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Las Fuerzas Armadas de Ucrania no tienen suficientes recursos para formar y armar a los cientos de miles de personas que han querido alistarse para combatir al invasor ruso. El Ejército ucranio evita aportar cifras concretas sobre el total de soldados en activo, pero estimaciones de expertos consultados por EL PAÍS indican que estos serían hoy unos 500.000, el doble respecto a los que estaban en servicio justo antes de iniciarse el conflicto. Las autoridades ucranias optan ahora por distribuir a los voluntarios en otras áreas que no son las estrictamente militares.

Al inicio del conflicto, las Fuerzas Armadas de Ucrania contaban oficialmente con 250.000 profesionales en activo, de los cuales 190.000 eran militares. Sobre el papel, Ucrania tenía, además, cerca de 200.000 reservistas y voluntarios en las Fuerzas de Defensa Territorial, una división militarizada que se encarga de la protección y control local. Hay que sumar los 130.000 agentes de policía y batallones de origen paramilitar que estaban bajo el paraguas de la Guardia Nacional —el equivalente a la Guardia Civil— y ahora, con la ley marcial, a las órdenes del Ministerio de Defensa. Rusia tiene 900.000 soldados en servicio, medio millón de unidades policiales o paramilitares y dos millones de reservistas, según datos del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS).

Mijailo Samus, director del centro de estudios de defensa ucranio New Geopolitics, indica que el contingente movilizado por Ucrania es hoy mucho mayor que hace un mes: hay 300.000 veteranos de la guerra que provocó Rusia en 2014 en la región de Donbás (este del país) incorporados de inmediato a unidades en el frente. A ello hay que añadir 100.000 voluntarios más, según la prensa ucrania, que fueron aceptados en las Fuerzas de Defensa Territorial en las dos primeras semanas de la invasión. Estas unidades son fundamentales en los controles de carretera y de acceso a municipios, en la búsqueda de saboteadores rusos, pero también en el enfrentamiento armado, según explica Samus: “Las Defensas Territoriales fueron clave en el primer golpe contra Kiev, cuando operativos especiales rusos intentaron infiltrarse en la capital y tomar puestos estratégicos, porque son ágiles en la movilización y conocen mejor la ciudad”.

Hace un mes que la guerra azota a Ucrania y una de sus consecuencias inmediatas es la falta de munición y armamento para las fuerzas de defensa nacionales. Así lo ha hecho saber a sus aliados de la OTAN el presidente ucranio, Volodímir Zelenski. No solo lo advierte el gobernante. En primera línea de fuego, en Járkov, el miembro de las Fuerzas de Defensa Territorial Vlad Hrishenko confirma lo mismo en una entrevista telefónica: “Soldados ya tenemos muchos, lo que necesitamos es material de protección y armas”.

Hrishenko tiene 35 años y es uno de los 400.0000 ucranios que trabajaban en el extranjero y que han vuelto a su país por la guerra, según datos de la Guardia Estatal de Fronteras. Él estaba empleado desde hacía dos años como agente de seguridad en una compañía naviera de cruceros. La guerra le sorprendió en Panamá y pidió una excedencia para regresar a Ucrania. Está sirviendo en una unidad de patrullas de las Fuerzas de Defensa Territorial. Andrei Demchenko, portavoz de la Guardia Estatal de Fronteras, afirmó el pasado lunes en rueda de prensa que la mayoría de estas 400.000 personas son hombres que, una vez llegados a su provincia de origen, se han ofrecido para incorporarse a filas.

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Fuentes cercanas al Ministerio de Defensa aseguran que no son mayoría los que se ofrecen para incorporarse a filas una vez retornados a Ucrania, y que muchos regresan sobre todo para estar con sus familias. Se trataría de una exageración con una finalidad propagandística. Pese a ello, Samus está convencido de que hay una mayoría de hombres que están dispuestos a combatir. Su valoración se basa en encuestas previas a la invasión y en las que se estimaba que un 65% de los adultos decían que tomarían las armas en caso de ataque ruso. “Ahora seguro que son más”, opina, e ilustra que, aunque fueran solamente un 10% los hombres entre 18 y 60 años que se hubieran ofrecido como voluntarios, esto supondría un millón de potenciales combatientes. Los adultos en esta franja de edad no pueden abandonar el país ante la posibilidad de ser movilizados por el Ejército o requeridos para otras tareas de primera necesidad.


Anexionada por

Rusia en 2014

Nota: ¿Qué es control? Mantener influencia física sobre un área para evitar su uso por el enemigo. Puede lograrse ocupándola o dominándola con armas. No implica gobernanza ni legitimidad. Fuentes: Institute for the Study of War y American Enterprise Institute’s Critical Threats Project (para avances y zonas controladas); Inteligencia del Reino Unido (ciudades cercadas); EL PAÍS y otras fuentes (combates y bombardeos).

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Rusia en 2014

Nota: ¿Qué es control? Mantener influencia física sobre un área para evitar su uso por el enemigo. Puede lograrse ocupándola o dominándola con armas. No implica gobernanza ni legitimidad. Fuentes: Institute for the Study of War y American Enterprise Institute’s Critical Threats Project (para avances y zonas controladas); Inteligencia del Reino Unido (ciudades cercadas); EL PAÍS y otras fuentes (combates y bombardeos).

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Rusia en 2014

Nota: ¿Qué es control? Mantener influencia física sobre un área para evitar su uso por el enemigo. Puede lograrse ocupándola o dominándola con armas. No implica gobernanza ni legitimidad. Fuentes: Institute for the Study of War y American Enterprise Institute’s Critical Threats Project (para avances y zonas controladas); Inteligencia del Reino Unido (ciudades cercadas); EL PAÍS y otras fuentes (combates y bombardeos).

