Este jueves se conoció que Roberto Colón pasará el resto de sus días en prisión.
Noticias Colombia.
Un hombre estadounidense acusado de asesinar a su esposa colombiana fue declarado culpable por una corte del Estado de Florida recibiendo una sanción ejemplar.
Roberto Colón fue condenado a cadena perpetua, por el crimen de María Estela Gómez Mulett, una mujer de 45 años que en marzo de 2021 le fue arrebatada la vida.
Mujer asesinada por su esposo en Estados Unidos.
Su cuerpo fue hallado por las autoridades, enterrado el patio de su casa en Hialeah, ciudad ubicada en el Condado de Miami-Dade.
Por este hecho, Roberto Colón, de 66 años, fue arrestado a las pocas horas.
En la vivienda se hallaron rastros de sangre y este individuo aseguraba que los fluídos eran de su perro. Aunque en primera instancia, advirtió que la sangre era suya y que era producto de la mala instalación de una puerta.
Roberto Colón, sujeto condenadon a prisión.
Inclusive, en tono burlesco le decía a los policía que revisaban su casa ue «encontraran el cuerpo», dando a entender que en el sitio no había ningún cadáver. Finalmente no fue así.
En el interrogatorio comentó que «despidió a Gómez Mulett como cuidadora de su madre porque creía que su esposa le había robado miles de dólares. Dijo que fue a una cita con el médico después de una discusion con ella y que cuando regresó a casa, su esposa no estaba».
Sin embargo, esta version, fue desmentida al conocer que Colón asesinó a la mujer.
Cabe anotar que María Estela se hallaba desaparecida desde el 28 de febrero de 2021.
De acuerdo a los testimonios de amigos de la colombiana, ella se casó con Colón para adquirir la ciudadanía estadounidense. Ambos se conocieron semanas antes.
Ella también cuidadaba de la madre de este hombre, mujer de avanzada edad que padece de demencia senil.
María Estela era natural de Corozal. Sucre. Además bacteriológa de profesión. Tenía dos hijos.
Seguidores del presidente Castillo exigen el cierre del Congreso para que el presidente gobierne por decreto, durante una marcha celebrada en Lima, Perú, esta semana.leslie searles
No tiene televisor, ni radio y no está acostumbrado al hábito de la lectura. Para aligerarle la tarea, los asesores le resumen en un documento de Word los principales titulares de los periódicos. El presidente ojea la página en la silla de su oficina de estilo virreinal con acceso a un balcón y vista a un parterre. Los que han visitado el lugar en estos seis meses destacan que dentro reina la tranquilidad de un jardín japonés. “Fuera se derrumba el Perú, pero ahí parece que no pasa nada”, cuenta un ministro que perteneció al Gabinete hasta hace una semana.
La sorprendente llegada al poder en julio del año pasado de Pedro Castillo, un profesor rural de 52 años sin ningún vínculo con el establishment, acaso el presidente más improbable de la historia del país andino, no ha frenado la descomposición institucional de la nación. Su Gobierno, como los anteriores, vive una crisis continua. El presidente ha remodelado su Gabinete (o se ha visto obligado a hacerlo) en cuatro ocasiones. El penúltimo equipo de ministros solo le duró siete días. Son ya 29 los ministros cambiados. El Congreso, controlado por la derecha, maniobra desde noviembre para destituirlo. Castillo, un hombre que siempre aparece con un sombrero con el que reivindica la diversidad cultural del país, podría enfrentar el mismo destino trágico que sus predecesores en el cargo, que acabaron censurados, en la cárcel o quitándose la vida.
Perú, de 33 millones de habitantes, se ha sumido de nuevo en la convulsión. En América Latina se le ha puesto la etiqueta de ingobernable. Se suceden los dirigentes quebrados. Los peruanos se preguntan qué clase de maldición ha caído sobre ellos. El poder está copado por extremos que, bajo la superficie, se sostienen por estructuras corruptas y clientelares. Problemas históricos como la educación, la sanidad o el transporte permanecen irresolubles porque muchos congresistas trabajan como garantes del statu quo de estos sectores, amparados en la informalidad. La palabra gruesa domina el debate público. El Congreso, siempre fragmentado al no existir los partidos políticos tradicionales, es una herramienta para delimitar el poder presidencial y, llegada la hora, guillotinarlo. Perú lleva en esa espiral seis años.
