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“Suspendemos la actividad”. Esta ha sido la última noticia que ofrecerá Nóvaya Gazeta hasta que concluya el ataque sobre Ucrania. El diario ruso —cuyo director, Dmitri Murátov, fue galardonado con el premio Nobel de la paz en 2021— ha decidido paralizar su publicación tras recibir una nueva advertencia por parte de las autoridades. Hasta ahora había caminado sobre el alambre mientras el organismo supervisor de las telecomunicaciones ordenaba el bloqueo de otros medios. Ahora, su cobertura del mayor conflicto que ha vivido Rusia este siglo llega a su fin, apenas un mes y cuatro días después de haber comenzado la invasión de Ucrania.

“Hemos recibido otra advertencia más de Roskomnadzor [el supervisor ruso de las telecomunicaciones]. Después de esto suspendemos la publicación del periódico en el sitio web, en las redes sociales y en papel hasta el final de la ‘operación especial en el territorio de Ucrania’. Atentamente, la redacción de Nóvaya Gazeta”, recogía el breve comunicado que encabeza ahora, y sin saber hasta cuándo, el portal del diario.

La redacción de Nóvaya Gazeta desconoce el motivo de estos avisos. “No sabemos por qué, ni siquiera hemos recibido una copia de la primera advertencia”, decía la responsable de comunicación del diario, Nadezhda Prusenkova, a la agencia de noticias Interfax. “Tampoco sabemos qué dice la advertencia. Han publicado el mensaje de que ha habido una advertencia al periódico, pero no nos han enviado nada”, agregó. El director Murátov anunció la semana pasada que sacaría a subasta la medalla del premio Nobel que le fue entregada en Oslo el pasado diciembre y que donaría el dinero para ayudar a los refugiados ucranios.

El periodista Dimitri Muratov, director de 'Nóvaya Gazeta', el 10 de diciembre de 2021 tras recibir el premio Nobel de la Paz en Oslo por su defensa de la libertad de prensa.
El periodista Dimitri Muratov, director de ‘Nóvaya Gazeta’, el 10 de diciembre de 2021 tras recibir el premio Nobel de la Paz en Oslo por su defensa de la libertad de prensa. ODD ANDERSEN (AFP)

El organismo regulador ordenó este domingo que varios medios rusos no difundiesen una entrevista que les había concedido el presidente ucranio, Volodimir Zelenski. Dos ya estaban bloqueados dentro de Rusia, Meduza y Dozhd, y junto a ellos participaba el periódico Kommersant, controlado por un poderoso empresario de la metalurgia, Alisher Usmánov, cercano al Kremlin. El director de Dozhd, Mijaíl Zygar, hizo una pregunta en nombre del responsable de Nóvaya Gazeta.

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El periódico que dirige Murátov es el último de una larga lista de medios que sucumben a la censura en Rusia. A principios de marzo, al mismo tiempo que el Parlamento legislaba contrarreloj una ley que condena con hasta 15 años de cárcel la “desinformación” sobre el conflicto, las versiones en ruso de varios canales internacionales —entre ellos BBC, Deutsche Welle, Voice of America y Euronews— fueron bloqueadas dentro del país por su cobertura de la ofensiva. Lo mismo sucedió con la televisión independiente rusa Dozhd, el diario Meduza y la decana radio Eco de Moscú.

La legendaria emisora, cuyo portal web publicaba columnas de opinión de opositores y oficialistas, decidió su liquidación tras haber sido bloqueado por las autoridades al negarse a borrar el contenido que desafiaba la versión del Kremlin sobre la “desnazificación de Ucrania”. Su director, Alexéi Venedíktov, se encontró hace unos días en la puerta de su domicilio una cabeza de cerdo y un cartel con la bandera de Ucrania donde estaba escrito “puerco judío”.

