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Se preveía una guerra relámpago, y no una de desgaste de duración indefinida. Pero un mes después de la invasión rusa de Ucrania, la situación parece alargarse en el tiempo. Con Moscú atascada en distintos frentes, en buena parte gracias a la resistencia de las fuerzas ucranias, la Unión Europea teme que el conflicto se podría prolongar meses o incluso años, forzando la crisis humanitaria más allá de lo esperado. Los Veintisiete, que ya cuentan con 17.000 millones de euros a su disposición facilitados por la Comisión y con el respaldo de la directiva de protección internacional —aprobada por primera vez en la historia de la UE para hacer frente a la emergencia— buscan ahora soluciones financieras y mecanismos de reparto solidario de refugiados para dar una respuesta en el largo plazo.

La guerra en Ucrania ya ha provocado el mayor éxodo en Europa desde la II Guerra Mundial, con 3,8 millones de personas atravesando las fronteras de su país en busca de refugio en la UE. Las cifras podrían elevarse hasta los ocho o incluso los 10 millones en los próximos meses, según estiman fuentes comunitarias, citando números de la ONU. “Hay que prepararse para algo estructural”, advierten.

“No sabemos cuál va a ser el próximo paso que va a dar [el presidente ruso, Vladímir] Putin. Tenemos que estar preparados”, ha asegurado este lunes en Bruselas la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, en una comparecencia tras una reunión extraordinaria de ministros del Interior de la UE, convocada para dar respuesta a la emergencia humanitaria. Johansson ha urgido a preparar “planes de contingencia por si la situación se deteriora”.

En la cita, los ministros han aprobado un decálogo de acciones para aliviar el drama humanitario. Entre los puntos, se reclama la creación de una plataforma europea única y centralizada para registrar a los recién llegados, con el fin de evitar duplicidades y errores de cálculo; pide coordinar entre los distintos socios comunitarios el transporte y la información, a través de puntos neurálgicos a los que puedan acudir los refugiados que quieran viajar por territorio Schengen.

Los Estados miembros también han acordado crear una especie de índice de países en función de su capacidad de recepción y acogida, para alentar el movimiento de ucranios hacia ellos, quitando presión a los Estados más saturados. Se prevé además la puesta en marcha de un plan de lucha contra la trata de seres humanos. Ya antes de la guerra, Ucrania estaba entre los cinco países con mayor tráfico de personas hacia la UE, según la Comisión. Y las ONG que actúan sobre el terreno han alertado de posibles situaciones de acoso de proxenetas.

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Plan de acogida para la infancia

Los Veintisiete buscan además una solución común y coordinada para la acogida de la infancia: los niños suman más de la mitad de las llegadas a territorio comunitario. Son tantos que, como indicaba la semana pasada el vicepresidente de la Comisión, Margaritis Schinas, es como si en un solo mes se hubiera multiplicado casi por tres el número de nacimientos anual de Polonia.

A pesar de que el flujo de llegadas ha bajado —ha pasado de las 200.000 entradas diarias a cerca de 40.000, según cifras aportadas este lunes por la comisaria de Interior—, las capitales europeas ubicadas en primera línea temen que la presión desborde sus capacidades de alojamiento, asistencia social y sanitaria y acceso a la educación en el medio y largo plazo. A Polonia, primer país receptor, han llegado más de 2,2 millones de personas en las últimas cuatro semanas, según ACNUR. Le siguen Rumania (casi 600.000), Hungría (594.000) y Eslovaquia (275.000).

En la Comisión Europea reconocen, además, que los refugiados no se han redistribuido de forma voluntaria por los Estados miembros en el volumen que se esperaba. Esta era la apuesta inicial de Bruselas: las personas ucranias, al no tener restricciones de movimientos en zona Schengen, se irían trasladando a diferentes países. Pero la mayoría se han quedado en los lugares de primera acogida, cerca de su país de origen, previsiblemente para aguardar a un posible regreso.

Bruselas ha movilizado hasta 17.000 millones para hacer frente a la emergencia, según indican fuentes comunitarias. La cantidad es un encaje de bolillos presupuestario que bebe, entre otros, de los fondos estructurales del periodo 2014-2020 aún no gastados y de la iniciativa React-EU, creada para ayudar a los territorios a fortalecer el Estado del bienestar, blindar los servicios públicos y reactivar la economía tras el impacto de la pandemia. Los mecanismos, sin descender al detalle de las sumas, fueron anunciados la semana pasada por la Comisión.

El Ejecutivo comunitario no descarta ampliar las cantidades ante el drama que se avecina. En el Consejo Europeo celebrado este jueves y viernes en Bruselas, los jefes de Estado y de Gobierno emplazaron al Ejecutivo comunitario a buscar más recursos, según las conclusiones pactadas durante la cumbre. Los Veintisiete piden que “se completen con urgencia los trabajos sobre las recientes propuestas de la Comisión tendentes a respaldar a los Estados miembros, de manera que pueda movilizarse con rapidez la financiación de la UE para los refugiados y para quienes los acogen, e invita a la Comisión a que trabaje sobre otras propuestas para reforzar el apoyo de la UE”.

“Está claro que nuestros recursos y capacidades de acogida no serán suficientes para hacer frente al creciente flujo de personas”, asegura una carta enviada al Ejecutivo comunitario de forma conjunta por los ministros de Interior de Alemania, Nancy Faeser, y de Polonia, Mariusz Kaminski, a cuyo contenido ha tenido acceso EL PAÍS. “Esto es especialmente cierto a largo plazo”, añade la misiva, fechada el pasado viernes, y cuya intención era en parte marcar el debate de los ministros de Interior, reunidos este lunes para abordar la emergencia.

En Polonia se han quedado en torno a un millón y medio de personas, según cifras de la Comisión. Hasta Alemania han llegado ya cerca de 300.000 en movimientos secundarios desde los países fronterizos. A otros países, como Francia, se han desplazado al menos 30.000, según cifras aportadas este lunes por el ministro del Interior de este país (el 80% de ellas mujeres). En la carta, Berlín y Varsovia reclaman a la Comisión esquemas financieros que alivien a las capitales más afectadas de forma urgente, como por ejemplo aportar 1.000 euros por cada refugiado acogido en los primeros seis meses desde el inicio de la guerra.

El texto asegura que Polonia estima haber gastado hasta ahora 2.200 millones de euros en la asistencia humanitaria a los refugiados. “Eventos extraordinarios requieren medidas extraordinarias”, asevera la misiva, que reclama además potenciar la “plataforma de solidaridad” para “facilitar la posibilidad de viajar en condiciones seguras a otros Estados miembros”.

La carta se mueve en línea con el decálogo aprobado por los ministros de Interior. Aunque, de momento, la UE no tiene previsto activar ningún mecanismo obligatorio de cuotas de refugiados, la idea es alentar su desplazamiento voluntario con mayor información sobre los países con capacidades de acogida disponibles y el fomento de centros de transporte con acceso a trenes, autobuses e incluso vuelos.

La respuesta a la crisis de refugiados ha marcado un hito en la UE. Solo una semana después de que comenzara ala guerra, activó por primera vez una regulación jamás utilizada antes, la directiva de protección internacional, que permite la entrada en territorio comunitario de un número ilimitado de personas que huyen de una catástrofe. Los ucranios tienen derecho con su pasaporte a tres meses de estancia en la UE. Esta directiva, sin embargo, amplía la protección hasta el año, renovable automáticamente dos veces por periodos de seis meses, y permite el acceso a vivienda, escuelas, atención sanitaria y empleo. Hasta ahora, 800.000 personas han solicitado el amparo de esta directiva, según ha detallado la comisaria Johansson en su comparecencia.

