La jueza guatemalteca Erika Aifán posa para una fotografía en su despacho en Ciudad de Guatemala, en noviembre de 2019.Moises Castillo (AP)
La jueza Erika Aifán ha renunciado a su cargo como titular del Juzgado D de Mayor Riesgo de Guatemala debido a las amenazas que ha sufrido de parte de “redes políticas y criminales”, ha denunciado este lunes la magistrada en un video publicado en Twitter. Aifán se ha exiliado en Washington tras afirmar que no cuenta con garantías suficientes de protección a su vida e integridad física. La jueza ha estado en el ojo del huracán porque ha llevado algunos de los casos más sonados de corrupción, que la convirtieron en el último objetivo de quienes no quieren ver una justicia independiente en el país centroamericano. Con Aifán, son ya 14 jueces y fiscales los que han tenido que huir de su país hacia Estados Unidos debido a la persecución que enfrentan.
Aifán, que lleva 19 años trabajando en el sistema de justicia de Guatemala —seis de ellos a cargo del Juzgado D de Mayor Riesgo—, ha denunciado que recibió “amenazas y presiones” por su trabajo, al que, ha afirmado, le ha dado “una dedicación casi absoluta”. La jueza ha recordado que desde su despacho ha llevado casos de crimen organizado y estructuras de corrupción “en todos los niveles del Estado”, lo que la ha convertido en el objeto de serias amenazas. “He decidido presentar mi renuncia al cargo porque no cuento con garantías suficientes de protección a mi vida y a mi integridad ni a la posibilidad de defenderme con el debido proceso”, ha informado Aifán. “Tras varios casos emblemáticos de corrupción, las redes políticas y criminales que se vieron afectadas por los avances de la justicia decidieron cooptar nuevamente las instituciones y perseguir a quienes nos atrevimos a combatir la impunidad”, ha advertido.
Tras una vida de servicio a la justicia guatemalteca hoy debo anunciar que seguiré trabajando por mis ideales desde otros espacios. No perdamos la esperanza y comprometámonos, el futuro de nuestra gente puede ser mejor. pic.twitter.com/eyyJcFQRsD
La renuncia y exilio de la jueza Aifán es la última muestra de la guerra abierta en Guatemala por parte de redes criminales e incluso de altos cargos dentro del sistema judicial contra funcionarios comprometidos contra la impunidad. Varios exjueces y exfiscales han señalado a la fiscal general Consuelo Porras, un controvertido personaje, por obstaculizar su trabajo. A finales de febrero, el exfiscal especial contra la impunidad, Carlos Antonio Videz, dejó Guatemala y acusó directamente en un comunicado a la fiscal general Porras como responsable de su salida. “Ha quedado claro que la fiscal general ha ido avanzando en su plan de garantizar impunidad a las redes criminales que debiera perseguir. Desde el inicio de su mandato, complicó la función de fiscales comprometidos e independientes”, señaló Videz. Una denuncia similar hizo el exfiscal general Juan Francisco Sandoval, quien fue cesado el pasado verano de su cargo al frente de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala (FECI), un organismo que ha logrado grandes avances en la lucha contra corrupción. En una rueda de prensa dada antes de su abrupta salida del país, Sandoval dijo que su destitución era ilegal y que fue ordenada por Porras, para proteger a amigos “que pudieran resultar involucrados en las investigaciones”.
En una entrevista concedida a este diario a finales de enero, Aifán denunció que Porras ha permitido que se desarrolle una especie de cacería dentro del sistema de justicia contra jueces y fiscales que llevan importantes casos de corrupción. “Le hemos dirigido un escrito en junio del año pasado pidiéndole que mande a archivar y desestimar procesos que se han venido acumulando en contra de por lo menos cuatro de los jueces de mayor riesgo del país, quienes hemos llevado el juzgamiento de los casos de más acto impacto desde 2015. En el trabajo que ella desarrolla, ella puede archivar esos procesos, porque no tienen ningún fundamento. Sin embargo, no hemos encontrado ninguna respuesta”, dijo Aifán.
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En Washington también han buscado refugio la exfiscal general Thelma Aldana, la exmagistrada de la Corte de Apelaciones, Claudia Escobar, el exfiscal de la FECI Andrei González y la magistrada electa de la Corte de Constitucionalidad (CC) Gloria Porras, entre otros, quienes han convertido a la capital de Estados Unidos en el refugio de exoperadores de justicia perseguidos por sus empeño en combatir la corrupción y luchar contra la impunidad en el país centroamericano.
