Las autoridades rusas reiteraron una y otra vez en los últimos dos meses que no había motivos de preocupación en torno a su despliegue militar porque estaba previsto que sus tropas abandonarían el flanco bielorruso con Ucrania tras concluir este 20 de febrero las maniobras Resolución Aliada. Pero este domingo se ha hecho oficial algo que era un secreto a voces: la tensión continuará, ya que no habrá retirada, una de las principales demandas de Kiev y de los países de la OTAN para apaciguar la muy volátil situación en Ucrania.
“Los presidentes de la República de Bielorrusia y de la Federación de Rusia han decidido seguir probando las fuerzas de respuesta del Estado de la Unión [la entidad supranacional que une a Moscú y Minsk]”, anunció a través de un comunicado el ministro de Defensa bielorruso, Víktor Jrenin, justo el día que debían volver a casa los 30.000 soldados enviados a la zona junto a numerosas armas pesadas y aviones y helicópteros de combate. La decisión ha sido justificada con “el aumento de la actividad militar cerca de las fronteras exteriores del Estado de la Unión y el empeoramiento de la situación en Donbás [la región separatista del este de Ucrania]”.
El Kremlin ha mantenido en los últimos meses un doble discurso sobre estas maniobras. Porque aunque las autoridades insistían en que estaba previsto que concluyeran este domingo, al mismo tiempo argumentaban que era su derecho soberano prolongarlas durante el tiempo que consideraran oportuno. El portavoz de Vladímir Putin, Dmitri Peskov, había asegurado tres días antes de la supuesta conclusión de las maniobras que las tropas rusas regresarían a sus bases. “Al acabar cada una de las fases de los ejercicios militares, estas regresarán a sus zonas de despliegue permanente”, afirmó Peskov, quien subrayó que este repliegue “está fuera de toda duda” aunque tomaría varias semanas completarlo.
Sin embargo, Moscú siempre jugó con la incertidumbre. El pasado 10 de febrero, tras el encuentro con la ministra de Exteriores británica, Liz Truss, el responsable de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, ya dejó caer que podrían prorrogarse las maniobras porque “esto es un derecho soberano de cada Gobierno” aunque “el regreso de las tropas tras los ejercicios militares es lo habitual”. Lavrov consideró las preocupaciones estadounidenses y europeas “una comedia” porque auguró que tras el regreso de los soldados occidente “dirá con mucho ruido que ha logrado la desescalada con Rusia, aunque habrá vendido aire”.
El Kremlin desmintió también al presidente francés, Emmanuel Macron, que tras su gira por Kiev y Moscú a principios de febrero dijo a los jefes de Gobierno de Alemania y Polonia que Putin le había prometido que no habría más maniobras en Bielorrusia tras el 20 de febrero. “No son correctas”, respondió Peskov al ser preguntado por estas informaciones.
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Minsk y Moscú justifican la presencia militar ya no por unas maniobras programadas, sino por la posibilidad de una guerra con Ucrania. Kiev denunció el pasado 17 la intensificación de los bombardeos en la línea de contacto con las autodenominadas repúblicas separatistas de Donbás. El Gobierno ucranio mostró aquel día imágenes de varios emplazamientos civiles que habían sido alcanzados por las bombas. Un día después, las autoridades de Donetsk y Lugansk anunciaron la evacuación inmediata de sus civiles por la supuesta amenaza de un ataque ucranio. “Hoy, 18 de febrero”, llegó a decir uno de los jefes separatistas, Denis Pushilin, aunque se descubrió por los datos del vídeo que había sido grabado el 16, justo antes de los bombardeos.
129.000 soldados en la frontera, según Kiev
El ministro de Defensa ucranio, Oleksii Reznikov, cifró esta semana en unos 129.000 soldados la suma total del despliegue del ejército de tierra ruso alrededor de sus fronteras. El Kremlin, por su parte, argumenta que se trata solo de ejercicios militares y que estos grupos de combate están en su territorio. Aunque el Ministerio de Defensa ruso ha publicado estas semanas varios vídeos de la retirada de algunas unidades a sus bases tras concluir sus ejercicios, la OTAN no ha dado credibilidad al repliegue y ha subrayado que siguieron llegando otras tropas a las inmediaciones con Ucrania.
La escalada comenzó en noviembre del pasado año, cuando Washington denunció el aumento de las tropas observado por sus servicios de espionaje. En la primavera de 2021 hubo una escalada similar que fue desactivada por el encuentro del 16 de junio en Ginebra de los presidentes ruso, Vladímir Putin, y estadounidense, Joe Biden. Sin embargo, Washington constató que parte de las armas no fueron retiradas con el repliegue de las tropas a sus bases.
“El riesgo de un ataque (contra Ucrania) es muy alto”, advirtió este sábado el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en el canal alemán ARD. El máximo responsable de la Alianza Atlántica señaló que sus informaciones sugieren que Rusia “planea un ataque total” contra el país vecino y estaría preparando pretextos para ello.
Las advertencias sobre el despliegue ruso y la posibilidad de una guerra inminente no han gustado al Kremlin. Este domingo, el portavoz de Putin culpó a los países de la OTAN de alimentar el riesgo de un conflicto con sus avisos. “Esto conduce directamente a la tensión, y cuando se eleva al máximo, como ahora en la línea de contacto [de la región del Donbás], entonces cualquier chispa, cualquier incidente casual o cualquier provocación menor planeada pueden conducir a consecuencias irreparables”, opinó el representante de Putin en el canal Rossiya 1.
En plena escalada, el Kremlin sigue insistiendo en que el Gobierno ucranio debe conceder un estatus especial a las regiones separatistas del Donbás, uno de la docena de protocolos firmados en Minsk en 2015 que no se han cumplido hasta ahora. Durante la entrevista, Peskov dijo que Putin piensa que el líder ucranio, Volodímir Zelenski, es incapaz de cumplir su parte de los acuerdos, pero rechazó un encuentro entre ambos para buscar una solución. “No somos parte del conflicto”, aseguró el portavoz del presidente ruso, que esta misma semana recibió una iniciativa de la Duma Estatal para reconocer las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, territorios a los que el Kremlin no solo ha concedido asistencia financiera y militar todos estos años, sino también más de 700.000 pasaportes rusos.
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