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Pedro Sánchez y António Costa, este viernes en Bruselas.
Pedro Sánchez y António Costa, este viernes en Bruselas.JOHN THYS (AFP)

Ya llevaban más de cuatro horas de intenso debate. Y no pintaba bien. Pedro Sánchez y el portugués António Costa empezaban a ver que su idea de lograr que el Consejo Europeo les autorizara una “excepción ibérica” para poner en la península un tope a los precios del gas que se utiliza para fabricar electricidad y así lograr bajar de manera drástica y rápida la factura de la luz tenía demasiadas resistencias. Sobre todo en Alemania y Holanda. El debate no iba bien.

Charles Michel, presidente del Consejo, propuso empezar a votar los puntos en los que había más consenso y dejar para el final los más complicados, entre ellos la excepción ibérica y otros como la exigencia del italiano Mario Draghi de que quedara claramente fijada la idea del límite de precios para aplicarla en el futuro. Pero la tensión en ese momento ya era muy fuerte. Costa insistió:

—Tiene que quedar muy claro que nada está pactado hasta que todo esté pactado. No queremos que se den por buenos estos puntos si luego no se cierran los otros.

Sánchez le secundó.

—Es muy importante que no demos por cerrado nada hasta que no hayamos logrado acordar puntos que son muy relevantes para España y Portugal.

El español también desconfiaba. La tensión iba subiendo. Michel tranquilizó a los primeros ministros ibéricos, los que más se jugaban en la cita.

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—Es el procedimiento habitual, nada estará cerrado hasta el final.

En medio de esa tensión, Sánchez, que lleva siete meses presionando para cambiar el mercado energético europeo y ya ha fracasado en cumbres anteriores, tiene muy claro que esta vez tiene que ser diferente. No puede volver a Madrid con las manos vacías mientras sectores enteros amenazan con parar por el desorbitado coste energético.

Sánchez lleva toda la mañana explicando a sus socios la situación española, con paros en el transporte, con la flota pesquera amarrada varios días, con industrias paradas. Les cuenta que España y Portugal han sufrido mucho por no tener interconexiones, lo que les ha forzado a invertir mucho más. Que ambas han hecho un esfuerzo enorme por desarrollar energías renovables y están entre los países con más porcentaje de ellas. Y que sin embargo todo eso se queda en nada por culpa de un sistema que hace que toda la electricidad se pague al precio de la generada con gas, solo un 15% del total en el caso español.

Despliega datos, argumentos económicos, políticos, sociales. Él y su equipo más cercano llevan semanas trabajando a todos los niveles para ablandar a los más duros: Alemania y Holanda. Pero el socialdemócrata Olaf Scholz y el liberal Mark Rutte no ceden.

—La excepción ibérica puede romper el mercado eléctrico europeo, es muy arriesgado, dicen.

En ese momento, Sánchez lee en su móvil un tuit que alguien le envía del periodista de France24 Dave Keating, en inglés. “Sánchez está amenazando con vetar las conclusiones si no hay cambios claros en los precios”, dice mientras detalla las posiciones dentro de varios países.

Sánchez estalla. Él insiste en que en ningún momento amenazó con un veto. Pero alguien está lanzando fuera esa versión. El presidente necesita un golpe de mano que cambie el ambiente de la cumbre y le permita reforzar su posición para negociar la excepción ibérica. No puede salir de Bruselas sin ella. Así que hace algo muy inesperado en un líder europeísta, calmado, frío, al que los demás le han visto siempre templar en todos los debates. Sánchez da cuenta a los demás del tuit. Y se planta.

—No se puede tener un debate tranquilo con estas filtraciones. No me siento cómodo. España se está jugando mucho, este es un tema muy serio. Yo en estas condiciones no puedo seguir.

Sánchez recoge sus papeles y se va de la sala, ante la sorpresa de todos los demás líderes. Es el golpe que necesitaba.

El presidente toma un ascensor y sube a la delegación española, donde está su equipo, que también se sorprende al verle. Poco después llega a buscarle el francés Emmanuel Macron, presidente de turno de la UE. También acude Charles Michel.

Sánchez necesita que los demás sepan que va en serio. Lo ha logrado. El español y el francés bajan y entran juntos de nuevo en la sala. Ha pasado muy poco tiempo, pero el suficiente para que todos entiendan lo que se está jugando España y la importancia del asunto. Hay un breve receso y, desde ese momento, según coinciden varias delegaciones, la reunión cambia de tono. El golpe de efecto de Sánchez ha funcionado.

—En este asunto no hay silver bullet [bala de plata] ni recetas mágicas —repiten varios presidentes cuando vuelven.

—Pero lo peor sería no hacer nada. España acepta medidas que le pueden perjudicar, como aumentar las reservas, algo que puede subir el precio y nosotros no las necesitamos porque tenemos muchas regasificadoras. Pero lo hacemos en solidaridad con quien lo necesita. A cambio queremos que nos permitan la excepción ibérica— insiste el español.

Detrás de este primer plano de los líderes hay muchísimo movimiento. Antes de llegar a este punto cumbre con el golpe de mano de Sánchez, ha habido decenas de conversaciones, viajes, reuniones, papeles. La placenta de este acuerdo, en términos de Javier Cercas, ha llevado semanas. Con muchos altibajos.

El mejor momento fue el arranque del proceso, el 5 de marzo, cuando Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, fue a La Moncloa y reconoció a Sánchez el liderazgo en el asunto de la energía. El más difícil, el pasado viernes 18, en una cena en Berlín, cuando Sánchez, acompañado por la vicepresidenta Teresa Ribera, la gran especialista, y Manuel de la Rocha, hombre clave en todas las negociaciones y sherpa del presidente en las decisivas horas finales en Bruselas, vio claramente que Scholz estaba durísimo y rechazaba de plano la idea de desacoplar los precios del gas y de la electricidad en toda la UE.

Pedro Sánchez y Ursula von der Leyen, el 5 de marzo en La Moncloa.
Pedro Sánchez y Ursula von der Leyen, el 5 de marzo en La Moncloa.Andrea Comas

Ese era el plan A de España, que esa misma mañana había logrado el apoyo de Italia, Portugal y Grecia en un encuentro en Roma. Pero ahí vieron que era imposible y empezaron a trabajar el plan B: la excepción ibérica. Que tampoco era nada fácil.

El jueves por la tarde, los sherpas de España, Portugal, Francia, Bélgica y Grecia empiezan a preparar el terreno para aunar estrategias que puedan ablandar a Alemania y Holanda. En ese momento España aún apostaba por acudir al artículo 122 del tratado de funcionamiento de la UE, que permite tomar decisiones en momentos excepcionales al margen de los tratados. La idea era que la excepción ibérica se incrustara en la legislación europea. Pero la Comisión Europea organiza de madrugada una reunión con los sherpas de España, Francia, Alemania y Holanda y el no de estos dos últimos es rotundo:

—Eso rompería el mercado europeo. Nunca lo votaremos.

Los holandeses se quejan sobre todo de que cada uno quiere sus excepciones y límites al mercado —el italiano Draghi insiste, y lo logró finalmente con mucha presión, introducir la idea de los límites de precios en las conclusiones finales— y temen un descontrol. No quieren tocar el mercado pese a los precios desorbitados.

—Resolvedlo vía impuestos quitando los beneficios caídos del cielo para compensar a los consumidores —explican.

Los españoles les dicen que esa vía ya está explorada y que no es suficiente, necesitan desacoplar el precio del gas del de la electricidad. Pero parece inútil.

