Mostrando entradas con la etiqueta Chamorro. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Chamorro. Mostrar todas las entradas


La condena por lavado de dinero contra Juan Lorenzo Holmann Chamorro, gerente general del diario La Prensa —el más longevo de Nicaragua— es el último golpe del régimen que lidera Daniel Ortega contra uno de los clanes familiares más importantes de Nicaragua, cuya historia ha estado ligada al poder político, el control de medios de comunicación y el enfrentamiento a la larga dictadura somocista. Los Chamorro le han dado a Nicaragua al menos seis presidentes —algunos tristemente célebres— y un héroe nacional, el periodista Pedro Joaquín Chamorro, asesinado en 1978, durante la dictadura de Somoza.

Unos días antes de la condena contra Holmann Chamorro, la periodista y exaspirante a la presidencia Cristiana Chamorro, hija de Pedro Joaquín y de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, fue sentenciada a ocho años de prisión, después de un proceso judicial considerado “espurio” por la oposición y defensores de derechos humanos, y en el que las autoridades leales a Ortega no pudieron demostrar los delitos que se le imputan. Los integrantes de este clan han sido condenados a la cárcel, el exilio o el ostracismo, en una cacería que puede ser interpretada como venganza personal largamente cultivada por Ortega después de perder las elecciones de 1990 frente a Violeta Barrios Chamorro, ahora de 92 años, quien enferma y sola se apaga poco a poco en su casa de Managua, en una bruma de recuerdos. El odio hacia su familia ha quedado patente en las palabras de la esposa de Ortega y vicepresidenta, Rosario Murillo, quien ha calificado a los Chamorro como “una casta entreguista, aprovechada y saqueadora”.

Ha valido de poco que haya condenas de organismos internacionales por los juicios contra Juan Lorenzo, Juan Sebastián Chamorro —otro candidato opositor—, Cristiana y su hermano, Pedro Joaquín Chamorro, también integrante de la directiva de La Prensa. Como el resto, él fue apresado en la orgía de detenciones contra opositores que Ortega desató el pasado verano para acallar a cualquier figura que pretendiera hacerle sombra en las elecciones de noviembre, que el mandatario dio por ganadas con el 75% de los votos. Las encuestas mostraban que Cristiana Chamorro era la figura de la oposición con más probabilidades de vencer a Ortega en unos comicios justos. Los juicios contra los Chamorro han movilizado a organizaciones periodísticas de todo el continente, que rechazaron de forma pública las condenas. “Hacemos responsable al Estado de Nicaragua por la vida e integridad de las y los presos de conciencia y exigimos su inmediata liberación, el cese de su criminalización y la revocación de todas las sentencias dictadas en su contra, por el mero hecho de ejercer su derecho a la libertad de expresión”, han advertido un grupo de 18 organizaciones periodísticas de Latinoamérica. “Estamos enfrentando a una de las dictaduras más feroces de la historia latinoamericana”, ha afirmado Jorge Canahuati, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). “Debemos cerrar filas para evitar que el régimen nicaragüense siga coartando las libertades de los ciudadanos y destruyendo el Estado de derecho”, ha pedido.

Cristiana Chamorro tras formalizar en junio de 2021 sus intenciones de inscribirse como precandidata presidencial para enfrentarse en las presidenciales de ese año a Daniel Ortega.
Cristiana Chamorro tras formalizar en junio de 2021 sus intenciones de inscribirse como precandidata presidencial para enfrentarse en las presidenciales de ese año a Daniel Ortega.AFP

