurgentes y chicas piaroa. La asamblea exigió, sin éxito, que los guerrilleros se quedaran en sus campamentos y no volvieran a poner pie en el caserío.
Para J.S. la precariedad de la vida cotidiana es solo la base anímica sobre la que la guerrilla encuentra sustento para seducir a los jóvenes de la comunidad. “Les prestan las armas, las gorras, les hablan de una nueva vida llena de aventuras, de dinero y de poder. Se aprovechan de la inmadurez de los menores”, lamenta.
La Fundación Conflict Responses (Core) asegura que las narrativas simplistas según las cuales estos grupos únicamente están formados por quienes no dejaron las armas en Colombia no reflejan la realidad. En su informe Las caras de las disidencias: cinco años de incertidumbre y evolución, publicado en marzo del 2021, Core afirma que los grupos disidentes se han nutrido, en gran medida, de nuevos reclutas. Esto sería cierto a ambos lados de la frontera colombo-venezolana.
Agentes federales venezolanos montan guardia mientras cinco hombres acusados de ser miembros de los paramilitares colombianos son mostrados a la prensa en Puerto Ayacucho, en abril de 2005. LESLIE MAZOCH (AP)
En la Defensoría del Pueblo del Estado de Amazonas reposa una denuncia formal por el reclutamiento de siete indígenas por parte de miembros de las FARC en el Municipio Maroa, en el suroeste del estado. En la denuncia, señalan como responsables de la presunta esclavitud y extorsión “a mineros extranjeros ilegales y grupos armados colombianos al margen de la ley (desertores de las FARC), quienes ejercen el control total de la zona minera del Rio Siapa”.
Familiares de los siete jóvenes dijeron que estos “fueron llevados con falsas promesas y no les permiten la salida de las zonas mineras”, según señala el documento, registrado en marzo del 2021 en la ciudad de Puerto Ayacucho.
Los familiares acudieron a los puestos militares, pero no recibieron apoyo, relata la denuncia. Tuvieron por lo tanto que movilizarse al campamento guerrillero y solicitar que los adolescentes fueran liberados, sin obtener respuesta. “Presumimos que estos adolescentes fueron captados para realizar trabajos en zonas mineras. Es un caso que apenas estamos iniciando las investigaciones por parte de la Defensoría del Pueblo”, detalló Gumercindo Castro, responsable de la Defensoría del Pueblo en el Estado de Amazonas, al momento de la denuncia.
(*) Esta es la cuarta entrega de una serie investigada y publicada en simultáneo por Armando.info y El País, en conjunto con el apoyo de la Red de Investigaciones de los Bosques Tropicales del Pulitzer Center y la organización noruega EarthRise Media.
(**) En este reportaje se citan testimonios de fuentes personales cuyos nombres se transcriben solo como iniciales, aún si no solicitaron de manera explícita la reserva de sus nombres. La redacción de Armando.info decidió hacerlo así de modo de evitar posibles represalias de los grupos armados contra esas fuentes. Cuando no se presentan los nombres de esa manera, se trata de fuentes que ya aparecieron identificadas en anteriores publicaciones.
Créditos
Coordinación: Javier Lafuente | Guiomar del Ser Dirección de arte:Fernando Hernández Diseño: Ana Fernández Edición: Eliezer Budasoff Maquetación: Alejandro Gallardo Infografía: Nacho Catalán | Jorge Moreno Por Armando.info participaron: Joseph Poliszuk (coordinación) | Jorge Luis Cortés y Cristian Hernández (diseño, infografía y montaje) | Ewald Scharfenberg (edición) | Vanessa Pan y Pablo Rodríguez (dirección de arte).
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Por ello, hicieron un llamado urgente al alcalde y al secretario de Educación para que se tomen las medidas pertinentes para el regreso a clases.
Noticias Nariño
Un llamado a las autoridades locales hizo la comunidad indígena de Barbacoas, por cuenta de las condiciones en las que se encuentran los establecimientos educativos para el regreso a clases.
“Casi dos años han transcurrido desde que se declaró la pandemia por el coronavirus. En este periodo, los Gobiernos tomaron medidas para mitigar los riesgos a la salud pública”, indicaron.
Señalaron que en ese periodo, las instancias competentes, como el Ministerio de educación y las Secretarias de Educación, generaron toda una normatividad para avanzar en el alistamiento; sin embargo, manifiestan que en la práctica, ha faltado voluntad para hacer todas las adecuaciones que las sedes educativas requieren.
