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Más de 4.300 ciudadanos han sido detenidos en Rusia este domingo en manifestaciones contra la invasión de Ucrania, según datos de OVD-INFO, un portal creado por periodistas para recopilar la cifra de detenciones en las protestas. Las marchas han sido impulsadas por el principal líder opositor al Gobierno de Vladímir Putin, Alexei Navalni, que permanece encarcelado desde el año pasado. Navalni ha llamado a “ignorar las prohibiciones” y a salir a la calle para reclamar el fin de la guerra.

La cifra de detenidos ofrecida por las autoridades rusas es algo inferior a la que ha dado OVD-INFO. Según los datos oficiales proporcionados por las agencias Tass e Interfax, alrededor de 2.500 personas han salido a protestar el domingo en Moscú y unas 1.500 en San Petersburgo. En Moscú ha sido arrestados unos 1.700 manifestantes y en San Petersburgo, 750, de acuerdo con la información del Ministerio del Interior. Según los datos del Gobierno, otras 1.200 personas se han manifestado en otros puntos de Rusia y entre ellas ha habido 1.061 detenidos.

Con esta nueva ola represiva, ya son más de 10.000 los ciudadanos arrestados en Rusia por protestar contra la guerra desde que empezó la invasión. En una protesta el miércoles pasado en San Petersburgo fue detenida una superviviente del nazismo, la pintora y activista Elena Osipova, de 78 años. Llevaba dos carteles, uno a favor de la paz y otro a favor de la destrucción de todas las armas nucleares del planeta. Al ser detenida, Osipova se negó a seguir a los agentes antidisturbios y fue obligada a caminar hasta una furgoneta que la dejó en su casa, según dijo el Ministerio del Interior a un diario local. La activista ya ha hecho frente a procedimientos sancionadores en otras ocasiones por denunciar la represión y la guerra.

Las autoridades rusas han reiterado en los últimos días que los ciudadanos que salgan a manifestarse contra las políticas gubernamentales podrían enfrentarse a penas de cárcel. El jueves 24 de febrero, cuando comenzó la guerra, no tardaron en advertir de que la ley “prevé un castigo severo por organizar disturbios masivos”. Las leyes sobre manifestaciones se han endurecido tanto que actualmente requiere autorización oficial hasta una protesta de una sola persona.

Esta semana las Cámaras han aprobado una proposición de Ley para castigar con penas de hasta 15 años de cárcel la difusión de “desinformación”. La amenaza se extiende a todo medio que no siga las pautas del Gobierno ruso, unas normas que, por ejemplo, imponen que no se hable de guerra en Ucrania sino de “operación especial”.

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Medios internacionales como BBC, CNN, TVE o la Agencia EFE han suspendido su actividad en Rusia por el recrudecimiento de la represión en el ámbito de la libertad de expresión. Han desaparecido medios rusos independientes como la televisión Dozhd o la histórica Radio Ekho de Moscú. Además, el Gobierno ha interferido en el acceso a Facebook y Twitter.

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El primer ministro de Sudán, Abdalá Hamdok, anunció este domingo su dimisión en un discurso televisado, 42 días después de haber alcanzado un acuerdo para regresar al poder con los miembros de la Junta militar que lo expulsaron de la jefatura del Gobierno tras el golpe de Estado del 25 de octubre.

La renuncia de Hamdok, un economista y antiguo funcionario de Naciones Unidas, se produjo al término de una nueva jornada de manifestaciones populares contra la asonada militar y en rechazo del pacto político del hasta ahora primer ministro con el líder de la Junta, Abdelfatah al Burhan. En las últimas concentraciones del domingo, horas antes del discurso de Hamdok, las fuerzas de seguridad dispararon gases lacrimógenos contra los manifestantes en Jartum, mientras las marchas de protesta se dirigían al palacio presidencial.

Al menos dos personas murieron, elevando a 56 el número de fallecidos en las protestas desde el golpe de Estado del 25 de octubre, según un comité de médicos opositores sudaneses.

Durante las dos últimas semanas se habían publicado en varias ocasiones rumores sobre la inminente dimisión de Hamdok, sobre todo tras las últimas manifestaciones, en las que murieron varios manifestantes, principalmente por disparos de bala, y se denunció incluso las violaciones de varias mujeres por partes de las fuerzas de seguridad en una de ellas.