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El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, participa en un congreso religioso que declaró a Guatemala «Capital Provida de Iberoamérica», el 9 de marzo en Ciudad de Guatemala.Esteban Biba (EFE)
Ana Lanz se muestra alarmada y temerosa después de que el Congreso de Guatemala aprobara un paquetazo legislativo que castiga con penas más severas el aborto, prohíbe la educación sexual en las escuelas y echa llave a cualquier iniciativa que incentive el matrimonio igualitario. Esta activista guatemalteca, presidenta de Visibles —una organización que promueve los derechos de la comunidad LGBTI—, describe como peligrosa la nueva legislación, en un país donde hasta octubre pasado se registraron 28 crímenes de odio contra personas sexualmente diversas y sigue siendo uno de los más violentos para las mujeres. “Es una ley intencionalmente violenta, que se aprueba en el marco del Día Internacional de la Mujer, lo que envía un mensaje claro desde el Gobierno. Es una ley de odio, de retroceso de derechos humanos”, afirma, indignada, Lanz. Desde las iglesias cristianas, firmes promotoras del nuevo decreto legislativo, han hecho manifestaciones de júbilo y han declarado a este país centroamericano como “Capital Iberoamericana Provida”.
Han sido semanas intensas para las organizaciones que defienden los derechos humanos en Guatemala e intentan frenar la deriva reaccionaria del Gobierno que lidera el conservador Alejandro Giammattei. Estos organismos civiles califican de “talibana” la nueva legislación, porque violenta los derechos de las mujeres y borra de un plumazo el reconocimiento del Estado a personas sexualmente diversas, que desde el texto legislativo son consideradas “grupos minoritarios incongruentes con la moral cristiana”. La ley también golpea con fuerza al Estado laico, al darle un enorme altavoz al mensaje de las religiones cristianas pentecostales, que han avanzado como un tsunami con su prédicas conservadoras en la mayoría de los países centroamericanos. Algunos de estos movimientos satanizan a la mujer, como ocurrió en una comunidad rural de Nicaragua, donde una joven de 26 años fue quemada en una hoguera después de que el pastor del poblado afirmara que estaba “poseída por el demonio”.
“Desde la comunidad [LGBTI] hemos visto como otros países de Latinoamérica, como Colombia y Chile, avanzan con legislaciones que promueven derechos para las mujeres y parejas del mismo sexo. Es una burla para nuestra comunidad que en pleno siglo XXI el Congreso de Guatemala apruebe este decreto legislativo. Es una ley intencionalmente violenta, que nos niega recuperar la autonomía de nuestros cuerpos, el derecho de vivir en libertad e incita al odio”, afirma Lanz.
La arremetida contra los derechos de mujeres y comunidad LGBTI ha encontrado un firme impulsor en el presidente Giammattei, quien participó en un congreso cristiano organizado en la sede del Gobierno, en el que afirmó que “hará todo lo posible por respetar la vida desde su concepción”. El mandatario dijo en el evento que se trataba de un “día especial” para Guatemala. “¿Qué pasaría si nos uniéramos? Hoy este evento es una invitación a unirnos en proteger la vida desde su concepción hasta la muerte natural en sus cinco etapas”, dijo el mandatario. “Mientras en otros países ahorita se están tirando bombas, nosotros aquí le decimos sí a la vida, alto a la guerra, sí a la paz”, agregó en referencia a la ofensiva rusa contra Ucrania.
Giammattei celebraba de esta manera un triunfo legislativo que sella su política conservadora. La ley, que aumenta hasta diez años las penas de cárcel por abortar, fue aprobada por 102 votos, principalmente de la bancada oficialista, Vamos, y sus aliados. En la actualidad, en Guatemala solo está permitido el aborto terapéutico —cuando la vida de la madre está en peligro—. El hecho de que solo ocho congresistas votaran en contra del decreto legislativo da una idea del retroceso que sufre este país, donde además son perseguidos activistas de derechos humanos, fiscales y jueces que encaran la corrupción e impunidad, dos de los cánceres que carcomen a Guatemala. El Procurador de los Derechos Humanos guatemalteco, Jordán Rodas, ha instado al Gobierno a vetar el decreto que considera que viola los derechos humanos y “contraviene lo establecido en leyes y convenciones internacionales aprobadas por el Estado de Guatemala”.
Por su parte, la activista Lanz insiste en que el decreto añade tensión a la comunidad LGBTI. “Se han activado todas las alarmas y también los miedos que tenemos porque históricamente hemos sido rechazados”, afirma. “Es preocupante que desde el Estado se nos etiquete como amenaza y peligro para la paz. Estas narrativas promueven la violencia y crímenes de odio hacia nosotras y principalmente contra las mujeres trans”, agrega.
