La justicia de Nicaragua, controlada por el presidente Daniel Ortega, condenó este lunes a ocho años de prisión a la opositora Cristiana Chamorro, tras desarrollar un juicio plagado de irregularidades. Durante el proceso contra Chamorro, la Fiscalía no pudo probar el delito de “lavado de dinero” achacado a la candidata presidencial considerada, según las encuestas, la favorita entre el electorado nicaragüense para derrotar a Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, en las elecciones generales del pasado noviembre. De acuerdo a fuentes judiciales cercanas al caso y que prefieren no ser citadas por temor a represalias, los fiscales ni siquiera presentaron el peritaje que demostrara la querella impulsada contra esta periodista.
El juez Luden Martín Quiroz, a cargo del Juzgado Noveno Distrito Penal de juicio de Managua y leal al sandinismo, dictó culpabilidad y ratificó una condena que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) considera política. Al mismo tiempo, el organismo criticó que el judicial impuso, aparte de los años de prisión, “multas millonarias en córdobas y dólares imposibles de pagar” a Chamorro y los otros acusados. “Y si se llegaran a conmutar equivaldría a prisión perpetua”, alertó el Cenidh.
Chamorro fue detenida en junio de 2021, después que oficializó su aspiración presidencial, sustentada en el respaldo ciudadano que le confirieron las encuestas. Emergió como una figura que podía unir a la oposición y plantar cara en las urnas a la pareja Ortega-Murillo, gracias en parte al legado moral de sus padres: el periodista Pedro Joaquín Chamorro, asesinado en 1978 por la dictadura somocista, y su madre, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, que en 1990 derrotó a Ortega y la revolución sandinista en unas votaciones históricas.
De todos los opositores apresados por Ortega desde junio, Chamorro y los extrabajadores de la Fundación Violeta Chamorro —en honor a la expresidenta— que ella dirigía fueron los únicos a los que les atribuyeron el delito de “lavado de dinero”. En teoría, un delito cruzado por muchas regulaciones internacionales, por lo que se previó un juicio largo para que la Fiscalía aportara pruebas contra la oenegé que apoyaba desde hace más de 25 años al periodismo independiente. No obstante, desde la etapa de formulación de la acusación contra Chamorro y la Fundación, el caso se tornó una persecución que tenía, al menos, dos claros flancos abiertos: inhabilitar a la precandidata y acallar el periodismo, ya que casi 60 periodistas fueron llamados por la Fiscalía para ser intimidados en largos interrogatorios.
El juicio contra Chamorro inició el pasado 3 de marzo y concluyó con una sentencia de culpabilidad ocho días más tarde, el 12 del mismo mes, después de que el juez Quiroz aceleró el proceso ante la incapacidad de la Fiscalía de presentar pruebas. Lo más desconcertante para los abogados consultados conocedores del proceso es que los fiscales no presentaron el peritaje realizado a las cuentas de la Fundación Violeta con el que, supuestamente, se demostraría una operación de lavado de dinero que la propaganda oficial vendió como escandalosa.
“Tanto el Juez Luden Martín Quiroz García, el Fiscal Carlos Espinoza y los oficiales de policía que declararon, trataron de justificar la ausencia de la prueba [la investigación de los peritos] alegando que no sabían su paradero, porque seguramente se seguía realizando peritaje sobre la misma”, afirma una fuente cercana al caso. Para los críticos del Gobierno de Ortega, esta y otras irregularidades evidencian cómo su régimen ha convertido a la justicia en un teatro para castigar a voces críticas en Nicaragua.
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Uno de los últimos peritos policiales presentado como testigo por la Fiscalía dijo en una de las audiencias que las pruebas presentadas “apenas daban para sospechar de lavado de dinero”. Sin embargo, Chamorro fue condenada por “lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida, gestión abusiva y falsedad ideológica”.
El juicio, de acuerdo a las fuentes consultadas por EL PAÍS, tuvo momentos que tildan de “increíbles” cuando, por ejemplo, los policías que actuaban en calidad de testigos dijeron desconocer los delitos que estaban siendo juzgados. “Ante el interrogatorio de los abogados defensores, los oficiales de policía confesaron que ellos no habían participado en los actos de los que daban fe las respectivas actas firmadas por ellos, es decir que dieron fe de algo de lo que no tenían certeza”, narra una de las fuentes. Además, todos los oficiales que pasaron por el estrado aseguraron que la información en la que basaron su testimonio fue proporcionada por sus jefes. “Asimismo confesaron que no sabían sobre el objeto de la investigación ni cuáles delitos suponían estar investigando”, agrega.
Al igual que en los otros juicios políticos de Managua, el proceso contra Chamorro y la extinta Fundación Violeta Chamorro fue realizado a puertas cerradas en la prisión de la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocida como ‘El Chipote’, donde los presos políticos están encerrados en condiciones inhumanas y sufriendo malos tratos, según han denunciado los familiares. Tampoco los abogados defensores pudieron ejercer una defensa efectiva, ya que no permitían visitar a sus clientes.
Los otros condenados por los mismos delitos junto a la precandidata Chamorro fueron el contador general y el administrador financiero de la Fundación Violeta, Marcos Fletes y Walter Gómez, a quienes les impusieron 13 años respectivamente. A siete años fue también condenado el conductor personal de Chamorro, Pedro Vásquez.
El judicial también impuso una pena de nueve años al hermano mayor de Cristiana, el opositor Pedro Joaquín Chamorro Barrios, un juicio que muchos interpretan como una “venganza” de Ortega contra la familia Chamorro Barrios, una de las más influyentes en Nicaragua, en especial contra Cristiana, la precandidata que le recordó a Ortega su peor derrota electoral de 1990.
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