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Foto Alcaldía de Cali

Bajo la teoría de ‘ventana rota’ y como lo dispone el Código de Seguridad y Convivencia, alrededor de 70 predios que fueron objeto de vandalismo durante los disturbios de 2021 están siendo intervenidos y encerrados.

“Después de los actos del estallido social, que duraron alrededor de dos meses y que dejaron como resultado una serie de inmuebles destruidos, tal como sucedió con dos sedes bancarias ubicadas en la calle 5 con carrera 31 –frente a la iglesia de San Fernando Rey– o en la calle 5 con carrera 26 y avenida Circunvalación con carrera 52, entre otros, el Gobierno Distrital se vio en la obligación de ejecutar los correspondientes cerramientos”, aseguró Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control.

El funcionario dijo que estos predios estaban comprometiendo la seguridad ciudadana, toda vez que eran empleados como depósitos de basuras y escombros o guaridas de antisociales, grupos criminales y habitantes de calle, situaciones que afectaban los entornos.

“Si bien en principio se detectaron seis bienes en ese estado de deterioro, ya las autoridades tienen un inventario de más de 70 en toda la ciudad, a los cuales se les estará aplicando la medida urgente de cerramiento, taponamiento con mamparas duras y rejas, para evitar situaciones que afecten la tranquilidad y la convivencia”, enfatizó Dranguet.

Según el Subsecretario, el Gobierno Distrital se ha venido comunicando con algunos propietarios, quienes realizarán su propio cerramiento. En cuanto a los que no accedan, la Alcaldía lo hará por ellos, pero luego les cobrará las correspondientes costas por este servicio.

Sostuvo que estas acciones se toman como medida urgente con adecuaciones e inversiones locativas, para minimizar la inseguridad y evitar afectaciones a los ciudadanos.

“Así como lo establece la teoría de ‘ventana rota’, no queremos tener la ciudad abandonada, sucia y con focos de inseguridad. Queremos tener nuestra casa común limpia y bonita, haciendo invitación a los propietarios a que las intervengan; de lo contrario, lo haremos como Alcaldía para garantizar la seguridad de todos y todas”, concluyó el subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control, Jimmy Dranguet.

Fuente: Gustavo Sánchez / Alcaldía de Cali


Control de armas en las calles de Guayaquil, a finales de enero.
Control de armas en las calles de Guayaquil, a finales de enero.VICENTE GAIBOR DEL PINO (REUTERS)

El miedo campa en Guayaquil. La delincuencia en la capital económica de Ecuador ha alcanzado tal nivel que ha encerrado a los ciudadanos en sus casas. El país comenzó el año con un récord de 329 asesinatos contados hasta el 4 de febrero, que dejó lejos la ya exagerada cifra de muertes violentas del 2021. Guayaquil concentra un tercio de esas muertes. El año pasado ya se cerró con el doble de homicidios que 2020 -2.464 hasta el 30 de diciembre- y en enero hubo 122, una cifra mucho menor que la registrada este año.

Las muertes llegan en grupo, como ocurrió en unas canchas de fútbol en el sur de Guayaquil, cuando cinco personas fueron acribilladas por un supuesto enfrentamiento entre bandas a las nueve de la noche. Pero también ocurren en zonas turísticas, como le pasó a un visitante holandés al que mataron por tratar de robarle en las icónicas escalinatas de Las Peñas. Otro hombre fue ejecutado a modo de sicariato mientras cenaba en un restaurante lleno de gente en el norte de la ciudad. Y un repartidor que se perdió en un barrio marginal terminó muerto en un asalto para quitarle la motocicleta con la que trabajaba. Todo esto en el mes de enero.

La reacción oficial ha sido reforzar la presencia de cuerpos de seguridad en las calles y asociar la situación al narcotráfico internacional. El pasado octubre, el Gobierno decretó el estado de excepción y movilizó a militares en las calles, pero la ola de violencia no bajó. “Estaremos listos para responder ante cualquier reacción de los grupos de delincuencia organizada”, advirtió el pasado viernes la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, al informar en una rueda de prensa de la detención de diez miembros de la banda Los Lobos, que según la Policía, es una de las que se disputa el control de la ruta de la droga dentro del país. “Un golpe de esta naturaleza puede tener efectos en varios lugares y aumentar la violencia”, auguró la ministra, que considera que se está librando una “guerra” entre el Estado, la sociedad y las bandas criminales.

La perturbación en la tranquilidad de la gente es tan palpable que las principales avenidas del centro de Guayaquil se quedan desiertas al caer la actividad laboral y los negocios comerciales se lamentan por la falta de clientes, aquejados además por las restricciones de la pandemia de covid-19.

La raíz del despunte de inseguridad es que Ecuador es hoy, de acuerdo a la explicación gubernamental, el punto de salida del narcotráfico internacional hacia Estados Unidos y Europa debido a la porosidad de las fronteras terrestres con Colombia y Perú. Y eso repercute en la violencia urbana, pero también en enfrentamientos recurrentes entre bandas dentro las cárceles del país y en las cifras récord de incautaciones. Hasta el 26 de enero, van más de 15 toneladas detectadas, el triple que hace un año. En todo 2021, llegaron a las 210 toneladas, casi el doble del año anterior. A la par, hubo más de 300 presos muertos en al menos cinco brotes de violencia dentro del sistema penitenciario.

Estos “logros”, declaró el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso sobre las incautaciones, “tienen consecuencias como el aumento de muertes violentas en las calles como ha sucedido en enero”. Por eso, justificó el despliegue de militares en labores de patrullaje junto a 1.100 efectivos de la policía. No especificó el número de soldados que recorrerían las calles del país, pero prometió además entregar nueve millones de dólares para equipar a la Policía con autos, motos y armas. Días después, Lasso reconoció que la lucha contra el narcotráfico no era una “pelea fácil” y que sería irresponsable dar una fecha sobre cuándo terminaría la batalla y volvería la tranquilidad al país.

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