Nóvaya Gazeta había logrado sortear la censura hasta ahora gracias a que había acatado las exigencias de las autoridades. Entre ellas, borrar todo contenido donde estuviera escrita la palabra “guerra”, incluido el primer editorial que publicó su director en contra de la ofensiva.

Murátov, que el pasado año compartió el Nobel con la periodista filipina María Ressa por su defensa de la libertad de prensa, había recurrido a argucias para cumplir con las normas de las autoridades. Por ejemplo, borró casi todo el cartel contra la guerra que mostró en pleno directo y en horario de máxima audiencia del principal informativo ruso la periodista Marina Ovsianikova. “No creáis la propaganda”, fue la única línea del rótulo que sostuvo la editora del programa que no emborronó Nóvaya Gazeta.

Una de sus últimas portadas de papel aludía a la censura mostrando una explosión gigantesca de fondo y las siluetas de cuatro bailarinas recortadas sobre ella. El diario rescataba uno de los momentos más críticos en la historia reciente del país: la retransmisión ininterrumpida del ballet El cascanueces en el principal canal televisivo durante el golpe de Estado fallido de 1991 con la que se trataba de ocultar lo que estaba sucediendo. Tres décadas después, el canal Dozhd puso punto final a su emisión en abierto con esa misma obra.

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Era un secreto a voces que los diputados conservadores británicos cada vez tenían menos reparo en airear públicamente. Irritados por el modo en que el entonces speaker (presidente) de la Cámara de los Comunes, John Bercow, reinterpretaba las costumbres parlamentarias para prolongar eternamente el debate sobre el Brexit, iniciaron una campaña en su contra aprovechando lo que, presuntamente, era su punto débil: un exceso de soberbia. Aquel grito de “Order, order!” que dio a conocer por todo el mundo a Bercow y le convirtió en parte del folklore del Reino Unido, revelaba un poso autoritario que en privado resultaba mucho menos simpático. “Corresponde a los historiadores juzgar si el acusado ejerció con éxito el papel de presidente de la Cámara de los Comunes, pero no tenía ninguna necesidad de actuar como un bully (acosador) para lograr ese objetivo. Un puesto institucional como ese puede desempeñarse de un modo pleno y eficaz sin necesidad de caer en un comportamiento como el que se juzga”, ha concluido el Panel Independiente de Expertos, el organismo encargado de atender los recursos y peticiones de sanción contra diputados británicos por casos de acoso laboral, abuso de autoridad o conducta sexual inapropiada.

Bercow había sido sancionado por Kathryn Stone, la comisionada parlamentaria de normas y estándares éticos, cuyo rigor e imparcialidad a la hora de juzgar a los diputados la ha convertido, paradójicamente, en la bestia negra de muchos conservadores, y la amenaza permanente a Boris Johnson, ya sea por el asunto de las fiestas en Downing Street o los gastos de redecoración de su apartamento privado. El Panel Independiente de Expertos ha ratificado 21 de las 35 acusaciones vertidas contra Bercow por antiguos empleados suyos en la Cámara de los Comunes. “Hubo un señalado abuso de poder y autoridad por parte del acusado. Decidió ir a por los tres empleados que expresaron sus quejas y les acosó directamente”, asegura el panel en su informe final. “Se trata de un comportamiento tan grave que, si todavía fuera un diputado, habríamos recomendado su expulsión de la Cámara. En las circunstancias actuales, sugerimos que nunca se le permita entrar en el Parlamento mediante un pase”, sugieren el panel. Fueron Robert Rogers (Lord Lisvane), entonces secretario de la Cámara de los Comunes, y dos secretarios parlamentarios privados, Kate Emms y Angus Sinclair, quienes interpusieron las demandas contra Bercow. Los informes en su contra relataban gritos e insultos contra sus subordinados e incluso, en cierta ocasión, cómo le llegó a lanzar un teléfono móvil.