Mientras sus hermanos y familiares han sido apresados y condenados por el régimen, Carlos Fernando Chamorro, el periodista nicaragüense más reconocido a nivel internacional, marchó al exilio en Costa Rica por la persecución y amenazas en su contra. Chamorro es el director del diario digital independiente Confidencial y del programa de reportajes y entrevista Esta Semana, y quien ha mantenido una línea editorial crítica con el Gobierno desde que Ortega regresó al poder en 2007. Confidencial había denunciado, a través de reportajes de investigación con Ortega recién instalado en el poder, que personeros del Frente Sandinista mantenían una red de extorsiones en el poder judicial para chantajear a empresarios. Esta denuncia pública, conocida como el caso Tola, hizo que el Gobierno levantara cargos contra Chamorro, acusándole de lavado de dinero; interviniera sus oficinas, y que la justicia amenazara con la cárcel al periodista. Tras la explosión de masivas manifestaciones en abril de 2018 —que Ortega reventó a fuerza de balas, con un saldo de más de 360 muertos— el régimen ordenó el asalto y confiscación de la redacción de Confidencial y aumentó el asedio contra su director y periodistas, obligados también al exilio.

“Las sentencias de culpabilidad contra mi hermana Cristiana y mi hermano, Pedro Joaquín, no son el resultado de un juicio, porque en Nicaragua no hay un Estado de Derecho, sino un Estado policial. Hubo una simulación de juicio en la cárcel, donde se les fabrican delitos. Estas condenas no tienen ningún valor jurídico, tienen un valor político, que consiste en que Daniel Ortega está confirmando que se robó las elecciones del 7 de noviembre, porque no podía aceptar la competencia política en esa elección. Ortega pretende legalizar esa eliminación de la competencia electoral alegando que ha existido un juicio en el que se han probado delitos. Estamos en un momento de radicalización de una dictadura totalitaria, que pretende aferrarse en el poder a cualquier costo”, afirma Carlos Fernando Chamorro en entrevista desde su exilio en Costa Rica. “Todos los presos políticos de Nicaragua son inocentes, no han cometido ningún delito. Lo único que han hecho es reclamar elecciones libres, democracia, justicia. Aquí se ha criminalizado la libertad de prensa, la libertad de expresión y también el derecho a elegir. Ortega está lanzándose hacia el vacío, porque lo que está haciendo es agravar la crisis nacional”, ha agregado.

Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.

Suscríbete

Para Ortega y sus leales, Carlos F. Chamorro es un “traidor”. Chamorro apoyó la lucha clandestina de la guerrilla del Frente Sandinista contra la dictadura somocista. Tras el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979 ocupó cargos dentro de la nueva estructura del Estado, hasta ser nombrado director de Barricada, el diario oficial del Frente Sandinista. La familia Chamorro, entonces, quedó dividida. Pedro Joaquín, el hermano mayor, dejó Nicaragua para apoyar la oposición armada que se formaba contra el sandinismo. Cristiana mantenía una línea crítica contra el régimen desde La Prensa, el diario de la oposición, mientras Claudia Chamorro apoyaba al Gobierno revolucionario. Claudia es la única de los hermanos que no ha sido detenida por el régimen. Amigos de la familia cuentan que Violeta Chamorro, la madre, era una suerte de árbitro entre las diferencias políticas familiares y que cuando invitaba a sus hijos a cenar en casa exigía que nos se hablara de política. A Carlos Fernando Chamorro se le reprochaba haber apoyado al Gobierno sandinista, liderado por excombatientes guerrilleros convertidos en militares y que se convertiría en un régimen que no permitía las libertades civiles y perseguía a las voces críticas.

El periodista Carlos Fernando Chamorro en diciembre de 2020 frente a oficiales antidisturbios que custodian las instalaciones de la revista Confidencial, confiscadas por el régimen de Daniel Ortega.
El periodista Carlos Fernando Chamorro en diciembre de 2020 frente a oficiales antidisturbios que custodian las instalaciones de la revista Confidencial, confiscadas por el régimen de Daniel Ortega.STR (AFP)