El viernes, mientras Sánchez se faja en la sala y rompe la baraja, las negociaciones de las delegaciones se multiplican. Poco a poco, gracias a la presión de España, Portugal y de la Comisión, los alemanes empiezan a aceptar la idea de la excepción ibérica. Pero tienen que ser España y Portugal quienes propongan su plan y la Comisión la que lo acepte o no.

Los españoles desconfían. Quieren meter en las conclusiones las especificidades de España y Portugal: menos del 3% de conectividad y más del 40% de renovables. Es casi como poner sus nombres. Pero Alemania lo rechaza.

España necesita garantías de que la Comisión Europea no tumbará la propuesta cuando se la envíen. Sería un gran fiasco. Si no puede ser por escrito, tendrá que ser de palabra.

A esas alturas de la tarde, desde Madrid, las vicepresidentas Teresa Ribera y Nadia Calviño, con buenos contactos en Bruselas, multiplican llamadas y gestiones. El equipo de Ribera está volcado y en especial un hombre clave: Manuel García, director general de Energía. En plena cumbre, él habla directamente con el equipo de la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, para garantizar que aceptan el sistema que tiene pensado hacer España y que no habrá problemas.

El texto de las conclusiones, que ampara la excepción ibérica, está cerrado. “Se tendrá en cuenta el carácter temporal de las medidas y el nivel de interconectividad eléctrica con el mercado único de la electricidad”, dice. Las garantías técnicas también. Faltan las políticas.

Von der Leyen, que se ha implicado a fondo para ayudar a España, promete a los españoles que hablará en la rueda de prensa de forma rotunda a favor de la excepción ibérica. Más clara incluso que en las conclusiones. Y lo hace.

—La península ibérica tiene una situación muy específica. Tienen un alto porcentaje de renovables, y eso está muy bien, pero muy poquitas interconexiones. Por eso estamos de acuerdo en que haya un tratamiento especial —dirá.

Poco después comparecen Sánchez y Costa conjuntamente, eufóricos y agotados. Al español le preguntan qué garantías hay de que la Comisión acepte la propuesta ibérica cuando la envíen.

—Para garantías solo hay que escuchar las declaraciones de la presidenta de la Comisión ahora mismo —contesta Sánchez.

Todo está pactado. El plan era muy arriesgado, y podría haber sido un enorme fiasco en una de las peores semanas del Gobierno. Pero funcionó. Hubo que tocar muchas teclas, forzar con una escenificación dramática que incluyó un inédito abandono de la reunión. Pero Sánchez, que ha demostrado que no teme al riesgo, se vuelve a casa con un mecanismo para bajar el precio de la luz en menos de un mes siempre que la Comisión no se lo tumbe. Y eso era lo único relevante.

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España se ha salido al fin con la suya. No en razón de su fuerza, sino por la fuerza de su razón en este pulso. Y es que el mercado interior energético europeo es una entelequia. No existe. Existen solo dos de sus componentes. Un conjunto de objetivos y una estrategia para alcanzarlos.

Los objetivos son dos. Descarbonizar la economía (cero emisiones de gases de efecto invernadero) para 2050. Y el hito intermedio del 55% en 2030. La estrategia es sustituir las fuentes de energía contaminantes por renovables. La detalla el Pacto Verde Europeo, y la financia en muy buena parte el Plan de Recuperación Next Generation (NGEU). Aunque costará más.

Puede añadirse otro elemento. En el subsector eléctrico, un mecanismo común de fijación de precios, determinado por el precio marginal (el más caro) de las distintas fuentes (renovables, petróleo, carbón y gas) que se trocan en kilovatios. Se acordó en el Reglamento 943 de la UE, de 2019. Funcionó en la normalidad. Hasta que la escasez de oferta de suministros de esas fuentes a causa de la complicada reactivación pospandemia, agravada por Putin, disparó los precios, sobre todo del gas.

Todo saltó por los aires. Y dejó ver las costuras sin coser de un mercado que es aspiracional (siendo optimistas) o persa (siendo pesimistas). Donde impera la ley de la jungla. O del más fuerte.

Estos estallidos suceden cuando bajo un pomposo título (mercado interior) hay apenas una carcasa. En este supuesto mercado no se da la libre circulación en todo el territorio común, requisito clave de todo mercado integrado. Lo revelan las islas energéticas, casi incomunicadas: la península Ibérica, Grecia. Los intercambios eléctricos se circunscriben al perímetro aproximado de la Europa fluvial navegable.

La dependencia de las importaciones del exterior oscila entre casi cero y el infinito: Rumania, el 23,1%, o Suecia, el 26,6%; frente a Malta, el 102,9% (Eurostat, 2019).

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La desarmonización o asimetría de los componentes del producto eléctrico final es abismal. Francia lo genera con el 70% de origen nuclear; Luxemburgo, con el 80% de renovables; España exhibe el 15% de gas (antes, 23%); Alemania, el 27% de carbón (antes, 19%). Los del flanco centro-oriental emplean mucho más gas (la fuente más encarecida hoy, la que fija precio) que los sureños: por eso el sobreprecio de sus fuentes baratas es inferior al que afrontan los mediterráneos. Por eso estos sufren más.

España salió pronto al encuentro de la urgencia de un Norte entregado a la servidumbre del gas ruso. Para garantizar el suministro, propuso mancomunar compras y apurar la capacidad de almacenaje.

Por reciprocidad —además de racionalidad—, si no por solidaridad, debía atenderse su propia angustia: darle margen para aliviar un precio minorista —distorsionado por el mecanismo común y estructural de fijación— exorbitante. Aunque fuese a título temporal y excepcional. Mercados más consagrados, como el agrícola, se flexibilizan. Reducen sus exigencias a los productos de importación. Esta vez era la hora.

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Colombia vive una de las peores crisis de legitimidad del proceso electoral en décadas. Una semana después de las elecciones legislativas y de las consultas interpartidistas, el Consejo Nacional Electoral se reunió para debatir este martes si había que recontar los votos, algo inédito en Colombia. El registrador nacional aseguró el lunes que solicitaría formalmente un nuevo escrutinio, una idea que también avaló el presidente Iván Duque, pero que no cuenta con sustento legal. El registrador se retractó horas después, pero la polémica ya estaba servida.

Estas son las claves de lo que ha sucedido desde la jornada electoral:

El Pacto Histórico denuncia que no aparecen 400.000 votos

La madrugada del lunes 14 de marzo comenzaron a saltar las primeras alarmas. Integrantes del Pacto Histórico, coalición de la izquierda liderada por el candidato presidencial Gustavo Petro, divulgaron en redes sociales que había 29.000 mesas de votación en las que el Pacto aparecía con cero votos.

La coalición venía hablando desde hacía meses de un posible fraude, así que diseñaron un sistema de vigilancia con testigos voluntarios y una herramienta informática con la que analizaron en tiempo real la información que era transmitida desde los puestos de votación a la Registraduría. Así encontraron irregularidades en el preconteo de los votos [los datos que se ofrecen la misma noche de las elecciones], que luego fueron confirmadas por la Misión de Observación Electoral (MOE) que identificó “comportamientos atípicos en los resultados de las votaciones al Pacto Histórico”.

Los abogados de la coalición hicieron las reclamaciones legales y se hizo un escrutinio preliminar que identificó que no habían sido contabilizados inicialmente cerca de 400.000 votos. Varios líderes políticos promovieron la idea de un “fraude histórico” contra la izquierda, pero otras fuerzas políticas de distinto espectro también identificaron irregularidades y pidieron a sus votantes que entraran a través de un enlace a la web de la registraduría para mirar si su voto había sido contado en la mesa en la que depositaron la papeleta.

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Errores de diseño y transmisión

Mientras las redes seguían inundadas de denuncias de fraude, la MOE y el propio Gustavo Petro identificaron dónde pudo estar el error que condujo a que no se reportaran los votos tanto del Pacto Histórico como de otras fuerzas políticas como el Nuevo Liberalismo y el Partido Verde.