Este es el comunicado que emitió la comunidad indígena
“Queremos concertar una acción que permita el mejoramiento de la infraestructura física y demás adecuaciones de las sedes educativas del Centro Educativo Indígena Awá Los Telembies, que garanticen el retorno a la presencialidad en el año lectivo 2022”, señalaron.
Explicaron que de no llevarse a cabo la reunión y no llegar a acuerdos, los estudiantes no retornaran a clases presenciales.
“Así mismo, las autoridades tradicionales de la Zona Telembi Awa convocarían a un Minga permanente sobre la vía que conduce a la ciudad de Pasta, el día 1 de febrero de 2022, hasta llegar a acuerdos con la administración municipal”, afirmaron.
Puntualizaron en que el principal interés de las autoridades tradicionales de la Zona Telembí Awá es garantizar la prestación de un servicio educativo en las mejores condiciones posibles.
Un audio revela la angustia del conductor del camión, que atropelló a una mujer Embera, que estaba en embarazo, y a su hija de 1 año.
Un audio revela la angustia del conductor del camión, que atropelló a una mujer Embera, que estaba en embarazo, y a su hija de 1 año y medio de edad, ambas murieron en el sitio, cruzaban la vía Funza y no las alcanzó a ver.
Noticias Bogotá.
Parece una escena de una ‘crónica de una muerte anunciada’, la comunidad Embera apostada cerca al parque La Florida en Engativá, presuntamente habían pedido cambio de rutas de estos camiones especialmente en la noche, donde la iluminación es muy escasa en la zona, hasta que finalmente este martes en la noche ocurrió un accidente mortal.
Una mujer embera y en estado de embarazo, y su bebé de un año y medio de nacida que llevaba en brazos, resultaron atropelladas por un camión del servicio de aseo.
El vehículo llegaba a la zona a recoger basura, y al mismo punto se dirigían las víctimas; al parecer, el conductor no alcanzó a verlas y no pudo frenar.
Hildebrando Rivera, llevaba dos años trabajando en la empresa de aseo.
Cuando ocurrió el accidente aunque se bajó a ver qué había ocurrido, sufrió agresiones y decidió meterse en la cabina para pedir ayuda a su empresa y reportar a la policía lo ocurrido.
Sin embargo, varios indígenas Embera empezaron a golpear el vehículo. Y él asustado le envió un audio a su jefe: «¡uy Dios mío un accidente, me van a acabar el carro!».
El angustioso audio:
Después de eso, al hombre lo bajaron del carro, le dieron puños, patadas, golpes con palos y armas contundentes.
Mal herido lo trasladaron al hospital de la Localidad de Engativá, donde murió este miércoles en la madrugada.
Tenía 60 años de edad.
Hildebrando tenía dos años trabajando en la empresa de aseo.
La comunidad defendió su reacción
«Nosotros Embera, no dejamos morir uno de nuestro pueblo (…) nuestras mujeres son primordiales», dijo una de las mujeres de la comunidad.
Otro de los indígenas señaló en Noticias Caracol y City Tv, que no tienen casi comida ni ayuda «y las mujeres buscar plata para poder vivir».
Precisamente, la mujer y la niña, habrían salido a buscar comida en el punto donde habían bolsas de basura, que el camión llegaba a recoger.
No está claro qué pasará con quienes participaron en el linchamiento.
Podrían acudir a su jurisdicción indígena, sin embargo, expertos señalan que este caso de homicidio (agravado), debería manejarlo la justicia ordinaria.
Sin embargo, la situación social en el lugar donde ocurrió el mortal caso de justicia por mano propia, se ha convertido en un problema para Bogotá, porque a la comunidad Embera allí, tampoco se le han brindado las garantías para su estadía o para que puedan regresar a su territorio.
Mientras, Alcaldía de Bogotá y Gobierno Nacional, se reparten culpas.