Andrei Shevchenko es un militar retirado y diplomático del Ministerio de Exteriores ucranio. Hasta 2021 era embajador en Canadá y ahora dirige el centro de prensa de su Gobierno en Lviv, la capital de la retaguardia ucrania. Shevchenko confirma que el reclutamiento se ha ralentizado, e incluso se ha frenado en seco en Kiev, porque ya se produjeron suficientes incorporaciones en los primeros compases del conflicto. “Lo que necesitamos ahora es un periodo de entrenamiento para los futuros relevos de unidades en el frente”, resume Shevchenko. “Lo que no haremos es, como hacen los rusos, enviar a la guerra a gente sin formación como carne de cañón”, destaca.

Entrenamiento militar sin armas

Maksim Kozitskii, jefe de la región militar de Lviv, aportó el pasado jueves en una conferencia de prensa una cifra que es sintomática de la movilización más allá del Ejército regular: la provincia ha aportado 30.000 nuevos soldados y cuenta, además, con 20.000 solicitudes para incorporarse a las Fuerzas de Defensa Territorial. Kozitskii reiteró que están destinando a los nuevos solicitantes a realizar entrenamiento militar sin armas, formación de primeros auxilios o preparación en sectores económicos estratégicos. El alcalde de Lviv, Andrei Sadovii, expuso que para los 200.000 desplazados que hay en la ciudad será necesario construir urgentemente nuevas viviendas. “Ahora hemos entrado en una nueva normalidad, ya hay suficientes soldados y lo que necesitamos es retomar la actividad productiva”, dijo el 15 de marzo a EL PAÍS Igor Shevchenko, director de relaciones internacionales de la Cámara de Comercio de Vinnitsia.

Medio centenar de reclutas cargados con petates esperaban el pasado sábado frente a la sede en Lviv de la Fiscalía Militar de la Región Occidental de Ucrania. Estas oficinas se han habilitado como uno de los centros de inscripción. Varios sargentos llamaban a los hombres en pelotones de ocho o diez para trasladarlos al centro de entrenamiento. Las colas de los reclutas que eran aceptados eran más largas a principios de marzo, según corroboró un oficial encargado de atender a la prensa.

Aquel mismo fin de semana, pero en Kiev, a 500 kilómetros de Lviv, Vladislav Greenberg completaba su primera semana de entrenamiento. Horas de maniobras y clases de práctica militar diarias, sin tiempo para nada más. Greenberg se incorporó a uno de los batallones de voluntarios de nuevo cuño que han sido regularizados desde 2014 en la Guardia Nacional y que ahora están en la esfera de las Fuerzas Armadas. Llegó desde Finlandia, donde está empleado como jardinero. Allí dejó a su mujer y a un hijo de cinco meses. “Mi mujer no me habla, cree que los he abandonado, pero no podía quedarme en casa mientras mi país ardía”, dice por teléfono este joven de 31 años durante una pausa de su instrucción, resoplando por el cansancio. Estará entrenando hasta que le destinen a combatir, a pocos kilómetros de su base. En el peor de los casos eso será en una o dos semanas, “como les ha sucedido a otros compañeros”, dice Greenberg con tono de preocupación. Sabe que cuanto más tiempo tenga de adiestramiento, más opciones tendrá de volver a casa.

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Como un David frente al Goliat que constituye el segundo Ejército del mundo, Ucrania ha logrado detener el avance de las tropas rusas. La resistencia ucrania ―“firme y bien coordinada,”según la ha definido el Ministerio de Defensa británico en su último informe― retiene en sus manos la mayor parte del territorio del país. Los avances de las tropas rusas de los últimos días, añade el texto elaborado por el espionaje británico, son “mínimos”. La invasión rusa está “estancada” y Moscú sigue sufriendo numerosas bajas. Sin embargo, el precio que paga Ucrania es cada vez más alto. En la madrugada del jueves, el servicio de emergencia de Ucrania informó de otro ataque sobre un edificio residencial en Kiev. En Chernihiv (norte) murieron 53 civiles solo este miércoles, según el gobernador de la región, Viacheslav Chaus. En Mariupol, asediada desde hace 13 días, Rusia bombardeó un teatro donde se refugiaban “cientos de civiles”, entre ellos muchos niños, según las autoridades ucranias.

El escaso avance de las tropas rusas ha forzado a Rusia a enviar más refuerzos al frente pasadas tres semanas del inicio de la guerra contra Ucrania. La pérdida de tropas y la resistencia ucrania han obligado al Kremlin a movilizar más combatientes pese al masivo despliegue con el que rodeó el país desde noviembre del pasado año, una operación a la que destinó, según los informes de inteligencia occidentales, más de la mitad de sus fuerzas armadas. Pese a ello, ahora ha llegado el turno de mover al terreno soldados de territorios ocupados en Georgia, mercenarios de Oriente Próximo y más reservas del lejano este de Rusia.

La información ha sido confirmada públicamente por personas próximas al Kremlin. “Nuestros muchachos van a Ucrania para acabar con los nazis que están aterrorizando a su gente”, escribió el pasado 15 de marzo en su canal de Telegram el expresidente de la autoproclamada República de Osetia del Sur, Eduard Kokoiti. El exmandatario del territorio reclamado por Georgia y que dio lugar a la guerra de 2008 acompañó su mensaje con imágenes de militares de la 4.ª Base de la Guardia Nacional en camino a Ucrania. “Están muy motivados, he hablado con muchos. ¡Van a vengar a nuestros hermanos! ¡Hay familiares y amigos de los que murieron en Ucrania!”, dijo Kokoiti.

Un informe del Ministerio de Defensa británico del mismo día apuntaba a que el Kremlin “está recolocando fuerzas de lugares tan lejanos como el Distrito Militar Este (en Siberia), Armenia y la Flota del Pacífico. Además, pretende utilizar aún más fuerzas irregulares de compañías militares privadas, Siria y otros mercenarios”.

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Tras ralentizar su ofensiva en el interior de Ucrania, Londres cree que Rusia “pretende utilizar estas fuerzas para mantener el territorio capturado y liberar su ejército para relanzar las operaciones paradas”. Además, considera que la “pérdida continua de personal dificultará a Rusia asegurar el territorio ocupado”.