El diseño de los formularios E14, una novedad en esta cita electoral, ponía al Pacto Histórico en una de sus últimas páginas, como si fuera un pie de página después de la lista de otro partido. “Eso facilita que exista el error humano y que al momento de dictar de forma telefónica los datos se salten los números de esa casilla”, explicaba a este diario Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la Democracia, de la MOE.

El escrutinio oficial recoge los votos no contados inicialmente

Tras la corrección de los errores, los resultados del Pacto Histórico fueron mejores que los anunciados la noche del domingo, al pasar de 2,3 millones a casi 2,7 millones de votos –y de 16 a 19 escaños en el Senado–. “En este momento se han recuperado 486.000 votos por el Pacto Histórico al Senado que no fueron reportados. Nos acercamos a tres millones de votos por la lista al Senado”, dijo Petro. A pesar de eso, la izquierda mantuvo su denuncia de fraude.

La derecha azuza la idea de fraude

Una vez se cruzaron los datos del preconteo, que se conocen al final de la jornada electoral, con los del escrutinio formal, que es el que tiene validez jurídica, desde la derecha arreciaron los mensajes de fraude electoral. El expresidente Andrés Pastrana fue el primero. “Las cifras oficiales del Registrador apestan a fraude a favor del Pacto Histórico. El Gobierno debe contratar, con visto bueno de los actores de la elección, dos firmas internacionales independientes para el análisis forense de los procesos de la Registraduría el domingo pasado”, dijo.

Le siguió el expresidente Álvaro Uribe, fundador del partido de Gobierno Centro Democrático, cuya fuerza política perdió poder en el Congreso y pasó de ser la primera a la quinta fuerza en el Senado. Uribe dijo que había formularios con tachones y enmendaduras e invitó a no aceptar los resultados.

Desde comienzos de 2022, voces desde el uribismo venían hablando sobre un presunto hackeo ruso y planteando con suspicacia que Petro se hubiera reunido en España con funcionarios de Indra, la empresa española elegida por el Consejo Nacional Electoral para el escrutinio oficial.

Duque llama a recontar los votos

Con la tensión política en sus niveles máximos y voces desde todos los partidos dudando de la transparencia electoral y criticando las irregularidades del registrador Alexander Vega, el presidente Iván Duque solicitó inicialmente que se reuniera la comisión de garantías electorales. Este lunes dijo que era “recomendable considerar, por parte del Consejo Nacional Electoral, avanzar con un reconteo general en la elección a Senado”. A esa misma solicitud se sumó Vega, quien resaltó “la paranoia de fraude de todas las fuerzas políticas” y achacó las irregularidades en el preconteo a los jurados de votación. A Vega lo critican por haber cambiado la forma en que se elegían los jurados de votación, lo que ocasionó que personas sin experiencia o jóvenes que nunca habían votado se encargaran de esa labor.

El registrador se retracta

La decisión de abrir o no las bolsas de votos generó nuevos debates. “Lo que hace el registrador hoy ahora sí se llama fraude. La cadena de custodia de los votos terminó el sábado. A esta hora pueden estar llenando las bolsas de votos. Desobedecen la decisión de 5.000 jueces. Estamos ante un verdadero golpe de Estado impulsado por Uribe”, dijo el candidato presidencial Gustavo Petro.

Mientras, Álvaro Uribe insistió en el reconteo. “Una cosa es reconocer que el partido retrocedió, aceptar la afectación de mi reputación, reconocer lo que ha faltado al Gobierno (de Iván Duque) y otra cosa es pedir el reconteo en bien de la democracia”.

El Consejo Nacional Electoral se reunió este martes para tomar una decisión. Durante el encuentro, el registrador se retractó y anunció que no pediría el recuento de forma oficial, pero la duda estaba creada y la confianza electoral, quebrada.

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El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajará la próxima semana a Bruselas para participar en una cumbre extraordinaria de la OTAN y en una reunión del Consejo Europeo para tratar la crisis de Ucrania, según ha confirmado este martes la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki. Las reuniones virtuales, llamadas y contactos entre el presidente de Estados Unidos y los aliados europeos se han multiplicado a lo largo de todo el conflicto y, especialmente, desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero. Pero este será el primer desplazamiento del líder norteamericano para un encuentro presencial. La cita de la Alianza Atlántica está prevista para el 24 de marzo, jueves.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, confirmó la convocatoria en un mensaje publicado en Twitter poco antes del anuncio formal de Washington. “Abordaremos la invasión de Ucrania por parte de Rusia, nuestro firme apoyo a Ucrania y un mayor refuerzo de la defensa y fuerza de disuasión de la OTAN”, señaló. “En este momento crítico, Norteamérica y Europa deben continuar juntos”, añadió.

Los aliados de la OTAN no han desplegado tropas en Ucrania para su defensa ante Moscú, ya que el país no forma parte de la Alianza Atlántica, pero sí están respaldando a esta antigua república soviética frente a los zarpazos de Vladímir Putin a base de entrega de armamento y ayuda humanitaria. Lo que sigue fuera de la mesa, tal y como insistió la portavoz de la Casa Blanca, es el envío de aviones caza, algo que las potencias occidentales rechazan porque consideran que no es lo que más necesita la defensa ucrania y haría escalar el conflicto peligrosamente.

Planes frente a las crisis de seguridad y energética

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, también ha confirmado que Biden asistirá a la primera jornada de la cumbre europea prevista para el 24 y 25 de marzo. La cita estaba llamada a centrarse en los planes de contingencia para hacer frente a las crisis de seguridad y energética provocadas por la invasión rusa de Ucrania. En particular, a las medidas necesarias para contener el precio de la electricidad. Pero la presencia del presidente de EE UU revela la gravedad de la situación que perciben Bruselas y Washington. “En estos tiempos que nos ponen a prueba, la acción transatlántica es más importante que nunca”, ha señalado Michel.

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Biden ya participó por videoconferencia en el Consejo Europeo celebrado hace un año, en el que se analizó la evolución de la pandemia de covid-19 y sus repercusiones a ambos lados del Atlántico. Pero ya entonces la sombra de un posible conflicto planeaba sobre la reunión. Entonces, el presidente ruso, Vladímir Putin, ya había comenzado a acumular tropas junto a las fronteras de Ucrania.

“Cuando cayó el imperio soviético, creímos en el llamado ‘final de la historia’ y en el triunfo definitivo de la democracia”, le dijo entonces Michel a Biden. “Pero al cabo de 30 años, sabemos que nos equivocamos sobre el triunfo de la democracia liberal”, reconoció el europeo. Y abogó por una unidad transatlántica comparable a la de la II Guerra Mundial. “Lo que hagamos juntos hoy determinará el mundo en que vivan mañana nuestros hijos y nietos”, argumentó Michel.

La visita de Biden a Bruselas será el primer viaje del presidente de EE UU a Europa desde que Putin inició la guerra contra Ucrania el pasado 24 de febrero. Preguntada sobre la posibilidad de que el Biden aproveche el viaje para visitar Polonia, país limítrofe con la atacada Ucrania y que ha visto llegar las bombas muy cerca de sus fronteras, Psaki respondió que la agenda no está cerrada todavía. Tres jefes de Gobierno de países de la Unión Europea ―Polonia, República Checa y Eslovenia― viajaron este martes en tren a Kiev, la capital ucrania, en una muestra poderosa de apoyo.