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Los organismos que defienden los derechos humanos en el país centroamericano se movilizan para intentar frenar el último paso para que la ley entre en vigencia, que es el visto bueno de la Corte Constitucional. Tienen pocas esperanzas, porque tachan a los jueces de “corruptos” y de bailar al son que se toca desde la Presidencia. “Vamos a presentar un amparo y una iniciativa por inconstitucionalidad”, dice Lanz, quien además informa que se organizan movilizaciones desde las redes sociales para manifestarse contra la legislación. Si el proceso legal falla en Guatemala, estas organizaciones llevarán el caso a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “La lucha no termina, aquí nadie se cansa”, dice Lanz. “No podemos permitirle al Estado que legisle sobre nuestros cuerpos e identidades en nombre de Dios y la familia tradicional. Las familias diversas existimos, quiera o no verlas el Gobierno. Siempre hemos resistido, aunque el Estado trate de invisibilizarlos”, concluye la activista.
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La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, señalada por jueves y fiscales de obstrucción investigaciones contra la corrupción que involucran a funcionarios del Gobierno del presidente Giammattei.JOHAN ORDONEZ (AFP)
Carlos Antonio Videz ha sido el último en irse. El exfiscal especial contra la impunidad hizo público este domingo, a través de una carta, que salía de Guatemala debido al acoso del que es víctima por investigar casos de corrupción y crimen organizado en el país centroamericano. Su renuncia y exilio demuestra la guerra abierta en Guatemala por parte de redes criminales e incluso de altos cargos dentro del sistema judicial contra funcionarios comprometidos contra la impunidad. Según declaró recientemente el exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala (FECI), Juan Francisco Sandoval, ahora exiliado en Estados Unidos, hasta la semana pasada eran al menos 13 exoperadores de justicia los que, como él, tuvieron que huir de su país debido a la persecución que enfrentan.
Videz acusa directamente en su comunicado a la fiscal general Consuelo Porras, un controvertido personaje, quien ya había sido señalada por otros jueces y fiscales por obstaculizar su trabajo. “Ha quedado claro que la fiscal general ha ido avanzando en su plan de garantizar impunidad a las redes criminales que debiera perseguir. Desde el inicio de su mandato complicó la función de fiscales comprometidos e independientes”, acusa Videz, quien además denuncia una cruzada contra defensores de derechos humanos y activistas, quienes enfrentan procesos judiciales que sí avanzan con celeridad dentro del sistema judicial, “mientras que las investigaciones no avanzan contra ciertas personas”, dice el exfuncionario en relación a casos de corrupción pública y crimen organizado estancados.
“Fui uno de los fiscales a cargo de casos emblemáticos, como ‘Construcción y corrupción’, en el que descubrimos maniobras complejas del saqueo al Estado guatemalteco. El avance de las pesquisas permitió descubrir una serie de eventos que se operativizaron [sic] conforme la operación avanzaba”, explica el exfiscal. Videz afirma que, gracias a esta investigación, se pudo determinar un desfalco de al menos 125 millones de quetzales (más de 16 millones de dólares al cambio actual) y una red de corrupción y lavado de activos que involucraba a funcionarios dentro del Estado. “Diferentes tribunales de justicia determinaron la responsabilidad de varios procesados”, afirma.
El exfiscal especial es duro en su denuncia contra las autoridades guatemaltecas. “Lejos de realizar un esfuerzo para apoyar al equipo de trabajo, las autoridades utilizaron la complejidad de la investigación como un arma contra de los fiscales. A petición de los propios señalados de corrupción se utilizaron diversos perfiles falsos en redes sociales para atacar el trabajo realizado. Hay coordinación de los operadores en esas cuentas con la administración del Ministerio Público actual”, afirma.
La acusación contra la fiscal general Consuelo Porras no es nueva. Juan Francisco Sandoval fue cesado el pasado verano de su cargo al frente de la FECI, un organismo que ha logrado grandes avances en la lucha contra corrupción. En una rueda de prensa dada antes de su abrupta salida del país, Sandoval dijo que su destitución era ilegal y que fue ordenada por Porras, para proteger a amigos “que pudieran resultar involucrados en las investigaciones”. El abogado achacó su salida a varias pesquisas que dirigía, que incluyen supuestos casos de sobornos y corrupción, y que tocaban al Gobierno del presidente Alejandro Giammattei. “Me hicieron un llamado de atención con respecto a los perversos planes de la señora fiscal general por antecedentes que han tenido otros operadores de justicia contra quienes realizó conductas adversas y agilizó órdenes de captura. No es que yo no pueda responder ante algún señalamiento, el tema es lo manipulada que está la justicia y el riesgo que correríamos en un centro de detención por la cantidad de personas que han sido sometidas a [algún] proceso por virtud de mis acciones”, afirmó el funcionario exiliado en Washington.