Bercow dio sus primeros pasos en política en el entorno de Enoch Powell, el parlamentario conservador tan brillante como ponzoñoso, que introdujo un elemento xenófobo en el discurso de la formación. Famoso, por infame, es su discurso bautizado como rivers of blood (ríos de sangre) de 1968, en el que criticó la llegada masiva de inmigrantes de las excolonias británicas. Posteriormente se convirtió en un entusiasta acérrimo de Margaret Thatcher y sus políticas neoliberales. Durante larga época como speaker de la Cámara demostró una gran habilidad para conducir los debates y un exhaustivo conocimiento del reglamento parlamentario, que se encargaba de demostrar con una locuacidad en muchas ocasionas pomposa.

Su abierta hostilidad hacia el Brexit le llevó a enfrentarse cada vez más abiertamente con sus compañeros de filas conservadores, y a flexibilizar las reglas de la Cámara a favor de los mayores críticos de la salida de la UE, para que siempre tuvieran amplia oportunidad de debatir y controlar cada nueva decisión adoptada, primero por el Gobierno de Theresa May, más tarde por el de Boris Johnson. El abandono de su puesto por parte de Bercow, anunciado con antelación por él mismo cuando el Brexit pasó a ser un hecho consumado e irremediable, fue acogido con alivio por las huestes conservadoras. Bercow nunca consiguió el título nobiliario de Sir al que aspiraba, porque Downing Street se negó. Acabó anunciando que se pasaba a las filas de la oposición y se afiliaba al Partido Laborista. Para entonces, ni los conservadores sufrieron daño alguno por la deserción, ni los laboristas supieron muy bien qué hacer con un personaje para el que no tenían hueco. De hecho, los laboristas han decidido suspenderle temporalmente como miembro del partido mientras abren su propia investigación.

Bercow ha respondido con un duro comunicado público en el que acusa al Parlamento de haber puesto en marcha una vendetta contra él, a través de una “farsa de tribunal”, y asegura que siempre tuvo una buena relación con el personal de la Cámara de los Comunes. “Si este caso se hubiera procesado en cualquier tribunal ordinario hubiera sido descartado de antemano. Se ha impulsado con unas pruebas muy endebles, basado en rumores sin fundamento, y promovido por dogmáticos de vieja escuela incapaces de admitir ningún cambio y que ahora pretenden ajustar cuentas conmigo”, ha dicho Bercow. “Al final, el panel se ha limitado a recomendar que se me niegue un pase parlamentario que nunca he pedido y que no quiero. En eso consiste lo absurdo de su decisión”, ha dicho. Como exdiputado, tenía derecho a solicitar un pase permanente para la Cámara. Si en alguna ocasión decidiera regresar a los que durante años fueron sus dominios sin género de duda, tendría que humillarse y solicitar un pase de visitante.

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China continúa cerrando el cerco a cualquier fuente de información divergente en los medios de comunicación hongkoneses. El portal de noticias independiente Citizen News anunció el domingo por la noche que cesará su publicación el 4 de enero debido “al deterioro del entorno periodístico” en la excolonia británica y con el fin de “garantizar la seguridad de su personal”. Si bien es cierto que la clausura del medio no ha sido, en esta ocasión, resultado de un acto de represión directo, la decisión tiene poco de voluntaria. Citizen News ha decidido seguir los pasos de Apple Daily y Stand News, otros dos medios opositores de la región semiautónoma, que se vieron obligados a cerrar en 2021, después de que las autoridades encargadas de salvaguardar la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín arrestasen a algunos de sus directivos.

“Nunca hemos olvidado nuestra intención inicial, pero, por desgracia, los cambios drásticos en la sociedad y el empeoramiento del entorno mediático en los últimos dos años han provocado que no podamos continuar cumpliendo con nuestros ideales sin miedo. En medio de esta crisis debemos asegurarnos de que todos los tripulantes del barco se encuentran a salvo”, expresó Citizen News en un comunicado publicado en sus redes sociales.