La portavoz de la Casa Blanca bromeó con las sanciones contra el presidente Biden y otros altos cargos anunciadas este martes en Rusia, advirtiendo de que la que afecta al mandatario va dirigida a “Joseph Robinette Biden”, omitiendo la terminación “júnior”, que se utiliza cuando padre e hijo comparten el mismo nombre y apellido (en Estados Unidos no suelen usarse dos apellidos): “El presidente Biden es júnior, puede que hayan sancionado a su padre, que en paz descanse”.

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El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, junto a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, la semana pasada.
El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, junto a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, la semana pasada.RUSSIAN FOREIGN AFFAIRS MINISTRY (EFE)

Un día Nicolás Maduro asegura su apoyo irrestricto a Vladímir Putin en Ucrania. Al otro, modera su respaldo y llama al diálogo entre los dos países en conflicto, justo después de recibir en Miraflores a la delegación estadounidense de más alto nivel que visita Venezuela desde 1999. Cuatro días después, su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, se hace fotos con el canciller ruso, “el amigo Serguei Lavrov” en Turquía, en un encuentro en el que, aseguraron, hablaron sobre sus relaciones bilaterales. Así comienza Venezuela un juego a dos bandas en el terreno internacional.

El vuelco que ha dado la geopolítica mundial en el último mes sin duda abre una ventana de oportunidad a Maduro. El chavismo surfea la ola de la crisis por la invasión rusa a Ucrania para intentar mejorar su posición, después de años arrinconado por las sanciones económicas de Washington y los señalamientos de violaciones a los derechos humanos por las que le espera una investigación en la Corte Penal Internacional.

La reunión del 5 y 6 de marzo entre representantes de la Administración de Joe Biden y Nicolás Maduro sorprendió a todos. Ambas partes han reconocido que discutieron asuntos de “seguridad energética”. Tras el encuentro, el chavismo ha enviado alguna señal sobre peticiones que insistentemente ha hecho Estados Unidos. Anunció que retomará las negociaciones en México, de las que se levantó después de la extradición del empresario Álex Saab, acusado de lavado de dinero y señalado como testaferro de altos cargos del Gobierno, un tema que no ha vuelto a ser mencionado, especialmente desde que se supo que el colombiano estaba colaborando con la DEA desde 2018. También liberó a dos estadounidenses detenidos arbitrariamente, en respuesta a una negociación que llevaba meses empujando el enviado especial para rehenes Roger Carsten.

Pero un objetivo ulterior de este acercamiento tiene que ver directamente con el contexto energético, en el que Rusia, uno de los principales productores de petróleo del mundo, ha sido vetado por Estados Unidos y Reino Unido. La nación norteamericana era el mejor cliente —comprador seguro y buen pagador— que tenía Venezuela en la venta de petróleo hasta que en 2019 se impuso el embargo.

En ese convulso año en el que Juan Guaidó desafió al chavismo y logró un reconocimiento internacional como presidente interino, Maduro hizo movimientos para blindarse. Uno de ellos fue mudar la sede que tenía PDVSA en Europa de Lisboa a Moscú. Un año después, Washington respondió con la aplicación de sanciones a Rosneft —el puntal petrolero de Putin, una compañía estatal con capital privado ruso— por ignorar el veto que había puesto sobre las transacciones con PDVSA. Los rusos no tardaron en retirar sus inversiones en Venezuela y marcharse, pero siguieron asumiendo un importante rol en la arquitectura comercial de la venta del sancionado petróleo venezolano.

“La soluciones que ofrecía Rusia con la comercialización del crudo, alguna que otra inversión y el lavado de activos ya no están en la mesa”, señala el internacionalista Andrei Serbin, especializado en temas de defensa. “Pero Venezuela pasó de ser el socio más aislado de Rusia al menos aislado en este momento”, agrega el analista, para quien el renovado vínculo con Estados Unidos no significa un deslinde total de los rusos, sino una instrumentalización de la relación.

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Estados Unidos ha tratado de bajarle el volumen a uno de los asuntos discutidos con Maduro: la posibilidad de que Venezuela vuelva a ser su proveedor de crudo y tome el mercado que suplía Rusia, apenas 1% de su consumo y 3% de sus importaciones. Otro de los temas discutidos ha sido la reapertura de los vuelos entre ambos países, que ayudaría a salir de parte de su aislamiento al país sudamericano.

Esta vuelta a las relaciones comerciales podría ocurrir a partir del levantamiento de sanciones o la emisión de licencias especiales a empresas como Chevron para retomar las operaciones en cuatro campos petroleros en el país sudamericano; también a la petrolera india Reliance que ha hecho una fuerte inversión en cabildeo para obtener permisos para seguir comprando crudo merey a PDVSA. Esta es una opción que podría considerar Washington ante el actual descalabro del mercado energético mundial y lo que esto puede suponer para la política interna estadounidense por el alza de los combustibles.

“Desde que Biden asumió el poder ha habido una aversión a tomar una posición activa o relevante sobre lo que llaman el expediente Venezuela”, apunta el abogado Mariano de Alba, especialista en Derecho Internacional. “No hay decisión fácil y rápida sobre Venezuela y en el Congreso hay importantes figuras en ambos partidos que ven con malos ojos esto que está ocurriendo. Reunirse con Maduro tiene un costo político. El descontento no va a cambiar, pero Biden tiene que asumir el riesgo y dar la impresión de que está haciendo cosas para que la gasolina no suba a precios exorbitantes de cara a las elecciones de medio término”.

Maduro también tiene un serio problema interno que resolver. Debe lograr una notable mejora económica de aquí al 2024 para asegurarse ser candidato del chavismo en las presidenciales de esa fecha, para lo que necesita no solo los votos de los venezolanos sino el apoyo dentro de su coalición, donde hay quienes ponen en entredicho la fuerza de su liderazgo para asegurar la permanencia en el poder.

Las elecciones regionales del 21 de noviembre de 2021, pero sobre todo la repetición de las del Estado de Barinas, el feudo de los Chávez, han sido un plomo en el ala para Maduro. Pese a todo el esfuerzo y el derroche de recursos, perdieron esa importante plaza, “por lo que en el chavismo hay mucho temor de lo que pueda ocurrir en 2024″, apunta De Alba.

“La gran apuesta de Maduro fue aumentar los vínculos con Rusia, China, Irán, Turquía, pero los resultados no se han dado a la velocidad que se esperaba. Ahora su aliado más importante está en una situación bastante complicada y de largo plazo”, señala el también asesor sénior de International Crisis Group. “Maduro no tiene la intención de traicionar a Putin, sino explorar qué réditos puede sacar de este acercamiento con Estados Unidos, haciendo las menores concesiones posibles, aumentando los ingresos y terminando de enterrar al Gobierno interino de Juan Guaidó para llegar a una mejor posición en 2024″.

Aun así, de Alba advierte que esta relación que apenas inician Venezuela y Estados Unidos es frágil y dependerá también de los avances que puedan darse en México. “Va a ser una relación tensa, porque hay muchos enemigos del proceso”. Todo está por verse en el turbulento escenario geopolítico mundial.

La Casa Blanca ha tenido que aclarar esta semana que el acercamiento no implica un reconocimiento a Maduro como presidente y ratificar su respaldo a Juan Guaidó. Durante el viaje a Turquía de la delegación venezolana, el canciller Félix Plascencia lanzó que si Estados Unidos quiere retomar las relaciones deben “aceptar que el único y legítimo Gobierno de Venezuela es el que lidera el presidente Nicolás Maduro”.

