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La invasión rusa de Ucrania ya tiene una atrocidad con nombre propio para la historia de los presuntos crímenes de guerra: Bucha. La Unión Europea y gran parte de la comunidad internacional han reaccionado este domingo con estupor ante el descubrimiento de las matanzas cometidas en esa localidad al norte de Kiev. Se trata de la primera prueba tangible y visible de la muerte y devastación en las zonas ocupadas por las tropas del presidente ruso, Vladímir Putin, que asediaban la capital ucrania. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha asegurado que la UE colaborará con Ucrania y con las ONG para recabar las pruebas necesarias para juzgar las atrocidades del ejército ruso ante los tribunales internacionales.


 

A la condena de Bruselas se han unido Estados Unidos, en boca de su secretario de Estado, Antony Blinken, que ha manifestado que las imágenes de Bucha son un “puñetazo en el estómago” y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que ha calificado de “brutalidad” el asesinato de civiles en esta localidad a las afueras de la capital ucrania. Esta condena internacional coincide con la publicación de un informe de la organización Human Right Watch sobre posibles crímenes de guerra en varios puntos del frente norte de la guerra.

 


Las imágenes de Bucha han revelado, tal vez por primera vez desde el inicio de la guerra el pasado 24 de febrero, la magnitud de la violencia provocada por la guerra de Putin contra un país vecino. Tras la retirada del ejército ruso, las fuerzas ucranias han encontrado decenas de civiles muertos y abandonados en plena calle y fosas comunes con cadáveres a medio enterrar.

“Consternada por las informaciones sobre crímenes indescriptibles en las zonas donde se han retirado las tropas rusas”, se ha pronunciado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La dirigente comunitaria ha reclamado “una investigación internacional independiente” y ha asegurado que “los perpetradores tendrán que rendir cuentas”.


 

El presidente del Consejo Europeo no tiene dudas sobre quiénes son los responsables. Charles Michel se ha declarado “conmocionado por las impresionantes imágenes de las atrocidades cometidas por el ejército ruso en la región liberada de Kiev”. Michel ha prometido a Ucrania que se redoblarán las sanciones contra Rusia y que continuará la ayuda de todo tipo, incluida la militar, para que el país resista el ataque de Putin.


Pocos días después de que Putin ordenase el inicio de la ofensiva, un convoy ruso trató de cruzar la localidad de Bucha de camino a la capital, pero cayó en una emboscada. A esta derrota temporal le sucedieron numerosas embestidas de fuerzas enviadas por el Kremlin hasta la toma completa de la localidad. Tras el anuncio de Moscú el pasado 29 de marzo de una reducción de operaciones en el norte de Kiev, Ucrania relanzó la batalla para recuperar, dos días después, el control de Bucha. La huella de la batalla ha dejado tirados en las calles una veintena de cadáveres, algunos con las manos atadas.


 

El alcalde Bucha, Anatoli Fedoruk, ha manifestado que hay cerca de 300 cuerpos enterrados en una fosa común. “Algunos estaban tirados en la acera, otros al lado de un coche o de una bicicleta,” afirmó en un vídeo difundido por Facebook.

Dura reacción desde Berlín

La condena también ha sido generalizada en otras capitales europeas. El Gobierno alemán, uno de los más reacios a la ruptura total con Moscú, ha indicado que impulsará una nueva batería de sanciones, aunque no ha concretado si afectarán a las exportaciones energéticas rusas a la UE, que reportan cada día unos 700 millones de euros a las arcas de Putin. La presión para apoyar medidas más duras aumenta en Berlín. La ministra de Defensa alemana, Christine Lambrecht, ha afirmado en una entrevista en la televisión pública que es el momento de estudiar la prohibición del gas ruso.

Las atrocidades cometidas “por Putin y quienes le apoyan” van a tener “consecuencias”, ha dicho el canciller alemán, Olaf Scholz: “Vamos a decidir nuevas medidas con nuestros aliados en los próximos días”, ha afirmado, en una frase que no figuraba en el comunicado que había hecho público unas horas antes. “Continuaremos poniendo armas a disposición de Ucrania para que el país pueda defenderse de la invasión rusa”, ha añadido durante una comparecencia en la Cancillería este domingo. El canciller ha calificado las muertes de civiles como “crímenes de guerra”, y ha pedido que la Cruz Roja haga una evaluación independiente sobre el terreno, informa Elena G. Sevillano.

El vicecanciller alemán, Robert Habeck, ha señalado que “este terrible crimen de guerra no puede quedar sin respuesta”. Y se ha mostrado partidario de “endurecer las sanciones”. “Estamos trabajando en ello con nuestros socios de la UE”, ha apuntado Habeck. Berlín, sin embargo, alude a la quinta ronda de sanciones, que ya estaba en preparación antes del golpe de Bucha y que aspiraba, sobre todo, a mejorar la efectividad de las cuatro primeras rondas.

Polonia y los países bálticos, entre otros socios comunitarios, piden desde hace semanas que se aseste un golpe definitivo a las finanzas de Putin poniendo fin a la compra de gas, petróleo y carbón rusos. El temido impacto de esa decisión en las economías europeas y muy en particular en la alemana ha impedido hasta ahora dar ese paso. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha advertido además que no apoya ese tipo de sanción, lo que resquebrajaría la unidad europea mantenida desde el inicio de la guerra.

Las imágenes de Bucha refuerzan a los partidarios de la mano dura. Y probablemente lograrán, como mínimo, un endurecimiento de las sanciones que se estaban ultimando. “Lo ocurrido en Bucha debe tener un impacto en un quinto paquete de sanciones”, ha defendido la ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock.

Un cuerpo abandonado en una calle de Bucha, este domingo.
Un cuerpo abandonado en una calle de Bucha, este domingo.Luis de Vega

Las sanciones impuestas hasta ahora han golpeado duramente a la economía rusa. Obligaron a mantener cerrada la Bolsa de Moscú durante un mes para evitar una estampida de los inversores, a doblar los tipos de interés para frenar la inflación y la retirada de ahorros, y a imponer un corralito parcial para impedir la salida de capital al exterior.

