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Otro golpe al narcotráfico, destruyeron laboratorio que procesaba 4 toneladas de droga en Nariño

Durante el operativo de destrucción del laboratorio, también fueron encontrados equipos y herramientas que eran usadas para procesar estupefacientes.

Noticias Nariño.

Un laboratorio que tenía la capacidad de procesar 4 toneladas de droga al mes, fue destruido en las últimas horas por la Fuerza de Tarea Hércules en Tumaco, reportaron.

Tras varios días de seguimiento,se desmantelaron cinco estructuras que pertenecerían a las disidencias de las Farc.

Señalaron que dedicaban a coordinar acciones logísticas para el suministro de insumos líquidos y sólidos, utilizados para la producción de clorhidrato de cocaína.

“Con su destrucción, las fuerzas militares de Colombia lograron afectar en más de 126 millones de dólares las finanzas de las disidencias de las Farc que delinquen en el pacífico nariñense», dijo el comandante de la Fuerza Tarea Hércules, Jaime Galindo.

Explicó que con este operativo, se evitó la circulación mensual de más de 10 millones de dosis del estupefaciente en el mercado ilegal.

Autoridades también confirmaron que en el lugar fueron hallados 3.750 kilogramos de clorhidrato de cocaína; 260 kilogramos de pasta base de coca, así como 2.236 galones de insumos líquidos y 200 kilogramos de insumos sólidos.

También fueron encontrados equipos y herramientas que eran usadas para el procesamiento del estupefaciente.

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Laboratorios de disidencias y ‘narcos’ siguen operando en Nariño, destruyeron otro que producía 2 toneladas de drogas





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Un expediente confidencial de los años noventa, perdido entre los 16 tomos de unas pesquisas policiales, esconde un oscuro secreto de uno de las sagas familiares más poderosas de Colombia. El documento judicial que ahora ve la luz vincula a los hermanos Char con el tráfico de marihuana y cocaína en Barranquilla, la ciudad en la que ejercen todavía hoy un control total sobre la vida política y empresarial. Uno de sus miembros, Álex Char, es precandidato a la presidencia de Colombia y en algunas encuestas llegó a aparecer como segundo en intención de voto, solo por detrás de Gustavo Petro.

De acuerdo a la documentación que ha sacado a la luz La Liga contra el Silencio, una alianza de medios que promueve el periodismo de investigación, los Char trabajaban con el cartel de la Costa, una organización criminal liderada entonces por Alberto Orlande Gamboa, alias El Caracol. Fuad Char (padre de Álex) y varios de sus hermanos y sobrinos no solo movían la droga, sino que lavaban activos y hacían de testaferros para los miembros del cartel. En ese expediente se explica que El Caracol era un delincuente temido, conocido por todo el mundo, pero que detrás de él se escondían otros “más discretos” y de “cuello blanco”. Eran los Char.

Los documentos en los que aparecen estas revelaciones pertenecen a un expediente judicial abierto por la unidad antinarcóticos contra El Caracol. Se investigaba su responsabilidad en el secuestro y asesinato de otro capo y su escolta. En el cruce de información y datos entre la fiscalía y otros organismos se encuentra este informe de 28 páginas firmado por el CTI, la policía judicial. Incluye fotografías, certificados, listas de colaboradores, sicarios, fiscales, jueces, exministros a sueldo y el nombre de otras familias respetadas de la ciudad. Un verdadero mapa del narcotráfico en el Atlántico.

Este no es el primer escándalo en el que se ha visto involucrado Álex Char últimamente. El candidato que aparece siempre tocado por una gorra de béisbol fue acusado por la excongresista Aida Merlano de ser cómplice en la trama de la compra masiva de votos por la que ella estuvo en la cárcel. Días antes se supo, por otra revelación judicial, que Merlano y Char fueron amantes. Char, que no suele dar entrevistas ni asistir a debates, respondió entonces en las redes sociales. Confirmó la infidelidad a su esposa, pero insistió en que no apoyó a Merlano en ningún caso. Su estrategia fue centrarse en el escándalo como un asunto personal y no en las denuncias de la exsenadora, que incluyen compra de votos, fuga, intento de asesinato y hasta una violación.