Maduro tiene que construir una narrativa sobre el punto medio y maniobrar con las fisuras que pueda generar este paso después de años de retórica antiamericana. Dentro de las facciones de poder del chavismo el impacto ha tenido distintos tenores. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, asiduo viajero a Moscú, se ha sumado a la tesis del diálogo y ha condenado la aplicación de sanciones a Rusia. Diosdado Cabello, cabeza del Partido Socialista Unido de Venezuela, inicialmente desdijo a Maduro sobre el regreso a las negociaciones y en los últimos días ha señalado que “Venezuela tiene el petróleo que Estados Unidos necesita, pero tienen que pagarlo”. Desde la Asamblea Nacional, plegada a Maduro, diputados chavistas lanzaron proyecciones sobre que, si se levantan las sanciones, para mediados de año PDVSA podría vender crudo a Estados Unidos y Europa.

En tiempos de Hugo Chávez se comenzó a forjar la relación Rusia-Venezuela. Las primeras inversiones se centraron en la construcción de viviendas y la venta de armas y suplementos militares. Una eterna promesa de esta alianza ha sido el levantamiento en Venezuela de la primera fábrica de fusiles kalashnikov de América Latina, ofrecida en 2001 y que el Gobierno ruso aseguró el año pasado que podría inaugurarse este 2022. Chávez también intentó proveer a Rusia de flores venezolanas como las orquídeas, calas y gerberas. Este negocio germinó en una mesa en Moscú adornada con lirios en la que estaban reunidos los dos mandatarios, pero se marchitó rápidamente. “¿Esas flores de dónde vienen?” le preguntó Chávez a Putin, contó Nicolás Maduro años atrás, cuando el líder bolivariano estaba recién fallecido y el sucesor rearmaba sus alianzas.

Tanto Serbin como el politólogo Jonathan Benavides, especialista en geopolítica de Rusia, coinciden en que esta alianza se ha sobreestimado y el valor agregado que daba el Kremlin a Maduro ya no está tan claro. “La presencia rusa en Venezuela está centrada en instancias de soporte técnico para el material militar, capacitación y entrenamiento y apoyo operativo en los sistemas de defensa antiaéreo y el uso de drones. Pero no hay bases militares rusas en Venezuela”, apunta Serbin.

Para Benavides la presencia rusa en Venezuela ha sido más de discurso para alimentar las tensiones con Occidente. “Es la amenaza creíble de que están tocando el patio trasero de Estados Unidos, así como ellos se han metido en el de Rusia”, señala el profesor universitario. “Es una alianza estratégica para molestar a Estados Unidos”. Pero agrega que en términos de intercambio comercial, Rusia provee 80% del trigo que consume Venezuela. La guerra podría significar una escasez del rubro en un país que ya arrastra una crisis alimentaria, dentro de la emergencia alimentaria mundial que han pronosticado que traerá el conflicto en Ucrania.

“Hay temas que había que hablar con Rusia”, comenta Benavides sobre la reunión entre Delcy Rodríguez y Serguei Lavrov. La más importante es el movimiento del dinero de la venta del petróleo venezolano que está en bancos rusos sancionados por Estados Unidos. También otros asuntos como el futuro de la oficina de la estatal Conviasa en Moscú que había anunciado el aumento de frecuencias a la capital rusa y de la sede de la PDVSA. El analista político también apunta a una segunda tesis para explicar este encuentro justo después del que tuvieron con Washington. “Es posible especular que se esté usando a Venezuela como un canal de comunicación entre las dos potencias y es válido hacerlo porque en todas las guerras puedes estar en conflicto armado en la calle y en las oficinas estás buscando canales de contacto”.

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Unos coches de la policía saudí, en julio de 2020 cerca de La Meca.
Unos coches de la policía saudí, en julio de 2020 cerca de La Meca.SAUDI MINISTRY OF MEDIA (Reuters)

La guerra de Ucrania ha puesto sordina a la ejecución de 81 hombres en Arabia Saudí durante el fin de semana. Las condenas internacionales al mayor ajusticiamiento colectivo llevado a cabo en tiempos recientes en el reino se han visto refrenadas en medio de presiones diplomáticas para que Riad aumente la producción de petróleo para rebajar los desbocados precios del combustible.

Los reos habían sido sentenciados a la pena capital por terrorismo y asesinato, entre otros delitos, y más de la mitad de ellos eran chiíes, minoría religiosa musulmana en la que se incluye a entre un 10% y el 20% de la población. En consecuencia, Irán ha suspendido la quinta ronda de diálogo bilateral con el Gobierno saudí que tenía previsto desarrollarse esta semana en Irak.

Entre las ocho decenas de reos que fueron presumiblemente decapitados el sábado por la espada del verdugo, método oficial saudí de ejecución, figuraban también siete yemeníes y un sirio, según informa Reuters. El Ministerio del Interior aseguró en un comunicado que algunos de los ajusticiados habían “rendido pleitesía a grupos terroristas extranjeros como el ISIS (por las siglas inglesas del Estado Islámico), Al Qaeda y los (insurgentes de Yemen) hutíes” o mantenían “creencias herejes”. Las autoridades de Riad insisten en que los encausados tuvieron un proceso judicial justo y con asistencia letrada, y que su condena estuvo ratificada por un decreto real.

Los grupos de defensa de los derechos humanos cuestionan el grave retroceso experimentado con el ajusticiamiento masivo, que supera las 67 ejecuciones registradas eme todo 2021 y las 27 de 2020. Amnistía Internacional ya denuncio el incremento constatado el año pasado después de que Arabia Saudí hubiese ejercido la presidencia de turno del G20.

Las ONG humanitarias resaltan además que se haya roto la promesa del príncipe heredero, Mohamed Bin Salmán, de ir reduciendo en Arabia Saudí el recurso a la pena capital para reemplazarla por la condena a perpetuidad. El Gobierno saudí anunció el año pasado la suspensión de la pena capital por delitos relacionados con las drogas. También se comprometió a dejar de ejecutar a las personas que eran menores de edad cuando cometieron los delitos.

Desde Bruselas, el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, ha condenado unas ejecuciones que van contra uno de los principios de la Unión Europea y que ha calificado como “un castigo cruel e inhumano”. La ONG británica Reprieve (Indulto), que batalla por la abolición de la pena de muerte, ha sido una de la más activas en la condena a la última ejecución colectiva. Su codirectora, Maya Roa, encabeza en Twitter la campaña para que el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, suspenda un anunciado viaje a Riad. El mandatario pretende persuadir a las autoridades saudíes de que incrementen la producción de petróleo para contener los precios de la energía.

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La desaparición y muerte en 2018 del periodista saudí Jamal Khashoggi en el consulado de su país en Estambul a manos de agentes de seguridad vinculados con el príncipe heredero y los abusos contra la población civil cometidos por las fuerzas encabezadas por Riad en la guerra de Yemen desde 2014 han roto muchos de los estrechos vínculos que Arabia saudí mantenía con los países occidentales.

La ejecución colectiva del pasado fin de semana supera el listón de los más de 60 ajusticiados en 1980 causa de la toma por un grupo armado de la gran mezquita de La Meca, en la que perdieron la vida más de un centenar de miembros de las fuerzas de seguridad y otros tantos salafistas durante dos semanas de enfrentamientos. En 2019 sufrieron la pena capital en el mismo día 37 reos, en su mayoría saudíes de confesión chií. En 2020 solo Irán, Egipto e Irak superaron a Arabia Saudí en número de ejecuciones. China no facilita datos.

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Nariño en crisis: afectaciones por lluvias superan capacidad de atención de municipios y Departamento
Hay graves afectaciones en la red vial, viviendas, colegios, cultivos y en la economía de la región, producto de las lluvias que desde mediados del año anterior caen sobre Nariño.

Hay graves afectaciones en la red vial, viviendas, colegios, cultivos y en la economía de la región, producto de las lluvias que desde mediados del año anterior caen sobre Nariño.