Pero no hay constancia de que hayan dañado la capacidad de Putin para financiar su agresión armada contra Ucrania. La retirada de tropas rusas se atribuye más bien a la fuerte resistencia de Ucrania y a los errores tácticos y estratégicos cometidos por el Kremlin. El ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, se ha mostrado partidario de reforzar la presión económica para “obligar a las autoridades rusas a poner fin a la guerra”.

Fuentes comunitarias apuntaban hasta ahora que era necesario reservarse munición para castigar a Putin en función de lo que ocurriese en el campo de batalla. Y aunque ya se había empezado a estudiar el impacto de un corte del suministro de gas y los planes de contingencia para capearlo, se consideraba que esa posibilidad era la sanción de último recurso.

La amenaza de un ataque químico o nuclear en territorio ucranio, un riesgo apuntado por la OTAN, parecía el gatillo necesario para descargar todo el arsenal de sanciones contra Rusia. Pero las imágenes de Bucha pueden acelerar el paso si la reacción de la opinión pública europea demanda una respuesta contundente como ocurrió tras el estallido de la guerra. La primera ronda de sanciones se endureció rápidamente a la vista de la resistencia planteada por el presidente ucranio, Volodímir Zelenski, y la reacción a su favor de gran parte de la población europea.

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Dmitro Kuleba atiende a EL PAÍS a través de una llamada de Skype desde un lugar que no revela por motivos de seguridad. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, convertido en una de las voces que hablan más alto del sufrimiento de su país en este primer mes de invasión rusa, se muestra en esta entrevista más satisfecho con la reacción a la guerra de la Unión Europea que con la de la OTAN. Kuleba (40 años, Sumi, Ucrania) avanza que los enviados rusos y ucranios no se han puesto aún de acuerdo en ninguno de los puntos claves de la negociación y reclama garantías de seguridad para su país para el futuro. “Putin es un criminal de guerra. Rusia sentirá las consecuencias durante décadas”, asegura.

Pregunta. Tras un mes de guerra, ¿cuál es la situación?

Respuesta. Es difícil acostumbrarse, pero hemos aprendido a vivir en guerra. Nos adaptamos a esta realidad, a sus sonidos, a las historias desgarradoras. No es fácil, pero tenemos que hacer más que todo lo posible para poner fin a esta guerra y ganarla para poner fin al sufrimiento de nuestro pueblo y la destrucción de nuestras ciudades.

P. ¿Cómo son las relaciones ahora con la UE y la OTAN?

R. Al principio de la agresión rusa, la Unión Europea reaccionó rápido y enérgicamente imponiendo varias rondas de sanciones realmente dolorosas. Sin embargo, a medida que avanza la guerra, tenemos que seguir aumentando la presión sobre Rusia, hay que imponer nuevas sanciones y proporcionar a Ucrania asistencia militar y financiera adicional. Y en los últimos 10 días he notado una cierta desaceleración en el proceso de toma de decisiones. En Europa parece que cada vez les cuesta más pactar nuevas sanciones. Es muy molesto, porque los que creen que ya hicieron bastante se equivocan. Agradecemos todo lo que se ha hecho, pero queda por hacer. El cielo es el límite. Rusia está contraatacando en el frente económico, en el frente financiero y está tratando de poner a la UE en una situación difícil, especialmente con su reciente decisión de imponer pagos en rublos por el gas y el petróleo. Si los países europeos aceptan esto, estarán subsidiando la guerra rusa y los crímenes. Tienen que encontrar la manera de evitar esta trampa. La situación con la OTAN es más complicada, porque es más cautelosa. Cooperamos más con los aliados a nivel bilateral que con la OTAN en su conjunto.

Estamos luchando por nuestra existencia. Putin no nos romperá. Sobreviviremos y prevaleceremos

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P. ¿Está decepcionado con la OTAN?

R. Yo no, porque siempre he sido bastante realista. Soy diplomático, lo que me permite de entender cómo funcionan las cosas. Pero la ciudadanía de Ucrania está decepcionada. Antes de la guerra, era frecuente pensar que la OTAN es fuerte y la UE, débil. Las primeras semanas de guerra demostraron lo contrario. Hablo de la percepción del público, no de mi valoración. Ahora, si la UE retrocede a su búsqueda interminable de consenso en lugar de tomar medidas serias para contrarrestar los problemas, la gente también se sentirá decepcionada. Pero por el momento, tiene todas las oportunidades para demostrar que aprende los errores del pasado y está lista no solo para hablar, sino también para actuar. Adoptó una posición muy fuerte y es importante que no pierda esa credibilidad. Si lo hacen, seguiremos luchando, pero la credibilidad de Europa se perderá.

P. Ucrania pide nuevas sanciones.

R. Deben adoptarse algunas sanciones clave. Lo primero es acabar con la dependencia del gas y el petróleo rusos. Si no se puede hacer en un día, debería haber un plan claro de retirada gradual. No entiendo por qué la UE no ha cerrado hasta ahora todos los puertos de la UE a los barcos y mercancías rusos. Todos los bancos rusos deben desconectarse de [la plataforma de pagos internacionales] SWIFT. Ahora ocurre algo a medias: desconectas algunos bancos del SWIFT, la gente va a otro banco, abre una cuenta y se conectan de nuevo. Así no funcionan las sanciones. Si la UE no impone más sanciones, no habrá excusas para explicar por qué no lo hicieron.