A diferencia de los carteles de Medellin o Cali, el de la Costa no tenía una clara organización jerárquica. El expediente cuenta que había una serie de narcotraficantes que de manera puntual llegaban a alianzas y compartían cargamentos, pero que ninguno de ellos podía considerarse más prominente que otro. Orlande Gamboa, sin embargo, era una especie de padrino. “Si alguien quería sacar droga por la Costa, había que preguntarles a ellos porque controlaban los puertos”, sostiene. En el año 2000 fue extraditado a Estados Unidos, donde cumple una pena de 40 años por narcotráfico.

El documento lo firma el entonces jefe de la policía judicial en Barranquilla, Álvaro Vivas. Sostiene que el boom del narcotráfico en la costa se evidencia en los edificios que han comenzado a levantarse de la nada y las millonarias inversiones acometidas por arte de magia en la industria y el comercio local. Sobre los Char escribe: “Mencionar a la familia Char (escrito Chard) (…) parece además de irreverente, irresponsable”, pero, aun así, plantea dudas sobre los orígenes de su enriquecimiento y recomienda evaluar y analizar los datos, así como consultar con Interpol los registros que pudieran existir en otros países.

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Ahí se añade un especie de organigrama de los traficantes de la zona. En la cúpula, Orlande Gamboa. Debajo, junto a otros 72 nombres, los Char. La Liga contra el Silencio ha comprobado que muchos de los que aparecen ahí están en prisión o asesinados. Algunos más fueron absueltos. Y otros, como los Char, nunca fueron investigados.

Hay más entre los papeles. En el fondo, se trata de la historia de una familia. Los Char, a finales de los sesenta, introducían en el país medicinas caducadas que reempacaban eliminando la fecha de caducidad. Pero como de verdad hicieron dinero fue trayendo de Estados Unidos dólares con los que lavaban sus ganancias los traficantes de marihuana. En los ochenta, de acuerdo a este relato, comenzaron a fabricar unas pastillas alucinógenas que exportaban a Estados Unidos y Centroamérica. Sus socios las vendían en Colombia.

Un abogado que habló con los investigadores en condición de anonimato asegura que esas sustancias fueron borradas de la historia de la ciudad de Barranquilla y de los registros de la Policía Judicial: “Hizo mucho daño porque acabó con una generación de jóvenes. Y con menores de edad. Los empresarios que estaban detrás de este cartel dejaron de traer las pastillas de Europa porque se dieron cuenta que era más fácil producirlas en Barranquilla. Frente a esto nunca hubo ni verdad, ni justicia, ni reparación”, dijo.

También se atribuye a los Char nexos con Samuel Alarcón, narco asesinado en la cárcel Modelo de Bogotá en enero de 1995; apoyo logístico y político al Cartel de la Costa, y “participación” en los asesinatos de José de la Espriella (un abogado y periodista conocido como ‘Chepe’) y el narco ‘Kiko’ Valdeblánquez, entre otros. Todo eso guardaba un documento escondido en un archivo olvidado, que ahora ha sido desempolvado.

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El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández fue detenido la tarde del martes en su casa de Tegucigalpa horas después de que Washington solicitara su extradición. Estados Unidos acusa al exmandatario de introducir miles de kilos de cocaína provenientes de Sudamérica durante el periodo en que fue presidente del país centroamericano (2014-2022). Su arresto se produce solo dos semanas después de que acabara su mandato.

En la madrugada de este martes, tras conocerse la solicitud de extradición de Washington, Hernández había reconocido en un audio difundido en sus redes sociales que “no son momentos fáciles” y que estaba dispuesto a “colaborar voluntariamente” con las autoridades después de que decenas de policías se presentaran en la madrugada en su casa de Tegucigalpa fuertemente armados. Su condición de diputado del Parlamento Centroamericano no fue suficiente para garantizar su inmunidad y ahora todo indica que será extraditado en las próximas horas para afrontar una acusación que incluye tráfico de drogas y posesión de armas.