El congresista Guido Bellido, el primer jefe de gabinete que nombró Castillo, conversa con una ciudadana en las calles de Lima, esta semana.Leslie Searles
Castillo llegó con un mensaje de apoyo a los pobres y de lucha contra las empresas extranjeras extractivas que le valió el apoyo de los más desfavorecidos, sobre todo en las regiones andinas. En este tiempo ha confiado la economía a políticos sólidos que han mantenido los mercados al alza. La moneda, pese a todo, ha permanecido estable. La vacilación de sus gabinetes, sin embargo, ha frenado las reformas sociales y económicas que se necesitan.
Los ministros que se han ido en las últimas semanas del Gobierno describen a Castillo como un hombre hermético, rodeado de unos asesores que controlan toda su agenda. Ni la primera ministra Mirtha Vásquez, la número dos, tenía acceso directo a él. “En Palacio tienen una política perversa. Todo el día lo tienen recibiendo gente de su pueblo (Castillo es de un lugar remoto de los Andes), amigos, conocidos…”, describe Vásquez. Ella y otros consultados concuerdan en que predomina la extrema informalidad y la improvisación constante.
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La minoría con la que gobierna Castillo le obliga a buscar alianzas con otros pequeños grupos en la Cámara que, llegado el momento, puedan frenar un proceso de destitución. El resultado es una amalgama de ideologías e intereses contrapuestos. El profesor hizo campaña con un partido marxista-leninista, Perú Libre, integrado por sindicalistas y líderes universitarios de la vieja izquierda, muy conservadores en lo social, homófobos y misóginos. Cuando Castillo llegó por sorpresa a la segunda vuelta se le unió la progresía urbana limeña, que confiaba en imponerle una agenda moderna. Lo ha logrado a medias. A su vez se suman otros grupúsculos regionales con intereses muy particulares, acostumbrados a las pequeñas corruptelas de la política de pueblo. Así se explica que para sustituir a una feminista como Vásquez en el consejo de ministros nombrara a Héctor Valer, un ultraconservador denunciado por maltrato. El clamor popular le hizo rectificar. O que ahora nombre ministro de Sanidad a un médico que publicitaba un agua milagrosa.
Acostumbrado a la libertad del campo, Castillo se queja a menudo de la claustrofobia de vivir encerrado en Palacio. Cuando el anterior presidente Francisco Sagasti le mostró las dependencias dijo, medio en broma, que no había espacio suficiente para una vaca. No le entusiasma la comida sofisticada que prepara el chef de la casa de Gobierno. Prefiere prepararse él mismo una sopa en un apartamento de la ciudad, la que se conoce como la casa de Sarratea. Allí también despachaba como jefe de Estado hasta que le avisaron de que podría estar infringiendo la ley. La Fiscalía ha abierto una investigación por una reunión que mantuvo con una lobista que después medió en una concesión. Alguno de sus ministros le sugirieron que levantara su secreto bancario para despejar cualquier duda de enriquecimiento ilícito.
—¿Qué es eso?—, preguntó Castillo.
—Van a entrar en su cuenta para mirar cuánta plata tiene—, le respondieron.
—Van a ver que traigo deudas porque construí una casa con mi papá.
—Entonces verán que usted es inocente, presidente.
La coincidencia de su presidencia con algunas fechas históricas dispararon las expectativas. Se celebró el bicentenario de la independencia de Perú. Los 500 años de la conquista de México. La gente volvió a creer en las utopías. Por fin, se decía, los oprimidos llegarán al poder. Castillo era un símbolo sociocultural que despertó el temor de las élites. “Hemos bajado la valla en el cerebro de la gente”, explica Guido Bellido, el primer ministro del primer Gabinete. “Ha llegado a la presidencia el último de la clase, el que tenía todas las limitaciones, el más humilde”, añade. Bellido, quechua, cuestionado cuando llegó por sus bravatas homófobas en redes sociales, se pone a sí mismo como ejemplo: “Si yo he sido premier, lo puede ser cualquier peruano”.
Anahí Durand fue la primera ministra de la Mujer de Castillo. En un escenario tan polarizado, su partido de izquierdas, Nuevo Perú, se volvió el centro. Apoyó a Castillo frente a la corrupción histórica de Fujimori y su entorno, que era la otra alternativa. Les criticaron por respaldar a un presidente cuyo entorno era ultraconservador. “La élite estaba en pánico porque es racista, clasista, les asustaba todo lo que implicaba que llegara alguien como Castillo. Desde el primer minuto quisieron acabar con él. En un escenario tan hostil, la precaridad del Gobierno se ha sentido más”. Cree que esta insistencia lanza un mensaje preocupante, antidemocrático. La subsistencia se convierte más en un objetivo que el acto de gobernar el país: “Impone una lógica de supervivencia y una pérdida de rumbo estratégico. Hemos recibido un país devastado con 200.000 muertos, se ha desvalorizado todo lo que hemos hecho. Sea cual sea el escenario, pierde la izquierda”.