La ciudadanía de Ucrania está decepcionada con la OTAN

P. ¿Cómo van las conversaciones con Rusia?

R. Rusia quiere discutir las demandas que el presidente Vladímir Putin mencionó al comienzo de la agresión: neutralidad de Ucrania; reconocer a Crimea como parte de Rusia, y a Donetsk y Lugansk como entidades independientes; desmilitarización; desnazificación y estatus del idioma ruso en Ucrania, ¡Es una locura! A veces ni siquiera pueden explicar a qué se refieren. Cuando preguntas qué quieren decir con desnazificación, les resulta difícil explicarlo. Ucrania está interesada en tres cosas: garantías de seguridad; el reconocimiento de su integridad territorial dentro de las fronteras internacionales reconocidas —lo que incluye a Crimea y al Donbás—; y el alto el fuego y retirada del Ejército ruso. Tras cuatro semanas de conversaciones, estamos más o menos donde empezamos. Hay cierto acuerdo sobre cuestiones secundarias y técnicas. Pero no hay un progreso serio en ningún asunto crucial o de principios; ya sea para Rusia o Ucrania.

Europa debe acabar con la dependencia del gas y el petróleo ruso

P. ¿Qué temas secundarios?

R. Que Ucrania debe recibir garantías de seguridad no solo de Rusia, sino también de otros países. Rusia accedió a esta reclamación. Otro tema secundario sobre el que hay acuerdo es que todo lo que se pacte debe tener valor legal y debería ser ratificado por el Parlamento.

P. ¿A qué se refiere Ucrania cuando habla de garantías de seguridad?

R. La garantía de seguridad de España como miembro de la OTAN es el artículo 5, que dice si alguien la ataca, todos los demás miembros la defenderán. Queremos algo similar que diga que si alguien ataca a Ucrania, aquellos países que brindan sus garantías de seguridad proveerán a Ucrania en 24 horas todas las armas necesarias, adoptarán una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU exigiendo parar la agresión e impondrán sanciones.

P. ¿Y también constarán los nombres de los países que darán estas garantías de seguridad?

R. Sí. Estamos en conversaciones con Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia y Turquía sobre su potencial participación en este modelo. Han reaccionado positivamente a esa idea. Aún está bajo discusión, pero estoy satisfecho con sus reacciones iniciales. Este es el único elemento que estamos discutiendo con ellos. Todo lo demás es parte de las conversaciones entre Rusia y Ucrania.

¿Desnazificar Ucrania? ¡Es una locura! Los rusos no pueden explicar ni a qué se refieren

P. El presidente ucranio, Volodímir Zelenski, ya habló de neutralidad y abrió la puerta a ello. Incluso dijo hace unos días que la OTAN no está lista para Ucrania. ¿Estaría dispuesta Ucrania a aceptar la neutralidad?

R. Los diplomáticos suelen decir que nada está acordado hasta que todo está acordado. Sería prematuro decir que acordamos cualquier elemento del acuerdo potencial. Para nosotros, el tema más importante no es la neutralidad, sino las garantías de seguridad. Si conseguimos esas garantías, tendremos que dar un paso. El presidente Zelenski simplemente señaló que las últimas cuatro semanas demostraron que estamos más distantes de la OTAN que de la UE, porque en las dos primeras semanas la UE abrió sus puertas a Ucrania. Y la OTAN desafortunadamente no dio ningún paso hacia la membresía de Ucrania. Tenemos que ser realistas sobre la OTAN.

P. Cuando el acuerdo con Rusia esté listo, ¿se consultará con la ciudadanía ucrania?

R. Depende de lo que quede en el texto final. Por supuesto, si este borrador implica algún tema que requiera un referéndum, esa cuestión se someterá a consulta. Pero es demasiado pronto para decir qué puede ser.

P. Estados Unidos ha alertado sobre la posibilidad de que Rusia use armas químicas. Las autoridades ucranias han denunciado el uso de fósforo blanco por parte de Rusia. ¿Tienen evidencia de ello?

R. Aunque suene aterrador, Rusia ha usado en las últimas cuatro semanas todo tipo de armas, excepto armas químicas con gas y armas nucleares. Ha usado los misiles y las minas más avanzadas, artillería, todo… Y también armas prohibidas por la ley internacional, como el fósforo o bombas de racimo. Tenemos información que sugiere que Rusia está realizando movimientos para preparar armas químicas. Nuestros socios occidentales han dicho que si lo hacen, Moscú se enfrentará a graves consecuencias. Sería muy útil saber ahora qué tipo de consecuencias. Y estas deberían ser lo suficientemente duras. Espero y ruego a Dios que Rusia no use armas químicas ni nucleares, pero nada nos derrumbará porque estamos luchando por nuestra existencia, por nuestros derechos de ser ucranios. Y el presidente Putin puede hacer lo que quiera, pero no nos romperá. Sobreviviremos y prevaleceremos.

P. ¿Cuál es la situación de Mariupol, convertida en un símbolo de los ataques contra la población civil, y de otras ciudades bajo bombardeos constantes como Járkov o Chernihiv?

R. Lo más cínico de Rusia es que sus esfuerzos para legitimar su guerra tienen que ver con el genocidio y con la protección del idioma ruso. Dicen que Ucrania está cometiendo un genocidio contra los hablantes de ruso, pero ataca a las ciudades de habla rusa. Esto demuestra que no es antiucranio, es antihumano. Para él, no importa el idioma que hables. Si decide matarte, lo hará. Propondrá cientos de argumentos para legitimar sus locos y despiadados planes, pero llegó aquí bajo el lema de protección a los rusoparlantes y mató a miles de ellos. El Tribunal Internacional de Justicia declaró que no encontró evidencia de genocidio en Ucrania. Mariupol es como Stalingrado para la Unión Soviética o Alepo para Siria. Es el lugar donde el sufrimiento de los civiles es insoportable y el heroísmo de sus defensores es inimaginable. Putin es un criminal de guerra. Primero fallará y después se enfrentará a la responsabilidad por ello. Rusia pagará las consecuencias durante décadas. Pero eso es el futuro, lo importante ahora es dejar de escatimar esfuerzos para detenerlo y detener el sufrimiento de la gente.