El presidente ruso, Vladímir Putin, aprobó en una reunión del Consejo de Seguridad celebrada el pasado 11 de marzo que se reclutase a extranjeros para reforzar las operaciones en Ucrania, y el ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, reconoció que su ejército barajaba enviar más de 16.000 mercenarios procedentes de Oriente Próximo.

El envío de tropas de otras regiones del mundo también podría ser un intento del Kremlin de reducir el impacto de las muertes en la sociedad rusa. “Serguéi Kuzhuguetóvich (Shoigú) habló principalmente de voluntarios de Oriente Próximo, Siria y otros países. No se habló de nuestros ciudadanos”, recalcó entonces el portavoz de Putin, Dmitri Peskov. “Eso no se ha comentado”, aclaró al preguntarle la prensa si el Kremlin también contemplaba movilizar voluntarios rusos para una campaña cuya motivación, según ha insistido Moscú todo este tiempo, era luchar contra un supuesto genocidio de la población que considera “prorrusa”.

7.000 bajas rusas

Estados Unidos calcula que 7.000 soldados rusos han muerto en Ucrania, según información de The New York Times. Entre 14.000 y 21.000 podrían estar heridos, de un total de 150.000 militares rusos que participan en la guerra. Eso podría significar que la mayoría de sus unidades de combate están bajo mínimos, incapaces de llevar a cabo acciones de combate.

Ucrania ha alertado, sin embargo, de que para seguir conteniendo a las tropas rusas, precisa de más armas. El presidente ucranio, Volodímir Zelenski, ha pedido más apoyo internacional con sanciones y armamento, incluidos sistemas de defensa aérea, armas y municiones para hacer frente al Ejército ruso. Sigue insistiendo además en reclamar el cierre del espacio aéreo de Ucrania, una medida descartada por la OTAN, que teme una confrontación militar directa con Rusia. “¿Cuántas personas más tiene que matar para que los líderes occidentales digan ‘sí’ a una zona de exclusión aérea o a darnos los aviones de combate que tanto necesitamos?”, deploró el mandatario este miércoles en su habitual discurso nocturno en la televisión de Ucrania.

Cientos de miles de civiles ucranios siguen, mientras tanto, atrapados en ciudades sometidas al hostigamiento de las tropas rusas. La vice primera ministra de Ucrania, Iryna Vereshchuk, ha afirmado este jueves que espera que se puedan abrir nueve corredores humanitarios para evacuar a la población de las ciudades sitiadas y sometidas a constantes bombardeos. Vereshchuk ha dicho que se prevé que una de las localidades en las que las autoridades esperan abrir un camino seguro para sacar a civiles es Mariupol, una urbe del sureste de Ucrania con salida al mar de Azov que contaba con unos 400.000 habitantes antes de la guerra.

Mariupol, precisamente, sufrió el miércoles uno de los peores ataques con el bombardeo de un teatro donde se refugiaban “cientos de civiles”, según las autoridades ucranias, y que tenía pintados dos grandes letreros en el suelo fuera del edificio donde se podía leer en ruso la palabra “Niños” escrita con grandes caracteres, ha revelado la empresa de satélites Maxar Technologies. La situación en la ciudad, que por primera vez esta semana pudo evacuar a unos 20.000 civiles, desde que comenzó el cerco de las tropas rusas hace más de dos semanas, ha sido descrita como “apocalíptica” por la Cruz Roja. Los residentes no tienen agua, electricidad ni calefacción y ya hace días que las autoridades locales informaron de que la escasa comida que quedaba se estaba agotando del todo.

Esta ciudad, convertida en el icono de los ataques a civiles en Ucrania, es clave para el Kremlin, pues es la última gran localidad en manos de Kiev con salida al mar de Azov y su captura permitiría a Moscú crear un corredor desde la región del Donbás, donde se encuentran las entidades separatistas prorrusas de Donetsk y Lugansk, hasta la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014 de forma ilegal tras un referéndum que la comunidad internacional no reconoce

Moscú sigue, mientras tanto, negando los ataques a civiles, a pesar de que las pruebas en su contra se acumulan. No solo en cuanto a los objetivos a los que se dirigen estos ataques -hospitales, escuelas, zonas residenciales- sino también en cuanto a los medios que utiliza, y entre las que se ha denunciado ya, por parte de Naciones Unidas y de organizaciones como Amnistía Internacional- el uso de armas que no permiten discriminar entre blancos militares y civiles, como las llamadas “bombas tontas” (sin sistema de guida inteligente) y municiones de racimo.

El miércoles, una delegación del Tribunal Penal Internacional (TPI), encabezada por su fiscal jefe, Karim Khan, viajó a Ucrania para investigar sobre el terreno la posible comisión de posibles crímenes de guerra y contra la humanidad en el país. Kahn declaró, ya en el país, que “los ataques deliberados contra civiles constituyen un crimen que perseguiremos”. La investigación del TPI se produce a instancias de 40 países miembros, una iniciativa hasta ahora inédita. Ni Ucrania ni Rusia son signatarios del Estatuto de Roma, la convención fundacional del TPI, por lo que en principio, quedan fuera de la jurisdicción de esta corte. Sin embargo, Kiev ha facultado al tribunal para que investigue los posibles crímenes cometidos desde 2014, con la anexión rusa de Crimea. El TPI sí podría perseguir a título individual al presidente ruso, Vladímir Putin, y a la cúpula del poder del Kremlin- de considerar que hay indicios suficientes para ello- lo que impediría al mandatario pisar ninguno de los 130 Estados que forman parte del Tribunal, a riesgo de ser detenido.