Chamorro se vería obligado a hacer una autocrítica en los años noventa, tras el triunfo electoral de su madre, Violeta Chamorro. Ella se convirtió en una improbable candidata de la oposición para plantar cara a Daniel Ortega en las elecciones de 1990. Los sandinistas no imaginaron ni en la peor de sus pesadillas una derrota electoral, a pesar del hartazgo de la gente por la guerra y la escasez. Ortega se daba baños de masas en los que se presentaba seguro del triunfo, como “el gallo ennavajado” —como decía la canción de su campaña— que derrotaría prácticamente sin esfuerzo a Violeta, quien había basado su candidatura con promesas del fin de la guerra y la reconciliación de un país amargamente dividido. El susto vino la misma noche de la elección, cuando el presidente del Tribunal Electoral, Mariano Fiallos, leyó los primeros resultados: el Frente Sandinista perdía frente a la candidata de la Unión Nacional Opositora (ONU). Con su madre en el poder, Carlos Fernando se convirtió desde Barricada en una fuerte oposición al Gobierno, pero el afán de Daniel Ortega de controlar el Frente Sandinista a toda costa hizo que muchas figuras del partido se distanciaran, entre ellos el escritor Sergio Ramírez y Chamorro. Ortega se guardó por muchos años esa “traición”, que haría pagar a Carlos Fernando con la persecución en su contra, cuyo resultado ha sido su exilio.

Un clan vinculado a la historia política de Nicaragua

Es prácticamente imposible contar la historia política de Nicaragua sin mencionar a la familia Chamorro. El clan, forjado en las filas del conservadurismo, ha dado al país seis presidentes, entre ellos el considerado el primer presidente de la Nicaragua republicana, el general José Chamorro Pérez, y el tristemente célebre Emiliano Chamorro, quien firmó en 1914 el llamado Tratado Bryan-Chamorro, con el que le concedía a Estados Unidos el derecho a perpetuidad para construir un canal interoceánico a través del país centroamericano. Ortega haría lo propio un siglo más tarde, cuando en 2011 entregó una concesión de 100 años a un oscuro empresario chino para la construcción de un canal en Nicaragua, un proyecto valorado en 50.000 millones de dólares del que no se ha colocado una sola piedra. A Emiliano Chamorro también se le recuerda por su inmensa ambición política, por la que arrebató el poder a través de un golpe de Estado perpetuado en 1926.

El personaje de este clan que tal vez es más querido y respetado en Nicaragua es Pedro Joaquín Chamorro, el padre de Carlos Fernando, Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro Barrios. Él fue el gran opositor de la dictadura somocista, quien desde las páginas de La Prensa lanzaba feroces críticas a la dictadura, que lo tenía como la voz más incómoda. Sus textos eran leídos con avidez y su programa de radio era sintonizado todas las tardes. “La Prensa para Pedro era su vida. No por beneficio propio, sino para el beneficio del pueblo de Nicaragua”, dijo su esposa, Violeta. Por su valentía y beligerancia, Chamorro fue asesinado en 1978 por sicarios cuando conducía su vehículo hacia la redacción del diario. Su asesinato conmocionó al país y sentenció a la dictadura. Los funerales del periodista y opositor fueron apoteósicos y terminaron en una manifestación que exigía la caída del dictador, quien respondió ordenando una dura represión. Pedro Joaquín Chamorro es considerado un héroe nacional y es llamado mártir de las libertades.

A pesar de la trágica historia de Nicaragua, nadie podía imaginarse que menos de medio siglo después, los Chamorro estarían nuevamente en el foco de los desmanes del poder. Y menos que el hombre al frente de la cacería en su contra fuera un hombre que luchó para derrocar al somocismo. La historia vuelve a colocar entre sus protagonistas en esta nueva tragedia a la familia Chamorro, perseguidos por el “delito” de defender la libertad de expresión, denunciar la corrupción y atreverse a aspirar a derrotar a Daniel Ortega a través de las urnas. Por ello han pagado con cárcel y exilio. “En Nicaragua hay un Estado policial, un estado de miedo, de control, de vigilancia”, denuncia Carlos Fernando Chamorro, cuya voz, como en su momento fue la de su padre con Somoza, es la que más incomoda al régimen de Daniel Ortega.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región