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En la capital de Estados Unidos también han buscado refugio la exfiscal general Thelma Aldana, la exmagistrada de la Corte de Apelaciones, Claudia Escobar, el exfiscal de la FECI Andrei González y la magistrada electa de la Corte de Constitucionalidad (CC) Gloria Porras. Su denuncia es idéntica a la de Sandoval e incluye el señalamiento contra la fiscal general Porras por su manipulación de la justicia para evitar que avancen los casos por corrupción. Erika Aifán, integrante del Juzgado D de Mayor Riesgo de Guatemala, denunció también en una entrevista con EL PAÍS cómo la fiscalía emprende procesos contra los funcionarios de justicia que luchan contra la impunidad. “Como jueces de mayor riesgo, lo único que pedimos es que haga su trabajo objetivo, que verifique por qué los fiscales que tienen a cargo estas causas contra nosotros no las han archivado. Si estimara que hay fundamentos, ella puede pedir la presentación de un juicio. Sin embargo, estos casos no los archiva, pero tampoco presenta un juicio”, afirmó la jueza.
El abogado Diego García-Sayán, relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la ONU, ha advertido en este diario sobre el peligro al que se enfrentan los jueces y fiscales en Guatemala. “Algo que debe ser seriamente investigado es cómo, y a través de qué personas, se mueven en los altos niveles del poder político estas redes de interferencia grosera en la justicia y de ataque artero y sistemático a la independencia judicial”, recomienda. “La información disponible indica que los altos niveles del poder político habrían demostrado tal grado de corresponsabilidad que parecería que poderes oscuros se han apropiado de poderosas herramientas de control y de sujeción del poder judicial”, advierte el experto.
El acoso contra los funcionarios de justicia ha despertado la atención de Estados Unidos, que la semana pasada expresó su “preocupación” por la persecución que sufren los fiscales en el país centroamericano. Washington criticó lo que considera “el maltrato inaceptable y el abuso persistente” a fiscales y exfiscales por parte del Ministerio Público. La fiscal general Porras ha sido sancionada por Estados Unidos, que la señala de obstrucción en las investigaciones de casos de corrupción que involucran a funcionarios públicos y organizaciones criminales. El Gobierno estadounidense decidió en julio pasado congelar “temporalmente” la cooperación con el Ministerio Público después de que se conociera el cese del jefe de la FECI. Washington ya había expresado su malestar ante la destitución de Sandoval, a quien las autoridades estadounidenses habían elogiado su papel en la lucha contra la corrupción.
La embestida contra los funcionarios independientes que luchan contra la impunidad se recrudece en Guatemala, país que se ahoga en un tsunami de denuncias de corrupción. El diario digital salvadoreñoEl Faro publicó a mediados de febrero que un “exhombre de confianza” del presidente Giammattei le ha acusado de haber recibido 20 millones de quetzales (2.6 millones de dólares) “provenientes de sobornos de empresas constructoras para financiar su campaña en 2019″. El diario afirma que “a cambio de ese dinero, según el testigo, Giammattei se comprometió con el entonces ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, José Luis Benito, a conservarlo en el cargo un año y mantener operando un millonario esquema de corrupción en contratos de construcción y mantenimiento de carreteras”. El Gobierno guatemalteco desmintió la denuncia y acusó a El Faro de orquestar “un ataque político” contra el mandatario.
El asedio contra los funcionarios que se han enfrentado al poderoso aparato criminal de Guatemala es tal que hasta algunos de ellos que han sido apresados han denunciado violencia en su contra dentro de los penales. Leily Santizo, exintegrante de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), denunció la semana pasada que fue víctima de agresiones por parte de dos abogados, sancionados por Estados Unidos con la prohibición de ingresar a su territorio. “El tema pasó de los insultos, casi a los golpes, y, si no es por los policías del Sistema Penitenciario, no sé hasta donde hubieran llegado”, dijo la exfiscal, en declaraciones recogidas por Efe. Santizo cumple prisión preventiva desde el 10 de febrero por un caso sobre el que el Ministerio Público no ha querido dar detalles. Su detención es una muestra de la difícil situación que sufren quienes han plantado cara a la corrupción en Guatemala. “No sólo nos están criminalizando, sino que ahora a través de agresiones pretenden hacernos callar”, afirmó Santizo, quien además ha denunciado que teme por su vida.