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Diego García-Sayán, relator de la ONU, ofrece una rueda de prensa este martes en La Paz.
Diego García-Sayán, relator de la ONU, ofrece una rueda de prensa este martes en La Paz.MANUEL CLAURE (REUTERS)

La visita del relator de las Naciones Unidas sobre la independencia de los jueces, Diego García-Sayán, ha catalizado el malestar de los bolivianos por el estado del sistema judicial nacional, que sufre la que se considera la crisis más grave de su historia. Actores de ambos bandos de la polarizada política boliviana buscaron hablar con el representante, quien tuvo que aclarar que no fue “a dar lecciones ni soluciones mágicas”. La gran expectativa sobre los resultados de su misión le llevó a adelantar, para mediados de este año, la presentación de su informe final. Al dejar el país, García-Sayán confirmó que la justicia boliviana no siempre es independiente y que está afectada por la corrupción, por lo que resulta muy lejana para los ciudadanos, en particular para los más pobres.

El relator se refirió a la gravedad de los delitos de violencia contra las mujeres y su dificultad de obtener justicia, al hacinamiento de las cárceles, que tienen un 350% más internos de los que deberían albergar, al abuso de la prisión preventiva, a la falta de presupuesto para la judicatura, a los controvertidos procedimientos de elección de los magistrados de los principales tribunales, que son votados por toda la población en comicios periódicos, y a la posibilidad de lograr un acuerdo nacional para reformar la justicia.

García-Sayán se reunió con autoridades de todos los poderes del Estado, dirigentes políticos, asociaciones de víctimas y académicos. Durante su visita estaban recientes dos casos que han generado polémica y que el relator mencionó en su informe preliminar. El de Richard Choque Flores, un asesino en serie de mujeres que fue liberado por un juez a cambio de 3.500 dólares y una vez en libertad volvió a asesinar, un suceso que ha dado origen a una ola de arrestos de jueces supuestamente corruptos. El segundo fue la huelga de hambre y el deterioro de la salud de la expresidenta Jeanine Añez, que se encuentra encarcelada en La Paz.

Estos casos ejemplifican lo que los expertos consideran los dos principales problemas del sistema judicial: que funcione como un mecanismo de extorsión y obtención de recursos ilícitos, inclusive por medios tan catastróficos como la liberación corrupta de asesinos y narcotraficantes. Y, segundo, su cercanía con los gobiernos de turno, sean estos nacionales o locales, de izquierda o de derecha, a fin de obtener una estabilidad que no ofrece el Estado, a causa de su falta de institucionalidad. El oportunismo político de la judicatura es aprovechado por los partidos para obtener ventajas y “judicializar” a sus adversarios.

García-Sayán expresó su preocupación porque, igual que Choque, el convicto Froilán Molina Bustamante, quien participó en el asesinato en 1980 del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, hubiera sido liberado luego de cumplir solo cuatro años de la pena a la que está condenado, que es de 30 años sin derecho a indulto, la máxima de la legislación boliviana. Molina Bustamante fue detenido nuevamente tras el escándalo.

La expresidenta Añez se encuentra en prisión preventiva desde hace casi un año, pese a que existe una norma que establece que esta medida solo debe prolongarse por seis meses, norma que la fiscalía ha logrado eludir con diversos recursos. Un juez acaba de prolongar por otros tres meses su detención. Añez se encuentra en huelga de hambre desde hace dos semanas, pues considera que su proceso no es legal. Hace unos días, un juez ordenó que la llevaran a un hospital para rehidratarla.

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Al conocerse la decisión, grupos de leales al presidente Luis Arce armaron un alboroto en la puerta de la prisión, y la gobernadora de la misma informó de que le sería materialmente imposible cumplir la orden de trasladar a Añez. Así que el juez retrocedió y ordenó que los médicos rehidrataran a la expresidenta en su celda. Tras esta interrupción en su ayuno, la política decidió continuar la huelga. García-Sayán lamentó que el Estado boliviano no hubiera tenido la capacidad de aplicar las “reglas Mandela” (o mínimas para el tratamiento a los reclusos), que indican que “todos los establecimientos penitenciarios facilitarán a los reclusos acceso rápido a atención médica en casos urgentes”.

La crisis de la justicia boliviana es de larga data y algunos la remontan a la propia formación del país. Existe consenso de que ha empeorado desde 2009, cuando la nueva Constitución introdujo la elección por voto popular de los magistrados. El actual ministro de Justicia, Iván Lima, cree que se debe dar marcha atrás, pero esta idea presenta una serie de dificultades prácticas y no tiene el apoyo total del oficialismo ni de la oposición.

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Desbordamiento en San Pablo ya dejan 350 casas afectadas, la desaparición de Gabriela y la falta de agua

Hay 12 veredas con dificultad en la transitabilidad de vías; el ancianato también presenta afectaciones por el desbordamiento y adultos mayores tuvieron que refugiarse en la casa cural.

Noticias Nariño

Luego de la instalación del Puesto de Mando Unificado en el municipio de San Pablo, autoridades departamentales entregaron el reporte de las afectaciones provocado por el desbordamiento de ayer.

Indicaron que la prioridad es la búsqueda de Ángela Gabriela Muñoz, la menor de 8 años de edad, que se encuentra desaparecida.

Por ello, se desplegaron 4 bloques para su búsqueda en sectores específicos, tras el desbordamiento.


Hay 90 hombres y mujeres de los diferentes organismos de socorro, Policía y Ejército Nacional están en la labor.

“Visitamos los barrios afectados y tenemos un balance preliminar de 16 barrios afectados, 350 viviendas afectadas, 12 veredas con dificultad en la transitabilidad de vías; hemos diseñado un mecanismo para abastecer a San Pablo de agua ya que el suministro no llega”, indicaron desde la Gobernación.


Así mismo, hicieron un llamado a la solidaridad debido a que el ancianato presenta fallas y los adultos mayores se encuentran en la casa cural.

Por ello, Cuerpos de Bomberos de San Pablo, La Cruz, Colón, San Bernardo, Albán y La Unión están brindando apoyo con carros cisterna.

Además, la población en riesgo fue trasladada temporalmente al Colegio Normal y las personas del centro de bienestar del adulto mayor se trasladaron a la parroquia.