En noviembre del año pasado, según una fuente, Castillo quiso declarar el estado de emergencia. La oposición había convocado una marcha en Lima para promover su destitución. Le dijo a su gente de confianza que tenía informantes en provincia y que venían muchos autobuses, que iba a ser una manifestación gigantesca. “¿Cómo vamos a sacar los militares a la calle? Esto no es Centroamérica”, le cuestionó su número dos, Vásquez. Otros ministros, sin embargo, creyeron que era una buena idea. Horas después, el presidente desistió del plan. La marcha fue pequeña y no tuvo apenas repercusión. “¿Ve presidente? No era nada”, le escribieron por chat.
El exministro Avelino Guillén dimitió de su cargo por la poca firmeza que ha demostrado Castillo para combatir la corrupción policial, retratado en su casa de Lima, esta semanaLeslie Searles
Vladimir Cerrón ve en su despacho Willax Tv, un canal de televisión por cable, difusor habitual de bulos de la ultraderecha. El anticastillismo extremo. Cerrón, neurocirujano y presidente de Perú Libre, quería ser candidato el año pasado, pero le inhabilitaron por un caso de corrupción cuando era gobernador de una región. Entonces eligió a un líder sindical de los maestros que tenía cierto carisma. Ese hombre era Pedro Castillo. Su idea era conseguir un número de congresistas decente para ir entrando en la vida política nacional. Sin embargo, se encontró con una victoria que nadie esperaba. “Castillo fue una voz antisistema durante la pandemia, en un momento crítico. Él expresó eso, no solo en cómo habla, camina y se viste. También maneja una sintaxis pueblerina que el pueblo entendió fácil”, explica.
Cerrón se refiere a Castillo como “el del sombrero” o “el ensombrerado”. Por su locuacidad, radicalidad de ideas ultraizquierdistas, muy conservadoras a la vez, sus enemigos siempre han dicho que Cerrón es una especie de presidente en la sombra. Quizá fue así hasta que Castillo destituyó en octubre a su primer gabinete y se alejó de Cerrón. En el cuarto Gobierno, el que vivimos ahora, Castillo vuelve a contar con varios políticos del partido, algunos francamente mejorables. “Considero de que si el presidente se aparta de Perú Libre como lo ha estado las primeras ocasiones definitivamente las malas compañías lo van a llevar al filo de la corrupción. Ahora vuelve a tomar el contacto con el partido, que marca una línea política (marxista). Si el presidente mantiene esa línea, va a terminar su periodo (en 2026)”.
Cerrón se refiere a los vacíos de los que hablan los que han trabajado estrechamente con él: “Por su extracción de clase es lógico que no tenga los conocimientos de un estadista. Pero los líderes nacen con esas cualidades innatas, como Evo Morales. Uno puede llegar con múltiples carencias al Gobierno, pero lo imperdonable es que una vez dentro no se quiera aprender. Yo creo que Pedro está aprendiendo”.
¿Qué flota en el ambiente cuando un presidente está a punto de que lo destituya el Congreso?
De eso debe saber algo Martín Vizcarra, un señor alto, con el pelo tintado de negro. Lo echaron después de dos años y ocho meses de gestión, tras haber sustituido a Pedro Pablo Kuczynski, investigado por tráfico de influencias en el caso Odebrecht. “Era lunes, 9 de noviembre de 2020″, recuerda la fecha funesta. Nos observa un retrato suyo gigantesco incrustado en el mural de la sede de su partido. Más tarde le inhabilitaron para ejercer un cargo público al descubrirse que se había vacunado cuando no le tocaba, en un momento en el que las morgues estaban llenas. Su popularidad tocó fondo. En las librerías hay varias novedades demoledoras en su contra, sobre todo porque una buena parte de la población le creyó, le vio como el político que venía a acabar con la condena de la ingobernabilidad. No resultó. Sin embargo, aspira a volver a presentarse y ganarse de nuevo a los peruanos. ¿Se merece Castillo pasar por donde pasó él? “Sí, son cosas diferentes. A mí me apoyaba la gente, a él ya no”, sostiene con los ojos brillosos.