Contenido exclusivo para suscriptores

Lee sin límites



Source link



La justicia de Nicaragua, controlada por el presidente Daniel Ortega, condenó este lunes a ocho años de prisión a la opositora Cristiana Chamorro, tras desarrollar un juicio plagado de irregularidades. Durante el proceso contra Chamorro, la Fiscalía no pudo probar el delito de “lavado de dinero” achacado a la candidata presidencial considerada, según las encuestas, la favorita entre el electorado nicaragüense para derrotar a Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, en las elecciones generales del pasado noviembre. De acuerdo a fuentes judiciales cercanas al caso y que prefieren no ser citadas por temor a represalias, los fiscales ni siquiera presentaron el peritaje que demostrara la querella impulsada contra esta periodista.

El juez Luden Martín Quiroz, a cargo del Juzgado Noveno Distrito Penal de juicio de Managua y leal al sandinismo, dictó culpabilidad y ratificó una condena que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) considera política. Al mismo tiempo, el organismo criticó que el judicial impuso, aparte de los años de prisión, “multas millonarias en córdobas y dólares imposibles de pagar” a Chamorro y los otros acusados. “Y si se llegaran a conmutar equivaldría a prisión perpetua”, alertó el Cenidh.

Chamorro fue detenida en junio de 2021, después que oficializó su aspiración presidencial, sustentada en el respaldo ciudadano que le confirieron las encuestas. Emergió como una figura que podía unir a la oposición y plantar cara en las urnas a la pareja Ortega-Murillo, gracias en parte al legado moral de sus padres: el periodista Pedro Joaquín Chamorro, asesinado en 1978 por la dictadura somocista, y su madre, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, que en 1990 derrotó a Ortega y la revolución sandinista en unas votaciones históricas.

De todos los opositores apresados por Ortega desde junio, Chamorro y los extrabajadores de la Fundación Violeta Chamorro —en honor a la expresidenta— que ella dirigía fueron los únicos a los que les atribuyeron el delito de “lavado de dinero”. En teoría, un delito cruzado por muchas regulaciones internacionales, por lo que se previó un juicio largo para que la Fiscalía aportara pruebas contra la oenegé que apoyaba desde hace más de 25 años al periodismo independiente. No obstante, desde la etapa de formulación de la acusación contra Chamorro y la Fundación, el caso se tornó una persecución que tenía, al menos, dos claros flancos abiertos: inhabilitar a la precandidata y acallar el periodismo, ya que casi 60 periodistas fueron llamados por la Fiscalía para ser intimidados en largos interrogatorios.

El juicio contra Chamorro inició el pasado 3 de marzo y concluyó con una sentencia de culpabilidad ocho días más tarde, el 12 del mismo mes, después de que el juez Quiroz aceleró el proceso ante la incapacidad de la Fiscalía de presentar pruebas. Lo más desconcertante para los abogados consultados conocedores del proceso es que los fiscales no presentaron el peritaje realizado a las cuentas de la Fundación Violeta con el que, supuestamente, se demostraría una operación de lavado de dinero que la propaganda oficial vendió como escandalosa.

“Tanto el Juez Luden Martín Quiroz García, el Fiscal Carlos Espinoza y los oficiales de policía que declararon, trataron de justificar la ausencia de la prueba [la investigación de los peritos] alegando que no sabían su paradero, porque seguramente se seguía realizando peritaje sobre la misma”, afirma una fuente cercana al caso. Para los críticos del Gobierno de Ortega, esta y otras irregularidades evidencian cómo su régimen ha convertido a la justicia en un teatro para castigar a voces críticas en Nicaragua.

Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.

Suscríbete

Uno de los últimos peritos policiales presentado como testigo por la Fiscalía dijo en una de las audiencias que las pruebas presentadas “apenas daban para sospechar de lavado de dinero”. Sin embargo, Chamorro fue condenada por “lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida, gestión abusiva y falsedad ideológica”.