Cubierto con una gorra, una mascarilla y un chaleco antibalas, el exmandatario salió de su vivienda rodeado de uniformados y en un contexto de relativa calma, aunque la imagen en sí supone una chocante sacudida en un contexto de impunidad de un país en el que rara vez hay detenidos y menos aún culpables. La noticia sobre las intenciones de Estados Unidos de llevárselo cuanto antes se conocieron el lunes por la noche, después de que la Cancillería de Honduras informara que había recibido una petición de ese país solicitando formalmente el arresto provisional de “un político hondureño”, del que no se daba su nombre, con el “propósito de extradición”.

La justicia estadounidense ya pisaba los talones del expresidente desde mucho antes de dejar el poder el 27 de enero. En concreto, desde que hace un año su hermano Tony Hernández fue condenado a cadena perpetua en una corte de Nueva York. El nombre de Juan Orlando Hernández fue citado durante el juicio más de cien veces por distintos criminales. Desde el verano pasado, el expresidente fue incluido en el listado de personas señaladas de corrupción o de socavar la democracia y poco después Estados Unidos le retiró el visado. “Estados Unidos está promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en Centroamérica al hacer públicas las restricciones de visa contra el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández debido a actos corruptos. Nadie está por encima de la ley”, dijo hace unos días el jefe de la diplomacia estadounidense Antony Blinken. Blinken marcó el camino al decir que Hernández se había involucrado de forma significativa “al cometer o facilitar actos de corrupción y narcotráfico, y al utilizar las ganancias de actividades ilícitas para campañas políticas”.

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Según difundió la prensa local, Hernández tiene que responder a cuatro delitos que van desde tráfico de drogas a posesión de armas. Según el documento emitido por Estados Unidos, Hernández conspiró para recibir múltiples cargamentos con toneladas de cocaína enviadas a Honduras desde Colombia y Venezuela, mediante rutas aéreas y marítimas para llevar las drogas hacia el occidente de Honduras y de ahí hacia la frontera con Guatemala y finalmente a Estados Unidos. En total, desde 2004, esa alianza politico-criminal movió más 500.000 kilogramos de cocaína a través de Honduras con destino a Estados Unidos. A cambio de todo ello, el ex gobernante recibió millones de dólares por sobornos y ganancias de múltiples organizaciones de narcotráfico en Honduras, México y otros lugares. Hizo que miembros de la Policía Nacional y de las fuerzas militares protegieran cargamentos de drogas en Honduras y permitió que se cometieran actos de violencia brutales.

Fruto de esta alianza, Hernández recurrió incluso a Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, según denunciaron sus cómplices en Nueva York. En una reunión en 2013 Tony habría pedido un millón de dólares para financiar la campaña de su hermano a cambio de seguridad para sus mercancías, dijo a los fiscales Alexander Ardón, exalcalde de El Paraíso (Copán) detenido en Estados Unidos en 2019. El Secretario de Seguridad de Honduras, Ramón Sabillón, confirmó que la acusación contra Juan Orlando “no son cinco kilogramos (…) sino más de 100″. Una cantidad considerable y bastante fuerte”, dijo Sabillón.

En su última entrevista antes de dejar el poder, la concedida a EL PAÍS el 22 de diciembre, Juan Orlando Hernández se defendió diciendo que era víctima de los narcotraficantes a los que había combatido durante años. Hernández insistió en que pagaba el precio de haberse atrevido a aprobar la extradición de capos y que la oficina antidrogas de Estados Unidos, la DEA, poseía grabaciones secretas que confirmaban su beligerancia contra los grandes cárteles de la droga. Menos de dos meses después de aquella respuesta, Estados Unidos llama a su puerta.