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La jueza guatemalteca Erika Aifán posa para una fotografía en su despacho en Ciudad de Guatemala, en noviembre de 2019.Moises Castillo (AP)
En el infierno que es Guatemala para quienes luchan contra la impunidad, la jueza Erika Aifán está en el ojo del huracán y parece haberse convertido en el último objetivo de quienes no quieren ver una justicia independiente en el país centroamericano. Como titular del Juzgado D de Mayor Riesgo le ha tocado llevar algunos de los casos más sonados de corrupción, lo que ha levantado odios en su contra. Tanto así, que desde dentro del mismo poder judicial su trabajo es perseguido por funcionarios “que están dispuestos a vender su dignidad o a dejarse atemorizar para que las redes criminales obtengan impunidad”, según denuncia.
En entrevista con EL PAÍS, señala que existen todo tipo de intereses destinados a amedrentar a los jueces, desde la presidencia hasta los empleados de la Fiscalía. En su caso, ejercer la justicia le ha significado ser objeto de amenazas, vivir cada minuto acompañada de seguridad y saber que cada día asume riesgos, pero la jueza Aifán no ceja en su empeño de que impere la justicia en Guatemala. “Creo que la justicia, creo que la población y el país merecen este esfuerzo y el sacrificio. El demostrar que no vendemos la dignidad y que estamos dispuestos a seguir trabajando a pesar de los obstáculos”, asegura en una conversación por videollamada.
Pregunta. Usted ha denunciado amenazas, persecución en su contra, un asedio constante, ¿quiénes son sus enemigos?
Respuesta. No puedo dar un nombre, un apellido, porque temo que todos estos ataques han sido sistematizados, estructurados, diseñados estratégicamente. Y que más allá de ir contra la persona, van contra la institución, los juzgados de mayor riesgo y el trabajo que significan las funciones jurisdiccionales. Van contra la independencia del Poder Judicial.
P. ¿Pero a quiénes les interesa que usted no siga con su trabajo judicial?
R. Los ataques a la independencia judicial vienen tanto de factores externos a la institución como de poderes que están en la misma institución. He presentado las denuncias correspondientes en cada uno de los casos. Por ejemplo, el licenciado Rodrigo de la Peña, un abogado a quien no conozco en el plano personal, en 2018 comenzó a interponer una serie de denuncias en mi contra por los diversos procesos que yo conocí en ese momento, sin que él fuera parte procesal dentro de alguno de ellos o hubiésemos podido detectar que pudiera tener algún parentesco con las partes. Era una persona totalmente ajena, que conocía las incidencias que se estaban dando en los casos de alto impacto que estaban bajo mi conocimiento y las acciones concretas que ejecutaba. Y él presentaba denuncias y acciones legales en mi contra, hasta que la prensa local lo evidenció en un reportaje y ese fue el último día en el que él ejerció estas acciones. Posteriormente, en esta secuencia de ataques hacia mi persona, encontramos que el personal que estaba asignado al juzgado a mi cargo hacía grabaciones, filtración de información sensible y también encontramos la pérdida o sustracción de actuaciones. Frente a estas graves acciones que se generaron en el año 2019, no se encontró una respuesta positiva de las autoridades de la institución. A la presente fecha todavía las acciones que han sido impuestas a este personal no se han ejecutado.
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P. ¿Esas personas siguen trabajando dentro del sistema de justicia?
R. Pongo uno de los ejemplos más claros. La notificadora recibió 14 sanciones de destitución. La destitución es la sanción más fuerte que puede haber y se aplica en casos extremos. A ella, la última sanción se le notificó hace más de un año y a la presente fecha, ella sigue laborando en el organismo judicial. El Ministerio Público, a más de dos años de estos hechos tan graves como la pérdida de actuaciones, no ha realizado ninguna acción.
P. Parece que el sistema está en su contra.
R. Vemos en este momento que el Ministerio Público está tomando acciones en contra mía, presentando un juicio cada semana. Pero esto tampoco lo hace de una manera aislada, porque vemos los mensajes en las redes sociales a través de los net centers, que en algunos países también los llaman troles, y que son personas que ocultan la identidad y se dedican a generar odio y descrédito. Hemos detectado concretamente que un día antes de que el Ministerio Público ejerce las acciones contra los jueces, los net centers las celebran y las anuncian.
P. ¿Cómo es su relación con con la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras?
R. Nosotros como jueces no tenemos ninguna relación directa con ninguna fiscal. La relación con todos ellos es de índole profesional. Yo ni siquiera conozco en persona a la señora fiscal general. Sin embargo, le hemos dirigido un escrito en junio del año pasado pidiéndole que mande a archivar y desestimar procesos que se han venido acumulando en contra de por lo menos cuatro de los jueces de mayor riesgo del país, quienes hemos llevado el juzgamiento de los casos de más acto impacto desde 2015. En el trabajo que ella desarrolla, ella puede archivar esos procesos, porque no tienen ningún fundamento. Sin embargo, no hemos encontrado ninguna respuesta.