“Informar sin miedo significa que no tememos ofender a la élite, que criticamos a las autoridades cuando sus políticas no son correctas, que no rehusamos contar la verdad sobre las grandes corporaciones por presión empresarial”, aseveró en una rueda de prensa, celebrada este lunes, Chris Yeung, redactor jefe de este portal de noticias y expresidente de la Asociación de Periodistas de Hong Kong. “Pero eso no significa que el precio sea sacrificar nuestra propia libertad”, añadió.

Citizen News, que se define en Facebook “sin afiliación a un partido político” y que “apuesta por un Hong Kong libre, abierto e inclusivo”, empezó a publicar contenido en enero de 2017 y cuenta con alrededor de 408.000 seguidores en esta red social. El medio, que recibió apoyo inicial a través de una campaña de crowdfunding, tiene 40 empleados en plantilla.

Daisy Li, editora jefe de Citizen News, expresó ante la prensa que ya no sabe qué son las noticias “seguras”. “Si no tengo la confianza suficiente para guiar y liderar a mis reporteros, debo ser consecuente”, agregó. El propio Yeung ha confirmado que “el punto de inflexión para tomar esta decisión precipitada fue lo ocurrido con Stand News”. El miércoles pasado, 200 policías participaron en una redada a la redacción de este digital y en el arresto de siete miembros de su cúpula directiva. Las autoridades también congelaron 6,9 millones de euros de los activos de Stand News, y dos de sus editores jefes continúan detenidos, acusados de “conspirar y distribuir material sedicioso”, después de que se les negara la libertad bajo fianza. Ese mismo día, este medio de comunicación, que se había convertido en el más popular entre los activistas y simpatizantes de la oposición, anunció su cierre.

Lo ocurrido con Stand News no fue más que un calco de la represión policial que sufrió en junio la ya también desaparecida revista Apple Daily, crítica con Pekín, y que se vio obligada a cerrar después de que su editor jefe y otros cuatro directivos fuesen arrestados por “confabular con fuerzas extranjeras”.

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“Tras el cierre de Apple Daily y Stand News, Citizen News es el tercer medio independiente hongkonés que cae víctima de la intimidación y la campaña de acoso de la Policía, liderada por la jefa ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, y cuyo objetivo parece ser la supresión total de la libertad de prensa en el territorio”, apuntilla Cédric Alviani, director de la oficina para Asia Oriental de Reporteros Sin Fronteras. Según los datos compilados por esta organización no gubernamental con sede en París, la posición de Hong Kong en el índice de libertad de prensa ha caído estrepitosamente en los últimos años: si en 2002 se situaba en el puesto 18; en 2021 se desplomó hasta el 80.

El sindicato de prensa de la ciudad y el club de corresponsales extranjeros han expresado su profunda preocupación por la situación de la libertad de expresión en la ciudad desde el cierre de Apple Daily. Una encuesta, realizada el mes pasado por la Asociación de Periodistas de Hong Kong, reveló que casi la mitad de los profesionales del sector radicados en la región se estaba planteando o ya tenía planes de abandonar el enclave debido al empeoramiento de las condiciones de trabajo. También que más de la mitad de los periodistas se autocensuraba a la hora de cubrir ciertos temas que podrían ir en contra de Pekín.

Hong Kong regresó a la soberanía china en 1997 bajo la promesa de que se protegerían una amplia gama de derechos, como la libertad de prensa, la democracia y sus tribunales independientes, al menos, hasta 2047. Este nuevo cierre de un medio de comunicación que no promueve el discurso oficialista de la parte continental pone más sal sobre la llaga que se abrió tras las protestas prodemocracia de 2019. Entonces, y durante meses, las manifestaciones tomaron las calles de la ciudad. Pekín respondió un año más tarde con la aprobación de la draconiana Ley de Seguridad Nacional, que contempla penas de hasta cadena perpetua para crímenes como la secesión, la subversión, el terrorismo o la confabulación con fuerzas extranjeras.

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