Desde a Gobernación hicieron un llamado a la solidaridad de los nariñenses para apoyar con frazadas, colchonetas, elementos de aseo y alimentos no perecederos para la comunidad afectada.



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En el intenso fin de semana de llamadas telefónicas con aroma a último recurso y con la tensión global por la crisis de Ucrania al rojo vivo, este domingo ha sido el turno para una conversación entre el presidente estadounidense, Joe Biden, y su homólogo en Kiev, Volodímir Zelenski. Han hablado durante una hora, tiempo que ha empleado el primero en reafirmar su compromiso “con la soberanía y la integridad territorial de Ucrania”, según un comunicado de la Casa Blanca. “El presidente ha dejado claro que responderá rápidamente y con decisión, junto con sus aliados y socios, a cualquier agresión rusa”. Ambos líderes han coincidido también en “la importancia de continuar” con la suma de “diplomacia y disuasión”, como respuesta a la acumulación militar de tropas enviadas por Moscú la frontera con Ucrania.

Termina así una semana que inauguró un infructuoso intento de mediación de Emmanuel Macron en Moscú, y que acaba con los líderes occidentales colgados del teléfono y redoblando su presión sobre Putin, aunque con la sensación de que la vía diplomática se halla estancada. La próxima baza la tiene el canciller alemán, Olaf Scholz, que viajará a Kiev el lunes, y, el martes, a Moscú. El político socialista quiere “aprovechar la oportunidad de hablar” para evitar el estallido del conflicto, según ha anunciado el domingo en Berlín, informa Elena G. Sevillano. Scholz llega consciente de que podría estar ante una de las últimas oportunidades de salir de este embrollo y con una misión declarada: “Tratar de ver cómo podemos garantizar la paz en Europa”, que se enfrenta a su peor crisis de seguridad desde el final de la Guerra Fría.

Rusia, por su parte, sigue negando que tenga planes de atacar y asegura que se limita a permanecer atenta a lo que ocurra en las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk, mientras se reafirma en sus exigencias a Occidente: el fin de la expansión hacia el Este de la OTAN y el compromiso de que no desplegará tropas cerca de sus fronteras.

El miércoles se apunta como otra jornada clave. Algunos medios han publicado que las autoridades estadounidenses consideran, a partir de informes de espionaje, ese día como la fecha más probable para el inicio de las hostilidades, según trascendió de la llamada del presidente Joe Biden a sus aliados del pasado viernes. Tanto Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional, como el portavoz del Pentágono, John Kirby, se han negado este domingo en Washington a confirmar o a desmentir ese extremo.

Ambos han sido hoy los enviados por la Administración de Biden al frente de la guerra informativa, está sí, ya declarada por Washington y Moscú, en torno una posible invasión que es inminente para unos y nada más que un miedo “histérico” para la otra parte. Kirby ha concedido una entrevista a Fox News. Mientras, el consejero de Seguridad Nacional ha asegurado en el matinal de la CNN, State of the Union, ágora dominical predilecto de los políticos de Washington, que Estados Unidos no dará “la oportunidad a Moscú de lanzar un ataque sorpresa”. Y que por eso piensan “seguir compartiendo toda la inteligencia” de la que dispongan. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zajharova, ha contestado en Telegram y Facebook con contundencia: “Los políticos estadounidenses han mentido, están mintiendo y seguirán haciéndolo, creando pretextos para atacar a civiles en todo el mundo”.

Las palabras de Sullivan acentúan una estrategia a la que la Casa Blanca parece haberlo apostado todo en esta crisis global. Una apuesta arriesgada por su arrojo, que tiene ocupados a los analistas geopolíticos, y que pasa por airear datos, normalmente reservados, según van disponiendo de ellos. Ya sea sobre las sanciones severas que le esperan al Kremlin si continúa por ese camino, sobre operaciones de sabotaje falsas o sobre la producción de vídeos ficticios para fingir un ataque ucranio como pretexto. “Les hemos visto hacer esas cosas en el pasado, por eso no dudamos de que pueden perfectamente repetirlas”, ha añadido a la CNN el consejero de Seguridad Nacional.

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Sullivan ha justificado esa suerte de diplomacia del megáfono, porque no difunden esa información “para empezar una guerra, como ha sucedido en el pasado”, sino para “evitar una confrontación”. “Eso”, a su juicio, les “otorga mayor credibilidad”. Por “el pasado”, Sullivan se refiere a la segunda guerra de Irak, cuando en 2003 la Administración de George Bush empleó datos para justificar una invasión que luego se demostraron falsos.

Ahora es distinto, asegura el Pentágono. No solo porque la tecnología permite una recogida de información más fiable. Es también porque, como ha explicado Sullivan a la CNN, esos despachos de espionaje los han compartido “casi al minuto” con sus aliados. “Al revisar nuestras informaciones han llegado a la misma conclusión que nosotros: que el mundo debe estar alerta con Rusia. Y que es altamente probable que fabrique un pretexto que sirva de antesala a una posible acción militar”.

Las autoridades también dicen haber aprendido de los errores de 2014, cuando los asesores del presidente Barack Obama le convencieron de no compartir lo que sabía sobre la intervención rusa en Ucrania. Este cambio de idea se debe, según explicaba The New York Times este domingo, a “la influencia de la directora nacional de Inteligencia, Avril D. Haines, y al director de la CIA”, William J. Burns”. También lo vincula a la supuesta interferencia rusa en las elecciones de 2016. Desde la primera señal de alarma, lanzada en noviembre, Washington no ha temido pasarse de frenada en sus advertencias.

Esa estrategia inquieta en Kiev, donde prefieren llamar a la calma que apretar cada día el botón de alarma. Este domingo, el ministro de Exteriores, Dmytro Kuleba, ha recalcado que no hay señales de que se vaya a producir una nueva agresión militar a gran escala en los próximos días. No ha habido “cambio fundamental” en la situación, ha dicho Kuleba, que ha exigido una reunión con Rusia y el resto de los países firmantes del Documento de Viena de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa), destinado a asegurar la transparencia militar. La petición se ha realizado después de que Moscú haya rehuido detallar sus actividades cerca de la frontera con Ucrania y en las maniobras masivas de 10 días que ha emprendido junto a Bielorrusia en ese país.