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Dos miembros de las Fuerzas Armadas de Ecuador registran a un hombre en Guayaquil, el pasado 7 de febrero.
Dos miembros de las Fuerzas Armadas de Ecuador registran a un hombre en Guayaquil, el pasado 7 de febrero.VICENTE GAIBOR DEL PINO (REUTERS)

La violencia en Ecuador no para de marcar hitos en cuanto a consternación de la población. El récord en cifras de asesinatos y de incautación de drogas de 2021, superado por sucesos cada vez más agresivos en enero de este año, cuenta hoy con una presentación más aterradora. Dos cuerpos amanecieron colgados de un puente, atados de pies y manos, en un barrio a las afueras de Guayaquil, la ciudad más caliente del país. La guerra desatada entre bandas criminales -que está detrás de la inseguridad nacional, según la tesis gubernamental- y contra el Estado no había confrontado escenas de ese tipo en territorio local, más allá de las noticias que llegaban sobre la acción del narcotráfico en otros países como México.

“No sabemos cómo llegaron los cuerpos a ese punto”, reconoció el comandante de la Policía en esa zona, en una rueda de prensa en la que informó que uno de los cadáveres llevaba consigo su billetera y se trataba de un hombre sin antecedentes penales y que el otro está sin identificar. “Tenemos indicios de que estas dos personas habrían sido secuestradas o desaparecidas desde el 11 de febrero y sus familiares pusieron la denuncia el día 13″, según el mando policial Marcelo Cortez. Es decir, un día antes de su hallazgo en Durán. Entre esa zona, Guayaquil y el municipio de Samborondón, todos colindantes, suman 164 muertos en lo que va de año. Los tres cantones conforman el territorio con más asesinatos del país de este año y del 2021, cuando se recrudeció la violencia en el país andino. Solo en el fin de semana, siete personas han sido asesinadas en Guayaquil.

Durán es una de las más azotadas por la pelea de territorio entre bandas, según ha reportado la policía cuando han ocurrido balaceras -cruce de balas en plena calle- o cuando han aparecido personas asesinadas. La misma tesis policial relaciona el colgamiento de los dos hombres a la operación policial que se saldó con una incautación de siete toneladas de droga, en el puerto de Guayaquil, del mismo día 13 de febrero. La cantidad incautada, de acuerdo a los cálculos de la policía, está valorada en el mercado local en 14 millones de dólares.

La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, advertía hace una semana sobre la reacción en cadena que podría generar la detención de 10 miembros de una de las bandas que, según la información policial, se disputa el control de la ruta de la droga dentro del país. “Estaremos listos para responder ante cualquier reacción de los grupos de delincuencia organizada”, pronunció hace dos viernes, sin que esa afirmación haya impedido que los dos cuerpos sean colgados de un puente peatonal en plena madrugada en una zona controlada por cámaras de tráfico y con los militares movilizados para el patrullaje de las calles.

Tras una masacre en un parque al sur de la ciudad, en enero, en la que cinco personas fueron acribilladas, el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, anunció un despliegue de efectivos del Ejército y de 1.100 agentes de policía adicionales para reforzar la seguridad en Guayaquil y su entorno. Una medida que también dispuso en octubre de 2021 cuando decretó estado de excepción por los niveles de inseguridad. Pese a ello, más de 300 personas fueron asesinadas solo en el mes de enero.

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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la semana pasada en Caracas.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la semana pasada en Caracas.Rayner Peña R (EFE)

Las autoridades venezolanas anunciaron el arresto de dos diputados y dos alcaldes, pertenecientes al oficial Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), acusados de los delitos de corrupción y narcotráfico, y de dos fiscales del Ministerio Público, junto a otros trabajadores de la estatal Petróleos de Venezuela, por formar parte de una red de traficantes de gasolina. Las detenciones responden a una iniciativa anticorrupción denominada operación Mano de Hierro, que ha sido muy comentada estos días por el presidente Nicolás Maduro, y por otros mandos de la revolución bolivariana, como Diosdado Cabello, Tarek El Aissami y Jorge Rodríguez.