El expresidente Matín Vizcarra, el último presidente peruano destituido por el Congreso en 2020, retratado en la oficina de la sede de su partido, en Lima, Perú, esta semana.Leslie Sears
Castillo es un presidente que toma decisiones en aguas turbias. O más bien, que no las toma. El ministro de Interior, Avelino Guillén, empezó a alertarle hace meses de que el jefe de policía comandaba una mafia que vendía ascensos y traslados de oficiales por 20.000 dólares. Además, había debilitado las unidades anticorrupción. Guillén, narra en el salón de su casa, esperaba horas en la puerta de su oficina hasta que le daba entrada para hablar del asunto. Después descubrió, por el registro de visitas, que el presidente despachó en más ocasiones con el mando policial que con él. “Se maneja de manera errática. Y lo que es chocante es que está desconectado de la realidad. Él depende solo de la información que le dan sus asesores, que se la dan sesgada”, agrega. Guillén dimitió después de que el presidente le dejara en visto un mensaje de WhatsApp. Antes mantuvieron una última reunión, según otros testigos presentes, en la que se discutió la reforma policial.
—La policía es una institución muy corrupta— le volvió a advertir el ministro de Interior.
—¿Sí? Yo ni sé cómo funciona la policía— contestó, de acuerdo a esta versión.
—Sí lo sabe, le he hecho llegar documentos donde le explico— insistió Guillén.
En ese momento, Castillo trata de abrir sin éxito un cajón de su escritorio. Y dice:
—Lo guardé acá, pero he perdido la llave.
De acuerdo con el testimonio de la gente que ha frecuentado el palacio, vive obsesionado con la intercepción de sus comunicaciones. Borra todos los mensajes instantáneos que envía por teléfono cuando la otra persona ya lo ha leído. Pretendía instalar una oficina del servicio secreto peruano cerca de su despacho. En ese cargo ha colocado a un jefe de policía de Chota, de donde es él, con poca experiencia en el mundo de los espías. El funcionario envía los informes confidenciales a través de WhatsApp, que viene a ser como subirlos a un foro de Internet. Suya era la idea de instalar un polígrafo y Castillo estaba de acuerdo, pero finalmente le convencieron de que no resultaba de ninguna utilidad.
La popularidad de Castillo se ha desplomado. Algunos indicadores de su Gobierno, no. La vacunación de los peruanos ha seguido a un buen ritmo y las clases presenciales volverán el mes que viene. La sensación alrededor del Gobierno, sin embargo, es de caos e ingobernabilidad. Las reformas en los transportes, las pensiones y la Constitución que prometió el presidente en campaña ni siquiera han echado a andar. Sus enemigos del Congreso lo quieren destituir, pero si ocurre eso, ¿con qué nos encontraremos? “Después de esta crisis, otra crisis. Así nos hemos acostumbrado a vivir aquí”, resume un intelectual peruano.
Con la colaboración de Jacqueline Fowks.
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El presidente Mahmud Abbas interviene ante la Organización para la Liberación de Palestina, el domingo en Ramala.PALESTINIAN PRESIDENT OFFICE (PP (via REUTERS)
Después de casi 17 años sin haberse vuelto a someter a las urnas, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, de 86 años, ha situado en puestos clave a dirigentes de la vieja guardia del partido nacionalista Fatah para seguir aferrado al poder y contar con potenciales sucesores en el cargo. En medio del boicot de las fuerzas islamistas y de la izquierda, la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) ha incluido en su Comité Ejecutivo a estrechos colaboradores del rais en la reunión celebrada el domingo y el lunes en Ramala (Cisjordania) por el Consejo Central de la organización, reconocida por la ONU como la máxima representación del pueblo palestino. El Consejo no se ha había reunido desde 2018.
El ministro para Asuntos Civiles, Husein al Sheij, de 61 años, se perfila como delfín del anciano mandatario tras ser catapultado al Comité Ejecutivo con marchamo de favorito para el puesto de secretario general de la OLP. El estratégico cargo está vacante desde la muerte en 2020 a causa de la covid de Saeb Erekat, quien estuvo presente en las negociaciones palestinas con Israel desde la Conferencia de Madrid de 1991. Al Sheij está a cargo de las relaciones con Israel en el seno de la Autoridad Palestina y mantiene fluidos contactos con Estados Unidos.