P. ¿Ella le ha buscado para explicarle por qué toma una actitud como esta? ¿Se ha solidarizado con usted en algún momento?
R. No lo ha hecho, aunque creo que no corresponde hacer ese acercamiento y esa solidaridad por los roles que tenemos dentro del sistema de administración de justicia. Como jueces de mayor riesgo lo único que pedimos es que haga su trabajo objetivo, que verifique por qué los fiscales que tienen a cargo estas causas contra nosotros no las han archivado. Si estimara que hay fundamentos, ella puede pedir la presentación de un juicio. Sin embargo, estos casos no los archiva, pero tampoco presenta un juicio. Para nosotros cualquiera de las dos salidas es importante, porque en el juicio podríamos acudir a nuestras autoridades, que conocen estos procedimientos, y pedir que los archiven. Pero el hecho de que ella los mantenga significa mantener el acoso e intimidación contra los jueces de mayor riesgo.
P. ¿Por qué se da ese acoso contra ustedes, que ven casos de corrupción en un país con altos niveles de impunidad?
R. Porque los juzgados y tribunales de mayor riesgo conocen los delitos de alto impacto en el país, lo que involucra delitos transnacionales; conocemos crimen organizado, investigación de estructuras criminales —algunas muy complejas —, lavado de dinero, delitos de lesa humanidad… Los procesos que nos son asignados deben tener dos características: que van dirigidos a delitos graves y que representan un riesgo para los sujetos procesales, porque hay grupos de crimen organizado con una gran capacidad operativa y de logística.
P. ¿Estas estructuras han penetrado al sistema judicial?
R. En las investigaciones que se han realizado dentro de diversos casos de los juzgados de mayor riesgo, y que han sido de conocimiento público, han sido señaladas personas que pertenecen no solo al sistema judicial, sino que se ha señalado participación de fiscales y de otros funcionarios y empleados. Han sido señalados presidente y vicepresidente en funciones, diputados, ministros, alcaldes, jueces y magistrados, fiscales, etc. Esto se va conjugando contra este sistema de administración de justicia que había avanzado desde 2015 en el juzgamiento de casos complejos.
P. ¿Se siente en confianza, segura, con la gente que la ayuda en su trabajo?
R. Definitivamente, no puede una persona sentirse segura. Estoy trabajando con un equipo totalmente nuevo. Y es relativamente reciente el tiempo que llevamos trabajando juntos. Eso conlleva la necesidad de ir conociendo a cada uno de ellos para poder tener confianza plena en el trabajo que realizan.
P. ¿Ha tomado alguna medida de seguridad frente a su personal?
R. Sí. He ordenado que todos los expedientes sean escaneados para tener copias. Y desde que lo hemos hecho, las actuaciones que están ingresando al juzgado se reciben en ventanilla e inmediatamente se escanean y se suben a nuestro sistema y ya no se ha perdido ninguna actuación. Eso ha sido muy importante. También he adoptado nuevas formas de verificación de todo aquello que ingresa al juzgado y he reforzado todos los controles.
P. ¿De los procesos que ha llevado, cuál cree que es la que más ha generado molestias?
R. Casos relacionados a corrupción. Estos casos vinculan a muchas personas, por ejemplo, en los casos de delitos de lavado, en los que estas estructuras criminales tienen una capacidad de crear entramados con entidades de cartón y hablamos de que pueden crear hasta 50 entidades en diferentes países. Y nosotros, durante el proceso de juzgamiento, encontramos muchos obstáculos, sin hablar con la complejidad que conllevan y del poco apoyo institucional que ha existido. No estábamos preparados institucionalmente para enfrentar estos procesos de estructuras tan complejas y tampoco la respuesta que se ha dado en este momento ha sido lo suficientemente contundente. Hemos dicho que en Guatemala la justicia ha avanzado, pero no es porque las condiciones del país lo hayan permitido, sino porque hay jueces que a pesar de los riesgos y las dificultades continúan haciendo su trabajo.
P. ¿Cree que en el Gobierno del presidente Giammattei haya personas a las que les conviene que no haya jueces como ustedes que luchan contra la corrupción?
R. Hay una unión de intereses y de personas que pertenecen al crimen organizado. Sí creo que puede haber personas del Estado que pueden estar detrás. Uno de los casos que tengo asignado, la causa 359, involucra investigaciones de hechos delictivos cometidos en los tres poderes del Estado. Hay funcionarios del Poder Judicial o del Ministerio Público que están dispuestos a vender su dignidad o a dejarse atemorizar para que las redes criminales obtengan impunidad. Los jueces no respondemos a esos intereses y por eso buscan las maneras de removernos, de quitarnos de su camino.