Noticias Nariño

Ante la grave situación que se afronta en el departamento de Nariño por cuenta de las fuertes lluvias; autoridades seccionales indicaron que la crisis superó la capacidad de atención de municipios y Departamento

Frente a esta situación, autoridades hicieron un recorrido por los distintos municipios y manifestaron que hay graves afectaciones en la red vial; viviendas, instituciones educativas, cultivos y en la economía de la región, producto de las lluvias que desee mediados del año anterior caen sobre Nariño.

Por tal razón, reiteraron que la protección de la vida es lo más importante en este momento, por eso hicieron un llamado a la comunidad que se encuentra en zonas de riesgo a evacuar estos lugares .

Así mismo, pidieron a la comunidad respetar los conceptos técnicos para la intervención de las vías, en especial, cuando no hay condiciones en las que la maquinaria pueda avanzar en el despeje de las mismas; esto para evitar una tragedia como la que pudo presentarse en el municipio de Santacruz.

Por tal razón, anunciaron que se tendrá  un consejo ampliado, con participación del Director Nacional de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Eduardo José González

Esto a fin de solicitar el apoyo nacional que permita atender a las familias, mitigar el riesgo y realizar obras como los estudios de riesgo.

El propósito, es determinar acciones que posibiliten soluciones a largo plazo en puntos críticos que históricamente presentan deslizamientos y peligro para la comunidad.





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Ola invernal tiene en crisis a Nariño: hay municipios incomunicados, viviendas destruidas y familias damnificadas

San Pablo, Mallama, Santacruz, La Florida, Taminango y La Unión son algunos de los municipios más afectados por la emergencia.

Noticias Nariño

En alerta máxima se encuentra el departamento de Nariño por cuenta de la ola invernal que tiene afectados a varios municipios de la región.

Ante esta situación, autoridades han realizado un recorrido para verificar la situación en algunos puntos  para verificar la crisis.

Señalan que San Pablo, Mallama, Santacruz, La Florida, Taminango y La Unión son algunos de los municipios más críticos.

Es así, que en Taminango  las fuertes lluvias provocaron un movimiento en masa que afecta a más de 100 familias que deben ser reubicadas.

La emergencia supera la capacidad de atención del gobierno local y regional, razón por la cual ameríta el apoyo del Gobierno Nacional

Así mismo, reportaron la pérdida total de más de 200 metros de la vía de acceso al corregimiento de Granada.

Una situación similar, también se registró en Santacruz; allí un operarios fue rescatado tras un deslizamiento que sepultó la máquina con la que estaba trabajando en el despeje de la vía.

El operario junto al secretario de Planeacion del municipio están en observación en el hospital de Túquerres.

Después de analizar los riesgos que presenta la vía de acceso principal a Guachavés y luego de nuevos deslizamientos ocurridos en las últimas horas, se determina el cierre total de esta vía.

¡Se salvó de morir¡ Secretaria de infraestructura fue a atender vías de Nariño y casi termina sepultada por derrumbe en Santacruz

Entre tanto, en San Bernardo se instaló un puesto de mando unificado para evaluar los daños provocados por las avenidas torrenciales, además de caracterizar a la población afectada y gestionar ayudas para esta comunidad.

Por otro lado, los Deslizamientos por fuertes lluvias también afectaron el Santuario de La Virgen de La Playa, en San Pablo, Nariño.


A raíz de las fuertes lluvias de las últimas horas, se presentó un deslizamiento de tierra que afecto el Santuario de La Virgen de la Playa.

Crisis en Mallama

Mallama ha sido otro de los municipios que se ha visto seriamente afectado por las lluvias.

Por el daño de las fuertes lluvias los puentes y vías terciarias del municipio fueron gravemente afectado.

 



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Durante meses Vladímir PutinVladímir Putin dijo que no tenía intención alguna de invadir a Ucrania, pero el 24 de febrero hizo exactamente eso. Desde entonces, las sorpresas han sido la norma. El propio Putin ha sido sorprendido, ya que es obvio que las cosas no han salido como el anticipaba. El dictador sobreestimó la eficacia de sus fuerzas armadas y subestimó a las de Ucrania. Un devastador ataque cibernético de los rusos, por ejemplo, aún no se ha producido y la armada de Putin muestra inesperados signos de desorden e improvisación. También nos ha sorprendido Volodímir Zelenski, el presidente que se ha convertido en un ejemplo mundial de valentía. A su vez, el pueblo ucranio demostró con hechos lo que significa defender a la patria de los zarpazos de un sanguinario dictador. Lamentablemente, todo lo anterior no permite suponer que los ucranios repelerán el ataque ruso. La desproporción entre la fortaleza militar de Rusia y la de Ucrania es enorme. Cabe esperar, sin embargo, una prologada insurrección de la nación ucrania contra sus invasores, la cual contará con la simpatía del mundo y el apoyo militar de muchos países.

Putin no solo se equivocó con los ucranios, sino que también subestimó a las democracias del mundo. Esta ha sido la mayor sorpresa que hasta ahora nos ha dado este conflicto. La Unión Europea respondió de manera unida y eficaz, lo que nos es común. Vimos a gobernantes, políticos y burócratas europeos reaccionando rápidamente y tomando decisiones que hasta hace poco eran inimaginables. Estados Unidos se ha aliado con Europa, Japón y otros países para imponerle a Rusia costos prohibitivos por las agresiones de Putin. Las democracias del mundo reaccionaron con inusitada velocidad y algunas desecharon principios que durante décadas fueron pilares fundamentales de su política exterior. Alemania, por ejemplo, decidió aumentar su gasto militar y enviar material bélico a las fuerzas armadas ucranias. Suiza abandonó lo que había sido un factor definitorio de su política exterior y hasta de su identidad nacional: la neutralidad frente a los conflictos internacionales. Las severas sanciones adoptadas por la alianza internacional desconectaron a Rusia de la economía mundial. Así, Putin ha condenado a su población a la pobreza y el aislamiento. Tristemente, también veremos más terror y represión dirigidos a los rusos que se atrevan a demandar un futuro mejor. A medida que la situación económica empeore, el Kremlin se sentirá más amenazado por los rusos que protestan en calles y plazas que por los demócratas de otros países.

Al mismo tiempo que se profundiza el aislamiento de Rusia, las democracias han mostrado una inédita capacidad para integrarse y defender juntas los valores que comparten. Diseñar e imponer las sanciones más severas que se han visto y coordinar su adopción entre muchos y muy diversos países fue muy difícil, pero se logró. Este es uno de los más bienvenidos efectos colaterales de la invasión: descubrir que las democracias pueden enfrentar con éxito grandes problemas. Esta experiencia puede servir de guía para enfrentar las otras amenazas globales que nos acechan. Por coincidencia, cuatro días después de la invasión de Ucrania, un panel formado por prominentes científicos publicó un informe que alerta sobre los inéditos daños humanos y materiales que está causando el cambio climático, así como la alarmante velocidad a la cual la frecuencia de estas catástrofes esta aumentando. El informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) se basa en las investigaciones de miles de científicos de todo el mundo. Según el informe, estamos a riesgo de que las condiciones adversas se hagan tan extremas que vastas superficies del planeta serán inhabitables, al igual que algunas de las más pobladas zonas urbanas.

La crisis climática que sufre el planeta es tanto o más amenazante que Vladímir Putin. La invasión de este tirano es un crimen inaceptable que no puede ser ignorado y hay que apoyar a quienes lo enfrentan. Pero el mundo debe desarrollar la capacidad para responder a más de una crisis a la vez. Ucrania no debe ser abandonada, pero la lucha contra el calentamiento global tampoco. Esto último es muy difícil pero ahora sabemos que, actuando en conjunto, el mundo es capaz de lograr cosas difíciles.