El juicio, de acuerdo a las fuentes consultadas por EL PAÍS, tuvo momentos que tildan de “increíbles” cuando, por ejemplo, los policías que actuaban en calidad de testigos dijeron desconocer los delitos que estaban siendo juzgados. “Ante el interrogatorio de los abogados defensores, los oficiales de policía confesaron que ellos no habían participado en los actos de los que daban fe las respectivas actas firmadas por ellos, es decir que dieron fe de algo de lo que no tenían certeza”, narra una de las fuentes. Además, todos los oficiales que pasaron por el estrado aseguraron que la información en la que basaron su testimonio fue proporcionada por sus jefes. “Asimismo confesaron que no sabían sobre el objeto de la investigación ni cuáles delitos suponían estar investigando”, agrega.

Al igual que en los otros juicios políticos de Managua, el proceso contra Chamorro y la extinta Fundación Violeta Chamorro fue realizado a puertas cerradas en la prisión de la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocida como ‘El Chipote’, donde los presos políticos están encerrados en condiciones inhumanas y sufriendo malos tratos, según han denunciado los familiares. Tampoco los abogados defensores pudieron ejercer una defensa efectiva, ya que no permitían visitar a sus clientes.

Los otros condenados por los mismos delitos junto a la precandidata Chamorro fueron el contador general y el administrador financiero de la Fundación Violeta, Marcos Fletes y Walter Gómez, a quienes les impusieron 13 años respectivamente. A siete años fue también condenado el conductor personal de Chamorro, Pedro Vásquez.

El judicial también impuso una pena de nueve años al hermano mayor de Cristiana, el opositor Pedro Joaquín Chamorro Barrios, un juicio que muchos interpretan como una “venganza” de Ortega contra la familia Chamorro Barrios, una de las más influyentes en Nicaragua, en especial contra Cristiana, la precandidata que le recordó a Ortega su peor derrota electoral de 1990.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región



Source link


Cristiana Chamorro, exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, en junio de 2021.
Cristiana Chamorro, exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, en junio de 2021.AFP

La opositora Cristiana Chamorro Barrios, a quien el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, evitó enfrentarse en las controvertidas elecciones presidenciales recientes al ser encarcelada, fue condenada este lunes a ocho años de prisión por los delitos de lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida, gestión abusiva y falsedad ideológica. Chamorro, periodista de 68 años, se encontraba bajo arresto domiciliario desde el 2 de junio de 2021, y fue condenada por un juzgado penal de Managua, ha informado el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en una declaración.

Hija del héroe nicaragüense y periodista antisomocista asesinado Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), Cristiana Chamorro era la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las presidenciales del 7 noviembre pasado, en las que Ortega fue reelegido para su quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.

Chamorro es la séptima opositora que aspiró a ser candidata a la presidencia de Nicaragua en los comicios pasados en ser declarada culpable y condenada por los delitos de lavado de dinero o traición a la patria. Los otros seis son el académico Arturo Cruz, que fue embajador en Estados Unidos del Gobierno de Ortega entre (2007-2009), de quien se distanció; el activista, académico y líder de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Félix Maradiaga; y el economista y sobrino político de la expresidenta Barrios de Chamorro, Juan Sebastián Chamorro. También el periodista Miguel Mora, fundador, propietario y exdirector del canal de televisión 100% Noticias, clausurado por las autoridades y que ahora se transmite en plataforma de internet; el líder campesino Medardo Mairena y el abogado y político conservador Noel Vidaurre.

El juicio a Cristiana Chamorro forma parte de una serie de procesos judiciales a una cuarentena de líderes opositores y críticos con el régimen sandinista, que fueron encarcelados antes de esos comicios y acusados en su mayoría de “traición a la patria” o lavado de dinero. Ortega ha tildado a los opositores encarcelados y juzgados de “traidores a la patria”, “criminales” e “hijos de perra de los imperialistas yanquis”.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región

Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.

Suscríbete



Source link

top