P. Esos ataques continúan en su contra.
R. Sí, persisten. En las últimas semanas han aumentado los niveles de riesgo y también la frecuencia.
P. ¿Vale la pena vivir con este constante nerviosismo?
R. Tengo sistemas de seguridad que han sido reforzados desde que soy jueza de mayor riesgo. Y creo que sí, creo que la justicia, creo que la población y el país merecen el esfuerzo y el sacrificio. El demostrar que no vendemos la dignidad y que estamos dispuestos a seguir trabajando a pesar de los obstáculos. Creo que representa una esperanza para la nación. Y eso trasciende a la persona.
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El expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, es escoltado a los juzgados en una imagen de 2016.Moises Castillo (AP)
La justicia de Guatemala inició un proceso contra el expresidente Otto Pérez Molina, acusado de haberse enriquecido durante su mandato gracias a la formación de una sofisticada red de contrabandos en las aduanas del país. El caso es conocido como La Línea y fue destapado por la ahora extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en 2015. Junto al general retirado también es procesada la exvicepresidenta Roxana Badeltti. El proceso se lleva a cabo en un momento en que la justicia guatemalteca lucha por mantener su independencia.
Las investigaciones de la Cicig y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad iniciaron en mayo de 2014, tras recibir denuncias de que varios grupos de importadores eran privilegiados con trato especial por parte de funcionarios de las aduanas, que permitían ingresar los productos burlando al fisco. En este entramado participaban una treintena de altos personajes del Estado, incluyendo al capitán retirado Juan Carlos Monzón, quien era secretario privado de la vicepresidencia y directores de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT. Como explicaron los investigadores en su momento, el caso fue denominado La Línea en referencia a un número de teléfono que era el contacto de los defraudadores con los funcionarios que participaban en el entramado.
El destape generó tal indignación entre la población, que desató la llamada Revolución de la Dignidad, con decenas de miles de guatemaltecos exigiendo la renuncia de los funcionarios corruptos. Presionado por las protestas, Pérez Molina dimitió el 3 de septiembre de 2015 y un día después un juez local ordenó presión preventiva en su contra. Roxana Baldetti fue capturada en agosto de 2014 en un hospital privado, donde se había refugiado argumentando problemas de salud. Este lunes, Baldetti volvió a argumentar problemas de salud al argumentar que padece síntomas de covid-19 y que su presencia en los juzgados era un riesgo para los trabajadores.
El juicio contra ambos políticos se celebra en el Tribunal de Mayor Riesgo B, donde Pérez Molina llegó arropado por una treintena de personas y afirmó que espera demostrar su inocencia, porque no existen pruebas en su contra, informa Efe. Ambos son procesados por enriquecimiento ilícito y otros cargos de corrupción.
El proceso contra los exmandatarios se da justo cuando han saltado las alarmas a nivel internacional por la persecución de fiscales que en Guatemala luchan contra la corrupción. Una persecución que ha hecho que varios de estos funcionarios tuvieran que exiliarse. Un informe de Human Rights Watch (HRW) alertó de que “autoridades están impidiendo la transparencia y amenazan la independencia judicial”. El organismo cita el caso de Juan Francisco Sandoval, quien fue fiscal anticorrupción de Guatemala, pero debido a sus investigaciones, la fiscal general, Consuelo Porras, lo destituyó del cargo. Sandoval tuvo que dejar Guatemala rumbo a El Salvador casi de manera clandestina el 23 de julio, en un coche diplomático, escoltado por el procurador de derechos humanos y el embajador de Suecia. El exfuncionario ahora vive en Washington, donde se ha refugiado junto a otros a cuatro juristas —jueces y fiscales— reconocidos a nivel internacional por su lucha anticorrupción, que tuvieron que huir de Guatemala por presiones y amenazas. En Washington buscan protección también la exfiscal general Thelma Aldana, la exmagistrada de la Corte de Apelaciones Claudia Escobar, el exfiscal de la FECI Andrei González y la magistrada electa de la Corte de Constitucionalidad (CC) Gloria Porras.
La persecución de estos juristas preocupa a Estados Unidos, que a finales de julio decidió congelar “temporalmente” la cooperación con el Ministerio Público de Guatemala. Washington ya había expresado su malestar ante la destitución de Sandoval, a quien las autoridades estadounidenses habían elogiado su papel en la lucha contra la corrupción. “En los últimos años, las investigaciones realizadas por la CICIG (que terminó su mandato en 2018) y el Ministerio Público, pusieron al descubierto tramas de corrupción en los tres poderes del Estado. Sin embargo, medidas adoptadas recientemente por el Congreso, el Ministerio Público y otras autoridades obstaculizan que haya rendición de cuentas y amenazan la independencia judicial”, alerta HRW.