El Gobierno ha dado a entender que se trata de un operativo en desarrollo, a gran escala, que busca combatir a las mafias enquistadas en el Estado venezolano que trafican con gasolina y sustancias ilícitas en algunas zonas del país. Estos grupos han sido responsabilizados de ser los causantes de la escasez de ciertos bienes en el pasado.

La alcaldesa judicializada es Keyrineth Fernández, del municipio Jesús María Semprún, y junto a ella dos diputados, Taína González y Luis Viloria. Fernández es una dirigente indígena juvenil del Estado Zulia con un discurso político comprometido e intransigente. La Policía Nacional Bolivariana informó tras detenerla de que portaba seis kilos de cocaína. Algunas versiones informativas han denunciado que Fernández ya había sido señalada por esas causas en el pasado y a pesar de eso estaba en libertad. Se acusa a los tres de formar parte de una red de narcotráfico que operaba entre los Estados occidentales de Zulia y Falcón.

Tarek El Aissami, actual Ministro de Petróleo –exministro del Interior y abogado criminalista-, está a cargo de esta operación y ha declarado que el Gobierno de Maduro “llevaba varios meses” trabajando para dar con los hilos de esta organización. “Presentamos este duro golpe al pueblo para que quede claro que no se aceptará ni se dará tregua a los funcionarios corruptos que fueron electos por voluntad soberana”, añadió.

Por su parte, el Fiscal General del régimen chavista, Tarek William Saab, anunció la detención de Jorge Peña, Fiscal Superior del estado Delta Amacuro, y Manoel Gil Da Silva, Fiscal Superior del Estado Bolívar, al oriente y sur oriente del país, acusados, junto al alcalde del municipio Independencia, Carlos Vidal, de traficar y contrabandear gasolina, un bien escaso en la Venezuela de Maduro en los últimos años. En el operativo fue apresado también Juan Carlos Barragán, un trabajador de Petróleos de Venezuela.

“El PSUV condena de manera absoluta, clara, diáfana, total, cualquier acto de desviación de los valores revolucionarios, más cuando estos actos tengan que ver con hechos de corrupción, de narcotráfico, de delincuencia organiza”, ha declarado a su vez Diosdado Cabello, numero dos del régimen chavista y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Cabello ha confirmado que estas personas han quedado expulsadas de la organización.

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El agravamiento de la corrupción como un mal endémico en Venezuela ha sido uno de los argumentos más usados por la oposición venezolana cuando toca hacer un diagnóstico sobre las causas del derrumbe de la economía venezolana y el fracaso del modelo de desarrollo chavista. Lo habitual es que la dirigencia bolivariana no dé respuesta a estas acusaciones. El tono de algunos altos dirigentes del chavismo estos días, sin embargo, indica que esta operación está en desarrollo y que puede caer más gente, dirigentes políticos o funcionarios comprometidos en delitos graves.

“Si a algún otro diputado lo cazamos, no necesitará una carta astral para saber su futuro”, ha declarado en una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hombre de confianza de Nicolás Maduro. “Yo se lo voy a decir de una vez: irá a la cárcel si se convierte en un nauseabundo traidor.”

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La cocaína es una fuente de recursos criminal. Quienes tienen acceso a sus riquezas obtienen rápidamente ascenso y poder, por lo general hoy, hay más oportunidades que nunca para acceder a la cocaína tanto en América como en Europa ya que si bien el tráfico de cocaína ha engendrado algunas de las estructuras criminales más poderosas y notorias del planeta, estas deben innovar para seguir persistiendo. Y esto se evidencia en la incautación realizada por las autoridades norteamericanas el día de hoy. 