Su nombre empezó a cobrar fuerza como aspirante cuando Abbas hizo que le acompañara en las reuniones que mantuvo con el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, celebradas en agosto (en Ramala) y diciembre (en Rosh Haayin, área de Tel Aviv). El jefe de los servicios de inteligencia, Mayid Faraj, de 58 años, también participó en ambos encuentros, pero su influyente figura suele permanecer en la sombra y al margen de las pugnas internas entre candidatos a la sucesión. Al Sheij, quien también se ha entrevistado recientemente con el ministro de Exteriores israelí, Yair Lapid, cuenta con amplio respaldo político en el aparato del partido del presidente palestino, pero carece de la popularidad de Erekat y de otros líderes de Fatah.
En el reciente cónclave de Ramala también fueron promocionados otros dos leales de la vieja guardia de Abbas. Por un lado, Rawhi Fatuh, de 73 años, seleccionado para presidir el Consejo Nacional, órgano legislativo de la OLP, clave a la hora de decidir la sucesión en el poder. Por otro, el economista Mohamed Mustafá, de 68 años, responsable del Fondo de Inversión Palestino, quien pasa a ocupar el puesto dejado en el Comité Ejecutivo por la diputada Hanan Ashrawi, de 75 años. Ashrawi, que también se dio a conocer en la escena internacional como portavoz palestina en la Conferencia de Madrid, dimitió el año pasado en protesta por la represión de las protestas populares contra la corrupción y el encarcelamiento y muerte de un disidente.
El movimiento islamista Hamás y Yihad Islámica no asistieron a la sesión de Ramala. A pesar de no formar parte de la OLP, ambos grupos habían sido invitados. También boicotearon la reunión del Consejo Central partidos de la izquierda como el Frente Popular para la Liberación de Palestina e Iniciativa Palestina. “Estos nombramientos son nulos y carecen de consenso. Es un simple reajuste interno del equipo de Abbas”, advirtió un portavoz de Hamás, citado por Reuters en Gaza.
El octogenario Abbas concentra nominalmente todo el poder con una triple corona, al menos en Cisjordania, bajo la ocupación militar israelí que se prolonga desde hace más de medio siglo. Es presidente de la Autoridad Palestina, de la OLP y líder de Fatah. En mayo de 2018 fue dado de alta en un hospital de Ramala, donde estuvo ingresado durante más de una semana en medio del secretismo. Fumador empedernido y con evidente sobrepeso, su agenda oficial suele estar sobrecargada a pesar de su edad. En 2016 fue intervenido quirúrgicamente de una complicación cardiaca.
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El rais palestino no ha dejado atada su sucesión. La perspectiva de su repentina desaparición causa inquietud entre los responsables diplomáticos, comenzando por los de Israel y siguiendo por los de EE UU y la UE, que fían la estabilidad de Cisjordania a su permanencia en el poder. La Ley Básica, el texto constitucional palestino, prevé que si el mandatario muere o resulta incapacitado, el presidente del Consejo Legislativo debe ocupar interinamente la presidencia durante la organización de los comicios. Al frente del Parlamento —que no se ha renovado ni se ha reunido desde 2006— se encuentra un diputado de Hamás.
Elegido presidente en 2005 para un mandato de cuatro años, ha seguido controlando las riendas de todos los centros de poder sin someterse de nuevo al escrutinio de las urnas. El año pasado convocó elecciones legislativas y presidenciales, pero las canceló pocos meses después con el pretexto de que Israel no iba a permitir votar a los palestinos residentes en Jerusalén Este.
Líderes nacionalistas que tuvieron a sus órdenes fuerzas o grupos armados —el exresponsable de los cuerpos de seguridad en Gaza Mohamed Dahlan, de 60 años, y el exdirigente de la Segunda Intifada Marwan Barguti, de 62 años— cuentan con respaldo popular entre los palestinos. El primero, apadrinado por Egipto y países del Golfo, vive exiliado en Dubái tras haberse enfrentado a Abbas en el pasado. Cuenta con influencia entre sectores nacionalistas laicos de Gaza y en los campos de refugiados de Cisjordania con presencia de grupos armados afiliados a Fatah.
Barguti cumple varias condenas a perpetuidad en una cárcel de Israel, cuya justicia le sentenció por cargos de terrorismo como máximo responsable de atentados durante la Segunda Intifada (2000-2005). Sigue siendo el favorito de la calle palestino y su figura, reconocida en toda la sociedad palestina como símbolo frente a la ocupación, supera en popularidad a la de los líderes de Hamás.