Otras noticias:
A esta situación se suma «la poca presencia institucional debido a que el alcalde está bajo detención domiciliaria y demás entidades no responden». Hay paro indefinido.https://t.co/ZtpNHzN5QA
Un estudiante camina delante de un cartel en honor de los niños indígenas que sobrevivieron a los albergues, sus familias y comunidades en Ottawa.BLAIR GABLE (REUTERS)
Canadá sigue topándose con los estragos del colonialismo. Líderes de la reserva indígena de Williams Lake (habitada por miembros del pueblo shuswap) anunciaron este martes el hallazgo de decenas de tumbas sin marcar en terrenos del antiguo internado St Joseph’s Mission, ubicado en la provincia de Columbia Británica, a unos 500 kilómetros de Vancouver. En rueda de prensa, Willie Sellars, jefe de esta reserva, señaló: “Hubo reportes durante décadas de negligencia y abuso en este internado, y lo que es peor: hubo reportes de niños que murieron o desaparecieron”. Sellars agregó: “No se les dio credibilidad alguna”.
El internado St Joseph’s Mission fue fundado en 1886 por los misioneros oblatos de María Inmaculada. Cerró sus puertas en 1981 y fue demolido 26 años después. Esta institución formó parte de los internados para niños indígenas que operaron en Canadá de 1883 a 1996. El financiamiento de esta red corrió a cargo del Gobierno federal, mientras que su administración estuvo en manos de comunidades religiosas (católicas en su mayoría). Unos 150.000 menores autóctonos vivieron por la fuerza en estos centros para su asimilación.
Whitney Spearing, responsable del equipo de investigación, indicó que las pesquisas se llevaron a cabo en 14 de las 470 hectáreas vinculadas al antiguo internado, en una zona que fue designada como “de interés” para estos trabajos, tras consultar archivos y escuchar diversos testimonios. Ahí fueron halladas 93 “tumbas potenciales”. Spearing dijo que algunos de estos descubrimientos pueden estar relacionados con un viejo cementerio, pero que al menos 50 parecen no estar asociados al camposanto. Los hallazgos fueron posibles gracias a un radar de penetración terrestre y sensores LIDAR. La experta afirmó que será necesario llevar a cabo excavaciones para una plena confirmación. Willie Sellars expresó que su comunidad está consciente que muchos de los restos de los niños que murieron en el internado jamás puedan recuperarse. “Sus cuerpos fueron arrojados al río, abandonados en el fondo de lagos, lanzados a incineradoras como basura”, declaró.
En 2019, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación estableció que 4.134 menores fallecieron en estos internados. Sin embargo, algunos expertos calculan más de 6.000 decesos. El hallazgo en St Joseph’s Mission es el cuarto de su tipo. El pasado mayo, 215 tumbas sin marcar fueron descubiertas en Kamloops (Columbia Británica). En junio, se anunció el descubrimiento de 751 en el antiguo internado de Marieval (Saskatchewan). Pocas semanas después, se sumaron 182 en terrenos de St. Eugene’s Mission (Columbia Británica). Todos estos descubrimientos han sido resultado de iniciativas de comunidades indígenas. El Gobierno federal y algunas provincias han puesto a disposición recursos para estas tareas, aunque expertos los catalogan como insuficientes.
Tras el anuncio de este martes, RoseAnne Archibald, jefa de la Asamblea de Primeras Naciones de Canadá, declaró: “Seguimos presionando a todos los niveles para que se rindan cuentas y se actúe para ayudar a traer justicia y sanación a nuestros pueblos”. Justin Trudeau, primer ministro canadiense, reaccionó en Twitter. Dijo que la noticia es sumamente dolorosa, pero que es necesario proseguir por el camino de la reconciliación y sacar a la luz “las verdades que los pueblos autóctonos conocen desde hace tiempo”. Algunas comunidades efectúan actualmente trabajos de búsqueda en otras instituciones que formaron parte de la red federal. Trudeau afirmó en julio pasado: “El mayor error que ha cometido este país es la asimilación forzosa de los menores indígenas a través de los internados”.
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Un estudiante camina delante de un cartel en honor de los niños indígenas que sobrevivieron a los albergues, sus familias y comunidades en Ottawa.BLAIR GABLE (REUTERS)
Ha terminado en Canadá una batalla jurídica de más de 14 años. Este martes, autoridades federales anunciaron un acuerdo alcanzado con organismos indígenas. Ottawa desembolsará unos 40.000 millones de dólares canadienses (31.000 millones estadounidenses) en indemnizaciones y apoyo a iniciativas de protección hacia estos grupos. Las negociaciones tuvieron como base una decisión del Tribunal canadiense de Derechos Humanos: el Gobierno federal discriminó a niños autóctonos al financiar de forma insuficiente servicios para la infancia y la familia durante 30 años en las reservas, provocando con ello que miles de estos menores fueran a parar a albergues o vivieran con familias de acogida.
