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Foto Alcaldía de Cali

Bajo la teoría de ‘ventana rota’ y como lo dispone el Código de Seguridad y Convivencia, alrededor de 70 predios que fueron objeto de vandalismo durante los disturbios de 2021 están siendo intervenidos y encerrados.

“Después de los actos del estallido social, que duraron alrededor de dos meses y que dejaron como resultado una serie de inmuebles destruidos, tal como sucedió con dos sedes bancarias ubicadas en la calle 5 con carrera 31 –frente a la iglesia de San Fernando Rey– o en la calle 5 con carrera 26 y avenida Circunvalación con carrera 52, entre otros, el Gobierno Distrital se vio en la obligación de ejecutar los correspondientes cerramientos”, aseguró Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control.

El funcionario dijo que estos predios estaban comprometiendo la seguridad ciudadana, toda vez que eran empleados como depósitos de basuras y escombros o guaridas de antisociales, grupos criminales y habitantes de calle, situaciones que afectaban los entornos.

“Si bien en principio se detectaron seis bienes en ese estado de deterioro, ya las autoridades tienen un inventario de más de 70 en toda la ciudad, a los cuales se les estará aplicando la medida urgente de cerramiento, taponamiento con mamparas duras y rejas, para evitar situaciones que afecten la tranquilidad y la convivencia”, enfatizó Dranguet.

Según el Subsecretario, el Gobierno Distrital se ha venido comunicando con algunos propietarios, quienes realizarán su propio cerramiento. En cuanto a los que no accedan, la Alcaldía lo hará por ellos, pero luego les cobrará las correspondientes costas por este servicio.

Sostuvo que estas acciones se toman como medida urgente con adecuaciones e inversiones locativas, para minimizar la inseguridad y evitar afectaciones a los ciudadanos.

“Así como lo establece la teoría de ‘ventana rota’, no queremos tener la ciudad abandonada, sucia y con focos de inseguridad. Queremos tener nuestra casa común limpia y bonita, haciendo invitación a los propietarios a que las intervengan; de lo contrario, lo haremos como Alcaldía para garantizar la seguridad de todos y todas”, concluyó el subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control, Jimmy Dranguet.

Fuente: Gustavo Sánchez / Alcaldía de Cali


Estado en el que quedaron algunas habitaciones del centro de desintoxicación ilegal de Guayaquil tras el incendio.
Estado en el que quedaron algunas habitaciones del centro de desintoxicación ilegal de Guayaquil tras el incendio.Acess Ecuador

El último día de carnaval llegó la tragedia. Siete jóvenes que trataban de superar su adicción a las drogas en una clínica clandestina de Ecuador murieron en un incendio. Estaban encerrados en un presunto centro de desintoxicación que operaba sin permisos en una vivienda del suburbio de Guayaquil. En la calle Q y la 17 comenzó el fuego el martes a última hora de la tarde que terminó con la vida de siete internos que tenían de 18 a 25 años. No pudieron escapar de las llamas ni ser rescatados. La clínica ya ha sido clausurada.

Los vecinos trataron de apagar el fuego con el agua de las piscinas inflables que proliferan en las aceras de los barrios más populosos durante los cuatro días de carnaval. Aunque algunos de los pacientes de la clínica ilegal pudieron ser evacuados a tiempo -cinco heridos fueron ingresados en el hospital-, los cuerpos de los siete fallecidos permanecían este miércoles en la morgue, primer día lectivo tras el puente, en espera de que sus familiares los identificaran.

Una fundación con el membrete Súmate a la Vida funcionaba como pantalla del centro de desintoxicación que hoy colecciona sellos de clausura del Cuerpo de Bomberos y del Municipio de Guayaquil después del incendio. Antes del suceso y del cierre, había cerca de 30 internos a los que se les prohibía salir para que superaran sus adicciones al alcohol y las drogas. Uno de los fallecidos se había recluido voluntariamente, aunque a este tipo de clínicas clandestinas suelen acudir familiares desesperados que dejan aislados a sus parientes hasta que pasen el síndrome de abstinencia, pese al “peligro latente” que, según los bomberos, representan estos centros sin control.

No se ha oficializado ninguna versión sobre cómo comenzó el fuego, pero los equipos de Emergencias lo achacan a que uno de los mismos internos en tratamiento provocó el incendio con un colchón precisamente para forzar su escapatoria. “Encontramos que en un ala izquierda no hay salida de escape, es donde se han ubicado las personas quemadas”, dijo el responsable de la agencia pública que controla este tipo de clínicas al diario local El Universo. Según Guillermo del Pozo, director de procesos sancionatorios de la zona de Guayaquil, la clínica incumplía las normas sanitarias, no manejaba apropiadamente los desechos y no estaba registrada ni en el Ministerio de Inclusión Social ni en la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada.

Esta entidad supervisa que ese tipo de espacios tengan los permisos y atiendan a personas con adicciones con las instalaciones, el personal y las políticas adecuadas. Según el reporte de la agencia, en la clínica guayaquileña había seis habitaciones en la planta baja del establecimiento. “Todas con ventanales con rejas y la cerradura de las puertas por fuera”, describe el informe. Apunta, incluso, a hacinamiento. Los dueños de la vivienda o los responsables de la fundación se dieron a la fuga y no han aparecido hasta ahora.

Cada dormitorio, de tamaño reducido, tenía varios colchones y literas que terminaron quemados y con restos de hollín. Había además, de acuerdo al parte, una especie de sala de castigos de un metro cuadrado con puerta de acero donde dejaban a los internos encerrados por tiempo indefinido. Pese a la clausura del centro, Del Pozo reprocha que la ciudadanía no denuncie estos establecimientos que abren una y otra vez en otros puntos de la ciudad cada vez que son desmantelados. El año pasado, hubo una veintena de intervenciones de cierre y, en diciembre, otra persona con problemas de adicción apareció muerta en otro centro irregular de Guayaquil. En 2019, también en una clínica del suburbio guayaquileño, murieron en un incendio 18 personas que estaban en tratamiento por adicciones. “No permitiremos que esto continúe”, prometió el gobernador de la provincia de entonces: “Vamos a regular o clausurar”.

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