“He decidido devolver la responsabilidad y anunciar mi dimisión como primer ministro, y dar una oportunidad a otro hombre o mujer de este país noble para ayudar a pasar lo que queda del periodo de transición hacia un país civil democrático”, dijo Hamdok en su alocución, en un reconocimiento de su fracaso a la hora de formar gobierno.

La renuncia del primer ministro ensombrece aún más el futuro político de Sudán, un país sumido en la incertidumbre tres años después de la revuelta que condujo al derrocamiento del dictador Omar al Bashir.

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Aunque no explicó explícitamente la razón por la que ha tomado esta decisión, tuvo palabras de aprecio para “los hombres y mujeres jóvenes de los comités de resistencia”, los responsables de convocar las jornadas de protesta contra el golpe de Estado y a favor de un Gobierno civil.

“Lo habéis hecho bien y vuestra firmeza fue inspiradora y dio forma a las características de un nuevo Sudán”, afirmó.

Hamdok fue nombrado primer ministro en agosto de 2019 para liderar el proceso de transición acordado entre militares y fuerzas políticas y civiles tras el derrocamiento, en abril de ese año, del dictador Omar al Bashir. Tras el golpe de Estado del pasado 25 de octubre, en el que los militares disolvieron el Gobierno y detuvieron a varios de sus miembros y otros civiles que participaban en los órganos de transición, estuvo en arresto domiciliario durante varias semanas hasta que fue repuesto en el cargo el 21 de noviembre. Ese día firmó un acuerdo con Al Burhan para formar un gobierno de tecnócratas sin la participación de los partidos y fuerzas civiles que protagonizaron las protestas que llevaron a la caída de Al Bashir y que propusieron a Hamdok en 2019 para el puesto.

La mayoría de estas fuerzas consideró el pacto como una traición del primer ministro y siguió participando en las manifestaciones en contra de los militares. Además, tras estas seis semanas, Hamdok no había formado todavía gobierno. Durante su discurso defendió que su acuerdo con los militares fue ”un intento más de llevar a las partes a la mesa de diálogo y acordar una hoja de ruta para cumplir el resto del período de transición”.

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24Horas.cl Tvn

03.06.2021

Durante la noche de este miércoles, el subsecretario del Interior Juan Francisco Galli, se refirió en 24 Horas al anuncio del Presidente Sebastián Piñera sobre la creación de la Fiscalía de Derechos Humanos, así como también el cambio en los protocolos para resguardar el orden público y a la reforma de Carabineros.

Respecto al primer punto, el subsecretario señaló que «este es un trabajo que se venía preparando hace un buen tiempo por el ministro de Justicia a través de la Comisión del sistema de justicia penal, con el presidente de la Corte Suprema y el Fiscal Nacional, además con el director del INDH, habían planteado la inquietud que la necesidad de la oportunidad de tener resultados en las investigaciones que se llevaban a cabo por violencia institucional».

«Como consecuencia de eso se hizo una mesa de trabajo y se vieron cuales eran las brechas, las necesidades, qué es lo que estaba impidiendo que avanzaran esas investigaciones«, explicó.

En ese sentido detalló que se llegaron a dos conclusiones. La primera es que por el protocolo de Estambul, se debían llevar a cabo pericias en el Servicio Médico Legal, el cual necesitaba mayores capacidades, mientras que en segundo lugar se concluyó que se necesitaban fiscales dedicados especialmente en estas investigaciones (DD.HH.).

Según indicó, «la regla general es que las Fiscalías conocen por tipo de delito cometido dentro del territorio direccional, por eso hay fiscalías en cada una de las regiones y cuatro en la RM. Pero, en este caso específico se requiere de un conocimiento especial, capacitación especial y capacidades especiales, y además de tener equipos investigativos un poquito más especializados».

En ese sentido añadió que «las Fiscalías tienen un deber de ser objetivas, de investigar con igual celo, tanto las evidencias que podrían demostrar una culpabilidad como la inocencia de aquellas personas que están imputadas de un delito y por eso mismo se necesita, cuando hay funcionarios públicos o policiales involucrados, que las Fiscalías tengan una capacitación especial, entiendan en materia de derechos humanos y que los equipos investigativos estén especialmente preparados«.