Washington está presionando para que se produzca un giro en una sociedad mayoritariamente joven, que reivindica el fin del autoritarismo y la mejora de la calidad de vida. El secretario de Estado de EE UU, Antony Blinken, telefoneó al presidente Abbas la semana pasada para reclamarle “reformas” en la Autoridad Palestina. El mandatario hizo una vaga alusión a la necesidad de reformas y la unidad entre las fuerzas palestinas en su discurso ante la dirección de la OLP la noche del domingo, pero el ‘statu quo’ sigue inalterado.
Las encuestas reflejan que más de las dos terceras partes de los palestinos exigen la salida del rais del poder, después de más de tres lustros marcados por la corrupción (que se extiende a la familia del presidente) y la represión de la oposición pacifica. La ausencia de procesos electorales nacionales ha privado también a Abbas de la legitimidad que heredó a la muerte en 2004 del líder histórico palestino, Yasir Arafat. En medio de la crisis económica derivada de la pandemia que golpea a Cisjordania, Israel solo ofrece ahora economía a cambio de paz, pero sin territorio para un Estado.
Manifestación contra la Autoridad Palestina, el domingo en Ramala.HAZEM BADER (AFP)
La solución de una confederación
Dos exnegociadores han recogido el testigo del diálogo entre israelíes y palestinos suspendido desde 2014. En la actualidad, el heterogéneo Gobierno de amplia coalición de Israel (con partidarios y detractores de un Estado palestino) no incluye en su programa el regresó a la mesa de conversaciones. El exministro Yosi Beilin, uno de los arquitectos de los Acuerdos de Oslo de 1993, y la jurista palestina Hiba Husseini, que participó en rondas negociadoras en 1994, han recuperado el espíritu de la llamada Iniciativa de Ginebra, un detallado plan de paz presentado en 2003 que solo se plasmó sobre el papel.
Un camino similar aguarda previsiblemente a la propuesta de Beilin y Huseini de formar una confederación entre Israel y Palestina para dar respuesta al estancamiento de la solución de dos Estados separados. El eje de esta iniciativa es el intercambio territorial, para reagrupar bloques de asentamientos judíos en Cisjordania, de un lado, y zonas israelíes con mayoría de población palestina, de otro. También contempla la permanecía del resto de los colonos en Estado palestino de nueva planta en calidad de residentes permanentes. Ambos autores del proyecto tienen previsto presentarlo este viernes al secretario general de la ONU, António Guterres, según ha adelantado el portal digital informativo Times of Israel.
Las buenas intenciones de los promotores de la iniciativa confederal llevan rumbo de colisión contra la realidad de los hechos sobre el terreno. La Autoridad Palestina solo mantiene el control exclusivo sobre la llamada área A –las grandes ciudades y su entorno–, que representa un 18% de Cisjordania. Las tropas israelíes siguen penetrando a su antojo, sin embargo, dentro de ese perímetro por razones de seguridad. En otro 21% del territorio, los palestinos asumen la gestión civil mientras el Ejército se ocupa de vigilar la llamada área B, que incluye poblaciones menores. El restante 61%, el área C, se halla por completo en manos de Israel.
Jerusalén Este, anexionada por el Estado judío en 1980, es la futura capital de un Estado palestino inexistente. Y en la franja de Gaza Hamás impone un Gobierno de hecho desde 2007. Todos los intentos de reconciliación entre Fatah y Hamás han chocado con el cisma sectario que envenena las relaciones de las facciones políticas.
Durante tres decenios Mahmud Abbas se ha esforzado en construir las instituciones palestinas que él contribuyó a alumbrar en los Acuerdos de Oslo. Los albaceas de este legado, cooptados entre una vieja guardia política sin refrendo popular, parecen estar ahora muy alejados de la mayoría social de Palestina.
Un antiguo coronel de los servicios de inteligencia sirios ha sido condenado por la justicia alemana a cadena perpetua por crímenes contra la humanidad en el marco del primer juicio en el mundo vinculado a los abusos cometidos por el régimen de Bachar el Asad. Anwar Raslan, de 58 años, era el principal acusado en un proceso histórico que ha dado esperanza a muchos de los 800.000 sirios que residen en Alemania de que se haga justicia después de que fracasaran los intentos de establecer un tribunal internacional para Siria.