  

El pasado 12 de Enero de 2022, desde tempranas horas el Departamento de Justicia de Estados Unidos, anunció que sus unidades de guardacostas, en cooperación con agencias europeas rastrearon y capturaron con sus unidades marítimas, un narco sumergible de grandes proporciones, el cual previamente se había detectado durante maniobras de patrullaje. Más sorprendidos quedaron cuando la embarcación hábilmente comenzó a maniobrar, y ha evadir a las unidades de guardacostas evidenciando no solo la pericia de los tripulantes si no la presencia de avanzada tecnología en la embarcación para tales fines, en otras palabras, equipamiento militar de alta gama y de origen desconocido que por momentos dio la ventaja a este moderno narco submarino. 

 

La cooperación inter agencias, y el uso de avanzados drones marítimos permitieron llevar a buen término la persecución y captura de la sigilosa embarcación. Al momento del abordaje por parte de las autoridades la tripulación no intentó huir ni destruir la embarcación, siendo apresados sus cuatro tripulantes, y confiscada la carga de 6.350 kilos de cocaína (más de 6 toneladas). El valor de la carga, las nacionalidades de los capturados y el origen de la misma son desconocidos hasta el momento. 

 


Se especula que la carga que en un total serían más de 6 toneladas de cocaína, tendría por destino los carteles que actualmente controlan el mercado europeo, entre otras situaciones que aún son materia de investigación por parte de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), la cual aún no emite un pronunciamiento oficial.

 

 


 

La cocaína es una fuente de recursos criminal. Quienes tienen acceso a sus riquezas obtienen rápidamente ascenso y poder, por lo general hoy, hay más oportunidades que nunca para acceder a la cocaína tanto en América como en Europa ya que si bien el tráfico de cocaína ha engendrado algunas de las estructuras criminales más poderosas y notorias del planeta, estas deben innovar para seguir persistiendo. Y esto se evidencia en la incautación realizada por las autoridades norteamericanas el día de hoy.

Desde tempranas horas el Departamento de Justicia de Estados Unidos, anunció que sus unidades de guardacostas, en cooperación con agencias europeas rastrearon y capturaron con sus unidades marítimas, un narco sumergible de grandes proporciones, el cual previamente se había detectado durante maniobras de patrullaje. Mas sorprendidos quedaron cuando la embarcación hábilmente comenzó a maniobrar, y ha evadir a las unidades de guardacostas evidenciando no solo la pericia de los tripulantes si no la presencia de avanzada tecnología en la embarcación para tales fines, en otras palabras, equipamiento militar de alta gama y de origen desconocido que por momentos dio la ventaja a este moderno narco submarino.


 La cooperación inter agencias, y el uso de avanzados drones marítimos permitieron llevar a buen término la persecución y captura de la sigilosa embarcación. Al momento del abordaje por parte de las autoridades la tripulación no intentó huir ni destruir la embarcación, siendo apresados sus cuatro tripulantes, y confiscada la carga de 6.350 kilos de cocaína (más de 6 toneladas). El valor de la carga, las nacionalidades de los capturados y el origen de la misma son desconocidos hasta el momento. 


 


 

La Fuerza de Tarea Contra el Narcotráfico interceptó este miércoles 8 de diciembre un narco submarino en aguas del Océano Pacífico.

En navío trasportaba aproximadamente 800 kilos de cocaína valoradas en cerca de 32 millones de dólares. Más de 800 paquetes de 1 kilo de esta droga fueron hallados en el interior del semisumergible.

Se cree que el cargamento como es usual pertenecería a un grupo disidente de las extintas FARC que opera en el suroeste colombiano, durante la operación se dio la captura de los 3 tripulantes de la embarcación, dos de ellos ecuatorianos y un colombiano, los cuales fueron detenidos y se encuentra a la espera de ser judicializados.

La embarcación, de tipo semisumergible habría salido desde Tumaco, pretendiendo alcanzar litorales y playas de Costa Rica y El Salvador previo a su destino las costas mexicanas, utilizando una de las siete las rutas ya habituales para mover cargamentos de droga desde sus costas a otros puntos marítimos, recorrido que involucra puertos y atracaderos clandestinos en más de cinco países que están bajo la mira de las autoridades nacionales e internacionales.

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