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Primero fue, la semana pasada, algo que pareció un desliz de Joe Biden. Luego, una declaración meditada ante la prensa del secretario de Estado, Antony Blinken. Y este miércoles ha llegado la acusación oficial: Estados Unidos considera que Rusia ha cometido “crímenes de guerra”. Así lo ha hecho saber Blinken en un comunicado: “Hoy puedo anunciar que, basándonos en la información actualmente disponible, el Gobierno de Estados Unidos entiende que miembros de las fuerzas rusas han cometido crímenes de guerra en Ucrania”.

El anuncio ha llegado mientras Biden se encontraba viajando a Bruselas, donde participará este jueves en una cumbre extraordinaria de la OTAN y otra del G7, para tratar la mejor manera de reforzar la alianza para detener a Moscú. También asistirá a un encuentro del Consejo Europeo. El viernes viajará a Varsovia para mantener una reunión bilateral con el presidente polaco, Andrzej Duda. Esta mañana (hora local), antes de abordar en Washington el avión presidencial, Biden ha declarado a la prensa que considera “muy creíble” la opción de que el Ejército ruso emplee armas químicas en el frente ucranio.

“El presidente Vladímir Putin ha desatado una violencia implacable que ha causado muerte y destrucción en todo el país. Hemos visto numerosos informes creíbles de ataques indiscriminados y ataques dirigidos deliberadamente contra civiles, así como otras atrocidades. Las fuerzas rusas han destruido edificios de apartamentos, escuelas, hospitales, infraestructuras críticas, vehículos civiles, centros comerciales y ambulancias. Esos ataques han dejado miles de civiles inocentes muertos o heridos”, continúa el comunicado de Blinken. Muchos de esos lugares estaban identificados como sitios de uso civil, como la maternidad de Mariupol, o un teatro de la misma ciudad asediada, que “estaba claramente marcado con la palabra ‘niños’ en ruso, con enormes letras visibles desde el cielo”.

Solo en esa ciudad, “hasta el 22 de marzo, las autoridades calculan que han muerto más de 2.400 civiles”, continúa el comunicado. “Sin incluir la devastación de Mariupol, Naciones Unidas ha confirmado oficialmente más de 2.500 víctimas civiles, entre muertos y heridos, y subraya que el número real es probablemente mayor”.

Blinken denuncia que “las fuerzas de Putin utilizaron estas mismas tácticas en Grozni, en Chechenia, y en Alepo, en Siria, donde intensificaron su bombardeo de las ciudades para romper la voluntad del pueblo”. “Su intento de hacerlo en Ucrania”, añade, “ha vuelto a conmocionar al mundo y, como ha atestiguado sobriamente el presidente Zelenski, ‘ha bañado al pueblo en sangre y lágrimas”.

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“Como ocurre con cualquier presunto delito, un tribunal de justicia con jurisdicción es el responsable último de determinar la responsabilidad penal”, agrega el comunicado. “El Gobierno de Estados Unidos continuará haciendo un seguimiento de las denuncias de crímenes de guerra y compartirá la información que recopile con aliados, socios e instituciones y organizaciones internacionales, según corresponda. Nos comprometemos a perseguir la rendición de cuentas utilizando todas las herramientas disponibles, incluidos los procesos penales”.

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Los ciudadanos de Ucrania recibieron el pasado jueves en su teléfono móvil un SMS de la Fiscalía General del Estado (GPU). Este organismo pedía a la población que registre en una página de internet del Gobierno testimonios de los crímenes de guerra que esté cometiendo Rusia durante la ocupación. Estos documentos, indica la fiscalía, servirán en el futuro para reclamar compensaciones ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

“¡El país agresor lo pagará todo!”, anunciaba el encabezado del mensaje: “Su testimonio, fotos y vídeos se utilizarán como prueba en los tribunales internacionales de La Haya y Estrasburgo, así como en los tribunales ucranios para castigar a los invasores, y tendrá derecho a una compensación adecuada y al restablecimiento de los derechos vulnerados”. El Gobierno del presidente Volodímir Zelenski ha puesto en marcha una página de internet en la que la población puede descargar la documentación que recaben en las zonas de conflicto. El acceso todavía amplio en Ucrania a una conexión a internet está permitiendo la transmisión de episodios de guerra por parte de miles de ciudadanos a través de imágenes tomadas con teléfonos móviles.

La morgue de Mikolaiv, el pasado lunes.
La morgue de Mikolaiv, el pasado lunes.María Sahuquillo

En la página habilitada por el Gobierno y la GPU, warcrimes.gov.ua, se actualiza un recuento de las posibles vulneraciones de los derechos humanos y de los crímenes de guerra perpetrados por las Fuerzas Armadas rusas y sus colaboradores ucranios, según las autoridades. Ludmila Denisova, comisionada para los Derechos Humanos del Parlamento de Ucrania, informó este viernes de que se han abierto 1.833 denuncias por crímenes de guerra, según el Código Penal ucranio, basado en el Estatuto del TPI. Estas denuncias afectarían a unos 70 cargos políticos y militares rusos. Denisova también reportó que 109 menores de edad han muerto en bombardeos y que 130 resultaron heridos.

La Unión Europea y Gobiernos como el de España, además del de Estados Unidos, han pedido al TPI que investigue las posibles vulneraciones de los derechos humanos y los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas. El fiscal jefe del TPI, Karim Khan, visitó el pasado viernes Ucrania y se comprometió a investigar y perseguir los crímenes contra el derecho internacional humanitario.

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La Oficina del Alto Representante para la Política Exterior de la UE emitió un comunicado el pasado jueves en el que advertía que penalmente “tendrán que asumir las consecuencias de estas graves violaciones y derechos humanos sus perpetradores, así como los cargos políticos y los líderes militares”. La UE hacía especial mención en el comunicado al asedio que está sufriendo la ciudad de Mariupol. El Ayuntamiento asegura que más de 2.000 personas habrían muerto en los bombardeos, un 80% de los edificios de viviendas se han visto dañados y un 30% han quedado completamente destruidos. También el presidente estadounidense, Joe Biden, ha hablado del presidente ruso, Vladímir Putin, como criminal de guerra.