El Tribunal Superior de Coblenza que ha condenado a Raslan se ha basado en el principio de jurisdicción universal, que permite juzgar delitos graves en tribunales de terceros países. El proceso empezó en abril de 2020 y causó gran revuelo a nivel internacional. Desde 2002, Alemania es uno de los países europeos con una interpretación más amplia de lo que se considera justicia universal, lo que le permite, por ejemplo, juzgar a acusados de crímenes de lesa humanidad sin necesidad de que entre las víctimas haya ciudadanos alemanes, como exigen otros Estados de la Unión Europea. Más de 80 testigos y varias víctimas de tortura han comparecido en Coblenza para relatar las barbaridades cometidas durante la guerra civil siria.
El tribunal considera probado que Raslan cometió 27 asesinatos y que fue responsable de la tortura de al menos 4.000 personas en una prisión gestionada por el servicio de inteligencia en la capital siria, Damasco, donde era jefe de interrogatorios. El veredicto incluye también condenas por otros delitos como las lesiones graves, agresiones sexuales y privación de libertad. La Fiscalía acusaba a Raslan del asesinato de 58 personas. La defensa había pedido la absolución.
Los jueces consideran que el excoronel era quien supervisaba y tomaba las decisiones como jefe de la unidad de investigaciones del departamento de inteligencia 251, que dirigió entre 2011 y 2012. De ese departamento dependía la cárcel de Al Jatib, donde se cometieron los crímenes.
Raslan fue detenido en febrero de 2019, cinco años después de su deserción de las filas del régimen sirio y de que consiguiera entrar en Alemania como refugiado. Mientras permaneció en el país haciéndose pasar por otra de las muchas víctimas de la guerra y la represión llegó a participar en las conversaciones de paz de Ginebra II como parte de la delegación de la oposición siria en 2014. Durante el juicio ha defendido que simpatizaba en secreto con la oposición y que nunca torturó ni dio órdenes para que nadie lo hiciera.
La justicia ha podido actuar contra Raslan gracias a que otro refugiado le reconoció en Berlín. La ONG alemana Centro Europeo para los Derechos Humanos y Constitucionales (ECCHR, por sus siglas en inglés), que se dedica a dar asistencia jurídica, le ayudó a presentar una denuncia y empezó así un proceso que ha ido sumando decenas de testimonios recogidos por la Fiscalía General y la policía. Los miles de fotografías de víctimas de la represión que un informante, conocido con el seudónimo César, pudo sacar del país y que documentan el horror de las cárceles sirias, también han contribuido a construir el caso.
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La justicia alemana dictó el primer veredicto en este proceso el año pasado. El tribunal de Coblenza condenó a un antiguo miembro de los servicios secretos sirios, Eyal Alghareib, de 44 años, a cuatro años y medio de cárcel como cómplice de un crimen de lesa humanidad por haber ayudado a otros a privar de libertad y a torturar a 30 personas mientras estaban bajo su custodia. Fue la primera vez que un tribunal de justicia calificó lo sucedido en Siria como crímenes de lesa humanidad.
La acusación contra Alghareib, agente de menor rango que Raslan, se disgregó de la principal, lo que permitió acelerar el procedimiento. Alghareib llegó a Alemania en abril de 2018, también como solicitante de asilo. En otoño de 2011, después de que el régimen disolviera violentamente una manifestación en Duma (al sudeste del país), participó en el arresto de 30 personas y en su traslado a la cárcel del departamento 251 en Damasco. Según el tribunal, les custodió en uno de los autobuses y “vio que ya habían sido golpeados de camino a la prisión y al llegar a ella”. El acusado “sabía de la tortura regular y sistemática” en ese centro y “la aceptó”, afirmaron los jueces.
“Este veredicto es importante para todos los sirios que han sufrido y siguen sufriendo los crímenes del régimen de El Asad. Demuestra que la justicia no debería seguir siendo un sueño para nosotros. Es solo un comienzo y tenemos un largo camino por recorrer, pero para nosotros, las personas afectadas, este juicio y el fallo de hoy son un primer paso hacia la libertad, la dignidad y la justicia”, declaró Ruham Hawash, superviviente sirio de la cárcel de Al Jatib y uno de los demandantes en el caso, en palabras recogidas en un comunicado de ECCHR.
“Es solo un primer paso para abordar los crímenes en Siria, pero ese primer paso suele ser el más difícil”, aseguró Patrick Kroker, abogado del ECCHR. “El objetivo sigue siendo llevar a altos cargos de El Asad, como el exjefe de inteligencia de la Fuerza Aérea Jamil Hassan, ante la justicia por sus crímenes”. Esta ONG presentó en 2017 una querella contra Hassan y al año siguiente la justicia alemana emitió una orden de arresto internacional contra él.