“Ninguna indemnización puede compensar el trauma sufrido, pero este acuerdo reconoce el daño y el dolor causados a los niños sobrevivientes y a sus familias por la discriminación en el financiamiento”, declaró Patty Hadju, ministra de Servicios Indígenas. Este martes se dio a conocer que las partes llegaron a un acuerdo el pasado 31 de diciembre, fecha límite impuesta por el juez para alcanzar un arreglo amistoso. Sin embargo, Marc Miller, ministro de Relaciones entre la Corona y los Grupos Indígenas, había avanzado el 13 de diciembre que un ajuste en el presupuesto contemplaba ya un monto igual al anunciado. “Han sido 30 años de fracaso y discriminación hacia los niños autóctonos”, reconoció ese día Miller.
La mitad del dinero estará destinado a indemnizaciones, tanto a los menores afectados como a sus padres, en un periodo que comprende entre el 1 de abril de 1991 y el 31 de marzo de 2022. Al menos 54.000 niños han sufrido los impactos de este financiamiento insuficiente. El resto del monto servirá para mejorar distintos elementos del sistema de protección infantil en las comunidades. Los indígenas canadienses menores de 15 años representan el 8% del total de esta franja de edad en el país. No obstante, ocupan más de la mitad de los espacios en el sistema de albergues y familias sustitutas.
En febrero de 2007, la Asamblea de Primeras Naciones de Canadá (que reúne a más de 600 líderes de comunidades indígenas) y la Sociedad de apoyo a la infancia y a la familia de los grupos autóctonos presentaron una demanda contra el Gobierno federal ante el Tribunal canadiense de Derechos Humanos por el financiamiento insuficiente de los programas, un ejemplo para ellos de discriminación. Dicha institución judicial dio la razón a los demandantes en 2016, autorizando en 2019 las negociaciones para alcanzar un acuerdo. Ottawa hizo uso de distintos recursos de apelación. Sin embargo, un juez volvió a solicitar al Gobierno canadiense el pago de los montos. Tras apelar de nueva cuenta, las autoridades federales se comprometieron a llegar a un acuerdo a más tardar el 31 de diciembre, fecha establecida por el tribunal.
Este martes, la Asamblea de Primeras Naciones de Canadá reaccionó a través de Cindy Woodhouse, jefa de las comunidades indígenas de la provincia de Manitoba e integrante del equipo negociador de este arreglo. “Hemos esperado este acuerdo desde hace mucho tiempo. Los grupos indígenas del país han trabajado muy fuerte para alcanzarlo”, declaró Woodhouse. El ministro Miller comentó que, pese a que no pueden revertirse los daños sufridos, “las injusticias históricas requieren de reparaciones históricas”.
El acuerdo alcanzado refleja una vez más el conjunto de condiciones adversas para un importante número de indígenas canadienses. Políticas desatinadas por parte de Ottawa y acciones alimentadas por la discriminación han tenido profundo impacto en comunidades autóctonas desde hace décadas. El hallazgo el año pasado de más de 1.200 fosas sin marcar en terrenos de cuatro antiguos internados para niños indígenas mostró como nunca este rostro sombrío de Canadá. Una red de 139 centros de este tipo operó en el país norteamericano entre 1883 y 1996 para asimilar a estos menores por la fuerza. Su financiamiento provino del Gobierno federal, mientras que su administración estuvo a cargo de grupos religiosos. La negligencia, la violencia sexual, los castigos físicos y el racismo fueron comunes dentro de sus muros. Algunos expertos calculan que más de 6.000 niños fallecieron en estas instituciones.
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Los competidores no luchaban solo por obtener una medalla, lo hacían para rescatar y preservar sus costumbres tradicionales.
En los Juegos Ancestrales participaron representantes de siete pueblos indígenas del país, haciendo esta, una de las competencias deportivas más llamativas del mundo.
Noticias Internacionales.
Un total de 250 competidores participaron en la tercera edición de los Juegos Ancestrales Indígenas en Panamá, realizados en 2020 y que llamaron la atención del mundo.
Las competencias iniciaron el día 15 de diciembre y se extendieron por 4 días.
Los competidores representaron a las 7 etnias indígenas que hay en el país centroamericano; representan el 12% del total de la población de Panamá.