“El teatro municipal de Mariupol fue duramente bombardeado pese a que era sobradamente conocido, y así estaba señalado, que servía de refugio para civiles, incluidos niños”, subraya la diplomacia europea. La oficina que encabeza Josep Borrell también cita un informe de Human Rights Watch en el que se constata el uso de bombas de racimo en la ciudad de Mikolaiv. “Estos ataques deliberados contra civiles e infraestructuras civiles son vergonzosos, reprobables y totalmente inaceptables. Suponen una grave violación del derecho internacional”.

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Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, ha visitado este jueves Polonia para interesarse por la situación de los refugiados desplazados por la invasión rusa de Ucrania y para mostrar el compromiso de su país con los territorios del flanco oriental de la OTAN. También, con la Alianza Atlántica misma: “Estados Unidos está preparado para defender cada centímetro del territorio de la OTAN”, ha dicho Harris en Varsovia, en referencia al artículo 5, que garantiza que una agresión a una de las partes implica un ataque al conjunto.

La número dos de Joe Biden ha aprovechado una conferencia de prensa conjunta con el presidente polaco, Andrzej Duda, para pedir que se investiguen los presuntos crímenes de guerra perpetrados por Moscú en estas tres primeras semanas de la guerra. “Debería haber una investigación y es la obligación de todos permanecer atentos. No me cabe duda de que los ojos del mundo están puestos en la guerra y en lo que Rusia está haciendo como parte de su agresión, en sus atrocidades. Sin duda”, ha sentenciado.

La visita forma parte de uno de los viajes de mayor relieve internacional de los 13 meses de Harris en el puesto. Pero arranca enturbiado por la escenificación esta semana de la distancia entre el deseo de ayudar de Polonia y los cálculos realistas del Pentágono. El lunes, el ministro de Asuntos Exteriores polaco, Zbigniew Rau, anunció que su país, que comparte frontera con Ucrania y ha recibido 1,33 millones de refugiados del conflicto, según el Departamento de Estado, cedería los aviones de combate de fabricación soviética, una treintena de MiG29, a Estados Unidos a cambio de F-16 norteamericanos de parecidas características. Esos viejos cazas, símbolo de la Guerra Fría, se enviarían a la zona de guerra desde una base norteamericana en Alemania para su uso por los pilotos ucranios, que aprendieron a volar con ellos. El Pentágono ha rechazado esa maniobra por considerar que podría interpretarse por el presidente ruso, Vladímir Putin, como una provocación y derivar en una indeseada escalada del conflicto.

El presidente Duda, en un aparente intento de suavizar el desencuentro, ha asegurado que la propuesta de Varsovia atendía a una petición desesperada lanzada por el presidente ucranio, Volodímir Zelenski. Inmediatamente después de conocerse las intenciones de Polonia, Washington declaró que el anuncio había pillado a sus funcionarios “por sorpresa”.

“Es una situación extremadamente complicada”, ha respondido Duda a la pregunta de si consultó sus intenciones con Estados Unidos antes de lanzar la idea. “Como miembro responsable de la OTAN escuchamos las solicitudes de ayuda. En este caso, llegaron de Kiev, y, en cierta medida, de los medios de comunicación. Nos comportamos como debe comportarse un miembro confiable de la OTAN”, ha dicho el presidente polaco.

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Harris, por su parte, ha evitado las preguntas directas sobre el asunto. “Estados Unidos y Polonia están alineados en lo hecho hasta ahora y coincidimos en que estamos preparados para ayudar a Ucrania y a los ucranios. Punto”, se ha limitado a señalar. La vicepresidenta ha centrado su discurso en la ayuda humanitaria y de seguridad que Estados Unidos ha brindado a Ucrania y Polonia. Y ha anunciado el envío de unos 50 millones de euros de fondos adicionales para los refugiados a través de una agencia estadounidense para la cooperación internacional.

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conmocionado a Colombia crímenes
Los homicidas han sido sujetos desconocidos para las víctimas; o vecinos, o su pareja o expareja, o un compañero de estudio.

La sevicia ha marcado estos crímenes, que no son los únicos.

Desde abusos sexuales hasta crueles muertes, por venganzas, avaricia y otros motivos, la mayoría cometidos por hombres contra mujeres, niños y niñas, también hay algunos hombres víctimas. Han conmocionado a Colombia, pero siguen ocurriendo.

Noticias Colombia.

De los más de 7000 homicidios registrados en Colombia en los últimos ocho años, de ellos más de 400 feminicidios, varios han generado repudio, indignación y han movido a todo el país a solidarizarse y acompañar a las familias de las víctimas y a clamar justicia hasta en las calles.

Varios de esos casos, han podido ser resueltos, en parte, por la presión social para que no queden en el olvido.

Mauricio y su mamá

El más reciente caso que esta semana había tenido en vilo a gran parte del país, más allá de lo que muchos han llamado ‘show mediático’, por lo que se sospechaba: un familiar implicado, al parecer por dinero y envidia.

Yhonier Leal, aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía. La jueza lo envió a la cárcel.

El hermano e hijo de las víctimas, habría planeado el crimen por lo menos cuatro meses, lo ejecutó en noviembre del 2021 y aceptó los cargos este 18 de enero en medio de una tensa y larga audiencia de imputación.

Yhonier Rodolfo Leal fue enviado a la cárcel este jueves.

Adormeció a su madre y a su hermano, los apuñaló, a su hermano practicamente lo torturó para obligarlo a escribir una carta de despedida para hacerlo pasar como un suicidio-homicidio. Y lo obigló a darle la cuenta bancaria y clave del celular.

Todo eso, según la Fiscalía está evidenciado y lo acusa de homicida.

Las hermanas Ortiz

Si bien el caso se estaba manejando con tristeza en el Valle del Cauca, trascendió incluso fuera del país, cuando se conocieron detalles del doble crimen.