Violaciones a los Derechos Humanos desde el 18 de octubre

Respecto a las violaciones a los Derechos Humanos por parte de fuerzas del Estado, Galli indicó que «en este país, y así lo ha reconocido el INDH y distintas organizaciones internacionales, no hubo violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos. No hubo una orden ni del mando ni del Gobierno ni de ninguna autoridad, pero hubo violaciones a los derechos de las personas».

«Por eso mismo no basta con tener protocolos, lo importante es tener mecanismos que permitan controlar adecuadamente si estos se están cumpliendo, y también tomar medidas de reparación, de tal manera de que si se produce una conducta, no vuelva a repetirse«, enfatizó la autoridad.

Debido a este punto, el subsecretario indicó que «hemos tomado medidas que los ciudadanos han podido ver en cómo ha cambiado la forma en la que procede la policía frente a una manifestación, pudiendo distinguir claramente en lo que es el ejercicio legítimo del derecho a reunión, de acciones violentas que se cometen en ese contexto».

Recalcó que «el rol de las policías respecto de la manifestación es protegerlas, proteger a quienes participan en ella. En cambio, respecto de las acciones violentas es aislarla, detectar a quienes las están cometiendo, y detenerlos y ponerlos a disposición de la justicia».

Asimismo sostuvo que ahora, las capacidades de las policías son mejores y que cuentan con más herramientas para poder hacer la distinción de manifestaciones legítimas y hechos de violencia.

No obstante a ello indicó que «no basta con las capacidades materiales«, explicando que también hay que tener adecuados mecanismos de control y uno que hemos visto operar como lo es la cámara corporal, que todos los funcionarios tengan una para que, en primer lugar se proteja el propio funcionario de una acusación falsa o incorrecta, pero también darle seguridad al ciudadano de que cuando ha habido una falla en el protocolo, va a poder tener evidencia para poner ante la justicia.»

Reforma en Carabineros

Al ser consultado por la reforma a Carabineros, Galli dijo que «este no va a ser un proceso que sea inmediato o de corto plazo. Tenemos que partir con medidas inmediatas como las indicaba, pero también hay que tomar medidas a largo plazo y en eso hemos estado trabajando».

En ese sentido, el subsecretario indicó que hay una unidad coordinadora de la reforma que se encuentra compuesta por carabineros y académicos que se encuentran trabajando en ello.

Asimismo indicó que otro de los puntos importantes de la reforma es la «creación del ministerio de Seguridad Pública que apunta justamente a que haya una cartera a cargo, no solo de la seguridad, sino también del adecuado control de la forma en la que están ejerciendo sus funciones las policías«.

Del mismo modo indicó que también se encuentra el proyecto de le y que moderniza la carrera policial, destacando el anuncio del general director de Carabineros, de extender el periodo de formación de los funcionarios, explicando que «los que han estudiado saben que el primer año es de nivelación y los carabineros estaban saliendo a la calle con un año de formación. Entonces, el general director amplió a dos años la formación».

Fue en ese momento que Matías del Río le dijo a Galli que no se llenan los cupos por parte de la institución, ante lo cual la autoridad indicó que «tenemos un problema» por lo que «hay que hacer la carrera más atractiva».

«El proyecto de ley que anunció el Presidente apunta exactamente a eso. En primer lugar convertirla en una de las alternativas más que tenga un joven de 18 años al momento de determinar cual es su vocación y qué vocación quiere tener en el futuro, pero también en segundo lugar que apunte a retener a esos policías, capacitados, con experiencia, que hoy día se están yendo a retiro relativamente jóvenes, como consecuencia de la estructura que tiene la carrera policial», indicó el subsecretario.



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Las protestas se iniciaron a finales de abril.

Según la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, hasta la noche del viernes 7 de mayo, había muerto 27 personas.

De esas muertes, 11 están ligadas directamente con las protestas, siete están «en verificación» y nueve que no tienen relación con las protestas, según ambas instituciones.

La ONG Temblores, por su parte, eleva la cifra de muertos a 47.

En Cali es donde se han vivido los hechos más violentos de las protestas, donde se han registrado saqueos, bloqueos y se han denunciado casos de brutalidad policial.


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