Ucrania teme, además, que la política alarmista de Biden pueda tener daños colaterales para la economía ucrania y su reputación de seguridad. El presidente Zelenski cree que todavía hay margen para la diplomacia y le preocupa que, incluso si no se llega a producir una agresión militar, Rusia consiga otro de sus objetivos con esta guerra de asfixia: desestabilizar el país.

De momento, las patadas estadounidenses al avispero ya han tenido efectos prácticos: este fin de semana, Washington, Ottawa y Londres han empezado a retirar también a los instructores en materia de defensa que tienen sobre el terreno en Ucrania, así como a sus observadores de la misión de la OSCE en el este del país, en las regiones de Donetsk y Lugansk, donde los separatistas prorrusos luchan contra el ejército ucranio desde hace ocho años en una guerra que ha causado ya unos 14.000 muertos, según la UE. La misión, que entre otras cosas observa cómo se desarrolla el alto el fuego (incumplido constantemente), se mantendrá, ha dicho la OSCE, que ha confirmado la salida de observadores de “varios países”.

Fuentes diplomáticas explican que la retirada de estadounidenses, canadienses y británicos que estaban sobre el terreno como instructores y en la misión de observación se debe no solo a preocupaciones de seguridad, también persigue evitar que se les culpe o se les utilice de pretexto en el caso de una operación de falsa bandera rusa contra Ucrania. Moscú ha incrementado estos días las acusaciones a Kiev y a “terceros países” de estar preparando una maniobra para recuperar el Donbás.

Mientras, una veintena de capitales urge a sus nacionales a que abandonen Ucrania y han comenzado a reubicar sus embajadas al oeste del país, en la ciudad de Leópolis, este domingo han llegado a Kiev dos nuevos cargamentos de material de defensa: un envío de sistemas de misiles antiaéreos Stinger y municiones de Lituania y 180 toneladas más de munición de Estados Unidos. Ucrania, que sigue pidiendo ayuda en forma de envíos de armamento para tratar de competir con el poderoso Ejército ruso y como una forma de disuasión, ha recibido ya 1.500 toneladas de municiones en 17 vuelos, según el ministerio de Defensa ucranio.

Suspensión de vuelos sobre el espacio aéreo de Ucrania

La aerolínea holandesa KLM ha suspendido sus vuelos a Kiev y ha informado de que no operará vuelos en el espacio aéreo ucranio, mientras las alertas de EE UU sobre una posible invasión rusa se suceden. El Gobierno de Ucrania recalcó que su espacio aéreo sigue abierto, pero las decisiones de varias aseguradoras de dejar de cubrir aeronaves que sobrevuelen el país del este ha provocado ya complicaciones. La aerolínea ucrania SkyUp Airlines informó de que se vio obligada a realizar un aterrizaje no programado en Chisnau (Moldavia) en vez de en Kiev de un vuelo procedente de Moldavia por la retirada de la aseguradora.
Desde que el vuelo MH27 de la compañía Malaysia Airlines, que cubría el trayecto Ámsterdam-Kuala Lumpur, fue derribado sobre el este de Ucrania en 2014, con un misil de fabricación rusa, el tráfico aéreo sobre el país ha sido un tema delicado. En la catástrofe murieron 298 personas, entre tripulación y pasajeros. Con esa tragedia como antecedente, ya en enero, KLM, Lufthansa y otras grandes aerolíneas modificaron sus vuelos a Ucrania para evitar que sus tripulaciones pasasen la noche en Kiev por las aseguradoras, que pueden alegar causa de fuerza mayor en caso de conflicto militar y dejar de cubrir las aeronaves si son atacadas durante las hostilidades o quedan atrapadas. Para “estabilizar la situación del mercado de pasajeros”, el Gobierno ucranio anunció un fondo de 592 millones de dólares para ofrecer garantías de seguridad a las aseguradoras. De momento, la mayoría de las 29 aerolíneas extranjeras que operan en Ucrania lo hacen con normalidad. Kiev sí ha aconsejado que eviten sobrevolar de lunes a sábado partes del Mar Negro y el Mar de Azov por maniobras navales de Rusia.

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La nueva presidenta de la Constituyente chilena, María Elisa Quinteros (izquierda) celebra su elección con la presidenta saliente Elisa Loncon y Jaime Bassa en enero pasado.
La nueva presidenta de la Constituyente chilena, María Elisa Quinteros (izquierda) celebra su elección con la presidenta saliente Elisa Loncon y Jaime Bassa en enero pasado.JAVIER TORRES (AFP)

Ocho de cada 10 chilenos que votó en octubre de 2020 en el plebiscito constitucional lo hizo para apoyar un proceso constituyente por una nueva Carta Magna. Fue la apuesta de la izquierda y buena parte de la derecha para un nuevo acuerdo social que busca sacar a Chile de la conflictividad multidimensional que explotó en las calles en las revueltas de 2019. Un proceso que empuja y respalda el que será presidente a partir del 11 de marzo, el izquierdista Gabriel Boric, para quien el buen término de la convención está estrechamente ligado a su propio éxito.

A menos de cinco meses de que el órgano termine su trabajo y se disuelva, el 4 de julio próximo, la convención no solo trabaja contra el tiempo para discutir 1.275 propuestas de norma, algunas de las que han encendido las alarmas de cierta parte de la sociedad, como la temporalidad de los jueces y, a su vez, la revisión de todos los tratados de libre comercio, junto con la denuncia y retiro del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Sobre todo, porque distintas voces desde el interior de la convención comienzan a alertar sobre los riesgos que enfrenta el proceso.

