Uno de los grandes retos del gerente de Indervalle, Carlos Felipe López, es promover el bienestar y seguridad de funcionarios y contratistas en la entidad, por esta razón se puso en marcha en Indervalle el servicio de enfermería, como parte del proceso de seguridad y salud en el trabajo que beneficiará a más de 800 empleados, que contarán con la atención en primeros auxilios.
El servicio cuenta con un médico laboral que asiste periódicamente, realizando las evaluaciones médicas ocupacionales y apoyando en la implementación del programa de medicina preventiva y del trabajo, con el objetivo de brindar bienestar laboral y de salud a todo el personal.
La zona de enfermería se encuentra ubicada en el primer piso del edificio central y está compuesto por un médico externo, un auxiliar en enfermería, profesional en salud ocupacional, especialistas en administración en salud y en seguridad y salud en el trabajo.
La enfermería también cuenta con:
Botiquín de primeros auxilios
Camilla para pacientes
Tensiómetro
Kit de Bioseguridad
La atención en primeros auxilios son todos los días en horario laboral y la atención medica según programación.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una reunión con miembros de su gabinete y alto mando militar, en Caracas.Palacio de Miraflores (EFE/Palacio de Miraflores)
Venezuela ha liberado este martes a al menos dos prisioneros de Estados Unidos, un gesto más que confirma el acercamiento entre dos países cuyas posturas parecían irreconciliables hasta hace unos días. El fin de semana pasado, funcionarios de la administración de Joe Biden se reunieron por sorpresa en Caracas con el presidente Nicolás Maduro para hablar de seguridad energética, en un momento en el que el precio del petróleo se ha disparado por la intervención militar de Rusia en Ucrania.
El Gobierno chavista era hasta ahora el aliado más incondicional de Vladímir Putin en este lado del mundo. El cambio de rumbo de Caracas y Washington, en una fase exploratoria, ha agarrado a todo el mundo desprevenido. Maduro ha dado ahora un paso más en este entendimiento al dejar en libertad a uno de los seis ejecutivos de la refinería Citgo que fueron detenidos arbitrariamente en noviembre de 2017 y a un cubano-americano arrestado en 2021 por llevar encima un dron, por lo que se le acusaba de terrorismo.
La invasión de Rusia ha dado un vuelco al contexto geopolítico. La delegación estadounidense que viajó en secreto a la capital venezolana tenía como prioridad absoluta abordar la crisis energética. Estados Unidos ha prohibido la importación de petróleo y gas de Rusia, un golpe directo a la principal financiación del gigante euroasiático. En ese contexto, busca otras formas de abastecerse. Y ahí es donde entra en juego Venezuela.
Para mejorar unas relaciones que no existían hasta hace nada, la administración de Biden considera fundamental la liberación de los presos estadounidenses. El comisionado de Rehenes del Departamento de Estado, Roger Carstens, ha insistido en la liberación de los seis venezolanos-estadounidenses por razones médicas. Tras el encuentro entre los funcionarios de Biden y Maduro, se supo que Carsten estuvo en diciembre negociado la liberación y que fue incluido en la reciente comitiva y todavía estaría en el país esperando respuestas de parte del chavismo.
El caso de los seis de Citgo ha sido una fuente de tensión constante entre Caracas y Washington. El chavismo ha endurecido las condiciones de reclusión de los ejecutivos cada vez que la relación con Estados Unidos se deteriora. En 2020, tras el encuentro entre Donald Trump y Juan Guaidó en la Casa Blanca, se les levantó la medida de prisión domiciliaria y se les llevó a la cárcel de El Helicoide, en Caracas. Volvieron después a cumplir prisión domiciliaria, pero la extradición de Álex Saab, presunto testaferro de Maduro a Miami, provocó que los ejecutivos fueron devueltos a la cárcel de nuevo.
Los directivos de la empresa fueron detenidos en noviembre de 2017. Los habían llamado de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) a una reunión de urgencia en Caracas. En el aeropuerto de Maiquetía los apresaron y los trasladaron a los calabozos de la Dirección de Contrainteligencia Militar. Se les acusó de peculado doloso, legitimación de capitales, asociación para delinquir y concierto de funcionario con contratista por supuestamente acordar el refinanciamiento de la deuda de esta compañía, el activo más valioso de la petrolera venezolana en el extranjero. Ellos siempre han negado las acusaciones y Estados Unidos considera que fueron encarcelados por motivos políticos.
Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.
Maduro parece decidido a aprovechar la crisis. El lunes aseguró que PDVSA está preparada para producir entre uno y tres millones de barriles de petróleo diarios si fuera necesario. Sin embargo, existen dudas al respecto. El declive de la empresa pública por su mala administración y las propias sanciones de Estados Unidos ha provocado que el año pasado llegara a su mínimo histórico de producción. Se cree que Venezuela todavía no está en condiciones de suplir la cuota de mercado que hasta ahora tenía Rusia.
El presidente norteamericano ha advertido que el castigo a Rusia no saldrá gratis a los estadounidenses, que viven la peor escalada inflacionista en 40 años. “Defender la libertad tiene un coste, también para nosotros”, ha dicho. Reino Unido ha secundado la sanción, pero el resto de países europeos no se ha sumado, por el momento, dada su alta dependencia de la energía rusa.
Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región
Una imagen del ministro de Economía, Paulo Guedes, este martes en las protestas de los funcionarios para reclamar un amento salarial.UESLEI MARCELINO (REUTERS)
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, abrió hace unas semanas la caja de los truenos al anunciar una subida salarial para los policías federales. Con esa medida, el mandatario se pega un tiro en el pie porque otros colectivos de funcionarios pusieron el grito en el cielo, exigieron un aumento equivalente y este martes han hecho paros laborales para presionar al mandatario, que tiene hasta el viernes para ratificar los presupuestos generales. La iniciativa partió de la élite del funcionariado, del sindicato que reúne a categorías como los auditores o los diplomáticos.
El descontento entre los trabajadores del sector público abre un nuevo frente al presidente brasileño, que ya está bajo presión por la inflación, el desempleo, las reticencias de los inversores internacionales —uno de los mayores fondos del mundo, Black Rock, ha anunciado que solo volverá a invertir aquí si cambia el Gobierno—, y la holgada ventaja de Lula da Silva en las encuestas para los comicios de octubre próximo, entre otras cosas.
También han parado empleados públicos del Congreso, del Poder Judicial y del Banco Central. Reclaman subidas superiores al 20% tras años sin actualización salarial. El guiño a los policías, combinado con una inflación que cerró 2021 con un 10%, ha colmado la paciencia del colectivo. Ha habido algunas pequeñas manifestaciones de protesta frente a los ministerios, en Brasilia, pero la principal movilización ha consistido en paros de dos horas o en extremar el celo en los procesos burocráticos alargando los trámites para llamar la atención sobre sus demandas salariales. Queda por ver si su efecto se siente en las fronteras o los aeropuertos.
Antes de Navidad, Bolsonaro prometió a los policías federales, los agentes que vigilan las carreteras y los guardas penitenciarios un aumento que supone 1.700 millones de reales (300 millones de dólares, 270 millones de euros) a las arcas públicas. El presidente quiere tenerles contentos porque son parte de su base electoral más fiel. Pero junto a la presión del resto de los funcionarios para que eviten un agravio comparativo, el mandatario recibe también presiones para que descarte cualquier incremento de sueldo para no agravar la situación de las cuentas públicas. El Gobierno ha logrado saltarse temporalmente el techo de gasto pero existe el temor entre los más liberales de que Bolsonaro se embarque en un dispendio con la vista puesta en los comicios.
“Bolsonaro ignora el cálculo político básico en la telenovela del reajuste (salarial)”, escribe el columnista Bruno Boghossian en Folha de S.Paulo al explicar que el empeño del presidente por asegurarse la fidelidad de su núcleo duro, a falta de grandes logros gubernamentales y con un presupuesto limitado, le ha llevado a que el resto de los empleados públicos se sienta agraviado.
Los sindicatos han anunciado nuevos paros para la semana que viene y no descartan una huelga general si Bolsonaro no responde a sus exigencias. Mientras, los policías también han advertido al presidente de extrema derecha de que si no cumple lo prometido se considerarán traicionados.
Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.
El Gobierno federal brasileño tiene 1,2 millones de empleados públicos. Algunos de ellos cobran salarios envidiables para la media de los brasileños. Los analistas del Banco Central empiezan su carrera en la institución con un sueldo que es 20 veces el salario mínimo, el de los empleados de Hacienda es 27 veces mayor, según datos publicados por el diario O’Globo.
Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región
“Gremio nocturno resulta afectado con toques de queda mientras funcionarios realizan fiestas privadas sin ninguna consecuencia”, señaló el concejal Cristian Hernández.
El concejal de partido Conservador, Cristian Hernández indicó que no se puede aceptar la doble moral de los funcionarios de la gobernación del Valle quienes dicen una cosa mientras hacen otra, “desde la gobernación nos hablan de que se van a acoger a las normas nacionales para evitar contagios y que se decretan toques de queda y otras medidas mientras los funcionarios andan haciendo fiestas privadas”.
El edil tulueño que viene participando de manera activa en las mesas de trabajo que tiene como fin buscar alivios tributarios y otros incentivos para el gremio de comerciantes de la noche, indicó en la sesión de este viernes 26 de marzo, que nuevamente se veían afectados por unas medidas que, aunque necesarias, ahondan la crisis del sector.
Hernández agregó que lo más preocupante es que la cara visible de la señora gobernadora Clara Luz Roldan y enlace con la administración municipal de un mal ejemplo, “… No he escuchado declaraciones de ningún alto funcionario de la alcaldía de Tuluá, ni al secretario de Gobierno ni al director de Infituluá, no sabemos si finalmente alquiló o prestó el coliseo Manuel Victoria Rojas”.
Finalmente, el concejal de la bancada Conservadora reiteró el llamado para que se avance sin dilaciones en la búsqueda de apoyos para los comerciantes e hizo votos para que los jóvenes que asistieron a la fiesta privada no vayan a resultar contagiados y lleguen a sus casas a contagiar a sus padres, tíos o abuelos.
Concejal de Tuluá exigió respuestas a la Alcaldía de Tuluá y el gerente de Infituluá.
Una polémica circular advertía que los funcionarios de la salud contagiados con COVID-19, serían sancionados con una anotación negativa en su hoja de vida. El memorándum de la Dirección de Salud Municipal de Independencia, provocó la indignación de los trabajadores, que forman parte de la «primera línea» en el combate a la pandemia.