Las competencias iniciaron el 15 de diciembre y se extendieron durante cuatro días.
Los competidores no luchaban solo por obtener una medalla, lo hacían para rescatar y preservar sus costumbres tradicionales.
En los juegos se ponían a prueba habilidades como la fuerza, puntería y concentración de los participantes en cada deporte.
Las competencias se dividieron en pruebas de tierras en las que se podrían encontrar tiro con arco, lanza y soga; además de carreras de 100 metros y 10 kilómetros.
Por su parte en las pruebas de agua, se encontraban las competencias de canotaje y natación en velocidad y resistencia de los participantes.
Tanto hombres como mujeres tuvieron una destacada participación en las diferentes competencias que además de preservar las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas de Panamá, destacaron el rol y la importancia de la mujer dentro de las comunidades.
Los ganadores de las diferentes disciplinas se llevaron un cupo para participar en los juegos mundiales indígenas que se disputarán en Brasil en el año 2022.
#VIDEO Unos 250 participantes de las siete etnias que existen en Panamá luchan por ganar una medalla en los Juegos Ancestrales Indígenas y rescatar las tradiciones de sus comunidades. #AFPhttps://t.co/v6INwWFQLw
Son los llamados ‘Olímpicos Indígenas’, se realizan en Brasil desde 1996, pero que se extendieron para que hubiesen otros países y nuevas sedes, los últimos fueron en 2017 en Alberta, Canadá.
En este caso, Panamá se destacó por realizar una de las justas más organizadas, incluyentes y competitivos del continente de camino a los nuevos mundiales.
Colombia, participa en estas justas internacionales.
Según la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, hasta la noche del viernes 7 de mayo, había muerto 27 personas.
De esas muertes, 11 están ligadas directamente con las protestas, siete están «en verificación» y nueve que no tienen relación con las protestas, según ambas instituciones.
La ONG Temblores, por su parte, eleva la cifra de muertos a 47.
En Cali es donde se han vivido los hechos más violentos de las protestas, donde se han registrado saqueos, bloqueos y se han denunciado casos de brutalidad policial.
Miembros de la etnia misak derribaron una estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, fundador de Bogotá. «Fue históricamente el más grande masacrador, torturador, ladrón y violador de nuestras mujeres e hijos», aseguraron.
Deutsche Welle
07.05.2021
Indígenas colombianos derribaron este viernes (07.05.2021) en Bogotá una estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, un conquistador español del siglo XVI y fundador de la capital, en medio de las masivas protestas contra el gobierno de Iván Duque.
Fotos divulgadas en redes sociales muestran a un grupo de indígenas de la comunidad misak en la cima del pedestal vacío mientras el monumento yace en el suelo con un brazo roto.
Los manifestantes ondeaban en la madrugada banderas guambianas, de los pueblos originarios del departamento del Cauca (suroeste), con los colores fucsia, azul, blanco, y negro.
«El más grande masacrador, torturador, ladrón y violador»
«Fue históricamente el más grande masacrador, torturador, ladrón y violador de nuestras mujeres y nuestros hijos», indicaron los indígenas en un comunicado.
De acuerdo al texto, «familias élite» de Colombia que «han reproducido los grandes problemas» del país descienden de Jiménez de Quesada. Entre los supuestos «problemas» destacaron «la reforma tributaria presentada hace unos días por el gobierno».
«Un grupo de vándalos derribó la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada en la plazoleta el Rosario de Bogotá. Total rechazo contra este tipo de actos delictivos que atentan contra los bienes públicos de la cultura», denunció en Twitter el ministro de Cultura, Felipe Buitrago.
Un grupo de vándalos derribó la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada en la plazoleta el Rosario de Bogotá. Total rechazo contra este tipo de actos delictivos que atentan contra los bienes públicos de la cultura. #ExprésateSinViolencia#CuidarlosNosEmpoderapic.twitter.com/3P3eyUe24c
Cientos de miles de personas protestan desde hace 10 días contra el gobierno de Iván Duque, luego de que una movilización en rechazo a una reforma fiscal ya retirada se transformara en una de las mayores manifestaciones contra el mandatario conservador.
Las jornadas han sido en su mayoría pacíficas, pero en algunas ciudades se han presentado disturbios y choques con la fuerza pública que dejan al menos 26 muertos y cientos de heridos.