Maribel y su hermana de 14 años de edad, fueron asesinadas por un ‘pretendiente’ de la primera y otros dos cómplices. Hay dos capturados.

Ocurrió el 18 de septiembre del 2020, cuando Maribel de 21 años de edad y su hermana Nicol de 14, salieron a una tarde «de paseo» con un amigo, y ese hombre junto a otro cómplice, terminó matándolas en una carretera entre La Cumbre y Restrepo, Valle, y un mes después del crimen, los capturaron.

Ellas, habrían sido enviadas como pasajeras en la parte trasera, no había forma de escapar cuando pararon en un punto oscuro, solitario.

A la menor, le dispararon a quema ropa.

Su hermana mayor intentó correr, pedir ayuda y las heridas de bala fueron en la espalda. Las dejaron agonizando en la carretera y solo quedaron las marcas de las llantas, pero eran marcas particulares, allí, ya había una pista.

Crímenes de niñas

Yuliana Samboní 

La niña, de 6 años de edad, que había llegado con su familia a Bogotá buscando una mejor oportunidad y huyendo de la violencia, terminó en manos del arquitecto Rafael Uribe Noguera, quien la raptó, violó y asesinó.

Uribe Noguera está condenado a más de 50 años de cárcel, sin derechos a beneficios de rebaja de pena porque se le castigó con la Ley Rosa Elvira Celis, por feminicidio.

Rafael Uribe Noguera, feminicida de Yuliana Samboní. Un caso con condena pero sin reparación económica para la familia.

Otros de los casos fueron los de Charol, en Garzón Huila.

Charol Lisbeth Samboní Pérez tenía 9 años de edad, quería ser policía o enfermera, pero su vida terminó abruptamente cuando un menor de 13 años la violó y asesinó. Ocurrió en 2019.

Él mismo se lo confesó a la Policía de Infancia y Adolescencia lo que hizo. Aunque muchos dudaron y siempre se ha señalado que fue, para encubrir al padre.

La comunidad quería lincharlo y se lo tuvieron que llevar aprehendido.

El de la niña Emily Suleyni tenía 11 años de edad, cuando un depredador la atacó.

La reportaron como desaparecida y 24 horas después el 15 de mayo del 2019, la encontraron asesinada a pocos metros de su casa. Emily Suleyni Rivera Barrero, salió del colegio a su casa pero no llegó.

El principal sospechoso y único capturado, Luis Javier Ruiz Díaz, condenado a más de 40 años de edad cárcel, por el asesinato de la niña Emily.

A la niña la raptaron del barrio Asoma Sol, en Santander de Quilichao, Cauca. Pero cerca, habían dejado su cuerpo en un costal.

Otro caso fue en de Angie Lorena Nieto, ocurrido en la vereda El Hijoa, en zona rural de Barranca de Upía (Meta). Tenía 12 años de edad.

Gómez Vaca era vecino de Angie Lorena, la violó y la mató. Foto tomada de EL TIEMPO.

Fue víctima de abuso sexual y asesinada durante la noche del 31 de diciembre de 2018. Su cuerpo fue hallado el primero de enero de 2019, cubierto por una cobija, amarrada de los pies y manos, reseña EL TIEMPO.

El homicida, Pastor Gómez Vaca, vecino y amigo de la familia de la niña. Confesó el atroz crimen.

Génesis Rúa Vizcaíno, la niña asesinada y abusada en Magdalena.

El 28 de septiembre de 2018, en Fundación, Adolfo Arrieta García violó, ahorcó y luego lanzó el cuerpo de la pequeña a un fogón de leña que prendió en el patio de su vivienda.

«Pido perdón a la mamá, al papá y a los familiares de esa niña (…). Yo no supe lo que hice», dijo el hombre que también tenía hijos.

Al sujeto la gente lo iba a linchar, le quemaron y destruyeron su casa. Lo tuvieron que trasladar de Fundación a Santa Marta.

Para este sujeto hasta ahora no se ha proferido condena.

¿Culpable? 

 En marzo del 2019 -un año crítico especialmente para los menores- dos niños y un polícia en Bogotá, murieron en su vivienda ubicada en Puente Aranda.

Lo que se investigó, es que la mujer, Gloria Aideé Huertas, atacó a su pareja, Iván Arturo Zorro Penagos, cuando este estaba dormido en un sofá, luego, fue por sus hijos en la habitación donde dormían.

Ella resultó herida, pero sobrevivió.

Una vez condenada a 50 años de cárcel, ha dicho en entrevistas desde la cárcel El Buen Pastor, que no fue la culpable. Que fue su pareja y que ella se defendió.

La chilena Ilse Amory

En 2019 una noticia empezaba a ganar espacio en la prensa colombiana, por un llamado de auxilio que venía desde Chile, la familia Ojeda buscaba a una excarabinera que se había venido con su novio, un colombiano a vivir al país.

Ilse Amory, había dejado todo el Chile por seguir a su pareja: Juan Valderrama.

Juan Valderrama, capturado y condenado por el crimen de la chilena Ilse Amory.

Empezó una frenética búsqueda, la foto de la extranjera aparecía en todos los medios, y él, puso carteles, salía a recorrer calles, a pedir a través de los medios que quien supiera de ella avisara, pero sabía, estaba muerta y enterrada en una monta en Bucaramanga.

Unos días después, se descubrió el asesinato, él lo negó y su capturó tardó unos días.

Finalmente, lo capturaron, era un expolicía y hasta problemas mentales alegó su abogada defensora. Aún así, fue condenado a prisión más de 30 años.

El otro caso fue el de una joven estudiante del Sena, que desató marchas para protestar pidiendo una «justa condena para el asesino».

La víctima, la adolescente Andrea Romero Cabarcas, una venezolana que había llegado al país a buscar una mejor oportunidad de vida.

El señalado asesino, Levith Rúa, la ‘Bestia del Matadero’. La violó y asesinó en Malambo, Atlántico, en diciembre de 2017.