No ayudan determinadas normas, como la que fue presentada por un grupo de ocho convencionales que busca eliminar los tres poderes del Estado y reemplazarlos con una “asamblea plurinacional de las y los trabajadores y los pueblos”, porque los poderes del Estado son “totalmente funcionales a la dominación burguesa”. Una convencional muy cercana a Boric, Constanza Schonhaut, adelantó su voto en contra porque estaría fuera de “todo marco democrático”, aunque llamó a “que no se siembre el pánico”. El mismo presidente electo, a través de Twitter, arropó a su compañera de partido en este llamado a la calma ante las propuestas exóticas. Finalmente, la norma sobre la disolución de los tres poderes del Estado fue rechazada el jueves por unanimidad en la comisión donde fue presentada.

Ha sido un febrero tórrido para la Constituyente. Desde el comienzo del proceso se multiplicaron las sospechas de una campaña de desprestigio de parte de los distintos poderes, incluida la prensa. Pero ha sido desde el interior del órgano donde se evidencian las fisuras. La semana pasada, a tres meses de haber asumido, la directora de la Secretaría de Comunicaciones de la convención, la periodista Lorena Penjean, renunció a su cargo a través de una dura carta. “He llegado a la conclusión de que no existe la cohesión interna ni la voluntad que se requiere para desplegar una estrategia comunicacional profesional y acorde a la magnitud del desafío”, aseguró Penjean en el escrito. Hizo mención a la experiencia internacional: “El proceso es tan importante como el resultado, sino basta con recordar la experiencia colombiana y el Brexit”, junto con resaltar la importancia de la comunicación del proceso a la ciudadanía y apuntar sus críticas directamente a la directiva y, específicamente, a la actual presidenta del órgano, Elisa Quinteros.

Las críticas de esta renuncia no son puntuales, sino que reflejan, en parte, la preocupación de sectores diversos que buscan el éxito del proceso, pero que observan con preocupación el momento actual. En pleno segundo tiempo de la convención –donde las propuestas de normas constitucionales se debaten y votan– no se advierten grandes liderazgos políticos que desde el interior logren la conducción. El académico Agustín Squella, independiente, que siempre ha hablado de la necesidad de mantener el optimismo, en los últimos días ha criticado la “autocomplacencia” del órgano. El abogado y Premio Nacional de Ciencias Sociales ha dicho que a los colectivos más numerosos de la Constituyente chilena se les ve “confundidos, sin conducción, divididos y no sin complejos hacia posiciones extremas que sus integrantes apoyan en público y critican en privado”. Ha alertado sobre el riesgo: “Que cunda en la opinión pública que la tarea nos ha quedado grande”, escribió este miércoles.

“Abunda el cansancio y la dispersión”

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El convencional Patricio Fernández, escritor, en sus crónicas semanales ha dado cuenta del ambiente. “El desorden es grande, abunda el cansancio y la dispersión, no hemos conseguido estructurar una coordinación política y hay, en efecto, buenas razones para la desazón, pero la importancia del reto es tal, que no hay esfuerzos por escatimar”, escribió el pasado 30 de enero. Desde la otra acera, la derecha, convencionales como Bernardo Fontaine han asegurado en los últimos días que “la discusión constitucional hoy parece un barco a la deriva y con riesgo de naufragio”. El economista manifestaba el fin de semana especial preocupación por algunas de las normas aprobadas en general por alguna de las comisiones que trabajan de acuerdo a diferentes asuntos, como la de estatizar la minería y caducar los derechos de agua.

Para el abogado constitucionalista Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad, IES, resulta evidente que en la última semana se ha producido “un antes y un después” en la convención, sobre todo por el arranque de la votación en general de las normas en cada una de las siete comisiones. “En una serie de materias hay riesgos, porque no se alcanzan los dos tercios requeridos o porque se aprueban normativas muy perjudiciales para el país”, dice. Se refiere a algunos de los contenidos, “como una eventual comisión de evaluación política de los ministros de corte, parecida a una normativa que se aprobó en su minuto en la asamblea constituyente venezolana” o a “una eventual eliminación del Senado por un Congreso unicameral y plurinacional”, aseguró el autor del libro Tensión constituyente. Pero junto al contenido, a Alvarado le preocupa sobre todo “el desorden político” y “falta de liderazgos claros”, incapaces de conducir la discusión hacia la generación de mayorías.

El pasado 1 de febrero se cerró el plazo para que los convencionales y la ciudadanía presentaran propuestas de normas constitucionales a la convención. Los mismos constituyentes presentaron 947, mientras que la ciudadanía 78, para lo que se necesitó reunir al menos 15.000 firmas (participaron unas 980.000 personas en total). Se les suman las 250 propuestas que formularon los escaños reservados de los pueblos indígenas. En total, entonces, se trata de 1.275 normas constitucionales que ya comenzaron a votarse en general en alguna de las siete comisiones y que, posteriormente, en esas mismas instancias deberán tramitarse en particular, por lo que podrían tener nuevas indicaciones.

De acuerdo al calendario, será el 15 de febrero próximo cuando se celebre el primer plenario en que se votarán las primeras propuestas de norma constitucional, para lo que se necesitan los dos tercios de los 154 convencionales (103 votos).

El vicepresidente de la convención, el independiente Gaspar Domínguez, ha llamado a no sobre reaccionar y a esperar el desarrollo de la discusión. “Falta que se vaya ordenando el mono en las votaciones en específico, hasta llegar al pleno”, ha asegurado el médico sobre la instancia del martes próximo en que la convención reunida deberá comenzar a votar las normas que quedarán dentro del texto.

El desafío parece inmenso y la responsabilidad parece recaer sobre todo en los convencionales con vocación de diálogo y espíritu de transversalidad. En un órgano donde la derecha está muy disminuida, es el mundo progresista el que está fraccionado y donde el Colectivo Socialista y el Frente Amplio son mayoría (justamente, dos de las fuerzas importantes del próximo Gobierno de Boric). El futuro Ejecutivo sabe que “sin un cambio constitucional, la reforma de la salud y la reforma de los derechos sexuales y reproductivos corren el riesgo de ser consideradas inconstitucionales bajo la actual carta magna y lo mismo sucede con algunas normas laborales”, como aseguró Giorgio Jackson, próximo ministro de Boric, en una entrevista al diario La diaria, de Uruguay.