Los líderes de las democracias del mundo mostraron que, frente a una amenaza existencial, las políticas pueden cambiar decisiva y rápidamente. Es hora de que usen con valentía el superpoder que la crisis de Ucrania les ayudó a descubrir para atacar la otra gran crisis que enfrenta la humanidad. @moisesnaim

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Las ventanas en el Ministerio de Asuntos Exteriores chino, un complejo con cierto parecido a una colmena en el centro en Pekín, han estado iluminadas hasta altas horas de la noche estos últimos diez días. Son indicio del frenesí de actividad en su interior desde que el presidente ruso, Vladímir Putin, diese la orden de invadir Ucrania el 24 de febrero. La imagen se repite en otras dependencias estatales y del Partido Comunista. China, el socio más cercano de Moscú, sigue con intensa atención el desarrollo de la guerra y la reacción de Occidente, para evaluar su propia respuesta y sacar lecciones. Muy especialmente, sobre su interés geopolítico primordial: Taiwán.

Pekín considera la isla al otro lado del estrecho de Formosa, en la que se refugió el ejército derrotado del Kuomintang tras el triunfo comunista en la guerra civil china, en 1949, parte inalienable de su territorio. Su gran ambición, superior a cualquier otra, es lograr el control de Taiwán, preferentemente por la vía pacífica aunque ―según ha dejado claro una y otra vez― sin renunciar a la fuerza si es necesario.

Pero los 25 millones de personas que componen la población de Taiwán, autogobernada, democrática y próspera, son cada vez menos partidarios de una unificación: casi siete de cada diez se siente taiwanés, frente a un 35% que dice identificarse tanto con Taiwan como con China. Una tendencia que se ha acelerado en los últimos 10 años y que se refleja en el aplastante triunfo electoral del Partido Democrático Progresista de la presidenta Tsai Ing Wen en las últimas dos convocatorias. El presidente chino, Xi Jinping, ha reiterado que la unificación completa es una tarea histórica que “debe cumplirse y se hará”. En los últimos 18 meses, aviones de las fuerzas chinas han sobrevolado con frecuencia la zona de defensa aérea de la isla; sus buques han llevado a cabo abundantes maniobras militares en las cercanías de las aguas taiwanesas.

La guerra desencadenada por Rusia ha suscitado preocupación en Taiwán, donde se han sucedido las muestras de apoyo público a Ucrania. El hashtag “Ucrania Ahora, Después Taiwán” circula por sus redes sociales. Un 26% de la población considera posible una invasión por parte de China. La presidenta Tsai ha condenado esa invasión, subrayando que “el pueblo taiwanés puede estar seguro de que trabajamos en su defensa”.

Estados Unidos, el gran aliado de Taiwán, ha lanzado una señal de apoyo al gobierno de Tsai con el envío, esta semana, de una delegación de antiguos militares, encabezados por el exjefe de Estado Mayor Mike Mullen. En una visita programada con anterioridad, el antiguo secretario de Estado Mike Pompeo llegaba también a Taipéi el jueves.

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China rechaza enérgicamente las comparaciones entre el país europeo invadido y la isla. “Taiwán no es Ucrania”, aseguraba la portavoz de Exteriores Hua Chunying, “Taiwán es una parte inalienable del territorio chino”. Aunque diversos analistas no descartan una hipotética operación militar a largo plazo para ocupar la isla, la perspectiva de un asalto en un futuro cercano parece inviable. Por un lado, sanciones como las impuestas a Rusia podrían causar un efecto devastador en la economía china. Por otro, desde el punto de vista militar, un hipotético ataque que copiara la invasión rusa “es un sinsentido estratégico”, indicaba el ex primer ministro australiano y actual presidente de Asia Society, Kevin Rudd, en un seminario telemático esta semana. “China tiene en la cabeza un calendario militar para Taiwán y todavía no creen que militarmente tengan ya la capacidad (para atacar con éxito) ni vayan a tenerla esta década”.

“Una invasión de Taiwán sería mucho más difícil que la de Ucrania”, apunta Bonny Lin, del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS), en una videoconferencia. Para empezar, explica la experta, “el Ejército chino de Liberación Popular tiene mucha menos experiencia de combate que Rusia”. No solo eso: la toma de una isla, especialmente fortificada como Taiwán, presenta complicaciones mucho mayores que la entrada en Ucrania, donde los tanques simplemente tuvieron que cruzar una frontera terrestre llana. Como ha demostrado la experiencia en Ucrania, las tropas chinas se arriesgarían a encontrar una fuerte resistencia local, con la posibilidad de que emergiera una emergencia en caso de que la invasión triunfase. Y no está claro cómo reaccionaría la opinión pública en China ante las muertes y la destrucción que un conflicto de ese calibre acarrearía.

Pero Pekín sí aprovechará la situación actual para sacar lecciones. “China va a examinar muy cuidadosamente cómo reacciona Occidente a esta invasión rusa en Ucrania, especialmente la unidad y coherencia de Occidente, en Europa, la OTAN, las sanciones sobre las que Occidente se puede poner de acuerdo, hasta qué punto se aplican y cuántos países consigue que se sumen en el mundo”, apunta Helena Lagarda, del centro alemán de estudios Merics. En su opinión, China puede analizar la guerra que se libra en Ucrania como un “ensayo general” de cómo reaccionaría Occidente si el gigante asiático fuera a atacar Taiwán. “Hasta ahora, lo que hemos visto ha sido una unidad y velocidad notables en lo que respecta a las sanciones occidentales contra Rusia, y eso es algo que cambiará las prioridades de China hasta cierto punto”, incluida la búsqueda de una mayor autosuficiencia, agrega.

“La dimensión y unidad de las sanciones, y sus exclusiones, serán de intenso interés. Una posición débil contra Rusia, particularmente en Europa, aumentará la presión sobre Taiwán, incluso si no se plantea una invasión”, escribe el analista Charles Parton, del Council on Geostrategy, en la revista de este centro de estudios británico,

Otra gran diferencia con el escenario ucraniano es el papel que tendría Estados Unidos, aliado de Taipéi y obligado por su legislación a facilitar armamento a Taiwán para su defensa. Washington “dejó claro que no usaría la fuerza en Ucrania, y ha hecho casi todo menos usar la fuerza. En Taiwán, Estados Unidos mantiene una política de ambigüedad estratégica (por la que no deja claro si intervendría o no militarmente en caso de ataque a su aliado) pero China sabe que sería un caso muy diferente”, matiza el académico y exministro de Exteriores de Singapur Bilahari Kausikan.

Sí parece que la guerra en Ucrania, y la alianza informal entre Moscú y Pekín, vaya a impulsar un refuerzo de las alianzas militares en Asia Pacífico y, probablemente, la carrera de armamento que ya se encontraba en marcha. “Esto ahora refuerza el Quad (la asociación informal entre Estados Unidos, India, Japón y Australia para responder al auge de China) y Aukus”, la alianza entre EE. UU, Australia y el Reino Unido en Asia Pacífico, opina Jude Blanchette, del CSIS. El Quad celebró una cumbre de mandatarios por videoconferencia este jueves, convocada de urgencia para analizar las consecuencias del conflicto en Ucrania.

Taiwán, que el año pasado anunció una partida presupuestaria extraordinaria de 8.600 millones de dólares para Defensa, ha anunciado esta semana que doblará la fabricación anual de misiles, para llegar a casi 500. También planea comenzar a producir drones de ataque, con el objetivo de lograr los 48 anuales. “La historia nos enseña que si hacemos la vista gorda ante la agresión militar, agravamos la amenaza contra nosotros mismos”, ha declarado la presidenta Tsai.

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