En marzo del 2019, fue condenado a 37 años de prisión. Fue enviado a la cárcel de máxima seguridad ubicada en Valledupar, Cesar.

Ley del feminicidio

Si bien el terrible feminicidio del que fue víctima Rosa Elvira Celis en Bogotá ocurrió en mayo del 2012, su caso dio pie a que se endurecieran las penas en el país por este delito.

En base a su crimen, surgió la Ley 1761 de 2015, con la cual se tipifica el feminicidio.

A Rosa Elvira, la atacaron brutalmente, la violaron y torturaron, un compañero con el que estaba validando el bachillerato. El sujeto, Javier Velasco, la llevó hasta el Parque Nacional y la hirió.

Aunque a Cely alcanzaron a llevarla herida al hospital Santa Clara, murió.

El feminicida está pagando condena en la cárcel La Picota. 48 años.

Javier Velasco, feminicida de Rosa Elvira Cely.

Los homicidas han sido sujetos desconocidos para las víctimas; o vecinos, o su pareja o expareja, o un compañero de estudio.

La sevicia ha marcado estos crímenes, que no son los únicos.

Crímenes que han conmovido y que han ahondado el temor por la vulnerabilidad que puede haber hasta en los hogares. En muchos casos, hubo señales que no se atendieron a tiempo, desprotección a las víctimas a pesar de haber denunciado, entre otros factores.

 



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Alaa M., este miércoles tras su llegada a un tribunal de Fráncfort.
Alaa M., este miércoles tras su llegada a un tribunal de Fráncfort.BORIS ROESSLER / POOL (EFE)

Alaa M., un médico sirio de 36 años que fue capturado en 2020 en el Estado federado de Hesse (Alemania), y que es sospechoso de haber cometido crímenes contra la humanidad, incluida la tortura de prisioneros en hospitales militares en Siria, ha comparecido este miércoles en un tribunal de Fráncfort, en el segundo caso de este tipo que lleva a cabo la justicia alemana. Hace una semana, un tribunal de Coblenza condenó a un exoficial de los servicios de espionaje sirios a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad. El acusado llegó a Alemania en 2015 para trabajar como médico, gracias a un visado expedido por este país para los sirios que trabajan en determinados sectores en los que falta mano de obra cualificada. Alaa M. trabajó como cirujano ortopédico en varios hospitales antes de ser reconocido por unos refugiados sirios. En el momento de su detención, en junio de 2020, ejercía en una clínica de rehabilitación en Bad Wildungen, una tranquila ciudad balneario de Hesse. Sus colegas desconocían su pasado.

La Fiscalía acusa a Alaa M. de “haber torturado e infligido graves daños físicos y psicológicos” a por lo menos 18 detenidos entre 2011 y 2012 en el hospital militar de la ciudad siria de Homs y en los calabozos de los servicios secretos en la misma localidad. Además, se le imputa un asesinato y otros cuatro de lesiones graves. El acusado, según dos testigos, estaba en formación médica en el hospital militar cuando, como médico asistente, vertió alcohol sobre los genitales de algunos prisioneros y luego les prendió fuego. Supuestamente golpeó, pateó, colgó del techo y azotó a varios detenidos.

“Alaa M. no es una excepción en Siria”, ha dicho Annsar Shahhoud, un refugiado sirio, a Tagesschau, el informativo de televisión con mayor audiencia en el país “Los médicos han participado sistemáticamente en la violencia desde 2011. Supervisan las torturas, los asesinatos y emiten certificados de defunción falsos”, ha señalado.

Alaa M. está en prisión preventiva desde su detención en 2020 y podría ser condenado a cadena perpetua. Los fiscales alemanes se han acogido a las leyes de jurisdicción universal que les permiten solicitar juicios para los sospechosos de crímenes contra la humanidad cometidos en cualquier parte del mundo. Alemania se ha convertido en un país pionero en juzgar los crímenes del régimen del presidente sirio, Bachar el Asad.

La acusación más grave a la que se enfrenta Alaa M. tiene que ver con la muerte de un opositor. Según la Fiscalía, un preso, que había sido detenido por participar en una manifestación contra el régimen, sufrió un ataque epiléptico al cabo de una sesión de tortura. Alaa M. fue llamado para prestarle auxilio, pero en lugar de ello le golpeó y pateó en al menos dos ocasiones. El preso murió al poco tiempo, sin que se determinase la causa exacta de la defunción.

Según informaciones del semanario Der Spiegel, que difundió en 2020 la verdadera identidad de Alaa M. en una investigación conjunta con la cadena catarí Al Jazeera, los dos testigos en cuyas declaraciones se fundamenta el caso se encontraban detenidos donde el acusado realizó sus torturas.

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Los fiscales consideran que Alaa M. es un partidario fanático de El Asad, que llamaba “cucarachas” a los opositores y participaba “de todo corazón” en la represión. “La apertura del segundo juicio en Alemania por crímenes de lesa humanidad cometidos en Siria muestra que los esfuerzos para hacer justicia por las atrocidades cometidas en ese país están ganando impulso”, ha señalado en un comunicado la ONG Human Rights Watch antes de que comenzara la audiencia.

El abogado sirio Anwar al-Bunni, que dirige una organización en Berlín en defensa de los derechos humanos y que ayudó a preparar el caso contra Alaa M., dijo en vísperas de la apertura del juicio que la presencia del médico ante el tribunal arrojaría más pruebas de que el Gobierno sirio instigó la tortura para sofocar el levantamiento contra El Asad.

“Esperamos que se le condene a cadena perpetua”, dijo al-Bunni, quien añadió que el tribunal podría emitir un veredicto antes de que termine este año.

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Colombia: denuncian a Gobierno ante CPI por crímenes de lesa humanidad

Además de Iván Duque, señalan al ministro de Defensa, Diego Molano; al comandante del Ejército, Eduardo Zapateiro, y al director de la Policía, Jorge Luis Vargas, como los «máximos responsables».