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Según la Fiscalía sería cerca de una tonelada de la droga confiscada que tenía como destino los carteles mexicanos.
Noticias Nariño
Un ‘narcojet’ en el cual se transportaba más de una tonelada de cocaína que habría sido elaborada en Nariño fue descubierto en la ciudad de Guatemala.
De acuerdo con los reportes, la droga sería de propiedad de las disidencias conocidas como ‘La Segunda Marquetalia’.
“Tras la incautación de un laboratorio de coca en Tumaco, Nariño, se obtuvo información de las operaciones narcotraficantes de las disidencias con narcos mexicanos”, señaló la Fiscalía.
Indicaron que por medio de investigaciones se conoció la ruta y el andamiaje criminal dispuesto para procesar y sacar toneladas de clorhidrato de cocaína con destino a Centroamérica.
Distintas labores de policía judicial evidenciaron que los alijos rotulados como ‘G1’, al parecer, salían de centros de producción ilegal en Tumaco. La sustancia era camuflada y trasladada a Cúcuta, Norte de Santander, donde se acopiaba hasta coordinar su paso a Venezuela. pic.twitter.com/vwKAlADK1q
“Distintas labores de policía judicial y operaciones realizadas en varios puntos del país evidenciaron que los alijos rotulados como ‘G1’; al parecer, salían de centros de producción ilegal en Tumaco, en diferentes cantidades que no superaban los 100 kilogramos”, agregaron
La sustancia era camuflada en vehículos de carga y trasladada a Cúcuta, en donde supuestamente se acopiaba hasta completar la tonelada y coordinar su paso a Venezuela
Despegó de Venezuela
“El CTI de la Fiscalía advirtió a las autoridades internacionales sobre un Jet G3 con un cargamento de clorhidrato de cocaína, que había despegado de una pista clandestina ubicada en territorio venezolano”, recordaron.
Al ser detectada la aeronave fue obligada a aterrizar en Petén (Guatemala).
En las inspecciones fueron encontrados 1.028 kilogramos de cocaína. Los bloques de la sustancia tenían la marquilla (G1), las mismas que fueron halladas en el complejo cocalero destruido en Tumaco.
Los informes iniciales indican que, el cargamento de droga tenía como destino el cartel mexicano de Jalisco ‘Nueva Generación’ y se calcula que su precio oscila entre los 32 millones de dólares.
El joven deportista había cumplido 25 años de edad el pasado diciembre. Son varios los casos similares que se han registrado en los últimos meses.
Noticias Deportes.
Lo sucedido con el joven futbolista Marcos Menaldo, vuelve a generar consternación en el mundo del deporte.
No solamente en su natal Guatemala o en su club Marquense.
Su extraño y doloroso fallecimiento que se dio el pasado lunes 3 de enero luego de desvanecerse en un entrenamiento con su equipo tiene de luto a todo un país.
Lo sucedido con Christian Eriksen, de la Selección de Dinamarca, en pleno duelo de Eurocopa 2021 contra Finlandia fue una de los primeras ‘alertas’.
El jugador Danés se desplomó ese día en medio del encuentro y luego de un delicado proceso médico e implantación de un desfibrilador automático tuvo que dejar las filas del Inter de Milán.
Tras su caso el mundo empezó a verse en medio de la conmoción por el deceso de varios futbolistas por causas similares.
La muerte del futbolista se dio cuando estaba calentando para disputar un partido en la Liga de Omaní y sufrió un infarto que le provocó el deceso de manera inmediata.
Mukhaled Al-Raqadi, defendía los colores del Muscat FC y su deceso se dio el pasado jueves 23 de diciembre cuando entrenaba junto a sus compañeros de equipo para enfrentarse al Suwaiq por la Liga de Omaní en Asia.
El futbolista de Omania que sufrió el infarto cuando calentaba para disputar un cotejo con su equipo.
Por otra parte, vale resaltar que el pasado 21 de diciembre un profesional del fútbol de la liga de Croacia también falleció en las mismas condiciones.
Tratándose de Mario Cacic de 23 años de edad, quien se encontraba entrenando con club, el NK Nehaj y sufrió un infarto.
Y a pesar de haber permanecido varios días hospitalizado bajo estricta atención médica el jugador falleció este 23 de diciembre. Mismo día del futbolista de la liga del Medio Oriente.
El futbolista croata que también murió de un infarto cuando entrenaba con su club.
Casos que se unen a lo sucedido con el argentino Sergio Agüero quien se vio obligado a anunciar su retiro del fútbol.
Y todo por ello por problemas del corazón que le detectaron los médicos del Barcelona al atacante luego de que le practicaran varios exámenes al abandonar un cotejo.