Las amenazas están a la vista. La principal catástrofe sería que el 4 de julio no se alcanzara a llegar a una propuesta de texto constitucional, porque al menos hasta ahora parece no haber consenso en aumentar el plazo de trabajo del órgano. Pero igualmente preocupante sería que se llegue a una propuesta que sea rechazada en el plebiscito de salida, que se celebraría en el mes de septiembre, o que el texto se apruebe por un margen estrecho, con lo que seguiría abierta en Chile la eterna discusión constitucional. Mientras, de acuerdo a la última encuesta de Criteria, la convención tiene un apoyo de 33% y un rechazo de 44%.

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Ante falta de garantías estudiantes indígenas no volverían a clases presenciales y convocarían a una minga

Por ello, hicieron un llamado urgente al alcalde y al secretario de Educación para que se tomen las medidas pertinentes para el regreso a clases.

Noticias Nariño

Un llamado a las autoridades locales hizo la comunidad indígena de Barbacoas, por cuenta de las condiciones en las que se encuentran los establecimientos educativos para el regreso a clases.

“Casi dos años han transcurrido desde que se declaró la pandemia por el coronavirus. En este periodo, los Gobiernos tomaron medidas para mitigar los riesgos a la salud pública”, indicaron.

Señalaron que en ese periodo, las instancias competentes, como el Ministerio de educación y las Secretarias de Educación, generaron toda una normatividad para avanzar en el alistamiento; sin embargo, manifiestan que en la práctica, ha faltado voluntad para hacer todas las adecuaciones que las sedes educativas requieren.

Este es el comunicado que emitió la comunidad indígena

“Queremos concertar una acción que permita el mejoramiento de la infraestructura física y demás adecuaciones de las sedes educativas del Centro Educativo Indígena Awá Los Telembies, que garanticen el retorno a la presencialidad en el año lectivo 2022”, señalaron.

Explicaron que de no llevarse a cabo la reunión y no llegar a acuerdos, los estudiantes no retornaran a clases presenciales.

“Así mismo, las autoridades tradicionales de la Zona Telembi Awa convocarían a un Minga permanente sobre la vía que conduce a la ciudad de Pasta, el día 1 de febrero de 2022, hasta llegar a acuerdos con la administración municipal”, afirmaron.

Puntualizaron en que el principal interés de las autoridades tradicionales de la Zona Telembí Awá es garantizar la prestación de un servicio educativo en las mejores condiciones posibles.



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Túnel de la Línea accidente Venados
El debate entre conductores, está entre imprudencia del conductor o falta de prevención en el diseño de esta obra vial del Túnel de la Línea.

El debate entre conductores, muchos que dicen haber pasado por esta vía entre Cajamarca y Calarcá, se centra o en la presunta imprudencia del conductor de la tracto mula o en lo que llaman, falta de prevención desde el diseño de esta obra vial porque «no hay pista de frenado». Velocidad, carga, fricción y resistencia de los frenos.

Noticias Colombia.

En el Túnel Los Venados de la carretera del Túnel de la Línea que comunica a las localidades de Cajamarca, en el departamento del Tolima, con Calarcá, en el Quindío un grave accidente se registró el martes en la tarde: 8 muertos, 32 heridos y 18 vehículos involucrados.

Para la familia Orozco Monsalve y otras más, la tragedia llegó en forma de accidente, cuando un tracto camión se quedó sin frenos y chocó varios vehículos.

Túnel de la Línea accidente Venados

Eran por lo menos 17 que estaban frenados en medio de la congestión en ese tramo de toda la obra del Túnel de la Línea.

La Policía de Tránsito y otras autoridades confirmaron el mismo día del accidente y dentro del túnel, deja 7 muertos y 33 heridos, algunos graves.

Este miércoles, se confirmó una octava víctima mortal en un centro médico.

Camiones, de extracarga, buses, un taxi, motos y hasta vehiculos particulaes y en uno de esos viajaban los padres, con sus pequeños hijos y su suegra. Todos murieron, era la familia Orozco Monsalve.

Se trata de Luisa Fernanda Monsalve; su esposo, Cristian Orozco; sus dos hijos, Crístopher de 6 años y Adrián, de apenas 10 meses de nacido.

Ellos quedaron dentro de un vehículo sin poder escapar porque estaban apriosionados, así mismo, los otros dos fallecidos en el sitio, que junto a quien murió en la clínica horas después, eran familia también.

¿Fallas en el diseño de la vía o exceso de velocidad?

«La verdad es una vía muy peligrosa», han dicho varios conductores, que señalan que hay un desnivel que tiene esta vía es peligrosísimo.

Reportan que aunque los vehículos con sus cargas «vengan despacio, los frenos se queman, son camiones con 10, 20 y hasta 40 toneladas».

  • «Es necesario reductores de velocidad como los tiene los viaductos llegando a Armenia y mucha más señalización».

Hay otros que refieren a un problema principalmente «de pericia».

  • Mantenimiento de frenos y de los vehículos de manera permanente, que respeten los límites de velocidad, sin maniobras de adelantar en medio de trancones ni otros «malos comportamientos» manejando.

Así que el debate gira en torno a lo que se presume le faltó a estos túneles que componen la recien inaugurada obra del Altio de la Línea con varios viaductos, más de 10 túneles y otras.

Túnel de la Línea: ‘sueño’ de hace 100 años, retrasos y mucha plata para cosntruir otros túneles, viaductos, una doble calzada

Creen que algunos que faltan sistemas de frenado automáticos, detectores de velocidad que hagan a los conductores bajarla, vías de escape si algún vehículo se queda sin frenos.

Otros, llaman a la prudencia, «cada rato accidentes que involucran a camiones y tracto mulas en estas vías». «Pasan a toda velocidad y se meten en esos túneles volados», denuncian otros.

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