Deutsche Welle

14.05.2021

Organizaciones sociales y el senador de izquierda Iván Cepeda denunciaron ante la Corte Penal Internacional (CPI) y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas crímenes de lesa humanidad ocurridos en las manifestaciones contra el Gobierno del presidente colombiano, Iván Duque, según trascendió este jueves (13.05.2021).

Además de Duque, los demandantes señalan al ministro de Defensa, Diego Molano; al comandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro, y al director de la Policía, el general Jorge Luis Vargas, como «máximos responsables».

La denuncia de Cepeda -fuerte opositor de Duque y de Álvaro Uribe- fue acompañada por varias ONG como Temblores; la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Bord.

En un comunicado, el grupo de querellantes dice que «teniendo la capacidad material para prevenir la comisión de estos delitos o promover el castigo efectivo de los presuntos responsables, no lo hicieron». Igualmente, señalan al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) como de ser uno de los «principales instigadores» de crímenes de lesa humanidad que supuestamente ocurrieron en las protestas. Según el informe hay evidencias de delitos contra la población civil reflejado en «homicidios, torturas, privaciones graves de la libertad física, violencia sexual y desapariciones forzadas».

«Se documentaron 24 casos de asesinato y 50 de víctimas de tentativa de asesinato; 16 víctimas de violencia sexual; 11 víctimas de desaparición forzada; 129 víctimas de tortura y 1.365 víctimas de detención irregular», sostiene la denuncia.

El grupo expresa preocupación porque Cali -la tercera ciudad del país- ha sido «escenario de los más graves hechos» y remarca que las principales autoridades de Gobierno y Estado no condenan en «forma enfática los crímenes y las graves violaciones de DD. HH. que presumiblemente implican a miembros de la fuerza pública».

En la misiva, piden que se active la competencia de la CPI para conocer estos crímenes, ya que el Estado colombiano «no tiene voluntad de adelantar las investigaciones en la comisión de acusaciones de la Cámara y demás organismos, debido al exceso de concentración de poder en cabeza del presidente Iván Duque, lo que ha quebrantado el principio de separación de poderes».


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Ciper Chile.

Según señaló el propio Baltasar Garzón al medio mencionado, se trataría de hechos que «revisten categoría, creemos, de crímenes de lesa humanidad. La denuncia ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional quiere poner de manifiesto la impunidad que se esta viviendo en Chile”.

En particular, la acusación pide la intervención por los casos que «erróneamente» son calificados como delitos comunes y cuya investigación ha sufrido demoras injustificadas y actuaciones que no se ajustarían al principio de igualdad ante la ley.

Al respecto se lee en el documento: «los organismos del Estado encargados de investigar y juzgar, como lo son el Ministerio Público y el Poder Judicial, han tenido una demora injustificada en la sustanciación de estos procesos y sus actuaciones no revisten la necesaria independencia e imparcialidad y el debido respeto por el principio de Igualdad ante la Ley. Todo ello hace procedente y necesario el ejercicio de la jurisdicción complementaria de la Corte Penal Internacional”.

En el detalle, se buscarían sanciones para la máxima autoridad del país, incluyendo a ministros del Interior y Defensa, y generales directores de Carabineros.

De acuerdo a Carlos Margotta, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos: “Los tribunales chilenos han incumplido su deber de administrar justicia”.

Ahora, la Corte Penal Internacional deberá definir si la acción es admisible para proceder a la investigación, proceso que puede incluso tomar años.

En la investigación la corte deberá analizar si los hechos son de su competencia, si hay motivos para sostener que hubo crímenes de lesa humanidad y, finalmente, si se cumplen los requisitos de admisibilidad, en especial el carácter complementario de este tribunal frente a la Justicia nacional.

Uno de los argumentos presentes en el texto es que “las conductas denunciadas no son aisladas o independientes entre sí, sino que se enmarcan en un plan destinado a llevar a claro un ataque organizado, masivo, extenso y sistemático contra la población civil, con el objetivo de reprimir las manifestaciones de disenso y contener las demandas sociales, ejerciendo intimidación política mediante el uso de la brutal violencia policial”.

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Sin embargo, el fondo del asunto sería la supuesta «impunidad» que habría en el país frente a las violaciones cometidas contra los derechos humanos durante el estallido social en la que se sumarían 8.510 denuncias y querellas ante el Ministerio Público.

En ese sentido, explican que «los hechos delictivos cometidos por los agentes del Estado chileno, principalmente miembros de la policía militarizada Carabineros de Chile, han sido calificados como delitos comunes, esto es como homicidios, mutilaciones o lesiones, violaciones o abusos sexuales, en circunstancias que debieran serlo, dado que concurren todas las exigencias, como crímenes de lesa humanidad. De esta manera, para orientar y fundamentar el principio de complementariedad invocado, podemos señalar que las actuaciones del Estado de Chile y sus diversos organismos, en relación con la ausencia de respuesta adecuada ante los ilícitos cometidos por sus agentes, han derivado en un grave comportamiento asimétrico y consecuencialmente, grave vulneración al principio de igualdad ante la ley, por parte de los distintos poderes del Estado encargados de la persecución penal, comportamiento asimétrico que es particularmente complejo en las investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público, respecto de los delitos cometidos por agentes del Estado (Carabineros de Chile) contra manifestantes civiles”.

En definitiva, quienes acusan hablan de una falta de voluntad del sistema judicial chileno para investigar los hechos.

En sus antecedentes, aseguran que casi la mitad de las causas por violaciones de derechos humanos fueron terminadas sin avances: «unas 3.050 investigaciones en procedimientos por ‘violencia institucional’ fueron finalizadas por la vía administrativa en su inmensa mayoría y sólo marginalmente con la aprobación del correspondiente Juez de Garantía, lo que corresponde a un 46% del total de líneas investigativas por delitos cometidos en el período por agentes del Estado contra la población civil”.

Revisa el documento completo:

 



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