De izquierda a derecha, Travis McMichael, William «Roddie» Bryan y Gregory McMichael, acusados en el caso de Ahmaud Arbery, durante su juicio en el juzgado del condado de Glynn en Brunswick, Georgia.AP
Gregory McMichael, antiguo policía de 66 años, y su hijo Travis, de 35, blancos, han sido condenados este viernes a cadena perpetua por el asesinato de Ahmaud Arbery, un afroamericano de 25 años que corría desarmado en un barrio del Estado de Georgia en febrero de 2020. Los McMichael persiguieron al joven montados en una camioneta, lo amenazaron para que se detuviera y lo acorralaron. Tras un forcejeo, Travis disparó tres veces a Arbery. La fiscalía lo describió como “un linchamiento a plena luz del día”. William Roddie Bryan, de 52 años, un vecino que se sumó a la persecución y grabó el suceso, fue declarado culpable de dos cargos de homicidio, ha sido condenado a cadena perpetua con derecho a libertad condicional.
El juez Timothy Walmsley guardó un minuto de silencio antes de dar a conocer la sentencia del caso de alto perfil en Estados Unidos. Enseguida, describió a Arbery como un “joven con sueños” que “salió de casa a correr y terminó corriendo para salvar su vida”. A finales de noviembre, un jurado popular deliberó que los implicados en la muerte de Arbery eran culpables. Gregory McMichael fue declarado culpable de cuatro cargos de homicidio involuntario, agresión agravada, detención ilegal, e intento de cometer un delito grave. Su hijo Travis, de los mismos cargos, sumando al de asesinato intencional.
La defensa de los McMichael intenó aferrarse a la figura del “arresto ciudadano”, una ley de Georgia que permite que una persona arreste a otra si esta comete un delito “en su presencia o dentro de su conocimiento inmediato”. “Si el delito es un delito grave y el delincuente escapa o intenta escapar, una persona privada puede arrestarlo por motivos razonables y probables de sospecha”, reza la normativa. El juez Walmsley aseguró que “tomar la ley en sus propias manos es una comportamiento peligroso”.
Wanda Cooper-Jones, madre del joven fallecido, afirmó en el tribunal antes de que se conociera la sentencia: “Este veredicto no te trae de vuelta, pero sí ayuda a cerrar este capítulo tan difícil de mi vida”. “¿Sabes algo que no me sienta bien en este momento? Que el hombre que mató a mi hijo se ha sentado en esta sala todos los días junto a su padre. Yo nunca más tendré esa oportunidad. Ni en la cena, ni en las vacaciones, ni en una boda“, dijo Marcus Arbery, padre de Ahmaud. Su esposa dijo antes de entrar a la sala que no quería “escuchar nada” de los acusados, quienes también tenían la oportunidad de hablar. “No hay nada que puedan decirme hoy que me haga sentir mejor. Extraño a Ahmaud más y más cada día”, sostuvo Cooper-Jones. Los imputados no hablaron, pero la abogada de Gregory McMichael describió a su cliente como un “hombre bondadoso” que no tenía la intención de matar a Arbery. “Si nunca quisiste que otra persona muriera no puedes ser lo peor de lo peor”, afirmó la defensa.
El 23 de febrero de 2020 Ahmaud Arbery salió a correr por un suburbio residencial de Brunswick (Georgia). Los McMichael lo vieron pasar por casa y, según su defensa, pensaron que era un ladrón que había estado rondando por el barrio. Ambos cogieron sus armas, se subieron a su camioneta con una bandera confederada en la matrícula, y persiguieron al joven durante cinco minutos. El padre conducía, y su hijo iba subido a la parte trasera descubierta. Arbery, que no se quiso detener cuando los hombres se lo pidieron, fue interceptado. Travis bajó del vehículo con una escopeta y comenzó un forcejeo con el perseguido por el control del arma. Durante la disputa, hubo tres disparos que acabaron con la vida de Arbery.
Momentos después del tiroteo, uno de los presentes dice “nigger”, según se escucha en el vídeo, considerado el peor insulto hacia la población negra por su pasado vinculado a la esclavitud. El vídeo no salió a la luz hasta más de dos meses después del suceso. Durante ese tiempo los hombres implicados en la muerte gozaron de plena libertad. Las imágenes provocaron una ola de indignación en las calles, a principios de mayo de 2020, solo unas semanas antes la muerte de George Floyd en manos de la policía, que desencadenó la mayor ola de protestas raciales en medio siglo en Estados Unidos.
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